09/04/2026 

Registradores

El Colegio de Registradores presenta con esta nota informativa un avance provisional de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a febrero de 2026, con datos proyectados sobre el 92,4 % de los registros analizados, en el que se sintetiza la evolución interanual de compraventas e hipotecas.

Los datos provisionales muestran que durante el mes de febrero de 2026 se han registrado unas 118.800 compraventas de inmuebles, con un pequeño incremento del 1,1% respecto a enero de 2025. De ellas, cerca de 59.500 han sido compraventas de vivienda, lo que supone a su vez un leve descenso del 0,7%, tras el fuerte parón registrado el mes anterior.

Por el contrario, las hipotecas han experimentado un importante crecimiento, al constituirse 58.500 hipotecas totales, lo que supone un incremento interanual del 15,2 %. En torno a 44.500 de ellas se han constituido sobre viviendas, lo que a su vez supone un incremento ligeramente inferior (16,3 %) respecto al mismo mes de 2025, manteniendo la tendencia fuertemente creciente del mercado hipotecario.

Doce comunidades y ciudades autónomas han registrado incrementos de compraventas totales durante el mes de febrero, destacando Melilla (98,3 %), Aragón (20,1 %) y Ceuta (18,9 %). Por su parte, con descensos superiores al 10 %, destacan Murcia (-18,8 %), La Rioja (-15,2 %), Cantabria (-13,9 %) y Galicia (-13,5 %). En cuanto a las compraventas de vivienda, los mayores incrementos, por encima del 15%, se han registrado en Melilla (96,9 %), Ceuta (54,2 %), Navarra (18,7 %) y Canarias (18.3 %), mientras que descensos superiores al 10 % se registraron en Cantabria (-18,2 %), Galicia (-16,7 %), Murcia (-15,4 %) y La Rioja (-12,7 %).

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 12.000 compraventas totales; con Andalucía superando con holgura las 22.000. En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos, con Andalucía superando las 12.000 operaciones.

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre todo tipo de inmuebles ha aumentado en catorce comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos, por encima del 30 %, se han podido observar en Melilla (86,3 %), Madrid (35,5 %), Castilla – La Mancha (33,7 %) y Ceuta (32,8 %), mientras que los mayores descensos en el número de hipotecas totales se han producido en País Vasco (-21,3 %), La Rioja (-18,2 %) y Asturias (-8,1 %).

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, se han producido aumentos en trece comunidades, destacando entre ellas Melilla (90,9 %), Andalucía (32,4 %), Castilla – La Mancha (28,9 %) y Canarias (26,9 %). Por su parte, los descensos más acusados se han producido en País Vasco (-18,1 %), Extremadura (-16,6 %) y Cantabria (-8,1 %).

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia han superado las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. La comunidad con mayor número de hipotecas ha sido Andalucía con 11.800 en total, mientras que sobre vivienda ha registrado 9.500 constituciones.

A continuación, se analiza la evolución mensual de las tasas de variación correspondientes al volumen total de compraventas e hipotecas, así como el comportamiento específico de ambas variables en el mercado de la vivienda durante el último año.

Tras una sólida tendencia al alza registrada en los primeros meses del periodo, pese a las fluctuaciones propias de la Semana Santa de 2025, el mercado comenzó a mostrar una fuerte ralentización a partir del verano. Tras un rebote en noviembre y diciembre de 2025, vuelve a caer en enero y se mantiene en un tono muy moderado en febrero. La evolución ha mostrado escasas diferencias entre el número total de compraventas y las correspondientes a vivienda. No obstante, en los últimos meses se aprecia un comportamiento menos favorable en las operaciones de vivienda frente al conjunto total.

En cuanto al número de hipotecas constituidas, la moderación de la serie se ha producido con retraso respecto a las compraventas y en mucha menor medida, con un comportamiento sensiblemente mejor que el de las compraventas casi todos los meses del periodo, incluido, de manera destacada, este último mes. Se encadenan ya 20 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Este mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas ha llevado a que en el caso de las viviendas el número de hipotecas sobre las compraventas se sitúe en porcentajes históricamente altos, superiores al 75%.

Viernes, 10 de abril de 2026

Las respuestas serán elaboradas por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos y valoradas en el seno de la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital. Las consultas y sus respuestas serán publicadas en la web www.poderjudicial.es, garantizando así la transparencia y la disponibilidad pública de los criterios interpretativos adoptados

Autor Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un protocolo para la gestión de las consultas que, con motivo de la aprobación de la Instrucción 2/2026 sobre la utilización de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, los miembros de la Carrera Judicial están planteando sobre estos sistemas y sus usos permitidos y prohibidos. 

Dado que el anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, que el Pleno del CGPJ informó en su reunión del pasado 25 de marzo, atribuye en su artículo 5.7 a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos (DSYCPD) del órgano de gobierno de los jueces la función de autoridad de vigilancia de mercado respecto de los sistemas de IA de Alto Riesgo definidos en el Anexo III.1 del Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio, en lo relativo a sistemas biométricos utilizados en el ámbito de la Administración de Justicia; y conforme a lo previsto en el artículo 8.a) del citado reglamento, la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital ha acordado que todas las consultas sobre esta materia se centralicen en la DSYCPD. 

La DSYCPD elaborará un borrador técnico-jurídico de respuesta -previa consulta, cuando sea necesario, a los órganos técnicos del CGPJ como el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)- y lo presentará a la Comisión de Innovación Tecnológica y Transformación Digital para su estudio y valoración. 

La respuesta definitiva será remitida al órgano jurisdiccional, administración, persona o entidad consultante y será publicada en la página web www.poderjudicial.es -tanto en la parte pública como en la reservada a los miembros de la Carrera Judicial- garantizando así la transparencia y la disponibilidad pública de los criterios interpretativos adoptados. 

Las consultas y las respuestas estarán disponibles en el siguiente enlace, correspondiente a la sección de Informes del apartado dedicado a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Autoridad-de-control-de-proteccion-de-datos/Documentacion/Informes

06 Abr 2026

CEOE ha destacado el compromiso de las empresas con la creación de empleo, a pesar de un contexto marcado por incertidumbres geopolíticas y un fuerte encarecimiento de los costes laborales y productivos, tras publicarse este lunes los datos de afiliación y desempleo del mes de marzo.

Unos datos que muestran un comportamiento favorable del empleo, impulsado por la incidencia positiva de la Semana Santa en la actividad económica.

Así, marzo cerró con un incremento medio de 211.510 personas afiliadas y una reducción del desempleo en 22.934 personas. De esta manera, el número total de personas afiliadas alcanza la cota más elevada de la serie histórica, con cerca de 21,9 millones de personas afiliadas de media, superando la barrera de los 22 millones en términos desestacionalizados.

El avance de la afiliación fue generalizado en toda España y particularmente intenso en el Régimen General y en sectores directamente vinculados al turismo estacional. En este punto, destacó la Hostelería, con un aumento superior a 79.500 personas, tradicionalmente sensible al calendario festivo.

El trabajo autónomo también registró una evolución positiva, con casi 15.000 autónomos más respecto al mes anterior y más de 40.200 respecto a hace un año. Sobresalió el crecimiento interanual en Actividades profesionales, científicas y técnicas (+16.401 personas), frente al retroceso en Comercio (-12.509).

Más empleo femenino

Otro dato positivo es el avance del empleo femenino: las mujeres se aproximan a los 10,4 millones de afiliadas y representan ya el 47,4% del total, lo que confirma el impacto sostenido de las políticas de igualdad.

En cuanto al desempleo, se registraron descensos significativos en el sector Servicios y reducciones más moderadas en Construcción e Industria. Por contra, hubo incrementos en el colectivo sin empleo anterior y en Agricultura.

El paro continúa situado en más de 2,4 millones de personas, la cifra más más baja en un mes de marzo desde 2008. No obstante, España sigue a la cabeza del desempleo en la Zona Euro y las cifras publicadas no incluyen a las personas con disponibilidad limitada o demandas de empleo específicas, que superan las 600.000, lo que contrasta con las crecientes dificultades de algunos sectores para cubrir sus vacantes.

La cobertura del sistema de protección por desempleo ha alcanzado su valor máximo de la serie histórica, con un 80,7%, con un incremento del gasto medio mensual por persona beneficiaria hasta los 1.610,2 euros, como consecuencia del aumento de los salarios y de las bases reguladoras. De esta forma, el gasto total ascendió en febrero (último dato disponible) a 2.255,5 millones de euros.

La calidad del empleo mostró avances significativos: 4 de cada 10 contratos formalizados son indefinidos y la temporalidad se situó en mínimos históricos del 11,6%. La mejora es especialmente intensa en los trabajadores de 55 o más años, cuya temporalidad ha pasado del 21% al 9% tras la Reforma Laboral, lo que demuestra su eficacia.

Riesgos para las empresas

De cualquier forma, este escenario convive con un contexto geopolítico adverso y con riesgos relevantes para la actividad empresarial. La inseguridad jurídica derivada de cambios regulatorios frecuentes e inesperados es uno de los principales factores de preocupación para las empresas y afecta a las decisiones de inversión, especialmente en un momento en el que los costes laborales continúan incrementándose sin mejoras equivalentes en productividad.

Este entorno impacta de forma más acusada a microempresas y pequeñas empresas, núcleo esencial del tejido productivo en España. La dinámica de creación de empleo muestra estas diferencias estructurales: mientras que las empresas de más de 499 trabajadores registran un avance del 5,8%, en las compañías de 1 a 2 trabajadores este crecimiento es nulo.

Por eso, resulta imprescindible reforzar la competitividad de las empresas, evitando nuevas cargas, costes o gravámenes que puedan limitar la inversión y la capacidad de generar empleo estable y de calidad. Sólo con un entorno regulatorio predecible y una política económica orientada a la productividad será posible que las empresas desplieguen plenamente su potencial como motor de progreso económico, cohesión social y creación de oportunidades laborales.

Ejecución presupuestaria a 28 de febrero de 2026

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2026

Las cotizaciones sociales superan en 2.251 millones de euros a las obtenidas un año antes. El sistema registra un saldo positivo de 3.172 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB.

• Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,8 % interanual en los datos acumulados hasta febrero de este año, alcanzando los 31.122 millones de euros (2.251 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 36,4 %, hasta situarse en los 927 millones de euros que se destinan íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 11.028 millones de euros (un 54,9 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que en febrero los ingresos por cuotas se cifraron en 15.582 millones de euros, 5.589 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 28 de febrero de 2026, un saldo positivo de 3.172 millones de euros. Este resultado se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 39.395 millones de euros, que muestran un incremento del 5,3 % y obligaciones reconocidas de 36.223 millones, que crecen en un 9,3 % interanual.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta el mes de enero que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo positivo de 2.905 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 38.624 millones de euros, con un incremento del 6,6 % respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 9,4 %, hasta alcanzar los 36.069 millones de euros.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos dos meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 31.122 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8 % respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2025 (2.251 millones de euros más).

Este crecimiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 8,0 % hasta alcanzar los 29.350 millones de euros (2.186 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Por regímenes, estas cotizaciones de ocupados se distribuyen entre Régimen general con un importe acumulado de 23.723 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 2.428 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 1.773 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 3,8 % (65 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

El importe total de las transferencias recibidas por la Seguridad Social se sitúa en 7.980 millones de euros, lo que supone una ligera disminución del 0,2 % interanual La partida de mayor relevancia corresponde a las transferencias procedentes del Estado y sus Organismos Autónomos, que ascienden a 7.186 millones de euros, un 0,3 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la menor percepción de fondos para financiar la Protección familiar.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 34.352 millones, un 9,1 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa un 94,8 % del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 31.171 millones de euros, con un aumento de un 8,7 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva destaca:

• El gasto en pensiones -incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género- se incrementa un 5,7% hasta los 27.115 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (1,5%), a la elevación de la pensión media (4,5 %), así como a la revalorización general del 2,7 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.
• El gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 38,8 %, alcanzando los 3.051 millones de euros. Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 876 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,4 %.

Respecto al área no contributiva, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 3.181 millones de euros, un 13,2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4 % establecida para el ejercicio 2026. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 1.928 millones (un 12,8 % más), y a subsidios y otras prestaciones 1.253 millones (un 13,8 % más), de los cuales 1.184 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 13,4 % más respecto del año anterior.

Datos de ejecución presupuestaria

Hacienda – 31.3.2026

El ministro de Hacienda destaca «la política presupuestaria creíble y responsable» que ha hecho compatible «reducir el déficit y fortalecer el Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones por las medidas durante la COVID, las catástrofes naturales como la DANA o por las guerras en Ucrania e Irán».

• España ha cumplido con el objetivo de déficit comprometido en 2025. En concreto, el cierre de la ejecución presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas en 2025 se ha situado en 36.780 millones de euros, lo que equivale a un déficit público del 2,18% del PIB. Esto supone una reducción de 8.811 millones de euros, es decir, un 19,3% menos que en 2024. De esta forma, España ha mejorado por sexto año consecutivo el objetivo pactado con la Comisión Europea, que estaba fijado en el 2,5% el pasado ejercicio.

De hecho, el dato de cierre del 2,18% es el más bajo desde el estallido de la crisis financiera en 2008, por lo que España registró el año pasado el déficit más bajo en 18 años, lo que refleja el avance en el saneamiento de las cuentas públicas logrado, además, sin aplicar recortes.

Los datos, que serán remitidos hoy a Eurostat, muestran que España en 2025 redujo su déficit siete décimas, respecto al 2,9% del cierre de 2024 y otras tres décimas respecto al compromiso recogido en el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea. Asimismo, el déficit del 2,18% también mejora por sexto año consecutivo las estimaciones de todos los organismos nacionales e internacionales como el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España o la AIREF.

«Hemos mejorado las previsiones y hemos demostrado que España es un país fiable y con una política presupuestaria creíble y responsable», sostiene el ministro de Hacienda, Arcadi España, quien destaca la eficacia de la política económica y fiscal del Gobierno. «Seguiremos la hoja de ruta que consiste en proteger a la mayoría social con determinación y responsabilidad», defiende.

La evolución positiva de las cuentas públicas se refleja también en el superávit primario de 3.534 millones de euros registrado el año pasado, equivalente al 0,21% del PIB, algo que no ocurría desde 2007. Esto significa que si no se computa el pago de intereses de la deuda el saldo de las Administraciones Públicas sería positivo por primera vez en 18 años.

Se trata, por tanto, de un gran resultado teniendo en cuenta que se produce en un contexto de fuerte incertidumbre internacional, a pesar del cual, España sigue impulsando la consolidación fiscal gracias al sólido crecimiento económico y al dinamismo del empleo.

Si se pone el foco en 2020, el año de la pandemia, se observa que el déficit se ha reducido en 7,7 puntos porcentuales desde el máximo del casi 10% del PIB, hasta el 2,2% de 2025. Por tanto, en cinco años el déficit ha bajado en 76.000 millones de euros, es decir, un 70% menos de saldo negativo. Estas cifras ponen de manifiesto que España es hoy un país con unas cuentas públicas más robustas y saneadas.

«No solo es importante reducir nuestro déficit, sino también la forma en que lo hemos logrado. España está mejorando su saldo fiscal sin aplicar recortes sociales», subraya el ministro. En este sentido, el titular de Hacienda resalta que la reducción del déficit «ha sido compatible con el fortalecimiento del Estado de bienestar y el despliegue de un escudo social de 150.000 millones de euros para combatir la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, las catástrofes naturales como la DANA o el conflicto bélico actual en Irán».

Impacto DANA

El déficit del 2,2% no incluye el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños causados por la DANA, que afectó principalmente a la Comunitat Valenciana. En este sentido, las reglas fiscales excluyen el impacto presupuestario negativo de las catástrofes naturales, como ya ocurrió el año pasado también con la DANA.

En cualquier caso, si se incluye el impacto de las medidas DANA, el déficit se sitúa en el 2,39% del PIB, lo que también supone mejorar el compromiso del 2,5% alcanzado con la Comisión Europea

En total, el impacto en déficit de las medidas de la DANA asciende a 3.550 millones de euros. De esa cantidad, 1.849 millones se imputan a la Administración Central; 1.551 millones a las Comunidades Autónomas, básicamente a la Comunitat Valenciana; 120 millones a las Entidades Locales; y 30 millones a la Seguridad Social.

Si sumamos el impacto que las medidas DANA tuvieron también en el ejercicio 2024 el total alcanza los 9.226 millones, de los que casi un 80% fueron asumidos por la Administración Central, con 7.100 millones de euros.

Ingresos tributarios

Por otra parte, la buena marcha de la economía ha tenido su reflejo en los ingresos tributarios de 2025, que en términos de caja se han situado en 325.356 millones de euros. Esto supone un incremento del 10,4%. Esta evolución es resultado de un alza del PIB del 2,8% en 2025, duplicando la media de la zona euro, y también de unas cifras de empleo récord que alcanzan los 22,5 millones de ocupados según la última EPA. De hecho, España aportó el 41% del empleo creado en la Unión Europea en 2025.

Por su parte, la inflación apenas tuvo impacto en el crecimiento de los ingresos, ya que del alza del 10,4% de los recursos impositivos apenas puede atribuirse 1,3 puntos a la inflación. Asimismo, cabe recordar que el Gobierno en 2025 volvió a rebajar el IRPF a las rentas medias y bajas al exonerar de tributación a los perceptores del SMI.

Si se analizan los datos por figuras tributarias en términos de caja, los ingresos por IRPF en 2025 se elevaron un 10,1% hasta los 142.466 millones de euros. La principal causa de este incremento es el dinamismo del mercado laboral como refleja el aumento del 8,7% de los ingresos por retenciones del trabajo y actividades económicas.

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades se incrementó un 8,1% hasta los 42.266 millones. Un aumento vinculado a los mayores beneficios empresariales, como muestran la subida un 6% de los pagos fraccionados.

El IVA se elevó un 9,9% hasta los 99.532 millones de euros. Un incremento apoyado en el buen comportamiento del consumo.

Por último, los Impuestos Especiales aumentaron la recaudación un 4,3% hasta los 23.083 millones. También cabe destacar el comportamiento del Impuesto a las Transacciones Financieras, que alcanzó los 339 millones con un incremento del 36,5% en un año con el Ibex en máximos.

Déficit por subsectores

Respecto al cierre presupuestario, si se desglosa por subsectores la Administración Central volvió a liderar un año más los esfuerzos de reducción del déficit. En concreto, cerró el año pasado en el 1,86% del PIB, frente al 2,61% del año anterior. Es decir, una reducción de casi ocho décimas, lo que la convierte en el subsector con una mayor disminución del déficit.

Si se tiene en cuenta el impacto DANA, el déficit de la Administración Central se sitúa en el 1,97%, frente al 2,94% de 2024. Es decir, una reducción del déficit de prácticamente un punto.

Por su parte, las Comunidades Autónomas han cerrado con un déficit del 0,3%, frente al 0,18% del ejercicio anterior. Un incremento que, en cualquier caso, es compensado por la mayor reducción del déficit de la Administración Central, que una vez más asume el mayor esfuerzo fiscal.

Si se incluye el impacto DANA el déficit de las comunidades se sitúa en el 0,39% frente al 0,2% anterior.

Por su parte, las Entidades Locales mantienen un comportamiento muy positivo y cerraron con un superávit del 0,3%, algo inferior al 0,4% del año anterior.

Por último, la Seguridad Social también siguió mejorando y cerró con un déficit de 0,33%, frente al 0,52% del año anterior. Es decir, casi dos décimas menos de déficit. Una reducción que se debe principalmente a la buena evolución de las cotizaciones sociales, que crecen un 6,7%.

Déficit del Estado (febrero)

Por otra parte, hoy también se ha publicado el dato de déficit del Estado del mes de febrero de 2026, que se ha situado en el 0,75% del PIB. En términos relativos, la ratio mejora en 0,06 puntos porcentuales, respecto al 0,81% del mismo periodo del año pasado.

Si de la cifra de déficit se descuentan los intereses, se obtiene el saldo primario. A finales de febrero de 2026 se ha registrado un déficit primario de 7.626 millones, equivalente al 0,43% del PIB, frente a los 8.610 millones y el 0,51% del PIB del mismo periodo de 2025. Se trata de una reducción del 11,4%, que confirma la mejora del saldo del Estado en el arranque del ejercicio.

Asimismo, también se han publicado hoy los datos de déficit conjunto de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social correspondientes al mes de enero de 2026, que se sitúa en 6.649 millones de euros, equivalente al 0,38% del PIB, frente a los 7.785 millones y el 0,46% del PIB del mismo mes de 2025. Esto supone una reducción del 14,6% en términos absolutos.

La Administración Central ha obtenido en enero de 2026 un déficit de 8.181 millones, equivalente al 0,46% del PIB. Las Comunidades Autónomas registran un déficit de 1.373 millones, lo que equivale al 0,08% del PIB, ligeramente inferior al 0,09% del mismo periodo de 2025. Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social en el primer mes del año lograron un superávit de 2.905 millones, frente al superávit de 1.473 millones del mismo periodo de 2025. En términos de PIB, el superávit de los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en el 0,17%, frente al 0,09% de enero del año anterior.

1 Abr 2026

Sector: Nota de prensa

Ámbito CNMC: Telecomunicaciones

• Propone impulsar la gratuidad de los servicios de atención al cliente y mejorar la claridad normativa.
• Considera clave separar de forma efectiva las llamadas comerciales para evitar confusiones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado dos propuestas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que afectan directamente a cómo los ciudadanos reciben llamadas comerciales y contactan con los servicios de atención al cliente. (INF/DTSA/026/26 e INF/DTSA/027/26).

Estas propuestas tienen como objetivo dar cumplimiento a la reciente Ley de servicios de atención a la clientela, que exige que el servicio de atención al cliente y las llamadas comerciales utilicen numeraciones diferenciadas.

En ambos casos, la CNMC valora positivamente el objetivo común de las propuestas: mejorar la transparencia y facilitar que los usuarios identifiquen claramente el tipo de llamada que reciben o realizan.

Atención al cliente: números claros y, preferiblemente, gratuitos

La propuesta de la CNMC establece que los servicios de atención al cliente deberán prestarse exclusivamente a través de:

• Numeración gratuita (800 y 900)
• Numeración geográfica (prefijos provinciales)
• Números cortos de los operadores

Además, prohíbe utilizar otros rangos de numeración para este tipo de servicios y evita que estos números se usen para llamadas comerciales.

La CNMC valora positivamente este enfoque porque reduce la confusión, facilita al usuario identificar cuándo está contactando con atención al cliente y refuerza la capacidad de supervisión sobre estos servicios.

No obstante, la CNMC propone algunas mejoras relevantes desde el punto de vista del consumidor:

• Impulsar la gratuidad: las llamadas a números geográficos de atención al cliente deberían incluirse en tarifas planas o, en su defecto, ofrecerse alternativas gratuitas.
• Mayor claridad normativa: adaptar la terminología a la legislación vigente y precisar mejor qué empresas están obligadas de conformidad con la Ley de servicios de atención a la clientela.
• Reforzar la supervisión: incluir expresamente el papel de la CNMC en el control del cumplimiento.

La propuesta prevé un plazo de cuatro meses para que empresas y operadores adapten sus sistemas.

Llamadas comerciales: un prefijo específico para identificarlas

La segunda propuesta introduce una medida clave: atribuir un rango específico de numeración (prefijo 400) para las llamadas comerciales.

Esto supone que las empresas, salvo las excepciones incluidas en la Ley, deberán usar este rango para sus llamadas comerciales y los operadores deberán garantizar que estas llamadas se identifiquen correctamente.

La CNMC considera que esta medida es fundamental porque permite a los usuarios reconocer fácilmente una llamada comercial, aumenta la transparencia y facilita el control del uso adecuado de la numeración.

Sin embargo, también plantea mejoras importantes:

• Gratuidad de las llamadas realizadas a esta numeración: la CNMC considera que devolver una llamada comercial debería ser gratuito, ya que el contacto inicial no lo ha solicitado el usuario.
• Evitar confusiones: recomienda identificar claramente el rango 400 por sus tres cifras (y no solo el dígito inicial 4) en las campañas informativas.
• Consideración de la numeración 400 dentro de la numeración de tarifas especiales: de este modo le serían de aplicación automáticamente ciertas condiciones regulatorias como la conservación de la numeración.
• Mayor precisión normativa: incluir las excepciones en la obligación del uso de esta nueva numeración previstas en la Ley y ajustar la denominación del servicio que habilita a los operadores a obtener numeración.
• Plazos más realistas: propone ampliar de cuatro a seis meses el tiempo para que se completen todos los pasos necesarios para que la numeración pueda estar plenamente operativa.

Protección del consumidor

En conjunto, ambas iniciativas avanzan en un objetivo clave: que los ciudadanos sepan en todo momento quién les llama y para qué.

La CNMC destaca que la separación clara entre atención al cliente y llamadas comerciales mejorará la experiencia del usuario y reducirá prácticas confusas o engañosas. Además, recuerda que supervisará el cumplimiento de estas medidas una vez se aprueben, dentro de sus competencias.

07/04/2026  

Registradores

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria recoge en sus más de treinta informes el análisis más completo y detallado de la evolución del mercado inmobiliario en nuestro país durante el último año cerrado disponible. El mercado residencial español ha registrado en 2025 un fuerte dinamismo, con nuevos máximos históricos en precios e incrementos en las compraventas de vivienda. También han aumentado las hipotecas, con un mayor endeudamiento medio. Este contexto ha deteriorado la accesibilidad a la vivienda, elevando la cuota hipotecaria media.Precio de la vivienda

El Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) ha registrado un nuevo máximo histórico, dando lugar a once años consecutivos de crecimiento. El incremento anual del IPVVR ha alcanzado el 16,6 %. Desde el máximo de 2007 ha subido un 29,3 %.

El precio medio de la vivienda ha registrado igualmente un máximo histórico, alcanzando 2.284 €/m². El crecimiento anual ha sido del 9,5 %, lo cual supone un significativo incremento respecto al 6,3 % del año 2024. En vivienda nueva se ha registrado un crecimiento del 8 %, con un precio medio de 2.445 €/m² y en vivienda usada del 9,9 %, con 2.240 €/m²; en ambos casos, igualmente, máximos históricos.

Las comunidades autónomas con mayores precios medios han sido la Comunidad de Madrid (4.091 €/m²), Illes Balears (3.988 €/m²), País Vasco (3.295 €/m²) y Cataluña (2.709 €/m²). Los mayores precios medios por provincias han correspondido a Madrid (4.091 €/m²), Illes Balears (3.988 €/m²), Gipuzkoa (3.814 €/m²), Bizkaia (3.167 €/m²), Málaga (3.101 €/m²) y Barcelona (3.088 €/m²). Por su parte, las capitales de provincia han estado encabezadas por San Sebastián (6.107 €/m²), Madrid (5.283 €/m²), Barcelona (4.800 €/m²), Palma (4.086 €/m²) y Bilbao (3.514 €/m²).

El precio medio por vivienda ha sido de 214.581 €, máximo histórico, aumentando durante el último año un 8,2 %. Este aumento se ha visto impulsado por los incrementos del precio por metro cuadrado y de la superficie media transmitida. Entre las comunidades autónomas con mayores precios destacan Illes Balears (410.322 €), Comunidad de Madrid (386.239 €), País Vasco (276.277 €) y Cataluña (240.455 €).

Número de compraventas de vivienda

El número de compraventas de vivienda ha registrado un intenso avance, dando lugar a un crecimiento anual del 10,7 %, alcanzando las 705.357 compraventas en 2025, nivel máximo desde 2007. Este resultado supone 14,27 compraventas por cada mil habitantes y año. En todas las comunidades autónomas y en cuarenta y nueve de las cincuenta provincias han crecido las compraventas de vivienda con respecto al año precedente, con tasas de crecimiento de dos dígitos en treinta y siete provincias.

Compraventas de extranjeros

El 13,82 % de las compras de vivienda de 2025 han sido formalizadas por extranjeros, a cierta distancia del máximo de la serie histórica (14,98 % en 2023), y con un descenso anual de -0,78 pp. En términos absolutos, sin embargo, la demanda extranjera se ha incrementado, alcanzando en torno a 97.500 transacciones, frente a las cerca de 93.000 de 2024.

Las nacionalidades con mayor peso relativo sobre el total de compraventas de extranjeros han sido británicos (7,97 %), alemanes (6,52 %), neerlandeses (6,31 %), marroquíes (5,74 %), rumanos (5,24 %), franceses (5,11 %) e italianos (5,05 %). Por comunidades autónomas, los mayores pesos relativos de compras por parte de extranjeros se han alcanzado en Illes Balears (29,86 %), Comunitat Valenciana (27,65 %), Canarias (25,65 %), Región de Murcia (21,42 %), Cataluña (15,57 %) y Andalucía (13,34 %). En cuanto a las provincias, destacan Alicante (43,29 %), Málaga (32,8 %), Santa Cruz de Tenerife (30,04 %), Illes Balears (29,86 %) y Girona (25 %).

Período medio de posesión de la vivienda

El periodo medio de posesión de las viviendas transmitidas ha sido de 18,1 años, nuevo máximo histórico, con un incremento del 2,5% con respecto al año precedente. Desde el mínimo histórico de 2009 con 7,3 años, el periodo medio de posesión de las viviendas transmitidas se ha incrementado de forma constante. Las comunidades autónomas con mayores periodos medios han sido País Vasco (25,4 años), Extremadura (21,6 años) y Cataluña (21 años).

Hipotecas

El número de constituciones de hipoteca sobre vivienda registradas en 2025 se ha situado en 498.500, incrementándose un 14,5% respecto a 2024. Esto supone más de 63.000 hipotecas por encima de las registradas el año precedente, nivel máximo desde 2010.

Por comunidades autónomas, el mayor número de hipotecas sobre vivienda se ha registrado en Andalucía (96.819), Cataluña (86.135), Comunidad de Madrid (73.715) y Comunidad Valenciana (60.126). En dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas se ha incrementado el número de hipotecas sobre vivienda en el último año, con tasas de crecimiento de dos dígitos en quince de ellas.

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha incrementado en 2025 un 10,2 %, alcanzando un resultado medio de 163.612 €, otro máximo histórico. Las comunidades autónomas con mayores niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda en 2025 han sido Illes Balears (274.689 €), Comunidad de Madrid (261.615 €), Cataluña (182.604 €) y País Vasco (173.832 €).

Hipotecas a extranjeros

El 7,92 % de las hipotecas sobre vivienda han sido constituidas por extranjeros, correspondiendo a 39.485 hipotecas, nivel máximo de la serie histórica. El peso de los extranjeros ha aumentado en 0,41 pp. El número total de hipotecas de extranjeros se ha incrementado un 20,7 % respecto a 2024. Las comunidades autónomas en las que el peso de extranjeros sobre el total de hipotecas en su respectiva comunidad autónoma ha sido mayor han sido Illes Balears (15,2 %), Comunitat Valenciana (12,83 %), Cataluña (12,28 %) y Región de Murcia (10,06 %).

El importe medio de hipoteca sobre vivienda de extranjeros ha rozado los 193.000 €, con un incremento anual del 12,7 %, registrando otro nivel máximo de la serie histórica. Las comunidades autónomas de Illes Balears (424.432 €), Comunidad de Madrid (283.518 €), Andalucía (215.747 €), Cataluña (202.703 €) y País Vasco (161.259 €) han alcanzado los mayores importes medios de hipoteca sobre vivienda de extranjeros.

Indicadores de accesibilidad

Los indicadores de accesibilidad han registrado nuevos deterioros, a pesar del ajuste de -0,36 pp del interés medio de contratación (3,02 %), y del incremento del periodo medio de contratación del 2,7 % hasta los 25,4 años. La cuota hipotecaria mensual media de 2025 ha sido de 769 €, con un incremento anual del 4,2 %. Dicha cuota mensual supone el 32,67 % del coste salarial, alejándose de los mínimos de la serie histórica (27,5 % en 2016).

Las comunidades autónomas con mayores cuantías de cuota hipotecaria mensual media durante el último año han sido Illes Balears (1.341,4 €), Comunidad de Madrid (1.184,2 €), Cataluña (845,8 €) y País Vasco (787,5 €). En cuanto al porcentaje de dicha cuota hipotecaria con respecto al coste salarial, los niveles de accesibilidad más exigentes han correspondido a Illes Balears (56,86 %), Comunidad de Madrid (41,34 %), Canarias (36,14 %) y Andalucía (33,84 %).

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria se puede consultar en el Portal Estadístico Registral, así como en el Portal de Precios de Vivienda.

Trabajo y Economía Social – 6.4.2026

Por sectores, el paro desciende en Servicios, Construcción e Industria. Además, el 44% de los nuevos contratos son indefinidos.

• El número de desempleados y de desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo ha descendido en 22.934 en relación con el mes anterior (-0,9%).

El paro registrado total se ha situado en 2.419.712 personas, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 18 años.

En términos interanuales, el paro registrado ha descendido en 160.426 personas (-6,2%).

También se reduce el dato desestacionalizado que baja en 15.534 personas.

El paro por sectores

Por sectores económicos, con respecto a febrero, el paro registrado desciende en Servicios en 18.852 personas (-1,1%), Construcción en 5.846 personas (-3,4%) e Industria en 1.482 personas (-0,8%).

Aumenta muy ligeramente en Agricultura en 365 personas (0,5%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 2.881 personas (1,3%).

El paro por sexo y edad

El desempleo femenino baja en 14.841 mujeres (-1%) hasta las 1.458.572, marcando su menor cifra en este mes desde 2008.

Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro femenino baja en 95.206 (-6,1%).

El desempleo masculino se sitúa en 961.140 hombres al descender 8.093 (-0,8%), en relación al mes de febrero. Con respecto al mes de marzo de 2025, el paro masculino desciende en 65.220 hombres (-6,4%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de marzo en 431 personas (-0,2%) respecto al mes anterior. El número total de jóvenes desempleados se sitúa en 188.977, la cifra más baja registrada en un mes de marzo de la serie histórica.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado en marzo de 2026 baja en catorce Comunidades Autónomas, las caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Apenas varía en las tres comunidades restantes: Comunidad de Canarias (843 personas), Comunidad de Madrid (342 personas) y País Vasco (179 personas).

Contratos

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.311.070 con un incremento de 144.469 (12,4%) más que en el mismo mes del año anterior.

De ellos, 576.532 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 44% de todos los contratos.

Prestaciones por desempleo de febrero de 2026

Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final de febrero fueron un total de 1.842.216 de personas.

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de febrero de 2026 ha sido del 80,7% y marca su máximo valor de la serie histórica en ese mes.

La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de febrero de 2026 ha sido de 1.610,2 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 310,7 euros (23,9%).

La inversión total de febrero de 2026 ascendió a 2.255,5 millones de euros.

Más información

• Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo – Marzo 2026 (PDF)

27 Mar 2026

Ámbito CNMC: Telecomunicaciones

• Se aprueba la circular que regula el procedimiento de inscripción, modificación y cancelación de los alias en un nuevo Registro, una base de datos que permitirá identificar a los remitentes que utilizan nombres comerciales o marcas en mensajes SMS, MMS y RCS enviados a números españoles.
• Solo se entregarán a los usuarios españoles los mensajes con alias previamente inscritos en el Registro y asociados a entidades legítimas. Así, si una empresa quiere enviar mensajes con el nombre de su marca como remitente, deberá registrarlo previamente; de lo contrario, el mensaje tendrá que ser bloqueado.
• Los operadores de telefonía deberán bloquear los mensajes que provengan de alias no registrados a partir del 7 de junio de 2026.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular que regula el Registro de alias, un sistema que permitirá verificar los nombres o marcas que aparecen como remitentes en los mensajes SMS, MMS o RCS enviados a números españoles. (CIR/DTSA/010/25).

El objetivo es devolver la confianza a los usuarios en las comunicaciones electrónicas a través de mensajes y reforzar su protección frente al intento de fraudes de suplantación de identidad, una práctica cada vez más frecuente en la que los estafadores utilizan alias —por ejemplo, el nombre de un banco o de una empresa— para aparentar que un mensaje procede de una entidad legítima.

Estas medidas se enmarcan en la Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero, que establece diversas actuaciones para combatir las estafas mediante llamadas o mensajes fraudulentos.

Con la nueva circular, solo podrán utilizarse como remitente los alias previamente inscritos en el Registro de alias y vinculados a su titular legítimo. De este modo, los operadores deberán bloquear los mensajes que utilicen identificadores no registrados o que estando registrados no se reciban desde un proveedor de servicios de mensajería habilitado.

Por ello, si una empresa quiere enviar mensajes utilizando como remitente el nombre de su marca, deberá registrar previamente ese alias en el registro gestionado por la CNMC. Si un tercero intenta utilizar ese mismo nombre sin autorización, el mensaje será bloqueado.

Cómo funciona el Registro de alias

El Registro de alias, gestionado por la CNMC, recogerá todos los identificadores alfanuméricos (letras, números y letras combinados u otros caracteres) que pueden utilizarse como remitente en mensajes enviados a números españoles.

Podrán inscribir alias los titulares de alias (empresas y administraciones públicas) u otras entidades o proveedores de mensajería que actúen en nombre de los titulares de alias.

Para registrarlos, deberán acreditar que el alias tiene vinculación con su marca, nombre comercial, denominación social o dominio, u otros criterios, y que cumple las reglas técnicas y de formato establecidas en la circular.

Obligaciones para proveedores de mensajería

La Circular también define los distintos agentes que participan en el envío de mensajes (proveedores de servicio de mensajería en origen, tránsito o terminación) y sus responsabilidades.

En particular, los proveedores registrados deberán bloquear los mensajes cuando:

•  se utilicen alias no inscritos en el registro,
• procedan de proveedores no registrados,
• se envíen sin la habilitación por parte del titular del alias, o
• correspondan a empresas extranjeras no inscritas en España, salvo cuando el usuario destinatario del mensaje esté en itinerancia.

Calendario de aplicación

Los proveedores de mensajería podrán realizar cargas masivas de alias durante un mes a contar desde la entrada en vigor de la Circular tras su publicación en el BOE. 

Asimismo, los proveedores de mensajería podrán realizar pruebas y adaptar sus sistemas para interactuar con el Registro de alias hasta el 6 de junio de 2026.

A partir del 7 de junio de 2026, entrarán plenamente en vigor las obligaciones de bloqueo de mensajes enviados con alias no registrados o inscritos que no provengan de proveedores habilitados.

Además, la CNMC habilitará en su página web un portal público que permitirá consultar qué alias están registrados y quién es su titular, lo que contribuirá a aumentar la transparencia y la confianza de los usuarios finales en las comunicaciones electrónicas. 

1 Abr 2026

Ámbito CNMC: Postal

• Correos debe cumplir unos estándares de calidad aprobados por el Gobierno porque ofrece el Servicio Postal Universal en España.
• La CNMC ha descontado algunas mediciones afectadas por las danas de octubre y noviembre de 2024.

Correos cumplió los objetivos de plazo de respuesta a quejas y reclamaciones y los de entrega de algunas modalidades de carta ordinaria y paquetes (D+3). Sin embargo, incumplió los indicadores de seguridad de los envíos, la ratio de quejas y reclamaciones sobre el total de envíos, de tiempo de espera en oficina, entre otros, según la resolución de la CNMC (STP/DTSP/069/24).

Calidad de prestación del SPU

Correos es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal, esto es, el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio nacional, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para todos los usuarios. 

El Servicio Postal Universal incluye los envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kg de peso, y de paquetes postales hasta 20 kg. Correos recibe una compensación económica por cumplir con las obligaciones de servicio público. 

En junio de 2021 el Gobierno definió, a través del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, los nuevos objetivos de calidad del operador. Incumplirlos reduce la compensación que recibe por prestar el Servicio Postal Universal. 

Resultados y recomendaciones

La CNMC supervisa la calidad de la prestación del SPU por Correos. Este es el cuarto ejercicio que lo hace conforme a los nuevos objetivos de calidad del Plan de Prestación y ha señalado también algunas deficiencias metodológicas que Correos debe corregir en el futuro.

La CNMC insiste en recomendar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que analice con detalle las desviaciones que afectan al número de reclamaciones presentadas y a la seguridad de los envíos.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación, y que no vincula a la CNMC. Reproducción permitida solo si se cita la fuente.

Economía, Comercio y Empresa – 30.3.2026

Esta evolución, correspondiente a los datos del ejercicio 2024, confirma la confianza sostenida de los inversores internacionales en la economía española, así como en la calidad de su entorno empresarial.

• El Registro de Inversiones Extranjeras ha actualizado las cifras posición de inversión exterior -extranjera en España y española en el exterior- correspondientes al ejercicio 2024.

De ellas, en los relativo a la inversión extranjera directa en España, se extrae que el stock de inversión extranjera directa (IED) productiva en España alcanzó los 627.795 millones de euros en 2024, consolidando una década de crecimiento ininterrumpido.

Esta evolución confirma la confianza sostenida de los inversores internacionales en la economía española, así como en la calidad de su entorno empresarial.

Las empresas con participación extranjera continúan desempeñando un papel esencial en el tejido productivo, con más de 2 millones de empleos, lo que equivale a cerca del 10% del empleo total. Este dato pone de relieve la contribución de la inversión internacional al crecimiento económico y a la creación de oportunidades en España.

Por origen, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido se mantienen como los principales países inversores en España.

Por sectores, destacan la industria manufacturera, el sector energético, el comercio y los servicios financieros, ámbitos clave para la transformación y competitividad de la economía.

Inversión española en el exterior

En paralelo, España continúa reforzando su papel como inversor global. La inversión española en el exterior alcanzó en 2024 un volumen cercano a los 650.000 millones de euros, reflejo del dinamismo y la creciente internacionalización de las empresas españolas.

Los principales destinos de la inversión española siguen siendo Estados Unidos y Reino Unido, junto con mercados estratégicos como México y Brasil, lo que pone de manifiesto la diversificación geográfica y la vocación global de nuestras empresas.

Asia y Oceanía concentran el 2,8% de la inversión española en el exterior, alcanzando cerca de 18.000 millones de euros. Por su parte, África concentra el 1,2% del total, con más de 7.700 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 15% respecto al stock de 2023.

Desde el punto de vista sectorial, las inversiones se concentran en las actividades financieras y de seguros, la industria manufacturera y el sector energético, ámbitos en los que España cuenta con empresas altamente competitivas a nivel internacional.

En conjunto, estos resultados confirman el atractivo de España como destino inversor de referencia y la capacidad de sus empresas para competir y crecer en los mercados internacionales, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico y al empleo.

Ejecución presupuestaria a 28 de febrero de 2026

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2026

Las cotizaciones sociales superan en 2.251 millones de euros a las obtenidas un año antes. El sistema registra un saldo positivo de 3.172 millones de euros, equivalente al 0,2% del PIB.

• Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,8 % interanual en los datos acumulados hasta febrero de este año, alcanzando los 31.122 millones de euros (2.251 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 36,4 %, hasta situarse en los 927 millones de euros que se destinan íntegramente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 11.028 millones de euros (un 54,9 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que en febrero los ingresos por cuotas se cifraron en 15.582 millones de euros, 5.589 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan, a 28 de febrero de 2026, un saldo positivo de 3.172 millones de euros. Este resultado se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 39.395 millones de euros, que muestran un incremento del 5,3 % y obligaciones reconocidas de 36.223 millones, que crecen en un 9,3 % interanual.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social hasta el mes de enero que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo positivo de 2.905 millones de euros, equivalente al 0,2 % del PIB.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 38.624 millones de euros, con un incremento del 6,6 % respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 9,4 %, hasta alcanzar los 36.069 millones de euros.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos dos meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 31.122 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,8 % respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2025 (2.251 millones de euros más).

Este crecimiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 8,0 % hasta alcanzar los 29.350 millones de euros (2.186 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Por regímenes, estas cotizaciones de ocupados se distribuyen entre Régimen general con un importe acumulado de 23.723 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 2.428 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 1.773 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 3,8 % (65 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

El importe total de las transferencias recibidas por la Seguridad Social se sitúa en 7.980 millones de euros, lo que supone una ligera disminución del 0,2 % interanual La partida de mayor relevancia corresponde a las transferencias procedentes del Estado y sus Organismos Autónomos, que ascienden a 7.186 millones de euros, un 0,3 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la menor percepción de fondos para financiar la Protección familiar.

Gastos no financieros

Las prestaciones económicas a familias e instituciones ascienden a 34.352 millones, un 9,1 % más que en el mismo periodo de 2025. Esta cifra representa un 94,8 % del gasto total del sistema de Seguridad Social.

La partida más relevante corresponde a pensiones y prestaciones contributivas por importe de 31.171 millones de euros, con un aumento de un 8,7 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva destaca:

• El gasto en pensiones -incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género- se incrementa un 5,7% hasta los 27.115 millones de euros. Este incremento tiene su origen en el aumento del número de pensionistas (1,5%), a la elevación de la pensión media (4,5 %), así como a la revalorización general del 2,7 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2026.
• El gasto en subsidios por incapacidad temporal crece un 38,8 %, alcanzando los 3.051 millones de euros. Por su parte, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, así como las destinadas al cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad, suman 876 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,4 %.

Respecto al área no contributiva, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 3.181 millones de euros, un 13,2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 11,4 % establecida para el ejercicio 2026. De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 1.928 millones (un 12,8 % más), y a subsidios y otras prestaciones 1.253 millones (un 13,8 % más), de los cuales 1.184 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 13,4 % más respecto del año anterior.

27 Marzo 2026

CEOE estima que, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, la inflación puede situarse en un rango comprendido entre el 3% y el 4% en los próximos meses, por encima de la previsión del IPC que había para el conjunto del año, que era del 2,6% de media anual.

El impacto final sobre la inflación dependerá de la duración del conflicto. En todo caso, CEOE espera un repunte a corto plazo.

Para el conjunto del año, la previsión es que cada incremento del 10% en el precio del petróleo genere un alza de la inflación de 2 décimas y afecte de forma negativa al crecimiento del PIB en 1 décima.

El impacto de la guerra de Irán y sus consecuencias en los precios energéticos se ha hecho notar en el IPC de marzo, con un repunte de 1 punto, hasta el 3,3% interanual, según el dato adelantado publicado este viernes por el INE.

Este repunte se explica por la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. Las empresas quedan a la espera de las consecuencias que tengan las medidas adoptadas por el Gobierno, que podrían permitir contener el aumento en los precios de los combustibles. 

El IPC subyacente se ha mantenido en el 2,7% interanual, por lo que todavía no se ha producido una transferencia del incremento de los costes energéticos a otros bienes y servicios de la cesta de precios del núcleo subyacente (como alimentos elaborados o servicios y bienes industriales no energéticos).

25 Mar 2026

CNMC

• El número de viajeros fue un 13 % menos que en el mismo trimestre de 2024, pero un 60 % más que antes de la liberalización.
• La demanda en el corredor sur experimentó un fuerte crecimiento, un 18 % el Madrid-Sevilla y un 9 % el Madrid-Málaga/Granada.
• Tras el fin de la gratuidad, el servicio de media distancia convencional ganó viajeros (+ 4 %) y el de Cercanías los mantuvo (- 1 %). 
• El transporte de mercancías creció un 15 % interanual. 

La alta velocidad comercial registró 10,6 millones de viajeros en el cuarto trimestre de 2025, un 5,3 % más que en el mismo trimestre de 2024, según los últimos datos de la CNMC (INF/DTSP/042/25).

Por primera vez desde la liberalización, la demanda en el corredor Madrid-Barcelona se redujo un 13 % interanual, hasta los 3,3 millones. Las plazas ofertadas sólo disminuyeron un 4,4 %, al compensarse la supresión de los servicios Avlo de Renfe con más oferta de Iryo y Ouigo.

El mayor crecimiento interanual se produjo en el corredor Madrid-Valencia (+26 %, 1,5 millones de viajeros) debido, al menos en parte, a la importante reducción de la demanda que se produjo en el último trimestre de 2024 tras la DANA.

Los corredores del sur aumentaron su demanda de forma significativa: Madrid-Sevilla (+18,1 %, 1,6 millones) y Madrid-Málaga/Granada (+9,2 %, 1,4 millones de viajeros). El corredor Madrid-Alicante se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,4 %, 1 millón).

Cuotas de mercado

Renfe concentró más del 60 % de los viajeros en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia (51 %) y en el Madrid-Barcelona (56 %). En este último, Renfe perdió 6 p.p. de cuota en favor de Ouigo (+4p.p., 19 %) y de Iryo (+2 p.p, 24 %). 

Ouigo ganó 6 p.p. de cuota a costa de Iryo (-2 p.p.) y Renfe (-4 p.p.) en el Madrid-Sevilla, y otros 6 p.p. en el Madrid-Alicante, al retirar Iryo su oferta de verano.

Precios de los billetes 

Los precios medios[1]  en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia subieron de forma considerable respecto al mismo trimestre de 2024 (un 36 % y un 23 %, respectivamente). Sin embargo, fueron un 7 % y un 32 % más baratos, respectivamente, que antes de la liberalización (un 24 % y un 45 %, si tenemos en cuenta la inflación).

En el corredor sur, los precios medios bajaron un 10 % y fueron un 31 % más baratos que antes de la liberalización.

Media Distancia y Cercanías

Los viajeros aumentaron en el servicio de media distancia convencional (+4,1 %) y se mantuvieron en el de Cercanías (-1 %). Ambos servicios fueron gratuitos para viajeros frecuentes desde septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2025 y ahora los abonos mensuales tienen una subvención.

En la media distancia alta velocidad, en la que los abonos siguen estando subvencionados al 50 %, aumentaron un 17,3 % los viajeros. 

Transporte de mercancías

La actividad de transporte de mercancías creció un 2,6 % en el trimestre y un 15 % interanualmente en toneladas.km netas. 

Renfe perdió 11 p.p. de cuota de mercado, hasta el 32 %. Captrain tiene un 20 %, y Continental y Medway, un 14 % cada una.

[1] Medido como el ingreso medio por Vkm (Ingreso / Viajero.km) para que los corredores sean directamente comparables.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 31.3.2026

Se trata de una reducción de 1,3 puntos porcentuales del PIB desde 2016. Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social ascienden a 176.918 millones de euros y las cotizaciones sociales se incrementan un 6,9%.

• La Seguridad Social cerró el ejercicio 2025 con un déficit de 7.387 millones de euros frente a los 9.834 millones de euros de saldo negativo obtenidos en la misma fecha del año 2024. Estos 7.387 millones, equivalentes al 0,4% del producto interior bruto (PIB).

Se trata del nivel más bajo desde 2011 y una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2016, cuando se alcanzó el mayor déficit del sistema (1,7% del PIB).

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 6,9% interanual en los datos acumulados en los doce meses del año 2025, alcanzando los 176.918 millones de euros (11.341 millones más que el año anterior). Esta cifra representa un 10,5% respecto al PIB.

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 33%, hasta situarse en los 4.935 millones de euros que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 52.663 millones de euros (un 42,4 % más).

En el análisis mensual comparativo se observa que en diciembre los ingresos por cuotas se cifraron en 14.887 millones de euros, 4.259 millones de euros más que el mismo mes de 2019.

En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 31 de diciembre de 2025, de 7.387 millones de euros frente a los 9.834 millones de euros de saldo negativo obtenidos en la misma fecha del año 2024. Estos 7.387 millones, equivalentes al 0,4% del PIB, son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 232.782 millones de euros, que muestran un incremento del 7,8% y obligaciones reconocidas de 240.169 millones, que crecen en un 6,5% interanual.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 230.987 millones de euros, con un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 6,4%, hasta alcanzar los 240.034 millones de euros.

La evolución de este saldo presupuestario muestra que el obtenido en 2025, en términos de PIB, se sitúa dos décimas por debajo respecto al obtenido en el año anterior y nueve décimas por debajo al obtenido el último año previo a la pandemia.

Por su parte, los datos de los Fondos de la Seguridad Social -que incluyen, además del sistema, la información del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)- muestran, en términos de contabilidad nacional, un saldo negativo de 5.580 millones de euros, equivalente al 0,3?% del PIB.

Ingresos no financieros

Como ya se ha indicado, en estos doce meses del año 2025, las cotizaciones sociales ascienden a 176.918 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,9 % respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2024 (11.341 millones de euros más).

Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 6,9% hasta alcanzar los 167.042 millones de euros (10.768 millones de euros más que en el ejercicio anterior). Dentro de las cotizaciones de ocupados podemos destacar la evolución de éstas por regímenes, distinguiéndose entre Régimen general con un importe acumulado de 136.484 millones de euros y los regímenes especiales -Autónomos, Mar y Minería del Carbón- con un importe global de 12.609 millones de euros.

Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 9.876 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 6,2 % (573 millones de euros más que el año anterior, en términos absolutos).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 52.990 millones de euros, con un aumento interanual del 10,1 %. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 47.815 millones (un 11,0 % más). En particular, el incremento tiene su origen, fundamentalmente, en una mayor percepción de fondos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación Primera del Pacto de Toledo (2.372 millones de euros más), para financiar el Ingreso mínimo vital (1.224 millones de euros más) y para financiar los complementos por mínimos de pensiones (804 millones de euros más).

Gastos no financieros

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 225.351 millones, un 6,7 % más que en el mismo periodo de 2024. Esta cifra representa un 93,8% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 206.360 millones de euros corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 6,3 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 5,7 % hasta los 182.526 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,5 %), a la elevación de la pensión media (4,4%), así como a la revalorización general del 2,8 % de las pensiones contributivas en el ejercicio 2025.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 18.413 millones de euros. Asimismo, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 4.666 millones (un 8,1% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, ascienden a los 18.992 millones de euros, un 11,5 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 9 % establecida para el ejercicio 2025.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 12.288 millones (un 10,9% más), y a subsidios y otras prestaciones 6.703 millones (un 12,7% más), de los cuales 6.262 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 12,8% más respecto del año anterior.

Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio

Vivienda y Agenda Urbana – 26.3.2026

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo, que incluye una prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas y un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.

• La prórroga de los beneficios fiscales por obras de mejora energética de las viviendas supone extenderlas para las actuaciones realizadas en los años 2025 y 2026. Esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética.

Entre los años 2021 y 2024 que ya estuvieron en vigor, se presentaron un total de 291.763 declaraciones con un beneficio medio por contribuyente de 1.918 € de media por contribuyente, lo que acreditó obras de mejora energética en un total de 203.756 inmuebles.

Las deducciones por rehabilitación energética de la vivienda, incluyendo las realizadas en el año 2025, son las siguientes:

• 20% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que reduzcan al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, habitual, alquilada o en expectativa de alquiler, en al menos un 7%.
• 40% por las obras (hasta el 31 de diciembre de 2026) que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable o logren una calificación energética A o B.
• 60%, en edificios de uso mayoritariamente residencial, por las obras de rehabilitación energética del edificio (hasta el 31 de diciembre de 2027) que reduzcan al menos un 30% el consumo o alcancen una calificación energética A o B.

Modificación para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible

Así mismo, se ha convalidado la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para impulsar la construcción de vivienda asequible en suelos de titularidad pública. Este cambio avanza en la simplificación y flexibilización del marco normativo para facilitar la aplicación de las distintas fórmulas de colaboración público-privada recogidas en la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La norma establece una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando éstos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.

19 marzo, 2026 

• El sindicato alerta de que las Administraciones no han adoptado los compromisos anunciados tras los graves incendios del pasado verano

La Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO) alerta de que España se acerca a una nueva temporada de incendios forestales sin que las distintas Administraciones públicas hayan cumplido buena parte de los compromisos anunciados tras los graves fuegos del verano de 2025.

El pasado verano dejó una huella devastadora en amplias zonas del país y volvió a poner de manifiesto las carencias estructurales que arrastran los servicios de prevención y extinción de incendios. FAC-USO denuncia que siguen sin afrontarse de manera seria los problemas de fondo que padecen los operativos en muchos territorios y exige a todas las Administraciones que dejen de mirar hacia otro lado y cumplan de una vez las promesas realizadas tras los incendios del pasado verano poniendo en marcha medidas urgentes. En este sentido, es imprescindible reforzar y estabilizar las plantillas; cubrir con antelación jubilaciones y vacantes; garantizar campañas suficientes; dotar adecuadamente a los operativos de medios materiales y equipos de protección; dignificar las condiciones salariales y laborales del colectivo y poner en marcha planes reales de gestión forestal y limpieza del monte durante todo el año. “Porque no se puede seguir tratando a quienes sostienen la primera línea frente al fuego como personal temporal o de segunda”, critican desde el sindicato.

Prevención de incendios forestales en un escenario de cambio climático

Tras un invierno largo y especialmente lluvioso, todo apunta a que en muchas zonas del territorio nacional aumentará la masa vegetal y el combustible forestal si no se actúa de forma decidida con limpieza, gestión preventiva y trabajos continuados sobre el monte. “El riesgo no se combate con discursos cuando aparece el primer gran incendio, sino con planificación, inversión y trabajo durante todo el año”, apuntan desde FAC-USO.

En este sentido, FAC-USO advierte de que la prevención no puede seguir limitándose a actuaciones puntuales o meramente reactivas. En un escenario de cambio climático, resulta imprescindible adaptar el territorio y los dispositivos operativos a una realidad cada vez más compleja, apostando por una gestión estratégica del combustible, por actuaciones preventivas sostenidas durante todo el año y por una mayor implicación de los profesionales de incendios forestales en la planificación, el asesoramiento técnico y la preparación de las zonas más expuestas, especialmente en áreas de interfaz urbano-forestal. Porque sin prevención real, sin monte gestionado y sin una visión de largo plazo, el riesgo se multiplica antes incluso de que comience el verano.

“La prevención de incendios no puede depender de parches estacionales ni de anuncios oportunistas, porque cuando el monte arde, ya es demasiado tarde para prometer lo que no se hizo. Proteger nuestros montes, nuestros pueblos y a quienes se juegan la vida en cada emergencia exige voluntad política, inversión sostenida y respeto por unos profesionales esenciales para la seguridad colectiva”, recalcan desde FAC-USO.

Jueves, 26 de marzo de 2026

La Sala de lo Social del TSJN archiva la propuesta de sanción para una abogada que citó jurisprudencia inventada debido a que se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) advierte en una resolución “de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”, en concreto, de la inteligencia artificial, cuyo uso fraudulento puede ser sancionable económicamente por mala fe procesal. 

En el supuesto enjuiciado, la Sala ha archivado el procedimiento sancionador abierto contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. 

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. 

No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: «En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. 

La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. 

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.

24/03/2026  

Registradores

El Colegio de Registradores publica el informe El rol de la mujer en la empresa española, un estudio que analiza la presencia femenina tanto en el empleo como en los órganos de administración de las sociedades mercantiles en España.

El documento, elaborado a partir de la información procedente del Registro Mercantil y de los depósitos de cuentas anuales realizados durante el año 2025, correspondientes al ejercicio 2024, ofrece una radiografía actualizada de la participación de la mujer en el tejido empresarial español y permite identificar avances, desafíos pendientes y tendencias en materia de igualdad de género en el ámbito empresarial.

El informe se basa en el análisis de más de 1,025 millones de depósitos de cuentas anuales, lo que proporciona una muestra muy amplia del tejido empresarial español y permite estudiar la participación femenina en los dos ámbitos, el empleo y la intervención en los órganos de administración de las empresas.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL EMPLEO EMPRESARIAL

En relación con el empleo, los datos muestran que las PYME concentran el 65,9% del empleo analizado, lo que confirma el peso fundamental de este tipo de empresas en el mercado laboral español.

En cuanto a la participación femenina, el informe señala que las mujeres representan el 38,7% del empleo en las PYME, mientras que en las grandes empresas esta proporción alcanza el 43,6% del total del empleo.

Por tamaños empresariales, la mayor proporción de empleo femenino se observa en microempresas (40,2%), seguidas de las empresas medianas (39,6%), mientras que en las pequeñas empresas el porcentaje se sitúa en el 35,9%.

Desde una perspectiva sectorial, el estudio evidencia importantes diferencias en la distribución del empleo por género. Los sectores más masculinizados continúan siendo las industrias extractivas y la construcción, donde los hombres ocupan más del 85% de los puestos de trabajo. En cambio, la presencia femenina es mayoritaria en las actividades sanitarias y de servicios sociales, donde las mujeres representan aproximadamente tres de cada cuatro empleos.

Asimismo, el informe identifica sectores con un equilibrio más cercano entre hombres y mujeres, como las actividades inmobiliarias, las actividades financieras y de seguros o las actividades profesionales, científicas y técnicas.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la presencia femenina en los órganos de administración de las sociedades mercantiles, el informe concluye que todavía se encuentra lejos de alcanzar niveles de paridad.

La representación de mujeres en los órganos de administración alcanza el 26,8% en las microempresas, el 21,3% en las pequeñas empresas, el 20,1% en las medianas empresas y el 21,6% en las grandes empresas, lo que refleja una presencia aún limitada en los niveles de decisión empresarial.

Desde una perspectiva sectorial, los mayores porcentajes de participación femenina en órganos de administración se concentran en Educación (42,4%), Otros servicios (42,1%) y Actividades sanitarias y de servicios sociales (41,2%). Por el contrario, los sectores con menor presencia femenina en los órganos de dirección son Información y comunicaciones (18,3%), Industrias extractivas (18,5%) y Construcción (18,8%).

En conjunto, el estudio pone de manifiesto que, aunque la participación de las mujeres en el mercado laboral español ha experimentado una evolución positiva en las últimas décadas, su presencia en los órganos de administración de las empresas continúa siendo inferior a una cuarta parte del total, lo que evidencia la persistencia de una brecha de género en los niveles de liderazgo empresarial. 

23 Mar 2026

• La declaración conjunta de CEOE y su homóloga francesa MEDEF expresa su respaldo a la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino entre la UE y Mercosur

La Residencia del Embajador de España en París ha acogido este lunes, día 23, el V Foro Económico Francia-España, en el que los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), Patrick Martin, han suscrito una declaración conjunta para, entre otras cosas, urgir a la UE adoptar medidas concretas para acelerar las inversiones y la innovación en el actual contexto de inestabilidad geopolítica, tensiones en las cadenas de suministro y creciente competencia global.

El acto, que ha sido precedido por paneles con alta representación empresarial, ha contado además con la presencia del ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y de Francia, Roland Lescure.

CEOE y MEDEF, que han reafirmado de este modo su compromiso de fortalecer la cooperación económica franco-española como motor de competitividad y crecimiento en Europa, han recordado y respaldado en este sentido el compromiso adquirido por los líderes europeos con la agenda One Europe, One Market para completar el Mercado Único en 2028.

Concretamente, la declaración llama a la eliminación de barreras en el Mercado Único, así como de cargas burocráticas, que lastran la inversión, especialmente en sectores industriales, energéticos y de infraestructuras estratégicas, y en las PYMES en general.

Asimismo, llama a reforzar la inversión en sectores innovadores y en tecnologías críticas. A este respecto, señalan que el próximo Marco Financiero Plurianual debe ser ambicioso y sus recursos deben priorizar proyectos con efecto tractor.

Al mismo tiempo, CEOE y MEDEF hacen hincapié en la necesidad de avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones como herramienta clave y prioritaria para desbloquear el potencial inversor de la UE, así como en la urgencia de disponer de una energía descarbonizada, competitiva y segura como condición indispensable para la resiliencia europea y la competitividad de su industria.

Industria de Seguridad y Defensa integrada

Por último, la declaración también considera esencial invertir en resiliencia y soberanía, con una industria de seguridad y defensa integrada, reduciendo las dependencias externas, y la necesaria diversificación geográfica de la actividad empresarial española y francesa.

En la apertura del Foro, el presidente de CEOE ha destacado la necesidad de afrontar juntos, las empresas españolas y francesas, los desafíos globales, y de reforzar la competitividad de Europa.

Garamendi ha señalado que “la autonomía estratégica europea solo será posible si reforzamos juntos nuestra base industrial, ampliamos las alianzas tecnológicas y fomentamos una colaboración más intersectorial que incluya tanto a grandes compañías como a PYMES, que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo”. Asimismo, ha llamado a “avanzar juntos en la Seguridad y la transición energética”.

Actuar en el seno de la UE

Durante el Foro ha tenido lugar también una ponencia a cargo del profesor asociado de la Universidad de la Sorbona y experto de la UE en el Instituto Montaigne, Thierry Chopin, sobre la necesidad de unir fuerzas y actuar en el seno de la UE para hacer frente los cambios económicos y geopolíticos actuales.

Asimismo, se han celebrado varias mesas redondas de discusión entre empresas españolas y francesas, sobre las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países; y servicios financieros y alianzas entre España y Francia para reimpulsar la base industrial con una visión de futuro.