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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Juan Manuel Llopis Giner

22 de junio, 2017

Juan Manuel Llopis Giner

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Homenaje a Juan Manuel Llopis de los registradores

22 de junio, 2017

Martes, 20 junio 2017,

Valencia. lasprovincias.es
Durante el acto de Clausura del Curso 2016-2017 de la Cátedra de Derecho Inmobiliario Registral ‘Bienvenido Oliver’, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Universitat de València rindieron un homenaje conjunto a Juan Manuel Llopis, encargado de la Cátedra durante más de quince años, en reconocimiento por su labor en este área. A tal efecto, el vicerrector de Estudios de Postgrado, Rafael Crespo, le hizo entrega de una placa conmemorativa.

La lección de clausura corrió a cargo de Vicente Guilarte, vocal del Consejo General del Poder Judicial y catedrático de Derecho Civil bajo el título ‘La defensa del deudor en el anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario’.

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Beatriz Corredor Sierra

21 de junio, 2017

Beatriz Corredor Sierra>/center>

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Comisión Ejecutiva Federal del PSOE

21 de junio, 2017

COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE

PRESIDENCIA

Cristina Narbona Ruiz

SECRETARIO GENERAL

Pedro Sánchez Pérez- Castejón

VICESECRETARIA GENERAL

Adriana Lastra Fernández

SECRETARIO ÁREA DE ORGANIZACIÓN

José Luís Ábalos Meco

→ SEC. EJECUTIVO COORDINACIÓN TERRITORIAL Santos Cerdán León

→ SEC. EJECUTIVO DE ACCIÓN ELECTORAL Francisco Salazar Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE DINAMIZACIÓN DE AGRUPACIONES LOCALES José Antonio Rodríguez Salas

→ SEC. EJECUTIVO DE FORMACIÓN Javier Izquierdo

→ SECRETARIA DE ÁREA DE IGUALDAD Carmen Calvo

→ SEC. EJECUTIVA PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Susana Ros Martínez

→ SECRETARIO DE ÁREA DE POLÍTICA FEDERAL Patxi López Álvarez

→ PORTAVOZ Óscar Puente Santiago

→ SEC. DE ÁREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y AA.PP Alfonso Rodriguez Gómez de Celis

→ SEC. EJECUTIVA DE FUNCIÓN PÚBLICA Isaura Leal

→ SEC. DE ÁREA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA Hugo Morán Fernández

→ SEC. EJECUTIVA DE MUNDO RURAL Concha Andreu

→ SEC. EJECUTIVO DE MONTAÑA Francisco Boya Alós

→ SEC. EJECUTIVO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Pedro Casares

→ SEC. DE ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Manuel González Ramos

→ SEC. EJECUTIVA DE PESCA María Luisa Faneca

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y PSOE DEL EXTERIOR Pilar Cancela Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE POLÍTICA DE REFUGIADOS Luc André Diouf

→ SEC. DE ÁREA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA Beatriz Corredor Sierra

→ SEC. DE ÁREA DE COHESIÓN E INTEGRACIÓN Nuria Parlón Gil

→ SEC. EJECUTIVA DE SANIDAD Y CONSUMO María Luisa Carcedo Roces

→ SEC. EJECUTIVA DE SERVICIOS SOCIALES, DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD Begoña García Retegui

→ SEC. EJECUTIVO DE CULTURA Y DEPORTES Iban García del Blanco

→ SEC. EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES María Luz Martínez Seijo

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICA MUNICIPAL Susana Sumelzo Jordán

→ SEC. EJECUTIVO ADJUNTO DE POLITICA MUNICIPAL Alejandro Soler

→ SEC. EJECUTIVO PEQUEÑOS MUNICIPIOS José Vélez Fernández

→ SEC. EJECUTIVO DE PROVINCIAS, CABILDOS Y CONSEILS Vicent Torres Guasch

→ SEC. DE ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES Héctor Gómez Fernández

→ SEC. EJECUTIVA DE UE Iratxe García Pérez

→ SEC. EJECUTIVA DE COOPERACIÓN DE DESARROLLO Belen Fernández Casero

→ SEC. DE ÁREA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y DIVERSIDAD Mónica Silvana

→ SEC. EJECUTIVA DE MAYORES María Jesús Castro

→ SEC. EJECUTIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES Ignacio López Cano

→ SEC. DE ÁREA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO Manuel Escudero Zamora

→ SEC. EJECUTIVO DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES Toni Ferrer

→ SEC. EJECUTIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Carles Ruíz Novella

→ SEC. EJECUTIVA DE ECONOMÍA DE LAS CIUDADES Milagros Tolón

→ SEC. EJECUTIVA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PACTO DE TOLEDO Magdalena Valerio

→ SEC. DE ÁREA DE EMPRENDIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN Francisco Polo Llavata

→ SEC. DE ÁREA DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS José Félix Tezanos Tortajada

→ SEC. DE ÁREA DE TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Odón Elorza González

→ SEC. DE ÁREA DE JUSTICIA Y NUEVOS DERECHOS Andrés Perelló Rodríguez

→ SEC. EJECUTIVO DE LAICIDAD José Manuel Rodríguez Uribe

→ SEC. EJECUTIVO DE MEMORIA HISTÓRICA Fernando Martínez López

psoe.es

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La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los ciudadanos

20 de junio, 2017

La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los ciudadanos –  agpd.es

‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ recoge numerosas referencias a los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, que será aplicable el 25 de mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al ejercicio de derechos.
• Repasa los tradicionales derechos ARCO e incluye otros como el derecho al olvido, el nuevo derecho a la portabilidad, o la forma de solicitar la eliminación de fotos y vídeos en internet y qué hacer en caso de no recibir respuesta
• Contiene ejemplos de los tratamientos de datos que más afectan a los ciudadanos, como ocurre en el caso de las comunidades de vecinos, los llamados ficheros de morosos, la videovigilancia o la publicidad, entre otros

(Madrid, 25 de mayo de 2017). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado ‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ en el marco de la 9ª Sesión Anual de la AEPD, un documento que recoge de forma práctica las claves necesarias para que los ciudadanos conozcan qué derechos les amparan y cómo ejercerlos, y qué obligaciones deben cumplir aquellos que traten sus datos personales. Los datos que maneja la Agencia respecto a las consultas recibidas constatan la importancia que los ciudadanos conceden a la protección de sus datos personales y a su privacidad. Así, en 2016 la AEPD recibió cerca de 237.000 consultas, casi un 9% más que en 2015. Por su parte, el Barómetro del CIS de febrero de 2017 también destacó esa importancia al señalar que al 76% de los españoles les preocupa la protección de datos personales y el posible uso de su información personal por terceros.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, implica cambios respecto a la normativa actual. Por ello, la Guía para el ciudadano contiene numerosas referencias a la nueva normativa, incluyendo las principales novedades respecto al ejercicio de derechos, detallando qué se puede solicitar en cada uno de los casos.

La Guía repasa los tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), la forma de ejercerlos y los plazos legales en los que el ciudadano debe obtenerse una respuesta, incluyendo también aspectos relacionados con el nuevo derecho a la portabilidad, en qué consiste y cómo ejercer el derecho al olvido, o cómo solicitar la eliminación de fotos y vídeos de internet.

Asimismo, la Guía contiene ejemplos de los tratamientos de datos que más repercusión pueden tener en los ciudadanos, como ocurre con los llamados ficheros de morosos, describiendo los requisitos que deben cumplirse para que los datos de una persona puedan ser incluidos en uno de estos ficheros. En este sentido, la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos especialmente negativos para los afectados, por lo que es imprescindible que las empresas extremen su diligencia antes de comunicar una información inexacta. Por otro lado, el documento recoge otros ámbitos concretos en los que se efectúan tratamientos de datos, como las comunidades de vecinos, la videovigilancia o la publicidad.

‘Protección de Datos: Guía para el Ciudadano’ ofrece ejemplos de casos concretos y enlaces con información adicional disponible en la web de la Agencia para que el ciudadano pueda profundizar sobre las garantías de su derecho a la protección de datos. Además, contempla un glosario con los términos y definiciones utilizadas, así como un listado de recursos online para facilitar el ejercicio de derechos, incluyendo la posibilidad de interponer una denuncia o solicitar una tutela de derechos.

La AEPD sigue trabajando en su objetivo de difundir entre la ciudadanía una cultura de protección de datos, para lo cual viene desarrollando diferentes acciones e iniciativas específicas entre las que se encuentran la Guía sobre Privacidad y Seguridad de internet o la renovación de las consultas más frecuentes planteadas ante la Agencia (FAQs).

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Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte.

19 de junio, 2017

Decálogo del inversor
Recuerde que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarle. Si sospecha, pregunte.
Adopte una actitud activa. Haga preguntas sobre las características del servicio y de la inversión que se le estén proponiendo.
Obtenga información por escrito.

cnmv.es

Recuerde que los «chiringuitos financieros» son peligrosos. No se trata de entidades más o menos solventes o con mayores o menores habilidades en la gestión financiera: están fuera de la legalidad e intentan engañarle.
El término «chiringuito financiero» define de manera informal a aquellas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para hacerlo.
Son peligrosos porque en la mayoría de los casos la aparente prestación de tales servicios es sólo una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas, haciéndoles creer que están realizando una inversión de alta rentabilidad.
Es importante tener claro que los elevados rendimientos que ofrecen suelen ser demasiado buenos para ser ciertos: sólo son el cebo con el que consiguen que los inversores menos informados o más confiados les entreguen sus ahorros.
Cuando no pueden justificar las pérdidas, simplemente desaparecen o cambian de nombre.

Si sospecha, pregunte. Adopte una actitud activa.
Cualquier inversión debe abordarse con suficiente conocimiento de las características y riesgos del producto, por lo que es importante tener claros todos los extremos antes de comprometer el capital.
El inversor necesita tiempo para decidirse y tiene derecho a expresar y obtener respuesta a todas sus dudas.
Sin embargo, los chiringuitos presionan a la víctima para obtener una respuesta afirmativa inmediata, sin darle ocasión para reflexionar.
Precisamente una de las principales diferencias entre las entidades autorizadas y los chiringuitos financieros consiste en que las primeras invitan al inversor a plantear sus dudas y le facilitan toda la información necesaria, mientras que el objetivo de los estafadores es confundirle y hacerle sentir ignorante, para que confíe en ellos sin cuestionar sus argumentos.
Ninguna pregunta puede ser improcedente ni irrelevante cuando se trata de cómo invertir su dinero.
A continuación se proponen, como ejemplo, algunas preguntas que conviene hacer a la persona de contacto para comprobar si se trata de un chiringuito.
En realidad, muchas de ellas, en especial las relativas a las características y riesgos de la inversión, deben hacerse también cuando tratamos con entidades autorizadas. La diferencia es que los chiringuitos financieros se mostrarán poco dispuestos a ofrecernos respuestas directas.

Realícele preguntas sobre las características del servicio y de la inversión.
Estas son algunas de las preguntas que conviene hacer a la persona de contacto; de tratarse de un «chiringuito financiero», se mostrará poco dispuesto a ofrecer respuestas directas.
¿Cómo ha conseguido mi nombre y teléfono?
¿Su entidad está registrada en la CNMV o en el Banco de España? ¿Están supervisados por algún organismo público? ¿Se encuentran adheridos a algún fondo de garantía de inversiones?
¿Cuánto tiempo llevan en este negocio? ¿Cuál es su experiencia provisional? ¿Hay alguna entidad financiera que pueda darme referencias de su entidad?
¿Coincide esta inversión con mis objetivos? ¿Es adecuada para mí?
¿Cuáles son los riesgos de la inversión? ¿Cuánto puedo perder y en qué circunstancias?
¿Durante cuánto tiempo debería mantener la inversión? ¿Cuál es su liquidez, es decir, cómo y en qué condiciones podré recuperar el capital en caso necesario?
¿Qué comisiones debo pagar por sus servicios? ¿Cómo se calculan? ¿Pueden remitirme una copia de las tarifas que tienen en vigor?
¿Cómo y con qué frecuencia recibiré información sobre mi inversión?

Obtenga información por escrito.
Exija que le proporcionen respuestas claras a este tipo de cuestiones y solicite información por escrito.
¿Pueden remitirme copia de los documentos y contratos que debería firmar? Sobre el producto financiero que ofrecen ¿existe algún documento oficial inscrito en la CNMV? ¿Pueden proporcionarme un resumen del mismo?
¿Puede enviarme una explicación escrita y detallada de la inversión propuesta para meditarla con tranquilidad y comentarla con algún experto independiente? ¿Le importaría explicarme la inversión en una reunión a la que pudiera acudir mi abogado o algún experto financiero de mi confianza?
Si hubiera alguna disputa en relación con mis inversiones, ¿qué mecanismos de reclamación están a mi alcance?

Y recuerde que siempre, ante cualquier duda, consulte en el teléfono de atención al inversor de la CNMV 900 535 015 o envíe una consulta mediante el formulario que puede encontrar en la Sección del Inversor de la CNMV.

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Las obligaciones fiscales de las comunidades de vecinos se han incrementado en un 20% en los últimos cinco años

18 de junio, 2017

Arranca un bus para informar a los madrileños
Las obligaciones fiscales de las comunidades de vecinos se han incrementado en un 20% en los últimos cinco años
cafmadrid.es
Madrid, 5 de junio de 2017.- Según el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), la carga de trámites y obligaciones fiscales para una comunidad de propietarios se ha incrementado en un 20% en los últimos cinco años añadiendo cada vez más complejidad a la gestión de un edificio. La inspecciones eléctricas, certificado de eficiencia energética, solicitud de subvenciones, modelo 347 de Hacienda o notificaciones telemáticas son algunos ejemplos de nueva obligaciones.
Así, la responsabilidad de ser presidente de una comunidad es cada vez mayor y es importante conocer las obligaciones que implica el cargo, así como las consecuencias, porque por negligencia u omisión de deberes podría incluso tener una responsabilidad penal.
A la gran carga administrativa hay que sumarle que los problemas de un edificio son variados y a veces complejos. “El aumento de los pisos turísticos, las molestias ocasionadas por terrazas, la accesibilidad de las fincas, los okupas y la morosidad son cinco de los temas que más preocupan a los vecinos de Madrid y sobre los cuales el Colegio atiende un mayor número de consultas”, señala Manuela Julia Martínez, presidenta de CAFMadrid.
“Consideramos que los pisos turísticos, al igual que el desarrollo de actividades en un edificio residencial, tienen que estar debidamente regulados e inspeccionados por la Administración” opina la presidenta de CAFMadrid. “En este sentido”, añade, “siempre que la utilización de la propiedad como vivienda de uso turístico no genere molestias y que los estatutos de la comunidad no lo prohíban, esta nueva actividad debería conciliarse”.
Con respecto al tema de las terrazas y veladores, “se siguen incrementando las quejas de los vecinos, especialmente del Distrito Centro, sobre todo por el ruido, el difícil acceso al edificio y la suciedad ocasionados”, apunta esta institución, que solicita a la Administración que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades de propietarios afectadas
Con el objetivo de orientar al ciudadano sobre estos y otros temas, el colegio ha puesto en marcha una campaña informativa “¡TE TOCA SER PRESIDENTE!”, con un autobús que recorrerá durante quince días los principales barrios de Madrid capital y algunos de los municipios más importantes de la Comunidad (Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Alcobendas, Majadahonda, Collado Villalba y Torrejón de Ardoz).

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El Juzgado de Madrid especializado en cláusulas suelo ingresó 1.102 demandas vía LexNET en su primeros quince días de funcionamiento

17 de junio, 2017

Viernes, 16 de junio de 2017  – poderjudicial.es

El Juzgado de Madrid especializado en cláusulas suelo ingresó 1.102 demandas vía LexNET en su primeros quince días de funcionamiento

La proyección de este dato a un trimestre, elevaría la cifra a 6.612 procedimientos de esta materia, lo que supondría un aumento del 298 por ciento

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid, especializado desde el pasado 1 de junio en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, registró en sus primeros quince días de funcionamiento 1.102 demandas presentadas de forma electrónica vía Lexnet, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial.

La cifra incluye todos los litigios de este tipo registrados entre el 1 de junio y las 15:00 horas del 15 de junio.

La proyección de este dato a un trimestre supondría que serían 6.612 las demandas de procedimientos ordinarios sobre condiciones generales de la contratación registradas. Ello representaría un incremento del 298 por ciento en los asuntos de esta materia, ya que la cifra de ingreso de demandas relacionadas con esta materia correspondiente al primer trimestre de 2017 fue de 1.661, según la información facilitada al CGPJ por el decano de los Juzgados de Madrid.

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Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas suelo

16 de junio, 2017

26 de mayo de 2017 mineco.gob.es
Creada la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial para la reclamación de cláusulas suelo
Las entidades de crédito deberán dar información detallada sobre las solicitudes presentadas por los consumidores afectados
El decreto también flexibiliza el plazo de constitución del fondo de reserva de las fundaciones bancarias
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo indebidas. Esta norma desarrolla el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y regula la composición de la comisión, las funciones que va a llevar a cabo y las obligaciones de información que tienen que asumir las entidades de crédito.

El cauce extrajudicial para la reclamación de los importes indebidamente cobrados por las cláusulas suelo se estableció en enero pasado tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella se estableció que la restitución de las cláusulas suelo debía producirse desde la fecha de la firma del contrato de hipoteca. Se trata de un mecanismo que permite reclamar ante las entidades de crédito de forma sencilla, rápida y gratuita a los consumidores afectados.

La Comisión de Seguimiento se va a encargar de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades de crédito. Publicará semestralmente un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial de reclamación.

Para cumplir con este objetivo, las entidades de crédito tendrán que remitir la siguiente información:

Número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.
Importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo
Número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores
Cada entidad deberá informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo
Asimismo la Comisión podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales. En concreto, aquellos en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación, incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias y cuyo prestatario sea una persona física.

La Comisión estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; un representante del Ministerio de Justicia; un representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios; un representante del Consejo General de la Abogacía Española; un representante del Consejo General del Poder Judicial; y un representante de la Asociación Hipotecaria Española.

Por otro lado, el Real Decreto amplía el plazo de constitución del fondo de reserva de las Fundaciones Bancarias que controlen entidades de crédito, desde los 5 años actuales prorrogables dos más mediante autorización del Banco de España, hasta 8 años ampliables uno más. Los plazos cuentan desde que entró en vigor la Circular del Banco de España de junio de 2015. Además, hasta que el fondo de reserva alcance el importe objetivo, las fundaciones bancarias deberán destinar al mismo el 30% de los dividendos cobrados por las entidades de crédito, porcentaje que con anterioridad era del 50%. Ambas modificaciones permiten dar una cierta flexibilidad para dotar el fondo de reserva, sin mermar la finalidad principal de reforzar la solvencia de las antiguas cajas de ahorro.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la transposición de la directiva europea que establece los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado. La modificación introduce la potestad de la CNMV de suspender el ejercicio de los derechos de voto asociados a los instrumentos financieros que se hayan adquirido sin cumplir con las correspondientes obligaciones de comunicación.

Además, se ha aprobado la adaptación a la normativa comunitaria la regulación sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. El objetivo de estos cambios es permitir la adaptación de Iberclear, la plataforma española de pagos y liquidación de valores, a Target2-Securities, la plataforma paneuropea de la que formará parte desde septiembre de este año y reforzar la protección de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores.

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La posición de inversión productiva extranjera en España aumentó un 1,9% en 2015

16 de junio, 2017

30 de mayo de 2017 mineco.gob.es
La posición de inversión productiva extranjera en España aumentó un 1,9% en 2015
De esta inversión dependen 1,18 millones de empleos, un 1,5% más que en 2014
La cifra de negocio asociada al stock se sitúa cerca de 390.000 millones de euros, casi un tercio del PIB
La posición total de la inversión extranjera (stock) en España se situó en 387.315 millones de euros al cierre de 2015, con un aumento del 0,5% sobre 2014. Si se descuentan las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que no tienen efectos económicos directos, la inversión productiva alcanzó los 347.745 millones de euros, un 1,9% más que en el ejercicio anterior, según los datos de las 12.346 empresas que figuran en el Registro de Inversiones Extranjeras (RIE).

De estas inversiones productivas dependen 1,18 millones de empleos, un 1,5% más que en 2014. La cifra de negocios generada por el stock extranjero ascendió a 389.450 millones de euros, en torno a un tercio del PIB español, con un incremento del 2% sobre el año anterior.

Los resultados de las empresas en las que tienen participación inversores extranjeros (sólo se consideran a estos efectos porcentajes superiores al 10%) aumentaron un 6,6%, hasta 21.310 millones de euros.

El stock de inversión extranjera es el resultado de sumar el valor de las participaciones en el patrimonio neto (valor contable) de la empresa en que se realiza la inversión directa y el saldo vivo de los préstamos netos de inversores no residentes a esas empresas.

Los datos del RIE reflejan que el aumento del stock productivo se debió, fundamentalmente, al incremento del patrimonio neto en un 6,3%, dado que la financiación de inversores extranjeros a sus participadas se redujo un 13,5%, reflejo de la mejora en el acceso a la financiación en España. El stock se concentró, sobre todo, en sociedades no cotizadas, que representaron un 91% del total del patrimonio neto.

La posición de inversión productiva está altamente concentrada en grandes empresas: 100 grupos empresariales absorben el 61,7% del total en tanto que 2.283 empresas apenas aportan el 1,5% de la inversión productiva.

Respecto a la procedencia de la inversión, Estados Unidos encabeza el listado, con un 14,4%; seguido de Reino Unido (12,8%), Italia (11,8%) y Francia (11,5%). Los diez primeros países representan el 80,7% del stock. Los cuatro países principales repiten posiciones respecto al ejercicio 2014, si bien el stock procedente de Reino Unido subió un 10% y el de Francia, un 3,2%, mientras que el de EE.UU bajó un 2% y el de Italia, un 6,3%.

El stock por sectores receptores de inversión continúa estable en los últimos años y se concentra en el suministro de energía eléctrica y gas (15,8%); fabricación de otros productos minerales no metálicos (8,7%); telecomunicaciones (6,7%); comercio al por mayor e intermediación comercial (6,5%); y actividades inmobiliarias (4,9%), entre otros.

Por comunidades autónomas, la distribución del stock se concentra en un 87% en cuatro de ellas: Madrid (64,5%); Cataluña (13,7%); Asturias (5,1%); y País Vasco (3,7%), aunque hay que advertir que el llamado “efecto sede” tiende a sobrevalorar las ubicaciones en los grandes polos económicos.

Las estadísticas de stock se publican con tanta demora porque, a efectos del RIE, el cierre contable del ejercicio 2015 de las empresas extranjeras que invierten en España se realiza hasta el 30 de junio de 2016 y las empresas disponen de 9 meses más para declarar sus inversiones (hasta marzo de 2017).

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El juzgado Contencioso de Cartagena condena al Ayuntamiento a devolver las plusvalías de la venta de terrenos urbanos

15 de junio, 2017

Lunes, 12 de junio de 2017  poderjudicial.es

El juzgado Contencioso de Cartagena condena al Ayuntamiento a devolver las plusvalías de la venta de terrenos urbanos

Tras la sentencia que declara la inconstitucionalidad del cálculo de este impuesto, establece que la Administración debe probar el incremento de valor

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha dictado recientemente dos resoluciones por las que se condena al Ayuntamiento de Cartagena a devolver 5.143 euros y 2.580,81 euros que cobro de plusvalía, o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la venta de un terreno por parte de una persona física y una sociedad limitada, respectivamente.

Se recoge por primera vez en la Región de Murcia la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas (LRHL), declarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017. Preceptos referidos al sistema de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y a las facultades del Ayuntamiento para la comprobación del mencionado impuesto.

En estas resoluciones se establece que no es el contribuyente el que tiene que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia.

“Es un hecho notorio que el suelo puede incrementar o disminuir su valor con el paso del tiempo en función de múltiples variables; en esta tesitura se dictaron múltiples sentencias en que se abría la posibilidad al contribuyente para que pudiera probar la inexistencia de incremento del valor del suelo a través de una prueba pericial”, recoge una de las resoluciones.

Tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 107.1 y 107.2.a LRHL, en la que se parecía dar por supuesto (y así lo defendían los Ayuntamientos y la Dirección General de Tributos) que con toda transmisión de terrenos de naturaleza urbana existiría siempre un incremento de valor del mismo respecto al momento previo de su adquisición, “se cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

“En esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento” fundamenta la resolución.

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España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial

15 de junio, 2017

01 jun 2017
World Competitiveness Ranking 2017

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial
España mantiene su posición en el Ranking de Competitividad Mundial 2017 al ocupar el puesto 34 –el mismo que en 2016– de un total de 63 economías analizadas, según la información elaborada por el Servicio de Estudios de CEOE, en base al informe World Competitiveness Ranking que ha elaborado el Institute for Management Development (IMD), con el que colabora CEOE, y en el que se aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica.
ceoe.es

En comparación con el estudio de 2016, nuestro país mejora su posición en Eficiencia del Sector Público, en la posición 38, y en Infraestructuras, donde se sitúa en el puesto 26, y empeora en Resultados Económicos, con el lugar 35, y en Eficiencia Empresarial, en el 42 del total de 63 países.

Los aspectos en los que más se ha avanzado en el último año son: riesgo de inestabilidad política, diferencial de tipo de cambio, estabilidad del tipo de cambio, inflación y velocidad de la banda ancha.

Los aspectos en los que más se ha deteriorado la competitividad en el último ejercicio son: capitalización de la Bolsa, gasto público en educación por alumno, exportaciones de servicios comerciales y financiación de pensiones.

Los factores más atractivos de la economía española siguen siendo: infraestructuras fiables, mano de obra cualificada, dinamismo de la economía, actitudes abiertas y positivas.

El World Competitiveness Ranking 2017 está liderado por Hong Kong, Suiza y Singapur, ocupando las siguientes posiciones EEUU y Holanda. Irlanda se coloca en sexta posición y se sitúa por encima de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Emiratos Árabes Unidos, que ocupan las primeras diez posiciones. Por lo que se refiere a las grandes economías de la Unión Europea, Alemania se coloca en el puesto 13 del ranking, Reino Unido en el 19, Francia en el 31 e Italia en el 44.

Por otra parte, en esta edición se incluye, por primera vez, un informe sobre competitividad digital. El nuevo Digital Competitiviness Ranking introduce criterios para medir la capacidad de los países de adoptar y explorar las tecnologías digitales, dirigiendo la transformación de las actuaciones gubernamentales, los modelos de negocio y la sociedad en general. Este informe está liderado por Singapur, seguido de Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong, Suiza, Canadá y Noruega. La economía española ocupa el puesto 30, igual que en 2016.
– Resultados del World Competitiveness Ranking 2017 .

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Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas vía LexNet en su primera semana de funcionamiento

14 de junio, 2017

Lunes, 12 de junio de 2017  poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo registraron 1.986 demandas vía LexNet en su primera semana de funcionamiento

De mantenerse ese ritmo en la entrada de demandas sobre condiciones generales de la contratación, el número de demandas en un año natural ascendería a 90.611. Los datos corresponden a las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado el sistema LexNET

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de demandas presentadas vía LexNet en la primera semana de funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 1.986, según los datos facilitados al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia.

La cifra incluye las demandas presentadas de forma electrónica a través de este sistema entre el 1 de junio y las 15:00 horas del 8 de junio en las trece Comunidades Autónomas que lo tienen implantado, que son todas salvo las de Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

Teniendo en cuenta que los datos corresponden solo a la primera semana de funcionamiento, la proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas de procedimientos ordinarios sobre condiciones generales registradas en los órganos judiciales especializados.

En estas trece Comunidades Autónomas, la media anual de procedimientos ordinarios –no se incluyen los procedimientos verbales ni los monitorios- durante los últimos cinco años (2012-2016) fue de 123.511.

La proyección del dato conocido hoy permitiría estimar en un 73,4 por ciento el incremento anual de los procedimientos ordinarios como consecuencia del ingreso de litigios sobre condiciones generales de la contratación.
Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

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La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

14 de junio, 2017

08/06/17 guardiacivil.es
La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

Los vertidos afectan a un espacio natural protegido con un importante valor ecológico que albergan especies de flora y fauna protegida

Se han vertido ilegalmente más de 800.000 metros cúbicos

Existe un potencial riesgo de incendio entre otros riesgos medioambientales

Se ha detenido a 12 personas y se ha investigado a otras 25, además de haber sido investigadas 11 personas jurídicas y bloqueadas más de 170 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 5 millones de euros
La Guardia Civil destapa un importante fraude en la gestión de residuos de la construcción y demolición que se vertían ilegalmente en un Parque Natural

La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrox, en el marco de la operación “RUBBISH”, desarrollada en la localidad de Nerja, ha procedido a la detención de 12 personas, 25 personas investigadas, y la investigación de 11 personas jurídicas, así como al bloqueo de más de 170 bienes muebles e inmuebles (viviendas, terrenos, embarcaciones, vehículos, etc.) valorados en más de 5 millones de euros,  por los supuestos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.

 

La investigación de inició en agosto del pasado año, a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA) y por la Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición, por el vertido ilegal e incontrolado de residuos de la construcción y demolición, residuos peligrosos, residuos de podas y vegetación, plásticos, etc., en una antigua cantera situada en el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama de Nerja.

 

Fruto de las investigaciones, se pudo comprobar que se había constituido desde hace más de 15 años un vertedero ilegal en una antigua cantera sita en el Paraje de “Río de la Miel de Nerja”, que estaba siendo explotado y gestionado económicamente por un grupo de empresas del sector de la construcción del municipio de Nerja incumpliendo las normas administrativas.

 

Estas empresas estaban realizaron una actividad importante de recogida y transporte de residuos de la construcción y demolición entre los que también se encontraban residuos peligrosos, para posteriormente verterlos sin ningún tipo de control en dicho vertedero ilegal.

 

Dichos vertidos se realizaron a sabiendas de su ilegalidad y con conocimiento de la existencia de plantas autorizadas en la zona y de la normativa de aplicación, e incluso se llegaron a expedir certificaciones acreditativas a clientes de que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados, por lo que se sintieron engañados ya que habían pagado un servicio bajo la creencia de que sus residuos estaban siendo gestionados correctamente y cumpliendo con la normativa medioambiental.

 

Cabe destacar, que este vertedero ilegal afecta directamente al espacio natural protegido Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama, el cual cuenta con otras figuras de protección como Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Conservación, etc.

 

Entre los riesgos y graves peligros medioambientales que representa este vertedero destacan:
•El riesgo potencial de incendio por la no gestión de los gases producidos en la masa del residuo, siendo alguno de ellos inflamables y por lo tanto, con riesgo de explosión por autocombustión.
•La estabilidad del vertedero, ya que el depósito incontrolado de los residuos se ha estado llevando a cabo durante todos estos años sin ningún tipo de control ni estudio lo que supone un gran peligro de estabilidad con el consiguiente riesgo para las personas.
•Contaminación por filtración de los líquidos a las aguas subterráneas.

Además, se ha comprobado la existencia de un posible fraude en la gestión de los residuos de la construcción y demolición podría ascender a más de 2.500.000 millones de euros que sería el coste aproximado de la correcta gestión de esos residuos que han sido vertidos indiscriminadamente y de manera ilegal en el vertedero de Río de la Miel de Nerja.

 

Se estima, según informes técnicos, que el volumen total aproximado de los residuos existentes en dicho vertedero podría ser más de 800.000 metros cúbicos, y que el coste aproximado de restauración podría superar los 10.700.000 de euros, todo ello según Informe Técnico Visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía.

 

En la operación han participado agentes pertenecientes al Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga.

 

Desde el SEPRONA se recuerda que la normativa de residuos obliga a todos los agentes implicados (promotores, constructores, particulares, etc.) a que todos los residuos de la construcción y demolición deben ser entregados a un gestor autorizado para su correcta gestión, debiéndose previamente comprobar que los residuos están siendo entregados a empresas legalmente autorizadas y por otro lado conservar los documentos acreditativos de dicha gestión.

Para más información pueden dirigirse a la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en el teléfono 952 07 15 39.

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La Audiencia de Alicante condena a un falso agente de una entidad financiera por intentar vender pisos de la Caja sin conocimiento de la entidad

13 de junio, 2017

Viernes, 9 de junio de 2017  – poderjudicial.es

La Audiencia de Alicante condena a un falso agente de una entidad financiera por intentar vender pisos de la Caja sin conocimiento de la entidad

La Sala absuelve a otro hombre acusado de participar en estas operaciones

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión a un hombre que se hizo pasar por un agente inmobiliario de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, para intentar vender pisos del stock de viviendas del banco, cuyos propietarios originales no habían podido pagar, por lo que habían pasado a ser propiedad de la entidad.

La Sala le considera culpable de los delitos de intento de estafa y falsedad en documento mercantil. La sentencia absuelve a otro hombre, que estaba acusado de participar en operaciones similares.

Según el relato de hechos probados, el condenado, que conoció en 2011 por los medios de comunicación la situación económica de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y la importante bolsa de viviendas de la que disponía, confeccionó un documento falso en el que se certificaba que el acusado estaba autorizado para vender en exclusiva los inmuebles del banco. El hombre nunca había trabajado para la entidad. Además, obtuvo de la web de la CAM un listado de viviendas, sobre todo de Madrid y la zona del Mediterráneo, con el precio de venta fijado por el banco, al que él añadió a mano un precio de tasación, muy superior al que había fijado la entidad.

Con este sistema, contactó con al menos un posible cliente, al que remitió los dos documentos con la intención de realizar una operación de compra-venta. El cliente dudó de la documentación y avisó a la CAM.

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El TC, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno en 2012

13 de junio, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 38/2017 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, declara inconstitucional la llamada “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno en 2012
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta norma permitió regularizar la situación tributaria de las personas físicas y jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos. La disposición impugnada ha sido declarada inconstitucional y nula por vulnerar el art. 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE). En virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada. Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Andrés Ollero.
El Real Decreto-ley impugnado previó la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y del impuesto de sociedades (IS) que no declararon todas sus rentas presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Las rentas así declaradas tributarían al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.
Para determinar si el Gobierno traspasó los límites establecidos por la Constitución al empleo del decreto-ley (art. 86.1 CE), el Tribunal ha valorado si la medida prevista en la disposición adicional recurrida afectó de forma sustancial al deber general de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo. Dicho análisis se ha realizado mediante el examen de la naturaleza de los tributos afectados, de los elementos del tributo que resultaron alterados y, finalmente, mediante el examen del alcance de la regulación aprobada.
El Pleno concluye que la medida impugnada ha tenido tres “importantes efectos”: permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas “a un tipo reducido” (10 por ciento); eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”; y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”.
La sentencia explica que la regularización se dirigió “a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos”, que “constituyen los pilares estructurales del sistema tributario”. Además, repercutió en “la determinación de la deuda
tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones)”, permitiendo “la regularización a un tipo reducido con exclusión de toda responsabilidad accesoria”. Con ello, “el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es (…) la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización”.
Todo ello lleva al Tribunal a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto-ley 12/2012 “ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública- por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)”. Por tanto, la norma “ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que enuncia el art. 31.1 CE al haber “alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”. Y lo ha hecho en unos términos “prohibidos” por el art. 86.1 CE.
En respuesta a algunas de las alegaciones del Abogado del Estado, el Tribunal realiza también las siguientes consideraciones:
Sostiene que el hecho de que la medida cuestionada pudiera contar con una justificación que la legitimase (como es la “necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 CE”), “sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución”. Lo mismo ocurre con las recomendaciones de la OCDE referidas a la promoción de procedimientos especiales para quienes hubieran incumplido sus obligaciones tributarias, pues “tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha adoptado la medida impugnada”. “Cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador”, “(…) deben respetarse los principios establecidos en el art. 31.1 CE, en orden a conseguir un sistema tributario justo”.
Finalmente, la sentencia advierte de que la adopción de medidas que, “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)”. De esta forma, se legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.
En conclusión, “el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular”.
Madrid, 8 de junio de 2017

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El BCE mantiene los tipos de interés en el 0,00% en junio

12 de junio, 2017

Banco Central Europeo Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales
8 de junio de 2017  bde.es
Decisiones de política monetaria
En su reunión de hoy, celebrada en Tallin, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido que los tipos de interés aplicables a las operaciones principales de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantengan sin variación en el 0,00 %, el 0,25 % y el -0,40 % respectivamente. El Consejo de Gobierno espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos.
En relación con las medidas de política monetaria no convencionales, el Consejo de Gobierno confirma que las compras netas continuarán al actual ritmo de 60 mm de euros mensuales hasta el final de diciembre de 2017 o hasta una fecha posterior si fuera necesario y, en todo caso, hasta que el Consejo de Gobierno observe un ajuste sostenido de la senda de inflación que sea compatible con su objetivo de inflación. Las compras netas se llevarán a cabo paralelamente a la reinversión del principal de los valores adquiridos en el marco de este programa que vayan venciendo. Si las perspectivas fueran menos favorables, o si las condiciones financieras fueran incompatibles con el progreso del ajuste sostenido de la senda de inflación, el Consejo de Gobierno prevé ampliar el volumen y/o la duración de este programa.

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UGT exige compromiso político para acabar con la pobreza, especialmente, la que afecta a los niños y niñas

12 de junio, 2017

UGT exige compromiso político para acabar con la pobreza, especialmente, la que afecta a los niños y niñas

Mañana se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

UGT | domingo, 11 de junio de 2017 ugt.es
UGT, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra mañana, pide el compromiso de los partidos políticos para implementar, cuanto antes, medidas que combatan la pobreza en nuestro país, especialmente la que afecta a los niños y niñas (muchos de los cuales no tienen cubiertas sus necesidades básicas). El Sindicato critica la lentitud en la tramitación para poner en marcha la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos por la pobreza no puede esperar,  y afirma que el Gobierno, pese al crecimiento económico, sigue sin priorizar las necesidades sociales (tal y como ha reflejado nuevamente en los Presupuestos Generales del Estado). El sindicato exige más recursos para los servicios sociales y la protección a las familias y a la infancia.

Este año, la OIT centra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la protección a los niños que trabajan en las zonas afectadas por los conflictos y catástrofes, una reivindicación compartida con nuestro Sindicato.

Los niños son los grandes damnificados también por las grandes crisis económicas como en la que hemos estado inmersos en nuestro país, y sus derechos básicos son vulnerados (muchos se ven expulsados incluso de sus hogares, al no poder afrontar su familia los gastos de la vivienda; otros padecen falta de alimentos, de ropa, de asistencia sanitaria y de medicinas y tiene limitaciones drásticas en sus posibilidades de formación). Es decir, padecen situaciones de pobreza de las que es muy difícil salir.

Se debe prever la implantación de medidas que eviten que los efectos de una crisis económica y decisiones políticas de reducción del gasto social, tengan una repercusión negativa en su  bienestar, tal y como está sucediendo. La baja calidad del empleo, el elevado desempleo, la cada vez más escasa cobertura de prestaciones (como la protección de desempleo), o la insuficiencia de otras prestaciones como las rentas mínimas de inserción y otras ayudas sociales (como la prestación con hijo a cargo) no son capaces de prevenir las situaciones de pobreza ni, por tanto, de proteger a la infancia. En España, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años asciende al 28,9% (es decir, 2,3 millones de niños y niñas son pobres) y la pobreza severa afecta a un 8,4% estos menores.

Pese al crecimiento económico, el Gobierno sigue sin dar respuesta a esta situación, tal y como se ha comprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, pues no ha incrementado el gasto público destinado a las familias más vulnerables, ni está en su agenda priorizar medidas para atajar esta realidad social: han aumentado las personas pobres y éstas cada vez son más pobres (se empobrece la pobreza). En este sentido, el sindicato hace hincapié en la importancia de redoblar los esfuerzos de la inspección de trabajo y el control para prevenir y evitar el trabajo infantil.

UGT alerta de la urgencia para solucionar la pobreza en nuestro país, sobre todo la que afecta a los niños. Es una cuestión de justicia social.  En este sentido, exige un incremento de los recursos destinados a los servicios sociales y a la protección a las familias y a la infancia. Esto implica, entre otras medidas, ayudas económicas a las familias con rentas más bajas, el incremento de la prestación por hijo a cargo; el establecimiento de bonificaciones, descuentos y la gratuidad en el acceso y disfrute a bienes y servicios; la implementación de apoyos sociales para garantizar el acceso a una escuela de calidad, a una vivienda digna, a alimentos, ropa, a la sanidad, al ocio y la cultura.

UGT demanda, asimismo, avanzar en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular por una Prestación de Ingresos Mínimos, presentada por los sindicatos en el Congreso de los Diputados, y que cuenta con el aval de  más de 700.000 firmas y apoyo mayoritario de los partidos parlamentarios. Actualmente se encuentra estancada, ante una eterna presentación de enmiendas fijada por la mesa del Congreso.

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El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 propuesto por el Gobierno es insuficiente y poco útil

11 de junio, 2017

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 propuesto por el Gobierno es insuficiente y poco útil

UGT presenta alegaciones al Plan y reclama clarificar su financiación

UGT | sábado, 10 de junio de 2017 – ugt.es

La Unión General de Trabajadores considera que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 presentado por el Gobierno no pasa de ser un escaso y muy insuficiente paliativo para los serios problemas de acceso a la vivienda existentes en nuestro país. En las alegaciones presentadas por el Sindicato al Borrador de Real Decreto del Plan destaca que no se incorpora al mismo el impacto económico y presupuestario, y sería importante conocer de dónde van a salir los recursos para financiar el Plan, especialmente si tenemos en cuenta que los tres programas que conforman la política de vivienda del Ministerio de Fomento han bajado un 20,54%. Las medidas destinadas a los jóvenes, además, resultarán prácticamente inviables para la inmensa mayoría de ellos dada la precariedad laboral que padecen.

El Sindicato considera que es necesario que el nuevo Plan tenga una mayor dotación de recursos que el vigente Plan de Vivienda 2013-2016, y que se defina y concrete el programa de fomento del parque de viviendas en alquiler que debe contribuir a reforzar el débil peso de la vivienda de alquiler en nuestro país. España tenía en 2016 (según la Encuesta Continua de Hogares) un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que sólo un 2% eran viviendas sociales en alquiler, lo que equivale a decir que en España no existe un parque social de viviendas en alquiler.

La falta de datos presupuestarios impide conocer el número de actuaciones que se pretende alcanzar en cada programa, el número de ayudas al alquiler que se pretenden conceder en cada anualidad del Plan, o las cifras de viviendas a construir, rehabilitar, etc; datos de los que dependerá el éxito y alcance de la norma, especialmente para valorar su impacto sobre el empleo.

Las ayudas a jóvenes, prácticamente inviables

Las medidas incluidas en el Plan destinadas a la población joven resultarán poco útiles frente al hándicap que supone para su emancipación el aumento de la precariedad laboral, especialmente por los bajos salarios y la extrema temporalidad, y por la insuficiencia de las ayudas frente a la escalada de precios en el mercado de la vivienda español.

Así sucede, por ejemplo, cuando el Plan establece como requisito para optar a las ayudas a la adquisición de vivienda el disponer de una fuente regular de ingresos, lo que excluiría a miles de trabajadores y trabajadoras jóvenes sometidos a la extrema precariedad laboral. Además, se establece la incompatibilidad de las nuevas ayudas del Plan con la Renta Básica de Emancipación y/o con las concedidas por entes locales o autonómicos, así como la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan reducir el plazo de tres años para las ayudas al alquiler, lo que puede generar enormes desigualdades entre territorios.

Parece contradictorio, en definitiva, que se presente este Plan de Vivienda cuando los PGE recortaron un 20,6% las políticas de vivienda, o cuando la dotación prevista para 2017 de la Renta Básica de Emancipación es de dos millones de euros frente a los catorce millones presupuestados en 2015.

Incluir un Programa específico para víctimas de violencia de género

Asimismo, UGT ha planteado en sus alegaciones la inclusión, entre los programas de ayudas que contiene el Plan de Vivienda, un programa específico de ayuda para las víctimas de violencia de género que cumpla correctamente con las previsiones de la Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la obligatoriedad de establecer criterios de priorización para acceder a todas ayudas de todos los programas de vivienda. De igual modo, se reclama recoger los mismos derechos para las unidades familiares monoparentales con un hijo o más a su cargo (no sólo a partir de dos hijos) que, como sabemos, son mayoritariamente encabezadas por mujeres solas con hijos.

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La Audiencia de Alicante condena a un año de prisión a un cartero que no repartió más de 200 cartas y paquetes postales

10 de junio, 2017

Jueves, 8 de junio de 2017  – poderjudicial.es

La Audiencia de Alicante condena a un año de prisión a un cartero que no repartió más de 200 cartas y paquetes postales

El funcionario de Correos, que trabaja en el área de Torrevieja, no podrá ejercer en los próximos cuatro años y medio

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un año de prisión a un cartero que repartía en el área de Torrevieja y que no entregó 226 envíos, entre cartas y paquetes postales. La sentencia, que le considera culpable de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, le impone una multa de 900 euros y le inhabilita para empleo o cargo público durante cuatro años y medio. La Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche ha acordado la suspensión de la pena con la condición de que el condenado no vuelva a delinquir durante los tres próximos años.

Durante el juicio, seguido por el procedimiento del Tribunal del Jurado, el Ministerio Fiscal, la acusación y la defensa del cartero mostraron su conformidad con la calificación de los hechos y con la pena solicitada, por lo que el jurado se disolvió y la Sala dictó sentencia condenatoria.

Los hechos sucedieron entre los años 2011 a 2014 cuando el cartero dejó de entregar hasta 226 envíos, la mayoría de ellos, cartas de compañías eléctricas, de organismos oficiales o de entidades bancarias. El hombre ocultó muchas de estas cartas en su taquilla y cuando la Unidad de Inspección le pidió que la abriera, el condenado dijo que no tenía la llave. Posteriormente, sí la abrió y tiró la correspondencia no entregada a la papelera del aseo de la oficina de Correos.

Además, cometió irregularidades en la entrega de correos certificados que, o bien depositaba directamente en los buzones de las casas, sin la correspondiente firma de recepción del destinatario, o bien firmaba él mismo o terceras personas, sin relación con el receptor.

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España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial

9 de junio, 2017

01 jun 2017 ceoe.es
World Competitiveness Ranking 2017

España mantiene su puesto en el ranking de competitividad mundial
España mantiene su posición en el Ranking de Competitividad Mundial 2017 al ocupar el puesto 34 –el mismo que en 2016– de un total de 63 economías analizadas, según la información elaborada por el Servicio de Estudios de CEOE, en base al informe World Competitiveness Ranking que ha elaborado el Institute for Management Development (IMD), con el que colabora CEOE, y en el que se aborda la dimensión política, social y cultural de la competitividad, además de la estrictamente económica.
En comparación con el estudio de 2016, nuestro país mejora su posición en Eficiencia del Sector Público, en la posición 38, y en Infraestructuras, donde se sitúa en el puesto 26, y empeora en Resultados Económicos, con el lugar 35, y en Eficiencia Empresarial, en el 42 del total de 63 países.

Los aspectos en los que más se ha avanzado en el último año son: riesgo de inestabilidad política, diferencial de tipo de cambio, estabilidad del tipo de cambio, inflación y velocidad de la banda ancha.

Los aspectos en los que más se ha deteriorado la competitividad en el último ejercicio son: capitalización de la Bolsa, gasto público en educación por alumno, exportaciones de servicios comerciales y financiación de pensiones.

Los factores más atractivos de la economía española siguen siendo: infraestructuras fiables, mano de obra cualificada, dinamismo de la economía, actitudes abiertas y positivas.

El World Competitiveness Ranking 2017 está liderado por Hong Kong, Suiza y Singapur, ocupando las siguientes posiciones EEUU y Holanda. Irlanda se coloca en sexta posición y se sitúa por encima de Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Emiratos Árabes Unidos, que ocupan las primeras diez posiciones. Por lo que se refiere a las grandes economías de la Unión Europea, Alemania se coloca en el puesto 13 del ranking, Reino Unido en el 19, Francia en el 31 e Italia en el 44.

Por otra parte, en esta edición se incluye, por primera vez, un informe sobre competitividad digital. El nuevo Digital Competitiviness Ranking introduce criterios para medir la capacidad de los países de adoptar y explorar las tecnologías digitales, dirigiendo la transformación de las actuaciones gubernamentales, los modelos de negocio y la sociedad en general. Este informe está liderado por Singapur, seguido de Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Hong Kong, Suiza, Canadá y Noruega. La economía española ocupa el puesto 30, igual que en 2016.

Informe. Resultados del World Competitiveness Ranking 2017.

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Los datos de paro, contratación y afiliación suponen un avance más en la recuperación del empleo

8 de junio, 2017

02 jun 2017 ceoe.es
Los datos de paro, contratación y afiliación suponen un avance más en la recuperación del empleo
Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hechos públicos hoy, ponen de manifiesto un nuevo descenso del paro registrado en mayo; en concreto, baja en 111.908 personas. Se trata de un descenso  ligeramente inferior al registrado este mes en los tres años anteriores, si bien es el cuarto año consecutivo que el paro baja en mayo por encima de las 110.000 personas, indica la valoración realizada por CEOE.
Relaciones Laborales Relaciones Laborales

La Organización empresarial recuerda que mayo es un mes tradicionalmente favorable para el empleo por motivos estacionales, que se ha traducido en mejoras generalizadas del mismo en los distintos territorios y sectores de actividad.

Destaca, además, que en términos desestacionalizados el paro se reduce en 39.566 personas, la mayor reducción de la serie histórica en cualquier mes de mayo. Igualmente merece una valoración positiva que el saldo de los últimos doce meses refleje una bajada del desempleo en 430.275 parados registrados, con una tasa interanual que se eleva hasta el -11,06%.  De esta forma, el número de desempleados en mayo es de 3.461.128, situándonos en niveles de enero de 2009.

En materia de contratación, hay que subrayar que el volumen de contratos registra un aumento en mayo, sobre el mismo mes del año anterior, del 15,96% -279.120 contratos más-. De este modo ascienden a 2.027.569 los contratos registrados en dicho mes, el mayor número en cualquier mes de la serie histórica, lo que debe ponerse en relación con el fuerte crecimiento de actividades de carácter estacional.

Del total de contratos registrados en mayo 167.267 fueron indefinidos, lo que supone un 8,25% del total de los registrados en dicho mes.  Continúa, por tanto, en cifras relevantes el peso de la contratación indefinida sobre el total de la contratación celebrada en un mes. Resulta positivo el incremento en 21.507 contratos indefinidos sobre el mismo mes de 2016, el 14,76% más. Además dicho porcentaje se eleva hasta el 15,83% en los indefinidos a tiempo completo.

En línea con los datos de paro y contratación, los de afiliación a la Seguridad Social muestran un incremento respecto al mes anterior en 223.192 personas, con un total de 18.345.414 afiliados en alta, cifras no alcanzadas desde diciembre de 2008. Por tanto, es  el mayor crecimiento registrado en un mes de mayo de toda la serie histórica.

Resulta igualmente positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 683.575 personas, de las que 652.116 corresponden al Régimen General. De este modo, la tasa interanual se eleva hasta el 3,87%, siendo las mejores cifras desde 2006 año en el que tuvo lugar la regularización de extranjeros.

Según CEOE, nuevamente los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social resultan alentadores y supone un avance más en la senda de recuperación del empleo. En este sentido, destaca que, desde el optimismo al que invitan los datos de los últimos meses y el realismo de las cifras del paro que aún arrastramos, seguimos reiterando nuestra voluntad de impulsar,  a través del diálogo y la concertación social, el profundizar en las reformas encaminadas a incrementar la competitividad de las empresas españolas y a estimular la actividad económica y con ello la creación de empleo.

Los esfuerzos deben centrarse en dotar a las empresas de un marco regulatorio flexible que refuerce su capacidad de adaptación a los cambios y en adecuar los costes laborales a la realidad de cada sector o empresa, añade CEOE.

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La industria es decisiva para un nuevo modelo de país, con más empleo y más derechos

7 de junio, 2017

La industria es decisiva para un nuevo modelo de país, con más empleo y más derechos

Pepe Álvarez propone una subcomisión parlamentaria por la Industria

UGT | jueves, 1 de junio de 2017 ugt.es

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez,  ha afirmado que “es indispensable un Pacto de Estado por la Industria, porque nuestro país crece, pero vuelve a crecer con pies de barro. Es necesario realizar un cambio de nuestro modelo económico y productivo y éste se debe sustentar sobre la industria”. En este sentido, ha manifestado que UGT va a proponer una subcomisión en el Congreso de los Diputados que aborde esta cuestión. El Pacto por la Industria debe ser transversal, con la participación de todos, y acomodado a otro Pacto de Estado sobre Energía”.

Álvarez ha hecho estas declaraciones en la clausura de las jornadas “La Industria en España”,  organizadas conjuntamente por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) y UGT Castilla y León que se han desarrollado, del 30 de mayo al 1 de junio, en Valladolid y en Burgos. En la clausura ha participado también el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en su intervención ha aceptado la propuesta de pacto planteado por UGT, y ha coincidido en la importancia de trabajar conjuntamente por fortalecer el tejido industrial.

Álvarez ha insistido en la necesidad de una política activa, coordinada y consensuada con todos los agentes implicados, para que la industria se convierta en “el principal motor económico y de generación de empleo estable y con derechos”.

La temporalidad del conjunto de la economía, en 2016, fue del 26,06%, mientras en la industria se situó en 20,87%, cinco puntos por debajo de la tasa del conjunto, pero reduciendo a la mitad los diez puntos de distancia que había en 2009.

Álvarez ha recordado que para ello es preciso aumentar el peso de la industria en el PIB, de tal forma que pase del 16% actual al 20%, tal y como establece la Agenda Europea para 2020. “Un objetivo difícil pero no imposible, pues un ejemplo claro lo tenemos en la provincia de Burgos, en donde la industria representa el 30% del PIB”.

El Secretario General ha señalado que, desde hace años, UGT ha reclamado a sucesivos Gobiernos  dieran un giro a su política económica y pasaran a “industrializar la economía española”. Pero hasta ahora,  se han limitado a discutir con los agentes sociales el proceso de privatización de empresas públicas y algunas iniciativas aisladas de carácter industrial, pero en ningún caso se ha negociado una política global para la industria. Además, ahora ni siquiera existe un Ministerio de Industria y sus competencias se han repartido entre otras carteras ministeriales, especialmente Economía. Aunque la cuestión no es esa.

Lo importante es que exista un Gobierno que apueste realmente por la industria, que la regenere, la oriente y la convierta en el motor de creación de empleo en nuestro país. Para ello hay que superar los principales déficits de nuestra industria actual. Déficit en inversión, formación y cualificación profesional, en el nivel tecnológico, en el desfase en I+D, en la escasa dimensión de las empresas, etc.
Además, la precariedad en la industria cada vez es más creciente; hay importante presencia de capital extranjero en sectores fundamentales, con centros de decisión fuera de nuestras fronteras; tenemos dependencia técnica e importadora del exterior; la  presencia del sector público se va reduciendo cada vez más; y la autofinanciación de las empresas es muy escasa. Por otra parte, la producción es intensiva en el uso de la energía  y nuestra industria se ha especializado en exportaciones de bajo contenido tecnológico basadas, fundamentalmente, en ventajas derivadas de una mano de obra barata.

Para cambiar nuestro modelo industrial es preciso articular  actuaciones de carácter horizontal y vertical, atendiendo las necesidades de cada sector y territorio. Se trata de hacer una política de Estado que afecte al conjunto del Gobierno. Al Ministerio de Economía o el de Hacienda (respecto a medidas fiscales, por ejemplo) el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el de Trabajo, o el de Fomento (como el mayor gestor de suelo industrial o de infraestructuras) o al de Educación (con una formación profesional dirigida a las nuevas necesidades de los sectores industriales).

A su vez la política industrial debe coordinarse con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales;, debe ser consensuada con los representantes empresariales y sindicales; y en ella debe participar activamente la Universidad y las instituciones o las cámaras, por citar algunos ejemplos.

La política industrial debe ser sostenible social y medio ambientalmente, desarrollar nuevos sectores de alto potencial tecnológico y también garantizar un progreso eficiente de los sectores tradicionales.

Hay que impulsar las inversiones en formación permanente del trabajador y la mejora de las condiciones de trabajo; en innovación y tecnologías; recuperar el papel de los observatorios industriales;  establecer medidas que limiten las deslocalizaciones, o desarrollar políticas para evitar el desempleo en los procesos de reestructuración y establecer planes sociales que consideren las alternativas industriales.

Asimismo es preciso abordar la transparencia y participación sindical en fenómenos como “externalización de actividades”, o la implantación de procesos como la digitalización. Todo esto implica consolidar  el diálogo social sectorial. Por último, hay que fomentar que esa política industrial esté coordinada con la europea.

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Condenan a una notaria por no informar en una compraventa de las cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas

6 de junio, 2017

Martes, 6 de junio de 2017  – poderjudicial.es

Condenan a una notaria por no informar en una compraventa de las cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas

Deberá indemnizar con 43.436 euros a los compradores, que hicieron frente al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de operaciones anteriores

Autor:Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 6 de junio de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena al pago de una indemnización de 43.436 euros a una notaria por no informar durante una compraventa de la existencia de cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas que fueron adquiridas por los ahora demandantes.

 

En una sentencia que aún no es firme –la notaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo-, el órgano de apelación respalda la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander que estimó parcialmente la demanda de los compradores.

 

Entendió el juez de instancia que la notaria “no cumplió de manera diligente con sus obligaciones al no haber advertido expresamente a los compradores de la existencia de unas afecciones fiscales y de un aplazamiento del pago de la deuda que gravaban la finca y que constaban en la nota registral solicitada por la propia notaria”.

 

Sin embargo, el magistrado no estimó totalmente la demanda por considerar que la notaria es responsable de no advertir de las cargas que sí aparecían en la nota registral que ella misma había solicitado para preparar la operación de compraventa, pero no de otras responsabilidades de pago que no figuraban en el documento.

 

“El comprador confía en el notario”

 

En este sentido también se pronuncia la Audiencia. En su sentencia el tribunal constata la “efectiva responsabilidad civil” de la notaria, por cuanto en las escrituras de compraventa “omitió y no informó” de las cargas por afección fiscal que pesaban sobre las fincas adquiridas.

 

Entiende la Audiencia que “las partes que acuden a la notaría, especialmente el comprador, confían en que el notario les informará adecuadamente de las cargas que pesan sobre el inmueble objeto de compraventa”.

 

“Es indudable –continúa el tribunal- que el hecho de que el notario no dejara constancia de las afecciones fiscales al tiempo de autorizar la escritura de compraventa ocasionó un grave perjuicio a los compradores”.

 

Y añade que no puede negarse “un nexo de causalidad” entre la conducta de omitir las cargas y el “detrimento patrimonial” que sufre el comprador que ha de pagar.

 

Finalmente, confirma la Audiencia que la responsabilidad civil debe circunscribirse a las cargas que figuraban en la nota registral, “sin que las causadas por escrituras posteriores fuesen conocidas por la notaria demandada”.

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CESCE y CEPYME acuerdan trabajar juntos en la apertura de mercados y la prevención de la morosidad

6 de junio, 2017

Desarrollarán proyectos conjuntos también para la gestión de riesgos
CESCE y CEPYME acuerdan trabajar juntos en la apertura de mercados y la prevención de la morosidad
• Jaime García-Legaz y Antonio Garamendi rubricaron el convenio
Madrid, 24 de mayo de 2017.  cepyme.es
Los presidentes de CESCE Seguros de Crédito, Jaime García-Legaz, y de CEPYME, Antonio Garamendi, han firmado un convenio entre ambas entidades para colaborar de forma estable en el diseño y desarrollo de proyectos relativos a la prospección de mercados, la gestión de los riesgos y la prevención de la morosidad en las operaciones comerciales. La cooperación entre la aseguradora y la organización empresarial incluye también actuaciones en materia de información a las pequeñas y medianas empresas sobre sectores de actividad, mercados y países y la elaboración de estudios e informes sobre temas de interés para las pymes. CESCE, con el apoyo de CEPYME ofrecerá, además, asesoramiento integral y gratuito a las empresas en materia de Gestión del Crédito Comercial. Para hacer efectiva esta colaboración CESCE y CEPYME constituirán una Comisión Mixta de Coordinación de la que formarán parte representantes de cada una de las entidades en idéntica proporción

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El movimiento sindical lamenta que EEUU abandone el Acuerdo sobre el Clima

6 de junio, 2017

El movimiento sindical lamenta que EEUU abandone el Acuerdo sobre el Clima
La decisión de Trump de retirar a su país del Acuerdo de Paris es malo para la lucha contra el cambio climático, pero también es negativo para Estados Unidos porque va a ralentizar su desarrollo tecnológico, la eficiencia de su sistema energético y la creación de empleo.
02/06/2017. ccoo.es
CCOO considera que Europa y muchos otros países del mundo van a tener que seguir liderando el Acuerdo de Paris sobre cambio climático y realizar esfuerzos para lograr economías descarbonizadas en 2050.

Pero incluso en Estados Unidos no está claro que no se vayan a ir reduciendo las emisiones en el sector energético ya que las energías renovables tendrán cada vez una mayor penetración al haber alcanzado en muchos casos costes más reducidos que las convencionales. Además muchos estados y gobiernos locales han decidido ya planes de reducción de emisiones de CO2 para su industria, sector energético o transporte.

En lo que si tendrá efectos negativos muy claros es en la capacidad de financiación del Fondo verde para el clima para la ayuda a los países menos desarrollados y más vulnerables del que Estados Unidos era un contribuidor importante

El movimiento sindical internacional ha reaccionado rápidamente contra esta decisión. “La decisión de la administración de Trump de retirarse del Acuerdo de París dificulta la acción conjunta sobre el clima y pone en riesgo muchos puestos de trabajo”, ha dicho Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Tambien los sindicatos norteamericanos agrupados en la AFL-CIO se oponen totalmente a la retirada de este acuerdo y seguirán instando a su Gobierno a permanecer en él y a poner en práctica los compromisos adquiridos en Paris. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, ha lamentado el intento de Trump de aislar a Estados Unidos del resto del mundo y el abandono de un futuro más limpio que impulsaría nuevos empleos.

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Los juzgados de cláusula suelo comienzan sin planificación de recursos y con riesgo de colapso

5 de junio, 2017

Los juzgados de cláusula suelo comienzan sin planificación de recursos y con riesgo de colapso
CSIF denuncia la caótica puesta en marcha de los juzgados de clausulas suelo

31 de Mayo de 2017 csif.es
Este jueves entró en vigor la puesta en marcha de los juzgados de cláusulas suelo y se desconocen los medios materiales y humanos, con riesgo de colapso ante los 200.000 expedientes que se avecinan

Desde CSIF, sindicato mayoritario en el sector, asistimos con preocupación a la falta de coordinación, al exceso de improvisación y la ausencia de claridad en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Para CSIF es lamentable que se pongan en marcha estos Juzgados y no se sepan los medios materiales y personales que se ponen a disposición de los 54 Juzgados designados por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 25 de mayo.

Desde CSIF asistimos con preocupación al triste espectáculo que están ofreciendo las diferentes administraciones e instituciones que lanzan propuestas sin el apoyo suficiente de medios materiales y personales, a otras que se rebelan contra la propuesta del Consejo y que, abiertamente, dicen que van a hacer lo que les dé la gana y a un tercer grupo que, ni ha hecho nada ni se le espera.

En este sentido, CSIF se pregunta si, en su momento, se evacuaron los trámites que el artículo 98.2 de la LOPJ establece, precisamente, para asegurar el acuerdo que permita la dotación de esos medios materiales y personales adecuados y suficientes para llevar a cabo la iniciativa: informe favorable del Ministerio de Justicia y trámite de audiencia a las Salas de Gobierno y a las CCAA con competencias

¿Qué dijeron cada uno de esas administraciones y órganos al respecto?. Si la contestación fue negativa, ¿Porqué se decidió ir adelante con la medida sabiendo que no contaba con apenas apoyo?. Y sobre todo en este contexto, ¿qué sentido tiene la declaración del pleno del Consejo de 23 de febrero en el sentido de que si no había medios suficientes, no se iba a aplicar la medida?. ¿Existen los medios o no existen?

Desde que se conoció la iniciativa CSIF solicitó que fuera cual fuera la medida que se tomara:

• Fuera el resultado de un análisis con datos objetivos sobre el incremento de carga de trabajo que conlleva la presentación de demandas sobre cláusulas suelo y de un estudio comparado frente a otras posibles alternativas pensando siempre en facilitar los trámites a los ciudadanos.
• Estuviera consensuada al máximo con todas las administraciones competentes en materia de Justicia, para que se asegurara la dotación de medios materiales y personales suficientes y adecuados, para afrontar el previsible incremento de la carga de trabajo que se va a experimentar por este motivo.
• Se convocaran las mesas de negociación para planificar esa dotación de medios materiales y personales tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado público y poder dar respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se pueden dar en relación, por ejemplo, con la existencia o no de la denominada nueva oficina judicial, las dotaciones previas de los Juzgados afectados, la selección de personal, la normativa de prevención y seguridad, etc…

Nada de esto se ha hecho y, hoy estamos como estamos. A la espera de una reunión de última hora el 31 de mayo para ver si se ponen de acuerdo tras cuatro meses mareando la perdiz. Y mientras tanto, los funcionarios no tienen ni idea de lo que tienen que hacer y de cuanta carga de trabajo van a tener que asumir a partir del 1 de junio y los ciudadanos siguen sin saber qué tratamiento se les va a dar a sus demandas.

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La economía española crece a un ritmo del 3% en el primer trimestre por la inversión y las exportaciones

5 de junio, 2017

La economía española crece a un ritmo del 3% en el primer trimestre por la inversión y las exportaciones
Jueves 25 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es
La economía española crece a un ritmo anual del 3% en el primer trimestre del año y del 0,8% intertrimestral, una décima más que el trimestre anterior, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. Se mantiene así el fuerte empuje de la actividad económica gracias en parte a la inversión, lo que se traduce en la creación de 435.000 empleos equivalentes a tiempo completo en el último año.
Se trata de un crecimiento más equilibrado, ya que el sector exterior aporta 0,8 puntos al PIB gracias a que las exportaciones aumentan a una tasa del 8,4%, la más elevada de los últimos seis años. España mantiene un elevado diferencial de crecimiento en relación a la zona euro y se aproxima ya al nivel máximo de PIB anterior a la crisis.

Tras los datos del primer trimestre del año, la economía española inicia el cuarto año de la recuperación económica. Lo hace a tasas del 0,8% intertrimestral y del 3% anual, lo que supone ocho trimestres seguidos con un avance igual o superior a este porcentaje. Se mantiene así el ritmo de la actividad económica al inicio de 2017 lo que, según los indicadores disponibles hasta el momento, también sucede durante el segundo trimestre, según una estimación prudente. De confirmarse esa tendencia, se cumpliría holgadamente la previsión del Gobierno contenida en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, que estima un crecimiento medio anual del 2,7% en 2017.

Se mantiene de esta forma el diferencial de crecimiento favorable a España en relación a la media de la zona euro que, según los últimos datos de Eurostat, se ha situado en el 0,5% intertrimestral y el 1,7% interanual. Supera también los datos de crecimiento de los grandes países como Alemania (1,7% interanual y 0,6% intertrimestral), Francia (0,8% y 0,3%) o Italia (0,8% y 0,2%) y también del Reino Unido (2,1% y 0,3%). La velocidad del crecimiento español permite rozar en el primer trimestre del año el nivel de renta máximo previo a la crisis, volumen que se superará en el segundo trimestre, según apuntan los indicadores más recientes.

El crecimiento de la economía española tiene la demanda interna como principal motor (aporta 2,2 puntos), pero su composición se equilibra un poco más gracias a la aportación del sector exterior, positiva por cuarto trimestre consecutivo. El consumo de los hogares se modera medio punto en tasa anual, hasta el 2,5%, mientras que se estabiliza el consumo público (0,1%). La inversión gana dinamismo (3,8%, 1,6 puntos más), en especial, la destinada a bienes de equipo, que se acelera más de dos puntos, hasta alcanzar una tasa anual del 5%. La inversión en construcción se acelera 1,1 puntos, hasta el 3%. El sector exterior aporta 0,8 puntos, gracias a que las exportaciones crecen (8,4%) bastante por encima de las importaciones (6,4%), lo que refleja las ganancias de competitividad de la economía española.

El empleo avanza el 2,5%, dos décimas menos que el trimestre anterior, lo que supone la creación neta de 435.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año. Teniendo en cuenta la evolución de la jornada media asociada, se produce una aceleración de tres décimas en la tasa anual de las horas efectivamente trabajadas, que se sitúa en el 1,8%. La remuneración de los asalariados pasa de crecer el 2,9% al 3,1% en tasa anual y la media por asalariado aumenta el 0,4%, frente al 0,1% del cuarto trimestre del pasado año. El coste laboral unitario se sitúa en el primer trimestre en el -0,1%.

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El Entorno Pre-Mercado inicia su andadura como referente de inversión para las startups españolas

4 de junio, 2017

El Entorno Pre-Mercado inicia su andadura como referente de inversión para las startups españolas
El comienzo del Entorno Pre-Mercado coincide con el Primer Investor’s Day, donde se han dado cita más de 150 inversores para conocer de primera mano las startups seleccionadas

bolsamadrid.es

El primer Entorno Pre-Mercado para startups, creado para potenciar su acceso a la inversión privada y conocer el funcionamiento del mercado bursátil, ya ha iniciado su andadura. Más de 150 inversores se han reunido hoy en la Bolsa de Valencia, donde tendrá la sede física, para conocer de primera mano a las tres primeras startups que lo conformarán (Biomar, Cuatroochenta y Housers). Coincidiendo con la hora de apertura del mercado bursátil ha comenzado la celebración del primer Investor’s Day, donde las tres startups han explicado a los inversores asistentes su trayectoria y planes de futuro.

En la presentación, Vicente Olmos, responsable del proyecto de BME y Presidente  de Bolsa de Valencia, ha resaltado “el papel de los mercados de capitales regulados como alternativa y complemento a otras fuentes de financiación, además de ofrecer a las empresas visibilidad, liquidez a los accionistas y una valoración de la empresa a precios de mercado, entre otras ventajas”, comentando que “El entorno Pre mercado es una iniciativa destinada a las empresas que, como nosotros, creen que la vía bursátil es una opción de financiación para sus proyectos empresariales, que se plantean esa posibilidad y que necesitan ayuda para superar las barreras de entrada en ellos.

Del mismo modo, Fernando Ibáñez, director del Comité de Dirección y Supervisión (CDS) del Entorno Pre-Mercado y representante por parte de la asociación nacional de business angels ha señalado que “el entorno Pre-Mercado arranca con tres empresas que, además, son excelentes oportunidades de inversión en sectores que están protagonizando la nueva revolución industrial: apps, fintech y biotech.”. En este sentido, Ibáñez ha recordado que “los proyectos que entran a formar parte del entorno han valorado especialmente la formación, experiencia y conocimientos que adquirirán antes de salir al mercado para asegurarse una evolución positiva dentro del mismo, así como la difusión y acceso a inversores privados que les va a reportar. Hoy estrenamos el Pre-Mercado con tres empresas, pero en los próximos meses incorporaremos más”.

Además, Tomás Guillén, presidente de Big Ban angels, ha presentado el Entorno Pre-Mercado y ha recordado la importancia que Big Ban angels da a este tipo de iniciativas “con una doble vertiente: ayudar a los inversores a buscar startups que realmente estén en una fase media de inversión y acercar a las startups a los mercados financieros, para que comiencen a conocer cómo se opera”.

Las tres participadas han explicado cuáles son sus planes actuales y de futuro y han detallado ante los inversores sus necesidades de inversión y financiación.

Biomar, a través de Antonio Fernández, su consejero delegado, ha explicado brevemente sus orígenes, mostrando la gran variedad de lugares del mundo que han ido recorriendo desde 1996, para formar su amplia y variada colección de microorganismos. A partir de esta colección, han lanzado proyectos en diversas áreas científicas, principalmente salud humana y agricultura. Gracias a una importante colaboración en esta última, algunos de los productos desarrollados por Biomar están muy cerca del mercado. “Esperamos recibir regalías por ventas mundiales a partir del 2020” ha recalcado Antonio Fernández. Además, los compuestos candidatos a fármaco en salud humana, entre los que destacan uno para el área de oncología y un neuroprotector, están mostrando resultados muy prometedores en las pruebas preclínicas, y se espera licenciarlos en los próximos años manteniendo parte de sus derechos. Otra de las buenas noticias de Biomar es la construcción de una nueva planta de producción, que se espera que esté a pleno rendimiento a partir de 2019, con la que podrán aprovechar su experiencia en fermentación y dar servicio a la creciente demanda de clientes en esta área. Fernández añadió, que “en Biomar tenemos un futuro muy prometedor gracias a nuestras tecnologías que nos permiten desarrollar productos innovadores, sostenibles y rentables”.

Cuatroochenta, por su parte,  se ha presentado como una compañía joven con 5 años de trayectoria que, nacida en el mercado del desarrollo de apps para móviles, “desarrolla soluciones tecnológicas para ayudar a clientes y socios a gestionar el canal digital para la consecución de sus objetivos, ya sea vender u optimizar procesos”, según ha explicado Alfredo R. Cebrián, CEO de la firma, que cuenta con oficinas en 7 países con sede central en el parque tecnológico de la Universitat Jaume I de Castellón, Espaitec. Tras exponer los cuatro principales modelos de negocio de la compañía (desarrollo de apps ad hoc, productos propios como Sefici y 480interactive, Revenue Share y participadas), Cebrián ha detallado que el valor de la compañía es de 10 millones de euros y el capital ofrecido del 10%, “con el objetivo de acelerar el crecimiento en la internacionalización y el desarrollo de proyectos” mediante la salida al mercado de valores en los próximos tres años.

Por último, Housers, que ha recibido el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) como Plataforma de Financiación Participativa (PFP), es la primera plataforma de “crowdfunding inmobiliario” en lograr dicha autorización. Este reconocimiento coincide con su segundo aniversario, Es la primera comunidad de inversión participativa en el sector inmobiliario, pues se constituyó en abril de 2015 y fue creada por dos emprendedores, el madrileño, Álvaro Luna y el valenciano Tono Brusola. En este tiempo, ha logrado casi 23 millones de euros de financiación colectiva para 92 inmuebles. La revalorización media de los inmuebles se sitúa en un 12,12 %. En la actualidad, Housers reúne a una comunidad de pequeños inversores de casi 43.000 usuarios. El 65% de los inversores que deciden invertir, repiten y diversifican su inversión en varios proyectos inmobiliarios de la plataforma online. La rentabilidad neta media está alcanzando el 3,63% sólo por el alquiler. A medio plazo prevé superar los 160.000 usuarios y llegar a los 90 millones de euros de financiación colectiva para la adquisición de 300 inmuebles en España, para su posterior alquiler y venta.

Además de disponer del espacio virtual y físico en la Bolsa de Valencia, las empresas incorporadas y sus accionistas recibirán la formación del funcionamiento de los mercados por parte de los profesionales de BME que les permita avanzar en el cumplimiento de los requisitos necesarios para financiarse a través de los mismos.

 

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Los Juzgados especializados en “cláusulas suelo” se ponen en marcha el 1 de junio en Balears

4 de junio, 2017

Martes, 30 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en “cláusulas suelo” se ponen en marcha el 1 de junio en Balears

La nueva competencia se atribuye a un Juzgado de Mallorca, dos de Menorca y uno de Eivissa

Autor:Comunicación Poder Judicial
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 27 de mayo 2017 ha publicado el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial sobre atribución de competencias para la nueva clase de registro relativa a: contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Competencia

Desde el punto de vista material, esta nueva clase de registro incluye las denominadas “cláusulas suelo”. Desde el prisma territorial la nueva competencia se atribuye territorialmente a un solo órgano para cada provincia, salvo en las Islas.

La competencia se asigna en exclusiva, de modo que la nueva clase de registro será repartida y asignada solamente a un órgano en cada caso.

Su carácter no excluyente supone que ese órgano (Juzgado de 1ª Instancia) seguirá asumiendo -además- las mismas clases de registro que tenía antes.

Carga

La nueva carga es difícil de predecir. Se ha verificado un cálculo aproximado basado en los asuntos registrados durante la anualidad 2016, a los que deberá añadirse una cifra incógnita sobre el aumento que -a partir de ahora- supondrán los asuntos de esta clase.

En consecuencia las medidas son de carácter provisional (desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017), sin perjuicio de su prórroga o modificación ulterior, siempre en función de la carga efectivamente resultante al final del período.

Con ellas se ha tratado de afrontar anticipadamente un aumento de magnitud desconocida, pero que en determinados lugares eventualmente podría llegar a ser importante, de forma que reciba una gestión y tratamiento procesal separado y especializado.

– Separado: para que el aumento de asuntos de esta clase no incida negativamente como lastre sobre la actual carga de los Juzgados de 1ª Instancia.

– Especializado: para que en la mayor medida posible la resolución de esta clase de asuntos responda al mismo criterio y se acentúe la seguridad incluso desde la primera instancia.

Órganos

Como se ha adelantado, la competencia provincial que ha sido aplicada con carácter general, no ha tenido aplicación en las islas. Dicha competencia se ha atribuido:

Para Eivissa:
-Juzgado de 1ª Instancia nº. 2

Para Menorca:
-Juzgado de 1ª Instancia nº.3 de Mahón.
-Juzgado de 1ª Instancia nº.1 de Ciutadella de Menorca.

A partir del día 1 de junio la clase de registro mencionada será repartida con el aludido carácter exclusivo (pero no excluyente de las restantes) a cada uno de ellos, sin perjuicio de la correspondiente compensación (por esta nueva carga asumida) con los restantes Juzgados de 1ª Instancia en cada uno de esos Partidos judiciales.

Para Mallorca
– Juzgado de 1ª Instancia nº. 17 de Palma.

Dado que el volumen mínimo (calculado en función de los asuntos registrados durante la anualidad 2016) se mueve en torno a los 500 asuntos/año, en lugar de compensación con los restantes de su clase en el mismo Partido judicial, se le ha asignado un refuerzo para que esta nueva clase de asuntos, ahora asumida por este órgano, no incida efectivamente sobre la llevanza de los restantes, para los que seguirá siendo competente.

Por el momento, y en espera de la evolución que experimente la nueva carga, el refuerzo establecido por el CGPJ consiste en:

– 1 juez en prácticas, que podrá ser en su momento sustituido por un Juez de Adscripción Territorial, o un Juez en comisión de servicios.
– 1 gestor
– 2 tramitadores
– 1 auxilio.

El problema de orden práctico, reiteradamente puesto de manifiesto en los sucesivos acuerdos de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, lo constituye la falta de espacio en el edificio donde tienen su sede los Juzgados de 1ª Instancia de Palma, actualmente pendiente de una remodelación que permita ubicar todo el refuerzo planteado por el CGPJ.

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