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El Gobierno aprueba el aumento en 8 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad

22 de julio, 2018

El Gobierno aprueba el aumento en 8 puntos del porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad
Viernes 20 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, un Real Decreto por el que se aumenta en 8 puntos el porcentaje de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad.
A partir de la nómina de agosto, aumenta desde el 52% hasta el 56% el porcentaje que determina la pensión de viudedad. Desde el próximo 1 de enero de 2019, la viudedad será el 60% de la base reguladora, así se culmina la subida de 8 puntos.

Esta subida que beneficia a las personas con 65 o más años y que no perciben ingresos por trabajo ni otras pensiones, notarán esta subida a partir de  la nómina de agosto.

En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta un mínimo que se fija anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Requisitos a cumplir

Tener 65 años, no percibir otra pensión pública ni ingresos que superen el límite fijado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para poder beneficiarse de la pensión mínima de viudedad, son los requisitos imprescindibles para acogerse del incremento.

En definitiva, el objetivo es el de mejorar las pensiones de las personas de mayor edad -65 o más años- con recursos limitados. En este sentido, la norma señala que no deben percibir otra pensión pública española o extranjera, ni ingresos por trabajo u otros rendimientos por encima del límite establecido en los PGE (7.347,99 €/ año, para 2018).

Los beneficios de este incremento no tienen carácter consolidable, es decir, la persona recibirá la mejora en la pensión mientras siga cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.

Para quienes cobran una pensión de viudedad complementada a mínimos, la subida no supondrá un aumento de la paga. En este colectivo, las pensiones reciben el mínimo establecido cada año en los Presupuestos. Por lo tanto, esta mejora se absorbe parcial o totalmente en el complemento que abona el Estado.

La mejora hoy aprobada es independiente de la subida adicional de las pensiones que se aplicará con efectos retroactivos del 1 de enero y que con carácter general supone un aumento del 1,35%  (que se suma al 0,25% aplicado en enero). En el caso de las pensiones mínimas, la subida adicional será del 3% (2,75% + 0,25%) en todas las modalidades. Esta subida ha sido aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

La Seguridad Social prevé que  este año cerca de 400.000 personas se beneficiarán de la mejora de la pensión de viudedad, alrededor de 465.000, a partir del 1 de enero de 2019, cuando se culmine el aumento de la viudedad hasta el 60% de la base reguladora.

Para la Seguridad Social la aplicación de la base reguladora del 56%, se estima un aumento del gasto de 301,31 millones de euros desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018.

A partir de 2019, cuando culmine la subida hasta el 60%, el aumento del gasto anual para el sistema de la Seguridad Social, será de 1.381,73 M€/año.

Una subida aplazada desde 2012

El Real Decreto aprobado hoy  da cumplimiento a la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto -Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social- que preveía la aplicación gradual de la subida, en un plazo de 8 años a partir del 1 de enero de 2012, hasta el 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.

Los gobiernos posteriores aplazaron la entrada en vigor de la medida hasta el presente año, en que la recién aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 recoge en una de sus disposiciones adicionales un incremento del 4% en el porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad y otro 4%, hasta el 60%, a partir del 1 de enero de 2019.

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La constitución de sociedades aumenta un 3,6% en el segundo trimestre

21 de julio, 2018

La constitución de sociedades aumenta un 3,6% en el segundo trimestre

Notas de prensa – registradores.org
Entre abril y junio, las empresas inmersas en concursos de acreedores subieron un 14% respecto al mismo trimestre de 2017
Más de 1.500 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad, siendo Cataluña la que presenta el mayor saldo negativo entre entradas y salidas
17.07.’18.- En el segundo trimestre se constituyeron en España 26.130 sociedades mercantiles, un 3,6% más que en el mismo trimestre de 2017. Con este dato, la creación de empresas aumenta, después de seis trimestres consecutivos de descensos, iniciados en el cuarto trimestre de 2016.
Sin embargo, en los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, se constituyeron 95.073 sociedades, un 3,4% menos que en el mismo período acumulado del año anterior, claramente por debajo de las 100.000 operaciones anuales, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Por territorios, la creación de empresas baja en Extremadura, Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Castilla y León y Canarias, mientras que sube en el resto, principalmente en La Rioja, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Murcia y Castilla–La Mancha.

Extinciones
Las extinciones de sociedades alcanzan las 5.802 sociedades en el segundo trimestre, un 1% más que en el mismo período de 2017, por lo que continúa la tendencia de subidas de trimestres anteriores. En los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, las extinciones aumentaron el 0,5% sobre el mismo período acumulado del año anterior.
Por comunidades autónomas aumentan en Castilla-La Mancha (22,1%), Murcia (20,3%), Baleares (17,3%), Cantabria (16%), Canarias (14,4%), Madrid (4,9%), País Vasco (2,2%) y Castilla y León (1,0%). Por el contrario, descienden en La Rioja (-37,1%), Asturias (-15,0%), Aragón (-9,8%), Navarra (-9,4%), Extremadura (-6,5%), Comunidad Valenciana (-5,6%), Galicia (-5,0%), Andalucía (-3,3%) y Cataluña (-0,7%). Se mantiene igual en Ceuta y Melilla.
Operaciones de capitalización
En el segundo trimestre se contabilizaron 7.550 ampliaciones de capital, con un aumento del 2,6% sobre el mismo período del año anterior. Por otro lado, en términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 5.384 millones de euros, un 61,1% menos que en el mismo período de 2017.
Concursos
Las empresas con serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores entre abril y junio fueron 1.021, un 14% más que en el segundo trimestre de 2017, cambiado la tendencia descendente de los últimos meses.
En los últimos 12 meses, de julio de 2017 a junio de 2018, se declararon en concurso 3.568 sociedades, un 0,8% menos que en el acumulado del año anterior. Las caídas que se vienen produciendo desde 2014 se suavizan en los últimos trimestres e incluso repuntan en el último trimestre analizado.

En el segundo trimestre y con respecto al mismo período de 2017, las caídas más acusadas se registran en Cantabria, Extremadura, Navarra, Asturias, y Castilla y León, mientras que en el otro lado, los mayores incrementos en los concursos de acreedores se localizan en La Rioja, Canarias, Cataluña, Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Traslados de sede social
Entre abril y junio, 1.575 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma. Debido al procedimiento para inscribir el cambio de domicilio social de una sociedad, que prevé un plazo de hasta tres meses para finalizar todo el proceso ante el Registro Mercantil de destino, una parte de los traslados inscritos en el trimestre, corresponden a solicitudes realizadas ante el Registro Mercantil de origen en el trimestre anterior.
Entre los datos del cuadro de la página siguiente, destacan las 536 empresas que trasladan su sede desde Cataluña a otras comunidades, de ellas, la mayoría, 323, con destino a la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la cifra de empresas que se trasladan desde Madrid, alcanzan las 339. Si comparamos el flujo de entradas y salidas, Cataluña muestra un saldo negativo, es decir, de pérdidas de sede social de 422 empresas mientras que la Comunidad de Madrid muestra un balance positivo de 312 sociedades, seguida de la Comunidad Valenciana que gana 47 sociedades, Baleares, 26 y Aragón, 23.

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y la montaña

21 de julio, 2018

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Carlos Lesmes destaca la importancia de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en la entrega de los Premios a la Calidad de la Justicia

20 de julio, 2018

Lunes, 16 de julio de 2018 poderjudicial.es
Carlos Lesmes destaca la importancia de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos en la entrega de los Premios a la Calidad de la Justicia

En la VIII edición de los premios, han recibido sus distinciones el Juzgado de cláusulas abusivas de Oviedo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante y el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba. La Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, el servicio de actos de comunicación de Amposta y el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana completan la lista de galardonados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido hoy el acto de entrega de los premios a la Calidad de la Justicia en su octava edición, al que han asistido también, entre otras autoridades, la fiscal general del Estado, María José Segarra y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo.

En su intervención, Lesmes ha señalado que los premios a la Calidad de la Justicia reconocen “el esfuerzo, el talento, la iniciativa y la ilusión de quienes han apostado por ofrecer un mejor servicio a la sociedad”, recordando que el CGPJ distingue así los proyectos y las iniciativas de órganos judiciales o de otras administraciones y entidades que más han destacado en la búsqueda de un servicio público, el de Justicia, para hacerlo más eficaz, más transparente y más accesible para los ciudadanos.

Justicia eficaz

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, ha recibido el premio a la Calidad de la Justicia en su modalidad de Justicia más eficaz “por conseguir dar una respuesta y solución rápida y eficaz al ciudadano frente a un nuevo problema social”.

El Juzgado asturiano, especializado en cláusulas abusivas desde el pasado 1 de junio, dictó en 2017 un total de 992 sentencias en esta materia: 173 en el tercer trimestre del año –todas ellas favorables al cliente- y 819 en el cuarto trimestre, de las que el 98,9 por ciento fueron estimatorias. Teniendo en cuenta que el número de demandas presentadas en el órgano judicial el año pasado fue de 3.287, el Juzgado resolvió en solo siete meses más del 30 por ciento de los asuntos ingresados.

En la categoría destinada a otros organismos relacionados con la Administración de Justicia, en la modalidad “Justicia más eficaz”, también ha recibido su galardón el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, que en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I, pusieron en marcha el proyecto “Utilización del inventario YLS/CMI de valoración del riesgo de menores infractores para la propuesta de medida educativa según la LORPM 5/2000”.

Justicia más transparente

En la modalidad de “Justicia más transparente”, el premio en la categoría destinada a órganos judiciales ha sido entregado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante por su proyecto “Celeridad en la tramitación y resolución de procedimientos”, que apuesta por la oralidad como herramienta para garantizar la transparencia.

También en esta modalidad, ha recibido su distinción el servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona) premiado por su proyecto “Los actos de comunicación como medio para una justicia accesible”, que ejecuta una estrategia de transparencia en relación con los actos de comunicación en términos asequibles y de fácil comprensión.

Justicia más accesible

Por último, en la modalidad de “Justicia más accesible”, el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha recibido su premio por el proyecto “Sistema de acumulación de procesos en los Juzgados de lo Social de Córdoba. Años 2007 a 2016”.

Ha recibido su galardón igualmente en esta misma modalidad el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y de los registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana por la obtención de resultados que han garantizado el acceso a medios para atajar y afrontar los problemas procesales y sustantivos en las materias en las que intervienen letrados de la Administración de Justicia, procuradores y magistrados.

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Nosotros utilizamos Google y le estamos muy agradecidos

19 de julio, 2018

Google

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El Bierzo. León

19 de julio, 2018

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La inflación aumenta en junio hasta el 2,3% por los precios de la energía

19 de julio, 2018

13 de julio de 2018 mineco.gob.es

La inflación aumenta en junio hasta el 2,3% por los precios de la energía

Los precios de los carburantes y lubricantes repuntan hasta una tasa del 14,5% interanual
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, disminuye una décima y se sitúa en el 1%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en junio de 2018 el 2,3% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE y superior en dos décimas a la registrada en mayo (2,1%). Esta evolución se explica por la aceleración de los precios de los productos energéticos y, en menor medida, de la alimentación no elaborada. La inflación subyacente, que recoge el resto de componentes, se moderó una décima, hasta el 1%. En términos intermensuales, el IPC registró un aumento del 0,3% en junio de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos se incrementaron en junio el 9,9% interanual, 2,1 puntos más que en mayo, debido, principalmente, a la aceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, tres puntos y medio más hasta el 14,5%, y, en menor medida, a la subida del 5,4% de los precios de la electricidad, superior en seis décimas a la de mayo. Por su parte, los precios del gas disminuyeron el 1,6%, descenso 1,2 puntos más pronunciado que el del mes previo.

Los precios de la alimentación se incrementaron en junio un 2,5%, tasa superior en medio punto a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 5,4%, casi dos puntos más que en el mes anterior, debido al aumento de los precios de las frutas frescas y, en menor medida, los de las legumbres y hortalizas frescas, cuyas tasas prácticamente se duplicaron, hasta el 14,1% y el 6%, respectivamente. Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron tres décimas, hasta el 1% interanual, destacando en esta evolución el aceite de oliva, cuyos precios pasaron de crecer el 1,1% en mayo a caer el 2,2% en junio.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) se redujo en junio una décima, hasta el 1%, debido principalmente a los servicios, cuyos precios moderaron dos décimas el ritmo de aumento, hasta el 1,6%, a lo que contribuyó principalmente el componente de turismo y hostelería, que registró en junio una tasa del 2% interanual, tres décimas inferior a la de mayo. Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) se redujeron ligeramente, el 0,1%, tras mantenerse estabilizados el mes anterior.

En términos intermensuales, el IPC registró una tasa de variación del 0,3% en junio de 2018, frente a la tasa nula del mismo mes de 2017, aumentando el 1% la energía (-0,9% en junio de 2017), el 0,4% la alimentación (variación nula un año antes) y el 0,3% los servicios (0,5% en junio del pasado año), mientras que los precios de los BINE disminuyeron el 0,3%, al igual que en el mismo mes de 2017. Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados aumentaron un 1,3% intermensual (-0,5% un año antes) y los de los elaborados se estabilizaron (0,2% en junio del pasado año).

La tasa interanual del IPC aumentó en junio en todas las comunidades autónomas, destacando Murcia, donde repuntó medio punto, hasta el 2,1%, así como Cantabria y Navarra, donde subió cuatro décimas, hasta el 2,5% en ambos casos.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en junio en el 2,3%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de junio, cuya tasa interanual se sitúa en el 2,3%, dos décimas superior a la de mayo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en junio es del 2%.

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Los registradores presentan una guía práctica para la presentación de las cuentas anuales

18 de julio, 2018

Los registradores presentan una guía práctica para la presentación de las cuentas anuales

Notas de prensa registradores.org

◾Este año se incluye por primera vez la declaración de identificación del titular real
◾Esta nueva obligación tiene por objetivo aportar transparencia informativa sobre la titularidad real
◾La finalidad de las nuevas obligaciones es la lucha contra el blanqueo de capitales

12.07.’18.- La principal novedad con la que se encuentran este año los usuarios en el momento de la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, es la conocida como declaración de identificación del titular real, que contendrá la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Ante esta novedad, el Colegio de Registradores de España ha puesto a disposición de los usuarios una detallada guía práctica de gran utilidad donde se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre la declaración del titular real. El formulario se puede consultar en la web corporativa del Colegio  entrando directamente a través de este enlace. En él se aclaran cuestiones como el propósito y fundamento del nuevo modelo de documento, quién responde del contenido de la declaración, qué entidades deben cumplimentar el modelo o qué publicidad se dará a estos datos, entre otras muchas.

Además de esta guía práctica, que contempla la mayoría de las dudas que los usuarios han venido planteando desde la publicación del nuevo modelo de cuentas, los usuarios podrán solicitar ayuda directa al personal de los registros mercantiles para cumplimentar la citada declaración de titular real.

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El Ministerio de Economía y Empresa comienza la primera subasta de licencias 5G

17 de julio, 2018

12 de julio de 2018  mjusticia.gob.es

El Ministerio de Economía y Empresa comienza la primera subasta de licencias 5G

Se avanza así en la puesta en marcha de las redes necesarias para el desarrollo del sistema 5G y situará a España entre los países más avanzados
Se subastan 200 MHz en la banda de frecuencias de 3,6-3,8 GHz, banda prioritaria para el desarrollo de la tecnología 5G en Europa
Se han presentado a la subasta los cuatro operadores con presencia actualmente en el mercado español de la telefonía móvil

El Ministerio de Economía y Empresa dará comienzo la próxima semana la primera subasta en España de licencias de uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 5G. Este es el primer paso para el despliegue de las redes necesarias para el desarrollo del sistema 5G que situará a España entre los países más avanzados en el impulso de esta nueva tecnología.

La tecnología 5G no solo constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones móviles, sino que será el componente tecnológico esencial en la transformación digital. Su despliegue permitirá el desarrollo del Internet de las Cosas, el big data, la robótica o la realidad virtual, con un efecto transversal sobre la sociedad y la economía durante la próxima década, siendo un catalizador de la atracción de inversión y palanca de un crecimiento inclusivo al contribuir a disminuir la brecha digital.

Características y desarrollo de la subasta

En la subasta se licitarán un total de 200 MHz en la banda de frecuencias 3,6-3,8 GHz y participarán los cuatro operadores principales del mercado español de telefonía móvil que han presentado solicitud de tomar parte y han sido admitidos: Mas Movil, Movistar, Orange y Vodafone.

Los 200 MHz se distribuyen en 40 bloques de 5 MHz cada uno, todos ellos de ámbito nacional. El precio de salida de cada bloque se ha fijado en 2,5 millones de euros, en total 100 millones de euros para los 200 MHz que se licitan. Las concesiones tendrán una duración de 20 años.

Los operadores que participen en la subasta deberán respetar el límite máximo de frecuencias que puede disponer un mismo operador en la banda 3,4-3,8 GHz, fijado en 120MHz.

La licitación se desarrollará por medios electrónicos, mediante un mecanismo de subasta simultánea ascendente de múltiples rondas.  Los licitadores deberán formular sus pujas dentro del período de duración de la ronda. El proceso finalizará cuando en una ronda no se reciban nuevas pujas.

La subasta se desarrollará en rondas programadas por la Mesa, entre las 10 y las 18 horas, de lunes a viernes.  Las rondas tendrán una duración máxima de 30 minutos y se programarán como mínimo 15 minutos antes de su hora de comienzo.

La subasta que ahora comienza se enmarca en el Plan Nacional 5G 2018-2020.  Con el proceso que ahora se inicia, se completarán las licitaciones de espectro radioeléctrico convocadas mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 26 de mayo de 2018. Los operadores dispusieron hasta el 29 de junio para presentar sus solicitudes.

La banda 3,4-3,8 GHz (3400-3800 MHz) ha sido identificada como la banda principal para la introducción de servicios basados en 5G en Europa. De ahí que el Plan Nacional 5G contemple la licitación de los 200 MHz de la banda 3,6-3,8 GHz (3600-3800 MHz) con carácter prioritario.

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el juicio que condenó al anciano que mató a un ladrón en Tenerife

17 de julio, 2018

Lunes, 16 de julio de 2018 poderjudicial.es

El TSJC anula el juicio que condenó al anciano que mató a un ladrón en Tenerife

La Sala de apelación aprecia un vacío de motivación en el veredicto que derivó en la imposición de cuatro años de cárcel a Jacinto S.M., de 83 años, por homicidio en legítima defensa y tenencia ilícita de armas. La Audiencia tinerfeña tendrá que repetir el plenario con nuevo jurado y magistrado presidente

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal y del acusado en el caso del anciano que fue condenado por la Audiencia Provincial de Tenerife en la primavera pasada por matar a un ladrón en legítima defensa en su vivienda en el municipio tinerfeño de Arafo (Santa Cruz de Tenerife) y ha declarado nulo el juicio, al entender que en veredicto del jurado que dio lugar a la condena carecía de motivación.

El Tribunal ordena la repetición del juicio con un nuevo jurado y un nuevo magistrado presidente.

El vecino de Arafo Jacinto S.M., de 83 años en la actualidad, fue condenado el pasado 11 de abril por la Audiencia a un total de cuatro años de cárcel, dos por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa y dos por tenencia ilícita de armas, por matar de un disparo a un ladrón que se había introducido en su casa y que estaba amenazando de muerte a su mujer el 1 de marzo de 2015.

El TSJC estima el recurso del fiscal y parcialmente el del acusado, al entender que la sentencia dimanante del fallo del jurado vulneró el derecho del anciano a obtener una resolución “fundada y motivada”.

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Las emisiones de CO2 crecen en España un 4,4% en 2017 con respecto al año anterior

16 de julio, 2018

Avance del Inventario de Emisiones GEI

Las emisiones de CO2 crecen en España un 4,4% en 2017 con respecto al año anterior
Lunes 9 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es
El Ministerio para la Transición Ecológica remitirá a la Comisión Europea el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2017. Estos datos preliminares -que se envían a Bruselas anualmente para su validación- revelan que las emisiones alcanzaron las 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone un aumento de un 4,4% respecto al año 2016. Se trata del mayor aumento interanual desde 2002.
La razón principal para esta subida está en el aumento de un 18,8% de las emisiones procedentes de la generación de electricidad, debido a la mayor producción en centrales de carbón y ciclos combinados, unido a una caída de un 49% en la producción hidráulica en un año marcado por la sequía.

“Es un balance negativo y revela que es necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético, porque España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas. Es preciso definir una hoja de ruta para mantener unos resultados óptimos, aun cuando las condiciones climatológicas sean adversas, y desacoplar cuanto antes el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero”, ha afirmado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

En un año con un incremento del PIB del 3,1% e hidrológicamente malo -2017 fue el más cálido y el segundo más seco desde 1965-, todos los sectores emisores experimentaron un aumento de las emisiones.

La principal subida estuvo relacionada con la generación de electricidad, que aumentó sus emisiones un 18,8%, debido a la mayor producción de electricidad en centrales de carbón y ciclos combinados de gas en un año de sequía en el que la producción hidráulica disminuyó un 49,0%.

También contribuyeron a este aumento el incremento de las emisiones del sector industrial (+3,2%), del transporte por carretera (+2,5%) o de la agricultura (+2,9%). Las principales bajadas se registraron en el sector residencial (-2,8%) y en el uso de gases fluorados (-17,2%).

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Con los datos preliminares de 2017, el nivel de emisiones globales se situaría un 17,8% por ciento por encima del año 1990 y un 23% por debajo de las emisiones de 2005. El objetivo expresado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que busca elevar la ambición en la lucha contra el cambio climático de España, plantea una reducción de alrededor de un 20% sobre el nivel de 1990 para 2030, que traducido a las cifras de hoy significaría un descenso de algo más de un 45%. El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el ministerio espera poder someter a información antes de agosto marcará la senda para poder cumplir con los objetivos de recorte de emisiones que establece el Acuerdo de París.

Las emisiones procedentes de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS), un 40% del total, aumentaron un 10,3%, mientras que las emisiones de los sectores difusos (residencial, comercial e institucional; transporte; agrícola y ganadero; gestión de residuos; gases fluorados, e industria no sujeta al comercio de emisiones) lo hicieron un 0,6%.
El sector con más peso es el transporte (26%), seguido de la generación de electricidad (21%), las actividades industriales (19%) y la agricultura (10%). Por gases, el CO2 supone el 81% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, seguido del metano (11%).

En cuanto a los sumideros de carbono, las emisiones absorbidas han descendido un 4,8%, en gran parte debido a la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento en las emisiones derivadas de incendios forestales.

Por sectores

Las variaciones interanuales (2017/2016) por sectores son:
Transporte (26% del total de las emisiones): Aumento de las emisiones un +2,6% respecto al año 2016, debido principalmente al incremento de las emisiones del transporte por carretera (25% del total de las emisiones con un aumento interanual de +2,5%) y del transporte aéreo nacional (0,8% del total de las emisiones con un crecimiento interanual de +6,2%). Por su parte, aunque con un menor peso en el global del sector, el transporte por ferrocarril y la navegación doméstica aumentaron sus emisiones (+3,9% y +0,6% respectivamente).
Generación eléctrica (21% del total de las emisiones): Aumento del +18,8% de las emisiones en la generación eléctrica, respecto al año anterior, debido a un marcado descenso en la generación hidráulica (-49,0%) en un año hidrológicamente muy seco que se ha visto compensado por la subida de la producción eléctrica en centrales térmicas de carbón (+20,6%) y ciclos combinados (+27,5%) y niveles similares de producción eólica (+0,4%).
Industria (19% del total de las emisiones): en 2017 se estima un aumento de las emisiones de la combustión en los sectores industriales del +4,2%, ligado al incremento de estas emisiones en el régimen ETS. De igual manera, las emisiones de los procesos industriales registraron variaciones interanuales al alza (+1,4% en el conjunto de minerales no metálicos (cemento, cal, vidrio y cerámica); +0,3% en la industria química; y +1,2% en la metalurgia).
Residencial, comercial e institucional (8% del total de las emisiones): Disminución global de las emisiones de la categoría de un -2,8%, en un año climatológicamente cálido.
Agricultura (10% del total de las emisiones): aumento de las emisiones (+2,9%) del total del sector respecto al año anterior. Las actividades ganaderas, responsables del 66% de las emisiones, aumentaron sus emisiones un +1,7% debido principalmente al aumento de la cabaña de vacuno de carne (+2,7%) y de porcino blanco (+3,8%). Por su parte, el resto de actividades agrícolas aumentaron sus emisiones un +5,4% debido fundamentalmente a la subida en el consumo de fertilizantes inorgánicos (+9,2%, respecto al año anterior). Las emisiones derivadas de la maquinaria agrícola, forestal y pesquera (4% del total de las emisiones nacionales) también se vieron incrementadas (+6,2%) en 2017.
Residuos (4% del total de las emisiones): se estiman unas emisiones en 2017 muy similares a las del año anterior (variación de -0,06%), debido a la reducción de emisiones accidentales de residuos y a ligeros incrementos en la cantidad de depósitos previsiblemente ligados a los incrementos del PIB y de la población.
Refino (3% del total de las emisiones): Disminución de las emisiones del sector refino de un -2,0% respecto al año 2016, según datos del régimen ETS.
Gases fluorados (2% del total de las emisiones): las emisiones derivadas del uso de gases fluorados disminuyeron un -17,2% consecuencia del efecto del impuesto sobre el uso de estos gases.
Sector LULUCF: las absorciones asociadas a este sector del Inventario se ha estimado en 38,8 millones de toneladas de CO2-eq (11% del total de emisiones brutas del Inventario) con una variación de -4,8% respecto a 2016). La disminución en el global de las absorciones están ligadas al sector forestal (-2,6%), consecuencia de la disminución del efecto de las repoblaciones sobre el incremento de biomasa forestal y a un notable aumento  en las emisiones derivadas de incendios forestales.

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El Ministerio de Economía y Empresa pone en marcha el anteproyecto de Ley que regula el “Sandbox”

15 de julio, 2018

11 de julio de 2018  mineco.gob.es

El Ministerio de Economía y Empresa pone en marcha el anteproyecto de Ley que regula el “Sandbox”

España se suma así a los países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero

El Ministerio de Economía y Empresa ha hecho público el texto del “Anteproyecto de Ley de transformación digital del sistema financiero” en el que se incluye la regulación de un “Sandbox” o espacio controlado de pruebas dirigido a innovaciones financieras de base tecnológica. Se inicia así el trámite de audiencia pública, cauce de participación con el que se pretende recabar la opinión de los ciudadanos, organizaciones y autoridades interesados. La recepción de comentarios al anteproyecto de ley estará abierta hasta el próximo 7 de septiembre.

Con esta medida, España se suma a los países a la vanguardia tecnológica que cuentan con sistemas similares para acompañar la transformación digital del sistema financiero.

Esta iniciativa responde a la convicción de que la transformación digital de la economía es un fenómeno de cambio estructural que exige una implicación activa de los poderes públicos garantizando que los cambios se producen de manera ordenada y coherente con los principios y valores que definen el interés general. La iniciativa encaja además con las recomendaciones de diversas instituciones y foros internacionales.

En ese sentido, la nueva regulación pretende favorecer el proceso innovador eliminando obstáculos y articulando cauces ágiles y transparentes de colaboración entre las autoridades públicas y la iniciativa privada como motor principal de la innovación. Al mismo tiempo, se preservan los principios configuradores de la política financiera, asegurando que la transformación digital no afecta al nivel de protección a la clientela de servicios financieros, a la estabilidad financiera y a la integridad en los mercados, ni facilita de ningún modo la utilización del sistema financiero para fines ilícitos.

Respecto a la principal de las medidas contempladas en el anteproyecto, el “Sandbox” o espacio controlado de pruebas, existe consenso internacional en considerar que este tipo de instrumentos puede ser de utilidad para todos los actores, y, en especial, para supervisores y legisladores en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a su funcionamiento, se prevé que las pruebas se realicen bajo tres condiciones: (1) vigilancia de las autoridades competentes, en particular los supervisores financieros; (2) delimitación previa del alcance, duración y características de las pruebas; (3) máxima garantía para los participantes cuando la realización de las pruebas requiere la participación de clientes reales.

El documento para Audiencia Pública está disponible en la página web del Ministerio de Economía y Empresa.

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El CGPJ propone que los estudios de formación inicial de acceso a la Carrera Judicial tengan la condición de máster oficial universitario

14 de julio, 2018

Miércoles, 11 de julio de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ propone que los estudios de formación inicial de acceso a la Carrera Judicial tengan la condición de máster oficial universitario

La Comisión Permanente acuerda constituir un comité de estudio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para llevar a cabo la iniciativa

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la constitución de un comité de estudio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con el objeto de que los estudios de formación inicial de acceso a la Carrera Judicial tengan la condición de máster oficial universitario.

De este modo, los alumnos de la Escuela Judicial obtendrían el título oficial de máster universitario, expedido por la UNED, al concluir el curso de formación inicial posterior a la superación de la oposición de ingreso en la Carrera Judicial.

La iniciativa -adoptada ya por algunos centros de formación de funcionarios públicos, como es el caso de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía o de los Inspectores de Finanzas- pretende aprovechar y poner en valor el elevado grado de formación que imparte la Escuela Judicial, facilitando que los nuevos miembros de la Carrera Judicial continúen su formación académica al más alto nivel, poniéndolos en posición de iniciar de inmediato el proceso de elaboración de una tesis que les permita doctorarse.

A falta de una previsión legal específica que establezca el cauce para obtener la equivalencia entre la formación obtenida en la Escuela Judicial y una titulación oficial universitaria –que sí se contiene, por ejemplo, en el artículo 6.2.b de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, el CGPJ considera imprescindible establecer un cauce de colaboración institucional con una universidad, que será la que permitirá que esas actividades de formación inicial tengan el valor propio de un máster oficial de ese centro.
La universidad elegida para mantener los contactos iniciales es la UNED, que además de ser uno de los dos únicos centros universitarios de ámbito nacional –el otro es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo-, es el más antiguo de los que imparten formación a distancia, ya que fue fundado en 1972. Además, acredita contrastada calidad y solvencia y su claustro está integrado por un profesorado de reconocido prestigio nacional e internacional.

Del análisis de la cuestión llevado a cabo de manera conjunta con el rector y vicerrectoras correspondientes de la UNED y con el decano de su Facultad de Derecho, se ha concluido la conveniencia de establecer un comité de estudio con el objetivo de elaborar y proponer al CGPJ y a la universidad la aprobación de un convenio que establezca el marco de colaboración y los requisitos que se deberán cumplir para que los estudios de formación inicial impartidos en la Escuela Judicial tengan, adicionalmente al valor que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial, la condición de máster oficial de la UNED.

Los representantes del CGPJ en ese comité de estudio serán los vocales José María Macías y José Antonio Ballestero y el jefe del Servicio de Formación Inicial, Jorge Jiménez.

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la suspensión de funciones de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por rebelión

14 de julio, 2018

Martes, 10 de julio de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena acuerda la suspensión de funciones de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por rebelión

El magistrado acuerda la conclusión de la causa del “procés” y declara en rebeldía a los procesados fugados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes la conclusión del sumario de la causa instruida por el proceso secesionista de Cataluña respecto de los procesados no fugados, ha declarado la rebeldía de los procesados fugados y ha aplicado la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont y de los otros cinco diputados procesados por delitos de rebelión -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez-, salvo en el caso de Antoni Comín, que podrá recurrir en reforma su procesamiento.

Llarena explica que la medida de suspensión es automática por imperativo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y deja al Parlament de Cataluña la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas.

En el auto de conclusión del sumario, el juez explica que el artículo 384 bis de la LECrim, que contempla la suspensión de sus funciones o cargo público para los procesados por rebeldía que se encuentren en situación de prisión, configura una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional “impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”.

Suspensión automática por imperio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Llarena recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con una pena que comporte la privación definitiva del derecho de representación (inhabilitación), el artículo 384 bis contempla una medida de eficacia meramente provisional, destacando que la medida de suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión, o si se modifica la situación de prisión provisional a la que están sujetos, lo que supondría la inmediata reactivación del derecho de los procesados a representar a sus electores.

Por ello, remarca que esta posibilidad “resultaría ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios, forzara a los procesados suspendidos a renunciar de manera irrevocable a una representación que la ley les limita sólo temporalmente”.

Posibilidad de que el Parlamento decida la sustitución temporal por otros miembros de las mismas candidaturas

Esa suspensión provisional del escaño, según el magistrado, “no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el período de la suspensión de los cargos; como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.

El juez considera obligado comunicar a la Mesa del Parlamento autonómico de Cataluña que los procesados Carles Puigdemont, Oriol Junqueras , Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Sánchez “han quedado suspendidos –automáticamente y por imperio del artículo 384 bis de la LECrim- en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando, debiendo de proceder la Mesa del Parlamento a adoptar las medidas precisas para la plena efectividad a la previsión legal”.

Llarena añade que se comunicará a la Mesa del Parlament cualquier cambio procesal que conlleve la modificación de la suspensión y participa que “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados, puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlamento”.

La conclusión de la causa afecta únicamente a los procesados que se encuentra a disposición del juez instructor. Respecto a los que están huidos de la Justicia -Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel-, el juez ha acordado en otro auto declararlos en rebeldía y, tal y como contempla el artículo 842 de la ley procesal, se suspende el curso de la causa respecto a ellos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez instructor.

A partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados para los que se ha acordado la conclusión de sumario, les emplaza para que comparezcan ante el tribunal competente en el plazo de quince días, y recuerda que las resoluciones adoptadas en el día de la fecha, como las que afectan a la suspensión de cargo o de función pública, así como el trámite para interesar la confirmación o la revocación del auto de conclusión del sumario, serán susceptibles de revisión ante la Sala de enjuiciamiento.

Llarena acepta la pretensión de Comín y Serret de recurrir ahora su procesamiento

El juez acoge la pretensión de Meritxell Serret y Antoni Comín de dejar sin efecto la providencia de 27 de junio de 2018 por la que se declaró firme el auto de procesamiento respecto a estos dos procesados, que alegaron que no fueron tenidos por parte hasta el día 5 de junio pasado y que, puesto que no se les había notificado desde entonces dicho auto ni se les había recibido tampoco declaración indagatoria, el auto de procesamiento no había podido ganar firmeza para ellos dos.

Frente a estos argumentos, Llarena considera que carecen de sustento las objeciones preliminares de la parte recurrente. Recuerda que el auto de procesamiento se dictó el 21 de marzo y que fue notificado el 2 de abril a la defensa de Comín y de Serret. Desde ese momento, explica el juez, se les ofreció la posibilidad de personarse en el procedimiento y que se les diera traslado de lo actuado.

El magistrado relata que, tras diversas negativas de los procesados a personarse, el 6 de junio de 2018 el procurador y el abogado de los dos procesados presentaron un escrito en el que solicitaban que se les tuviera por comparecidos en representación y defensa de Meritxell Serret y Antoni Comín.

Así, Llarena considera que, aun cuando la asistencia letrada de los procesados tuvo conocimiento de la resolución de procesamiento desde el momento mismo de la emisión del auto y, pese a que pudo impugnar la decisión desde el momento mismo de su comparecencia en el proceso, “la consideración de la parte de que el término de la impugnación sólo se abre a partir de una notificación específica y posterior a la personación, es una observación que encuentra su reflejo en el artículo 384 de la ley procesal”.

Dicho artículo establece que “contra los autos que dicten los Jueces de Instrucción, decretando el procesamiento de alguna persona, podrá utilizarse, por la representación de ésta, recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación del recurrente”.

El magistrado concluye que, “por más que los procesados Meritxell Serret y Antoni Comín no estén a disposición del Tribunal, y pese a que adelantaron en diversos escritos que no era su intención personarse en la causa mientras no fueran habidos, dado que finalmente han comparecido en el procedimiento, por más que haya sido con posterioridad a que se desestimaran los recursos de reforma interpuestos por el resto de procesados, y posteriormente también a que se interpusieran y tramitaran sus correspondientes recursos de apelación, procede dejar sin efecto la providencia de 27 de junio de 2018, en lo que hace referencia a que el auto de Procesamiento de 21 de marzo de 2018 cuente con los efectos de la cosa juzgada formal respecto de los procesados antes indicados, habiendo de notificarse el Auto a su representación procesal, con indicación de los recursos que pueden interponer contra dicha resolución”.

Rechaza las peticiones solicitadas por las partes

El juez rechaza en esa misma resolución todas las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular ejercida por el partido político VOX como por las defensas por ser innecesarias o reiterativas.

El magistrado entiende que se han practicado cuantas diligencias han sido necesarias para esclarecer los hechos atribuidos a los encausados y determinar su eventual participación en los mismos y que en atención a la necesaria celeridad que impone la prisión preventiva de algunos de los procesados, procede declarar concluso el sumario y remitir la causa al Tribunal competente para celebrar el juicio.

Además de este auto, el juez ha dictado otros siete en los que resuelve las distintas peticiones que le han planteado la defensa de algunos de los procesados. Por un lado, deniega la petición de libertad del exconseller de Interior Joaquím Forn por riesgo de reiteración delictiva y de fuga, y, por otro lado, rechaza incluir en la causa a Neus Lloveras, diputada de Parlament de Cataluña y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, y a Miquel Buch, alcalde de la localidad de Premiá de Mar, investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, sin perjuicio de que la actuación que se les atribuye en la exposición razonada enviada al instructor pueda ser determinante de una responsabilidad penal distinta a la que se depura en la investigación de esta causa.

Llarena acuerda asimismo dejar sin efecto la solicitud realizada al Ministerio de Hacienda para que elaborase un informe de análisis técnico-contable respecto de la documentación entregada por la Generalitat de Cataluña con ocasión de los cuatro requerimientos efectuados por ese Ministerio a la Interventora General de Intervención de las Cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017-2018, así como el análisis, con criterios técnico-contables, de la evolución de la intervención de las cuentas de la Generalitat a lo largo de los años 2017- 2018, sin perjuicio de la facultad del ministerio público de interesar dicho criterio técnico para el juicio.

Por otra parte, rechaza la pretensión del procesado Jordi Cuixart de expulsar del procedimiento documentos y diligencias vinculados con Josep María Jové y Lluis Salvador, y rechaza también el recurso que presentaron varios de los procesados contra la providencia del instructor en la que les daba tres días de plazo para que solicitasen las diligencias que considerasen oportunas.

Por último, el instructor declara bastante la fianza de 2.135.948,06 euros ingresada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo para responder de las posibles responsabilidades civiles.

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Sindicatos y patronal firman el acuerdo para la subida salarial y proponen a Gobierno y partidos políticos cambios en la legislación laboral

14 de julio, 2018

Sindicatos y patronal firman el acuerdo para la subida salarial y proponen a Gobierno y partidos políticos cambios en la legislación laboral
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los dirigentes de organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, han firmado hoy el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), tras muchos meses de negociaciones. Un acuerdo cuya importancia ha destacado Unai Sordo tanto por su contenido como por su significado: “Es un acuerdo de gran transcendencia, orientado a una recuperación nítida de los salarios, sobre todo de los más bajos, tras un periodo de intensa devaluación salarial”.
05/07/2018. ccoo.es
“La subida de los salarios supone redistribuir la riqueza, construir una sociedad más inclusiva y menos desigual, al tiempo que ayuda a consolidar un modelo de crecimiento mejor”, explicó el secretario general de CCOO en el acto de firma del acuerdo, en el que estuvieron presentes la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y su predecesora, Fátima Báñez.

El pacto, que afectará a unos 10 millones de trabajadores y trabajadoras con convenio colectivo, y que tendrá vigencia para los dos años y medio próximos, incluye un incremento salarial fijo en torno a un 2% y una parte adicional variable del 1%. Además se acuerda establecer progresivamente el salario mínimo de convenio en 1.000 euros, por catorce pagas.

Más allá de la mejora salarial de entre el 12 y el 20% para más de 2.200.000 trabajadores y trabajadoras, la mayoría jóvenes, que supondrá la subida del salario mínimo de convenio, el IV AENC incluye una serie de propuestas referidas a legislación laboral, protección social y pensiones que CCOO y UGT y los empresarios han acordado instar al Gobierno para su negociación, entre las que mencionó Unai Sordo, cambios en el art. 42 del ET para que se regule la subcontratación y medidas para enfrentar la contratación precaria y la temporalidad, que afectan principalmente a jóvenes y mujeres.

Si el contenido es importante porque “nos coloca en la mejor situación para afrontar los graves problemas del mercado laboral, como la creciente precariedad”, el acuerdo que se ha firmado esta mañana significa la recuperación del diálogo social y también una reivindicación del papel de los agentes sociales, en especial de los sindicatos. Así lo destacó el secretario general de CCOO cuando manifestó que “los sindicatos no somos notarios de la realidad, queremos tener capacidad de orientar las políticas”, y este acuerdo lo hace, además de emplazar al Gobierno y a los partidos políticos a mejorar un modelo laboral que “tiene un amplio margen de mejora”.

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Sentencia de casación de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre cuestión indiviso

13 de julio, 2018

Jueves, 12 de julio de 2018  poderjudicial.es

Sentencia de casación de la Sala Civil del TSJ de Cataluña sobre cuestión indiviso

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de Casación del TSJ de Cataluña resuelve en una sentencia que, cuando dos propietarias tienen el mismo interés legítimo en un bien indivisible (como en el caso que ocupa la sentencia, una finca), le juez no puede decidir quién debe ser el propietario final sino que deberá resolverse a suertes.

En el derecho civil de Cataluña la disolución de la comunidad ordinaria indivisa entre dos personas que son dueñas de un mismo bien, cuando es indivisible, como es en la mayor parte de los casos, un piso o local, no se produce siempre mediante pública subasta como ocurre en el Código Civil del Estado.

Si hay varios interesados y todos tienen la misma participación, la suerte decide quien se lo queda.

Nota de la magistrada ponente
Sentencia 61/2018
La Sala Civil del TSJC, en la Sentencia 61/2018 de 5 de julio, confirma otra anterior en el sentido de que, aun sin tener en cuenta motivaciones meramente subjetivas o personales, es posible analizar si uno de los copropietarios tiene un interés real y efectivo, en el sentido de ganancia objetivable, en quedarse toda la finca frente al otro, debiendo decidir el Juez en este caso tutelando el interés legítimo de quien lo tenga, el cual deberá abonar al otro su parte en dinero, evitando así el sorteo.
En el caso analizado por la Sentencia, la Sala de casación catalana, declara que el interés legítimo de ambas propietarias es el mismo por lo que no puede decantarse por adjudicarle a una de ellas la finca sino que será la suerte quien decida si se la queda una u otra.
En el derecho civil de Cataluña la disolución de la comunidad ordinaria indivisa entre dos personas que son dueñas de un mismo bien, cuando es indivisible, como es en la mayor parte de los casos, un piso o local, no se produce siempre mediante pública subasta como ocurre en el Código Civil del Estado.
En primer lugar, el Código Civil de Cataluña, pretende que se lo quede alguno de los copartícipes. Si solo lo quiere uno, no hay problema ya que se le adjudica al que lo pide, debiendo pagar al otro el valor de tasación de la finca que le corresponda por su participación.
Si lo quieren todos o varios, se le adjudicará a quien tenga una participación en el inmueble mayor, pagando a los demás el precio correspondiente.
Si hay varios interesados y todos tienen la misma participación, la suerte decide quien se lo queda.
Si finalmente ninguno tiene interés en quedárselo, se procede a la venta del inmueble para repartirse el precio entre todos los partícipes. La venta no debe realizarse necesariamente en pública subasta pues se admite cualquier forma alternativa con la finalidad de obtener el mayor precio por ella.
El problema se plantea muchas veces porque, perteneciendo la finca a dos personas por mitad, ambas manifiestan su interés en quedársela.
En estos casos existía la duda de si por “interés”, debía entenderse mera petición o bien cabía analizar el beneficio real que a cada uno de los copropietarios debía reportar quedarse la totalidad de la finca abonando la mitad de su valor al otro comunero.

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España recibirá este verano 30,4 millones de turistas internacionales

13 de julio, 2018

Previsiones turísticas

España recibirá este verano 30,4 millones de turistas internacionales
Jueves 5 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que las previsiones apuntan a que España recibirá, entre los meses de julio y septiembre, 30,4 millones de turistas, casi un 2,3% más que en el mismo periodo de 2017, lo que constituye un nuevo récord de llegadas. En cuanto al gasto, Maroto ha señalado que podría superar los 34.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento estimado superior al 4,1%.

Estos datos han sido elaborados sobre la información de Turespaña y las estadísticas que aportan las encuestas FRONTUR y EGATUR del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estrategia sostenible

La ministra, que ha recordado que España es el segundo país más visitado del mundo y el primero en competitividad turística, ha destacado que, con el objetivo de seguir mejorando y consolidar ese liderazgo, el Gobierno va a activar una estrategia en política turística basada en el concepto de sostenibilidad en una triple vertiente: económica, buscando un turismo de calidad; medioambiental, con una mejora del entorno; y territorial, basada en un reequilibrio para que la riqueza que genera el turismo se distribuya entre todos los territorios y todos los agentes.

Maroto ha explicado las dos primeras medidas que se han tomado desde el Ministerio dentro de esa estrategia. En primer lugar, la constitución, en septiembre, de una Red de Destinos Turísticos Inteligentes pivotada en torno a tres conceptos: innovación, sostenibilidad y accesibilidad. La Red, ha destacado la ministra, va a trabajar en entornos locales contribuyendo de este modo a la cohesión, el intercambio de buenas prácticas y el aprovechamiento de sinergias entre destinos.

En segundo lugar, Maroto ha hecho hincapié en la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo, una mesa de diálogo en la que el próximo 18 de julio los territorios podrán exponer sus problemas, retos y oportunidades con el objetivo de trabajar en una estrategia común. En la reunión, se abordarán dos elementos importantes: la normativa turística y las condiciones laborales de los trabajadores del sector, ya que, como ha señalado la ministra, los datos son positivos en términos de número de trabajadores, pero no los son en cuanto a las condiciones laborales.

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Viella

12 de julio, 2018

Viella

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La ministra Delgado expone en el Congreso los siete ejes que guiarán su gestión al frente de Justicia

12 de julio, 2018

La ministra Delgado expone en el Congreso los siete ejes que guiarán su gestión al frente de Justicia
Miércoles 11 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha expuesto en la Comisión de Justicia del Congreso el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura y con las que pretende “articular una Justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales”.
Estas iniciativas, para las que ha ofrecido máximo diálogo y la búsqueda de caminos comunes con el conjunto de todas las fuerzas políticas, se articulan en torno a los siguientes siete ejes:

1. Transparencia

La sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de transparencia en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, entre otros factores, han mermado la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema. Para recuperarla es necesario introducir mecanismos de transparencia y de participación ciudadana en el sistema, aunque sin alterar los sistemas de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de la o el fiscal general del Estado.

Para ello, se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos, se implementará un sistema en el que los distintos candidatos puedan defenderlos, presentar su proyecto de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, sin perjuicio de las obligadas relaciones institucionales.

Además, el currículum y el proyecto de cada uno de los aspirantes serán públicos para que puedan ser conocidos y valorados por la ciudadanía. Y se pondrá en marcha un mecanismo de participación que ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas cuestiones que, tramitadas por la Mesa de la Comisión de Justicia, estén referidas a los aspectos que deben exponer los candidatos y candidatas. Para ello serán convocadas las asociaciones y colegios profesionales, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes sociales.

El Ministerio atenderá a las organizaciones profesionales de la judicatura, que reclaman un mecanismo de amparo más eficiente. Frente al actual, recogido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que exige que el amparo sea reclamado en persona por quienes sufren las presiones, se articulará otro abierto a otros actores procesales o con interés en la causa.

En esta línea de hacer más transparente la actuación del Consejo del Poder Judicial, se estudiará la reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces.

Dentro de este primer eje relacionado con la transparencia, en breve verá la luz una orden ministerial que regula la selección de candidatos para la Fiscalía Europea, así como para los fiscales europeos delegados en España, mediante un procedimiento que se caracterizará por la publicidad, la transparencia y la especialización.

2. Modernización

Un segundo eje sobre el que se va a centrar la política del Ministerio va a ser el de la modernización de nuestro sistema de Justicia. La digitalización es una oportunidad de incorporar la Justicia a la modernidad, pero una implantación deficiente y precipitada perjudica tanto a la sociedad en general como a los profesionales de la justicia. En este sentido, el camino recorrido hasta ahora ha sido caótico.

Por tanto, hay que frenar el proceso, reflexionar y corregirlo para apostar por un solo sistema informático de gestión procesal unificado para todo el Estado, separado y alejado de las influencias, interferencias y control de los poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas.

3. Relación con los operadores jurídicos

El Ministerio cree indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y todos los colectivos afectados. Es necesario superar la actual situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y el Ejecutivo.

La ministra Delgado propondrá a los operadores jurídicos la formación de un grupo de trabajo interdisciplinar que emita un informe exhaustivo sobre el estado real de la Justicia con propuestas concretas que sirvan de base a las reformas legales o actuaciones administrativas necesarias para corregir los problemas detectados.

Una de las primeras medidas será la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última redacción establece un riguroso control de los plazos de la instrucción en los procedimientos penales que ha merecido numerosas críticas porque su aplicación ha podido abrir indeseables espacios de impunidad.

En materia de justicia gratuita, y además de ejecutar el incremento del 30,8 por ciento previsto en los Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio pretende adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada en 2015.

Y otra actualización inexcusable es la del Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969 para introducir los principios constitucionales y modernizarlo en cuestiones esenciales como la perspectiva de género, la transparencia, la participación y la garantía de la autonomía funcional de los fiscales.

4. Perspectiva de género

El cuarto eje que sustentará la actividad del Ministerio de Justicia será la incorporación de la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia. Para ello, el Ministerio quiere que el Centro de Estudios Jurídicos coordine los programas conjuntos en esta materia de género para la preparación y capacitación de los operadores y operadoras de Derecho, con reflejo en la Escuela Judicial y en sus programas de formación, y en el diseño de programas de formación conjuntos con el Consejo General de la Abogacía Española.

La ministra encargará a un grupo de expertas una relectura desde una perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y formará un grupo transversal que estudie esos mismos ámbitos referidos a los derechos y desigualdades de la comunidad LGTBI en relación con los demás colectivos.

La ministra ya ha ampliado el encargo realizado a la Sección Penal de la Comisión General de Codificación sobre la posible reforma del Código Penal respecto de los delitos contra la libertad sexual para que analice no sólo ese aspecto, sino también si resulta necesaria la modificación de otras normas.

El Gobierno, además, estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género, lo que permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita previsto en la ley integral e implicaría la obligatoriedad de aplicar la ley integral en estos supuestos, con toda su batería de medidas, entre ellas la labor de asesoramiento previo y acompañamiento.

5. Memoria histórica

El Gobierno defiende que España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición.

Con ese objetivo, la nueva Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia establecerá planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. Y procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

En paralelo, esta dirección general impulsará una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos.

Además, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiará la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

6. Jurisdicción universal

El Ministerio pretende recuperar la legislación sobre jurisdicción universal vigente entre 1985 y 2009, revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental.

Para ello, abrirá un espacio de discusión y aporte de información en el que un grupo de expertos, a partir de las iniciativas consolidadas en los últimos años, ofrezca en un plazo no superior a tres meses contribuciones para esa reforma. La ministra se ha comprometido a presentar las conclusiones de este grupo de expertos en el Congreso antes de finalizar este año.

7. Acercamiento a la ciudadanía

El Ministerio quiere implantar un modelo interactivo de participación ciudadana en el sistema de Justicia que genere mejoras reales en la vida de la gente. Con este fin retomará los trabajos ya iniciados para desarrollar una ley reguladora del derecho de defensa que ordene aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones y plasme en una norma con rango de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia.

También estudiará la mejor forma de impulsar la mediación en el ámbito civil y contencioso-administrativo, superando la actual situación de bloqueo en su implantación, para proporcionar a ciudadanos y empresas mecanismos alternativos de resolución de conflictos que podrían darse tanto de manera previa al proceso como una vez iniciado éste, si el juez considerase que cabe tal posibilidad.

En materia de discapacidad, en breve el Consejo de Ministros abordará una de las principales reformas de nuestra legislación civil hasta la fecha: cambiar el sistema vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

En materia de lucha contra la corrupción, la ministra Delgado ha explicado que España debe dotarse de los instrumentos necesarios que protejan a aquellos que se atreven a alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción. La ley de 1994 que regula la protección de testigos es insuficiente, por lo que se hace imprescindible actualizar esta norma desde el punto de vista de un proceso penal moderno que valora las garantías de víctimas, denunciantes e investigados y que refuerza las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.

Por último, y en materia de terrorismo, el Ministerio estudia la creación y desarrollo de un Observatorio sobre Terrorismo, dedicado a la prevención y desintoxicación ideológica, que sea operativo y que incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las diferentes actividades terroristas tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación.

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Guzmán el Bueno. Si no te gusta León…

11 de julio, 2018

Guzmán el Bueno. León

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El número de empresas concursadas se mantiene estable, disminuyendo en tamaño

11 de julio, 2018

El número de empresas concursadas se mantiene estable, disminuyendo en tamaño
Notas de prensa –  registradores.org
El volumen de pasivos afectados se reduce hasta los 7.500 millones de euros
La mitad de las concursadas presenta una deuda que casi iguala el valor de la propia empresa
El sector de la construcción continua perdiendo peso en los concursos y desciende hasta el 27% del total
26.06.’18.-   En 2017 el número de concursos se ha mantenido estable alrededor de los 3.500, con una ligera disminución de su tamaño, en términos de endeudamiento (pasivo exigible). La concursada tipo pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con trece años de edad, tiene contratados 6 empleados y un pasivo inferior a medio millón de euros (frente a casi 600.000€ en 2015, o los 900.000€ de 2014).

Son algunas de las conclusiones del Anuario Concursal 2017 del Colegio de Registradores, cuyo informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-mercantiles/estadistica-concursal/
La situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 94% de los casos) está bastante deteriorada: casi el 70% tiene pérdidas, y aproximadamente un 72% necesitaría  25 o más años para atender sus deudas con los recursos que genera (el 56% no genera recursos positivos).
Tan solo un 15,4% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites marcados por la Ley Concursal (quita del 50% y espera de 5 años en términos generales).
Las sociedades del ciclo de la construcción reducen su peso específico y disminuyen cada año más hasta suponer casi un cuarto de la muestra total (30,1% en 2016, 27,3% en 2017), perteneciendo al sector de servicios no inmobiliarios el 57,9% de las concursadas.
Reasignación de recursos y recuperación del crédito
En 2017, y ya consolidada como una característica estructural del procedimiento, el destino mayoritario tras la fase común es la liquidación (93,5% de los casos). En medio millar de casos la declaración de concurso y la propia apertura de la liquidación han sido simultáneas.
Se confirma que las sociedades que inician la fase de convenio, así como las que finalmente logran el acuerdo en 2017 son patrimonialmente más grandes, a la vez que reflejan mayores cifras de negocio. Además del tamaño, este año la pertenencia a la construcción parece aumentar la probabilidad de alcanzar un convenio.
En relación a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana  ha sido del 47,1% de su endeudamiento (46,2% en 2016), pudiendo devolver el 93,8% de la deuda en un 5% de los casos (las sociedades que se encuentran en mejor situación financiera). En el lado opuesto, un 5% de las sociedades (las que se encontraban en peor situación financiera) devolverían solo un 5,5% de sus deudas.
En 2017 tan sólo en un 2% de los casos se ofreció a los acreedores la posibilidad de participar del riesgo del capital, por medio de préstamos participativos o directamente a través de la conversión de deuda en capital (en 2016 fue en el 7%).
Duración del concurso
Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 61,6% de los casos (57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios es un 61,5% el que supera ese año, un claro empeoramiento respecto al 53,1% del año 2016. Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es más rápido en el caso de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor).
En 2017 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 990,5 días en concluir, tomando 1.698 días los concursos ordinarios. La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno, por tanto, a cuestiones procesales (de los 990,5 días, 873 corresponderían a las operaciones de liquidación, y 1.494 días en el caso de los concursos ordinarios).
Se constata de nuevo en 2017 que el  pasivo exigible por sociedad tiene una importante influencia en su duración: para los concursos abreviados, 598 mil euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 149 días) frente a los más de 950 mil euros registrados en el extremo opuesto (el grupo de más de 558 días). Para los procedimientos ordinarios, 2,3 millones de euros en el grupo de menor duración (igual o por debajo de 254 días) y 9,7 millones en el de mayor (igual o por debajo de 770 días).
Ciclo de la Construcción
En un escenario de estabilidad en el número de sociedades concursadas,  el ciclo de la construcción representó el 27,3% de la muestra, cifra inferior a las de los años anteriores (30,1% en 2016, 32,8% en 2015, 35% en 2014, 41,1% en 2013). Del total de pasivos afectados en 2017 (cerca de los 7.500 millones de euros, frente a los cerca de los 8.200 millones de 2015), la construcción no alcanza la mitad del importe, con el 45,6% del total.

En 2017, de nuevo, las sociedades que desarrollan actividades inmobiliarias son las que presentan peor imagen; sólo un 14,75% tendría capacidad para devolver sus deudas en 10 años o menos y un 45,75% presenta fondos propios negativos.
Acuerdos Extrajudiciales de Pagos
Desde su introducción en 2013 hasta la reforma de 2015, el ámbito subjetivo del Acuerdo Extrajudicial de Pagos se limitó a empresarios personas físicas (incluidos los trabajadores autónomos) y a personas jurídicas. La reforma de 2015 añadió a personas naturales no empresarios. En cualquier caso se trata de un procedimiento de renegociación pensado para deudores insolventes con pasivo estimado inicial no superior a los cinco millones de euros.
Hasta la fecha de cierre del anuario, se registraron un total de 17 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales de Pago realizadas por personas jurídicas. Si bien son cifras provisionales, se puede decir que es un número muy reducido, especialmente si se tienen en cuenta los 1.393 nuevos expedientes que afectaron a 1.722 personas físicas a lo largo del año.
Las personas jurídicas solicitantes del Acuerdo Extrajudicial de Pagos ofrecieron una imagen financiera próxima a las concursadas (el 69,2% registran pérdidas, un tercio poseen fondos propios negativos, y el 53,8% no podrían reducir su deuda en ningún caso). Se concluye con los datos anteriores que el Acuerdo Extrajudicial de Pago, en lo que se refiere a  sociedades mercantiles, se configura más como medio para retrasar el inicio del concurso que como mecanismo alternativo al mismo.

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Altar mayor de la Catedral de León. Julio 2018

10 de julio, 2018

Catedral de León. Altar mayor. XVIII

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El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía

10 de julio, 2018

Lunes, 9 de julio de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía

La Sala Tercera considera que, tras la STC 59/2017, puede liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, “adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial”.

“En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE”.

De otra parte, entiende que “el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.

Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, “posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL”.

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde “al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido”; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU “podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla” (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada “por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía”.

Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

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Catedral de León. Julio. 2018

9 de julio, 2018

Catedral de León. Vidriera. julio 2018

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La Agencia Tributaria ha devuelto más de 6.900 millones de euros a 11,1 millones de contribuyentes tras el cierre de la campaña

9 de julio, 2018

Campaña de Renta 2017

La Agencia Tributaria ha devuelto más de 6.900 millones de euros a 11,1 millones de contribuyentes tras el cierre de la campaña
Miércoles 4 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

Campaña RENTA 2017
La Agencia Tributaria ha devuelto ya 6.927 millones de euros a 11.120.000 contribuyentes tras concluir la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2017 (IRPF 2017), de manera que, en estos momentos, casi el 80% de las devoluciones solicitadas y más del 69% de los importes ya han sido abonados.

Hasta el día de ayer, la Agencia había registrado 19.732.000 declaraciones del Impuesto sobre la Renta, 334.000 más que en la campaña anterior en las mismas fechas. Las declaraciones con solicitud de devolución han sumado un total de 13.913.000, el 70% del total.

En estos momentos, frente a una ligera caída registrada en las declaraciones con solicitud de devolución (-0,48%), los pagos crecen un 0,29%. De igual forma, los importes efectivamente devueltos crecen en mayor medida que los solicitados, ya que, mientras los importes solicitados a devolver aumentan moderadamente, un 0,15%, los importes abonados a los contribuyentes a fecha de 3 de julio crecen un 1,59%.

Dos nuevos canales de presentación

La pasada campaña ha contado, como principal característica, con la introducción de dos nuevos canales de presentación, la nueva aplicación móvil y el plan ‘Le Llamamos’ de confección telefónica de declaraciones. La nueva ‘APP’ ha sido utilizada por casi 200.000 contribuyentes para la presentación de la Renta. De ese total, casi 158.000 han sido declaraciones presentadas ‘en un solo clic’ y el resto previo paso por la web de la Agencia para realizar alguna modificación.

A su vez, 141.000 contribuyentes menos habituados a las nuevas tecnologías y con perfil de asistencia telefónica han optado por fijar fecha y hora para que la AEAT les llame y han presentado su declaración haciendo uso del plan ‘Le Llamamos’. A esto se añaden otros contribuyentes que, si bien han concertado cita para la atención telefónica, finalmente han presentado por otras vías no presenciales. La presentación por vía telefónica, sumando las tradicionales llamadas entrantes a la AEAT y el plan ‘Le Llamamos’, ha crecido un 83%, totalizando casi 180.000 declaraciones presentadas por esta vía.

En la pasada campaña los contribuyentes han tenido la oportunidad de prepararse con más tiempo, desde el 15 de marzo, para poder presentar su declaración desde el primer día a través de ‘RENTA WEB’, la herramienta universal que ofrece la Agencia para la gestión de todas las declaraciones.

Estas novedades han impulsado una nueva y fuerte aceleración en las presentaciones durante el primer tercio de la campaña, el que se corresponde con la presentación no presencial, de manera que en esa primera parte de la campaña se habían presentado ya 776.000 declaraciones más que en el mismo periodo del año pasado.

De ese incremento, 235.000 son contribuyentes que en la anterior campaña esperaron a recibir asistencia en las oficinas a partir de mayo y, sin embargo, este año aprovecharon las distintas vías de ayuda no presencial para acelerar el proceso y, en su caso, la devolución, evitándose desplazamientos a las plataformas de asistencia presencial.

Por otra parte, la estrategia impulsada con los nuevos canales de presentación, el adelanto de servicios de asistencia y las nuevas mejoras en RENTA WEB han permitido que cerca de un tercio de los contribuyentes que el año pasado acudieron a las oficinas de la Agencia para que se les ayudara a confeccionar sus declaraciones y que, sin embargo, no hicieron ninguna modificación con respecto a los cálculos iniciales que les propuso la AEAT, este año ya hayan optado por vías no presenciales, evitándose así desplazamientos y teniendo la oportunidad de recibir antes, en su caso, la devolución que les correspondiera.

Al mismo tiempo, la Agencia ha mantenido el tradicional servicio de atención presencial en oficinas, presentándose en plataformas de Renta algo más de 2.100.000 declaraciones, frente a las casi 2.600.000 del pasado año.

Impuesto sobre el Patrimonio

De forma paralela a la Campaña de Renta, se ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones), y también aquellos sin cuota a ingresar, pero que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los 2 millones de euros. Hasta el día de ayer, se han registrado ya casi 203.000 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar alcanza los 1.108 millones de euros.

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Nadia Calviño: “Queremos construir una economía robusta, pero que sea justa con los ciudadanos”

8 de julio, 2018

04 de julio de 2018 mineco.gob.es

Nadia Calviño: “Queremos construir una economía robusta, pero que sea justa con los ciudadanos”

La ministra apuesta por hacer compatible la estabilidad económica y la agenda social

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles en el acto de toma de posesión de los altos cargos del ministerio que el Gobierno quiere hacer compatibles los compromisos de estabilidad económica y financiera con la agenda social que tanto necesita España. “Queremos una economía robusta, pero que sea justa con los ciudadanos”, ha dicho Calviño, al tiempo que ha destacado la importancia de la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos Económicos y ha pedido a los trabajadores del ministerio su colaboración “para mejorar lo que no funciona y para aprovechar todas las ideas que puedan ayudarnos a conseguir un país más moderno y más incluyente”.

Por otra parte, tras prometer el cargo, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, Francisco Polo, han intervenido en el acto. De la Cueva ha marcado como prioridad “potenciar la presencia de España en Europa y en las instituciones financieras internacionales”, mientras que Francisco Polo ha defendido que España sea una nación emprendedora y ha reivindicado que “el talento sea una prioridad y que sea el centro de nuestra economía gracias a la transformación digital”.

Además de los secretarios de Estado, han tomado posesión Amparo López, como subsecretaria de Economía y Empresa; Carlos San Basilio, como secretario general del Tesoro y Financiación Internacional; Carmen Balsa, como directora del Gabinete de la ministra de Economía y Empresa; Elena Aparici, como directora general del Tesoro y Política Financiera; Luis Martí, como director general de Política Económica; Roberto Sánchez, como director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información; y José Carlos García de Quevedo, como presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

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Vista aérea de Quenxe. Corcubión. A Coruña

7 de julio, 2018

Corcubión. playa de Quenxe

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Doña Sofía Duarte Domínguez. Directora General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos

7 de julio, 2018

Justicia

Directora General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos.-

Dª SOFÍA DUARTE DOMÍNGUEZ.

Nacida en 1958, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y, desde 1988, pertenece al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Actualmente desempeñaba su labor en los Juzgados de lo Penal de Sevilla, donde estaba destinada desde 1999. También ha sido directora general de la Oficina Judicial y Fiscal en la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, asumiendo la gestión de los recursos humanos y materiales transferidos a la comunidad autónoma en materia de Justicia durante la X legislatura de la Junta de Andalucía.

Con anterioridad ha prestado servicio en la Audiencia Provincial de Huelva, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Laguna (Tenerife), en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 del Puerto de Santa María (Cádiz) y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión (La Coruña).

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Marlaska cuestionó la validez de la base de datos antiblanqueo del Notariado

6 de julio, 2018

Apunta falta de documentación
Marlaska cuestionó la validez de la base de datos antiblanqueo del Notariado
Un informe que elaboró para el CGPJ mantiene que le faltan documentos y pone en riesgo la normativa sobre protección de datos.

Fernando Pastor
Lunes, 02 julio 2018, lainformacion.com
El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue uno de los dos ponentes encargados de elaborar el informe que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo sobre el anteproyecto para trasponer a la normativa española los cambios que plantean las dos directivas europeas que regulan el tema. Una de las cuestiones clave a contemplar es la creación de un registro de titularidades reales (artículos 30.3 y 31.4), que ha de tener carácter central, y que podrá ser un registro mercantil, un registro de sociedades o un registro público.
Dependiendo de cómo se establezca, serán los notarios o los registradores los encargados de controlar y difundir los datos clave en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y su interconexión con la UE. Y la postura del ex vocal del CGPJ y actual ministro de Interior, es muy clara: el índice que existe en España es la Base de Datos de Titularidad Real configurada por el Consejo General del Notariado, pero “sin perjuicio de su evidente eficacia, es cuestionable que con él se satisfaga la exigencia derivada de la directiva en punto al registro de las titularidades reales”.
A su juicio, a la base de datos de titularidad real de los notarios le faltarían documentos por incluir, dado que “solo se incorpora la información contenida en los documentos autorizados e intervenidos por fedatario español” formalizadas en documento público, como los relativos a la constitución y a las operaciones estructurales de las sociedades o las trasmisiones de acciones y participaciones sociales. También advierte que el registro notarial incluye las manifestaciones responsables sobre titularidad real que se hacen en las notarías, pero son solo eso, “meras manifestaciones a las que no alcanza la fuerza probatoria del documento público”.
Además de esa limitación, el informe que elaboró el CGPJ a finales del mes de abril advierte que “la formalización en escritura pública de las transmisiones de acciones y participaciones sociales no es siempre y en todo caso necesaria”. Concretamente, señala que no lo es cuando se trata de la transmisión de acciones de sociedades anónimas no cotizadas, “y conforme a una corriente jurisprudencial, no es precisa la escritura pública para la válida transmisión de los títulos, en particular cuando se trata de la donación de participaciones sociales”.
Fuentes notariales conocedoras del informe del CGPJ y las críticas que lanza a su registro advierten que el trabajo se ha hecho sin tener en cuenta cuestiones como que todas las inscripciones se realizan con la“titularidad acreditada”, y no manipulada. Es decir, que se comprueba la trazabilidad y la evolución de cada dato antes de su inclusión. Si bien admiten que todo es mejorable, señalan que optar solo por el Registro Mercantil, que acaba de empezar a hacer ahora este tipo de inscripciones (los notarios empezaron en 2012), deja fuera los datos de más de un 28% de las empresas que se estima que no presentan cuentas en el Registro de forma habitual.
Datos personales
El análisis exhaustivo que realiza Grande-Marlaska junto al otro ponente nominado desde el CGPJ, Rafael Mozo Muelas, alerta desde el principio de la falta que hay en España de “la debida traslación del régimen de registros de titularidades reales y de acceso a la información contenida en los mismos”, pero advierte al mimos tiempo que es necesario también que el nuevo sistema que elija el legislador salvaguarde el derecho a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.
Llega incluso a advertir que el registro que se utiliza en España en la actualidad, que elaboran los notarios, “puede suscitar problemas desde el punto de vista de la protección de los datos personales, en la medida en que la obtención e incorporación de los datos a la Base notarial no haya venido precedida de la advertencia de su tratamiento y de la posibilidad del ejercicio de los derechos de acceso y rectificación por parte de los interesados, ni de la cesión de los mismos a terceros, como los sujetos obligados y quienes acrediten un interés legítimo”.
Publicidad e interconexión
Además de todas las precisiones de carácter puramente jurídico documental, el ahora ministro advierte en el informe que la base de datos notarial carece de carácter público, ya que son datos secretos que solo están disponibles para los propios notarios y para las autoridades competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal. “Por consiguiente, no goza del carácter público exigido por la Directiva ni facilita el acceso a la información contenida en el mismo en los términos previstos en el artículo 30.5 de la directiva”, señala el documento.
Aunque el informe como tal se centra en analizar la norma en proceso de elaboración y no opta por uno u otro registro -sino que se limita advertir que es necesario tener uno-, sí advierte que la opción de utilizar el registro de los notarios no facilita la interconexión con otros índices europeos, algo que, a su juicio, sí se ofrece desde el Registro Mercantil (que gestionan los registradores), sobre todo desde que un cambio legislativo en 2015 le permite para hacer posible su incorporación a la plataforma central europea a través del Business Registers Interconnection System (BRIS).
El contraste realizado en la parte que representan los notarios señala a este respecto que la valoración que desde las instituciones dedicadas a la investigación del fraude, tanto a nivel nacional e internacional, se ha puesto como ejemplo su Registro como uno de los mejores y más eficaces, hasta el punto de que goza con el aval y la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los órganos de mayor prestigio en este ámbito. También alerte de que no existe un sistema homogéneo en toda Europa, sino que en cada país este tipo de registro depende de instancias diferentes.

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El vocal Juan Manuel Fernández destaca el papel clave del Poder Judicial en la erradicación de la violencia

6 de julio, 2018

Martes, 3 de julio de 2018 poderjudicial.es

El vocal Juan Manuel Fernández destaca el papel clave del Poder Judicial en la erradicación de la violencia

Inaugura en el Pazo de Mariñán la XXI edición de la Escuela de Verano, que abordará el fenómeno de la violencia desde diversos ámbitos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández ha destacado hoy en el pazo de Mariñán (A Coruña), durante la inauguración de la vigésimo primera edición de la Escuela de Verano, el papel clave que ha desempeñado “desde siempre” el Poder Judicial “en la erradicación de la violencia”, haciéndolo “con la fuerza de la ley y de la razón”. En el acto de apertura de los cursos, que se celebran hasta el 13 de julio y cuyo tema central es el fenómeno de la violencia, también han participado el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, y el diputado provincial Bernardo Fernández Piñeiro.

Expertos juristas y destacados profesionales de otros ámbitos tratarán en las jornadas sobre “muchas de las manifestaciones de la violencia, desde la de género hasta la terrorista, pasando por las múltiples formas de acoso que sufren nuestros jóvenes”, según ha adelantado el vocal, quien ha recalcado que la independencia es “la divisa esencial de un Poder Judicial democrático, vinculado a la Constitución y a la ley”, por lo que ha de estar “anclada en el conocimiento jurídico”.

Juan Manuel Fernández ha incidido en el compromiso de este Consejo en materia de formación. “A lo largo de estos casi cinco años, se han venido ofertando una media de 370 actividades formativas al año, en las que participa aproximadamente el 70% de la carrera judicial. La formación permanente se plantea no como mera impartición de contenidos, sino también como lugar de encuentro e intercambio, porque, a pesar de no ser obligatoria, juega un papel fundamental en el desempeño de la función jurisdiccional y constituye un auténtico deber profesional, al ser garantía de la independencia judicial y de una mayor eficacia en la Administración de Justicia”, ha resaltado.
El conselleiro de Política Territorial ha reivindicado la Justicia como “un valor supremo en cualquier organización social” y ha subrayado que es “la piedra angular del sistema de igualdad y garantías que disfrutamos”. Rey Varela también ha abogado por seguir “avanzando en su modernización y en la mejora de su calidad”.

Por su parte, el diputado provincial Bernardo Fernández ha destacado la importante labor que realiza la Justicia en la lucha contra las diferentes formas de violencia y ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones “que permite que la provincia de A Coruña sea cada verano el lugar de referencia para el debate de los asuntos de actualidad que afectan al ámbito judicial”.

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