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El Registro Mercantil contará con un nuevo Reglamento

21 de mayo, 2018

El Registro Mercantil contará con un nuevo Reglamento
Xavier Gil Pecharromán

18/05/2018 eleconomista.es
El Ministerio de Justicia ha abierto el plazo para una consulta pública previa sobre la propuesta de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que concluirá el 1 de junio.
Esta propuesta de reglamento tiene como objetivo prioritario la adaptación de la norma reglamentaria al conjunto de reformas sustantivas realizadas en los últimos años. Además, se propone configurar el Registro Mercantil como un registro electrónico e incorporar las normas sobre agilización de trámites y reducción de costes en la organización y funcionamiento de las sociedades y en sus relaciones con el Registro Mercantil.

Así, la Justicia basa la modificación del Reglamento del Registro Mercantil en las modificaciones introducida por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, para adaptarlo a los nuevos requisitos de acceso al Registro Mercantil de las operaciones de transformación, fusión y escisión, cesión global del activo y del pasivo, así como el traslado de domicilio al extranjero.

Junto con esta norma, el Ministerio de Justicia destaca también la importancia que adquiere el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y las sucesivas modificaciones que de este texto se han llevado a cabo, primero, por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, y, después, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

También en el ámbito del Derecho de sociedades se considera que es preciso establecer el procedimiento de inscripción de sociedades especiales o de subtipos societarios de ámbito europeo incorporados al Derecho español, e introducir otras reformas que afectan a aspectos concretos del funcionamiento de las sociedades.

Por otra parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización contiene varias disposiciones que exigen la reforma del Registro mercantil en relación con la llevanza en formato electrónico de los Registros mercantiles de conformidad con lo dispuesto en su artículo 19, así como con la inscripción de sociedades y de emprendedores de responsabilidad limitada y contenido normalizado de documentos estandarizados en cuyo caso es de aplicación la disposición final décima de dicha Ley.

Derecho comunitario

Por otra parte, destaca el Ministerio de Justicia que la Unión Europea ha reformado reiteradas veces la Directiva del Registro Mercantil (68/151/CEE) para incorporar las exigencias del registro electrónico, en el año 2003, y, luego, para integrar las exigencias de la Directiva 2012/17/EU, de 13 de junio, de interconexión de Registros Mercantiles.

Así las cosas, el texto reglamentario vigente, de 1996, no se ha adaptado a la transposición de la Directiva 2009/101/CE, de 16 de septiembre (nueva Directiva de Registro Mercantil) y en la Directiva 2012/17/EU, de 13 de junio, de interconexión de Registros Mercantiles.

Además, destaca Justicia en su texto de consulta, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria ha atribuido nuevas competencias a los Registradores mercantiles en materias muy dispersas y carentes de regulación disciplinaria a las que la Ley se remite.

A este respecto, concluye la consulta señalando que desde 1996 han sido numerosos y sustanciales los cambios normativos con relevancia mercantil registral, que hace que una parte muy considerable del texto reglamentario carezca de vigencia y que sea necesaria su reforma. Su mantenimiento sin la debida actualización puede afectar al principio de seguridad jurídica.

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El Gobierno obligará al comerciante a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en efectivo

20 de mayo, 2018

18 de mayo de 2018  mineco.gob.es

El Gobierno obligará al comerciante a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en efectivo

La normativa da cabida a dos nuevos servicios de pago: los servicios de iniciación de pagos y los agregadores de cuentas
Da acceso a los iniciadores y agregadores a las cuentas bancarias, previa autorización de los clientes
Se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en caso de pago no autorizado (extravío o robo)

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el que se traspone la Directiva europea 2015/2366. La nueva normativa, conocida como PSD2, crea un marco integrado de este tipo de servicios en la Unión Europea y pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles así como reforzar la seguridad en los pagos electrónicos.

La directiva europea va a introducir diferentes novedades. En primer lugar, se va a dar cabida a dos nuevos servicios de pago. Por un lado, a los servicios de iniciación de pagos, que son intermediarios, generalmente entre comerciantes y consumidores, que garantizan el pago del consumidor al comerciante directamente, constituyendo una alternativa a los pagos con tarjetas. A estos se suman, por otro lado, los servicios de información sobre cuentas (agregadores de cuentas), que son entidades que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías (categorías de gasto o de ingresos, por ejemplo). No obstante, las entidades que se dedican exclusivamente a uno de estos dos servicios de pago tendrán unas exigencias menores que el resto.

Así, la nueva regulación europea en materia de pagos conlleva cambios fundamentales en la industria al dar acceso a terceros a la infraestructura de los bancos. La PSD2 regula, de hecho, el acceso de terceros a las cuentas de los clientes de los bancos, bien para agregar la información (agregadores de cuentas) o bien para el inicio del proceso de pago (iniciadores de pago), en nombre y previa autorización del cliente.

A su vez, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye como novedad la exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso online a cuentas.

Por otro lado, se reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago. Y se reduce el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago (a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente).

Pero el Gobierno ha querido ir más allá de la trasposición y ha establecido la obligación de todo empresario o profesional de ofrecer a los consumidores la posibilidad de utilizar algún instrumento de pago sujeto a esta ley, como alternativo al dinero en efectivo, en transacciones cuyo importe supere la cantidad de 30 euros. El instrumento de pago disponible habrá de anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.

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Aumentan un 7,3% las presentaciones telemáticas de libros contables tramitadas por los registradores

19 de mayo, 2018

Aumentan un 7,3% las presentaciones telemáticas de libros contables tramitadas por los registradores

Notas de prensa – registradores.org

◾Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona, registros que más presentaciones han recibido en la campaña recién finalizada
◾La tasa de éxito en primer intento ha sido del 96,6% del total

11.05.’18.- Los servicios de presentación telemática del Colegio de Registradores de España han tramitado un 7,35% más de presentaciones de libros ante el Registro Mercantil respecto a los datos de 2017.

Los registros que más presentaciones han recibido han sido los de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Gerona, mientras que los que experimentan mayores incrementos respecto a 2017 son Valverde (29,2%), Ibiza (26,7%), Menorca (23,8%), Valencia (23,8%) y Pontevedra (19,3%). Otros incrementos significativos se sitúan en los registros más grandes, con subidas del 4,2% en Madrid y del 8,8% en Barcelona.

La tasa de éxito de presentación en primer intento ha sido del 96,6% del total. El acuerdo de nivel de servicio en contratación o ASL (Service Level Agreement) de la campaña ha sido del 100%, con plena disponibilidad y sin interrupciones en el servicio, por lo que la experiencia de usuario ha mejorado en la interacción de los servicios respecto del año pasado.

La ratio de presentación del sistema directo (desde el programa Legalia, que permite realizar el envío sin necesidad de conectarse a la web del Registro online del Colegio de Registradores) se sitúa en un 74% del total de presentaciones, un 3% más que el año 2017.

Todo empresario está obligado presentar a legalización los libros en el Registro Mercantil Provincial competente. La ley estipula que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios se legalizarán en soporte electrónico y se presentarán para su legalización en el Registro Mercantil competente, por razón del domicilio, por vía telemática, tras su cumplimentación, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social

Los servicios telemáticos del Colegio de Registradores permiten desde el año 2000 la presentación de todo tipo de documentos a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, promoviendo el derecho de los ciudadanos, empresas y administraciones a relacionarse con los Registros Públicos por medios electrónicos.

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La Unión Europea amplía el acceso a los registros de titulares reales

18 de mayo, 2018

La UE amplía el acceso a los registros de titulares reales
Xavier Gil Pecharromán

16/05/2018 – eleconomista.es

El Consejo ha dado su visto bueno a la conocida como Quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo, que amplía el acceso de las personas con interés legítimo para acceder al Registro de Titulares Reales de las sociedades.
El texto da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que facilitan las denominadas empresas buzón, a menudo usadas para blanquear capitales, ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los Papeles de Panamá.

La directiva se propone cerrar las vías a las finanzas de origen delictivo sin obstaculizar el funcionamiento normal de los sistemas de pago. La norma modifica la directiva 2015/849 y forma parte de un plan de acción lanzado tras la serie de ataques terroristas que sufrieron diversos países de la UE en 2016.

El texto aprobado afirma que “si bien ha habido mejoras significativas en la adopción y aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y en el respaldo a la labor de la OCDE en materia de transparencia por parte de los Estados miembros en los últimos años, es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión”.

Los Estados de la UE exigirán que los titulares reales de sociedades u otras entidades jurídicas, inclusive mediante acciones, derechos de voto, participaciones en el capital social, carteras de acciones al portador o el control ejercido por otros medios, proporcionen a estas sociedades o entidades jurídicas toda la información precisa para que cumplan con los requisitos exigibles por el Derecho de la UE.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (trusts), la información será accesible para los que puedan demostrar un “interés legítimo”, como periodistas y ONG.

Los Estados miembros podrán dar un acceso más amplio a la información, en línea con su legislación nacional. Así, deberán permitir el acceso a la información relativa a la titularidad real de una manera “suficientemente coherente y coordinada, estableciendo normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de determinados tipos de fideicomisos -del tipo trusts- e instrumentos jurídicos análogos”.

“Estas nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa mediante la eliminación de los medios disponibles para los terroristas”, dijo Vladislav Goranov, ministro de Finanzas de Bulgaria, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo. “Nos permitirán desarticular las redes delictivas sin comprometer los derechos fundamentales y las libertades económicas”, aseguró.

Desarticular redes delictivas

La directivaha sido adoptada en una reunión del Consejo de Asuntos Generales, sin debate, tras la aprobación del texto por el Parlamento Europeo, en la sesión del pasado 19 de abril de 2018.

La normativa viene a ampliar el acceso a la información sobre el beneficiario final, mejorando la transparencia en la propiedad de las empresas y los fideicomisos.

Abordar los riesgos relacionados con las tarjetas de prepago y las monedas virtuales. Impulsa la cooperación entre unidades de inteligencia financiera; e instituye controles mejorados de las transacciones que involucran a terceros países de alto riesgo, como son los paraísos fiscales.

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Declaración institucional de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional

17 de mayo, 2018

Declaración institucional de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional
poderjudicial.es
La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE), con ocasión de su reunión anual (XVIII edición), que está teniendo lugar entre los días 14 a 17 mayo de 2018, en Águilas (Región de Murcia), manifiesta su compromiso con la construcción del “espacio de libertad, seguridad y justicia” en la Unión Europea, con el juez europeo y con el principio de confianza mutua entre nuestros sistemas judiciales, como instrumentos esenciales para la efectiva materialización del principio de reconocimiento mutuo y la consolidación del Espacio Judicial Europeo.
El Poder Judicial de España dispone desde 1999 de una Red Nacional de Cooperación Judicial Internacional, sin parangón en otros países del entorno.
Dicha Red cuenta con sesenta y dos (62) magistradas y magistrados especializados en cooperación judicial internacional, presentes en todas las Comunidades Autónomas.
La REJUE, gestionada por el Servicio de Relaciones Internacional del Consejo General del Poder Judicial, tiene como principales funciones:
Dar apoyo técnico a todos los Juzgados y Tribunales españoles en procesos con implicaciones transfronterizas, en los que se promueven comisiones rogatorias y otros instrumentos de auxilio judicial internacional, así como de instrumentos propios del Derecho de la Unión Europea como las órdenes europeas de detención y entrega.
Elaborar y mantener información actualizada sobre instrumentos normativos de cooperación judicial internacional a través del prontuario de auxilio judicial internacional. El prontuario es un documento en formato papel y en formato web (objeto de constante actualización), que ofrece a Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, y otras profesiones jurídicas, un instrumento o guía de uso sencillo y ágil, para dar respuesta a las cuestiones que se pueden generar ante la existencia de elementos internacionales en un proceso cualquiera que sea su índole (civil, penal, laboral o contencioso administrativo). El prontuario permite identificar los convenios internacionales u otras normas jurídicas aplicables a las situaciones más usuales en esta materia, y proporciona información sobre las diferentes instituciones que pueden ofrecer un apoyo suplementario (redes judiciales europeas, españolas o iberoamericanas, Eurojust, etcétera) con directorio de contactos.
La REJUE, que este año celebra su XVIII edición, mantiene anualmente una reunión presencial de cuatro días donde a través de talleres prácticos se abordan cuestiones de mayor actualidad en materia de cooperación y auxilio judicial internacional. En esta reunión, además de los sesenta y dos miembros de la Red, interviene la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, así como los magistrados de enlace españoles en Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Reino de Marruecos, así como los magistrados de enlace franceses, del Reino Unido y Marruecos. También participan representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil y otras instituciones y redes de cooperación judicial en el ámbito iberoamericano (IberRed).
Paralelamente a este encuentro se celebra el XII encuentro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE), cuya función esencial es la de apoyo técnico y consulta a los miembros de la carrera judicial en materia de Derecho de la Unión Europea. Esta edición ha contado con la participación de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

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Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal

16 de mayo, 2018

Lunes, 14 de mayo de 2018 poderjudicial.es

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

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El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 fueron dictadas por juezas o magistradas

15 de mayo, 2018

Lunes, 14 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 fueron dictadas por juezas o magistradas

El CGPJ publica el informe “Una perspectiva de género en la Justicia”, que analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial. Además de en la Carrera Judicial, donde representan el 53,2 %, las mujeres son mayoría entre los letrados de la Administración de Justicia (67,5 %) y en la Carrera Fiscal (64,1 %)

Autor:Comunicación Poder Judicial

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por juezas y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo.

Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

* Puede acceder a los datos del informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2018 en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/

El 53,5 por ciento de las sentencias, dictadas por mujeres

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas.

Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

* Consulte el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” y otros boletines de información estadística en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/Datos-de-Justicia

 

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Fortaleza

14 de mayo, 2018

Fortaleza

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El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con nuevas normas de conducta y más transparencia en la venta de seguros

14 de mayo, 2018

11 de mayo de 2018 mineco.gob.es
El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con nuevas normas de conducta y más transparencia en la venta de seguros

El Proyecto de Ley, que traspone una directiva europea, establece condiciones de competencia equitativa para todos los operadores
El cliente deberá ser informado de todos los costes y gastos asociados al producto así como de sus riesgos
Se refuerza el régimen de infracciones y sanciones, con un aumento notable de estas últimas
La norma modifica la estructura del mercado y reconoce como distribuidores a más actores, como las entidades aseguradoras

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, con el que se transpone la Directiva 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016. Esta nueva normativa europea, que inicia su tramitación parlamentaria para adaptarla al ordenamiento jurídico español, persigue dos objetivos fundamentales. Por un lado, aumentar la protección de los asegurados mediante el incremento de la transparencia, evitando conflictos de interés o diseñando productos más adecuados para el consumidor. Pero, a su vez, se trata de establecer unas condiciones de competencia equitativa para todos los operadores del sector, que sean adecuadas y proporcionadas a los distintos tipos de canales distribución.

Para ello, se refuerzan las normas de conducta y transparencia y se establecen requisitos adicionales para la distribución de productos de inversión basados en seguros. Se evitarán así conflictos de interés que puedan perjudicar al cliente. En este sentido, se debe informar al asegurado de todos los costes y gastos asociados; advertirle sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y proporcionarle una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión cuando se ofrezca asesoramiento.

Se introduce el concepto de ventas vinculadas y combinadas, es decir, aquellas que ofrecen productos de seguros conjuntamente con otros servicios o productos distintos de los seguros como parte de un mismo paquete o acuerdo. El distribuidor de seguros deberá informar en este caso si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada, e indicarle los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente.

Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en el diseño, aprobación y control de estos: los distribuidores de seguros que diseñen sus propios productos para su venta deberán elaborar, mantener y revisar un proceso de aprobación para cada uno de estos productos, así como de las modificaciones que estos puedan sufrir con el paso del tiempo. Deberán igualmente identificar el mercado al que se destina el producto.

A su vez, se refuerza el régimen de infracciones y sanciones. Se establecen procedimientos específicos para canalizar las denuncias públicas frente a infracciones en materia de distribución de seguros y reaseguros, fomentando así la colaboración de los profesionales que trabajen en el sector, sin que ello implique riesgos laborales para los que comuniquen estas irregularidades. Pero también se refuerzan los poderes de supervisión de las autoridades de los Estados miembros, de tal manera que se mejore la protección de los usuarios de seguros privados. A todo esto se suma una subida notable de las sanciones actuales (por disposición de la Directiva).

Este Proyecto de Ley modifica la estructura del mercado de la distribución de seguros y reaseguros, fijando la tipología de distribuidores y los requisitos para acceder a esta actividad. En total, va a afectar a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes de seguros sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a los sujetos a la supervisión de las Comunidades Autónomas, y a todas las entidades de seguros que distribuyan seguros directamente.

Así, se pasa a considerar como distribuidores de seguros y reaseguros, más allá de los mediadores tradicionales (agentes y corredores), a las entidades aseguradoras y reaseguradoras; a los mediadores de seguros complementarios, entre los que se incluyen a los participantes en el mercado que distribuyen productos de seguros con carácter accesorio; y a los comparadores de seguros. Además, en el caso de los operadores de banca-seguros, la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito podrá poner su red de distribución a disposición de más de un operador de banca-seguros.

La norma prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.

En cuanto a los requisitos para acceder a la actividad, se refuerzan los de profesionalidad y competencia de los mediadores de seguros y reaseguros, así como de los empleados de entidades aseguradoras que intervengan en la distribución de seguros, de forma que sus conocimientos profesionales estén en consonancia con el nivel de complejidad y naturaleza de sus actividades.

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Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones de calefacciones centrales sean económicamente rentables

13 de mayo, 2018

Nota de prensa  –  cafmadrid.es
Termina el plazo de información pública del Proyecto de Real Decreto que regula los repartidos de costes de calefacciones centrales
Los administradores de fincas piden que las nuevas instalaciones sean económicamente rentables
• Los edificios tendrán que instalar contadores individuales de calefacción antes de 2022
Madrid, 4 de abril de 2018.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sometido a información pública, antes de su publicación en el BOE, el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, un capítulo que, según la Comisión Europea, tenía que haber sido de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de enero de 2017.
“El decreto llega tarde, sin el debate público necesario, empujado por Bruselas y sobre todo por un sector instalador cuyos argumentos no han tenido, al menos hasta el momento, el suficiente contraste público”. “Las experiencias que se vienen conociendo, si bien indican una reducción del consumo de energía, no confirman que se produzcan ahorros económicos en el recibo que se cursa a los vecinos”, señala Manuela Julia Martínez, presidenta en funciones de CAFMadrid. Por tanto, insiste que “habrá que estar muy vigilantes para que todo proyecto que se vaya a realizar `sea económicamente rentable´ como el mismo borrador de Real Decreto alerta”.
Según este Proyecto de RD, los edificios colectivos con sistema de calefacción central deberán tener instalados contadores individuales que midan el consumo de calor y frío de cada vivienda o local, “siempre que sea técnicamente viable y económicamente rentable”. Pero, en el caso de calefacción, y si la anterior opción no es posible, el Gobierno impondrá la obligación de instalar repartidores de costes de calefacción, unos dispositivos que se colocan en cada uno de los radiadores de las viviendas.
CAFMadrid lamenta que no se tenga en cuenta la necesidad de instalar válvulas termostáticas que permitan regular el caudal de agua que entra en cada uno de los radiadores y, con ello, la temperatura de cada una de las habitaciones independientemente a las demás.
“Conviene indicar también que para un correcto funcionamiento de las instalaciones, sobre todo las más antiguas, es preciso un equilibrado hidráulico del sistema e incluso la instalación de bombas de frecuencia variable”, añade Martínez.
Este Proyecto de Real Decreto somete a una evaluación técnica y otra económica la obligación de instalar los contadores de calorías en las comunidades de propietarios. “Si se concluye que es económicamente rentable, el titular tendrá la obligación de solicitar a una empresa instaladora o mantenedora, habilitada de conformidad con el RITE, un presupuesto en el que se determine, entre otras cuestiones, la viabilidad técnica y rentabilidad económica de la instalación concreta”, menciona el borrador.
A este respecto, los administradores de fincas consideran que las empresas (mantenedoras o no) de la instalación térmica centralizada, no deben de tener intervención alguna en el asesoramiento a las comunidades de propietarios. “Dicha competencia deberá ser exclusiva de ingenieros industriales debidamente acreditados para ello”, destaca Martínez.
También se establece un periodo transitorio para la instalación de repartidores de costes de calefacción, tal como había solicitado CAFMadrid durante la Consulta Pública. En este sentido, la fecha límite de instalación varía en función de que el número de viviendas sea mayor o menos que 70 y a la zona climática donde se ubique el edificio. En Madrid, por ejemplo, las instalaciones deberán realizarse con anterioridad a 2021, mientras que en otras zonas con clima más templado, como Cáceres o Jaén, la fecha límite será 2022.

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El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

13 de mayo, 2018

Viernes, 11 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Llarena remite un escrito a Alemania con información complementaria para la entrega de Puigdemont y otro a Bélgica por Puig, Comin y Serret

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha remitido un escrito a la Fiscalía de Alemania en respuesta a la solicitud de información complementaria que se le requirió en relación a la orden europea de detención y el procedimiento de entrega a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, procesado por el instructor por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos en relación al proceso secesionista catalán.

El magistrado expone que, de acuerdo a las reglas de la Orden Europea de Detención (OED), el Estado requerido sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio, sea cual sea el ‘nomen iuris’ que merezcan los hechos en Alemania. “Por ello, confiamos que autoricen la extradición del procesado Puigdemont por los hechos que han sido inicialmente calificados por la autoridad judicial de emisión como delito de rebelión”, señala.

En cuanto al delito de malversación/corrupción, señala el juez que está dentro del catálogo de delitos prevista en la Decisión Marco sobre la OED en relación a los cuales el Estado requerido debe proceder a la entrega aun cuando los hechos no sean constitutivos de delito en dicho Estado. En virtud de esta regla, “confiamos que autoricen la entrega del procesado Puigdemont, respecto de los hechos que nuestro ordenamiento jurídico cataloga como delito de malversación/corrupción”, indica el juez.

En cuanto a los hechos que el instructor en su auto de procesamiento considera delito de rebelión, añade que “con independencia de cuál sea el delito que constituyan estos hechos en Alemania o cual sea la gravedad de la calificación conforme a su ordenamiento jurídico, estamos convencidos de los hechos que se relatan en el Auto de Procesamiento y en el apartado e) de la OEDE, son constitutivos de algún tipo de infracción penal en Alemania”. “No resultaría entendible que los hechos descritos en nuestro Auto de 21 de marzo de 2018, si se ejecutaran con capital exclusivamente privado, puedan ser cometidos por el Presidente de un Land, sin contrariar la ley penal alemana en ninguno de sus preceptos”, agrega.

“Los hechos en España -explica Llarena- pueden ser constitutivos de un delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Este delito tiene como bien jurídico protegido el orden constitucional y exige en nuestro país de un alzamiento violento y público, siempre que la acción se realice -entre otros- para alguno de estos fines: Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución, Declarar la independencia de una parte del territorio nacional, o Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Agrega que, “alternativamente, los hechos podrían ser calificados como un delito de sedición del artículo 544 del Código Penal. Este delito exige de un alzamiento público y tumultuario, para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de la autoridad o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público”.

El juez precisa que, de estas calificaciones, el Auto de 21 de marzo de 2018 opta por la calificación como delito de rebelión, por cuanto el artículo 8 del Código Penal español da preferencia al precepto especial sobre el general y al tipo penal que contemple mayor pena.
En todo caso, resalta que la concepción del Auto de procesamiento en nuestro derecho (como ocurre también con el análisis que debe hacer el Estado requerido respecto de una OEDE), fija que lo jurídicamente relevante en el auto de procesamiento sean los hechos que se atribuyen y no la calificación jurídica que como referencia pueda hacer el instructor. Con independencia de la calificación del instructor, el Ministerio Público podrá formular acusación por el tipo penal que fija el auto de procesamiento o puede optar por cualquiera de las calificaciones alternativas expuestas.

En cualquier caso, él entiende que la violencia ha tenido una entidad suficiente como para condicionar todos los resortes de gobierno y poder del Estado, y que eso tiene que tener reflejo en el tipo penal que analizan.

Y añade: “No resultaría entendible que el presidente de un Land alemán pueda impulsar una actuación como la que hemos descrito y que esa actuación no suponga un quebranto del orden penal alemán si se cuida que todo se ejecute con capital privado”.

En otro escrito, el juez se dirige a la Fiscalía de Bélgica en relación a la petición de entrega de los también procesados en la misma causa Luis Puig, Antonio Comin y Meritxell Serret, los tres exconsellers del Govern autonómico catalán presidido por Puigdemont.

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El juez Pablo Llarena forma una pieza separada respecto de los siete procesados por el proceso secesionista de Cataluña que están en rebeldía

12 de mayo, 2018

Viernes, 11 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Pablo Llarena forma una pieza separada respecto de los siete procesados por el proceso secesionista de Cataluña que están en rebeldía

El magistrado considera que existen elementos suficientes para que sean juzgados de forma independiente

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña, ha acordado formar una pieza separada respecto de los siete procesados que están declarados en rebeldía, al considerar que existen elementos suficientes para que sean juzgados de forma independiente.

Llarena atiende así la petición que la Fiscalía del alto tribunal le formuló en este sentido.

En una providencia notificada este viernes, el juez señala que, “en cuanto a la solicitud de formación de pieza separada, tal y como permite el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal teniendo en cuenta la situación procesal de los procesados Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comin Oliveres, Lluís Puig Gordi, Meritxell Serret Aleu, Clara Ponsatí Obiols, Marta Rovira Vergés y Anna Gabriel Sabaté, declarados en rebeldía, y considerando que existen elementos suficientes para ser juzgados de forma independiente, procede la formación de pieza separada respecto a los mismos”.

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La Audiencia de Sevilla absuelve de un delito de usurpación a una mujer que ocupó una vivienda “con el consentimiento” de su propietario

11 de mayo, 2018

Miércoles, 9 de mayo de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia de Sevilla absuelve de un delito de usurpación a una mujer que ocupó una vivienda “con el consentimiento” de su propietario

La mujer, en su día, fue titular registral de la vivienda pero perdió su propiedad por impago de la hipoteca

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a una mujer de un delito leve de usurpación de bien inmueble al considerar que “no se trata de una persona que ha ocupado la vivienda sin la voluntad de su propietario, sino con el consentimiento de la misma durante más de cuatro años”.

En la sentencia, fechada el día 8 de mayo, el tribunal estima de este modo el recurso de apelación interpuesto por la encausada contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor que la condenó al pago de una multa de 360 euros por un delito leve de usurpación de bien inmueble del artículo 245.2 del Código Penal, así como al desalojo inmediato de la vivienda.

La Sección Séptima de la Audiencia pone de manifiesto que, en este caso, se ha acreditado que la recurrente ha sido propietaria del inmueble a partir de su adquisición en escritura pública del mismo junto a su marido a partir del año 2005, así como que durante años estuvo abonando el crédito hipotecario de 88.000 euros que pesaba sobre la vivienda, todo ello “hasta que dejaron de pagarla”. De este modo, la vivienda se adjudicó entonces a la entidad bancaria titular de dicho crédito y posteriormente al denunciante.

También se ha probado documentalmente que la denunciada abona los suministros de luz y agua desde el año 2012 y que el IBI que pesa sobre la misma “continúa a nombre” del marido de la encausada hasta el momento de la denuncia que dio lugar a la causa, todo ello “a pesar de que el inmueble es propiedad de la denunciante desde diciembre de 2012”.

El tribunal asevera que, “en definitiva, en función de estos datos objetivos es fácil colegir que desde el año 2012 la apelante ocupa la vivienda a ciencia y paciencia del titular registral, quien no ha asumido una de las cargas tributarias periódicas derivadas de la propiedad de un inmueble como el IBI”, punto en el que la Audiencia alude a una sentencia de 12 de noviembre de 2014 del Tribunal Supremo para fundamentar su decisión de absolver a la denunciada.

“Entiendo que no nos hallamos ante un delito de usurpación, puesto que si bien es cierto que la apelante en la actualidad carece de título jurídico que legitime esa posesión, no lo es menos que ha sido autorizado para ocupar el inmueble durante más de cuatro años en calidad de precarista”, por lo que “la ocupación de la vivienda, conforme a la sentencia del TS citada, no debe reputarse como delictiva, y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar” la posesión del inmueble de su propiedad ocupado por la apelante, concluye la Audiencia.

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Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las empresas

10 de mayo, 2018

Los registradores defienden la obligación de declarar el titular real de las empresas
Xavier Gil Pecharromán

8/05/2018 – eleconomista.es
Aseguran que los modelos de presentación no atentan contra la intimidad

El Colegio de Registradores ha anunciado en una nota de prensa que defiende la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales planteado por la nueva Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales homologa nuestro sistema a los europeos.
Así, considera que los nuevos modelos de presentación de cuentas no atentan contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios pues la orden solo se refiere a aquellos que ostentan el 25% o más del capital social.
El modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y no puede decirse que atente a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

La publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet.

Señalan los registradores, que según recoge la Directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo, las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada.

Indican que contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia Directiva, pueda modularse el acceso si éste puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad.

Además, la propia Directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la Directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

En estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la Directiva (artículo 30.5c).

Por último, explican que no se puede olvidar que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la Directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia.

La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la Directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles-

por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.

En definitiva, concluyen que esta medida se suma a la lucha contra la lacra del blanqueo de capitales, donde cualquier esfuerzo debe ser acogido. No sobra nadie y por ello su impugnación ante la Audiencia Nacional por Cepyme y el Notariado, les causa perplejidad.

La patronal Cepyme y el Consejo General del Notariado han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la obligación de declarar ante el Registro Mercantil los titulares reales de las sociedades junto con la rendición de las cuentas anuales.

El recurso va dirigido contra una parte de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, al considerar que entraña un “atentado al derecho a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios”.

El Colegio de Registradores de España, por su parte, se planteó ayer presentarse como coadyuvante de la Fiscalia en el litigio para defender al Estado, según pudo saber elEconomista de fuentes solventes.

Esta Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de marzo, aprobó los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación

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El juez Pablo Llarena rechaza los recursos de Puigdemont y otros 22 investigados contra su procesamiento

10 de mayo, 2018

Miércoles, 9 de mayo de 2018 poderjudicial.es

El juez Pablo Llarena rechaza los recursos de Puigdemont y otros 22 investigados contra su procesamiento

Reafirma que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de delito de malversación recogidos en su investigación. Rechaza que los miembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia tuviesen inviolabilidad parlamentaria ya que fueron “mero instrumento de una actuación delictiva”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez Pablo Llarena ha desestimado los recursos de reforma planteados por 23 investigados en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña contra el auto de procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo, y donde detalló indicios de delitos de rebelión, malversación de caudales públicos o desobediencia contra dichas personas. El instructor reafirma en el nuevo auto que en los hechos concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión, así como que los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, el auto destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

Respecto a la “inviolabilidad parlamentaria” esgrimida por los miembros de la Mesa de Parlament contra su procesamiento por delito de desobediencia, el magistrado contesta que la misma no protege a quien convierte la sede de representación ciudadana “en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva” ideada desde fuera de la actividad parlamentaria.

Rebelión y violencia

En su auto, rechaza la pretensión de algunos de los recurrentes que cuestionan el procesamiento por el delito de rebelión por entender que no se ha producido un alzamiento violento o por ausencia de la finalidad secesionista que exige este tipo penal. Señala que la actuación desplegada por los procesados el día 20 de septiembre satisface inicialmente la consideración de fuerza violenta y que en los acontecimientos del 1-O ésta se expresó con el resultado lesivo de numerosos agentes, lo que patentiza su concurrencia en los hechos que se enjuician en un comportamiento que va más allá de la legítima reivindicación de un posicionamiento político-ideológico.

En esta misma línea, considera que las actuaciones violentas no se muestran como un resultado imprevisto en la movilización impulsada por los investigados, sino que fue “conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos, de suerte que el dolo eventual que apuntan los recursos, sólo se muestra como la inferencia subordinada a la concurrencia de un dolo directo”.

Del mismo modo, niega que “la violencia ejercida careciera de idoneidad, relevancia y suficiencia como para lograr la consecución del fin secesionista que integra el delito de rebelión. Es cierto que la funcionalidad de la violencia, si bien no exige que resulte irresistible o invencible para quien la soporta, sí ha de presentar una suficiencia y eficacia que objetivamente la habilite para la consecución del resultado”.

El magistrado destaca que la insurrección en la que se insertó esta movilización con expresiones de violencia fue de tal envergadura que dos días después de la votación y de que se impulsaran nuevas movilizaciones con cortes de carreteras, su Majestad el Rey, como jefe del Estado, dirigió un mensaje a la Nación y reclamó al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que respetara el orden constitucional democrático, y apeló a todos los funcionarios del Estado y de las Comunidades Autónomas a que cumplieran con sus obligaciones constitucionales.

Como consecuencia del quebranto del ordenamiento jurídico, el juez recuerda que cerca de 3000 empresas (con un volumen de facturación de 44.000 millones de euros), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña, y que el Gobierno tuvo que salir al paso de una delicada retirada masiva de fondos de las entidades financieras domiciliadas en Cataluña.

Sedición, conspiración para la rebelión

En cualquier caso, el juez explica que el auto de procesamiento en un proceso vincula a las partes en cuanto a los hechos imputados y a las personas responsables, pero la ausencia de determinación expresa de un delito en la calificación incorporada en la referida resolución, o una divergencia con ella, no impide que la acusación provisional o definitiva que llegue a formularse, pueda ser diferente siempre que su base fáctica se encuentre en el auto.

En ese sentido, indica que, en el caso hipotético de que no se acreditara, como pretenden los recurrentes, que la violencia carecía de capacidad funcional para lograr el propósito independentista, ello no conduciría al sobreseimiento de las actuaciones, ya que los hechos recogidos en el Auto de procesamiento impugnado, por más que sean evaluados en el sentido que postulan los recursos, no excluyen que las acusaciones puedan sustentar una acusación por sedición del artículo 544 y concordantes del Código Penal.

Del mismo modo, el juez explica que, aunque el proceso nunca se hubiera orientado a una declaración unilateral de independencia, como también sostienen los recursos, sino a forzar al Estado a modificar la realidad constitucional, el hecho de que el ejercicio ilegal de sus funciones de gobierno, junto a la desobediencia institucional y al contexto de que el alzamiento violento pudiera emerger como condicionante esencial, tampoco excluiría una acusación por delito de conspiración para la rebelión.

Matizaciones de Montoro silenciadas por las defensas

Los procesados alegaron que las declaraciones públicas del ministro de Economía y Hacienda en las que supuestamente negaba el uso de dinero público para el 1-0 hacen insostenible el procesamiento por este delito de malversación. Después de examinar el contenido completo de las declaraciones de Cristóbal Montoro, el juez concluye que de su mera lectura se deduce que las mismas “fueron acompañadas de una serie de matizaciones que, en ejercicio del derecho de defensa que corresponde a los investigados, estos silencian en su intento de aportar contundencia a su exculpación”. Afirma que, pese a proclamar un principio de confianza respecto de los funcionarios de la administración autonómica, el ministro recoge “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

El juez precisa que la información remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda evidencia la incorrección del alegato de los recurrentes, pues “no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat que se ha llevado por el Ministerio de Hacienda detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime), determinados marcadores que sugerían lo que el Auto de procesamiento sostiene, impulsando por ello el Ministerio de Hacienda a que se realizara la indagación judicial que en este procedimiento se desarrolla”.

En su auto, recoge que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha dictado cuatro acuerdos, conforme con las previsiones de la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el control presupuestario de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Los mismos -indica el juez- establecen mecanismos de control que descansan en el suministro de información de alcance estrictamente presupuestario y contable, a partir de un sistema de certificados y de declaraciones responsables, de suerte que el control primero no supone necesariamente que la realidad fáctica o material sea coincidente con la documentación presupuestaria y contable con la que se cuenta.

El magistrado detalla que, además de los controles administrativos, el Ministerio ha reclamado información de control a través de diversos requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que desde el mes de septiembre de 2017 Hacienda ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Catalunya en relación con las campañas promocionales del referéndum, además de la financiación a través del Diplocat de los gastos generados por los expertos internacionales contratados para el seguimiento del referéndum.

El juez subraya que “la alegación de las defensas de que el procesamiento por este delito es injustificado, utilizando para ello una mención incompleta de las manifestaciones hechas por el Ministro de Hacienda en una entrevista periodística, no desbarata los indicios que la investigación recoge. Antes al contrario, se aprecia que algunos de los indicios de fraude surgidos con ocasión del control presupuestario y denunciados en su día ante la Fiscalía General del Estado, son coincidentes con la investigación de la realidad fáctica que sostiene esta instrucción”.

En su auto, aglutina los indicios del presunto delito de malversación investigado, tanto los que existían cuando se dictó el auto de procesamiento como los reunidos en la pieza secreta que se levantó después de esa fecha. Así, enumera las pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos (una campaña en abril 2017 con el eslogan “sí o no” sobre el mapa de Catalunya y otra campaña el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participación en la votación del 1-O), la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa “The Hague Centre for Estrategic Studies” y gastos de DIPLOCAT).

Actos no amparados por la inviolabilidad patlamentaria

El juez rechaza el argumento de los procesados por el delito de desobediencia en el que alegan que su actuación estaría en cualquier caso exenta de responsabilidad, en atención a la inviolabilidad parlamentaria que recoge el artículo 57.1 del Estatuto de Cataluña. En este sentido, responde que ello no es así “no sólo porque su actuación desborda su labor parlamentaria, al importar y convertir la sede de representación ciudadana en un mero instrumento para facilitar la ejecución de una actuación delictiva ideada, propiciada, impulsada y coordinada desde fuera de la actividad parlamentaria, sino porque ejercieron su parlamentarismo con desatención de los mandatos que, en defensa de los derechos constitucionales de todos, emitió el Tribunal Constitucional, y que lo hizo precisamente en aplicación de los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico establece para conducir la actuación del Parlamento Estatal y de los Parlamentos autonómicos”, concluye el magistrado.

Añade que no puede entenderse en modo alguno que “la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, creada para garantizar un funcionamiento libre de la cámara autonómica de representación de los ciudadanos, para favorecer así el mejor disfrute de los derechos constitucionales, opere como instrumento que permita desactivar las previsiones de la norma suprema, permitiendo eludir la función específica que tiene el Tribunal Constitucional de que estas transgresiones se corrijan”.

“A la vista de la determinación con la que se ha conducido el largo y concertado plan para la independencia, televisado incluso en directo en alguno de sus pasajes para que pudiera ser presenciado por cuantos tuvieron la ilusión o la angustia de seguirlo de cerca, debería ruborizar el alegato de que la Mesa vino forzada a tolerar las iniciativas secesionistas del Parlamento por exigencias reglamentarias”, subraya el magistrado.

El magistrado considera que el comportamiento de los procesados “no deriva de una actuación ignorante u osada, sino dolosa, no sólo por el protagonismo explícito que han tenido en impulsar el proceso la mayor parte de ellos, sino porque el artículo 243 del Reglamento del Parlamento de Cataluña expresa que el Secretario General del Parlamento, bajo la dirección del presidente y de la Mesa del Parlamento, cumple las funciones técnicas de apoyo y asesoramiento de los órganos rectores del Parlamento, asistido por los letrados del Parlamento”, lo que se hizo en este caso.

Competencia de la Sala

En contra de lo que sostienen algunos de los recurrentes, el juez reitera la competencia del Tribunal Supremo, ya que algunos de los comportamientos que se han desplegado para dar satisfacción al elemento tendencial de la independencia, han desbordado el territorio que justificaría la actuación del Tribunal Superior de Cataluña, es decir, exceden del territorio de dicha comunidad autónoma.

Así, Llarena afirma que la agenda intervenida a José María Jové refleja la importancia de favorecer un apoyo internacional a la secesión catalana, como también recoge el Libro Blanco para la independencia de Cataluña. Además, se refiere al hecho de que, de acuerdo a testimonios y pruebas que obran en la causa, las urnas empleadas en el referéndum se compraron en el extranjero, donde también se imprimieron muchas de las papeletas utilizadas en la votación, del mismo modo que también en el exterior se captó a los observadores internacionales que participaron en legitimar el resultado del referéndum.

Personación investigados fugados

El expresidente de la Generalitat, junto a los exconsejeros fugados -Puig y Ponsatí-, solicitaron la nulidad de todo lo actuado por entender que se les había causado indefensión al no habérseles permitido su personación en el proceso hasta que se dictaron las órdenes europeas de detención el pasado 23 de marzo. A esta pretensión, el juez responde que esa medida era proporcionada en el momento en el que se adoptó, al resultar evidente que con su fuga al extranjero y retiradas las iniciales ordenes internacionales y europeas de detención, “el único elemento con el que se contaba para incentivar la comparecencia procesal de los encausados era la restricción defensiva que se impugna”.

El juez Pablo Llarena desestima los recursos de reforma interpuestos por 23 procesados y por la acusación particular ejercida por el partido político VOX contra el auto del pasado 21 de marzo en el que acordó el procesamiento por un delito de rebelión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, del exvicepresidente Oriol Junqueras, de siete exconsellers de su gobierno -Joaquin Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa-, de la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, del de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

El magistrado procesó por delitos de malversación de caudales públicos y de desobediencia a los otros cinco exconsellers del Gobierno catalán -Meritxell Borrás, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. También acordó el procesamiento por este mismo de malversación, de los procesados por el delito de rebelión -Puigdemont, Junqueras y siete exconsellers. Por último, los cinco exmiembros de la mesa del Parlament de Catalunya -Luis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la exportavoz Anna Gabriel fueron procesados por un delito de desobediencia.

En cuanto al recurso de Vox, que reclamaba incluir en el procesamiento al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, el juez lo rechaza porque en la investigación no se ha incorporado ningún elemento probatorio que les vincule suficientemente ni con el ejercicio de la violencia desplegada ni con que previeran su utilización en el momento en el que desplegaron su actuación.

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EL TC admite a trámite el recurso de amparo de Jordi Sánchez contra la denegación del supremo de la libertad provisional y de un permiso penitenciario, pero sin adoptar cautelarísimas

10 de mayo, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 44/2018  tribunalconstitucional.es
EL TC admite a trámite el recurso de amparo de Jordi Sánchez contra la denegación del supremo de la libertad provisional y de un permiso penitenciario, pero sin adoptar cautelarísimas
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Jordi Sánchez Picanyol contra el auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2018, que le niega el permiso para que un preso preventivo acuda al debate de su investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, y contra el auto de 20 de marzo de 2018 de la Sala Penal del Supremo denegatorio de la libertad provisional.
En el primero de los autos, el recurrente solicita como medida cautelar que se le permita la participación en el Pleno de investidura mediante videoconferencia, argumentando que se ha vulnerado su derecho a participar en los asuntos públicos y a acceder a los cargos públicos del artículo 23.2 de la CE en relación con el derecho a la presunción de inocencia. En el segundo auto, Sánchez cuestiona que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia por inexistencia de indicios de delito y de riesgo de reiteración delictiva. También impugna una vulneración de su derecho a la libertad ideológica (artículo 16 CE) y a la participación en asuntos públicos (artículo 23 CE).
Respecto a las medidas cautelares solicitadas, el Pleno “no aprecia la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.1 de la LOTC”. En cambio, sí procede “formar pieza separada y conceder un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al solicitante en amparo para que efectúen alegaciones respecto a dicha petición”.
El Tribunal considera que en ambos casos queda “justificada la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo porque se plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

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El TC, por unanimidad, admite a trámite el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra el auto del Tribunal Supremo que confirma su ingreso en prisión provisional

10 de mayo, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota Informativa nº 43/2018 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, admite a trámite el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra el auto del Tribunal Supremo que confirma su ingreso en prisión provisional
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una providencia en la que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Oriol Junqueras contra el auto 1/17 de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que confirmaba el mantenimiento de la prisión preventiva incondicional acordada por la Audiencia Nacional.
El recurrente considera que se han vulnerado, entre otros, los derechos a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y al juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 CE); a la libertad personal (artículo 17.1 CE) o a la participación política (artículo 23 CE).
El Tribunal entiende que en el presente recurso está justificada la “especial trascendencia constitucional en tanto que plantea una cuestión jurídica relevante que afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
En consecuencia, el Pleno accede a la solicitud del recurrente de “formar pieza separada de suspensión” y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la LOTC, acuerda “dirigir comunicación a la Sala Penal del Tribunal Supremo para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la causa especial 20907/2017”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

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El TC admite a trámite el recurso de amparo de Ciudadanos contra el acuerdo de la mesa del Parlament que permite el voto delegado de Comín y Puigdemont, pero sin adoptar medidas cautelarísimas

10 de mayo, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 42/2018 tribunalconstitucional.es
El TC admite a trámite el recurso de amparo de Ciudadanos contra el acuerdo de la mesa del Parlament que permite el voto delegado de Comín y Puigdemont, pero sin adoptar medidas cautelarísimas
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite el recurso de amparo presentado por diputados de Ciudadanos contra los Acuerdos de la Mesa del Parlament de los días 3 y 24 de abril de 2018, en los que se admiten la delegación de voto de los diputados Carles Puigdemont y Antoni Comín, respectivamente.
La providencia argumenta que “el recurso plantea un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
Además, “el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante que tiene, además, unas consecuencias políticas generales”.
El Tribunal, en aplicación del artículo 51 de la LOTC, acuerda: “Dirigir comunicación al Parlamento de Cataluña para que en un plazo que no exceda de diez días remita certificación de los acuerdos requeridos de la Mesa”. Asimismo, “se emplaza a quienes sean parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en un plazo de diez días puedan comparecer”.
Por otra parte, el Pleno “no aprecia la urgencia excepcional a la que se refiere el artículo 56.6 de la LOTC de adoptar medidas cautelarísimas”. No obstante, sí acepta “la apertura de pieza separada de suspensión, por lo que se concede un plazo de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que efectúen alegaciones”.
Madrid, 8 de mayo de 2018

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Los registradores defienden la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales

9 de mayo, 2018

Los registradores defienden la declaración del titular real de las empresas en el Registro Mercantil para luchar contra el blanqueo de capitales

Notas de prensa – registradores.org

◾La nueva Orden Ministerial de presentación de cuentas anuales homologa nuestro sistema a los europeos
◾Los nuevos modelos de presentación de cuentas no atentan contra la intimidad de los pequeños y medianos empresarios pues la orden solo se refiere a aquellos que ostentan el 25% o más del capital social
◾El Registrador Mercantil calificará la información del titular real y valorará el interés legítimo

08.05.’18.-El modelo de declaración del titular real incorporado por la Orden Ministerial con ocasión del depósito de cuentas no es más que un reflejo de lo exigido por la Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y no puede decirse que atente a la intimidad de los pequeños y medianos empresarios, puesto que no hace sino recoger lo que ya en la actualidad se establece.

La publicidad de las titularidades reales, que se refiere solo a aquellos supuestos en los que se ostenta el 25% o más del capital social, se realiza previa calificación por el registrador del interés legítimo alegado por el solicitante, aun cuando la solicitud se realice por internet. Según recoge la Directiva, este interés es diferente dependiendo del solicitante. Así, mientras que para las administraciones públicas con funciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y los sujetos obligados por la ley, el acceso es completo,  las demás personas u organizaciones deberán probar su interés y el registrador realizará una valoración del mismo para resolver sobre la publicidad solicitada. Contra la negativa del registrador se podrá interponer recurso, sin perjuicio de que, al amparo de lo establecido en la propia Directiva, pueda modularse el acceso si éste puede exponer al titular real a un riesgo de fraude, secuestro, chantaje, violencia o intimidación o si el titular real es un menor o tiene alguna incapacidad no relacionada con la edad. Además, la propia Directiva establece el sometimiento de esta publicidad a la normativa de protección de datos. En definitiva, la cuestión ya viene prevista en la Directiva y no puede alegarse como fundamento contra la orden.

En estos momentos ya existe una base de datos notarial de titularidades reales cuyo acceso es libre para las administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio, pero al no ser un registro público, no puede ofrecer más información, es decir, no puede dar completa respuesta a la prevista por la Directiva (artículo 30.5c).

Por último, no se puede olvidar que recientemente -el pasado 19 de abril- ha sido aprobada por el Parlamento Europeo una modificación de la Directiva en algunos de sus artículos, para ampliar la transparencia. La nueva redacción del artículo 30.5 señala al respecto que los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real esté en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las UIF (Unidades de Información Financiera), sin restricción alguna; de las entidades obligadas en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente y, por último, de cualquier miembro del público en general pero con posibles excepciones y limitaciones derivadas de situaciones especiales.

También es necesario indicar que la nueva redacción de la Directiva incide en la necesidad de que los registros centrales a los que se refiere estén conectados entre sí a través de la plataforma central europea creada por la Directiva (UE) 2017/1132 -referida a los Registros Mercantiles- por lo que la Orden Ministerial recurrida no hace otra cosa que homologar nuestro sistema al europeo, que exige la interconexión de los Registros Mercantiles para hacer efectiva la lucha contra el blanqueo de capitales.

En definitiva, esta medida se suma a la lucha contra la lacra del blanqueo de capitales, donde cualquier esfuerzo debe ser acogido. No sobra nadie y por ello su impugnación causa perplejidad.

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La Seguridad Social recupera el 75% de los afiliados y cuenta ya con 18.678.461 personas

9 de mayo, 2018

La Seguridad Social recupera el 75% de los afiliados y cuenta ya con 18.678.461 personas

lamoncloa.gob.es
Viernes 4 de mayo de 2018

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 18.678.461, cifra que no se alcanzaba desde noviembre de 2008 (18.721.387).

En términos mensuales, el Sistema ha incorporado 176.373 personas (0,95%) más, el segundo mejor dato de la serie histórica junto con el resultado de abril de 2017.

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que vuelve a marcar un récord y totaliza 8.664.942 trabajadoras. Representan el 46,39% del total de ocupados. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.013.519 ocupados (53,61%).

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en el mes en 37.919 y suma 53 meses en positivo.

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha destacado que tras el incremento de abril “se han recuperado ya 2.527.714 afiliados, el 75,6% de lo perdido durante la crisis, la cifra más alta porcentualmente desde que empezó la recuperación”.

Respecto a marzo

El Régimen General registró un aumento de 158.064 personas (1,04%), hasta situarse en 15.364.491 ocupados. En abril, la afiliación creció en términos absolutos principalmente en Hostelería (73.314), Construcción, (12.933), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (12.897) y Comercio Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con 10.941 ocupados. Creció de forma generalizada en el resto de sectores excepto en Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (-1.043) y Actividades Financieras y de Seguros (-488).

En cuanto al Sistema Especial Agrario, ganó 18.860 afiliados medios (2,45%), hasta situarse ahora en 781.365 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar aumentó ligeramente (94) y suma 420.288 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.246.854 personas, tras aumentar en 16.454 (0,51%) en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, incorporó 1.886 ocupados (3%) hasta situarse en 64.853 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.263 afiliados medios tras descender en 30 personas (-1,30%).

Por CCAA, el número de afiliados en abril aumentó en todas excepto en Aragón (-405). Creció especialmente en Andalucía (49.780), Baleares (43.133), Cataluña (30.760) y Madrid (14.097).

Respecto a 2017

En relación al año pasado, el Sistema ganó 556.239 ocupados, el 3,07%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora  523.436 trabajadores (3,53%). El crecimiento alcanza el 3,99% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar)

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,02%, lo que se traduce en un crecimiento de 32.846 personas. El Régimen del Mar creció un 0,52% (338) y el Carbón registró un descenso de -14,44% (-382).

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid (116.674), Cataluña (97.497) y Andalucía (86.572).

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El Gobierno garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de empresa

8 de mayo, 2018

04 de mayo de 2018 mineco.gob.es

El Gobierno garantiza los derechos de las pensiones complementarias si un trabajador cambia de empresa

Los empleados mantendrán sus derechos de pensión si se desplazan entre Estados miembros o dentro del territorio español
La Directiva fija una edad mínima de 21 años y un periodo mínimo de antigüedad de 3 años para consolidar los derechos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley (APL) que modifica el texto refundido de la Ley de regulación de los planes de y fondos de pensiones. Con ello, se traspone la Directiva Europea relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión. Estos derechos se deberán reconocer cuando los trabajadores finalicen la relación laboral en su empresa con anterioridad a su jubilación y se desplacen entre Estados miembros.

La Directiva europea establece los siguientes requisitos mínimos, que se incluyen en el APL. Por un lado, una edad mínima de 21 años para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse una edad mínima inferior, pero nunca superior a 21 años. Por otro, se fija un periodo mínimo de 3 años de antigüedad en la empresa para consolidar estos derechos. En el marco de la negociación colectiva podrá determinarse un periodo inferior a los 3 años, pero en ningún caso superior.

El Gobierno ha decidido ir más allá y extender el ámbito de aplicación a la movilidad nacional, es decir, se reconocerán también estos derechos a trabajadores que cambien de empleo dentro del territorio español y evitando así situaciones de discriminación. No obstante, en España sólo afecta a los seguros colectivos (una póliza que contrata la empresa a favor de sus trabajadores), puesto que para los planes de pensiones de empleo y planes de previsión social empresarial ya se contempla este régimen de consolidación de derechos en nuestra normativa interna.

En el caso de cese de la relación laboral antes de los 3 años de antigüedad se reembolsarán las primas o aportaciones realizadas al trabajador y a la empresa; si el cese de la relación laboral se produce a partir de 3 años de antigüedad, los derechos económicos se mantendrán en el contrato de seguro de origen o podrán movilizarse a otro seguro, y tendrán el mismo tratamiento que el que se da a los derechos de los trabajadores que permanecen en la empresa (por ejemplo, variación según los rendimientos o conforme a un índice). Y a estos se suma el derecho de los trabajadores a obtener información, en el momento del cese de la relación laboral, de los derechos adquiridos y el tratamiento que se les dará en el futuro a esos derechos.

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EL TC admite a trámite, por unanimidad, la impugnación del gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat

8 de mayo, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 39/2018  tribunalconstitucional.es
EL TC admite a trámite, por unanimidad, la impugnación del gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado un auto en el que, por unanimidad, acuerda admitir a trámite la impugnación del Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlament de Cataluña por la que se proponía la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia del Gobierno de la Generalitat (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de 23 de enero de 2018) y la resolución por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15 horas. El recurso del Gobierno invoca el artículo 161.2 de la CE y 77.2 LOTC a los efectos de que se acuerde la suspensión de la disposición recurrida.
El Tribunal, tras oír a las partes personadas, ha considerado que, aunque el Presidente del Parlamento de Cataluña dejara sin efecto la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura y designara un nuevo candidato, la impugnación presentada plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso constitucional.
El Tribunal ha apreciado que las dudas iniciales que pudieron existir acerca de su viabilidad procesal -dudas que se fundamentaban, esencialmente, en su posible carácter cautelar quedaron objetivamente despejadas por la decisión del Presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación. Según entiende el Tribunal, esta decisión puso de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares adoptadas en el ATC 5/2018.
Una vez descartado el carácter cautelar de la impugnación, al cumplirse el resto de los requisitos procesales, el Tribunal, como se ha adelantado, ha decidido admitir a trámite la referida impugnación.
En concreto, el Pleno ACUERDA:
1. Admitir a trámite la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña en la que se propuso la investidura del Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el pasado día 27 de enero de 2018.
2. Otorgar un plazo de veinte días al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidente, y a las partes personadas para que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes.
3. Tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 77 LOTC, produce la suspensión de las resoluciones impugnadas desde el día 26 de enero de 2018, fecha de interposición de la impugnación.
4. Declarar radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada en la presente resolución incluidos los que sean confirmación o reproducción de alguno de los actos suspendidos.
5. Notificar personalmente la presente resolución al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló, don José María Espejo-Saavedra Conesa, don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, don David Pérez lbáñez, don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch.
6. Advertir a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que contravenga la expresada suspensión, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento.
7. Conforme al artículo 87.2 LOTC, recabar el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados.
8. Declarar que el presente auto es inmediatamente ejecutivo desde su publicación.
En todo caso se recuerda que con esta admisión a trámite el TC cumple el paso procesal necesario para examinar el fondo del asunto, sin prejuzgarlo en este momento.
Madrid, 26 de abril de 2018

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El paro registrado se reduce en 86.683 personas en el mes de abril

7 de mayo, 2018

El número total de desempleados se sitúa en 3.335.868, la cifra más baja desde enero de 2009

El paro registrado se reduce en 86.683 personas en el mes de abril
Viernes 4 de mayo de 2018 lamoncloa.gob.es
Paro de abril 2018
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 86.683 personas en relación con el mes anterior, lo que supone la mayor reducción histórica un mes de abril sin Semana Santa.

Durante los meses de abril de los últimos 8 años, el paro registrado se redujo por término medio en 73.068 personas. Aunque la de este año es la cuarta mayor reducción de toda la serie, si se compara el comportamiento del pasado mes de abril con aquellos semejantes en los que no ha tenido lugar la Semana Santa, estamos ante la mayor reducción del paro ese mes en términos homogéneos.

En términos desestacionalizados el paro también ha descendido en 24.149 personas.

Respecto a abril de 2017, el paro se ha reducido en 237.168 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,6%.

Así, la cifra total de parados registrados es de 3.335.868, la más baja desde enero de 2009. Ello supone que desde máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.704.354 personas.

El paro registrado ha bajado en las 17 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (24.105), Cataluña (12.515) y la Comunidad de Madrid (9.461).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en servicios, en 57.607; en construcción, 13.913; en agricultura y pesca, en 9.562, y en industria, en 7.040 personas. Por el contrario, ha aumentado entre aquellas sin empleo anterior, en 1.441 personas.

Mayor registro de contratos indefinidos en abril de toda la serie histórica

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.772.557, lo supone una subida del 10,48% sobre el mismo mes del año 2017.

Asimismo, en abril se han registrado 189.671 contratos de carácter indefinido, el mayor registro de contratos indefinidos un mes de abril de toda la serie histórica y el mayor incremento interanual de la serie en ese mes.

En este sentido, el secretario de estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha destacado que “la contratación indefinida creció un 25,2% con respecto a abril de 2017, casi el triple que la contratación temporal, un 8,9%”; encadenando así ya 51 meses consecutivos de aumentos en la contratación indefinida y superando los cuatro años completos de crecimiento ininterrumpido.

También ha subrayado que este incremento de la contratación indefinida “es aún mayor en el caso de la contratación a tiempo completo, que aumentó un 26,4%”.

Además, ha precisado que según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2018, el 74% de los trabajadores asalariados tiene un contrato indefinido, tres de cada cuatro, frente al 69,2% que se registraba en el cuarto trimestre de 2007.

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Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad

6 de mayo, 2018

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 60/18
Luxemburgo, 3 de mayo de 2018
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-51/17
OTP Bank Nyrt y OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés y Emil Kiss
Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad
En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.
El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores 1 y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.
Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas 2 (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). 3 No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.
Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.
En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.
No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva. En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.
Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2 Resolución n.º 2/2014.
3 Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

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Juan Morano Masa

5 de mayo, 2018

Juan Morano

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Ultimo mensaje de Juan Morano. Ex alcalde de León y senador por la provincia.

5 de mayo, 2018

«Hoy día 4 de Mayo un día reluciente, rodeado de mis seres queridos y contemplando la Pulchra Leonina, lleno de paz y de amor dejo este León que tanto amé y con el, a toda la gente que tanto quise y con la que tantas cosas compartí. Hasta siempre. Os quiere vuestro amigo Juan».

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La economía encadenará ocho años de crecimiento y la tasa de paro caerá por debajo del 11%

5 de mayo, 2018

27 de abril de 2018

mineco.gob.es

La economía encadenará ocho años de crecimiento y la tasa de paro caerá por debajo del 11%

El crecimiento seguirá siendo sostenible y equilibrado, con aportaciones positivas de la demanda interna y externa
El saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá con superávits próximos al 1,5% del PIB durante cuatro años
El Gobierno seguirá con el compromiso del equilibrio presupuestario y ya registrará superávit público en 2021
El crecimiento económico será intensivo en creación de empleo y se alcanzarán los 20 millones de ocupados en 2020
La tasa de paro continuará reduciéndose hasta situarse en el 10,7% de la población activa a finales de 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España (2018-2021) para su remisión a Bruselas. En el documento se incluye una previsión de crecimiento del 2,7% este año y próximo al 2,5% anual hasta 2021, con lo que el PIB español encadenará ocho ejercicios consecutivos al alza. Además, se confirma un nuevo patrón de crecimiento más sostenible y equilibrado, con aportaciones positivas de la demanda interna y del sector exterior.

Las nuevas previsiones son prudentes y realistas y confirman que se recuperará todo el empleo perdido durante la crisis, con lo que se alcanzará así el objetivo de los 20 millones de ocupados en 2020. Además, el déficit público se situará este año en el 2,2% del PIB con superávit primario, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el equilibrio presupuestario. España registrará superávit en 2021, del 0,1%, por primera vez desde 2007.

La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años cercanos al 2,5%. Para el empleo, se prevé la misma tasa para 2018 y ligeramente más baja para el resto del periodo de previsión, lo que permitirá la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo durante estos cuatro años. La tasa de paro se reducirá al 10,7% a finales de 2021, cifra no alcanzada desde 2008, es decir, desde el inicio de la recesión.

El diferencial de crecimiento va a seguir siendo favorable a la economía española en comparación con los principales países de nuestro entorno, por lo que este comportamiento no se explica por los “vientos de cola”, de los que todas las economías se han visto beneficiadas, sino por la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. España ha sido capaz, a través del impulso reformista y del esfuerzo de hogares y empresas, no solo de superar la mayor crisis económica de su historia democrática, sino también de sentar las bases para proseguir desarrollando un modelo económico más sano, equilibrado y sostenible.

Al igual que el cuadro macroeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el crecimiento del 2,7% para este año supone una revisión al alza de cuatro décimas respecto a la revisión anterior por varios factores: mayor inversión, mejora del entorno internacional, impacto positivo de las medidas incluidas en el Proyecto del PGE y moderación de la incertidumbre económica relacionada con la situación de Cataluña, tras la aplicación del Artículo 155 de la Constitución. Además, los indicadores nacionales e internacionales de actividad y empleo más recientes señalan un dinamismo en los primeros meses de 2018 superior al previsto. En este sentido, para el primer trimestre del año, el INE avanza un crecimiento del 0,7% intertrimestral y del 2,9% en tasa interanual.

En el crecimiento seguirá habiendo aportaciones positivas durante todo el horizonte de proyección tanto de la demanda nacional como de la demanda externa neta, consolidándose la inversión y las exportaciones como las partidas más dinámicas del PIB, con el consiguiente efecto favorable sobre la productividad y sobre el crecimiento potencial de la economía española. Entre los componentes de la demanda nacional, el consumo privado se espera que continúe creciendo a tasas elevadas, mientras que dentro de la inversión, el componente de equipo y activos cultivados mantendrá una senda expansiva en un contexto de favorables expectativas empresariales y de reducidos tipos de interés. En lo relativo al sector exterior, las exportaciones reales de bienes y servicios crecerán por encima del 4% en el periodo 2018-2021, impulsadas por las ganancias de competitividad.

Además, el sostenido crecimiento económico seguirá siendo compatible con el avance en la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos. El saldo de la balanza por cuenta corriente se prevé que sea superavitario durante todo el periodo de previsión, situándose en el entorno del 1,5% del PIB y contribuyendo de este modo a la reducción del saldo deudor de la posición neta de inversión internacional. Así, en 2021 se sumarían ocho años consecutivos de crecimiento y, al mismo tiempo, nueve de superávit en la cuenta corriente, un hito sin precedentes en nuestra economía reciente, sobre todo cuando viene acompañado de un periodo sostenido de crecimiento de la demanda interna.

En el ámbito financiero, se ha llevado a cabo un intenso proceso de desapalancamiento del sector privado compatible con un notable incremento de las nuevas operaciones de crédito a hogares y a PYMES. Este proceso de desapalancamiento se espera que continúe en los próximos años, reduciendo las vulnerabilidades de la economía española ante posibles shocks externos.

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Crítica judicial a la prevención del blanqueo por el Notariado

4 de mayo, 2018

Crítica judicial a la prevención del blanqueo por el Notariado
Xavier Gil Pecharromán

3/05/2018 – eleconomista.es
El CGPJ considera que la base de titularidad real no se ajusta a la UE
Se alinea con la orden de Justicia que obliga a declarar en el Registro
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un reciente informe, pone en duda la idoneidad de la base de datos sobre titulares reales de las sociedades para la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, ante las exigencias impuestas por la Unión Europea, a través de la Cuarta Directiva sobre la materia.
En el informe, sobre el Anteproyecto por el que se modifica la Ley de Prevención del Blanqueo para adaptar la norma a la Directiva, del que son ponentes los vocales Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, se afirma que “sin perjuicio de su evidente eficacia, es cuestionable que con él se satisfaga la exigencia derivada de la Directiva en punto al registro de las titularidades reales. Confluyen diversas razones que abonan esta duda”.

El sistema de registro y de información sobre las titularidades reales es imprescindible para dotar de eficacia a todo el sistema.

Dice el CGPJ que el legislador europeo ha establecido un régimen de registro de las titularidades reales de las sociedades y personas jurídicas análogas que proporcione una información “adecuada, precisa, actual e interconectada, sistema que se concibe sobre la base de registros de carácter público capaces de ofrecer prueba suficiente de los hechos y datos inscritos”.

En primer lugar, estima que las actas notariales constituyen meras manifestaciones a las que no alcanza la fuerza probatoria del documento público -artículo 319.1 de la Ley de Enjuiciamieto Civil LEC-, ni se benefician de los principios de legitimación y de fe pública registral. Además, no acceden a la base de datos los documentos extendidos por fedatarios extranjeros.

El secreto de los protocolos

Considera que la base de datos notarial carece de carácter público, puesto que los datos incluidos en los protocolos notariales al igual que los Libros Registros de Operaciones Mercantiles, tienen la consideración de secretos y solo están disponibles para los propios notarios y autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

La Cuarta Directiva obliga a que el archivo central sea accesible a las autoridades, a los obligados a prevenir sobre sus clientes y a cuantas personas demuestren interés legítimo, en el blanqueo o en delitos subyacentes conexos -como la corrupción, delitos fiscales y fraude-, lo que incluye, por ejemplo, a los periodistas en su trabajo. Además, únicamente se podrá cobrar una tasa por su consulta que no podrá superar los gastos administrativos.

Esta problemática la extiende el informe, además, a la protección de los datos personales, en la medida en que la obtención e incorporación de los datos a la Base notarial no haya venido precedida de la advertencia de su tratamiento.

Alega, que tampoco facilita la interconexión que exige la Directiva, que “sin embargo, sí se ofrece desde el Registro Mercantil desde que por Ley 19/2015, de 13 de julio se reformara el artículo 17.5 del Código de Comercio (CCom) para hacer posible la incorporación de los Registros Mercantiles a la plataforma central europea (BRIS)”.

Esta opción ha quedado reforzada con la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, que incluye una nueva obligación para las sociedades de comunicar los titulares reales de las sociedades junto con las cuentas anuales.

El informe del CGPJ recomienda la inscripción obligatoria de las transmisiones de acciones o participaciones, que ha de garantizar la trazabilidad de la titularidad real de la sociedad o persona jurídica.

Además, critican que no tengan acceso a la base de datos las limitaciones de dominio, gravámenes o embargos judiciales o administrativos sobre los títulos. La figura del trust de modelo anglosajón, no está reconocida legalmente en España, por lo que la información se limita a las estructuras jurídicas similares que operan en España. “Similares dudas, si no mayores, se suscitan con respecto al registro de titularidades fiduciarias”, concluye.

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El paro baja en 460.000 personas en el último año y más del 60% de los nuevos contratos son indefinidos

3 de mayo, 2018

26 de abril de 2018

mineco.gob.es

El paro baja en 460.000 personas en el último año y más del 60% de los nuevos contratos son indefinidos

Se han creado 435.900 empleos en el último año, a un ritmo del 2,36% en el primer trimestre
La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas menos que en el trimestre previo
La tasa de paro se sitúa en el 16,74%, con un descenso de dos puntos en el último año
El número de hogares con todos los activos en paro baja en 152.800 y sube en 337.300 los que tienen todos ocupados

El número de parados bajó en 458.900 personas en el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una caída del 10,79%, con lo que se acumulan cuatro años y medio de reducción del desempleo. La tasa de paro se mantiene prácticamente estable respecto al trimestre previo, en el 16,74% (sube 20 centésimas), y se reduce 2,01 puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado 435.900 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,36%. Más de la mitad del nuevo empleo asalariado es indefinido (el 61,7%) y la tasa de temporalidad se sitúa en el 26,11%, 60 centésimas menos que en el trimestre previo.

La evolución del mercado de trabajo refleja que la recuperación de la economía española se consolida a buen ritmo y va camino del quinto año de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El desempleo se reduce desde mediados de 2015 a tasas interanuales de dos dígitos. Se están creando puestos de trabajo a un ritmo de en torno al medio millón al año lo que permitirá lograr el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020. En el primer trimestre de 2018, la tasa de paro se ha situado en el 16,74%, más de 10 puntos por debajo del máximo alcanzado en 2013 y en niveles inferiores a los de 2009.

 

Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 124.100 personas respecto del último trimestre de 2017. Con series desestacionalizas, el empleo aumenta el 0,46% en tasa intertrimestral, es decir, un ritmo similar al trimestre previo. Se ha destruido principalmente empleo temporal (128.900 empleos menos). Baja el empleo a tiempo completo (en 133.100 personas) y aumenta el que se contrata a tiempo parcial (en 8.900 personas).

La comparación anual elimina el componente de estacionalidad y, por tanto, refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce meses, se han creado 435.900 empleos, a un ritmo anual del 2,36%. La creación de empleo del último año se ha concentrado principalmente en el sector privado, con 304.000 ocupados más. En estos doces meses, el empleo a tiempo completo aumenta en 495.900 personas y el empleo a tiempo parcial ha bajado en 60.000 personas. El número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 278.500 trabajadores y con contrato temporal, en 173.000.

En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2018, el número de desempleados subió en 29.400 personas, frente al aumento de 17.200 en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha reducido entre los menores de 25 años (en 42.900). El número de parados de larga duración (personas que perdieron su empleo hace más de un año) se reduce en 37.400 y en 46.900 entre los que buscan su primer empleo. En el cómputo anual, el paro se ha reducido en 458.900 personas, de las cuales el paro de larga duración ha bajado en 296.100 y en 52.200 entre los que buscan su primer empleo. En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 152.800 y los que tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 337.300.

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Una de cada diez comunidades de propietarios ya tiene puntos de recarga para el vehículo eléctrico

3 de mayo, 2018

Nota de prensa –  cafmadrid.es
Una de cada 10 comunidades de propietarios ya tiene puntos de recarga para el vehículo eléctrico
Se han incrementado un 150% las consultas sobre su instalación en la asesoría técnica industrial del Colegio.
Madrid, 5 de marzo de 2018.- “Cada vez son más los vecinos que a título particular quieren disponer de un vehículo eléctrico y aparcarlo en su plaza de garaje, decisión que, aunque es loable desde el punto de vista medioambiental, está planteando no pocos problemas en las comunidades de propietarios”, señala Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
Según estimaciones del Colegio, este tipo de vehículos ya está presente en una de cada 10 comunidades de propietarios, fundamentalmente de nueva construcción pero también en edificios residenciales existentes. “Se han incrementado un 150% las consultas sobre su instalación en nuestra asesoría técnica industrial”, apuntan.
Aunque el Gobierno aprobó modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), estableciendo que para instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio sólo se requiere comunicar previamente su instalación a la comunidad y asumir los costes que esto implica, la realidad es muy distinta.
Según Dorado, “las canalizaciones han de transcurrir desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga de esa plaza de garaje y no siempre se decide el trazado en base a los intereses del resto de vecinos, lo que está produciendo una amalgama de cables similares a las que todavía tienen muchas fachadas antiguas, con el riesgo eléctrico que ello puede suponer”.
La Ley prevé, no obstante, que la comunidad de propietarios pueda fijar normas de régimen interno en el que se establezcan criterios comunes de trazado de canalizaciones para todos los propietarios interesados. “Sin embargo”, aseguran desde el CAFMadrid, “no siempre se llega a este tipo de acuerdos porque algunas comunidades viven el día a día y no ven a futuro. Además, en muchas ocasiones supone realizar una reforma de la instalación eléctrica común para disponer de varios puntos de recarga, con los costes que acarrea para todos los vecinos y no sólo para los interesados, algo que no entienden en comunidades pequeñas o con residentes de avanzada edad”, añaden.
Esta institución aconseja la intervención eficaz de las Administraciones Públicas con un plan Movalt para comunidades de propietarios, similar al Movalt Infraestructuras que dispone de ayudas públicas a administraciones y empresas públicas y privadas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. O que, al menos, parte de ese programa de ayudas para empresas privadas vaya destinado obligatoriamente a la implantación de las canalizaciones y puntos de recarga necesarios en los garajes comunitarios, para que cualquier propietario que después se quiera “conectar” únicamente tenga que aceptar las condiciones de la empresa sum

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