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El Tribunal Supremo fija el criterio sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios

20 de marzo, 2019

Martes, 19 de marzo de 2019 – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo fija el criterio sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios

Uno de los criterios interpretativos que resuelve es la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en escrituras públicas que documentan novación modificativa de un préstamo hipotecario, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad hipotecaria.

El tribunal explica que deberá examinarse caso por caso si en atención a las cláusulas incorporadas se reúnen los requisitos legales, en especial la inscribilidad y que el contenido sea valuable. En los casos en que las nuevas cláusulas estén sometidas a gravamen, el tribunal concluye que la base imponible se aplicará sobre el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición.

La sentencia fija dos criterios interpretativos en esta materia. En primer lugar, resuelve la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, si las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras están sujetas y exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad actos jurídicos documentados.

Al respecto, la Sala indica que “cuando la escritura pública incorpora simplemente modificaciones sobre las cláusulas financieras, habrá de atenderse a éstas para constatar si cumpliéndose los requisitos legalmente exigidos, esencialmente el de inscribilidad y tener por objeto cantidad o cosa valuable, está la misma sujeta o no al gravamen de AJD, extendiéndose la exención del art. 9 de la Ley 2/1994, en exclusividad a las cláusulas relativas al interés del préstamo, a la alteración del plazo del préstamo, o a ambas”.

La sentencia responde además a una segunda cuestión, en concreto si, en caso de que las escrituras públicas de novación de préstamos hipotecarios en las que se modifican no sólo las condiciones referentes al tipo de interés y/o al plazo del préstamo, sino adicionalmente otro tipo de cláusulas financieras no exentas del Impuesto, la base imponible viene determinada por el importe total de la responsabilidad hipotecaria garantizada o tan sólo por el contenido económico de las cláusulas financieras cuya modificación se acuerda”.

Sobre ello, el tribunal establece que “la base imponible se debe determinar en atención al contenido material del hecho imponible, que en caso de la simple novación modificativa de préstamo hipotecario incorporada a escritura pública se concreta en el contenido económico de las cláusulas financieras valuables que delimitan la capacidad económica susceptible de imposición”.

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Los secretarios de Gobierno expresan su apoyo incondicional a la letrada del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona ante los “ataques intolerables” sufridos

19 de marzo, 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
En un encuentro en San Lorenzo de El Escorial
Los secretarios de Gobierno expresan su apoyo incondicional a la letrada del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona ante los “ataques intolerables” sufridos
La ministra de Justicia inaugura el encuentro y subraya la labor de los letrados como “actores principales hacia una Justicia, más moderna, eficaz y cercana”
14 de marzo de 2019.- Los secretarios de Gobierno de todos los tribunales superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, reunidos hoy en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), han emitido un comunicado en apoyo a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que reproducimos a continuación:
“En las jornadas de Secretarios de Gobierno celebradas en San Lorenzo de El Escorial el 13 y 14 de marzo, bajo la presidencia del secretario general de la Administración de Justicia, la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se ha convenido manifestar apoyo incondicional a Doña Montserrat del Toro, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ante los ataques intolerables que está sufriendo en su condición de Autoridad, por el ejercicio, con independencia y autonomía, de la fe pública judicial en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.”
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha inaugurado hoy este encuentro en el que ha destacado la labor de los secretarios de Gobierno como “actores principales y decisivos en el tránsito hacia un nuevo modelo de Administración de Justicia, más moderno, eficaz y cercano”. Delgado ha subrayado el papel que ejercen los letrados de la Administración de Justicia de impulso de la transformación organizativa de la Oficina Judicial y de liderazgo de la modernización tecnológica de la Justicia, dos ejes fundamentales de la acción del ministerio para la mejora del servicio público.
La ministra ha recordado las actuaciones llevadas a cabo por su departamento en los últimos meses para estabilizar y consolidar el proceso de transformación digital de los juzgados. La directora general de Modernización, Sofía Duarte, ha visitado 25 sedes judiciales del territorio del ministerio para escuchar a los operadores jurídicos y recabar sus peticiones de mejora, con la finalidad de llevar a cabo las acciones necesarias.
Han asistido a este encuentro los secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia, Melilla y Canarias. Por parte del Ministerio de Justicia, participan el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, la directora general de Modernización, Sofía Duarte, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la subdirectora general de Programación de la Modernización, Rosa Tomé.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, el Real Decreto de sustituciones profesionales de los letrados de la Administración de Justicia, el borrador del nuevo reglamento orgánico del cuerpo o la ciberseguridad son algunos de los asuntos que se han debatido hoy en las mesas de trabajo.
En la jornada de ayer, el secretario general de la Administración de Justicia dirigió una reunión de trabajo en la que se abordaron numerosos temas técnicos, entre otros:

  • La aplicación del Real Decreto que mejora las retribuciones por sustituciones entre letrados de la Administración de Justicia.
  • La preocupación por la compatibilidad entre el derecho de las partes a examinar las actuaciones del juzgado en un procedimiento y las normas que regulan la protección de datos.
  • Los efectos de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/1191 que elimina la necesidad de legalización o apostilla para hacer valer documentos en otro Estado de la Unión Europea.
  • La colaboración de los órganos judiciales con la Abogacía del Estado cuándo ésta defiende a España ante tribunales internacionales.
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La inflación se sitúa en el 1,1% en febrero y la subyacente se reduce hasta el 0,7%

18 de marzo, 2019

13 de marzo de 2019

mineco.gob.es

La inflación se sitúa en el 1,1% en febrero y la subyacente se reduce hasta el 0,7%

Se mantiene el diferencial de inflación favorable a España respecto a la zona euro

La tasa interanual del IPC general aumentó una décima en febrero de 2019, situándose en el 1,1%, tal y como avanzó el INE a finales del mes pasado, por la mayor subida de los precios de la energía y de los alimentos no elaborados.

Los precios de los productos energéticos crecieron en febrero el 2,6%, debido principalmente a la subida de los precios de carburantes y lubricantes (4%), en línea con la evolución del precio del petróleo en los mercados internacionales. Por el contrario, el precio de la electricidad descendió el 1,1% interanual.

Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 3,4% interanual, destacando el repunte de legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas (10,3%).

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC (alimentación no elaborada y productos energéticos) se redujo una décima en febrero, situándose en el 0,7% interanual. Esta reducción se debe a la moderación del ritmo de aumento de los precios de servicios -tres décimas hasta el 1,1%- mientras que los de alimentación elaborada, bebidas y tabaco se mantuvieron en el 0,4% y los de bienes industriales no energéticos, en el 0,1%. Dentro de servicios, destaca la caída del 6,2% en los precios de los paquetes turísticos.

En febrero, la tasa interanual del IPC aumentó en 10 de las 17 comunidades autónomas, se mantuvo en seis y disminuyó en una. Los mayores incrementos, de tres décimas, se produjeron en la Comunidad Foral de Navarra (1,6%), País Vasco (1,3%) y Castilla-La Mancha (1%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en febrero en el 1%, una décima inferior a la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de febrero, cuya tasa interanual también aumenta una décima, hasta el 1,1%. La inflación adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en dicho mes en el 1,5%, resultando un diferencial favorable para España de 0,4 puntos porcentuales

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Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

17 de marzo, 2019

Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Enlace al BOE .

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El dato del paro de febrero obliga a pedir responsabilidad política para no paralizar el país

16 de marzo, 2019

El dato del paro de febrero obliga a pedir responsabilidad política para no paralizar el país

4 marzo, 2019  uso.es

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, lamenta “que las cifras demuestren lo que llevamos denunciando desde el inicio de la mal llamada recuperación: que era una recuperación a medias, del capital, y no del empleo. Sigue sin recuperarse en calidad, pero este mes tampoco en cantidad”. Febrero ha sido en los últimos años un mes de ligeros descensos del paro, pero este año ha subido en 3.279 personas.

“Y lo ha hecho, además, golpeando especialmente a dos colectivos que llevan años sufriendo una mayor precariedad, como son las mujeres y los jóvenes. Todo el ascenso del paro corresponde a mujeres, con un leve descenso de 223 hombres y un aumento de 3.502 paradas. Mientras que, por edades, todo el paro se lo llevan los menores de 25 años, con una subida de 10.935 menores frente a una bajada de los mayores de 7.656. Esto demuestra que los jóvenes en nuestro país son mano de obra de usar y tirar, que vuelven al desempleo al terminar las rebajas, empleados tan de saldo como la mercancía de la campaña”, censura Joaquín Pérez; quien, además, ve una causa clara: “el contrato de formación sigue sin funcionar, supone solo un 0,5% del total de contratos firmados. Se ha comprobado por años que es una figura que no es efectiva para entrar en el mercado laboral”.

La contratación es sin duda el otro talón de Aquiles de unos malos datos de desempleo: “hay 5.590 contratos indefinidos menos que en febrero de 2018, bajan tanto los de jornada completa como los de jornada parcial. Pero, además de formalizarse menos, casi el 40% son parciales, contribuyendo al aumento de los trabajadores pobres”, critica el secretario general de USO.

A la desaceleración de la economía, contribuye “la inestabilidad política de nuestro país”, continúa Joaquín Pérez, quien les exige a los grupos parlamentarios que “no pueden paralizar el país medio año más para dedicarse a hacer campaña. Nos preocupa la parálisis de toma de decisiones y puesta en marcha de medidas que vamos a vivir en los próximos meses. La economía, el mercado laboral y la industria españoles, y tampoco nuestra sociedad en su conjunto, estamos para que nos den más largas viendo cómo una nueva crisis nos acecha sin haber resuelto la anterior”.

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El ICAC publica una resolución dirigida a mejorar la calidad y transparencia de la información financiera de las empresas

15 de marzo, 2019

11 de marzo de 2019

mineco.gob.es

El ICAC publica una resolución dirigida a mejorar la calidad y transparencia de la información financiera de las empresas

La norma regula la presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital
La resolución será de aplicación a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado una resolución que regula la presentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. Esta norma será de aplicación a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

Hasta la fecha, no existía en España una regulación completa de las implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital. La finalidad de la norma es mejorar la calidad y transparencia de la información financiera publicada por las empresas, facilitando a los usuarios de dicha información la toma de decisiones económicas al dotar de mayor seguridad jurídica el registro contable de estas operaciones, cuyas implicaciones contables son relevantes.

La norma tiene como objetivo, por un lado, desarrollar los criterios de presentación en el balance de las empresas españolas los instrumentos financieros, tales como acciones, participaciones y obligaciones. Estos criterios están alineados con la normativa internacional de referencia adoptada por la Unión Europea y deben seguirlos tanto las empresas españolas que emite los instrumentos como el socio o inversor que los suscribe o adquiere.

Por otro lado, la resolución publicada tiene también como objetivo aclarar las numerosas implicaciones contables de la regulación mercantil de las sociedades de capital. En particular, se precisa el tratamiento contable de las diferentes aportaciones sociales (atendiendo a su distinta naturaleza y finalidad), las operaciones con acciones y participaciones propias de la entidad o de la dominante, la subsanación de errores, la aplicación del resultado, las operaciones de aumento y reducción del capital, de emisión de obligaciones, disolución y liquidación, y modificaciones estructurales (tales como las operaciones de fusión y escisión).

Esta norma es de especial relevancia al aclarar cómo las empresas españolas deben tratar contablemente las distintas operaciones e instituciones contempladas en la regulación mercantil, desde el capital que reciben al emitir sus instrumentos financieros para financiar sus actividades, hasta las magnitudes que deben tener en cuenta a los efectos de distribuir el beneficio entre sus socios.

La resolución incorpora soluciones prácticas, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, en cuanto que las soluciones se han recogido una vez constatado que no existen otras opciones menos restrictivas para las empresas.

Adicionalmente a los trámites de consulta previa y audiencia pública, la Resolución se ha elaborado en el ICAC contando con la participación de un numeroso grupo de expertos representativo de todos los usuarios afectados por la norma, entre otros, representantes del Ministerio de Justicia, catedráticos de contabilidad y profesionales de la Universidad, representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, la Intervención General de la Administración del Estado, el Consejo General de Economistas y el Instituto Censores Jurados de Cuentas representantes de empresas cotizadas y representantes de asociaciones de emisores de principios y criterios contables, lo que ha contribuido a un mayor acierto y consenso técnico en la regulación que contiene.

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Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil.

14 de marzo, 2019

MINISTERIO DE HACIENDA
3541 – BOE 12 de marzo de 2019
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España han suscrito, con fecha de 7 de marzo de 2019, el Convenio de Colaboración para la consulta de la titularidad Real de Sociedades Mercantiles a través del Registro Mercantil, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y se incluye como anexo a esta resolución.
Madrid, 7 de marzo de 2019.–El Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá Belmonte.
ANEXO
Convenio de colaboración entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para la consulta de la titularidad real de Sociedades Mercantiles a través del Registro Mercantil
En Madrid, a 7 de marzo de 2019.
REUNIDOS
De una parte, don José Luis Escrivá Belmonte, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), nombrado para este cargo por Real Decreto 118/2014, de 21 de febrero («BOE» de 22 de febrero de 2014), actuando en el ejercicio de las competencias que le atribuyen el artículo 25 e) de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el artículo 25.s) del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo («BOE» de 29 de marzo de 2014), por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a los efectos de suscripción de convenios.
De otra parte, doña M.ª Emilia Adán García, mayor de edad, y domicilio a estos efectos en Madrid. Actúa en nombre y representación del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (en adelante el Colegio de Registradores), con NIF Q-2863012-G y domicilio en la Calle Diego de León n.º 21, 28006 Madrid, en su condición de Decana de la citada institución en virtud de la representación que le otorga el art. 23 del RD 483/1997 de 14 de abril por el que se aprueban sus Estatutos. Formaliza el presente convenio de conformidad con lo acordado por su Junta de gobierno en su reunión celebrada el 13 de noviembre de 2018.
Ambos intervienen se reconocen mutuamente la capacidad legal y la representación necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto,
EXPONEN
Primero.
Que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamente Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, en su artículo 30.3 establece que «Los Estados miembros se asegurarán de que la información (…) sobre la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades (…) o en un registro público».
Segundo.
La Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación tiene como principal novedad el documento que lleva por rúbrica «Declaración de identificación del titular real» mediante el cual, las sociedades mercantiles deben identificar ante el Registro Mercantil la titularidad real de las mismas.
Tercero.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España es una Corporación de Derecho público amparada por la Ley, reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que tiene entre sus fines los de coordinar el ejercicio de la actividad profesional de los Registradores, velando por la ética y dignidad profesional y por el ejercicio de sus funciones y procurar con todos los medios a su alcance la permanente mejora de las actividades profesionales de los Registradores, promoviendo las medidas que sean necesarias para su progreso y colaborando con Administraciones e Instituciones Públicas en beneficio del interés general.
Cuarto.
La AIReF, en el marco de las competencias que tiene atribuidas, y para la adecuada ejecución de las mimas, requiere un acceso ágil y eficiente al Registro Mercantil para la consulta de las titularidades reales de las entidades inscritas.
Quinto.
A estos efectos, el Colegio de Registradores ha desarrollado un servicio web que permite la comunicación de las aplicaciones de gestión de la AIReF con los Registros Mercantiles para, a través del mismo, acceder, de forma centralizada, a la consulta de titularidades reales. También se ha desarrollado como alternativa un portal web para, de forma más sencilla e individualizada, formular las indicadas consultas.
En atención a lo expuesto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, las partes formalizan el presente Convenio de Colaboración conforme a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto definir las condiciones de acceso y características técnicas del servicio a través del cual, la AIReF accederá a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles por medio de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. Existen dos opciones en función de las necesidades de la AIReF:
– Servicio Web: la consulta y recepción de la información resultante se realiza a través de las aplicaciones de gestión propias de la AIReF mediante servicios web automatizadas. La AIReF será responsable de acometer todas aquellas adaptaciones y desarrollos necesarios, en sus sistemas y equipos, para conectarse al servicio en las condiciones definidas por el Colegio de Registradores a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la seguridad de las comunicaciones.
– Portal de Titularidades Reales: los funcionarios o personal laboral al servicio de la AIReF podrán cursar consultas individuales a través de un portal web previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada la AIReF.
Segunda. Características del servicio.
Sin perjuicio de otras consultas que puedan ser programadas, en el futuro, el servicio de consulta de titularidades reales permitirá a la AIReF realizar tres tipos de consultas, articuladas mediante la invocación de tres servicios distintos:
1 Servicio solicitud información. Titulares reales de una sociedad.
Mediante la introducción del NIF de una sociedad mercantil facilitado por la AIReF, e indicando el año al que se circunscribe la consulta, el servicio devolverá la información de los titulares reales que conste en el registro mercantil competente en el indicado ejercicio. El usuario puede configurar la consulta para que, en el caso de que el titular real con un porcentaje superior al 25%, tenga una participación indirecta, se devuelva la información de las sociedades intervinientes en la cadena de control, en caso de que esta se haya solicitado.
En caso de no constar información sobre los titulares reales presentada en el ejercicio consultado, el servicio devolverá la última información que figure presentada en ejercicios anteriores.
2 Servicio solicitud información. Sociedades de las que una persona física es titular real.
Dado un titular real, se informa de en qué sociedades es titular real, ya sea como un titular real con participación superior al 25% o como titular real asimilado.
3 Servicio solicitud información. Sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real:
Dada una sociedad, se informa de las sociedades en las que aparece como sociedad interviniente en la cadena de control de un titular real.
La información mostrada por cada uno de los tres servicios será la información coherente que exista depositada en el Registro Mercantil en el momento de realizar la consulta en función de los datos declarados por la sociedad en su última presentación de cuentas anuales o, en su caso, actualizada en un momento posterior mediante la presentación de una nueva declaración.
Sin perjuicio de lo anterior, el Registro Mercantil podrá complementar la información procedente del depósito de cuentas con otra información obrante en el mismo Registro Mercantil, siempre que en la información mostrada se distinga claramente el origen de una y otra información.
Tercera. Comité de Coordinación y seguimiento.
El Convenio contará con un Comité de Seguimiento en el que estarán representadas ambas partes y que se encargará de las siguientes funciones:
– Actuar como canal de comunicación entre ambas entidades permitiendo una ágil interlocución y solución de las incidencias que puedan surgir. Los integrantes del comité actuarán en representación de las partes a los efectos de adopción de las decisiones de ejecución del convenio que no impliquen modificación del mismo.
– Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de los compromisos previstos en el presente Convenio, determinando los criterios y medidas necesarias para el adecuado cumplimiento de los mismos.
– Procurar la resolución de los problemas de interpretación y de ejecución que pueda plantear el Convenio.
– Elevar propuestas de suscripción de Acuerdos específicos complementarios del presente Convenio.
El Comité estará formado por:
– Por parte del Colegio de Registradores: El Director del SSI.
– Por parte de la AIREF: El Director de la División Jurídico-Institucional.
El Comité se reunirá siempre que lo requiera la buena marcha de las actuaciones comprendidas en el Convenio.
Cuarta. Duración del Convenio.
El presente Convenio entra en vigor en el día de su firma y tendrá una duración de 4 años, pudiendo prorrogarse por un nuevo periodo de cuatro años más, previo acuerdo por escrito de las partes.
Con independencia de lo acordado en cuanto a su duración y, atendiendo a la naturaleza voluntaria del procedimiento objeto del mismo, cualquiera de las partes podrá en cualquier momento resolver el convenio unilateralmente con tan solo comunicarlo a la otra parte por escrito con dos meses de antelación a la fecha prevista de finalización del mismo.
Quinta. Protección de datos.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la legislación nacional vigente en esta materia, cada una de las Partes queda informada de que los datos de contacto que constan en el Convenio serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir el desarrollo, cumplimiento y control del presente convenio, siendo la base del tratamiento el cumplimiento de la relación establecida en el mismo y conservándose los datos durante todo el tiempo en que esta subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidad derivadas de ella.
Los datos de las Partes podrán ser comunicados a terceros únicamente en la medida que fuera necesario para cumplir con sus respectivas obligaciones contractuales o legales de conformidad con la normativa vigente. Los datos tratados a efectos de suscribir el presente convenio son necesarios para la efectiva suscripción de mismo, la negativa a facilitarlos podría suponer la imposibilidad de su suscripción. Los afectados podrán solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, supresión, portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo, en la dirección de la sede social de cada parte y podrán interponer, en caso de vulneración de derechos, una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, sita en Calle Jorge Juan n.º 6, Madrid (www.agpd.es).
El dato de contacto del Delegado de Protección de Datos del Colegio de Registradores es el siguiente: dpo@corpme.es, donde en todo momento los interesados pueden dirigirse para cualquier cuestión relativa a protección de datos de carácter personal.
Política de privacidad: Los funcionarios y personal laboral al servicio de la AIReF que utilicen los servicios del Colegio de Registradores descritos en el presente convenio, deberán observar las condiciones de uso del portal y ser informados por la AIReF de la Política de Privacidad del Colegio de Registradores sobre el tratamiento de sus datos. Esta información estará disponible en el acceso a los servicios.
Sexta. Causas de extinción del Convenio.
El presente Convenio podrá extinguirse si concurre alguna de las siguientes causas de resolución:
a) Por el transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) Por acuerdo unánime de las partes.
c) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del mismo.
La Comisión de Seguimiento que se instituye en este texto será la competente para conocer y valorar los incumplimientos que cualquiera de las partes denuncie en cuanto a las recíprocas obligaciones y compromisos que contraten en el mismo.
Séptima. Naturaleza, jurisdicción y competencia.
El presente instrumento tiene el carácter de Convenio al amparo de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido de la aplicación de la legislación de contratos del sector público en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las partes acuerdan someter las cuestiones litigiosas derivadas del presente procedimiento a los juzgados y tribunales del orden contencioso administrativo de la ciudad de Madrid.
En su virtud y de conformidad con lo establecido, para que así conste a los efectos oportunos, suscriben el presente Convenio por duplicado en el lugar y la fecha expresados en el encabezamiento.–Por el Colegio de Registradores, la Decana, M.ª Elena Adán García.–Por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Presidente, José Luis Escrivá Belmonte.

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Perfil de los nuevos registradores: mujer, de 29 años que ha preparado la oposición durante seis

13 de marzo, 2019

Perfil de los nuevos registradores: mujer, de 29 años que ha preparado la oposición durante seis

Marzo 12, 2019 Notas de prensa – registradores.org

◾Los miembros de la última promoción (60% mujeres y 40% hombres) han jurado o prometido sus cargos en un acto presidido por la ministra de Justicia
◾Dolores Delgado destaca que el Cuerpo de Registradores “es un referente tecnológico, símbolo de innovación y modelo jurídico”

12.03.2019.- Los 45 nuevos registradores de la propiedad y mercantiles de la última promoción, 27 mujeres y 18 hombres, han jurado o prometido sus cargos y recogido sus títulos de manos de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en un acto en el que también han participado la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido.

En su intervención, la ministra Dolores Delgado ha destacado que “en pleno siglo XXI, y ante una Justicia cuyo principal reto es la modernización, la institución registral es un referente tecnológico, símbolo de innovación y modelo jurídico. Lo que la convierte en un instrumento muy eficaz para la cooperación de los proyectos impulsados de la Unión Europea”.

La decana María Emilia Adán se ha dirigido a los nuevos registradores para decirles que “estáis llamados a colaborar en la construcción del Estado social y democrático de derecho, a través del principio de seguridad jurídica preventiva”. Adán les ha recordado que “hoy asumís una gran responsabilidad, los ciudadanos han confiado en vosotros la prestación de un servicio público esencial, que fundamenta la prosperidad en igualdad”. Además, la decana ha señalado que “a partir de ahora, sois funcionarios públicos y como tales, tenéis el deber de la ejemplaridad. Esta ejemplaridad es vuestra responsabilidad y vuestro deber. Habéis jurado o prometido cumplir las obligaciones del cargo que comprende todas y cada una de las exigencias de las normas que nos conciernen”.

En representación de los nuevos registradores, José Miguel Coll Rodriguez, número uno de la promoción y a quien le ha sido impuesta la Cruz de San Raimundo de Peñafort, ha subrayado la vocación de servicio público con la que acceden al cargo y ha trazado los objetivos de futuro en “el cultivo y fomento del prestigio de la carrera; la cooperación con otras instituciones y autoridades públicas; la colaboración con otros sistemas registrales de la Unión Europea y de los países hispanoamericanos y, en general, la mejora, actualización y perfeccionamiento de las funciones que el ordenamiento nos asigna, poniendo en ello todos los medios al servicio de los derechos de la ciudadanía y del interés general”.

El perfil de los nuevos registradores

El perfil medio de los nuevos miembros del cuerpo de registradores responde a una mujer de 29 años, que ha preparado la oposición durante casi seis años y ha logrado la plaza en segunda convocatoria. Además presenta un nivel medio/alto de inglés como primer idioma extranjero en nueve de cada diez opositores y, como segundo idioma, el francés, siendo marginales los estudios de alemán, italiano u otros.

Así, de los 45 nuevos registradores, 27 son mujeres (60%) y 18 hombres (40%), coincidiendo ambos géneros en la edad media: 29 años. Los de menor edad fueron tres aspirantes con 25 años y el de mayor edad fue un opositor de 38 años. Dos de cada tres opositores tenían una edad inferior a 30 años.

En cuanto al esfuerzo necesario para obtener la plaza, hombres y mujeres tardaron una media de 5,7 años en prepararse, oscilando dicho periodo entre tres y doce años. De forma mayoritaria comenzaron la preparación inmediatamente después de finalizar sus estudios universitarios. De media han superado la oposición en la segunda convocatoria a la que se han presentado, aunque uno de cada tres lo ha conseguido en la primera convocatoria.

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La CNMC alerta que las comercializadoras de electricidad están cambiando los contratos sin consultar al consumidor

12 de marzo, 2019

La CNMC alerta que las comercializadoras de electricidad están cambiando los contratos sin consultar al consumidor

08 Mar 2019
nota de prensa cnmc.es

◦Los contratos no pueden ser rescindidos por el comercializador unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de su prórroga.
◦Si ha contratado un precio fijo no se lo pueden modificar hasta que no finalice el contrato o su prórroga.
◦La comercializadora no puede imponer la discriminación horaria sin autorización, aunque beneficie al consumidor.

La CNMC ha observado malas prácticas de las comercializadoras de electricidad que están alterando el mercado y perjudicando a los consumidores. Ante esta situación, considera necesario realizar una serie de advertencias a los consumidores para que puedan evitar los engaños. Estas recomendaciones se encuentran en el Informe de Supervisión del Mercado Minorista de electricidad de 2017, (IS/DE/033/18).
1.Rescisión de los contratos. Ante el escenario de precios elevados registrado en el mercado mayorista durante el año 2018, hay varios comercializadores que están rescindiendo o modificando los contratos con sus clientes sin mantener las condiciones pactadas inicialmente con ellos. Por esta razón, se recuerda que los contratos con consumidores en baja tensión no pueden ser rescindidos por el comercializador unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de la finalización de sus prórrogas, también anuales.

2.Variación en los precios de los contratos. El 70% de los contratos existentes contempla un precio fijo para todo el año de duración del contrato, de acuerdo con los datos recogidos en el comparador de ofertas de la CNMC. Aun así, es habitual que los contratos contemplen la posibilidad de modificar estos precios ante variaciones de determinados componentes de la factura.

Cambios en el componente regulado

La mayor parte de los contratos existentes en el mercado libre contemplan cláusulas para trasladar al consumidor cualquier variación en los componentes regulados. En concreto, se trata del Peaje de acceso, Pagos por capacidad, Financiación del Bono Social, Financiación del Fondo de Eficiencia Energética, el coeficiente de pérdidas estándar y el ajustado y la Financiación del Operador del Sistema y del Mercado. Al amparo de estas cláusulas, algunas comercializadoras realizan variaciones que suponen ajustes en la factura de menos de 10 céntimos de euro.

La CNMC recomienda a las comercializadoras que realicen un cálculo más ajustado porque estos cambios dificultan la comparación de ofertas. Además, recuerda que también deben trasladar al consumidor los cambios a la baja o por la eliminación de alguno de estos conceptos.

Cambios por el componente de la energía

Además, se han detectado cambios en el precio del componente de la energía. Así, algunos comercializadores han modificado el precio fijo por un precio referenciado horariamente al precio del mercado mayorista. Otros han subido entre un 20 y un 30% los precios de su contrato. Otros incluso modifican sus precios en la primera factura frente a lo pactado en la firma del contrato.

La CNMC advierte que si ha contratado un precio fijo para la duración del contrato, las variaciones que haya en el precio del mercado de producción de electricidad (ya sea por la evolución de los precios de los combustibles, del precio del CO2 o de los impuestos sobre la generación) no deben ser trasladados al consumidor a través de una modificación del precio del suministro. El riesgo de estas posibles variaciones debería estar internalizado en el precio de este tipo ofertas. Por tanto, en estos casos, las modificaciones que están realizando los comercializadores antes de la finalización del contrato o su prórroga, no son acordes a lo previsto en dicho contrato.

Si ha contratado un precio con posibilidad de revisión a lo largo de la duración del contrato, en estos casos podrá trasladarse al consumidor las variaciones previstas en dicho contrato siempre que se cumplan las siguientes condiciones: en primer lugar, las cláusulas de revisión deben ser precisas, claras y transparentes. Deben evitarse clausulas ambiguas del estilo “los precios se revisarán de acuerdo con las variaciones del precio de los mercados mayoristas”.

En segundo lugar, debe comunicarse al consumidor la variación del precio que resulte de dichas clausulas con suficiente antelación – como mínimo en el periodo de facturación inmediatamente anterior a su aplicación-, ofreciéndole la posibilidad de rescisión del contrato, sin perjuicio de la aplicación de la penalización prevista en el artículo 4 del Real Decreto 1435/2002 para el primer año del contrato.

Cambio en el contrato de acceso

Por último, algunos comercializadores están modificando el peaje de acceso del consumidor contratando discriminación horaria, sin el consentimiento previo. De hecho, no se da opción al consumidor de oponerse a tal modificación, simplemente se le ofrece rescindir el contrato. Por esta razón, la CNMC recuerda que el comercializador no puede modificar el contrato de acceso del consumidor sin contar con su consentimiento previo, aun cuando esa actuación le supongan unas condiciones más favorables. Asimismo, el comercializador debe dar la opción al consumidor de mantener las condiciones contratadas hasta la finalización del contrato o su prórroga.

Tendencias del mercado minorista

El informe analiza la situación del mercado minorista y pone de manifiesto que se ha incrementado el número de consumidores domésticos con tarifas con precios variables, es decir, precios diferentes para determinadas horas del día o para determinados días de la semana. Esta situación viene favorecida por el despliegue de los nuevos contadores telegestionados que registran medida horaria, y cuyo Plan de Sustitución finalizó el 31 de diciembre de 2018.

También se ha producido un aumento del número de consumidores directos a mercado. Es decir, que prescinden de intermediarios y compran la energía directamente al mercado mayorista. De esta manera evitan obligaciones como la financiación del bono social, la aportación destinada al Fondo Nacional del Eficiencia Energética y la tasa municipal que ingresan los ayuntamientos por el suministro de energía eléctrica en su localidad. Por esta razón, la CNMC considera que debería modificar la regulación para que tengan las mismas obligaciones que las comercializadoras.

Consulta aquí estas recomendaciones y la situación del mercado minorista de electricidad.

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Un 48% de las mujeres jóvenes españolas cuenta con formación universitaria en 2018, más de 12 puntos por encima de los hombres

11 de marzo, 2019

ieemadrid.es
Un 48% de las mujeres jóvenes españolas cuenta con formación universitaria en 2018, más de 12 puntos por encima de los hombres
.
Durante los últimos diez años, ha aumentado considerablemente la proporción de mujeres jóvenes –con edades entre 30 y 34 años- que cuentan con educación terciaria. En el conjunto de países de la UE-28, el promedio ha pasado de un 34,3% en 2008 a un 45,5% en 2018. Entre los hombres jóvenes las tasas también han avanzado, pero la cifra media de la Unión Europea alcanzada en 2018 solo llega al 35,5%, situándose diez puntos por debajo de la tasa de las mujeres. En este caso hay una clara brecha de género en favor de las mujeres.

Lituania, con casi un 70%, y Chipre, con un 64,4%, encabezan la clasificación. Irlanda, Luxemburgo y Suecia superan el 59% de mujeres jóvenes con estudios universitarios. Eslovenia y Dinamarca están en torno al 57%, mientras que Polonia y Letonia alcanzan tasas cercanas al 55%. Bélgica, los Países Bajos, Finlandia, el Reino Unido y Grecia también cuentan todos con más de un 50% de mujeres jóvenes con educación terciaria. España ha logrado un gran avance en estos últimos años y consigue superar el promedio europeo con una tasa del 48%. Entre los hombres españoles, sin embargo, la cifra es notablemente más baja, ya que se sitúa en un 35,8%.

Por debajo del promedio están, entre otros, Austria, Portugal y una serie de países de reciente adhesión que todavía superan el 40% o se quedan muy poco por debajo. Alemania (35,3%9, Italia (34,4%9 y Rumanía (28,1%) cierran la clasificación.

Jóvenes entre 30 y 34 años con educación terciaria en la UE-28
(Año 2018*)
PAÍSES Mujeres Hombres

Lituania 69,1 46,7 Francia 50,2 40,5
Chipre 64,4 49,0 España 48,0 35,8
Irlanda 59,8 50,6 UE-28 45,5 35,5
Luxemburgo 59,2 50,0 Austria 44,0 37,4
Suecia 59,1 45,7 Eslovaquia 43,5 30,4
Eslovenia 57,6 31,4 Portugal 42,3 23,6
Dinamarca 57,0 41,0 Bulgaria 40,8 27,0
Estonia 56,7 39,1 Rep. Checa 40,2 27,3
Polonia 55,2 36,2 Hungría 39,9 27,2
Letonia 54,7 31,2 Croacia 39,6 25,5
Bélgica 53,4 40,4 Malta 35,8 32,3
Países Bajos 52,4 46,1 Alemania 35,3 34,4
Finlandia 52,1 36,2 Italia 34,4 21,5
Reino Unido 51,8 46,0 Rumanía 28,1 21,8
Grecia 51,4 37,6

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Holdings y sedes centrales en el marco del SNA 2008/SEC 2010

10 de marzo, 2019

Holdings y sedes centrales en el marco del SNA 2008/SEC 2010

Departamento de estadística. Banco de España

bde,.es

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El Gobierno aprueba la tramitación urgente del real decreto que regula el segundo dividendo digital

9 de marzo, 2019

08 de marzo de 2019 mineco.gob.es

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del real decreto que regula el segundo dividendo digital

El Gobierno declara de urgencia la tramitación del proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la TDT
El objetivo es concluir el proceso del segundo dividendo digital antes del 30 de junio de 2020
La normativa acelerará el despliegue y el desarrollo de la tecnología 5G en nuestro país

El Consejo de Ministros ha declarado hoy de urgencia la tramitación del proyecto de real decreto por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Esta normativa hará posible la liberación de la banda de frecuencias de 694-790 MHz (banda de 700 MHz), ocupada en la actualidad por la TDT, y acelerar el despliegue y desarrollo de la tecnología 5G en España.

La puesta a disposición de la banda de 700 MHz para servicios de comunicaciones electrónicas –o segundo dividendo digital- requiere de una serie de actuaciones previas de índole técnico, económico, jurídico y administrativo. La tramitación de urgencia de este proyecto de real decreto se justifica para cumplir con el calendario establecido en la Unión Europea, que marca como fecha límite para finalizar este proceso el 30 de junio de 2020.

La tecnología 5G hará posible la aparición de nuevos modelos de negocio digitales en España. Asimismo, aportaría competitividad al tejido empresarial e industrial nacional.

Real decreto

Este proyecto de real decreto proporciona asimismo seguridad y garantías para la continuidad y el futuro del servicio de televisión digital terrestre. En concreto, se garantiza el uso de la banda 470-694 MHz, que continuará siendo utilizada para el servicio de TDT al menos hasta 2030. En esta banda se dispondrá de las mismas redes de TDT que existen en el Plan técnico actualmente en vigor, y se mantendrá la oferta de canales existentes en la actualidad.

En virtud de este real decreto, cada múltiple digital tendrá capacidad para integrar cuatro canales de televisión en alta definición, al tiempo que podrá continuar las emisiones actuales en definición estándar. En paralelo, se apuesta por un servicio de televisión digital terrestre de calidad, estableciendo una fecha límite para que todos los canales evolucionen sus emisiones a alta definición.

El proyecto de real decreto impulsa también la renovación tecnológica del parque de receptores de TDT en España. Así, transcurrido el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma, los receptores que se hagan disponibles en el mercado español han de incluir la capacidad de recibir las emisiones en alta definición. Los de mayor tamaño deberán incorporar también la capacidad de recibir emisiones en ultra alta definición, emisiones con la tecnología de transmisión DVB-T2 y servicios interactivos HbbTV.

Finalmente, se incluyen las especificaciones técnicas de las emisiones de TDT en alta definición y en ultra alta definición, y se incluyen medidas para favorecer e impulsar la implantación futura de estándares avanzados de TDT con tecnologías de mayor eficiencia espectral, que permitan un uso más eficaz del espectro radioeléctrico y una mejora en la calidad

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La Audiencia Provincial de Asturias confirma que un préstamo hipotecario suscrito al 19,9 de interés es usurario

8 de marzo, 2019


Martes, 5 de marzo de 2019

poderjudicial.es

La Audiencia Provincial de Asturias confirma que un préstamo hipotecario suscrito al 19,9 de interés es usurario

La sentencia refleja que, en las fechas en el que se suscribió, el impuesto medio TAE para operaciones de este tipo era del 2,88%

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón ha confirmado en un recurso de apelación declarar “usurario” un préstamo suscrito por un vecino de Gijón que durante el juicio de instancia confesó estar afectado de ludopatía, y que había solicitado a una empresa que operaba en internet, 25.000 euros a un interés del 19,9 por ciento, lo que dio lugar a que acabara reclamando al afectado, 66.000 euros.

La sentencia, que es firme, y de la que ha sido ponente el Presidente de la Sección, Rafael Martín del Peso, y que como se ha dicho reconoce la usura en el préstamo hipotecario suscrito, acepta sin embargo el otro motivo objeto de recurso de la empresa, en contra de la sentencia de Instancia que había determinado que el afectado únicamente debería devolver a la empresa con la que suscribió el préstamo hipotecario personal la cantidad de 14.029,84 euros.

La resolución explica que la acción de usura ejercitada “implica el deber de restitución del capital, percibido a tenor del contrato, debiendo liquidarse el préstamo en conformidad con lo escriturado, con reintegro de la cantidad demandada de capital recibido, 25.000 euros, con independencia de las cantidades entregadas a terceros”. Como la parte admite haber recibido 3.927,36 euros, la cantidad objeto de restitución ha sido finalmente determinada en 21.072,64 euros.

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Los Registros españoles, considerados entre los más seguros del mundo España ocupa el puesto 33 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad

7 de marzo, 2019

Los Registros españoles, considerados entre los más seguros del mundo
España ocupa el puesto 33 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad

Xavier Gil Pecharromán
5/03/2019 – eleconomista.es

España ocupa el puesto 33 en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2018 sobre un total de 125 países, tras obtener una buena puntuación en las encuestas sobre el Registro de la Propiedad (9, 6 sobre 10) y la protección de patentes (8,7).

Este índice está considerado como el estudio internacional más importante para medir la importancia tanto física como intelectual de los derechos de propiedad, como también su protección para el bienestar económico.
Para realizarlo, cada año se toman en cuenta tres componentes esenciales: entorno legal y político; derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual, y la puntuación se realiza sobre una escala de puntos que va desde cero a diez puntos.
Estas tres áreas, a su vez, están compuestas por 10 variables, que se centran en tres áreas: independencia judicial, confianza en los tribunales, estabilidad política y corrupción, protección del derecho de propiedad, registro de propiedad y acceso a créditos; y protección de la propiedad intelectual, fortaleza de las patentes, piratería y protección de marcas.
Los diez países que obtienen un mejor resultado son Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Noruega, Singapur, Suecia, Australia, Holanda, Luxemburgo y Canadá.
Les siguen en el ranking de 2018 Japón, Dinamarca, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Alemania, Bélgica, Irlanda e Islandia. Francia ocupa el puesto 23 y le siguen Estonia (24), República Checa (27), Portugal (28), Malta (30), España (33), Italia (50) y Grecia (67).
Los últimos puestos del ranking los ocupan Haití, Yemen, Venezuela, Bangladesh, República Democrática del Congo y Chad.
La perores notas que las encuestas arrojan para España se refieren a la facilidad de acceso a los préstamos (4,5), la independencia judicial (5,3), la piratería sobre los derechos de autor (5,6), la protección de los derechos de propiedad intelectual (5,9) y la situación legal y política (6,1).

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El Tribunal Constitucional declara que la ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna

6 de marzo, 2019


Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 26/2019
El TC declara que la ley 5/2018, que establece medidas rápidas para recuperar la vivienda ocupada ilegalmente, no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales.
Los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso.
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Andrés Ollero, señala que “la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado”. “El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda”.
El Tribunal explica que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley, ya que “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”.
Por otra parte, la orden judicial de desalojo de los ocupantes de la vivienda no excluye en modo alguno que los poderes públicos deban atender a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular, cuando afecten a personas especialmente vulnerables. La sentencia añade que, “la resolución judicial que ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda se ha de comunicar por el órgano judicial a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que en el plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que fueren procedentes, en orden a la situación de vulnerabilidad en que pudieran quedar los afectados por el lanzamiento, siempre que estos hubieran manifestado su consentimiento”.
Tampoco se vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada en la medida en que dicho precepto “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”. De ahí que la regulación controvertida no puede, en ningún caso, contravenir el mandato del art. 10.2 de la Constitución de interpretar las normas relativas a los derechos y libertades conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
En este punto, el Tribunal recuerda que “la prohibición de desalojos forzosos a la que se refieren los instrumentos de Naciones Unidas, citados por los recurrentes, no se aplica a los desalojos efectuados legalmente y de manera compatible con las normas internacionales de derechos humanos, en particular las referidas al derecho a un proceso con las debidas garantías”.
La sentencia concluye afirmando que la Ley 5/2018, aun siendo una norma procesal, no es ajena a la preocupación del legislador por hacer frente a las situaciones de especial vulnerabilidad social que puedan producirse como consecuencia del desalojo de viviendas judicialmente decretado. Además, “el legislador dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar disposiciones en materia social y económica”.
El voto concurrente, formulado por la Magistrada María Luisa Balaguer, parte de la consideración de que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores deben informar la legislación positiva, y, por tanto, condicionan la libertad del legislador; como deben informar también la práctica judicial, en la que no puede dejar de incluirse la jurisdicción constitucional. El parámetro de control para el Tribunal Constitucional es la Constitución, y, por lo tanto, también el art. 47 CE, y desde esta posición, desde la perspectiva de la garantía de plena eficacia de la totalidad del texto constitucional, también de los principios rectores que contiene, es desde donde debe formularse el juicio de constitucionalidad abstracto en el supuesto de la norma impugnada.
El hecho de que el art. 47 CE no haya sido considerado como un derecho fundamental en la Constitución, no lo convierte en un texto vacío de juridicidad, sino que es una norma con fuerza jurídica, cuyo nivel de coercibilidad no llega a la aplicación directa inmediata, pero si obliga al operador jurídico a formular un parámetro de constitucionalidad respecto de la norma cuya constitucionalidad enjuicia, en relación con las exigencias de un Estado social y democrático de derecho, que es el establecido en la Constitución.
Madrid, 5 de marzo de 2019

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El TC ampara a un periodista en su derecho a la información y anula la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secreto

5 de marzo, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 25/2019
El TC ampara a un periodista en su derecho a la información y anula la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secretos La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo promovido por un periodista al considerar que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad de información (art. 20.1 d) de la Constitución y, en consecuencia, declara la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial de León que confirmó la condena por un delito de revelación de secretos.
La sentencia, de la que ha sido ponente el Presidente del Tribunal Juan José González Rivas, considera que la noticia publicada por el recurrente en un diario digital y en la que se incluía un “extracto de movimientos de la cuenta bancaria”, de la entonces presidenta de la Diputación Provincial de León, cumple con las exigencias de la doctrina constitucional sobre la libertad de información; es decir, que la “información difundida tenga relevancia pública de aquello que se comunica y que sea veraz”.
El caso estudiado por el Tribunal es el siguiente: el periodista publicó en un diario digital un artículo en el que relataba que la persona concernida “cobra de Caja España los kilómetros que hace con el coche oficial de la diputación provincial”, incluyendo una imagen de los movimientos en la cuenta bancaria de dicha persona, que reflejaba los ingresos efectuados por el concepto aludido. Al pie de dicha imagen se insertó una nota explicativa con el siguiente tenor: “Registro de ingresos en la cuenta personal de la presidenta de la Diputación por los inexistentes desplazamientos en vehículo particular. En realidad la presidenta se desplazó”. Finalmente, el texto decía: “Hasta en once ocasiones la Presidenta de la Diputación ha realizado cobros de la entidad financiera como que hubiera usado su vehículo particular cuando en realidad; usaba el oficial/ Carrasco es consejera por el Ayuntamiento y no por la Diputación/ La Presidenta cobró más de mil euros con ‘utilización fraudulenta de bienes públicos’”.
Tanto un Juzgado Penal de León como la Audiencia Provincial de la capital condenaron al recurrente en amparo por un delito de revelación de secretos al considerar que la publicación de datos de contenido económico pertenece a la esfera del ámbito de la intimidad personal.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional anula dicha condena porque “el extracto bancario publicado no incluye una imagen completa de la cuenta bancaria de la que era titular la persona afectada por la noticia, sino que solo comprende los asientos correspondientes a los ingresos realizados por Caja España en concepto de ‘kilometraje’ para asistir a las reuniones del Consejo de Administración de la entidad, con indicación de la fecha de la operación, la referencia, el importe en euros y el concepto”. Por tanto, “aparecen tachados los datos de saldo así como los relativos a otras operaciones, y no figura la numeración de la cuenta ni el nombre de la titular de la misma”. La Sala Primera entiende que tanto la noticia publicada como los datos económicos asociados a ella tienen una “importancia social”, ya que se refieren a una persona que goza de un cargo público y, además, tienen que ver con percepciones económicas y utilización de bienes públicos. La sentencia subraya que los datos bancarios publicados refuerzan la veracidad de la noticia, sirviendo a la credibilidad de la información transmitida, por lo que “no pueden calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios”. Madrid, 4 de marzo de 2019


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Hacienda aclara cuándo es sancionable la utilización de sociedades

4 de marzo, 2019

Hacienda aclara cuándo es sancionable la utilización de sociedades

Explica cuándo es regularizable su utilización por las personas físicas

Xavier Gil Pecharromán

25/02/2019 – eleconomista.es

La Agencia Tributaria (Aeat) ha publicado una nota en la que advierte sobre cuáles son las conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico, con el ánimo de reducir la actual litigiosidad.

Señala la Aeat que la prestación de servicios profesionales puede llevarse a cabo a través de una sociedad, pero puede, sin embargo regularizar la situación tributaria acudiendo a la figura de la simulación en aquellos casos en que la sociedad carezca de medios para realizar la actividad profesional o, disponiendo de ellos, no haya intervenido realmente en las operaciones.

En los casos de ausencia de medios materiales o no empleo de los mismos en la actividad, la Administración tributaria ha regularizado la situación por simulación.

Sin embargo, aunque la sociedad disponga de medios y haya intervenido en la prestación de los servicios, la Aeat puede comprobar si se han valorado a precio de mercado.

Diversidad de casos

La atención de las necesidades del socio por parte de la sociedad suele abarcar tanto la puesta a disposición de aquel de diversos bienes, entre los que es frecuente encontrar la vivienda y medios de transporte, sin estar amparada en ningún contrato de arrendamiento o cesión de uso; como la satisfacción de determinados gastos entre los que se encontrarían los asociados a dichos bienes -mantenimiento y reparaciones- y otros gastos personales del socio, como los viajes de vacaciones, artículos de lujo, retribuciones del personal doméstico, manutención, etc.

Ambos supuestos son considerados en la nota como conductas contrarias a la norma que se concretan en no registrar ningún tipo de renta de la persona física, aunque el coste de aspectos privados de su vida es asumido por la sociedad.

La falta de contratos para el empleo de vivienda es uno de los indicios para revisar la declaración

Por su parte, en la sociedad el único registro sobre estas partidas suele ser la deducción del gasto y, en su caso, la deducción de las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios que, de haber tenido directamente como destinatarios a un particular fuera de una actividad económica, no se podían deducir.

Especial referencia hace la Aeat a conductas más graves, en las que se aparentan contratos de arrendamiento entre socio y sociedad, incluso acompañadas de una prestación de servicios propios de la industria hotelera, para intentar amparar la deducción del IVA, lo que ha llevado a considerar la existencia de contratos simulados.

En otros casos, lo que se persigue es compensar por la sociedad interpuesta los ingresos mediante partidas de gasto, sin estar afectos al ejercicio de la actividad profesional por parte del obligado tributario y que se corresponden con gastos o inversiones propias de su esfera particular.

Explica la nota de la Aeat que “una vez elegida la forma en que se va a desarrollar dicha actividad, lo que en ningún caso es susceptible de elección es el modo en que deben tributar las rentas que se obtengan a consecuencia de aquella, pues, esta va a estar condicionada por la verdadera naturaleza de la actividad realizada”.

La Aeat considera ambas formas de organizar la prestación de servicios profesionales a priori legales, sin perjuicio de que las rentas que se obtengan deberán someterse a tributación atendiendo a la opción escogida en cada caso, puesto que las consecuencias fiscales de una u otra son diferentes.

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El Ministerio de Economía y Empresa adopta medidas para favorecer la inclusión financiera de todos los ciudadanos

3 de marzo, 2019

28 de febrero de 2019

mineco.gob.es

El Ministerio de Economía y Empresa adopta medidas para favorecer la inclusión financiera de todos los ciudadanos

Nadia Calviño firma hoy una Orden Ministerial que regula aspectos específicos de las cuentas de pago básicas que deben ser ofrecidas por las entidades de crédito a todos los ciudadanos
Además, se publica en audiencia pública el Real Decreto que determina los colectivos en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social que podrán disponer de una cuenta de pago básica completamente gratuita
La Orden regula también el procedimiento para el traslado de cuentas y los requisitos de los comparadores de comisiones

 

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, firma hoy la Orden Ministerial que regula aspectos específicos del Real Decreto-ley 19/2017 de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones, completándose así la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva comunitaria 2014/92/UE de 23 de julio de 2014.

Esta Orden especifica las condiciones y características de las cuentas de pago básicas que deben ser ofrecidas a todos los ciudadanos para permitirles realizar servicios bancarios básicos como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias. El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a los servicios financieros de todos los ciudadanos.

Se fija el coste máximo de esta cuenta que no podrá ser mayor de 3€ al mes, en línea con el de otros países de europeos. Este coste cubre todos los servicios de la cuenta, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales.

Asimismo, se facilita la movilidad de los clientes, que podrán traspasar sus cuentas entre entidades con más facilidad y se mejora la calidad de los comparadores.

Cuentas de pago básicas gratuitas

Además, en aras de favorecer la inclusión financiera, el Ministerio de Economía y Empresa publica hoy en audiencia pública el Real Decreto que regula el acceso gratuito a las cuentas de pago básicas a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El texto establece los requisitos para que el colectivo de población más vulnerable pueda acceder a estas cuentas de forma gratuita. Para determinar si se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Las Entidades Financieras deberán informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

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El Gobierno aprueba la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera

2 de marzo, 2019

01 de marzo de 2019

mineco.gob.es

El Gobierno aprueba la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera

El Real Decreto adoptado hoy regula su creación, régimen jurídico, estructura, funciones y facultades
Esta norma junto con el Real Decreto-ley aprobado en diciembre, por el que se dotaba a los organismos supervisores de nuevas herramientas, completan la reforma institucional del sistema de supervisión macroprudencial
Con su creación España dispone de los instrumentos adecuados para prevenir posibles riesgos que puedan afectar a la estabilidad financiera y da cumplimiento a la recomendación realizada en 2011 por la Junta Europea de Riesgo Sistémico

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), como organismo responsable de prevenir y mitigar el riesgo sistémico para la estabilidad financiera.

La norma establece la estructura, régimen jurídico, funciones y facultades que tiene este órgano colegiado, adscrito al ministerio de Economía y Empresa.

Con la creación de AMCESFI y la dotación de nuevas herramientas a los supervisores sectoriales, que se realizó el pasado mes de diciembre a través de un Real Decreto-ley, finaliza la reforma institucional del sistema de supervisión macroprudencial.

Esta reforma, que se ha realizado en apenas ocho meses gracias al compromiso y colaboración del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía y Empresa, mejorará la coordinación macroprudencial y permitirá a España disponer de instrumentos orientados a prevenir posibles riesgos sistémicos. Asimismo, se da cumplimiento a las recomendaciones realizadas en 2011 por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).

Estructura y funciones de AMCESFI

En el diseño de la AMCESFI hay que destacar dos aspectos relevantes: su independencia y carácter transversal. La gestión de las herramientas macroprudenciales se deja a los supervisores sectoriales, respetando su ámbito de actuación y conocimiento experto, si bien deberán comunicar con antelación a la AMCESFI su intención de activar, recalibrar o desactivar cualquiera de ellas.

Por lo que respecta a la estructura, la nueva autoridad macroprudencial contará con un Consejo, integrado por la ministra de Economía y Empresa que ejercerá las funciones de presidenta, el gobernador del Banco de España, que será el vicepresidente, la subgobernadora del Banco de España, el presidente y la vicepresidenta de la CNMV, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones.

Asimismo, contará con un Comité Técnico, que estará formado por nueve representantes de los organismos integrantes de la autoridad y será presidido por la subgobernadora del Banco de España.

En ambos órganos se prevé la posibilidad de que a las reuniones asistan, en calidad de expertos, con voz pero sin voto, representantes de otras instituciones públicas relacionadas con la estabilidad financiera.

La AMCESFI tiene entre sus funciones y facultades el análisis de los posibles factores de riesgo sistémico; la emisión de opiniones; la publicación de alertas sobre cualquier aspecto que pueda afectar a la estabilidad financiera y la formulación de opiniones a los supervisores sectoriales instando a la adopción de medidas concretas.

Con periodicidad anual, la Autoridad Macroprudencial elevará a las Cortes un informe de carácter público, en el que se analizarán los principales riesgos para la estabilidad financiera, las medidas vinculantes adoptadas y las recomendaciones y avisos emitidos.

Nuevas herramientas macroprudenciales

Para mejorar la prevención de posibles riesgos sistémicos, el pasado mes de diciembre se aprobó un Real Decreto-ley por el que se dotaba al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de nuevas herramientas macroprudenciales.

Entre otras, se incluye la posibilidad de establecer colchones de capital anticíclicos, límites a la concentración sectorial de riesgos y a la concesión de préstamos en función del valor de la garantía o la capacidad de endeudamiento de empresas y particulares.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid presenta un buscador de sentencias para la jurisdicción contencioso-administrativa pionero en el país

1 de marzo, 2019

Miércoles, 27 de febrero de 2019 poderjudicial.es

El TSJ de Madrid presenta un buscador de sentencias para la jurisdicción contencioso-administrativa pionero en el país

El presidente en funciones del Tribunal asegura que ninguna otra base de datos jurídica está en condiciones de competir con ésta, tanto por la cantidad de resoluciones que contiene como por el intuitivo sistema de búsqueda de información

Autor:Comunicación Poder Judicial

El buscador de sentencias estará a disposición de todos los jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa de la región

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero, ha presentado hoy en la sede del tribunal un buscador de resoluciones para esta jurisdicción pionero en España, una base de datos, ha dicho, con la que ninguna otra será capaz de competir, tanto por la cantidad de sentencias, autos y decretos que contiene como por el intuitivo sistema de búsqueda de información.

En la presentación del buscador de sentencias, que en un breve plazo estará a disposición de todos los jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso-administrativa de la región, han participado también Pedro Irigoyen Barja, director de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, y diferentes responsables de MadridDigital, la encargada de llevar a cabo el proyecto, entre otros, su consejero delegado, Blas Labrador Román, y la directora de Servicios a Clientes, Mercedes Cuesta Gallardo.

El buscador de sentencias, en palabras de Quintana Carretero, supone una herramienta eficaz para que los jueces y magistrados, en el momento de dictar sus resoluciones, conozcan por adelantado el criterio de los compañeros en asuntos semejantes, lo que reforzará aún más la seguridad jurídica y la unidad de criterio, además de facilitar su labor.

Los jueces dispondrán, gracias a este buscador, de sentencias, autos y decretos una vez hayan sido notificados, resoluciones tanto de primera como de segunda instancia a las que accederán con inmediatez y precisión gracias a un motor de búsqueda similar al de buscadores como Google, que utilizamos a diario. Y al igual que en los buscadores convencionales, los magistrados podrán localizar las resoluciones mediante la introducción de palabras, frases, conjuntos de palabras próximas, similares o acrónimos.

Y los resultados de la búsqueda se muestran ordenados en función de la relevancia con respecto al texto buscado, lo que permite encontrar rápidamente los documentos de interés: una búsqueda contextual que ofrece resultados más certeros, ya que permite preguntar al usuario sobre el contenido de los documentos.

Ningún otro Tribunal Superior de Justicia del país, ha concluido el presidente de la Sala de lo Contencioso en la presentación, cuenta con una base de datos semejante por la inmediatez, amplitud y precisión de la información que ofrece.

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La ministra Delgado destaca la labor de los servidores de la Justicia en la consolidación de nuestro sistema democrático

28 de febrero, 2019

Imposición de condecoraciones de San Raimundo de Peñafort en Valencia – mjusticia.gob.es
La ministra Delgado destaca la labor de los servidores de la Justicia en la consolidación de nuestro sistema democrático
26 de febrero de 2019.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha destacado hoy la importante labor de los profesionales al servicio de la Justicia por su contribución al beneficio de la sociedad y la consolidación del sistema democrático, durante el acto de imposición de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a nueve destacados juristas y operadores jurídicos de la Comunidad Valenciana.
Entre estos hombres y mujeres reconocidos por sus méritos en el desempeño de sus profesiones ligadas a la Administración de Justicia, se encuentra el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Javier Orduña Moreno, quien ha recibido la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Considerado como un innovador del Derecho, ha realizado importantes contribuciones en la defensa y protección de los derechos de los consumidores.
Igualmente, ha sido reconocido con la Cruz de Honor por su trabajo y trayectoria científica, Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Jaume I de Castellón y presidente de la Sección Quinta de Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia.
Otras dos Cruces de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort han recaído en miembros de la carrera fiscal. El primero de ellos es Antonio Montabes Córdoba, fiscal superior de la Comunidad Valenciana desde 2013 hasta su reciente jubilación. El segundo es José Luis Cuesta Merino, que ocupa actualmente el cargo de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de
Castellón.
Los demás condecorados han desempeñado diferentes funciones en el marco de la Administración de Justicia. Así, han recibido la Medalla de Plata del Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort la que fuera secretaria general del Instituto de Medicina Legal de Alicante, Antonia Romero López y la gestora procesal en el Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, Florencia García Cerezo.
Por su parte, el letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 2 de la Comunidad Valenciana, Javier Cantalapiedra Cabrera, ha sido condecorado con la Cruz Distinguida de 1ª Clase, mientras que Antonio Sala Cola, graduado social, ha recibido la Cruz Distinguida de 2ª Clase.
Finalmente, a quien fue abogado del Estado Jefe en Alicante, Vicente Fenellós Puigcerver, fallecido el pasado mes de diciembre, se le ha impuesto, a título póstumo, la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que ha sido recogida por su padre y sus hermanos.

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Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

28 de febrero, 2019

Enlace al BOE

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Carlos Ballugera Gómez, elegido nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios

27 de febrero, 2019

VI Consejo de Consumidores y Usuarios

Carlos Ballugera Gómez, elegido nuevo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios
mscbs.gob.es
26 de febrero de 2019.- El Consejo de Consumidores y Usuarios ha aceptado la propuesta de nombrar a Carlos Ballugera como nuevo presidente del Consejo, el máximo órgano de consulta y representación de los consumidores y usuarios a nivel estatal.

Carlos Ballugera Gómez, nacido en Anguciana (La Rioja), es doctor en derecho por la UNED (2005), registrador de la propiedad (1984) y vocal del Consejo de Dirección del Instituto Vasco de Consumo/Kontsumobide. Durante su trayectoria profesional se ha especializado en la financiación hipotecaria de la vivienda y ha desempeñado diversos cargos colegiales y universitarios.

Es autor de varios libros y publicaciones en revistas especializadas. Es miembro del consejo de redacción de la web notariosyregistradores.com y de la Revista de Derecho Civil, en las que colabora habitualmente. También es miembro del consejo de redacción de la Revista de Derecho de Consumo de la editorial SEPIN, que aparecerá en marzo de 2019.

El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) es designado por los vocales del Consejo por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre personalidades de reconocido prestigio en la defensa de los consumidores y usuarios, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de acuerdo con el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios.

El Consejo está integrado por nueve asociaciones de ámbito supraautonómico, seleccionadas según criterios establecidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Entre otras funciones se encarga de informar con carácter preceptivo sobre cualquier iniciativa legal que afecte a los intereses de los consumidores y usuarios; proponer, y en su caso, designar a los representantes de las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios en órganos colegiados, organismos o entidades, públicas o privadas, de ámbito estatal o supranacional; y favorecer el diálogo social, en especial, potenciando la colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales.

La reunión del Consejo la ha presidido la Ministra y ha contado con la presencia del secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, y del director general de Consumo, Nelson Castro.

Además, el Consejo de Consumidores y Usuarios ha recusado la propuesta adoptada en la anterior reunión del Consejo de elegir a Carlos Lasarte como candidato a presidir el Consejo por considerar que en su nombramiento concurría una situación de conflicto de interés.

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El CGPJ certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial

26 de febrero, 2019

Jueves, 21 de febrero de 2019

El CGPJ certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial

Todos los usuarios están debidamente identificados y autorizados y el sistema graba automáticamente el DNI del funcionario que hace la consulta. El juez de la “operación Tándem” sobreseyó la causa respecto del jefe de la Sección de Informática Judicial del CGPJ tras comprobar que no tiene relación con los hechos investigados

Autor:Comunicación Poder Judicial – poderjudicial.es

Un informe del director del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, certifica la seguridad y trazabilidad de las consultas realizadas al Punto Neutro Judicial (PNJ), un portal de servicios orientado a la ayuda a la gestión procesal que opera bajo una red segura de comunicaciones y cuya función es proporcionar a los Juzgados y Tribunales de toda España información de personas físicas y jurídicas en el marco de las correspondientes actuaciones judiciales.

La Comisión Permanente del CGPJ ha dado traslado de ese informe, elaborado tras conocerse la citación como investigado en la “operación Tándem” de Juan Carlos Garcés, jefe de la Sección de Informática Judicial del órgano de gobierno de los jueces, a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que remitió un escrito al Consejo expresando su preocupación por este hecho y pidiendo información sobre si se había dado “una utilización ilegítima de tratamientos de datos llevados a cabo con fines jurisdiccionales o, por el contrario, de ficheros no jurisdiccionales”.

El informe señala que el PNJ, mediante una red segura de comunicaciones, permite a los Juzgados y Tribunales interactuar con las bases de datos de Administraciones y organismos públicos, así como de determinadas entidades privadas, realizando peticiones de información a más de 20 servicios diferentes. El PNJ fue creado en 2002 y su dirección y gestión corresponde a la Sección de Informática Judicial, cuyo jefe es el responsable “en todas las actuaciones necesarias del ciclo de vida de un sistema información”.
Para acceder a los servicios del PNJ, el funcionario del Juzgado o Tribunal debe estar previamente autorizado por el letrado de la Administración de Justicia, o por su correspondiente responsable en el caso de otros colectivos.

Además, cuando la consulta se refiere a bienes y patrimonio de personas físicas y jurídicas, “el sistema solicita la identificación del asunto judicial, el NIF y de forma automática la aplicación graba en un registro de accesos el DNI del funcionario que ha realizado la consulta, la fecha y la hora, el órgano judicial al que está asignado el usuario, el número de asunto y el NIF de la entidad o persona” sobre la que se realiza la consulta.

La transmisión se realiza a través de redes privadas y de forma cifrada, por lo que la información que se transmite no es inteligible ni manipulable por terceros.

Registro de consultas

De cada consulta se guarda la identificación del usuario, el órgano judicial del peticionario, la fecha y la hora en la que se realizó el acceso y el DNI/NIF del consultado, “lo que permite a posteriori poder identificar en cada caso, el usuario que accedió, a qué servicios y la persona/entidad accedida. La trazabilidad del uso de los servicios del PNJ está garantizada”.

El informe dedica un apartado al sistema de consultas a la base de datos del DNI de la Dirección General de la Policía, explicando que “se trata del único servicio en el que, en vez de enviar el DNI del usuario solicitante de la consulta, se envía el nombre, apellidos y DNI del funcionario responsable de la aplicación”.

“Es decir, el dato que se graba de forma fija y automática en el envío es el del responsable de la Sección de Informática Judicial”, lo que determina que el nombre de éste sea el único que aparece en todas las consultas de este tipo, que hasta el momento suman más de 20 millones.

Una vez comprobada esta circunstancia, y a petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la “operación Tándem”, acordó el pasado día 14 el sobreseimiento provisional de la causa respecto de este funcionario del CGPJ.

En el auto, el magistrado señala que “no consta que (el jefe de la Sección de Informática Judicial) haya tenido intervención alguna más que en razón de la gestión de la herramienta informática” que dirige.

Asimismo, y “ante la ausencia de ningún tipo de irregularidad en la actuación profesional de Juan Carlos Garcés”, el Secretario General del CGPJ ha acordado el archivo de las diligencias abiertas cuando se conoció su imputación.

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El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al jurista Gil Carlos Rodríguez Iglesias y al cuerpo de letrados del Consejo de Estado

25 de febrero, 2019

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Consejo de Ministros
El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al jurista Gil Carlos Rodríguez Iglesias y al cuerpo de letrados del Consejo de Estado
Rodríguez Iglesias fue el primer juez español en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
22 de febrero de 2019.- El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha aprobado hoy la concesión de dos Grandes Cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Gil Carlos Rodríguez Iglesias, a título póstumo, y al cuerpo de letrados del Consejo de Estado. Se trata de la máxima categoría de esta condecoración creada hace más de 70 años para premiar los méritos en el ámbito del Derecho, la Justicia y la organización del Estado.
Fallecido el pasado 17 de enero, Gil Carlos Rodríguez Iglesias era doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ejerció como profesor universitario y catedrático de Derecho Internacional Público y fue titular de la Cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario Europeo. En 1986 se convirtió en el primer juez español en ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde desempeñó gran parte de su vida profesional, presidiendo esta institución desde 1994 hasta 2003.
En 2005 el Comité de Ministros del Consejo de Europa le confió la presidencia del Grupo de Sabios encargado de examinar la eficacia a largo plazo del mecanismo de control del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ejerció como director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y, también, del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Vinculado al consejo asesor de las revistas jurídicas europeas más prestigiosas, fue codirector de la Revista de Derecho Comunitario Europeo, que contribuyó a fundar en 1974.
Rodríguez Iglesias era doctor Honoris Causa por las universidades de Oviedo, Cádiz, Turín (Italia), Babes-Bolyai (Rumanía), El Sarre (Alemania) y San Clemente de Ohrid (Bulgaria).
A lo largo de su carrera recibió diferentes condecoraciones, entre ellas, el Premio Walter Hallstein por su contribución al proceso de integración europea, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Gran Cruz de la Orden del Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo, la Grand Officier de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Cuerpo de letrados del Consejo de Estado
Asimismo, el Gobierno ha concedido la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al cuerpo de letrados del Consejo de Estado por su labor de suprema función consultiva al Gobierno, establecida en el artículo 103 de la Constitución Española. Este cuerpo especializado de funcionarios se encarga del estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo de Estado.

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La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar a la excúpula de los Mossos

24 de febrero, 2019

Viernes, 22 de febrero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar a la excúpula de los Mossos

La Sala, tras analizar la normativa al respecto y la diferente jurisprudencia, entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala Penal ha confirmado su competencia para juzgar a Josep Lluis Trapero, al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, el exdirector de los Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros y de sedición a esta última, en relación con los sucesos del 20 y 21 de octubre de 2017 y por la jornada del 1 de octubre.

En un auto, los magistrados desestiman la falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento planteada por la defensa de Puig, a la que se había adherido la de Soler y en la que el fiscal informó a favor de mantener la competencia del órgano central.

Las dos defensas que habían cuestionado la competencia consideraron que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional que no son delitos contra la forma de gobierno, que es hoy una categoría vacía de contenido a descriminalizarse dichas conductas en el Código Penal de 1995 y que la Disposición transitoria de la Ley Orgánica 4/1988 solo atribuye competencia a este tribunal para conocer delitos de rebelión si fueran ejecutados por bandas armadas o elementos terroristas.

La Sala, tras analizar la normativa al respecto y la diferente jurisprudencia, entiende que la atribución de la competencia en estas materias a un órgano centralizado y especializado es conforme a la Constitución, y mantienen que el Tribunal Constitucional ya despejó cualquier duda sobre la constitucionalidad de la conexión de los delitos de terrorismo y rebelión en la sentencia 199/1987. Añade en este sentido que “el legislador puede decidir la determinación de competencias de acuerdo a los intereses de la justicia y asignar a un órgano judiciales centralizado la instrucción y enjuiciamiento de ciertos supuestos, en atención a su naturaleza materia, amplitud del ámbito territorial o trascendencia para el conjunto de la sociedad, sin que ello afecte a la prohibición de jueces de excepción”.

En su auto, los jueces consideran igualmente que la competencia para conocer de delitos de rebelión no está limitada a los cometidas por bandas armadas.

Una vez desestimada la cuestión de competencia, la Sala da traslado a las defensas para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

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USO reitera la necesidad de blindar las pensiones ante la ruptura del acuerdo del Pacto de Toledo

23 de febrero, 2019

USO reitera la necesidad de blindar las pensiones ante la ruptura del acuerdo del Pacto de Toledo
uso.es
21 febrero, 2019
Tras casi tres años de trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo, cuando, según los portavoces de los diferentes grupos, parecía muy cerca el consenso final y la muy esperada presentación de las recomendaciones, hemos recibido la noticia de que se ha roto la posibilidad de acuerdo, posponiendo los trabajos a la próxima legislatura.

Desde USO, “lamentamos profundamente que una comisión, creada en 1995 con el objetivo de excluir de la lucha partidista el sistema público de protección social y aportar propuestas desde el máximo consenso posible, se vea afectada por la convocatoria de elecciones generales y el interés electoralista, que han provocado la ruptura de un consenso a partir del cual se estaba procediendo a la redacción de un borrador de las 21 recomendaciones para una futura reforma, ya muy avanzado”, expone Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

En la propuesta de esas 21 recomendaciones se abordaban, entre otros temas: la revalorización de las pensiones y el mantenimiento del poder adquisitivo; la financiación del sistema vía impuestos; la necesidad de modernizar el sistema y la información que se da al ciudadano; mejorar la gestión; luchar contra el fraude; incentivar el empleo; revisar las prestaciones de viudedad y orfandad; adecuar el tratamiento fiscal de las pensiones; vigilar la protección de las mujeres, los discapacitados e inmigrantes; mejorar la eficacia y el control de las mutuas de trabajo; controlar el tratamiento presupuestario de los recursos públicos o hacer seguimiento de las reformas propuestas por la comisión parlamentaria.

Con la ley 23/2013, que regula el factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones, desarrollo de la reforma de 2011, en vigor, “la revalorización de las pensiones a través del IPC queda de nuevo en el aire y a expensas de la voluntad política del gobierno de turno. Hay que recordar que el Real Decreto-ley 28/2018 garantizaba el incremento vinculado al IPC solo para 2019 y, en él, el gobierno se comprometía a adoptar las medidas necesarias para establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo. Esta situación, en las circunstancias actuales, no se va a poder producir, con lo que la incertidumbre y la inseguridad de los y las pensionistas aumenta al no saber qué criterio se va aplicar para revalorizar las pensiones a partir de 2020. Por esto, desde USO defendemos que, por encima de las medidas coyunturales o de las políticas variables de los diferentes gobiernos, es necesario una medida estructural que garantice el sistema público de pensiones como es su blindaje en la Constitución”, reivindica Sara García, quien a su vez es portavoz de la MERP.

El 17 de enero, la MERP, de la que USO forma parte, celebró un debate sobre el blindaje constitucional de las pensiones en el Congreso de los Diputados, con la participación de los portavoces del Pacto de Toledo. Allí les dejamos claro que el éxito de la MERP es conseguir unir a los diferentes grupos por un objetivo tan importante como es la defensa del sistema público de pensiones, así como nuestra reivindicación de blindarlas en la Constitución. El reto que les lanzamos a los portavoces de todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo fue que hicieran lo mismo, que fueran capaces de superar sus diferencias con sentido de Estado y que se unieran con el objetivo de la defensa y la mejora de nuestro sistema de protección social.

Otra oportunidad perdida, que nos hace redoblar nuestros esfuerzos para seguir luchando en la calle y en las instituciones por el sistema público de pensiones, por las pensiones presentes y futuras y por el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

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El presidente del Gobierno presenta el paquete de medidas de energía y clima para la próxima década

22 de febrero, 2019

El presidente del Gobierno presenta el paquete de medidas de energía y clima para la próxima década
Intervención del presidente del Gobierno

lamoncloa.gob.es 20 de febrero de 2019

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han presentado el paquete de medidas de energía y clima en un acto al que también han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Con las medidas presentadas hoy, el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar a nuestro país como líder en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década. Los objetivos fundamentales son la creación de empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social, la mejora de la salud y el medio ambiente.

Las piezas clave que componen el marco regulatorio que el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros son: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. Tres pilares esenciales que permitirán que España cuente con un marco estable, predecible y certero para la descarbonización de su economía a 2050.

Pedro Sánchez y Teresa Ribera han defendido la necesidad de que España se posicione cuanto antes en innovación, tecnologías e industria punteras, en un proceso de transformación que ya está en marcha en todo el mundo, con el objetivo de maximizar las oportunidades que presenta y que sirva de palanca para la modernización y el progreso del país.

Más de trescientos mil nuevos empleos

Los análisis demuestran también que el conjunto de medidas que se pondrán en marcha con el paquete de Energía y Clima generarán más de 300.000 nuevos empleos en la próxima década, fundamentalmente ligados a los servicios, la industria y la construcción. El Gobierno fomentará que jóvenes, parados de larga duración y mujeres se beneficien de estas oportunidades, a través de políticas activas de empleo y formación profesional diseñadas específicamente para este fin.

Solo las inversiones en renovables en el sector eléctrico generarán entre 99.000 y 172.000 empleos durante la década, a raíz de los cuales se beneficiará principalmente la industria manufacturera (18%), la construcción (15%) y el comercio y reparación (13%) asociadas al sector renovable. Las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos en ese periodo, de los cuales 28.800 corresponderán a rehabilitación energética.

Con este programa el Gobierno crea un marco estable, que genera confianza y que promueve la inversión privada, las oportunidades de empleo y la modernización industrial. El programa de inversión generará oportunidades de negocio que superan los 200.000 millones de euros en la próxima década, de los cuales 47.000 millones corresponderán a inversión pública estatal, autonómica, local y europea. El Ejecutivo contempla la posibilidad de financiar parte de la inversión pública mediante la emisión de bonos verdes, un instrumento cada vez más utilizado, que permite acceder a una clase específica de inversores especializados y que señaliza el compromiso del emisor con la sostenibilidad medioambiental.

Crecimiento económico y seguridad energética

La ministra Teresa Ribera, durante su intervención en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio ClimáticoPool Moncloa / Fernando CalvoLas inversiones previstas en el marco de energía y clima y el ahorro en la factura energética permitirán aumentar el Producto Interior Bruto (PIB) de España entre 19.300 y 25.100 millones de euros en el periodo 2021-2030 (un aumento del PIB del 1,8% en 2030). Gracias al efecto de este paquete de medidas, la dependencia energética del país caerá un 15% en la década, pasando del 74% actual al 59%, lo que implica reducir las importaciones de combustibles fósiles por un valor de 75.379 millones de euros en la década, respecto a un escenario sin medidas.

En la actualidad, España importa casi el cien por cien de los combustibles fósiles que usa (petróleo, gas y carbón), lo que sitúa su grado de dependencia energética en un 74%, 20 puntos porcentuales por encima de la media comunitaria. Esta realidad no solo lastra la balanza de pagos, sino que afecta a la competitividad y a la seguridad energética.

Renovables y descarbonización

El paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la UE y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Gobierno presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema.

En el proceso de descarbonización de la economía tendrán un papel protagonista las medidas de reactivación y acompañamiento justo y solidario de zonas que han estado especialmente vinculadas a los combustibles fósiles, como las comarcas mineras. La Estrategia de Transición Justa optimizará, en estos territorios y en aquellos afectados por el cierre de centrales, las oportunidades de creación de actividad económica y empleo, vinculadas a la transición ecológica.

Acompañamiento al sector industrial

El paquete de Energía y Clima es una oportunidad para que las empresas españolas ocupen posiciones de liderazgo en el proceso de descarbonización de la economía global. Una parte significativa de la movilización de los más de  200.0000 millones de euros en inversiones estarán orientadas a este sector, lo cual permitirá un incremento de entre 48.000 y 53.000 empleos en industrias manufactureras en 2030.

El Gobierno, consciente de los retos del sector y de la importancia de medidas para su adaptación, activará un Plan de Acompañamiento Automoción, un Estatuto del Consumidor Electrointensivo y un marco de apoyo a la cogeneración en la industria. Para el Gobierno también es una prioridad la rehabilitación energética del parque edificado existente, ya que la edificación es responsable de casi un tercio del consumo energético del país. Además de criterios de eficiencia para nueva edificación, el plan prevé alcanzar el objetivo de rehabilitar, de media, más de 100.000 viviendas al año, así como, impulsar la renovación de los edificios públicos.

Sostenibilidad, eficiencia y participación

Pedro Sánchez, durante su intervención en la presentación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición EnergéticaPool Moncloa / Fernando CalvoEl Gobierno acompaña el paquete de Energía y Clima, entre otros, con la elaboración de una futura Estrategia de movilidad sostenible, intermodal y conectada y una Mesa de Movilidad Sostenible, con el fin de avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes y sostenibles, que permitan reducir las emisiones del transporte, mejorar la calidad del aire y ser al mismo tiempo fiables, seguros y accesibles.

El paquete Energía y Clima también favorece la diversidad de actores, y permite proyectos ciudadanos participativos, para promover tanto la cohesión territorial y social, como la transición justa. Estas medidas también tendrán una incidencia muy positiva en la salud, ya que solo con la mejora de la calidad del aire se puede evitar la muerte de 2.222 personas en España en 2030 respecto a un escenario tendencial.

Las medidas presentadas por el Gobierno permitirán, además de una reducción de la factura eléctrica, establecer una Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, con mecanismos de protección, como un bono social multicombustible, medidas de protección a los consumidores, sistemas de gestión automatizada y medidas estructurales que mejoren la eficiencia energética de los hogares vulnerables.

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La mejora de la calidad del aire, una prioridad del Gobierno

21 de febrero, 2019

La mejora de la calidad del aire, una prioridad del Gobierno

Miércoles 20 de febrero de 2019

lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Sanidad va a desarrollar la Ley General de Salud Pública, que incluye un Plan de Salud y Medio Ambiente, en el que ya está trabajando en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica.
Las medidas de mejora de la calidad del aire tienen un efecto directo en la salud de las personas, más aún en las grandes ciudades. Así se puso de manifiesto en el evento de alto nivel para la Transición Ecológica sobre “La contaminación del aire y su impacto en la salud”, organizado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio para la Transición Ecológica.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha destacado en la inauguración del acto que la mala calidad del medio ambiente y, en particular, de la contaminación del aire afecta a la salud. Según ha recordado, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés) indica que la contaminación del aire es un cancerígeno del Grupo 1, al mismo nivel que el tabaco. Carcedo ha recordado que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los factores ambientales son responsables del 20% de la mortalidad total y del 25% de la carga total de la morbilidad.

Por ello, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social va a desarrollar la Ley General de Salud Pública “que, entre sus medidas, incluye la creación de una red de vigilancia de salud pública, de enfermedades transmisibles y no transmisibles, que están condicionadas por factores de riesgo ambientales y determinantes sociales”. Este ley, que se aprobó en 2011 pero cuya implementación quedó paralizada durante años, también establece la elaboración de un Plan de Salud y Medio Ambiente, que ahora mismo se está redactando “en estrecha cooperación con el Ministerio para la Transición Ecológica”, señaló.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha clausurado la jornada, ha hecho hincapié en que los ciudadanos nos están demandando estas medidas. “El Gobierno está comprometido con el bien común y es responsable y realista. Por eso, en el Marco de Energía y Clima que este viernes presentamos en el Consejo de Ministros, se diseña una estudiada senda de reducción de emisiones de 2020 a 2030 que nos permitirá reducir en un tercio las emisiones actuales de nuestro país, también en nuestras ciudades, mejorando la calidad del aire que respiramos”.

En este sentido, ha explicado que todas las administraciones “estamos interpeladas a mejorar la calidad del aire y, así, mejorar nuestra salud. Sin duda, una movilidad más sostenible y electrificada contribuirá a ello, pero las administraciones debemos acompañar a la ciudadanía con mejor transporte público, más zonas verdes, áreas de limitación de emisiones”.

Contaminación atmosférica, el nuevo tabaco

Ribera también se ha referido a la contaminación atmosférica como el nuevo tabaco y recordó que cuando en 2010 se amplió la prohibición de fumar a cualquier espacio se generó un importante debate en la ciudadanía y no tardaron en surgir argumentos en contra, que anunciaban significativas pérdidas económicas o esgrimían que la regulación menoscababa las libertades públicas.

Pasados los años, el balance que han hecho los sucesivos Gobiernos sobre la normativa ha sido más que positivo: la aceptación de la ley entre la ciudadanía es mayoritaria, se han reducido los ingresos hospitalarios vinculados al tabaquismo y el número de fumadores -aunque desciende lentamente- está en niveles no vistos en los últimos 30 años. “Lo mismo va a ocurrir con la contaminación atmosférica. Respirar no puede ser una actividad de riesgo”, insistió.

Durante el debate, María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que la exposición a la contaminación del aire provoca siete millones de muertes prematuras cada año. En este sentido, destacó que “nuestra salud depende de forma importante de una transición a fuentes de energía limpia”. “Las soluciones existen: una planificación urbana que permita caminar, un transporte público asequible y sostenible, desincentivar el uso del coche privado, eficiencia energética en nuestros edificios y fuentes de energía renovables y limpias. Todo esto también es salud”, dijo.

Contaminación química y ruido

Xavier Basagaña, experto en contaminación atmosférica y salud de ISGlobal, uno de los más importantes “think tanks” de salud global, dijo que sólo cumpliendo las guías internacionales en cuanto al nivel de actividad física, la contaminación atmosférica, el ruido y los espacios verdes en las ciudades, la mortalidad en las urbes se reduciría un 20 por ciento anual. “Esto significa que podemos hacer mucha prevención controlando estos factores relacionados con la contaminación atmosférica”, señaló.

En esta idea abundó Julio Díaz, experto de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, para quien “la contaminación atmosférica es algo más que contaminación química, existe también el ruido, que tiene un impacto en la salud, al menos, similar”.

La contaminación atmosférica no sólo produce mortalidad, sino que hay grupos de riesgo que sufren sus efectos. “No hablamos solo de niños y personas mayores, sino, por ejemplo, de mujeres embarazadas”, dijo el experto de la Escuela Nacional de Sanidad. Así, la contaminación atmosférica está detrás de 16% de los partos prematuros y del 13% de los partos de bajo peso. En cuanto a los niños, Basagaña detalló el resultado de algunos estudios realizados en colegios, que han concluido que la contaminación atmosférica afecta al neurodesarrollo de los niños.

Esta jornada se enmarca dentro del ciclo de eventos de alto nivel para la Transición Ecológica, que se inauguró los pasados 17 y 18 de enero y que reunió en Madrid a las principales voces que marcan la agenda global de cambio climático y desarrollo sostenible.

El próximo evento tendrá lugar el 27 de febrero, bajo el título “Energía renovable y transición energética”, y en él participarán Adnan Amin, director general de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), Christiana Figures, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica.

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El presidente del Tribunal Constitucional resalta el papel de España en la UE y en la comunidad internacional como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo

20 de febrero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 13/2019
El presidente del TC resalta el papel de España en la UE y en la comunidad internacional como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo
El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha resaltado hoy el papel de España, miembro relevante y respetado de la Unión Europea y de la Comunidad Internacional, como una de las democracias más consolidadas y abiertas del mundo, en la apertura del 26º Congreso Mundial del Derecho, que se celebra en Madrid los días 19 y 20 de febrero.
España es un país “que ampara, valora y promueve su diversidad constitutiva” y su modelo de descentralización es un ejemplo para muchas otras naciones, ha explicado González Rivas. También ha destacado el alto grado de protección de los derechos y libertades, dado que es uno de los Estados de su entorno que menos condenas tiene por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Durante su intervención, ha explicado que proteger y alentar el pluralismo político es uno de los valores esenciales de la Carta Magna. Por ello, el Tribunal Constitucional, como principal defensor de la misma y para asegurar la convivencia en una sociedad plural, debe garantizar su supremacía normativa: “La Constitución nos ampara a todos, incluso a quienes disienten de ella, y por eso, ningún poder constituido puede pretender situarse por encima de la norma fundamental en un abierto y expreso desafío a la fuerza de obligar de la Constitución o del ordenamiento que sobre ella se levanta”.
El Presidente, en relación con el lema del Congreso, Constitución, democracia y libertad. El Estado de Derecho, garante de la libertad, ha reflexionado sobre la importancia del principio democrático, del principio de legalidad y de los derechos humanos, conceptos que forman un núcleo indisociable: “No hay democracia sin disfrute de los derechos humanos, pero tampoco puede haber tal disfrute sin un respeto escrupuloso a la ley democrática, en tanto que expresión de la propia democracia”.
“Estos tiempos de crecientes desigualdades exigen de nosotros el desafío de la mayor tolerancia y del mayor respeto mutuo, por lo que necesitamos confiar en ese derecho que abate y rebate el abuso y la tiranía y que garantiza las condiciones de una convivencia plural”, ha exhortado.
Finalmente, ha celebrado la concesión de la Medalla “Paz y Libertad” a SM El Rey D. Felipe VI: “La Corona, enmarcada en la Monarquía constitucional y parlamentaria como forma de Estado, y en tanto que símbolo de su unidad y permanencia, encarna precisamente estos éxitos de que les hablo”.
Madrid, 19 de febrero de 2019

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