La Bolsa negocia 24.198 millones de euros en septiembre

La Bolsa negocia 24.198 millones de euros en septiembre

Balance mensual de los mercados operados por BME

•El volumen contratado en Renta Variable en el año sube un 4,6%
•La negociación en Renta Fija en el mes asciende un 52,4% hasta los 10.022 millones de euros
•El volumen negociado en los contratos de Futuro sobre el IBEX 35 ® aumenta un 6,2% en los nueve primeros meses del año

La Bolsa española negoció en Renta Variable 24.197,8 millones de euros en septiembre, un 27,1% más que en agosto y un 25,1% menos que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año el volumen contratado ascendió un 4,6%. El número de negociaciones en el mes fue de 2,8 millones, lo que supone una subida del 23,8% frente al mes anterior y una caída del 24,3% respecto a septiembre de 2021.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 61,40%. La horquilla media durante este mes fue de 6,90 puntos básicos en el primer nivel y de 9,91 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en septiembre en los mercados de Renta Fija alcanzó los 10.022,6 millones de euros, un 52,4% más que en agosto. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron hasta los 37.704,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 116,2% respecto a septiembre de 2021.

El saldo vivo se situó en 1,79 billones de euros, con un aumento del 4,2% en lo que va de año y del 3,5% frente al mismo mes del año anterior.

El mercado de Derivados Financieros negoció en septiembre 3,71 millones de contratos por un importe nominal de 40.605 millones de euros. El volumen negociado en los nueve primeros meses del año aumentó un 6,2% en Futuros sobre IBEX 35®, un 9,5% en Futuros Mini IBEX, y un 7,7% en Opciones sobre Acciones. El volumen negociado en Opciones sobre Acciones creció un 3,4% respecto al mismo mes del año anterior.

También se observa un incremento en la negociación de los Futuros sobre dividendos de acciones, con 6.000 contratos negociados frente a 400 en septiembre 2021, lo que supone un ascenso del 1.614,3%.

El Tribunal Supremo declara nula la ampliación del objeto social de SEPES a la actividad de rehabilitación de inmuebles por haber omitido el trámite de consulta pública

Lunes, 3 de octubre de 2022

El Tribunal Supremo declara nula la ampliación del objeto social de SEPES a la actividad de rehabilitación de inmuebles por haber omitido el trámite de consulta pública


La Sala de lo contencioso-administrativo estima el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la ampliación del objeto social de SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo a la actividad de rehabilitación de inmuebles de titularidad pública, recogida en el Real Decreto 855/2021, de 5 de octubre, por haber prescindido del trámite de consulta pública en el procedimiento de elaboración de una disposición general. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción.

La cuestión que ha resuelto el Supremo es si el precepto reglamentario que, modificando el estatuto de SEPES, amplía el objeto social de esta entidad pública empresarial a la “ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, o reforma urbana de espacios públicos, así como rehabilitación o reforma de inmuebles es instalaciones de titularidad pública”, podía caracterizarse como una norma organizativa, como defendía el abogado del Estado, dado que en ese caso puede prescindirse del trámite de consulta pública según la Ley del Gobierno.

Para la Abogacía del Estado se trataba de una norma de autoorganización de la Administración General del Estado, con mera eficacia ‘ad intra’.

El Supremo rechaza esa alegación y subraya que “las normas que regulan el objeto social de cualquier persona jurídica nunca agotan su eficacia en el plano interno y puramente autoorganizativo, pues delimitan en qué materias puede actuar la persona jurídica y, por consiguiente, qué clases de relaciones jurídicas puede entablar con terceros. Si esa persona jurídica es, además, una entidad pública, su objeto social define su ámbito legítimo de actuación y, llegado el caso, la esfera dentro de la cual puede ejercer las potestades administrativas que legalmente tenga conferidas”.

“En términos más generales -añaden los jueces-, puede decirse que el ámbito de actuación de una entidad pública es un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento del principio de legalidad de la actuación administrativa y, por ello mismo, su delimitación no puede considerarse nunca como una cuestión meramente doméstica de la Administración”.

Por ello, determinan que el precepto reglamentario impugnado, que amplía el objeto social de SEPES a la rehabilitación de inmuebles de titularidad pública, no es una norma organizativa y, por tanto, no se halla dentro de la posible excepción -establecida por el art. 26.2 de la Ley del Gobierno- a la regla general de que en la elaboración de disposiciones generales debe haber un trámite de consulta pública.

Llegados a esa conclusión, el tribunal añade que no es preciso examinar si el precepto reglamentario impugnado implica que SEPES tenga la consideración de “medio propio” a efectos de la contratación pública. “Incluso si ello fuera así, como sostiene la Abogada del Estado, no dejaría de haberse producido una infracción relevante en el procedimiento de elaboración de la disposición general; y no dejaría de existir tampoco un interés legítimo de la recurrente, como asociación de empresas del sector de la construcción, en ser oída antes de la ampliación del objeto social de SEPES a una actividad que, de un modo u otro, tiene que ver con aquéllas”

El Abogado General Pikamäe propone anular parcialmente la sentencia del Tribunal General y la Decisión de la Comisión sobre el «sistema español de arrendamiento fiscal»

Luxemburgo, 29 de septiembre de 2022

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-649/20 P | España/Comisión —C-658/20 P | Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Comisión —C-662/20 P | Caixabank y otros/Comisión

El Abogado General Pikamäe propone anular parcialmente la sentencia del Tribunal General y la Decisión de la Comisión sobre el «sistema español de arrendamiento fiscal»

En 2006, la Comisión Europea recibió varias denuncias acerca de la aplicación del «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF») a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, en la medida en que permitía que las empresas navieras obtuvieran un descuento de entre un 20 % y un 30 % en el precio de compra de buques construidos por astilleros españoles. Según la Comisión, el objetivo del SEAF consistía en generar en primer lugar una ventaja fiscal a favor de agrupaciones de interés económico (AIE) y de los inversores que participaban en las mismas quienes, seguidamente, trasladaban parte de esas ventajas a las empresas navieras que adquirían un buque nuevo.

En una Decisión (1) adoptada en julio de 2013, la Comisión consideró que determinadas medidas fiscales que conformaban el SEAF, incluida la aplicación discrecional de la amortización anticipada de los activos arrendados, así como el SEAF en su conjunto, constituían una ayuda estatal (2) que revestía la forma de ventaja fiscal selectiva parcialmente incompatible con el mercado interior. Dado que este régimen de ayudas se había ejecutado desde el 1 de enero de 2002 incumpliendo la obligación de notificación, (3) la Comisión ordenó a las autoridades nacionales que recuperaran estas ayudas de los inversores, esto es, de los miembros de las AIE.

En septiembre de 2013, España, Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A. («PYMAR»), interpusieron recursos de anulación contra la Decisión de la Comisión. En su sentencia de 17 de diciembre de 2015, España y otros/Comisión,(4) el Tribunal General anuló dicha Decisión al considerar, en particular, que la existencia de una facultad discrecional atribuida a la Administración tributaria no bastaba para conferir carácter selectivo a las ventajas derivadas del SEAF en su conjunto, ya que cualquier inversor que decidiera participar en las operaciones del SEAF podía obtener esas ventajas en idénticas condiciones.

Mediante su sentencia de 25 de julio de 2018, Comisión/España y otros, (5) el Tribunal de Justicia, tras interponer la Comisión un recurso de casación, anuló la sentencia del Tribunal General. El Tribunal de Justicia consideró, en particular, que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al basar su análisis del carácter selectivo de las medidas fiscales en la premisa errónea de que los inversores, y no las AIE, eran los beneficiarios de las ventajas fiscales. Tras señalar que el Tribunal General no se había pronunciado sobre la totalidad de los motivos formulados ante él, el Tribunal de Justicia consideró que el estado del litigio no permitía su resolución y, en consecuencia, devolvió los asuntos al Tribunal General.

En su sentencia dictada tras la devolución del asunto de 23 de septiembre de 2020, España y otros/Comisión, el Tribunal General desestimó los recursos presentados por los demandantes. (6) España, Lico Leasing, S. A., PYMAR y Caixabank, S. A., y otros interpusieron ante el Tribunal de Justicia recursos de casación contra esta sentencia.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Pritt Pikamäe considera, en primer lugar, que el método utilizado por el Tribunal General para examinar el carácter selectivo del SEAF era correcto. Así, la concesión de esas ventajas fiscales derivadas del SEAF estaba supeditada a que las empresas obtuvieran previamente la autorización para practicar la amortización anticipada, autorización que concedía la Administración tributaria en virtud de una amplia facultad discrecional. Esta facultad discrecional, que se enmarcaba en criterios vagos y carentes de todo carácter objetivo, permitía a la Administración tributaria determinar los beneficiarios de la amortización anticipada o las condiciones de la misma, lo que permite considerar que se cumple el criterio de selectividad.

No obstante, en lo que se refiere al método de cálculo de la ayuda incompatible, el Abogado General estima que la sentencia del Tribunal General adolece de un defecto de motivación, de modo que debe ser parcialmente anulada. Según el Sr. Pikamäe, en lugar de analizar si cabía calificar la parte de la ventaja fiscal transferida a las empresas navieras de beneficio indirecto resultante de la aplicación del SEAF, el Tribunal General se limitó a constatar que no se discutía el hecho de que las empresas navieras no fueran las beneficiarias de la ayuda controvertida, y a reiterar la lógica de la Decisión de la Comisión en cuanto al motivo que justifica la recuperación únicamente de los inversores.

En interés de los justiciables afectados, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que resuelva él mismo definitivamente el litigio y no devuelva de nuevo el asunto al Tribunal General. En consecuencia, se propone determinar si el método de cálculo del importe de la ayuda que debe recuperarse, tal como lo definió la Comisión en su Decisión, llevaría a exigir a los inversores la devolución de una cantidad superior a la que realmente recibieron como consecuencia de la concesión de la ayuda, ya que parte de esa cantidad fue transferida sistemáticamente por dichos inversores a las empresas navieras.

El Sr. Pikamäe destaca que la recuperación de las ayudas debe restablecer la situación anterior a la concesión de la ayuda. De ello se desprende que, cuando una empresa ha trasladado parte del beneficio resultante de una medida estatal a otra entidad, es necesario cuantificar con exactitud la ayuda que debe recuperarse de dicha empresa, de modo que esta pierda únicamente el beneficio de que disfrutó frente a sus competidores. En efecto, la recuperación de un importe más elevado debilitaría la posición competitiva previa del beneficiario de la ayuda y, por lo tanto, tendría carácter de sanción.

El Abogado General recuerda que el Tribunal de Justicia ya ha considerado que una ventaja puede conferirse a empresas distintas de aquellas a las que se transfieren directamente los fondos estatales. En consecuencia, comprueba si el SEAF está diseñado para encauzar sus efectos secundarios hacia las empresas navieras. El Abogado General señala que el mero establecimiento de un régimen de ayudas que confiera a la Administración tributaria una facultad discrecional en cuanto a la elección de los beneficiarios y a las condiciones de concesión de la ayuda, como el SEAF, podría permitir a los Estados miembros «disimular» la existencia de beneficiarios indirectos y evitar de este modo que una parte o la totalidad de dicha ayuda se recupere de los mismos. Tras examinar un conjunto de indicios que rodean la adopción y el funcionamiento del SEAF, de los cuales puede deducirse el vínculo entre una ventaja indirecta y la intervención estatal, el Abogado General sugiere al

Tribunal de Justicia que declare que la parte de la ventaja fiscal transferida por las AIE a las empresas navieras en el marco de los contratos privados celebrados entre ellos debe sustraerse del importe que debe recuperarse de los inversores de las AIE. En consecuencia, también propone al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la Decisión de la Comisión y, más concretamente, la orden de recuperación por lo que se refiere al cálculo del importe de la ayuda incompatible que debe recuperarse.

1 Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por
España — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (DO 2014, L 114, p. 1).
2 En el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
3 Prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3.
4 T-515/13 y T-719/13 (véase el CP 150/15).
5 C-128/16 P (véase el CP 115/18).
6 T-515/13 RENV y T-719/13 RENV (véase el CP 116/20).

UGT presenta una Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico

UGT presenta una Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico

UGT

30 septiembre 2022

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Con el fin de implementar los ODS de la Agenda 2030 y reclamar la reforma del modelo energético, asegurar el suministro de energía, fijar precios asequibles y competitivos, defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras y reforzar el escudo social

La “Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico”, presentada por UGT en el día de ayer y que podrá ser consultada en su página web, recoge un análisis de situación, propuestas y conclusiones, y detalla dos herramientas muy importantes, y a la vez desconocidas para la mayoría de los consumidores y posibles beneficiarios, que contribuyen a paliar los efectos de la pobreza energética: el bono social eléctrico y térmico.

Nos enfrentamos a un invierno difícil e incierto en cuanto al precio de la energía y la garantía del suministro de la misma. La crisis energética continúa, está teniendo efectos económicos, sociales, y medioambientales, y afecta en mayor medida a determinados sectores, empresas, trabajadores y consumidores.

Ante esta situación, UGT considera que hay que actuar urgentemente y fomentar la participación temprana de los sindicatos a través del diálogo social y de la negociación colectiva para anticipar y gestionar cualquier consecuencia negativa que pudiera derivarse de esta crisis.

Por ello, el sindicato reclama la necesidad de defender la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, firmando cuanto antes el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con el fin de asegurar subidas salariales justas, con cláusulas de revisión salarial que garanticen su poder de compra; gravar los beneficios extraordinarios obtenidos tanto por las empresas energéticas como por otras empresas no energéticas que han aprovechado su posición dominante en el mercado para aumentar considerablemente sus precios y su margen de beneficio, con el pretexto de la inflación; y utilizar los ingresos obtenidos para financiar las medidas específicas destinadas a los más afectados.

Además, es imprescindible acometer otras medidas, como un nuevo modelo energético basado en la transición justa, reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos, reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía, proteger especialmente a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas, y luchar intensamente contra la pobreza energética para atenuar el impacto social negativo de esta crisis en los más vulnerables.

Raquel Sánchez firma un protocolo para construir 1.500 viviendas en alquiler asequible o social en los municipios del Arco Metropolitano de Barcelona

Favorecer el acceso a una vivienda digna

Raquel Sánchez firma un protocolo para construir 1.500 viviendas en alquiler asequible o social en los municipios del Arco Metropolitano de Barcelona

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 30.9.2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado un protocolo con la Generalitat de Cataluña y con la Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en los municipios del denominado Arco Metropolitano de Barcelona.

En concreto, se plantea construir 1.500 viviendas con una renta o precio controlado, que se destinarán a familias o unidades de convivencia con recursos limitados.

Al acto de firma también han asistido la alcaldesa de Sabadell y presidenta la Associació, Marta Farrés; el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; el secretario de Vivienda e Inclusión Social de la Generalitat de Cataluña, Carles Sala; y la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez.

En su intervención, la ministra ha explicado que las viviendas promovidas en el marco de este protocolo se edificarán prioritariamente en suelos públicos y ha precisado que, aunque inicialmente se plantean actuaciones para construir 1.500 viviendas en alquiler social o asequible, se trabaja para este número se incremente en el futuro con otras actuaciones ya en estudio.

Asimismo, Raquel Sánchez ha ensalzado la cogobernanza del Arco Metropolitano de Barcelona, que está conformado por nueve municipios (Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell y Terrassa) que suman una población de unos 900.000 habitantes, al tiempo que ha agradecido a los alcaldes y alcaldesas su unión para remar juntos en políticas como las de vivienda.

Tal y como ha defendido la responsable de Mitma, la vivienda es un elemento crucial en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. “La vivienda ha de ser la base de una sociedad democrática como la nuestra que aspira a la justicia social”, ha agregado, incidiendo en que para el Gobierno garantizar el derecho a una vivienda digna es una prioridad absoluta.

“No escatimamos en recursos porque estamos convencidos que no hay auténtica democracia sin justicia social y no hay justicia social sin vivienda digna”, ha asegurado la ministra antes de recordar que la Ley por el Derecho a la Vivienda, que está en tramitación en el Congreso, permite dar una respuesta al problema de los precios de los alquileres.

“El debate sobre el problema de los alquileres debe empezarse reconociendo una realidad: la falta de oferta. La estrategia más eficaz para moderar los precios es aumentar la oferta y proteger la vivienda pública. Con esta Ley se impide que el parque de vivienda pública pueda enajenarse”, ha explicado Raquel Sánchez, que, a su vez, ha recordado que la Ley “dejará tranquilos a inquilinos, pequeños propietarios y grandes inversores, porque está pensada para dar seguridad jurídica a todo el mundo”.

Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible
La firma de este acuerdo forma parte del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible. A través de esta iniciativa, Mitma está fomentando el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados, especialmente ante los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional, como es el caso del Arco Metropolitano de Barcelona. En concreto, con este protocolo establecerán las bases generales de colaboración y cooperación entre las administraciones implicadas.

En el marco de este Plan, Mitma ya ha concedido subvenciones nominativas en Cataluña al Área Metropolitana de Barcelona y al Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler asequible o social. En concreto, ya se han transferido 17 millones de euros y este año 2022 se realizará una nueva transferencia de otros 17 millones.

Gracias a ello, ya se están promoviendo cerca de 5.000 viviendas para alquiler asequible en estas zonas. En concreto, la ministra ha apuntado que en Barcelona el Ministerio está impulsando más de 3.600 viviendas, de las que ya están en marcha más de 650 viviendas.

Además, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Mitma ya ha transferido a la Generalitat de Cataluña en el primer trimestre de este año 2022 más de 80,8 millones de euros para la construcción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes; y en el próximo año 2023 están previstos otros 80,8 millones de euros. Con estos 161 millones se podrán construir 3.234 viviendas en alquiler social.

Plan Estatal de Vivienda en Catalunya
En este contexto, Raquel Sánchez ha recordado que, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se han suscrito 37 acuerdos con la Generalitat de Catalunya para promover 1.148 viviendas en alquiler en Barcelona, Girona y Lleida. “Son más de 1.000 familias que acceden a una vivienda en alquiler de que otra manera no podrían”, ha remarcado.

Asimismo, la ministra ha reivindicado el nuevo Plan Estatal 2022-2025, que contempla 209 millones de euros para que la Generalitat facilite el acceso a la vivienda en Cataluña y mejore la calidad de vida de miles de ciudadanos en los cuatro años de vigencia del plan.

La titular de Mitma también se ha referido en su discurso a la financiación para el Bono de Alquiler Joven en Cataluña, que asciende a 58 millones que, tal y como ha remarcado, llegará a 14.000 jóvenes.

Rehabilitación residencial
En su intervención, Raquel Sánchez ha expresado su compromiso de mejorar el parque de vivienda, impulsando la rehabilitación de barrios, edificios y viviendas, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al respecto, ha puntualizado que ya se han transferido 186 millones de euros a la Generalitat y ha recordado que todos los hogares catalanes pueden solicitar la ayudas porque las convocatorias están abiertas. Además, ha avanzado que en el año 2022 Mitma va a transferir 224,5 millones más para seguir impulsando la rehabilitación en Catalunya.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Gobierno es multiplicar por diez las rehabilitaciones residenciales anuales a lo largo de esta década para abordar una verdadera transición energética del parque edificatorio, relanzar el empleo, aligerar la factura eléctrica y ahorrar emisiones al planeta. Así, se prevé la rehabilitación de más de 8.700 viviendas en varios municipios de la Corona Metropolitana de Barcelona.

La Seguridad Social incorporará de forma inmediata 1.615 trabajadores para mejorar la atención al ciudadano

Consejo General del INSS

La Seguridad Social incorporará de forma inmediata 1.615 trabajadores para mejorar la atención al ciudadano

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 29.9.2022

El Ministerio ha aprobado la modificación de las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social por la que se crearán 1.615 puestos de trabajo “con los que fortalecerá la atención al ciudadano”.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha anunciado este jueves, durante la reunión del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se ha aprobado la modificación de las relaciones de puestos de trabajo del Ministerio y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social por la que se crearán 1.615 puestos de trabajo “con los que fortalecerá la atención al ciudadano”.

“Hay una voluntad política de solucionar el abandono que ha sufrido la organización desde comienzos de la pasada década, de reforzar su estructura e impulsar su modernización en medios y efectivos”, ha explicado Suárez.

Los puestos, 645 del subgrupo A2 y 970 del subgrupo C1, serán ocupados en primera instancia por funcionarios interinos cuya contratación se tramitará de forma inmediata. Este paso, que supone un incremento del personal del conjunto del sistema del 7,42% (y del 8,43% si se tiene en cuenta sólo el aumento en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social) representa además el primer aumento neto de plantilla de la Seguridad Social de los últimos 10 años.

La medida se inscribe en el marco del plan de choque puesto en marcha por la Seguridad Social para paliar las carencias de personal consecuencia de las medidas de recorte adoptadas durante la crisis financiera. El plan contempla dos importantes hitos más este mismo año: el concurso macro de provisión de puestos de trabajo vacantes, que supondrá la incorporación de centenares de efectivos más, y el rediseño de los procesos selectivos, que busca reducir de forma drástica los tiempos de gestión necesarios para el reclutamiento de nuevos funcionarios de carrera y que por tanto contribuirá a que la Seguridad Social reciba refuerzos con más agilidad.

Dos años y medio de prisión y 3.000 euros de multa a una mujer que presentó un documento bancario falso para eludir un desahucio

Martes, 27 de septiembre de 2022

Dos años y medio de prisión y 3.000 euros de multa a una mujer que presentó un documento bancario falso para eludir un desahucio
La acusada ha reconocido los hechos y la Audiencia Provincial de Cantabria la ha condenado como autora de un delito de estafa

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 27 de septiembre de 2022.-

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado hoy a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros a una mujer que presentó un certificado bancario falso como prueba en un juicio para evitar un desahucio.

La vista estaba prevista hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, pero no se ha celebrado porque la fiscalía ha alcanzado un acuerdo con la defensa de la acusada al reconocer esta los hechos y al considerar que concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño, ya que la mujer ha consignó en el juzgado antes de la celebración del juicio 600 euros.

La aplicación de esta circunstancia atenuante ha llevado al ministerio público a reducir la petición de condena, que inicialmente era de cuatro años y medio de cárcel y la misma multa por un delito de estafa.

Alcanzada la conformidad, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado sentencia en los términos del acuerdo suscrito por las partes.

Según el relato de hechos del escrito de acusación, que se ha llevado a la sentencia, la mujer y su pareja vivían en una vivienda arrendada. Tras no abonar algunas rentas y diversos pagos, los propietarios presentaron una demanda de desahucio.

En la respuesta a la demanda, la acusada afirmó haber abonado los pagos de suministros que se le reclamaban y, previamente a la vista oral, presentó un documento elaborado por ella misma en el que constaba un certificado de transferencia que supuestamente había realizado para el pago de los suministros.

Esta argucia hizo creer equivocadamente al juez que se habían abonado tales suministros, declarando este la improcedencia del desahucio.

Esta actuación provocó perjuicios económicos a los arrendadores, que han tenido que afrontar el pago de tales suministros y se han visto privados de la posibilidad de recuperar la vivienda.

Por ello, la acusada es condenada ahora como autora de un delito de estafa, con la agravante de reincidencia, ya que ha sido condenada por delitos similares en otras ocasiones.

Además, de la pena de prisión y la multa, deberá indemnizar a los propietarios del inmueble en 5.560 euros por las facturas impagadas y los perjuicios sufridos al no lograr la restitución de su vivienda.

El Producto Interior Bruto de la economía española creció un 1,5% en el segundo trimestre

El Producto Interior Bruto de la economía española creció un 1,5% en el segundo trimestre

Asuntos Económicos y Transformación Digital – 23.9.2022

El Producto Interior Bruto de la economía española creció un 1,5% en el segundo trimestre, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta cifra es cuatro décimas superior a la avanzada por el INE el pasado mes de julio, lo que pone de manifiesto la fortaleza de la economía española en un entorno marcado por el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania.

Las medidas adoptadas para proteger a empresas, familias y colectivos vulnerables de la subida de los precios de la energía y otras materias primas y el avance en el despliegue del Plan de Recuperación explican este buen comportamiento.

Estos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran un patrón de crecimiento sólido con una contribución positiva de la demanda nacional y un fuerte dinamismo de las exportaciones. En el segundo trimestre la demanda nacional registró un crecimiento de 0,6%, con una aportación positiva de la mayor parte de los componentes, si bien algo menor que la avanzada. Por lo que respecta al sector exterior, las exportaciones de bienes y servicios crecieron por encima de lo estimado anteriormente hasta el 4,9%, y las importaciones de bienes y servicios crecieron un 2,6% en términos intertrimestrales.

En tasas interanuales la economía ha registrado un crecimiento del 6,8% del PIB en el último año, cinco décimas más de los estimado anteriormente.

En tasas interanuales la contribución de la demanda nacional al crecimiento del PIB fue de 1,9 puntos y la demanda externa mejoró su aportación hasta los 4,9 puntos. La demanda nacional se vio impulsada por la aportación positiva de la formación bruta de capital, de 1,2 puntos, y el consumo de los hogares, con 1,4 puntos.

Por lo que respecta a la demanda externa las exportaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento interanual del 7,9% y las importaciones de bienes y servicios crecieron un -3%.

Por su parte, el deflactor del PIB se situó en el 3,6% respecto al mismo trimestre de 2021, lo que refleja que hasta el momento no se están produciendo efectos de segunda ronda en la inflación.

Se mantiene el dinamismo del empleo
Los datos del empleo siguen reflejando el dinamismo de la economía española, con 939.000 puestos de trabajo a tiempo completo creados en el último año, y una tasa de crecimiento del 5,2%.

En el segundo trimestre el empleo mantuvo la dinámica de crecimiento con un incremento del 1,1% de las horas trabajadas, con un incremento de las horas trabajadas en las ramas industriales y de servicios. Hay que destacar, asimismo, la revisión al alza de la productividad hasta el 3,4%.

Finalmente, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta crecieron un 1,5% y un 1,2%, respectivamente, en el último trimestre. En términos interanuales, los incrementos fueron del 10,3% y del 10,5%.

Revisión del crecimiento trimestral de 2021
El INE ha revisado el crecimiento trimestral de 2021, confirmando el incremento del PIB el pasado año hasta el 5,5%. Este aumento se deriva del mayor crecimiento del previsto en todos los trimestres del pasado año y confirma la aceleración del crecimiento económico en el segundo semestre de 2021.

Asimismo, el crecimiento del primer trimestre de 2022 se situó en el -0,2% por el impacto de la pandemia, los paros del transporte y el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania.

El Gobierno anuncia un nuevo Plan de Vivienda, la prórroga de la moratoria hipotecaria y 6,5 millones en ayudas para los afectados por el volcán de La Palma

Comisión Mixta de La Palma

El Gobierno anuncia un nuevo Plan de Vivienda, la prórroga de la moratoria hipotecaria y 6,5 millones en ayudas para los afectados por el volcán de La Palma

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática – 19.9.2022

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha presidido, junto con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo en la isla de La Palma, que ha tenido lugar en la Casa Massieu, en Los Llanos de Aridane.

En el encuentro también han participado el ministro del Interior, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y el secretario de Estado de Política Territorial (por videoconferencia), así como el presidente del Cabildo y los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, -Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso- varios miembros del Gobierno de Canarias y el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo.

Durante su intervención ante los medios al término de la reunión, Bolaños ha subrayado los 426 millones de euros que el Gobierno de España lleva movilizados a día de hoy en la isla, y que suponen cerca del 80% de la inversión planificada hasta el momento. También ha destacado que más de 21.500 personas se han beneficiado ya de ayudas procedentes de las diferentes administraciones públicas. “Sabemos que, para quienes han perdido sus recuerdos, su casa o su negocio, todo tiempo se hace largo y toda ayuda parece poca, pero nunca en la historia de la Administración española se ha respondido con tanta agilidad y con tanta rapidez a una catástrofe como esta”, ha asegurado. Una velocidad que, en palabras del ministro, “solo se explica gracias a la colaboración entre el gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma, el Gobierno de España y los ayuntamientos, trabajando de la mano”.

“Algunos aseguraban que, cuando La Palma y el volcán ya no fueran portada en los medios, el Gobierno no estaría aquí. Un año después los focos se han marchado, pero el Gobierno de España sigue presente y lo va a estar hasta que se reconstruyan todos los proyectos de vida que se vieron truncados”, ha destacado.

Plan de vivienda, ayudas para enseres y prórroga de la moratoria hipotecaria

Durante su comparecencia, el ministro ha anunciado tres nuevas medidas que pretenden contribuir a que los habitantes de la isla afectados por la erupción recuperen cuanto antes la normalidad en sus vidas.

Por un lado, la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este martes del último paso para hacer efectiva la subvención de 6,5M€ para enseres de primera necesidad, de la que se beneficiarán más de 600 familias.

En segundo lugar, el impulso por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias de un nuevo Plan de Vivienda destinado a los vecinos y vecinas de Puerto Naos y La Bombilla. “Sus negocios y sus casas están intactas, pero no pueden acceder a ellas debido a los gases tóxicos. La ciencia nos dice que no es seguro. Vamos a poner en marcha un plan para que estas personas puedan acceder a viviendas”, ha explicado Bolaños.

Por último, el titular de Presidencia ha avanzado también la aprobación en el Consejo de Ministros de esta semana de una moratoria para las hipotecas y los préstamos no hipotecarios para las pesonas afectadas por la erupción del volcán. “De esta manera, quienes no la hubiesen solicitado previamente tendrán una moratoria de seis meses, mientras que quienes ya lo hubiesen hecho y la vengan disfrutando hasta la fecha tendrán tres meses más”, ha explicado.

El valor de lo público para hacer frente a las dificultades
Para terminar, Félix Bolaños ha insisitido sobre el valor de lo publico a la hora de afrontar dificultades. “Vamos a seguir trabajando, conscientes de que nos enfrentamos a las consecuencias del volcán más destructivo en décadas, pero con la fuerza de toda la Administración Pública, que es el que ha de acompañar a las personas cuando tienen dificultades, como ha sido el caso de La Palma”. “El compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción de la isla es total. Y así va a ser hasta que el último proyecto de vida afectado por el volcán vuelva a la normalidad”, ha concluido.

Tras la rueda de prensa, el ministro de la Presidencia ha participado en el acto de presentación de la escultura “La Puerta de la Esperanza”, que se ubicará en la rotonda del cruce de La Laguna. Durante su intervención ha alabado la fortaleza de los vecinos y vecinas de la isla: “Cada vez que vengo me sigue impresionando vuestro afán por superar la destrucción del volcán, vuestras ganas de futuro”. A este respecto, ha apostado por “la oportunidad de proyectar una isla que sea vanguardia en el mundo” y ha puesto como ejemplo el nuevo planteamiento urbanístico de Todoque o de La Laguna. “Saquemos de una catástrofe una oportunidad y hagamos que esta Puerta de la Esperanza conmemore cómo hemos conseguido sobreponernos a una tragedia y convertir La Palma en una isla aún mejor”.

La intervención de la CE en el mercado eléctrico debe repercutir, cuanto antes, en la reducción de las facturas de la ciudadanía

La intervención de la CE en el mercado eléctrico debe repercutir, cuanto antes, en la reducción de las facturas de la ciudadanía

UGT

15 septiembre 2022

El sindicato defiende una reforma urgente y profunda del mercado eléctrico español que permita precios más asequibles y competitivos

La Comisión Europea dio ayer un nuevo paso para abordar la crisis energética proponiendo medidas excepcionales de reducción de la demanda de electricidad, que contribuirán a reducir el coste de la electricidad para los consumidores y ha adoptado medidas para redistribuir los excedentes de ingresos del sector energético a los clientes finales. Las propuestas autorizarían, por primera vez, precios regulados de la electricidad por debajo del coste y ampliarían los precios regulados para incluir también a las pequeñas y medianas empresas.

UGT ha exigido soluciones urgentes a la crisis energética pues la situación en los hogares es actualmente insostenible, dado también el aumento desbocado de los precios de todos los servicios y productos, incluidos los básicos.

Por eso, valora la intervención urgente de la CE, aunque considera que las medidas aun tardaran en ser una realidad para la ciudadanía europea, por lo que exige una actuación decidida para la implementación rápida por parte de los Estados Miembros y medidas sociales para evitar la quiebra de los hogares, compensando de manera real los sobrecostes soportados.

Estas medidas son la continuación de las que se habían acordado anteriormente sobre el llenado del almacenamiento de gas y la reducción de la demanda de gas para prepararse de cara al próximo invierno. La Comisión también sigue trabajando para mejorar la liquidez de los operadores del mercado, reducir el precio del gas y reformar la configuración del mercado de la electricidad a largo plazo. En síntesis, las medidas adoptadas son:

Reducir la demanda, obligación de reducir el consumo de electricidad en al menos un 5 % durante las horas de precio máximo seleccionadas. Se solicitará a los Estados miembros que identifiquen el 10 % de las horas con el precio más alto previsto y reduzcan la demanda durante esas horas de precio máximo. La Comisión también propone que los Estados miembros se fijen como objetivo reducir la demanda global de electricidad en al menos un 10 % hasta el 31 de marzo de 2023.
Tope temporal de ingresos para los llamados productores «inframarginales» de electricidad, es decir, tecnologías con costes más bajos (energías renovables, energía nuclear y lignito), Se propone fijar el tope máximo de los ingresos en 180 EUR/MWh. Esto permitirá a los productores cubrir sus costes de inversión y funcionamiento sin perjudicar la inversión en nuevas capacidades.
Contribución solidaria temporal sobre los beneficios extraordinarios generados por actividades en los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería que no están cubiertos por el tope máximo de los ingresos inframarginales. Los Estados miembros recaudarían los ingresos y los reorientarían a los consumidores de energía, en particular los hogares vulnerables, las empresas gravemente afectadas y las industrias con gran consumo de energía.
UGT es pionera en la defensa de una reforma urgente y profunda del mercado eléctrico que permita precios más asequibles y competitivos, un elemento fundamental no solo para las economías domésticas, sino también para nuestra industria y el cambio de modelo productivo que necesitamos. El sindicato considera fundamental la aceleración del proceso de una transición ecológica justa pues ayudaría a rebajar el precio de la energía y, en este caso, el hidrógeno renovable, para facilitar el actual proceso de transformación industrial. Esto podría convertir a España en un hub europeo de este tipo de energía, lo que redundaría en la economía y el empleo de nuestro país.

Pidiendo reformas financieras globales, acción climática urgente, el Secretario General dice a la Reunión de Ministros del Grupo de los 77 y China que “estamos retrocediendo”

Naciones Unidas

Pidiendo reformas financieras globales, acción climática urgente, el Secretario General dice a la Reunión de Ministros del Grupo de los 77 y China que “estamos retrocediendo”

A continuación se presentan las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la ceremonia de apertura de la cuadragésima sexta reunión anual de Ministros de Relaciones Exteriores de los países en desarrollo del “Grupo de los 77” y China, que se celebra hoy en Nueva York:

Durante décadas, el Grupo de los 77 y China nos han empujado a ser ambiciosos e implacables en la búsqueda del desarrollo. Han mantenido las prioridades del mundo en desarrollo al frente y al centro. Felicito a Pakistán por guiar al Grupo en medio de tiempos difíciles y mantener la brújula apuntada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido mi enfoque durante la semana de alto nivel y seguirá siendo el centro de atención durante el septuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General. Porque a medida que llegamos al punto medio de la Agenda 2030, seamos claros, estamos retrocediendo.

La pandemia de COVID-19 y una recuperación desigual nos han costado al menos tres años de progreso en el desarrollo. Los países en desarrollo se están ahogando en deuda, sin espacio fiscal ni acceso a recursos financieros para invertir en la recuperación. Las familias y las comunidades se enfrentan a fuertes aumentos de precios que aumentan la pobreza, el hambre y la malnutrición, y alimentan los disturbios sociales y políticos.

La crisis climática está poniendo patas arriba a sus países, no busquen más allá de Pakistán, donde vi de primera mano los colosales daños causados por las inundaciones. Y la guerra en Ucrania ha agregado más agitación a las cadenas de suministro y a los mercados de energía y alimentos, creando una crisis sin precedentes en el costo de la vida que afecta a hasta 1.700 millones de personas en todo el mundo.

Al conmemorar el trigésimo quinto aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, estos desafíos nos recuerdan cómo la comunidad mundial está fallando a sus países. Rescatar los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere que los gobiernos inviertan fuertemente en su población y en los sistemas que los sustentan: salud, educación, protección social, vivienda y trabajo decente.

También requiere grandes transiciones en energía renovable, sistemas alimentarios y conectividad digital. Pero a cada paso, los países en desarrollo están bloqueados en sus esfuerzos por invertir en la recuperación y el desarrollo. Como imperativo moral y práctico, esto debe cambiar.

Pido que se actúe en seis frentes. En primer lugar, y nuestros frentes son muy similares, en primer lugar, necesitamos medidas urgentes sobre la deuda para aumentar la liquidez y aliviar la presión sobre los países en desarrollo. Las facilidades de crédito y financiamiento, tanto públicas como privadas, deben entrar en modo de crisis. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe ampliarse y fortalecerse.

Sin embargo, necesitamos un mecanismo eficaz de alivio de la deuda de los países en desarrollo, incluidos los países de ingresos medianos, que se encuentran en dificultades. Se deben implementar nuevos instrumentos innovadores, como los canjes de deuda para financiar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia fue un paso adelante. Pero fueron en gran medida a los países desarrollados que menos los necesitan, y todavía estamos esperando diecinueve meses, para la reasignación prometida. Una nueva ronda de derechos especiales de giro (DEG) debería tramitarse de acuerdo con las necesidades de los países en desarrollo.

En segundo lugar, necesitamos un aumento de la financiación en condiciones favorables de los bancos multilaterales de desarrollo. Estos bancos deben aumentar su apetito por el riesgo y aumentar el acceso a la financiación para los países en desarrollo. El FMI debería poner en funcionamiento de inmediato su Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad.

Necesitamos derribar las barreras que impiden que los países en desarrollo accedan a la financiación que necesitan. Las instituciones multilaterales de desarrollo deben hacer mucho más para movilizar la financiación privada mediante garantías que asuman el primer riesgo en los consorcios y muchas otras formas en que sus fondos pueden multiplicarse de manera significativa.

En tercer lugar, necesitamos reformar un sistema financiero global moralmente en bancarrota. Este sistema fue creado por los países ricos para beneficiar a los países ricos. Prácticamente ningún país africano está sentado a la mesa del Acuerdo de Breton Woods; y en muchas otras partes del mundo aún no se ha producido la descolonización. Perpetúa la pobreza y las desigualdades.

Necesitamos equilibrar la balanza entre los países desarrollados y los países en desarrollo y crear un nuevo sistema financiero mundial que beneficie a todos. Esto debe incluir criterios de préstamo que vayan más allá del producto interno bruto (PIB) y proporcionen una visión fiel de las vulnerabilidades que enfrentan los países en desarrollo. Estos son dos objetivos centrales: la reforma de los sistemas financieros internacionales y más allá del PIB, estos son dos objetivos centrales de nuestra agenda común.

Cuarto, necesitamos una acción urgente sobre el clima. Nunca olvidaré la devastación que presencié en Pakistán que no podía imaginar antes. Los países que menos han hecho para contribuir al calentamiento global son sus mayores víctimas. Los países desarrollados deben cumplir sus promesas y apoyar a los países en desarrollo a medida que se adaptan al empeoramiento de los impactos climáticos.

Deben presentar hojas de ruta creíbles para cumplir con su promesa de $ 100 mil millones por año, y duplicar el financiamiento de adaptación a $ 40 mil millones anuales como primer paso, ya que las necesidades se estiman en $ 300 mil millones por año para la adaptación en el mundo en desarrollo. Renuevo mi llamamiento a las economías desarrolladas para que graven los beneficios récord de los combustibles fósiles y los redirijan a los países que han sufrido pérdidas y daños irreversibles por la crisis climática.

También renuevo mi llamamiento para que se cubra universalmente el sistema de alerta temprana en un plazo de cinco años para salvar vidas y medios de subsistencia, cuyo plan se presentará en la vigésima séptima Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). E insto a todos los países, especialmente a los miembros del Grupo de los 20 (G20), a que no escatimen esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ° C.

En quinto lugar, necesitamos una proliferación de la paz en todo el mundo y un despliegue de los instrumentos de nuestro comercio: diplomacia, diálogo y negociación, junto con un camino claro hacia el desarme. Como están demostrando los efectos devastadores de la guerra en Ucrania, el desarrollo es imposible sin la paz.

Y sexto, necesitamos reformar la gobernanza global. Esto incluye un Nuevo Acuerdo Global para reequilibrar el poder y los recursos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como se establece en mi informe sobre Nuestra Agenda Común. Un multilateralismo revitalizado es un instrumento esencial de desarrollo y una clave vital para rescatar los ODS. Necesitamos resultados innovadores y ambiciosos de la Cumbre del Futuro de 2024.

Su apoyo activo y vocal será fundamental. Espero con interés continuar la colaboración a medida que miramos hacia la Cumbre y desarrollamos soluciones para dar forma a un mundo mejor y más justo para todos. Su apoyo a nuestra Organización es necesario ahora, más que nunca. Aprecio profundamente nuestra asociación y estoy plenamente comprometido a trabajar con usted y con todos los Estados Miembros en nuestra labor esencial por la justicia y la verdad. Gracias.

Raquel Sánchez anuncia que la autovía A-32 contará con 88 kilómetros en servicio entre Bailén y Albacete antes de fin de año

Raquel Sánchez anuncia que la autovía A-32 contará con 88 kilómetros en servicio entre Bailén y Albacete antes de fin de año

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 23.9.2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presidido el acto de puesta en servicio de un nuevo tramo de 13,6 kilómetros (km) de la A-32, en la provincia de Jaén, entre Torreperogil y Villacarrillo, cuyo presupuesto de obras ha ascendido a 74 millones de euros, con una inversión total, incluyendo asistencias técnicas y expropiaciones, de 86,9 millones de euros (IVA incluido).

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto a otros asistentes a la inauguración del tramo de cLa ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto a otros asistentes a la inauguración del tramo de carretera.

Durante la inauguración del nuevo tramo, la ministra ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández y alcaldes del tramo.

En su intervención, la responsable del Departamento ha anunciado que antes de finalizar el año esta autovía contará con 88 km en servicio entre Bailén y Albacete, dado que está previsto que en diciembre se abra al tráfico el siguiente tramo de 17 km que une Villacarrillo y Villanueva del Arzobispo. De esta forma, 2 de cada 3 kilómetros de la A-32 se habrán puesto en servicio durante la actual legislatura, con un ahorro estimado de 24 minutos para los usuarios.

“Más allá de las cifras, esta actuación representa lo que queremos para el futuro de nuestras infraestructuras, porque supone la integración del binomio entre las nuevas infraestructuras y su entorno social y natural”, ha asegurado la ministra de Transportes.

Así, la titular de Mitma ha destacado que, con el nuevo tramo entre Torreperogil y Villacarrillo, que se abrirá al tráfico a lo largo del día de hoy, se conseguirá una mejora para la seguridad y movilidad de la zona, una reducción de los niveles de contaminación y un ahorro en los tiempos de recorrido, que son mucho mayores durante la época de la recolección de la aceituna, momento en que los vehículos agrícolas y los vehículos pesados ocasionaban hasta la fecha importantes retenciones en la N-322.

Mejorar la conectividad
Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que el trabajo de Mitma en esta autovía no acaba aquí, y ha informado de que ya se ha licitado el contrato para la actualización del proyecto del tramo entre Balazote y Albacete y que próximamente se licitarán las obras del enlace entre la CM313 y Balazote.

Así, Mitma activa este año 52 km adicionales en la A-32 en las provincias de Jaén y Albacete con la redacción de tres proyectos y una obra para nuevos tramos (Balazote-Albacete, Villanueva del Arzobispo-Beas de Segura y Beas de Segura-Arroyo del Ojanco y el enlace CM-313 – Balazote Oeste).

Más inversiones de Mitma en la provincia de Jaén
Raquel Sánchez ha puesto en valor las inversiones de Mitma en la provincia de Jaén, porque “forma parte de la estrategia a corto, medio y largo plazo de este Ministerio y nuestras políticas clave que estamos impulsando tienen un fiel reflejo en la provincia”.

Así, ha recordado las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas a mejorar la seguridad en los túneles de la región, a proyectos de protección contra el ruido, como el de la A-4, de Santa Elena a Andújar, y el de la N-322, en el entorno de la estación de Linares-Baeza; o las actuaciones integración y mejora de los municipios, con humanizaciones de travesías, como la de Torreperogil, localidad que la ministra ha aprovechado para visitar, junto a su alcalde, José Ruiz, antes del acto de puesta en servicio del tramo de la A-32.

En materia ferroviaria, la ministra ha asegurado que, desde su Departamento, junto con la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén, se han puesto en marcha soluciones para mejorar la movilidad de la ciudad, como la mejora de los servicios y conexiones de Jaén con Madrid, nuevas opciones de viaje mediante billetes integrados Jaén-Córdoba-Madrid, o el incremento de la oferta de Servicio Público en la provincia con 10 servicios más que antes de la pandemia. A todo esto, se sumará la creación del baipás en Montoro que permitirá realizar viajes con Madrid en 3 horas.

También ha hecho referencia a la gratuidad de los abonos para usuarios recurrentes, en funcionamiento desde el 1 de septiembre. En este sentido, Renfe ya ha emitido más de 13.300 abonos gratuitos de Media Distancia Convencional para los viajeros habituales entre Jaén y Madrid, Córdoba o Sevilla y viceversa.

Mejorar el acceso a la vivienda
Raquel Sánchez ha expresado la apuesta de Mitma por facilitar la accesibilidad a la vivienda, demostrado con políticas donde se ha realizado “un despliegue nunca hecho antes en este país en esta materia, hemos armado un gran escudo social para garantizar el derecho a una vivienda digna y en condiciones asequibles”.

Así, se ha referido a la inversión de cerca de 1.000 millones de euros destinada desde Mitma a Andalucía en materia de vivienda para los próximos años, entre el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, el Bono Alquiler Joven, que los jóvenes andaluces ya pueden solicitar, o las ayudas del Plan de Recuperación para la rehabilitación de edificios y mejoras energéticas.

Por último, Raquel Sánchez ha mencionado la importancia de proyectos que ayuden a la generación de empleo en la provincia de Jaén y ha puesto como ejemplo la puesta en marcha del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Linares, que ha permitido la movilización de empleo local que favorecerá la atracción de otras empresas tecnológicas. Actualmente, ha señalado, el equipo de Linares cuenta con 44 empleados con la estimación de llegar hasta los 200.

ANEXO AUTOVÍA A-32 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDesarrollo de la autovía A-32
La autovía A-32, perteneciente a la Red Transeuropea de Transporte, comunica las Comunidades Autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha, y en particular los nudos de comunicaciones de Bailén (autovías A-4 del Sur y A-44 de Sierra Nevada-Costa Tropical) y de Albacete (autovías A-30 de Murcia y A-31 de Alicante).

Hasta hoy, ya contaba con 47 km en servicio entre Bailén y Albacete a lo que se suman los 10,5 km de la Circunvalación Sur de Albacete puestos en servicio en noviembre de 2021. Por tanto, con los 13,5 adicionales inaugurados hoy, desde junio de 2018 ya son 41 los nuevos kilómetros puestos en servicio tanto en Jaén (de Úbeda a Villacarrillo) como en Albacete (Circunvalación Sur de Albacete), lo que ha permitido generar un ahorro estimado de tiempo de 24 minutos en los respectivos recorridos para los usuarios.

En este corredor, además, en junio de 2022 el Ministerio ha licitado los contratos de redacción de proyectos de los tramos Villanueva-Beas de Segura Beas de Segura-Arroyo del Ojanco, en Jaén, y hace pocos días también se ha licitado la actualización del proyecto del tramo más al norte del corredor: Balazote-Albacete, en la provincia de Albacete.

En conjunto, estos tres proyectos supondrán 35 km de longitud y un presupuesto estimado preliminarmente de casi 300 millones de euros.

A todo ello hay que recordar que, en la actualidad, están en avanzado grado de ejecución las obras del tramo jienense de 17 km A-32 Villacarrillo- Villanueva del Arzobispo y en redacción otros 4 proyectos de la misma carretera en la provincia de Albacete.

Todas estas actuaciones el compromiso del Ministerio que sigue impulsando decididamente este importante corredor, con el total de 52 km en fase de obras y proyectos en las provincias de Jaén y Albacete.

Características técnicas del nuevo tramo Torreperogil-Villacarrillo
El tramo puesto en servicio discurre por una zona de olivar en ambas márgenes, en los términos municipales de Úbeda, Villacarrillo, Torreperogil y Sabiote. Da continuidad a la autovía A-32 actualmente en servicio a partir del P.K. 48,3., y finaliza a la altura del P.K. 174 de la carretera N-322, antes de llegar al núcleo urbano de Villacarrillo. La actual carretera N-322 queda como vía de servicio de la autovía, por lo que se modifica su trazado manteniendo la continuidad, resultando la vía de comunicación principal para el acceso a las propiedades colindantes.

La autovía se ha proyectado con una velocidad de 100 km/h y cuenta con una explanada lateral a la autovía, para la ejecución de una futura área de servicio a mitad del tramo.

La sección transversal está formada por dos calzadas con carriles de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros e interiores de 1,0 metros, separadas por una mediana de 5 metros de anchura.

Se han construido un total de 11 estructuras, 6 pasos superiores, 4 pasos inferiores y 1 viaducto. En el paquete de firme se han utilizado mezclas bituminosas enriquecidas con caucho procedente de neumáticos fuera de uso para minimizar el impacto ambiental de este residuo.

En este nuevo tramo de autovía se ha ejecutado un único enlace, correspondiente al área de servicio, en el entorno del P.K. 6+500 de la obra.

Respecto a las afecciones producidas por las obras, hay que destacar la reposición de 15,4 km de la tubería de abastecimiento de Aguas de la Loma, seis tramos de líneas eléctricas de media tensión, y seis tramos de fibra óptica.

La integración ambiental de la obra se ha conseguido con la revegetación de los taludes, medidas especiales para la fauna mediante portillos de escape de animales, y colocación de pantallas arbóreas.

También destacan las prospecciones arqueológicas realizadas, en particular las correspondientes al yacimiento de “Haza del Rayo”, cuyos restos han sido trasladados al Museo Íbero de Jaén.

El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un aumento anual del 8,2% durante el segundo trimestre

El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un aumento anual del 8,2% durante el segundo trimestre


15/09/2022 Registradores


El Colegio de Registradores elabora el Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) único que conjuga transacciones e hipotecas inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad (enfoque desde la demanda) con la actividad mercantil del sector de la construcción e inmobiliario (enfoque desde la oferta), dando por tanto una estimación completa de la actividad del sector.

El valor del índice creció muy levemente hasta 125,0 frente a los 124,8 que alcanzó el trimestre anterior y el índice suavizado, libre de factores estacionales, en 116,9 frente a los 114,6 alcanzados en el trimestre anterior. Desde el 2º trimestre de 2020, que marcó 96,4, se viene produciendo una recuperación de la actividad inmobiliaria, a excepción del ligero descenso del 4ª trimestre de 2021. Esta evolución trimestral ligeramente favorable se ha debido, sobre todo, a la tendencia positiva de la actividad de propiedad (0,4%), mientras que en la parte mercantil del IRAI, esencialmente más constante en los últimos trimestres, ha caído el 0,7%.

Evolución anual del IRAI con base 2003 durante el 2º trimestre


La evolución anual del IRAI durante el segundo trimestre obtiene una subida del 8,2% frente al mismo trimestre de 2021, ralentizando el crecimiento de trimestres anteriores, donde los incrementos superaron ampliamente los dos dígitos. Continuó, por tanto, un crecimiento importante de la actividad durante el segundo trimestre. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la evolución anual ha compensado ya claramente los descensos de 2020, y el crecimiento de los cinco últimos trimestres, aunque matizado por la comparación con los peores momentos de la pandemia en 2020, sigue mostrando todavía significativos crecimientos de la actividad inmobiliaria global.

Con relación a los componentes de la evolución del IRAI mostrada en los datos anuales al término del segundo trimestre, el crecimiento se produjo fundamentalmente por el incremento en el área de propiedad (11,9%), nuevamente debido al gran aumento del número de compraventas (18,1%) y del incremento del número de hipotecas (12,2%), acompañados del precio de las compraventas (9,1%) y también del importe de las hipotecas (5,8%).


En el área de las sociedades mercantiles se produjo un ligero descenso del 1,1%, debido sobre todo al sector de la construcción (-1,4%), mientras que el sector inmobiliario se situó en el -0,2%.


Los detalles se ven en la tabla siguiente:

La Audiencia de Las Palmas confirma la condena a un periodista y a su entrevistada por vulnerar el derecho al honor de un juez

Martes, 20 de septiembre de 2022

La Audiencia de Las Palmas confirma la condena a un periodista y a su entrevistada por vulnerar el derecho al honor de un juez


La empresa y la que fuera pareja del magistrado deben abonar al perjudicado. El programa de radio arrojó contra el jurista “la sospecha de comportamientos no éticos” sin hacer ninguna comprobación de veracidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia civil que en junio del año pasado condenó a un periodista, a una mujer a la que entrevistó en un programa radiofónico en 2018 y a la empresa propietaria de la emisora a abonar una indemnización de 50.000 euros a un magistrado por vulnerar su derecho al honor. La Sala ha rebajado la cuantía de la indemnización de 25.000 euros, al considerar que la cifra inicial fue “excesiva”.

El fallo de la Sección Quinta de la Audiencia únicamente corrige el de instancia en la cuantía de la indemnización. Ppor lo demás, confirma que el periodista y la entrevistada, exmujer del magistrado, aprovecharon la intervención “meramente circunstancial” de este último en un proceso de relevancia mediática para ventilar a micrófono abierto asuntos de carácter “personal y familiar” del juez que nada tenían que ver con el caso, y sí con su proceso de divorcio con la entrevistada, lanzar sospechas infundadas sobre su falta de parcialidad como profesional y cuestionar su “rectitud y honorabilidad” sin ninguna prueba.

La Sala rechaza la alegación de indefensión formulada por el periodista en referencia a que su abogado no asistió a la vista oral del juicio, dejándole “tirado” según sus propias palabras. “Al contrario de lo que sucede en el proceso penal”, argumenta la Audiencia, “el proceso civil puede desarrollarse sin la presencia de las partes”.

Recuerda además el Tribunal que, en este caso, el periodista “no puso en conocimiento del Tribunal circunstancia alguna que impidiera a su letrado comparecer a ninguno de los actos a los que debidamente había sido convocado”.

No hubo indefensión

“No atisba la Sala qué indefensión real ha podido sufrir el demandado”, agrega el Tribunal, “cuando ni siquiera ha solicitado prueba en esta alzada, y cuando ha tenido oportunidad real y efectiva de valorar en su recurso el conjunto de la prueba realizada”, expone.

Sintetiza el fallo: “En todo caso, la genérica indefensión sostenida en el recurso sería imputable al propio letrado (…) y nunca al órgano judicial que no acordó la interrupción de la vista al no existir, por ni siquiera haberse alegado, causa legal alguna. Lo contrario, la suspensión del acto sin causa legal, hubiera provocado una dilación indebida en el procedimiento que atentaría contra el derecho a la tutela judicial efectiva que también ostentan las partes y no sólo dicho demandado”.

La sentencia, susceptible de recurso, condena a la empresa promotora del programa radiofónico a difundir el fallo al inicio y a la finalización de un programa a partir del tercer día hábil desde la firmeza de la resolución, y a retirar y eliminar de la red los podcast y archivos de los programas denominados El Pulso emitidos los días 8 y 11 de noviembre de 2018.

Joaquín Pérez denuncia que el período de prueba de los contratos indefinidos es el nuevo contrato temporal

Joaquín Pérez denuncia que el período de prueba de los contratos indefinidos es el nuevo contrato temporal

14 septiembre, 2022

El secretario general de USO denuncia que han cambiado los nombres, pero no el fondo: los trabajadores siguen sin un puesto de trabajo indefinido a pesar de firmar contratos que sí lo son

El cese de contratos por no superar el período de prueba se multiplica por 10 en un año y los fijos discontinuos que pasan a inactividad, por 6

El secretario general de USO ha denunciado hoy en una rueda de prensa en Palma, acompañando al secretario general de USO-Illes Balears en sus demandas de participación institucional, que “los efectos de la no-reforma laboral son los esperados de una reforma que se queda en los nombres de los contratos y no en el fondo del mercado laboral, que sigue siendo igual de precario”.

Para ello, Joaquín Pérez se sustenta en las últimas cifras de la Seguridad Social, que reflejan “cómo se disparan las bajas en los contratos indefinidos. En concreto, llaman la atención dos variables. Sobre todo, la de personas que causan baja por no superar el período de prueba. Estos casos se han multiplicado por 9 con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor la reforma laboral. El período de prueba dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses. Por lo tanto, es el artificio perfecto para hacer contratos basura con cara de indefinidos”.

En concreto, desde julio de 2021 hasta julio de 2022, esta causa para el cese del contrato ha crecido un 902,6 %. También es destacable el aumento en general de los despidos: 234,7 % por causas objetivas; 170 %, los disciplinarios. Y también las bajas voluntarias (258,7 %) e involuntarias, 320,9 %.

“Esto demuestra otra de las cojeras de la reforma laboral. No puede llamarse reforma si no entra a recuperar los derechos perdidos en cuanto a los despidos. De nada sirve un contrato indefinido si sale tan barato despedir”, refrenda Pérez.

Otro de los grandes males de la contratación es que “desde la entrada en vigor de la reforma laboral, también han aumentado exponencialmente los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Muy por encima de lo que, en realidad, ha aumentado la contratación indefinida a jornada completa, que no llega al 15 % y que beneficia, sobre todo, a los hombres. La contratación a tiempo parcial ha aumentado un 31,2 %. Más de 300.000 contratos de este tipo se han hecho a mujeres, menos de 200.000, a hombres. Las jornadas parciales y la pobreza salarial siguen ligada a las mujeres, con una brecha salarial -el domingo se conmemora el día internacional- que aún tardará 132 años en cerrarse, según el Foro Económico Mundial”.

Capítulo aparte, considera Joaquín Pérez, merecen los fijos discontinuos. “La figura más desvirtuada tras la reforma laboral. No solo han crecido este tipo de contratos, sino también su volumen de actividad. El pase a inactividad se ha multiplicado por 6. Con la particularidad, además, de que, al estar contratados, no computan en las cifras del paro registrado”, apunta Joaquín Pérez. “Con un volumen de más de 500.000 contratos indefinidos en el último mes, solo se entiende que el paro, a pesar de ello, suba en 40.000 personas si el indefinido es solo el nombre del contrato, no la realidad del puesto de trabajo”.

Todo ello, en un período “donde ya no sirve tener un trabajo para poder vivir dignamente. Y mucho menos si es de jornada parcial. El IPC sube más del 10 % mientras los salarios por convenio, la cuarta parte. Se habla de subidas de pensiones en función del invento del IPC medio, se sigue retrasando la subida del SMI y del AENC nadie se acuerda porque no sirve de nada: nunca marcó las directrices de la negociación colectiva ni sirvió para recuperar los salarios”, denuncia el secretario general de USO.

USO-Illes Balears solicita la participación institucional autonómica

Joaquín Pérez considera que la falta de una negociación colectiva fuerte es fruto de “un diálogo social opaco e ineficaz. Y cerrado en banda a escuchar y recibir otras aportaciones. Además de que seguimos regidos por una legislación sindical obsoleta, que sigue favoreciendo a dos sindicatos”.

Esto lo recalcó Pérez en su visita a Palma de Mallorca con motivo de la reunión con la Comisión Gestora de USO-Illes Balears para impulsar la participación institucional de la USO.

La Unión, que ostenta el 11 % de la representación sindical, sigue excluida de la participación institucional, para la cual se requiere de un 10 %. “A pesar de lo restrictiva que es la LOLS para considerar a un sindicato ‘más representativo’, en el caso de Baleares, la USO lo es. Por ello, hemos vuelto a pedir a la Consellería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo que la USO pase a ser miembro de pleno derecho de las mesas de diálogo social”, informó Juan Antonio Salamanca, secretario general de USO-Illes Balears.

Mitma firma con Madrid el convenio para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2022- 2025 con 230 millones de euros

Mitma firma con Madrid el convenio para ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 2022- 2025 con 230 millones de euros

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 16.9.2022

El Ministerio ya ha rubricado un total de 15 convenios para la ejecución del Plan, a través de los que aporta 1.331 millones de euros para facilitar el acceso a una vivienda digna.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha suscrito con la Comunidad de Madrid el convenio para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 durante los próximos cuatro años, en el que Mitma destina 229,4 millones euros. El convenio ha sido firmado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid, Paloma Martín.

Su firma garantiza la continuidad de las ayudas estatales del ya finalizado Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y activa la nueva edición del plan para el periodo 2022-2025. A partir de ahora, la Comunidad de Madrid podrá convocar las ayudas con cargo a este nuevo plan con efectos desde el 1 de enero de 2022.

El Plan Estatal 2022-2025 cuenta con cuatro tipos de programas que buscan facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de viviendas en alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo, mejorar la accesibilidad y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas del alquiler a los propietarios.

El importe que el Ministerio tiene previsto destinar a las comunidades autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal 2022-2025 asciende a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.

Hasta la fecha, en total se han suscrito 15 convenios con las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y las ciudades de Ceuta y Melilla. El total que Mitma ha comprometido con estos quince convenios asciende a 1.331,8 millones de euros.

Los compromisos financieros que el Ministerio asume para los cuatro años de vigencia se reflejan en la siguiente tabla:

Compromisos del Mitma en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de creación y crecimiento de empresas

El Congreso aprueba definitivamente la Ley de creación y crecimiento de empresas

15/09/2022

El Pleno del Congreso ha aprobado parte de las enmiendas que el Senado ha incorporado al Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. La iniciativa concluye así su tramitación parlamentaria y el texto queda listo para su publicación en el BOE y su posterior entrada en vigor.

En concreto, el Pleno ha dado luz verde a las enmiendas presentadas al artículo 5 (puntos 5 y 6) y a las disposiciones adicionales octava y décima. También se han aprobado el resto de enmiendas incorporadas por el Senado salvo las presentadas al artículo 6 (punto 19), al artículo 10 (punto uno), al 15 y a la disposición transitoria quinta.

Esta nueva norma tiene como objetivo, tal y como argumenta el Gobierno en la exposición de motivos, “mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción”, “particularmente onerosas para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que sufren la presión sobre su liquidez y sobre su capacidad para hacer crecer su negocio”.

Las medidas contenidas en este texto, expone el Ejecutivo, están dirigidas a “agilizar la creación de empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad comercial y facilitar el acceso a financiación, contribuirán asimismo, junto a otras leyes como las de fomento de las empresas emergentes o la reforma concursal, a la mejora del clima de negocios en nuestro país, con los previsibles efectos indirectos positivos asociados en términos de inversión extranjera y creación de empleo”.

El fin de esta iniciativa “no es el aumento del tamaño empresarial per se”, sino “reducir las trabas a las que se enfrentan en su crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero para lograr con ello un incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleos de calidad”.

Para ello, entre otras medidas, el proyecto de ley incluye la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro “e introduce reformas para facilitar e impulsar la constitución de las mismas de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas”.

Durante la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, concretamente en la fase de ponencia, se ha modificado, entre otros aspectos, el artículo 8, relativo a la eficacia de la limitación de responsabilidad, de modo que se limita la responsabilidad a la vivienda habitual del deudor siempre y cuando “su valor no supere los 300.000 euros” o “el deudor hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable”.

Otra de las modificaciones añadidas son: la que modifica el artículo 11 de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, para que se elabore ¿una memoria anual sobre la unidad de mercado de España en el período correspondiente¿; y sobre la publicación de la referencia de la norma europea sobre facturación electrónica de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea de 2017.

Asimismo, se permite la constitución de Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como ya ocurre con todos los tipos de Empresas de Servicios de Inversión. Con ello en última instancia se reducen las limitaciones a la constitución de sociedades gestoras, ya que la constitución bajo la forma de SRL tiene unos requisitos para su constitución y funcionamiento menores a los de las sociedades anónimas.

Esta iniciativa establece también que las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores. Las sociedades mercantiles cotizadas publicarán en su página web su periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores.

El Congreso aprueba la reforma de la Ley de regulación del juego y la remite al Senado

El Congreso aprueba la reforma de la Ley de regulación del juego y la remite al Senado

15/09/2022

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado en su sesión de este jueves, 15 de septiembre, con 200 votos a favor, 0 en contra y 148 abstenciones, el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. La iniciativa será ahora remitida al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

El texto aprobado hoy en el Pleno coincide con el dictamen emitido por la Comisión de Sanidad y Consumo el pasado 27 de junio, al haberse rechazado todas las enmiendas que se habían mantenido vivas.

La iniciativa gubernamental tiene entre sus objetivos la tutela y protección de los menores y de los participantes en los juegos, así como de la prevención de las conductas adictivas. y en el contexto de este marco regulatorio, la iniciativa, que modifica la Ley de regulación del juego, “se considera muy conveniente” que entre las funciones de la Comisión Nacional de Juego, esté reforzar la capacidad de evaluación de la autoridad reguladora de la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores.

Asimismo, introduce una referencia al instrumento técnico en el que estarán presentes los actores interesados en la erradicación del fraude y la manipulación de las competiciones deportivas, denominado Servicio de investigación global del mercado de apuestas.

Durante su fase de ponencia, fueron añadidas al texto cuatro enmiendas transaccionales que incorporaban un nuevo artículo señalando los principios generales para la publicidad de las actividades de juego, un apartado a otro artículo sumando a las funciones de la Comisión Nacional del Juego la de “proteger a los grupos de jugadores en riesgo” y dos disposiciones adicionales sobre el servicio de investigación global del mercado de apuestas y sobre directrices para el uso más seguro de los activos digitales no fungibles.

Tramitación parlamentaria

Ahora, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva. Si no se modifica el texto que envíe el Congreso, una vez aprobado por el Senado será publicado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor en los plazos previstos por la propia ley.

La reserva hídrica española se encuentra al 34,2 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 34,2 por ciento de su capacidad

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 13.9.2022

La reserva hídrica española está al 34,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 19.209 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 462 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Mapa de la reserva hídrica.

Cantábrico Oriental se encuentra al 69,9%

Cantábrico Occidental al 57,5 %

Miño-Sil al 46,7%

Galicia Costa al 54,8%

Cuencas internas del País Vasco al 71,4%

Duero al 35,8%

Tajo al 36,7%

Guadiana al 23,9%

Tinto, Odiel y Piedras al 65,9%

Guadalete-Barbate al 24%

Guadalquivir al 21%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 40,5%

Segura al 35,2%

Júcar al 53,8%

Ebro al 39,5%

Cuencas internas de Cataluña al 38,3%

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 58,0 mm (58,0 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Mitma y comunidades autónomas ratifican la distribución de 1.889 millones de euros para rehabilitación residencial y vivienda social

Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y suelo

Mitma y comunidades autónomas ratifican la distribución de 1.889 millones de euros para rehabilitación residencial y vivienda social

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 13.9.2022

on esta aprobación, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) moviliza ya 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para regenerar viviendas, edificios residenciales y barrios y levantar hasta 20.000 viviendas de alquiler asequible.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades y ciudades autónomas han ratificado hoy por unanimidad la propuesta de distribución territorial de 1.889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación, aprobada en el Consejo de Ministros del 23 de agosto.

El acuerdo, alcanzado durante la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, permite dar continuidad a los programas de rehabilitación residencial y de construcción de viviendas en alquiler social incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha presidido la conferencia, en la que ha estado acompañada por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas.

De los 1.889 millones de euros, 1.389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para la construcción de viviendas en alquiler social. Las subvenciones están incluidas en el Componente 2 del Plan de Recuperación, “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”.

Las subvenciones buscan reducir la huella de carbono y el consumo de los hogares, una medida vital para luchar contra el cambio climático y disminuir nuestra dependencia energética.

Distribución
Según el acuerdo ratificado hoy con el voto favorable de los representantes de todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, los fondos se distribuirán en proporción al número de hogares según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE, del siguiente modo:

Distribución por comunidades autónomas de los fondos para rehabilitación y viviendas de alquiler social

Distribución por comunidades autónomas de los fondos para rehabilitación y viviendas de alquiler social

La distribución territorial de estos 1.889 millones de euros se suma a los 1.151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por Mitma a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución planteada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021, que posteriormente fue aprobada en Consejo de Ministros.

Con el este acuerdo, Mitma moviliza 3.540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y el aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89% de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión. Así, en 2023 se podrá transferir el 100% de los fondos destinados a la construcción de hasta 20.000 viviendas en alquiler social y este año, el 85,5% de las ayudas dirigidas a rehabilitación. El año que viene se prevé la distribución de los 430 millones de euros restantes.

En este punto, cabe recordar que el programa de rehabilitación residencial cuenta con 450 millones de euros para financiar bonificaciones fiscales a la rehabilitación de viviendas, lo que da un total de 3.420 millones de euros.

Un momento clave
A lo largo de la Conferencia Sectorial celebrada hoy se ha puesto de manifiesto, por parte de todos los asistentes, la importancia de la colaboración entre las distintas Administraciones territoriales para aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos, que contribuyen a asegurar el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos de impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, junto con la Ley 10/2022, de 14 de junio, estos recursos contribuyen a reforzar el conjunto de medidas encaminadas a favorecer las actuaciones de rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de diferentes instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas, asegurar la máxima calidad de los edificios y contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento.

Asimismo, en el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española.

Edificios en una calleMás información
Componente 2 del Plan de Recuperación: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana

Las constituciones de empresas en agosto disminuyen el 6,1% anual

Las constituciones de empresas en agosto disminuyen el 6,1% anual

12/09/2022 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en agosto, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

Las constituciones en agosto vuelven a descender y acumulan cinco meses de caídas, después de cinco meses anteriores con incrementos. Se crearon 5.966 empresas, un 6,1% menos que en el mismo periodo de 2021. Las CC.AA. de Madrid, Cataluña y Andalucía, conjuntamente constituyeron casi seis de cada diez empresas creadas

En agosto disminuyó la creación de empresas en doce territorios, con descensos por encima del 10% en Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra.

El descenso de las constituciones durante el segundo trimestre anticipó un cambio de tendencia, después de varios trimestres consecutivos de aumentos, situación que ha continuado en agosto.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. se incrementan suavemente hasta el 2,1% anual durante el mes de agosto, mejorando los datos negativos observados en los últimos meses.

Por CC.AA., destacan por su mayor volumen, Madrid con 568 ampliaciones, un 2,1% menos que en 2021 y Cataluña con 528, un 6,0% más. Globalmente, se han incrementado más en La Rioja, Galicia y Castilla y León. Las mayores caídas fueron en las Cuidades Autónomas de Ceuta y Melilla, Extremadura y Navarra.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance de agosto fueron 245, con un incremento del 15,6% sobre el mismo mes de 2021, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron conjuntamente cerca de siete de cada diez concursos presentados.
Desde el tercer trimestre de 2021, los crecimientos de concursos se habían moderado paulatinamente hasta entornos de ligera subida. Hasta junio de este año se observan altibajos en los datos, destacando un descenso del 16,8% en abril. En junio finalizó la moratoria concursal que ha supuesto un incremento del 15,6% de los concursos en agosto, si bien en los próximos meses se mostrará con mayor precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron 175 inscripciones en agosto, 16,7% de incremento sobre agosto de 2021, mientras los necesarios fueron 70, con incremento anual del 12,9%.

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 8,6% hasta los 80.762 millones de euros, nuevo máximo histórico

Ejecución presupuestaria a 31 de julio de 2022

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 8,6% hasta los 80.762 millones de euros, nuevo máximo histórico

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 12.9.2022

La mejoría del empleo continúa impulsando los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, en los siete primeros meses del año se ha registrado un incremento del 8,6%, hasta los 80.762 millones (6.377 millones más que un año antes).

En comparación con los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es del 12,6% (9.016 millones de euros más). De esta forma, el crecimiento de los ingresos por cotizaciones sociales alcanza su máximo histórico en los últimos 15 años, en el acumulado enero-julio.

Así, el crecimiento de las cotizaciones supera en 2,1 puntos porcentuales el incremento del gasto en pensiones en el período enero-julio, contribuyendo con ello a reducir el déficit del sistema. En conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 31 de julio de 2022, de 762 millones de euros. Esta cifra se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 108.448 millones de euros, que muestran un incremento del 7,6%, y obligaciones reconocidas de 107.686 millones, que crecen en un 3,8% interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 107.231 millones de euros, con un incremento del 11,9% respecto al ejercicio anterior.

Ingresos no financieros
En estos siete meses, las cotizaciones sociales ascienden a 80.762 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2021 (6.377 millones de euros más).

Gráfico de la evolución de las cotizaciones sociales

Gráfico de la evolución de las cotizaciones sociales

Este aumento viene impulsado por la evolución de los ingresos por cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 9,9% hasta alcanzar los 75.914 millones de euros (6.833 millones de euros más) mientras que las cotizaciones de desempleados registran una disminución del 8,6% (456 millones de euros menos) como consecuencia del descenso del número de éstos.

Gráfico sobre la evolución de la cotización de ocupados

Gráfico sobre la evolución de la cotización de ocupados

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 26.950 millones de euros, con un aumento del 4,3% interanual. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 24.083 millones (un 3,3% más). Este incremento tiene su origen, fundamentalmente, en las transferencias recibidas del Estado para el cumplimiento de la Recomendación primera del Pacto de Toledo 2020 (1.308 millones de euros más).

Gastos no financieros
Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 101.304 millones, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2021. Esta cifra representa un 94,1% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 93.106 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 4,3%.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se incrementa un 6,5% hasta los 82.529 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (0,8%), a la elevación de la pensión media (5,5%), así como a la revalorización general del 2,5% para las pensiones contributivas en cumplimiento de la nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 7.799 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad se incrementan interanualmente el 13,7%, hasta alcanzar los 2.157 millones.

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 8.198 millones de euros, un 6,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, motivado por la revalorización general del 3% para pensiones mínimas y no contributivas.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 5.508 millones (un 3,3% más), y a subsidios y otras prestaciones 2.690 millones, de los cuales 2.541 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 14,5% más respecto del año anterior, debido principalmente al incremento transitorio del 15% del importe del ingreso mínimo vital que se aplica desde el mes de abril.

En los préstamos denominados en divisas, si el consumidor se opone a ello, el juez nacional no puede sustituir una cláusula abusiva relativa al precio de conversión por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio

Luxemburgo, 8 de septiembre de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-80/21 a 82/21 | D.B.P. y otros (Crédito hipotecario denominado en divisas)

En los préstamos denominados en divisas, si el consumidor se opone a ello, el juez nacional no puede sustituir una cláusula abusiva relativa al precio de conversión por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio

Si el contrato de préstamo no puede subsistir sin esa cláusula, deberá declararse nulo y sin efectos

En Polonia, varios consumidores suscribieron préstamos hipotecarios denominados en francos suizos (CHF) para adquirir bienes inmuebles. En esencia, esos préstamos se concedieron en CHF y se pusieron a disposición de los consumidores en eslotis (PLN), con un precio de conversión resultante de la aplicación de la tasa de compra del CHF en relación con el PLN. En cambio, para el reembolso de las cuotas mensuales de los préstamos, el precio de conversión correspondía al precio de venta del CHF en relación con el PLN.

Esos consumidores presentaron sendas demandas ante el Tribunal de Distrito de Varsovia-?ródmie?cie mediante las que solicitaron que se declarara, en virtud de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el carácter abusivo de las cláusulas relativas al mecanismo de conversión al que se ha hecho referencia anteriormente, que estaban incluidas en sus respectivos contratos de préstamo. Dicho Tribunal desea que se dilucide si esa Directiva se opone a una jurisprudencia nacional según la cual el juez nacional, tras declarar la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado con consumidores que conlleva la nulidad de ese contrato en su totalidad, puede sustituir la cláusula anulada, bien interpretando las declaraciones de voluntad de las partes, bien aplicando a la cláusula abusiva anulada una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio, aun cuando el consumidor no desee que el contrato siga siendo válido.

Además, el tribunal polaco pregunta al Tribunal de Justicia si, en el contexto de la supresión de una cláusula abusiva, el juez nacional puede limitarse a eliminar la parte efectivamente abusiva de la cláusula o bien, por el contrario, debe eliminar esa cláusula íntegramente. Por último, también pretende obtener aclaraciones sobre el inicio del plazo de prescripción del derecho al reembolso que tiene el consumidor tras la supresión de una cláusula abusiva.

En su sentencia dictada hoy, en primer lugar, el Tribunal de Justicia ha recordado que la posibilidad excepcional de sustituir una cláusula abusiva anulada por una disposición nacional con carácter supletorio está limitada a los supuestos en los que la supresión de la cláusula abusiva obligue al juez nacional a anular el contrato en su totalidad, exponiendo con ello al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales. Ahora bien, cuando el consumidor ha sido informado de las consecuencias derivadas de la anulación del contrato en su totalidad y ha consentido en dicha anulación, no parece que se dé la circunstancia de que la anulación íntegra del contrato lo exponga a consecuencias especialmente perjudiciales. Por consiguiente, la Directiva no permite que se aplique una jurisprudencia nacional según la cual el juez nacional, tras declarar la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado con consumidores que conlleva la nulidad del contrato en su totalidad, puede sustituir la cláusula abusiva anulada por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio, aun cuando el consumidor se oponga a tal solución.

De igual modo, la Directiva no permite sustituir una cláusula abusiva anulada por una interpretación judicial, porque los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, sin estar facultados para modificar el contenido de dicha cláusula.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha señalado que la Directiva se opone a una jurisprudencia nacional que permite al juez nacional suprimir únicamente la parte efectivamente abusiva de una cláusula, de modo que el resto de la cláusula sigue siendo eficaz, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que un plazo de prescripción de los derechos del consumidor únicamente puede ser compatible con el Derecho de la Unión si el consumidor tuvo la posibilidad de conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o expirase. Pues bien, oponer a una acción de restitución, ejercitada por el consumidor tras la supresión de una cláusula abusiva, un plazo de prescripción que empieza a correr a partir de la fecha de cada prestación realizada por el consumidor, aun cuando este desconocía, en cada una de esas fechas, el carácter abusivo de dicha cláusula, no puede garantizar al consumidor una tutela efectiva. De ello se desprende que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que permita tal práctica.