El turismo aporta la mitad del empleo creado en el último año

Datos de Turespaña a partir de la EPA del segundo trimestre de 2022

El turismo aporta la mitad del empleo creado en el último año

Industria, Comercio y Turismo – 8.8.2022

Entre abril y junio las actividades vinculadas al turismo registraron 391.343 ocupados más respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que representa la mitad del empleo creado durante ese período en el conjunto de la economía española (776.000), alcanzando los 2.718.098 ocupados, un 0,8% más que en el mismo periodo de 2019, según los datos publicados hoy por Turespaña.

Así, los trabajadores activos en turismo en el segundo trimestre del año rozaron los tres millones (2.953.571), un 13,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

En relación a la tasa de paro, las actividades relacionadas con el turismo encadenan cinco trimestres consecutivos de descensos interanuales y se situó en el 8%, cifra inferior a la del mismo periodo de 2019 (11%), y 4,5 puntos menos que en la economía nacional, en el 12,5%.

“El mercado laboral nos sigue indicando la robustez con la que se recupera el sector turístico, que impulsa la economía y el mercado de trabajo nacional. Así, en un trimestre marcado por las incertidumbres de las consecuencias económicas de la guerra, los datos reflejan un comportamiento excelente con una creación de empleo muy intensa y de calidad”, ha valorado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Aumento en todas las actividades
El crecimiento se dio tanto entre los asalariados (19,1%) como los autónomos (7,9%) y en todas las actividades turísticas, en hostelería aumentaron un 18,5%, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de comidas y bebidas (9,5%) como de los servicios de alojamiento (54,4%). En agencias de viaje la variación fue del 12,6% mientras que en el transporte de viajeros fue del 7,4%.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido han aumentado un 19,5% interanualmente, lo que supone la cuarta subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un incremento del 18,1%. En este sentido, la tasa de temporalidad en el sector turístico fue del 26,4%.

Ocupación por CCAA
El número de ocupados en turismo creció en casi todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, Ceuta y Melilla, Asturias y Extremadura.

Las seis comunidades autónomas con mayor número de turistas (Cataluña, Andalucía, Madrid, Canarias, Baleares y la C. Valenciana) son, a su vez, las que generan más ocupados en el sector, al representar en conjunto el 74,5 % del total de ocupados en el sector.

Parados por ramas de actividad
Los trabajadores desempleados vinculados a actividades turísticas alcanzaron en el segundo trimestre del año la cifra de 235.473 parados. El desempleo se redujo en todas las ramas de actividad (servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas y otras actividades turísticas) en comparación con 2019.

Los inversores internacionales y las familias controlan dos tercios de las acciones españolas

04 agosto 2022

bolsamadrid.es

Los inversores internacionales y las familias controlan dos tercios de las acciones españolas

•La participación de los no residentes en la propiedad de las cotizadas baja un punto porcentual hasta el 48,8% y la de las familias se mantiene en el 17,1%

•El peso de los bancos en la Bolsa española asciende hasta el 3,5%, máximo de seis años, y el de las empresas no financieras se sitúa en el 20,9%, en línea con el ejercicio anterior

Los inversores no residentes controlaban a cierre de 2021 el 48,8% de las acciones españolas, 1,1 puntos porcentuales menos que hace un año. Con todo, se mantienen como el primer grupo en la propiedad de las cotizadas españolas, según la última actualización de datos del Servicio de Estudios de BME de un informe que cumple tres décadas. Le siguen las familias, que poseen el 17,1%, mismo porcentaje que en el ejercicio anterior. En conjunto, ambos grupos controlan dos tercios de las acciones españolas, muy por encima del resto de inversores.

En lo que va de siglo, los inversores internacionales han incrementado en más de 14,5 puntos porcentuales su peso en la Bolsa española. La mayor internacionalización de las compañías españolas, en especial de las cotizadas, es uno de los factores que explican este crecimiento. Los inversores no residentes muestran una clara preferencia por las compañías cotizadas, ya que según los datos de las Cuentas Financieras a cierre de 2021 publicadas por el Banco de España, los inversores no residentes apenas controlan el 24% de las compañías no cotizadas, algo menos de la mitad de lo que ocurre con las compañías que cotizan en Bolsa.

Dentro del grupo de los inversores internacionales, predominan los inversores institucionales: gestoras de fondos de inversión y de pensiones, fondos soberanos, compañías de seguros, fondos de Capital Riesgo o Private Equity e incluso bancos de inversión e intermediarios que mantienen carteras de acciones.

Según destaca el informe, la fuerte presencia de inversores internacionales y la importancia del mercado bursátil para dotar de una valoración eficiente a estas participaciones y proporcionar la liquidez adecuada deberían ser argumentos de peso contra el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). “Al no ser un impuesto consensuado con la UE, el mercado bursátil español y por ende las principales empresas españolas cotizadas están siendo injustamente penalizadas como alternativa de inversión frente a otras empresas competidoras radicadas en otros mercados europeos o no”, indica el informe coordinado por Domingo García Coto, director del Servicio de Estudios de BME.

La participación de las familias en las cotizadas españolas se mantiene estable en el 17,1%, muy lejos del máximo histórico del 33,6% alcanzado en 1999. En los últimos años ha seguido una tendencia a la baja, en convergencia con el resto de Europa donde la participación de los inversores minoristas ha sido tradicionalmente inferior que en España. El aumento de la actividad minorista detectada en los mercados de Estados Unidos y, en menor medida, de Europa tras el comienzo de la pandemia no tuvo continuidad en 2021. En parte, por la toma de beneficios tras la intensa recuperación bursátil.

Entre las razones que explican la menor inversión directa en acciones de las familias españolas están la incapacidad de las sucesivas reformas de los mercados financieros y de valores europeos de incorporar a más inversores, la ausencia casi total de tramo minorista en las últimas salidas a Bolsa, el creciente peso de los Fondos de Inversión en las carteras de los inversores, el reducido rendimiento estos últimos años de sectores populares para los minoristas como la banca o las telecomunicaciones y el creciente interés de los inversores por los criptoactivos.

Las empresas no financieras, por su parte, controlan el 20,9% de las cotizadas españolas, apenas una décima porcentual menos que un año antes. Las Instituciones de Inversión Colectiva, seguros y otras instituciones financieras no bancarias elevan su peso hasta el 7%, frente al 6,4% anterior, mientras que las Administraciones Públicas poseen el 2,7% (dos décimas menos) y los bancos y cajas un 3,5%. Este dato supone un crecimiento de ocho décimas porcentuales e implica el máximo desde 2015.

Puedes acceder al informe completo en este enlace.

El Ministerio de Política Territorial pone en marcha un plan de choque para reforzar las Oficinas de Extranjería

295 empleados públicos más de refuerzo

El Ministerio de Política Territorial pone en marcha un plan de choque para reforzar las Oficinas de Extranjería


Política Territorial – 9.8.2022

El Ministerio de Política Territorial refuerza las Oficinas de Extranjería con 295 empleados públicos más para agilizar la tramitación de expedientes y reducir el número de autorizaciones en trámite y los tiempos de resolución.

Las Oficinas de Extranjería recibieron en el año 2021 más de 866.790 solicitudes de autorizaciones, alcanzando el récord de solicitudes/año en la serie histórica 2012-2021. Esta cifra supone un incremento del 28,57% respecto a 2020 y del 11,60% respecto a 2019, año que también fue récord de la serie 2012-2019.

Con esta medida, el Ministerio de Política Territorial, responsable de los recursos humanos de las Oficinas de Extranjería, hace frente a los retos a los que estas oficinas se enfrentan como consecuencia del aumento de solicitudes de autorización de residencia y trabajo de los últimos años y que únicamente quedó interrumpida en los meses más duros de la pandemia.

El Ministerio de Política Territorial impulsa con esta medida la puesta en marcha de un plan estratégico que, entre sus objetivos, busca la mejor atención a la ciudadanía en el territorio y una mayor agilización en los trámites y expedientes que afectan a los extranjeros en España.

El personal que se incorpora permitirá reducir aproximadamente 190.000 expedientes pendientes de resolución, concluir la regularización de los ciudadanos británicos tras el Brexit y hacer frente a la tendencia al alza de las solicitudes presentadas por ciudadanos de otras nacionalidades.

Este refuerzo de personal se complementa con una productividad extraordinaria y puntual para agilizar la tramitación de los expedientes en los próximos meses.

Robles se reúne con el embajador de Ucrania para remarcarle la solidaridad y el apoyo de España

Robles se reúne con el embajador de Ucrania para remarcarle la solidaridad y el apoyo de España

Defensa – 3.8.2022

La ministra de Defnesa, Margarita Robles, ha transmitido al pueblo ucraniano el apoyo y solidaridad del Gobierno de España en su visita a la Embajada de Ucrania en Madrid.

Madrid (España)

Margarita Robles se ha reunido con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, para mostrarle la solidaridad del Gobierno y de la ciudadanía española con el pueblo ucraniano.

La ministra ha expresado al embajador que Ucrania sigue contando con el apoyo pleno de España, y que el Gobierno español seguirá colaborando en la medida de sus posibilidades para “hacer frente a la barbarie de Putin”.

“Nuestro apoyo lo estamos manifestando en todos los ámbitos. Desde el punto de vista humanitario son más de 130.000 las personas de Ucrania que han llegado a España. También hemos traído heridos en combate que están en el Hospital Militar de Zaragoza recibiendo tratamiento”, ha dicho la ministra.

“Estamos enviando también el material que España puede entregar, y en esta materia somos siempre muy reservados y prudentes, por razones de discreción y de seguridad”, ha agregado, para añadir que se está preparando también material de abrigo para la próxima campaña de invierno, que se prevé muy dura. “Todo lo que entre dentro de nuestras posibilidades lo vamos a seguir haciendo”.

El embajador ucraniano, que ha agradecido la visita de la ministra y ha dado las gracias al Gobierno español por la acogida del personal herido de las Fuerzas Armadas ucranianas en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, ha subrayado que la situación en su país sigue siendo “muy complicada”.

“Estamos agradecidos por lo que ya ha hecho España, seguimos necesitando más y más cosas pero no es un momento para hablar detalladamente, porque algunas se pueden hacer pronto y otras no son fáciles de conseguir enseguida”, ha dicho el embajador.

“Estoy seguro de que con apoyo de la señora ministra, del Gobierno y del pueblo de España vamos a conseguir lo que necesitamos para continuar con nuestra lucha y ganar esta guerra injusta desatada por Putin”, ha añadido Pohoreltsev. “Nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas están muy motivados en su lucha, todo lo contrario que los soldados rusos, por eso seguimos resistiendo”.

La ministra ha apelado además a la necesidad de ser solidarios con Ucrania ante un futuro muy próximo en el que, ha afirmado, Putin usará “los cortes de gas como otro tipo de arma contra la comunidad internacional”.

Medidas de apoyo


Como consecuencia de la guerra en Ucrania, durante el primer semestre del año el Ministerio de Defensa ha reforzado la presencia española en el flanco Este de la OTAN (Letonia) con más de 200 efectivos del Ejército de Tierra y las capacidades de Artillería de Campaña, así como una Batería de Defensa Aérea NASAMS. Se ha pasado de 450 a 650 militares.

Asimismo, las Fuerzas Armadas han realizado 19 vuelos con material ofensivo y defensivo, además de todo el material transportado con el buque logístico del Ejército de Tierra, el ‘Ysabel’, en apoyo a la legítima defensa de la población ucraniana frente a la invasión rusa.

Las Fuerzas Armadas también han llevado a cabo numerosas actividades de asistencia humanitaria en apoyo al pueblo ucraniano. Hasta la fecha, han tenido lugar diez vuelos para este propósito, en los que se ha transportado a más de 600 personas vulnerables a nuestro país, algunos de ellos heridos.

Algunos de estos heridos de guerra han tenido que recibir tratamiento en el Hospital General de la Defensa en Zaragoza, muchos sufrían amputaciones severas, por lo que han tenido que someterse a intervenciones quirúrgicas de traumatología.

A estos heridos también se les ha proporcionado atención psiquiátrica y psicológica, rehabilitación y fisioterapia, y se les ha apoyado en las gestiones necesarias para su inclusión en el sistema de protección temporal y el sistema sanitario español.

El Gobierno aprueba un plan de ahorro y gestión energética en climatización

El Gobierno aprueba un plan de ahorro y gestión energética en climatización

Consejo de Ministros – 1.8.2022

El plan forma parte de un conjunto de iniciativas de sostenibilidad económica con ayudas en materia de becas y transporte. Además, el Ejecutivo ha presentado la futura Ley de Información Clasificada, que contempla que los secretos oficiales se puedan desclasificar automáticamente desde los cuatro hasta los 50 años.

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica, que incluye un Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía en edificios administrativos, recintos públicos y comercios y facilitar el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La refrigeración de estos edificios no se podrá poner por debajo de los 27 grados centígrados ni la calefacción por encima de los 19. Las puertas de acceso a los locales tendrán cierres automáticos y las luces de los escaparates se apagarán a las 10 de la noche. Además, los inmuebles tendrán que hacer una revisión extraordinaria de sus calderas e instalaciones térmicas antes del 31 de diciembre de 2022, si la última la hicieron antes del 1 de enero de 2021.

La norma también incluye medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables. Con este objetivo, se agilizarán las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, se facilitará la inyección de gases renovables en la red de gaseoductos y se potenciará el almacenamiento y el autoconsumo. “No nos podemos permitir el lujo de perder un solo kilovatio-hora”, ha afirmado Teresa Ribera.

Teresa Ribera durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosTeresa Ribera | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Por otra parte, la vicepresidenta tercera ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta frente incendios forestales durante todo el año. La nueva norma introduce mejoras en aspectos como la prevención, la extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados. Ribera ha subrayado que “debemos estar preparados para atender al conjunto del territorio no solamente para aquellas partes que sean consideradas particularmente vulnerables y sensibles”.

Becas, ayudas al estudio y transporte
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que el Real Decreto aprobado hoy también incluye medidas económicas en el ámbito del transporte y en materia de becas y ayudas al estudio.

El texto establece una cuantía complementaria de cien euros al mes para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2022 para todos los beneficiarios de las becas, ayudas y subsidios de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para alumnos que cursen estudios postobligatorios y para aquellos con necesidad específica de apoyo educativo.

Isabel Rodríguez ha estimado que alrededor de un millón de estudiantes pueden beneficiarse de esta ayuda. El Ejecutivo, responde así, a las familias que se están viendo afectadas por la situación económica derivada de la agresión de Rusia en Ucrania y el incremento de la inflación y garantiza la igualdad de oportunidades.

Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosIsabel Rodríguez | Pool Moncloa/Fernando Calvo

Mejoras en el transporte
En el ámbito del transporte, el Ejecutivo ha aprobado la gratuidad de los trenes de Cercanías para usuarios recurrentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Se crearán bonos multiviajes especiales para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que serán gratuitos para los usuarios que realicen 16 viajes en cuatro meses, y se suman al descuento del 50% de los abonos Avant.

Además, se crean nuevos bonos con descuentos del 50% para usuarios recurrentes de rutas comerciales de alta velocidad en 13 trayectos de hasta 100 minutos de duración.

La portavoz también ha señalado que el Ejecutivo ha acordado un nuevo Real Decreto-ley encaminado a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera que garantiza que los transportistas trabajen a un precio justo y habilita más de 450 millones de euros en ayudas directas al sector. El Gobierno responde así a las demandas históricas del sector.

Futura Ley de Información Clasificada
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha presentado la futura Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la vigente Ley sobre Secretos Oficiales, aprobada en 1968 y reformada en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución.

Bolaños ha afirmado que se trata de una ley “avanzada y garantista”, que sustituye a una norma preconstitucional y se adapta a la Constitución y a los estándares de tratamiento de la información clasificada de los socios de la Unión Europea y de la OTAN. A su juicio, la norma establece un equilibrio entre la transparencia y el derecho a conocer, por un lado, y la seguridad nacional.

Principales novedades
Félix Bolaños durante la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosFélix Bolaños

El Proyecto de Ley presentado hoy establece cuatro categorías de clasificación: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. A cada nivel se le asigna un nivel de protección diferente en función del peligro que puede suponer para la seguridad o la defensa nacional su revelación no autorizada o su utilización indebida.

Félix Bolaños ha detallado que la competencia para clasificar como alto secreto y secreto cualquier documento corresponde al Consejo de Ministros. Mientras que la clasificación como restringido o confidencial podrán hacerla determinadas autoridades, como, por ejemplo, los titulares de los ministerios, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, el director del Departamento de Seguridad Nacional, los delegados y subdelegados del Gobierno y los directores generales de la Policía y de la Guardia Civil.

La ley prevé, por primera vez en la historia de España, la desclasificación automática una vez transcurridos unos plazos, que dependerán del nivel de protección de los asuntos.

El contenido que se considere de alto secreto se desclasificará a los 50 años y se podrá prorrogar durante 15 más; el secreto a los 40 años, con una prórroga de hasta 10. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre los 7 y los 10 años y la restringida entre los 4 y los 6. Estos plazos, según ha apuntado el ministro, “son revisables”.

Bolaños ha añadido que se crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, dependiente del Ministerio para la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que será el órgano encargado de la protección y el tratamiento de la información de alto secreto, secreto o confidencial que se produzca en España y de la que provenga de otros Estados u organizaciones internacionales. Además, valorará la idoneidad de las personas que deben tener acceso a esa información, concederá la habilitación para su tratamiento profesional y regulará el acceso parlamentario.

Félix Bolaños también ha avanzado que el texto establece las garantías para el tratamiento, la protección y custodia de la información, cuya consulta se realizará preferentemente en la dependencia donde se encuentre archivada.

En caso de difusión indebida, las multas podrían oscilar entre los 50.000 y los tres millones de euros, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven.

El ministro ha incidido en que el texto que se presenta hoy es susceptible de ser perfeccionado antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley y, una vez remitido a las Cortes, durante la tramitación parlamentaria.

Economía de los cuidados
El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial de casi 900 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para financiar proyectos de activación de la economía de los cuidados.

De este modo el Gobierno sigue avanzando en la construcción de un nuevo sistema estatal de cuidados que los convierta en un derecho en sí mismo. Además, ha dicho, lleva consigo la oportunidad de crear empleo de calidad y de generar efectos positivos en el tejido económico.

La portavoz ha concretado que la partida se destinará a financiar en las comunidades autónomas y en las entidades locales inversiones para cuidados de larga duración, modernización de los servicios sociales y para el Plan España País Accesible.

Derechos y bienestar de los animales
El Gobierno ha acordado la remisión a las cortes del Proyecto de Ley de Derechos y Bienestar de los Animales, que es una norma pionera para proteger y garantizar sus derechos.

El objetivo de la norma es poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de los animales. Además, potencia las buenas prácticas, establece un marco común en todo el territorio y actualiza las penas para los delitos de maltrato animal, que pueden suponer multas de 200 euros y penas de prisión.

Adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.

Isabel Rodríguez ha manifestado que “son adhesiones que se suman a la defensa de las democracias frente a los ataques de Putin”.

Más información
Referencia del Consejo de Ministros (PDF)
Galería fotográfica

El MITECO pone en marcha la restauración forestal de emergencia en la zona afectada por el incendio de la Sierra de la Culebra

Se ha autorizado la adjudicación de los trabajos

El MITECO pone en marcha la restauración forestal de emergencia en la zona afectada por el incendio de la Sierra de la Culebra
Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 4.8.2022

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado la adjudicación de los trabajos de restauración forestal de emergencia en el área afectada por el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), el de mayor superficie quemada de la historia de Castilla y León, y uno de los más grandes de la historia de España.

Así, la zona quemada comprende 24.737,95 hectáreas zonas de alto valor ecológico y 15.114,88 hectáreas de ellas de superficie forestal arbolada. El fuego ha afectado a importantes enclaves de la Red Natura 2000, como son las Zonas de Especial Conservación de las Lagunas de Tera y Vidríales, la Sierra de la Culebra, la Riberas del Río Aliste y afluentes y las Riberas del Río Tera y afluentes.

También se han visto dañados 15 hábitats de interés comunitario diferentes, de los cuales 3 son considerados como prioritarios.

Por otro lado, también se han visto afectadas 16.853 ha dentro de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, de gran importancia económica para la zona.

Desprotección frente a lluvias
Esta amplia superficie se encuentra en una situación de grave peligro por desprotección frente a fuertes lluvias, ya que el breve periodo de tiempo transcurrido no ha permitido un mínimo repunte de la vegetación, por lo que se pueden ver aceleradas las pérdidas de suelo, y los procesos erosivos de torrenteras, generando el arrastre de cenizas y sólidos (piedras, restos vegetales…) e incluso movimientos en masa si ocurrieran fuertes precipitaciones en los próximos meses.

Por todo ello, el MITECO, ante la necesidad de intervenir con la máxima celeridad para paliar la situación provocada por este evento, con objeto de disminuir el riesgo para personas y bienes y permitir la recuperación de la biodiversidad en la zona afectada, ha declarado de emergencia un paquete de actuaciones para revertir la situación.

Los trabajos financiados por este Ministerio -en apoyo al desarrollo de las competencias que corresponde ejercer a la Comunidad Autónoma de Castilla y León- alcanzan importe de 2.000.000 € y se encuentran ya adjudicados a cuatro empresas locales para impulsar de este modo la actividad socioeconómica de la zona. El plazo previsto de finalización es de siete meses.

Así, las actuaciones se centran en los siguientes objetivos:

Recuperación de la integridad del ecosistema, o, al menos de sus aspectos más relevantes en términos de composición, estructura y funcionamiento.
Conservación y mejora del suelo, cuyas características iniciales, especialmente contenido y calidad en materia orgánica, textura, estabilidad de agregados y velocidad de infiltración, juegan un papel relevante no sólo en el posible proceso post-incendio sino también en la posibilidad de exploración del sustrato por parte de las plantas y en las reservas de agua disponibles para ellas, factores críticos en la supervivencia de los nuevos individuos introducidos por siembra y/o plantación o procedentes de regeneración.
Limitación de la escorrentía y de la pérdida de suelo por erosión en laderas.
Control de la erosión en cauces, en los que se origina la mayor producción de sedimentos.
Reducción del riesgo de avenidas e inundaciones tras el incendio, ya que el incremento de los caudales máximos inducido por el incendio puede aumentar significativamente el riesgo de daños sobre personas, infraestructuras y otros bienes materiales.
Reducción de la emisión de sedimentos y de la colmatación de embalses y presas.
Reducción de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
Prevenir la proliferación de plagas en las masas forestales no afectadas por el incendio.
Favorecer la regeneración natural de la flora y la supervivencia y reproducción de la fauna.
Mejorar infraestructuras de defensa.
En concreto se van a realizar las siguientes actuaciones en las zonas afectadas:

Trituración de árboles en pie creando un mulching o acolchado de astilla repartida sobre el terreno.
Construcción de albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y elemento de retención de sedimentos.
Apertura de pista de acceso a los rodales de actuación.
Adecuación de pistas preexistentes mediante la construcción de pasos de agua.
Construcción de charcas para dotar de suministro de agua para la fauna y disponer de puntos de agua para la extinción de incendios.
Construcción de puntos de agua contra incendios para la defensa del monte contra futuros incendios.
Instalación de pastizales para favorecer y acelerar la implantación de la cubierta vegetal.
Tratamientos contra plagas para evitar la proliferación principalmente de insectos perforadores.
Un incendio de extrema virulencia
El incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), declarado el pasado 15 de junio, fue originado por múltiples rayos por tormenta seca con fuerte aparato eléctrico y afectó durante varios días a varios términos municipales de la Sierra de la Culebra. Dadas la subida de temperatura provocada por la intensa ola de calor que se estaba sufriendo, junto con la escasa humedad y fuertes rachas de viento reinantes en la zona, el comportamiento del incendio fue de una virulencia extrema, siendo la superficie afectada por el mismo de 24.737,95 ha en los municipios de Calzadilla de Tera, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, Mahíde, Manzanal de Arriba, Melgar de Tera, Otero de Bodas, Riofrío de Aliste, Rionegro del Puente, San Vicente de la Cabeza, Tábara, Vega de Tera y Villardeciervos.

El Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Foral de Navarra, Valenciana y de la Región de Murcia afectadas por los incendios forestales, en su mayoría provocados por la ola de temperaturas extremadamente altas que afectó a casi todo el territorio peninsular, desde el día 10 de junio, contexto en el que se encuentra incluido este incendio.

4/08/2022. Restauración forestal de la Sierra de la Culebra

La afiliación a la Seguridad Social suma 9.104 empleos en julio y 272.039 en lo que va de año

Balance de afiliación

La afiliación a la Seguridad Social suma 9.104 empleos en julio y 272.039 en lo que va de año

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 2.8.2022

El número de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en julio, en términos desestacionalizados, en 9.104 personas, hasta un total de 20.111.141 afiliados. Se acumulan así 15 meses consecutivos de aumento del empleo.

Tras el excepcional comportamiento en junio, en julio se sigue creando empleo, apuntando probablemente a un adelanto de las decisiones de contratación este verano. El promedio de aumento de afiliación en estos dos meses es de 43.026, en la línea de los crecimientos junio-julio de los años pre-pandemia.

En total, en los siete primeros meses del año se han registrado 272.039 afiliados más, descontando la estacionalidad y el efecto calendario. De esta manera, se supera en 625.000 personas el nivel de afiliación anterior al impacto de la COVID-19.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Se mantiene el notable dinamismo del empleo en actividades innovadoras
En el mes de julio se mantiene un notable dinamismo en los sectores de alta productividad, como Información y Comunicación o en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. En el sector de hostelería el comportamiento es el de un mes de julio normal. La moderación del crecimiento del empleo en julio está concentrada en sectores muy singulares como Administraciones Públicas, Educación, Construcción y Agricultura, que pueden estar vinculados a factores de naturaleza transitoria o a factores meteorológicos.

En lo que va de año, el crecimiento de la afiliación ha sido generalizado, alcanzando a casi todos los sectores. Además, el aumento de afiliación ha resultado especialmente intenso en las actividades más innovadoras y de mayor valor añadido, entre los que destaca Información y Comunicación (6,55%), Educación (4,34%) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (2,97%). Por su parte, la Hostelería, con un aumento respecto a finales de 2021 del 3,62%, recupera prácticamente el nivel de afiliación previo a la pandemia.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Se acentúa el impacto positivo de la reforma laboral
Siete meses después de la entrada en vigor de la reforma laboral (y cuatro después de la aplicación de las principales novedades en materia contractual), continúan apreciándose sus efectos positivos en la mejora de la calidad del empleo. En julio, sigue acelerándose el aumento de los afiliados con contrato indefinido, con 1,5 millones más de afiliados con contrato indefinido que en los años anteriores a la pandemia

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

En este sentido, sigue aumentando la estabilidad en el empleo, como se observa en la proporción de afiliados con contratos indefinidos: en julio, alcanzan el 80%, 11 puntos más de lo que era habitual antes de la pandemia. En años anteriores, la contratación indefinida se reducía en el verano, frente al aumento que se está observando este año. Además, se aprecian efectos especialmente positivos entre los jóvenes, un colectivo con una tasa de temporalidad habitualmente alta. Entre los menores de 30 años, el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido ha subido en 30 puntos respecto al promedio de este mes, pasando del 34% al 64%.

A consecuencia del crecimiento del empleo, la ratio entre cotizantes y pensionistas alcanza máximos de una década, situándose en 2,39.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Por otra parte, 18.285 trabajadores están en un ERTE-ETOP, cifra que se mantiene estable. El mecanismo RED sectorial aprobado para las agencias de viaje protege a 1.726 trabajadores a finales de julio.

Afiliación media
Finalmente, en términos originales, la afiliación media a la Seguridad Social contabiliza 7.366 afiliados menos, cerrando el mes con 20.340.964 inscritos (10.880.380 hombres y 9.480.585 mujeres). En total, el número medio de afiliados en términos originales supera en 749.236 ocupados el nivel de hace un año.

RTVE, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España y CNMV colaborarán para acercar el conocimiento financiero a los ciudadanos

1 de agosto de 2022

RTVE, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España y CNMV colaborarán para acercar el conocimiento financiero a los ciudadanos

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Las cuatro instituciones firman un convenio de colaboración para impulsar el Plan de Educación Financiera
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) colaborarán con la Corporación RTVE para fomentar la cultura financiera de los ciudadanos, promoviendo la educación y mejor conocimiento por parte de la población de la economía y las finanzas.

Así se recoge en el convenio de colaboración, suscrito por las cuatro instituciones, que se enmarca en el Plan de Educación Financiera, que tiene como finalidad extender el conocimiento financiero para que los ciudadanos sepan adoptar decisiones financieras ajustadas a sus situaciones personales y familiares, necesidades y expectativas y puedan gestionar mejor los riesgos que presenta el sistema financiero.

El convenio propone realizar actuaciones conjuntas que sirvan para la divulgación de la cultura financiera, como:

  • El desarrollo de recursos y materiales destinados a los programas, así como contenidos a ser difundidos por los medios de comunicación de la Corporación RTVE y su reproducción en el portal web del Plan www.finanzasparatodos.es?
  • La colaboración de la CNMV, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Banco de España con los profesionales de la Corporación RTVE en la participación, producción y realización de programas y contenidos audiovisuales relacionados con el conocimiento financiero y, en especial, con la educación y divulgación de las finanzas personales.
  • La participación de la Corporación RTVE en el Día de la Educación Financiera.

La necesidad de una adecuada capacitación de los ciudadanos para adoptar sus decisiones financieras en un entorno cada vez más complejo y dinámico ha sido subrayada de modo reiterado en los últimos años por los principales organismos internacionales y multilaterales. El desarrollo de la cultura financiera es imprescindible para que las economías domésticas puedan gestionar mejor sus riesgos y aumenten su capacidad para afrontar situaciones económicas adversas.

El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asumieron en 2008 la responsabilidad de impulsar el primer proyecto de educación financiera con vocación generalista en nuestro país al amparo de los principios aprobados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con posterioridad, se sumaron a este proyecto otros organismos como la Secretaría General de Tesoro y Financiación Internacional y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El pasado 14 de enero se incorporó como promotor del Plan el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.?

El Ministerio de Justicia concluye semestre con importantes avances normativos que impulsarán la transformación del servicio público de Justicia

El Ministerio de Justicia concluye semestre con importantes avances normativos que impulsarán la transformación del servicio público de Justicia

01/08/2022

Las tres leyes de eficiencia –organizativa, procesal y digital-, base legislativa del plan Justicia 2030, ya están en trámite parlamentario.

Llop impulsa el Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los IMLCF o un kit de muestras para análisis toxicológico en casos de sumisión química.

?Convocadas las primeras becas de Justicia, dotadas con 1,6M€, para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.

La ministra promueve una ley integral contra la trata de seres humanos.

El Ministerio de Justicia ha avanzado de manera significativa en el primer semestre de 2022 en los compromisos adquiridos por el Gobierno en su área de trabajo, llevando a trámite parlamentario las tres leyes de eficiencia –organizativa, procesal y digital- con el objetivo de transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.

En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado que el Ministerio que dirige “apuesta por una Justicia como motor de consolidación y promoción de valores europeos, con todos los profesionales e instituciones involucrados y la ciudadanía en centro”.

Estas tres normas constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030 que supone un impulso crucial para avanzar en el proyecto país, favoreciendo, mediante la modernización de la Justicia, la cohesión social, económica, territorial y digital. “Tenemos un gran proyecto de digitalización en la Administración de Justicia, una suerte de Justicia 5.0, que nos sitúa en parámetros de vanguardia y como referentes a nivel europeo”, ha señalado Llop.

Interoperabilidad

Las leyes de eficiencia organizativa y procesal recibieron en visto bueno del Consejo de Ministros el pasado mes de abril. Por su parte, la ley de eficiencia digital pasó ese mismo trámite en segunda vuelta hace apenas dos semanas.

Este conjunto de normas servirá para atender, de forma prioritaria, a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia. Todas ellas configuran un modelo de coordinación y decisión, basado en la cogobernanza, que se ha consensuado entre las CCAA, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado y la FEMP, y que fomenta un modelo de colaboración público-privado.

Al abrigo de estos avances, en este semestre se ha alcanzado un hito largamente reivindicado: la interoperabilidad de todos los sistemas de gestión procesal autonómicos con el Tribunal Supremo lo cual constituye, en palabras de la ministra, “un primer gran paso, esperado durante años, para avanzar en el diálogo tecnológico que tiene que existir entre territorios, y que permite que todos los juzgados hablen entre sí, que los juzgados hablen también con otras instituciones, con fiscalía y con los distintos territorios”.

Becas, formación y trata

Uno de los avances más importantes de este semestre ha sido el programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.

El programa contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales y, al cierre de esta primera convocatoria, se habían recibido casi 900 solicitudes.

Cabe destacar, en el ámbito formativo, que se han ofertado diferentes cursos para los operadores jurídicos sobre sensibilización y prevención de violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y lucha contra la violencia de género, así como para facilitar la detección y atención de víctimas de trata.

Precisamente en relación a la trata, Pilar Llop firmó, a finales de marzo, una orden por la que se constituía una Sección especial en la Comisión General de Codificación para la elaboración de un borrador de texto para una ley integral contra la trata de seres humanos, cuyo objetivo es un alcance general que permita identificar, atender y reinsertar a las víctimas de toda clase de trata, en especial la trata con fines de explotación sexual, que es la trata más frecuente y además tiene un claro componente de género.

?Atención a víctimas de violencia de género y sumisión química

Para combatir la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Justicia ha publicado este semestre el Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

Este protocolo tiene como objetivo establecer pautas de actuación pericial que ayuden a los médicos forenses a actuar de la mejor manera posible ante una víctima que ha sido objeto de una agresión sexual reciente, implementando una actuación pericial de calidad y estandarizada, respetuosa con la situación de la agredida y que incorpore los avances tecnológicos y ético-legales en la recogida, conservación, envío e investigación de indicios biológicos.

El Ministerio que dirige Pilar Llop, a través del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), también ha desarrollado un kit de muestras para análisis toxicológico en casos de sumisión química, que está previsto que esté disponible antes de que acabe el año para los profesionales de la Justicia.

Además, se ha aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita con el fin de que las víctimas de violencia de género no sean asistidas y representadas por letrados del turno de oficio que hubieran sido condenados anteriormente por esta misma causa.

Finalmente, la ministra de Justicia ha firmado una Orden ministerial para conceder una subvención directa de un millón de euros al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica durante el presente ejercicio de 2022 a las víctimas de todo tipo de delito. No obstante, es una medida que se destina de forma especial a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos, ya que un 75% de las víctimas que son atendidas anualmente en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito dependientes del Ministerio han sufrido este tipo de delito.

.Igualdad entre mujeres y hombres

Además, desde Justicia se ha aprobado el Marco Común en Materia de Igualdad en la Administración de Justicia en cogobernanza con las CCAA, que tiene como objetivo garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la aplicación transversal de la igualdad de género, desde la consideración de la realidad propia y específica de las personas que trabajan al servicio de la Justicia.

Cabe destacar que, durante el primer semestre de este semestre, se produjo el nombramiento de Carmen Alonso como nueva presidenta de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación (CGC), siendo la primera mujer ocupar la presidencia de una sección del citado órgano. Igualmente, el Ministerio aprobó, a iniciativa de Pilar Llop, la cobertura de las vacantes existentes en la CGC teniendo en cuenta la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Así, se pasó de un 36,87% a un 43,45% de mujeres en ese órgano consultivo.

Distribución de fondos europeos

El pasado 17 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la distribución a las CCAA de los 302.899.390 euros de fondos europeos asignados para los años 2022 y 2023 por el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia al Ministerio de Justicia. La distribución será aprobada por las CCAA en el seno de la Conferencia Sectorial.

Por otro lado, la cartera que dirige Pilar Llop ha prorrogado durante 2022 la dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros. Esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento.

Del mismo modo, se han aprobado dos programas de actuación para mejorar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales. Así, la retribución se incrementa un 300%.

Digitalización de la Justicia

En cuanto a la transformación digital del servicio público de Justicia, desde el comienzo del primer semestre de 2022 se pusieron a disposición de los usuarios en la sede electrónica del Ministerio de Justicia una serie de trámites telemáticos que, en apenas en un mes de funcionamiento ya superaron los 2.200 expedientes, en un avance hacia la Justicia más accesible y cercana a los usuarios, que podrán acceder a los servicios públicos de justicia durante las 24 horas de los 7 días de la semana.

A finales del primer semestre, el Ministerio de Justicia ha completado la implementación en todo el territorio de su competencia del sistema ACCEDA-JUSTICIA, que permite la tramitación digital de documentos por encima del límite de capacidad de 30 MB con que cuenta LexNET.

Otra innovación relacionada con la transformación digital del servicio público de Justicia es la implantación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial, como es el caso del Sistema de Dictado Forense, una tecnología innovadora, ágil y eficiente que facilita el trabajo del personal médico en este ámbito y mejora la calidad asistencial a la ciudadanía.

Ley Concursal

Por otra parte, el Congreso de los Diputados aprobó en Pleno, sin votos en contra, el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, que tiene como objetivo la transposición de la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introduciendo reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables, reforzando el tejido productivo.

Esta es una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico. Es una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo.

Trasposiciones

Fue aprobado en Consejo de Ministros un proyecto de ley para luchar contra el fraude digital y la falsificación en medios de pago distintos al efectivo, que cumple con los compromisos normativos adquiridos con la UE, para adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia y contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

El Consejo de ministros aprobó también el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, con el que se hace una transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, más conocida como Wistleblowers.

Por otra parte, se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley por el que se Regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad, para determinar la mayoría o minoría de edad con pleno respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, y con todas las garantías legales, cuando por carecer de documentación o no ser posible establecer la edad con seguridad, tenga que ser la autoridad judicial quien la determine, tras escuchar las alegaciones de las partes y realizar una valoración ponderada de la prueba que se ha hecho a la persona.

Se ajusta a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo, entre otros organismos. El procedimiento será mucho más ágil y simplificado, con todas las garantías legales de que no habrá pruebas invasivas. Según ha manifestado la propia ministra, “cumplimos con Europa y con los derechos de los menores, estableciendo un sistema más ágil y garantista”.

Cooperación jurídica internacional

A nivel de cooperación jurídica internacional, la ministra de Justicia ha firmado tres tratados internacionales clave con Nigeria, referentes a asistencia judicial penal, extradición y traslado de personas condenadas, que permitirán luchar de manera más eficaz contra el crimen organizado, las mafias y los tratantes de seres humanos.

Guerra de Ucrania

Por otro lado, se aprobó por Real Decreto-ley, como medida complementaria de aplicación de las restricciones a Rusia aprobadas por la Unión Europea, la posibilidad de que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan calificar y dar publicidad a los títulos inscribibles, facilitando que se haga efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas. Mediante esta norma, si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran estar a nombre de terceros.

Ministerio Fiscal

En cuanto al Ministerio Fiscal, la cartera que dirige Pilar Llop aprobó por Real Decreto el Reglamento del Ministerio Fiscal, una nueva norma que deroga y supera la existente, de 1969, para que sea congruente con el orden constitucional.

Igualmente se aprobó otro Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, que contempla la creación de 60 nuevas plazas y el reforzamiento de la especialización en el ámbito de la discapacidad.

Dentro de este ámbito, la ministra de Justicia firmó con Fiscalía General del Estado un Convenio de Prevención de Riesgos Laborales, un avance en los derechos de estos profesionales que sienta las bases del nuevo Plan de Prevención de Riesgos Laborales para fiscales.

Obras y patrimonio

Las actuaciones más significativas en materia de obras y patrimonio en el primer semestre han sido las de la finalización de la obra del nuevo edificio judicial de Badajoz, con una inversión de 21 millones de euros; y el edificio judicial de Vitigudino (Salamanca), con una inversión de 1.400.000 euros.

El paro sube en 3.230 personas, un 0,1%, se sitúa en 2.883.812, la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2008

El total es de 2.883.812

El paro sube en 3.230 personas, un 0,1%, se sitúa en 2.883.812, la cifra más baja registrada en un mes de julio desde 2008

Trabajo y Economía Social – 2.8.2022

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al acabar el mes de julio ha aumentado en 3.230 personas, un 0,1 por ciento más en relación con el mes anterior. De esta forma el paro se sitúa en 2.883.812 personas, que no obstante es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008.

Respecto al mismo mes de 2021 se ha registrado la mayor caída interanual al reducirse el desempleo en 532.683 personas.

No es la primera vez que sube ligeramente el paro en un mes de julio. El incremento en esta ocasión ha sido significativo a partir de la mitad del mes, en gran parte debido a la incertidumbre internacional.

Cambio estructural en la contratación
El número total de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.665.515, de los que un 41,44% son de carácter indefinido, afianzando así la pauta ya observada en meses precedentes.

En el mes de julio se han registrado 685.992 contratos indefinidos, una cifra que multiplica por cuatro la media histórica.

Los contratos indefinidos del mes de julio se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 285.252 a tiempo completo, 159.150 a tiempo parcial y 241.590 fijos discontinuos.

En términos acumulados, los contratos indefinidos celebrados a tiempo completo en los primeros siete meses del año han alcanzado un total de 1.608.898, lo que supone un aumento de 909.417 (130,01%) con respecto al mismo periodo de 2021.

El paro por sectores económicos
El paro registrado por sectores económicos ha subido en el ámbito de Servicios 11.237 personas (0,56%). En concreto en el área de la Educación es donde se ha acusado más ese ascenso, con 23.708 personas más, debido al fin del año escolar. La pérdida de empleos afecta a contratos previos a la entrada en vigor de la reforma laboral.

En tanto, la subida apenas llega al millar de personas en el sector de la Agricultura 825 (0,56%) y en el de la Construcción 976 (0,43%).

En el sector en el que la desocupación desciende es el de la Industria 1.909 (-0,81%) y Sin Empleo Anterior, que este mes de julio anota 7.899 personas menos (-3,17%).

El paro por sexo y edad
Atendiendo a la edad, el desempleo de las personas menores de 25 años ha bajado en 12.604 personas (-6,26%) respecto a junio, lo que sitúa la cifra global (188.605) en la mejor de toda la serie histórica.

En términos interanuales, se ha registrado una reducción del 28,1% en el ritmo de bajada de desempleo de los más jóvenes.

En los mayores de 25 años el desempleo sube en 15.834 personas (0,59%)

Por su parte, el desempleo femenino ha aumentado en 4.573 personas (0,27%) hasta situarse en 1.728.388; mientras que el masculino ha descendido en 1.343 personas (-0,12%) hasta situarse en 1.155.424.

En relación al mismo mes de julio del 2021, el paro masculino ha descendido en 243.355 (-17,40%), mientras que el femenino acusa una bajada de 289.331 personas (-14,34%).

El paro por comunidades autónomas
El paro ha disminuido en 8 comunidades autónomas. En cifras absolutas ese descenso ha sido más pronunciado en la Comunidad Valenciana (-2.937), Andalucía (-2.263) y el Principado de Asturias (-1.464).

Las subidas más acusadas se han dado en Cataluña (3.310), Castilla-La Mancha (2.705) y Comunidad de Madrid (2.432).

Prestaciones en el mes de junio
El número de personas beneficiarias existentes a final del mes de junio asciende a 1.674.838.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ha sido de 944,3 €.

El gasto total en prestaciones ha ascendido a 1.544,6 millones de euros, lo que supone un 25,2% menos que el mes de junio de 2021.

2/06/2021. Trabajadoras de EólicasMás información
Datos de demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo – julio 2022 (PDF)
La afiliación a la Seguridad Social suma 9.104 empleos en julio y 272.039 en lo que va de año (2/08/22)

La Bolsa negocia 26.355 millones en julio

La Bolsa negocia 26.355 millones en julio

Balance mensual de los mercados operados por BME

•El volumen contratado en Renta Variable en los siete primeros meses del año supera en un 10,7% al del mismo periodo de 2021
•La negociación en Renta Fija en julio se sitúa en los 6.265 millones de euros, mientras que el saldo vivo asciende a los 1,77 billones, un 3,4% más en lo que va de ejercicio
•El volumen negociado en los contratos de Futuros sobre el IBEX 35 ® aumenta un 10,5% en los siete primeros meses del año

La Bolsa española negoció en Renta Variable 26.355 millones de euros en julio, un 1,7% más que en el mismo mes del año pasado y un 19,8% menos que en junio. En los siete primeros meses del año el volumen contratado creció un 10,7% respecto al mismo periodo de 2021. El número de negociaciones fue de 3 millones en julio, lo que supone una caída del 18,3% respecto al mismo mes del año anterior y del 8% respecto a junio.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 63,31%. La horquilla media durante este mes fue de 7,72 puntos básicos en el primer nivel de precios y de 10,40 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en julio en los mercados de Renta Fija alcanzó los 6.264,7 millones de euros, un 41,2% menos que en junio. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron hasta los 27.152,7 millones de euros, lo que implica una bajada mensual del 31,5%.

El saldo vivo se situó en 1,77 billones de euros, con un aumento del 3,4% en lo que va de año y del 3,8% respecto a julio de 2021.

El mercado de Derivados Financieros negoció en julio 1,7 millones de contratos por un importe nominal de 35.191 millones de euros. La negociación en Futuros sobre IBEX 35 ® aumentó un 10,5% en el acumulado del año y la de Futuros Mini IBEX, un 13,2%. El volumen negociado en los contratos de Opciones sobre Acciones creció un 134,3% respecto al mismo mes del año anterior y un 4,9% en lo que va de ejercicio.

La posición abierta en los contratos de Futuros sobre Acciones aumentó un 25,9% en el mes.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé culminar en este año las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación

1de agosto de 2022

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé culminar en este año las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación


Entre los numerosos compromisos cumplidos del primer semestre destacan la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Ciberseguridad 5G, la Ley de Comunicación Audiovisual el desarrollo del programa UNICO para extender la conectividad de alta velocidad y desarrollar el 5G o la primera fase del programa de ayudas del programa Kit Digital para la digitalización de pymes de entre 10 y 49 empleados.
También se ha gestionado la transición desde los programas de liquidez y ayudas directas para responder a la pandemia a las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra, como la nueva Línea de Avales para autónomos y empresas.
Además, se han aprobado los dos proyectos estratégicos del Plan de Recuperación en el ámbito digital: el PERTE Nueva Economía de la Lengua y el PERTE Chip.
En el segundo semestre, está previsto que se culmine la tramitación parlamentaria de las reformas para impulsar el crecimiento empresarial y mejorar el clima de negocios: Leyes Concursal, Crea y Crece y de Startups, y se pongan en marcha nuevas convocatorias del Kit Digital y del Plan Nacional de Competencias Digitales, entre otras.
Gracias a la agenda de inversiones y reformas para la digitalización “España Digital 2026”, impulsada por los fondos europeos Next Generation EU, España ha mejorado dos puestos en el índice Europeo DESI, situándose a la cabeza de las grandes economías y por encima de países como Alemania, Francia, Italia, Portugal y Estonia.
?La publicación del balance Cumpliendo es un ejercicio de transparencia y muestra el compromiso del Gobierno con la regeneración democrática y la rendición de cuentas.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha continuado cumpliendo la hoja de ruta de digitalización, modernización y apoyo a la empresa, comprometida desde la investidura y reforzada con el Plan de Recuperación, al tiempo que ha adoptado importantes medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Rusia en Ucrania, como el primer tramo de la Línea de Avales para autónomos y empresas por importe de 5.000 millones de euros, que se suman a las implementadas desde marzo de 2020 para minimizar el daño económico e impulsar la recuperación tras la pandemia.

Así se desprende del informe Cumpliendo, un ejercicio de transparencia que muestra el compromiso del Gobierno con la regeneración democrática y la rendición de cuentas y que pone de manifiesto que, a 30 de junio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha cumplido el 44% de los compromisos existentes.

Reformas estructurales del Plan de Recuperación: Ley General de Telecomunicaciones, Ley General de Comunicación Audiovisual y Ley de Ciberseguridad 5G

En el primer semestre del año, se ha acelerado el despliegue de inversiones y reformas para impulsar la digitalización de la economía y modernizar el tejido productivo.

En este ámbito, cabe destacar la actualización de la Agenda España Digital para adaptarla al horizonte 2026, hacer balance de sus dos primeros años, alinearse con el Plan de Recuperación e incorporar dos nuevos ejes transversales referidos a los PERTE y a la iniciativa Retech, dotada con 530 millones de euros para poner en marcha una red de proyectos estratégicos transformadores en el área digital propuestos por las comunidades autónomas.

El despliegue de las reformas e inversiones de esta agenda España Digital, impulsadas por los fondos europeos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, ya está teniendo resultados tangibles en la economía española. España ha avanzado dos posiciones en el índice de digitalización publicado por la Comisión Europea (DESI), situándose a la cabeza de las grandes economías europeas y de otros países de referencia en el ámbito digital como Estonia y Portugal.

Entre los compromisos cumplidos más relevantes del semestre, destaca la aprobación y entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones, que traspone la directiva europea por la que se establece el Código Europeo de las comunicaciones Electrónicas para extender la conectividad de alta velocidad, desarrollar el 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. La adopción de esta norma y el despliegue del programa UNICO supondrá la universalización del acceso a Internet en banda ancha para el 100% de la población en 2025.

Asimismo, se ha aprobado la Ley de Ciberseguridad 5G y el Plan Nacional de Ciberseguridad, dotado con un presupuesto de más de 1.000 millones y que recoge 140 actuaciones –con diferentes niveles de prioridad- para poder responder de manera adecuada al mayor riesgo en el contexto geopolítico actual. Gracias a estas medidas, se desarrollará un entorno confiable para el despliegue de estas redes y servicios, que genere la confianza necesaria entre los usuarios respecto a su funcionamiento y protección ante potenciales fugas o manipulaciones de datos.

Finalmente, se ha aprobado la nueva Ley de Comunicación Audiovisual, para adaptar el marco normativo a las nuevas tecnologías, servicios y operadores, transponer la normativa comunitaria, reforzar la protección de los ciudadanos y e impulsar la producción, posicionando España como el principal hub audiovisual de Europa.

Ayudas del programa Kit Digital y formación en Inteligencia Artificial

En materia de digitalización, durante el primer semestre, se ha lanzado la primera convocatoria de ayudas del programa Kit Digital, para fomentar la digitalización de pymes de entre 10 y 49 empleados.

De igual forma, en el primer semestre del año se ha acelerado el despliegue de programas de inversión en tecnologías disruptivas. Se han lanzado los programas de misiones de I+D en inteligencia artificial e integración de la IA en las cadenas de valor industriales así como los programas de I+D en 5G avanzado y 6G. También se ha puesto en marcha el programa “Quantum Spain”, para la construcción del primer ordenador cuántico del sur de Europa, así como el proyecto “Spain Neurotech”, para para el establecimiento de un centro de referencia en neurotechnología.

Finalmente, en el ámbito de los derechos digitales, se ha continuado la difusión de la carta de derechos digitales, que está sirviendo de referente para diversas iniciativas en el ámbito europeo y mundial. Y se ha creado la cátedra de Inteliegencia Artificial y Democracia con el Instituto de Gobernanza Democrática y el Instituto Universitario Europeo.

Competencias Digitales y Educación Financiera

En el primer semestre se han reforzado algunos programas ya existentes de competencias digitales, se ha transferido a las Comunidades Autónomas los recursos del Plan de Recuperación en este ámbito, y se ha trabajado en la creación de una Red Nacional de Centros de Capacitación Digital, en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales. Se ha ofrecido el curso online masivo y abierto (MOOC) Elementos de Inteligencia Artificial (IA), destinado a impulsar la formación de la ciudadanía en IA.

En materia financiera, se ha acogido la firma del protocolo de las entidades bancarias para garantizar la inclusión financiera y la atención personalizada de los mayores, y se ha suscrito, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, un plan de acción para la protección de los ciudadanos frente a los riesgos de los criptoactivos.

En la segunda parte del año, se avanzará en la mejora de la inclusión financiera de los ciudadanos en el ámbito rural.

Proyectos Estratégicos

Además de las inversiones desplegadas en el marco del Plan de Recuperación, se ha aprobado el PERTE Nueva Economía de la Lengua, con un presupuesto de 1.100 millones de euros, para movilizar inversiones públicas y privadas para maximizar el valor del español y las lenguas cooficiales en el proceso de la transformación digital. Ya se ha puesto en marcha el Consejo Consultivo y la primera iniciativa, con la constitución y primeros encargos al Observatorio Global del Español en La Rioja.

Asimismo, se ha lanzado el PERTE Chip, para impulsar el ecosistema de la industria española de semiconductores y microprocesadores. Se trata del proyecto estratégico más ambicioso del Plan de Recuperación, con más de 11.000 millones de inversión con el fin de reforzar la autonomía estratégica de Europa en el ámbito del diseño y fabricación de chips. En la segunda parte del año, está previsto poner en marcha una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación.

Compromisos en proceso

El informe Cumpliendo señala que, entre los compromisos más relevantes en marcha, se encuentra la culminación en las Cortes Generales de la Reforma de la Ley Concursal y de la Ley de Creación y Crecimiento empresarial (“Crea y Crece”), para mejorar la regulación y el clima de negocios, así como la ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley de startups). Con ello, culminará el grueso de las reformas estructurales del Plan de Recuperación en el ámbito del Ministerio.

También se tramitará el proyecto de reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobado el pasado 27 de junio en el Consejo de Ministros.

Igualmente, en el segundo semestre está previsto que pueda remitirse también a las Cortes el proyecto de Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero.

En la segunda parte del año, el Ministerio va a lanzar nuevas convocatorias del Kit Digital ampliando el ámbito de aplicación de estas ayudas a pymes y autónomos de menos de 10 trabajadores, para la adopción de soluciones digitales y de transformación digital. También se lanzarán los principales programas de competencias digitales de ámbito nacional y se desarrollarán los proyectos recogidos en la Estrategia España Nación Emprendedora, para reforzar la red de apoyo a los clusters innovadores (Asociaciones de Empresas Innovadoras, Digital Innovation Hubs, etc).

Co-gobernanza del Plan de Recuperación

Durante el primer semestre del año, se ha seguido reforzando la co-gobernanza en la ejecución del Plan de Recuperación, con visitas y reuniones bilaterales con las Comunidades Autónomas, convocatorias de las Conferencias Sectoriales de Mejora Regulatoria y Transformación Digital, reuniones de la Mesa de Diálogo Social para el Plan de Recuperación…

La vicepresidenta primera también ha comparecido dos veces en la Comisión Mixta Congreso-Senado así como en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado para abordar los avances realizados en las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, cuyo despliegue ha alcanzado ya la velocidad de crucero

El pasado viernes la Comisión Europea transfirió al Tesoro español 12.000 millones de euros correspondientes al segundo desembolso del Plan de Recuperación por el cumplimiento de 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 objetivos) a lo largo del segundo semestre de 2021.

Además, la vicepresidenta primera envió la semana pasada cartas a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales, con el fin de fomentar su participación en la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación que el Gobierno presentará en el segundo semestre del año.

La adenda reforzará el impacto del Plan de Recuperación a partir de 2023, e incluirá las reformas e inversiones que se van a financiar con cargo a los préstamos del mecanismo Next Generation EU que corresponden a España, así como la asignación definitiva de transferencias a España, conocida el pasado 30 de junio.

Justicia mejora la retribución de los letrados de la Administración de Justicia

Justicia mejora la retribución de los letrados de la Administración de Justicia

Justicia – 28.7.2022

El ministerio ha aprobado dos programas de actuación que incrementan las cuantías que perciben estos profesionales por entradas y registros, así como por sustituciones.

El Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, ha aprobado dos programas de actuación para mejorar las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) en el ámbito de las intervenciones en entradas y registros, así como de las sustituciones que realizan estos profesionales.

En relación a las entradas y registros, la creciente complejidad de las formas de criminalidad exige cada vez con más frecuencia la presencia de un mayor número de LAJs, por lo que en ocasiones debe recurrirse a quienes no se encuentran de guardia, en horas nocturnas y con una duración imprevisible. Así, la retribución por este concepto se incrementa un 300%, pasando de 30 a 110 euros.

Esta medida se hace extensible igualmente a los gestores de la Audiencia Nacional que deban actuar en funciones de fedatarios públicos en estas diligencias, conforme prevé el artículo 451.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a determinadas actuaciones en que se requiera la actuación de letrados que no se encuentren de guardia para atender diligencias perentorias que no pueden atenderse desde el juzgado de guardia.

Los LAJs intervienen en las entradas y registros en domicilios o locales privados una vez autorizadas judicialmente, conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, actuando como garantes de la legalidad en el desarrollo de la diligencia y del pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas, dejando constancia de todo lo acontecido en un acta cuyo valor probatorio está amparado por la fe pública judicial.

Respecto al régimen de sustituciones, el Ministerio de Justicia incluyó su modificación en el plan anual normativo de 2022, y ha iniciado la tramitación de los reales decretos que regulan las retribuciones del cuerpo, con la finalidad de asimilarlo al sistema de retribución de las sustituciones para las carreras judicial y fiscal.

El nuevo plan permite una retribución más adecuada, ya que con anterioridad al mismo las retribuciones por sustitución estaban vinculadas a objetivos medios no siempre adecuados a los órganos sustituidos, en lugar de percibir una cuantía fija predeterminada.

El Ministerio de Justicia “ha hecho un esfuerzo enorme”, según Llop, para aumentar la dotación destinada a este colectivo de profesionales, que venía reclamando la subida al considerar insuficiente las cuantías establecidas para las actuaciones extraordinarias en ambos supuestos.

La ocupación se acerca a los 20,5 millones de trabajadores, la cifra más alta desde 2008, según la Encuesta de Población Activa

28 de julio de 2022

La ocupación se acerca a los 20,5 millones de trabajadores, la cifra más alta desde 2008, según la Encuesta de Población Activa

mineco.gob.es

?La ocupación alcanzó en el segundo trimestre de 2022 los 20,47 millones, la cifra más alta desde 2008 y que se aproxima al máximo histórico de 2007. Con respecto al primer trimestre, la creación neta de empleo fue de 383.300 personas.
El desempleo se redujo en 624.000 personas en el último año y la tasa de paro bajó casi tres puntos, situándose en el 12,5%. Es la primera vez desde 2008 que el número de parados está por debajo de los tres millones.
Los datos ponen de manifiesto los efectos positivos de la reforma laboral, con más de un millón de ocupados más con contrato indefinido en el último año, acelerándose la creación de empleo indefinido en el último trimestre, con más de 600.000 trabajadores
En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 782.100 personas en el sector privado y en 14.300 en el público, lo que refleja el dinamismo del tejido empresarial español y la eficacia de las medidas adoptadas para su protección durante la pandemia
La inmensa mayoría del empleo creado en el último año ha sido a a tiempo completo, incrementándose en 813.500 el número de ocupados con jornada completa y reduciéndose en 17.100 los trabajadores a tiempo parcial
La positiva evolución del mercado laboral en términos interanuales fue generalizada, habiéndose creado empleo y reducido el paro en casi todos los sectores de actividad y en prácticamente todas las Comunidades Autónomas
En tasa interanual siguió creciendo más la ocupación femenina que la masculina, con 428.300 mujeres más ocupadas. También el descenso del paro fue más pronunciado, reduciéndose la tasa de paro femenino al 14,1%, todavía más de tres puntos superior a la masculina
Sigue reduciéndose el paro juvenil por debajo de los niveles previos a la pandemia, con una disminución 9,9 puntos sobre el mismo periodo del año anterior
El número de ocupados se situó en 20.468.000 trabajadores a finales del segundo trimestre de 2022, la tercera mejor cifra de la serie histórica en un segundo trimestre, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último año el número de ocupados se incrementó en 796.400 personas, con un crecimiento del 4%. Esta evolución fue especialmente positiva en el segundo trimestre del año, con un aumento de 383.300 ocupados, un 1,9% más que el trimestre anterior.

El buen comportamiento del mercado laboral se refleja también en la reducción del número de desempleados, que en términos interanuales bajó en 624.400 personas, un 17,6%, situándose el número total de parados en 2.919.400 trabajadores, siendo la primera vez desde 2008 que la cifra de parados baja de los tres millones. La tasa de paro se redujo casi tres puntos, hasta el 12,5%. En el segundo trimestre del año el paro bajó en 255.300 personas, un 8%.

Especialmente relevante ha sido la evolución en la calidad del empleo, con un crecimiento de la contratación indefinida de más de un millón de ocupados en un año, y una reducción de la temporalidad hasta el 22,3%, lo que la acerca a mínimos históricos. Por otra parte, el sector privado creo el 98,2% del empleo durante el último año. Ambos datos ponen de manifiesto la eficacia de las medidas adoptadas durante la pandemia para proteger el tejido productivo y los efectos positivos de la reforma laboral en el cambio estructural del mercado laboral.

Esta mejora de la calidad se refleja también en los datos de ocupación a tiempo completo, ya que la práctica totalidad del empleo creado ha sido a jornada completa, con un incremento del 4,8% interanual, frente al descenso de la ocupación a tiempo parcial, que se reduce el 0,8%.

Asimismo, el crecimiento de la ocupación y el descenso del paro en términos interanuales fue prácticamente generalizado todas las Comunidades Autónomas, y en casi todos los sectores de actividad, con un incremento de la tasa de actividad y el descenso del número de hogares con todos los miembros en paro.

Este incremento de la ocupación y reducción del paro ha sido compatible con un incremento interanual del número de personas activas de 171.900, alcanzándose una tasa de actividad del 58,7%.

Ocupación

La ocupación se aceleró en el segundo trimestre de 2022, con la creación de 383.300 puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 1,9%.

En el segundo trimestre del año subió la ocupación en Servicios, con 320.200 trabajadores más, en la Industria, con 79.500 más y en la Construcción, con 21.000 trabajadores más y se redujo en Agricultura, en 38.400 personas menos.

En el último año se incrementó la ocupación en todos los sectores, a excepción de Agricultura, siendo especialmente significativo el aumento en el sector Servicios, con 693.3000 ocupados más, seguido de Industria, con 111.500, y Construcción, con 13.400. Por su parte, en el sector agrícola se redujo la ocupación en 21.700 personas.

Por lo que respecta a las Comunidades Autónomas, las Islas Baleares es la región en la que se produjo un mayor incremento de la ocupación en el último trimestre, con 80.200 ocupados más, seguida de Cataluña, con 63.800, y la Comunidad de Madrid, con 61.200. Por el contrario, la ocupación se redujo en el País Vasco, con 18.400 ocupados menos y el Principado de Asturias, con 5.200.

En términos interanuales se produjo un incremento de la ocupación en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Las comunidades en las que más empleo se creó fueron Andalucía, con 123.800 más, Canarias, con 121.100 más y la Comunidad Valenciana, con un incremento de 119.000 trabajadores.

En este último trimestre hay que destacar la creación de empleo indefinido, que se incrementó en 616.700 personas, frente al descenso de 241.300 ocupados con contrato temporal, reflejando los efectos de los cambios introducidos por la reforma laboral. Este cambio en el modelo de contratación se observa en los datos interanuales, con más de un millón de personas más con contratos indefinidos, hasta casi alcanzar los casi 13,5 millones de ocupados, la cifra más alta de la serie histórica. y la reducción en 279.800 de los contratos temporales. De esta forma, la contratación temporal se reduce en 3,1 puntos en el primer semestre de 2022 y se sitúa en el 22,3%, cerca del mínimo histórico.

El sector privado concentró la práctica totalidad del empleo creado a lo largo del último año, con la creación de más del 98,2% de los puestos de trabajo, 782.100 empleos, frente a los 14.300, el 1,8%, creados por el sector público. En el segundo trimestre del año la ocupación se incrementó en 397.600 personas en el sector privado y se redujo en 14.300 en el público.

En el último año el empleo creado fue a tiempo completo con 813.500 ocupados más, mientras que se redujo la ocupación a tiempo parcial en 17.100 personas. Esta tendencia se ha mantenido en el segundo trimestre, con 374.300 ocupados en jornada completa y 9.000 a tiempo parcial.

El incremento de la ocupación interanual fue mayor entre las mujeres, con 428.300 ocupadas más, frente a 368.100 hombres, tendencia que se ha mantenido en el último trimestre, con 198.000 mujeres más trabajando, frente a los 185.300 hombres.

Desempleo

Durante el segundo trimestre del año se redujo el paro en 255.300 personas, el -8%, situándose el número de parados en 2.919.400 personas. En términos desestacionalizados, la variación trimestral es del -6,2%. De esta forma la tasa de paro se sitúa en el 12,5%, lo que supone 1,17 puntos menos que en el trimestre anterior y un descenso de 2,8 puntos en el último año.

En términos interanuales, el paro se redujo en 624.400 personas, un 17,6%, con una reducción generalizada en todos los sectores, especialmente Servicios, con 61.200 parados menos. En el último año se redujeron en 454.600 las personas que perdieron su empleo hace más de un año y en 71.700 los que buscan su primer trabajo. Asimismo, se redujo por debajo del millón el número de hogares con todos los miembros en paro, situándose en 990.300, con una reducción de 167.600 en el último año.

En el segundo trimestre del año bajó el paro en el sector Servicios en 120.700 personas, en Industria, con 18.100 parados menos y en Agricultura, con 10.000 desempleados menos. Por el contrario, aumentó en el sector de la Construcción, con 400 parados más.

Por Comunidades Autónomas, en términos anuales se redujo el paro en prácticamente todas las Comunidades, a excepción de Ceuta y Melilla. Los mayores descensos se produjeron en Cataluña, 118.000 parados menos, y Andalucía, con 114.900 desempleados menos.

En el segundo trimestre también se redujo el paro en la mayor parte de las comunidades y en las que más la reducción fue mayor son la Comunidad de Madrid, con 59.700 parados menos e Islas Baleares, con 54.400 menos.

El número de mujeres desempleadas se redujo en 133.300 en el segundo trimestre y en 121.900 en el caso de los hombres, de forma que la tasa de paro femenina se sitúa en el 14,1%, superior en más de tres puntos a la masculina.

En términos interanuales, el número de parados se redujo un poco más entre las mujeres, con 428.300 desempleadas menos, frente a los 368.100 parados hombres menos.

Sigue reduciéndose el paro juvenil, con una disminución de 1,7 puntos en el trimestre y 9,9 puntos sobre el año anterior y se sitúa en el 28,5%.

Adif tendrá que comunicar con más antelación las obras en la red para evitar perjuicios a las compañías ferroviarias y sus clientes

Adif tendrá que comunicar con más antelación las obras en la red para evitar perjuicios a las compañías ferroviarias y sus clientes

22 Jul 2022

En ocasiones, Adif y Adif Alta Velocidad (AV) deben cortar o restringir el tráfico ferroviario porque realizan obras de mantenimiento y mejora.

Las compañías de tren necesitan conocer con antelación estas circunstancias para poder ofrecer alternativas de viaje a sus clientes.

Actualmente, los gestores comunican la información con tiempo insuficiente.

La CNMC les impone varias obligaciones para solventar esta situación.

Las obras de mantenimiento y mejora son esenciales para asegurar la calidad de las infraestructuras ferroviarias. Estos trabajos afectan a las empresas ferroviarias y a sus clientes porque obligan a modificar, o incluso cancelar, los trayectos de circulación de los trenes previstos.

Por ello, resulta esencial que Adif y Adif AV, los gestores de la infraestructura ferroviaria en España, comuniquen dichas circunstancias con una antelación suficiente a las compañías de tren.

Tras analizar una denuncia presentada por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, la CNMC ha concluido que Adif y Adif AV informan sobre las restricciones de capacidad con una antelación y detalle inferior a la exigida por la normativa (STP/DTSP/034/21).

En consecuencia, la Comisión ha impuesto diversas obligaciones de información y consulta para asegurar que los administradores de la red puedan tener en cuenta las necesidades de las empresas ferroviarias al planificar las obras.

Plazos y consultas

La Decisión Delegada (UE) 2017/2075 establece normas detalladas de transparencia y consulta previa en materia de restricciones de capacidad en función de su impacto. En particular, para aquellas que duren más de siete días y afecten a más del 30% del volumen de tráfico diario, el gestor deberá comunicar la información con al menos 24 meses de antelación sobre el cambio del horario de servicio , y su actualización con al menos con 12 meses de antelación.

El análisis de la Comisión ha permitido concluir que las empresas ferroviarias solo conocen el detalle del alcance de las restricciones de capacidad entre dos y tres meses antes del inicio de las obras, y que los surcos afectados no se reprograman hasta solo unos días antes del inicio de las obras, dificultando la oferta por las empresas de planes alternativos de transporte a sus clientes.

Por ello, dos meses antes de que finalice el plazo para solicitar capacidad por las empresas ferroviarias, Adif y Adif AV deberán actualizar la información sobre las restricciones de capacidad en el horario de servicio (1), y la consultarán con las empresas ferroviarias para tratar de limitar su impacto en la actividad ferroviaria.

Además, deberán mantener actualizado, y con el detalle requerido, el Catálogo de Restricciones Temporales de Capacidad, y deberán facilitar los detalles de los surcos ferroviarios con cuatro meses de antelación respecto al inicio de las restricciones en el caso de los servicios de viajeros, y con un mes de antelación en el caso de los servicios de mercancías.

(1) Los horarios de servicio van de diciembre de un año a diciembre del año siguiente. Cada mes de julio las empresas ferroviarias deben solicitar capacidad de infraestructura para prestar sus servicios en el horario de servicio que comienza en el mes de diciembre siguiente.

El Gobierno concede una subvención de 5 millones de euros a la RAE para ejecutar el proyecto ‘Lengua Española e Inteligencia Artificial’ (LEIA)

26 de julio de 2022

El Gobierno concede una subvención de 5 millones de euros a la RAE para ejecutar el proyecto ‘Lengua Española e Inteligencia Artificial’ (LEIA)

??Esta subvención tiene como objetivo desarrollar la tecnología y las herramientas necesarias para que la inteligencia artificial procese de manera correcta el español.

mineco.gob.es

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha aprobado este martes la concesión directa de una subvención de 5 millones de euros a la Real Academia Española (RAE) para la ejecución del Proyecto ‘Lengua Española e Inteligencia Artificial’ (LEIA).

Esta asignación presupuestaria se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua del Plan de Recuperación y la Agenda España Digital 2026.

Con el objetivo de incrementar y mejorar el uso del español en el ámbito digital, el Gobierno y la RAE unen fuerzas para desarrollar la tecnología y las herramientas necesarias para que la inteligencia artificial (IA) procese de manera adecuada el español.

El proyecto busca promover el desarrollo de una industria basada en las tecnologías del lenguaje (el procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales), que permita a las empresas y los productos en español competir en la revolución tecnológica en marcha.

Por medio de esta acción del Gobierno y la RAE se generarán recursos lingüísticos, herramientas y modelos que se pondrán a disposición de centros de investigación, empresas y usuarios de manera abierta, accesible y en formatos adecuados para su uso y reutilización, generando una importante transferencia de conocimiento a la economía.

Entre las múltiples actividades previstas, destaca la creación de un observatorio de neologismos y tecnicismos donde por medio de la IA se recopilen automáticamente este tipo de palabras en tiempo real.

Ade??más, se crearán y desarrollarán herramientas de verificación lingüística de contenido y de respuesta automática. Para ello es necesario organizar y clasificar adecuadamente todos los datos y crear herramientas que permitan explotarlo óptimamente.

La colaboración entre el Gobierno y la RAE se centra en la toma en consideración de la lengua -y en concreto el español, que es el tercer idioma más usado en Internet después del inglés y el chino- como el elemento fundamental para el desarrollo de chatbots, asistentes virtuales, traducción simultánea y comprensión lectora.

Con los resultados que se obtengan gracias a la ejecución de esta colaboración se beneficiará a toda la comunidad hispanohablante, constituida por 591 millones de personas, el 7,5% de la población mundial.

Sanidad recuerda la importancia de donar sangre en el período estival

Sanidad recuerda la importancia de donar sangre en el período estival

Sanidad – 26.7.2022

El Ministerio de Sanidad vuelve a hacer un llamamiento a la ciudadanía, especialmente en este tiempo estival, para que acuda a donar sangre y recuerda la importancia que tienen estas donaciones para llevar a cabo múltiples tratamientos e intervenciones quirúrgicas y es una necesidad permanente en la asistencia sanitaria.

El Ministerio de Sanidad apunta que la donación es vital para el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales, en estas semanas de mayores desplazamientos por las vacaciones.

Desde el Ministerio de Sanidad se insiste a todas aquellas personas que puedan donar lo hagan en los puntos establecidos en cada ciudad y comunidad autónoma ya que se trata de un acto sencillo y seguro para el donante.

En España, más de un millón y medio de personas, de entre 18 y 65 años, donaron sangre durante el año 2021 y el 15% lo hizo por primera vez. Gracias a la generosidad de los donantes, se realizaron un total de 1.886.500 transfusiones y se pudieron atender a 493.000 personas enfermas.

Por último, Sanidad quiere trasladar su agradecimiento a todas las personas donantes que se acercan a donar sangre o alguno de sus componentes (plasma, plaquetas o hematíes) ayudando a salvar a miles de personas enfermas.

La economía española mantendrá un fuerte crecimiento este año y se moderará en 2023 por los efectos internacionales de la guerra de Rusia en Ucrania

26 de julio de 2022

La economía española mantendrá un fuerte crecimiento este año y se moderará en 2023 por los efectos internacionales de la guerra de Rusia en Ucrania

mineco.gob.es

El Gobierno prevé un crecimiento del PIB del 4,3% en 2022 y del 2,7% en 2023, niveles superiores a la media de la zona euro y en línea con las estimaciones de los organismos nacionales e internacionales.

La economía española mantiene un fuerte crecimiento en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, el incremento de la inflación, la normalización de la política monetaria y las disrupciones en las cadenas de suministro globales.

El dinamismo del mercado laboral, el crecimiento de la inversión impulsada por el Plan de Recuperación, el buen comportamiento del sector exterior y la buena evolución de las cuentas públicas permitirán que España crezca más que las principales economías avanzadas.

En el ámbito laboral se mantiene la intensa creación de empleo en 2022, lo que permitirá reducir la tasa de paro dos puntos, hasta situarse en el 12,8%.
Para 2023, el mantenimiento de los altos precios de la energía, una normalización de la política monetaria más rápida e intensa de lo previsto y la desaceleración económica prevista para la zona euro moderarán el crecimiento económico de España. Estos factores se verán parcialmente compensados por el Plan de Recuperación.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presentado en el Consejo de Ministros el Informe de Situación de la Economía Española, que incluye una actualización del escenario macroeconómico para 2022 y 2023. La presentación del Informe y la actualización de los principales indicadores económicos se enmarca en la aprobación del techo de gasto de las Administraciones Públicas que marca el inicio de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

La economía mantendrá en 2022 un intenso crecimiento que permitirá que el Producto Interior Bruto crezca en 4,3% en 2022, a pesar de la incertidumbre a nivel internacional ocasionada por la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento de la inflación, la normalización de la política monetaria y la persistencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales. Esta previsión de crecimiento está alineada con las estimaciones de los principales organismos nacionales e internacionales y es superior a la de zona euro y las de los principales países comunitarios.

El crecimiento previsto para este año se basa en el excelente comportamiento del mercado laboral, que ha permitido que la afiliación alcance los 20,4 millones de afiliados y que el paro se haya reducido por debajo de los tres millones de desempleados. También por el fuerte crecimiento de la inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual impulsada por el Plan de Recuperación; la favorable evolución del sector exterior, que se refleja en la sorpresa positiva registrada por el turismo durante el primer semestre y la consolidación fiscal.

La actualización de la previsión recoge los datos más recientes, revisándose la composición del crecimiento. De esta forma, el sector exterior pasa a contribuir positivamente al crecimiento, 0,5 puntos porcentuales, gracias al buen comportamiento de las exportaciones en la primera parte del año, así como la buena evolución del turismo, que se espera que este año recupere el 95% del nivel de 2019.

En sentido contrario se revisa ligeramente a la baja la aportación de la demanda nacional, que pasa a contribuir 3,7 puntos porcentuales, por el menor dinamismo del consumo público y privado en el primer trimestre.

Por su parte, las inversiones crecen más de lo previsto, hasta el 9,3%, gracias al dinamismo de la inversión en bienes de equipo impulsada por la aceleración del Plan de Recuperación.

Uno de los elementos destacados en el crecimiento económico en 2022 es la positiva evolución del mercado laboral, favorecido por los cambios impulsados por la Reforma Laboral, que van a permitir que el empleo crezca a un ritmo del 3,7% y el paro pueda reducirse dos puntos, hasta el 12,8%.

La inflación más elevada y persistente durante los últimos meses ha motivado la revisión al alza de la previsión del deflactor del consumo en 2022, que se sitúa en el 7,8%, en línea con las revisiones al alza de la inflación por parte de los principales organismos nacionales e internacionales.

Para el próximo año se revisa ocho décimas a la baja la previsión de crecimiento del PIB, que se estima que alcance el 2,7% en 2023. La economía española mantendrá, por tanto, un crecimiento económico superior a la media de la zona euro y del conjunto de la Unión Europea el año que viene, si bien se verá afectada por el mantenimiento de los altos precios de la energía, que provocarán una normalización de la política monetaria más rápida y el consiguiente aumento de tipos de interés reales que impactarán negativamente en las decisiones de inversión y consumo.

Por otro lado, los altos precios de la energía también provocarán una desaceleración en la actividad económica de la zona euro que reducirá la demanda externa. No obstante, el impacto de estos factores se verá parcialmente compensado la contribución del despliegue de reformas estructurales y las inversiones del Plan de Recuperación.

Por consiguiente, en 2023 la demanda nacional seguirá impulsando el crecimiento económico, con una aportación de 3,3 puntos, apoyada por el dinamismo de las inversiones que, si bien se ven afectadas por la situación internacional, seguirán creciendo a un ritmo elevado del 6,6%, impulsadas por la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación.

Por su parte, el sector exterior se verá afectado por el deterioro de las perspectivas sobre la economía mundial y se prevé que tenga una aportación de -0,7 puntos.

En 2023 se seguirá creando empleo, lo que permitirá continuar reduciendo el desempleo y situar la tasa de paro en el 12% y en el ámbito de los precios, el deflactor del consumo privado registraría una fuerte desaceleración hasta alcanzar un crecimiento del 2,9%.

Nuevo sistema multilateral de negociación: PORTFOLIO STOCK EXCHANGE

Nuevo sistema multilateral de negociación: PORTFOLIO STOCK EXCHANGE

30 de junio de 2022 CNMV

• Se negociarán valores de primera admisión de renta variable y renta fija

El Consejo de la CNMV ha acordado autorizar las normas internas de funcionamiento de Portfolio Stock Exchange (Portfolio), un nuevo sistema multilateral de negociación (SMN o, por sus siglas en inglés, MTF) radicado en España que será gestionado por European Digital Securities Exchange, S.V., S.A.

En Portfolio podrán negociarse valores de primera admisión de renta variable y renta fija.

Un SMN es un tipo de mercado o plataforma multilateral de negociación regulado en MiFID II. Además de Portfolio, existen otros SMN operando actualmente en España: BME MTF Equity (en el que se incluye el segmento BME Growth), Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex), Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF) y Dowgate MTF.

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 7.2 de la Ley del juego

Miércoles, 20 de julio de 2022

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 7.2 de la Ley del juego

La decisión de la Sala se adopta en el marco de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto 958/2020

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad del artículo 7 apartado 2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, por considerar que la remisión operada a la norma reglamentaria para establecer las condiciones y los límites de la actividad publicitaria en materia de juego pudiera ser contraria al principio de reserva de ley, consagrado en el art. 53.1 de la Constitución, todo ello en relación con la libertad de empresa regulada en el art. 38 de la Constitución.

La decisión de la Sección Tercera de la Sala se adopta en el marco de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Española de Juego Digital contra el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego. El Real Decreto impugnado se dictó a partir de la habilitación contenida en el artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

El auto de la Sala indica que la duda de constitucionalidad surge a la vista de los términos genéricos en los que el artículo 7.2 de la Ley 13/2011 se remite a la norma reglamentaria para establecer las condiciones y los límites en los que ha de desarrollarse la actividad de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial de las actividades de juego por parte de los operadores, por su eventual contradicción con el principio de reserva de ley contenido en el art. 53.1 CE en relación con la libertad de empresa (art. 38 CE)”.

Según el Supremo, “una remisión como la realizada por dicho precepto legal pudiera ser contraria al principio de reserva de ley que se configura en nuestro ordenamiento como una garantía del Estado de Derecho por la que los ámbitos materiales afectados por la reserva de Ley se regularán precisamente mediante Ley, limitándose el reglamento a cumplir un papel complementario y subordinado a la Ley y sin que pueda establecer una regulación independiente de la misma”.

La Sala indica que del juicio de constitucionalidad que se alcance sobre el art. 7.2 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo depende la validez de la habilitación al reglamento y, por lo tanto, la validez o nulidad de la regulación contenida en el Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, especialmente en relación a las condiciones, límites y prohibiciones que la norma reglamentaria establece.

La CNMC recomienda liberalizar el transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 km

La CNMC recomienda liberalizar el transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 km

20 Jul 2022

Promoción de Competencia

En España, las rutas se explotan en régimen de monopolio, al contrario que en Alemania, Italia, Francia o Portugal donde hay competencia en media y larga distancia.

La liberalización en estos países ha supuesto menores precios, el aumento de la conectividad y de las frecuencias, y mejor calidad del servicio.

Para las rutas no liberalizadas, se recomienda mejorar el diseño de las licitaciones y de la gestión de las concesiones, así como eliminar restricciones en otros servicios de transporte, como los discrecionales, turísticos o de uso especial.

La CNMC propone la liberalización para las rutas de media y larga distancia, tal como ha sucedido en Italia, Francia, Alemania o Portugal, en su “Estudio sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús” (E/CNMC/006/19).

España representa actualmente el mayor mercado europeo que mantiene un sistema concesional en el transporte en autobús de media y larga distancia. Esto supone que empresas privadas prestan el servicio en régimen de monopolio a través de una concesión administrativa que les otorga la explotación en exclusiva de unas determinadas rutas.

La CNMC considera que el contexto actual es idóneo para plantear una liberalización del mercado, tal como indica la tendencia europea. La Comisión Europea ha aprobado una Propuesta para liberalizar los trayectos nacionales superiores a 100 kilómetros. Esta propuesta ha sido aprobada por el Parlamento Europeo y está pendiente de aprobación por el Consejo de la UE.

Además, la situación de las concesiones españolas en términos de caducidad y desactualización y la liberalización en curso del sector ferroviario proporcionan, a juicio de la CNMC, una ventana de oportunidad para reevaluar el sistema concesional y plantear una liberalización del mercado.

Liberalización en Europa

En los últimos años, países como Alemania, Italia, Francia o Portugal han liberalizado sus servicios interurbanos de transporte en autobús de media y larga distancia. Los resultados han sido positivos para los viajeros: menores precios, un aumento de la conectividad y de las frecuencias y una mejor calidad del servicio.

Asimismo, frente a la rigidez del sistema concesional, en un sistema liberalizado las empresas pueden adaptar sus servicios a la demanda con mayor rapidez, crear nuevas rutas o ajustar las existentes.

El sistema concesional en España

Un aspecto esencial del sistema concesional es la posibilidad de que exista competencia por el mercado a través de la licitación de las concesiones. La competencia entre licitadores permite que las concesiones se adjudiquen a las empresas que ofertan las mejores condiciones de calidad y precio para los usuarios y al menor coste para las Administraciones Públicas.

Sin embargo, el análisis efectuado por la CNMC sugiere que el sistema concesional español vigente tiene margen de mejora desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica eficiente:

Concesiones caducadas: a finales de 2019, un 52% de las concesiones españolas (estatales y autonómicas) analizadas estaban caducadas[1].

Recurso frecuente a las prórrogas de las concesiones: en las concesiones estatales y en las de la mayoría de las Comunidades Autónomas, la duración media en 2019 de las concesiones operativas superaba la duración legal máxima de diez años, e, incluso, en algunas CC.AA., los 30 años de media.

Falta de competencia: existen ventajas de los concesionarios iniciales frente a otros licitadores (por ejemplo, tienen mejor información sobre la rentabilidad de las rutas), hay una elevada la conflictividad judicial y las condiciones de los pliegos de licitación limitan competencia en los concursos.

Recomendaciones de la CNMC

La CNMC propone una batería de recomendaciones para mejorar la competencia en el sector, la eficiencia, la calidad y los precios de estos servicios.

Respecto a la liberalización:

Liberalizar los servicios de transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 100 kilómetros.
Establecer un organismo regulador independiente, que supervise el proceso de liberalización y resuelva posibles conflictos.

Respecto a los trayectos que no queden liberalizados:

Mejorar el diseño de los pliegos de licitación, para eliminar barreras a la competencia y asegurar una gestión eficiente de las concesiones restantes.
Asegurar una adecuada gestión de las concesiones: licitar las que estén caducadas, liberalizar las concesiones caducadas tras dos años desde su caducidad si no se ha convocado un nuevo concurso y únicamente recurrir a las prórrogas en situaciones excepcionales.
Mitigar las ineficiencias asociadas al sistema concesional: reforzar las obligaciones de transparencia de los concesionarios; impulsar una reforma del marco institucional para contar con una representación equilibrada de todos los agentes involucrados (incluyendo las asociaciones de usuarios y las de operadores de menor tamaño); fortalecer la cooperación interterritorial entre las administraciones públicas y reducir las restricciones a la operación de servicios conexos, como los turísticos o especiales.

Este estudio responde al compromiso previsto en el Plan de Actuación de la CNMC para 2021-2022 de elaborar estudios en sectores con una contribución directa sobre el bienestar de los ciudadanos y para mejorar las condiciones de competencia en el sector.

La inmigración es el principal elemento de crecimiento de la población

La inmigración es el principal elemento de crecimiento de la población

UGT

11 julio 2022


El 17% de la población total de España, tiene su origen en un movimiento migratorio hacia nuestro país. Desde 2017 la inmigración es el principal elemento de crecimiento de población, tanto de población de nacionalidad española como extranjera. UGT recuerda que las migraciones han sido determinantes de las variaciones de población de los últimos 20 años y han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

A 1 de enero de 2022 había 47.435.597 personas empadronadas en España, el 51% mujeres, según los datos provisionales de la Encuesta del Padrón Continuo del INE. Del total de población, 5.512.558 personas tenían nacionalidad extranjera, de las que el 49´8% eran mujeres. La población de nacionalidad extranjera supone el 11´6% de la población total del país. A estas cifras hay que añadir 2.514.988 personas con nacionalidad española nacidas en el extranjero, lo que supondría que el 17% de la población total, 8.027.546 personas, son el resultado de la migración hacia España.

Las crisis afectan a los flujos migratorios, determinantes para la población

En el año 2020 el crecimiento vegetativo de la población residente en España fue negativo en -153.167 personas. Esta dinámica ha tenido continuidad en el año 2021 con un saldo de -113.876 personas.

Aun así, el saldo migratorio positivo en 2020 y 2021 han compensado este descenso vegetativo de la población residente en España. En el año 2021, según los datos provisionales de la Estadística de Migraciones del INE, el saldo migratorio es positivo en 153.094 personas, pero inferior al del 2020 y muy alejado del saldo migratorio positivo de 2019. Esto se debe, sin duda, a las consecuencias extendidas de la COVID-19, en materia de salud, restricciones, economía y trabajo.

Cuando los saldos migratorios han sido negativos como consecuencia directa de la crisis económica iniciada en el año 2008, la población total de nuestro país ha descendido. España tuvo saldos migratorios negativos entre los años 2010 a 2015, en este último año debido exclusivamente al saldo migratorio negativo de población de nacionalidad española que no pudo ser compensado por la entrada en el país de personas de nacionalidad extranjera. Estos saldos migratorios negativos, dieron lugar a pérdidas de población total.

El Tribunal Supremo establece que la retribución abonada por la sociedad a un socio mayoritario no administrador puede ser un gasto deducible

Viernes, 22 de julio de 2022

El Tribunal Supremo establece que la retribución abonada por la sociedad a un socio mayoritario no administrador puede ser un gasto deducible

Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2022 (rca. 6278/2020) y de 11 de julio de 2022 (rca. 7626/2020)

Autor Comunicación Poder Judicial

En dos sentencias dictadas en este mes de julio, el Tribunal Supremo admite que las empresas puedan deducir como gasto, en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a un socio mayoritario que no sea administrador.

Frente a la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles, por no ser obligatorias (las calificaba de liberalidad), el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto, cuando se acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.

Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Dimitry Berberoff, destacan que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial.

La posición de la Administración se basaba en una confusión de personalidades y de propiedades al apuntar que el socio era el “dueño” o “propietario” de la empresa, obviando que existen dos personalidades jurídicas diferenciadas, la de la sociedad y la de sus socios. Para el Alto Tribunal, “desdibujar una premisa -con la finalidad de preservar la integridad del gravamen-, sobre la que, desde hace siglos, ha venido erigiéndose buena parte del Derecho actual, reclama una sólida justificación” que, en este caso, no se produjo.

Para estas sentencias, “la preocupación de evitar o amparar situaciones fraudulentas” subyace en la negativa de la Administración a considerar deducible ese gasto pero ?advierte el Tribunal Supremo-, la Administración “carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima, sino que, como presupuesto de su actuación tributaria posterior, habrá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” porque “lo que está en juego es el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.”

Recuerda el Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico proporciona una definición en negativo o excluyente de gastos deducibles, ya que se centra en los “no deducibles”, de modo que la noción de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades debe construirse “sobre la base de la regla general (deducibilidad)/excepción (no deducibilidad), atendiendo al espíritu y finalidad perseguida por la norma jurídica.”

Finalmente, considera que “en casos como el que nos ocupa, evidentemente, nadie puede pretender que, quien realice la actividad o preste el servicio se desprenda o abstraiga de su condición de socio, accionista o participe, razón por la que, el acento deberá ubicarse en la realidad y efectividad de la actividad desarrollada, más que en la condición de socio, accionista o participe de quien la realiza.”

Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

La CNMC recomienda facilitar la retirada de efectivo en comercios con tarjeta como alternativa a los cajeros

La CNMC recomienda facilitar la retirada de efectivo en comercios con tarjeta como alternativa a los cajeros

12 Jul 2022

Promoción de Competencia

En los últimos 15 años han desaparecido el 23% de los cajeros debido al cierre de oficinas bancarias y a la digitalización del sector.
En España, un 55% de los municipios, donde reside un 3% de la población, carecen de un cajero automático.
En otros países europeos es más habitual que los clientes retiren dinero en las tiendas sin necesidad de recurrir a los cajeros.

La CNMC realiza una serie de recomendaciones en el “Estudio sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos” con el fin de que los ciudadanos que están en riesgo de exclusión financiera (zonas rurales y los colectivos vulnerables) tengan más facilidades para poder acceder a este tipo de servicios. (E/CNMC/003/21).

Entre otras, señala la necesidad de adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el cashback y el cash-in-shop, muy extendidas en países de nuestro entorno, que permiten retirar efectivo en comercios locales (ver explicación abajo). Además, la CNMC recuerda que el apoyo público a sistemas de acceso a efectivo en zonas rurales puede hacerse a través de licitaciones públicas y la concesión de ayudas, que no deben distorsionar la competencia.

La CNMC ha elaborado el Estudio a solicitud de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, a raíz de una Proposición No de Ley aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados.

Sistemas alternativos a los cajeros automáticos

En el caso del sistema cashback, cuando el cliente compra un producto en un comercio y lo paga con su tarjeta bancaria o a través de una aplicación puede solicitar al vendedor que le cobre el precio de compra más una cantidad. Esa cantidad adicional se le devolverá en efectivo. En el caso del cash-in-shop, no es necesario vincular la retirada de efectivo a una compra.

El impulso de ambas fórmulas facilitaría que se extendieran los puntos de acceso al efectivo y la inclusión financiera de quienes no disponen de un cajero automático cercano.

En cuanto a la segunda recomendación del informe, la CNMC recuerda que las iniciativas de contratación pública y de concesión de subvenciones para la instalación de cajeros u otros sistemas de acceso a efectivo deben impulsar la competencia y evitar que se expulse a la iniciativa privada. Para ello recomienda seguir las pautas de las guías de contratación pública y ayudas públicas de la CNMC.

Asimismo, la CNMC incluye las siguientes conclusiones en su informe:

Reducción de cajeros. El número de cajeros automáticos en España ha disminuido un 23% en los últimos 15 años a causa del cierre de oficinas bancarias y la digitalización.


Reducción del uso de efectivo. Las personas más jóvenes y las de mayor edad son las que más utilizan el efectivo. En 2021, menos del 36% de los ciudadanos en España declaraban utilizarlo como medio de pago más habitual, frente al 80% en 2014.


Zonas rurales sin servicio de retirada de efectivo. Aunque España es uno de los países europeos con una red más extensa de cajeros automáticos, el 55% de los municipios españoles (donde reside un 3% de la población) carecen de cajero automático.


La competencia contribuye a una mayor inclusión financiera, ya que estimula a los operadores a proponer una oferta de servicios más extensa y completa.


La regulación de las tasas de intercambio por retirada de efectivo (las tasas interbancarias) puede desincentivar la instalación de cajeros. Además, las grandes diferencias de costes y número de clientes entre cajeros dificultan el establecimiento de tasas que se adecúen a todos los casos sin poner en riesgo la sostenibilidad de los cajeros con menor demanda.


Baja penetración de sistemas alternativos. Los sistemas de cashback y cash-in-shop están más desarrollados en otros países europeos y cuentan con gran potencial para aumentar el acceso a efectivo

.
Las medidas públicas para fomentar la instalación de cajeros automáticos y otros sistemas alternativos de acceso al efectivo (regulaciones, procedimientos de contratación pública y de ayudas públicas) deben regirse por los principios de regulación económica eficiente y promover la competencia para alcanzar los mejores resultados.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

19/07/2022

Establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles al ciudadano, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

La digitalización de la Justicia ha supuesto, desde marzo de 2020, un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19M€, evitándose la emisión de 9.124 toneladas de CO2, equivalente a 1.382 vueltas al mundo.

Pilar Llop: “Damos un paso más en la hoja de ruta de un plan que tenemos bien definido y consensuado en cogobernanza con las CCAA, las instituciones y los operadores jurídicos”.
?También se ha aprobado la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para que las víctimas de violencia de género no sean asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio condenados por esta causa.

19 de julio de 2022.- El Gobierno ha aprobado hoy, en Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia.

?Este proyecto establece un marco jurídico de vanguardia para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, regulando los servicios digitales accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsando su eficiencia y orientando al dato los sistemas de Justicia.

Al mismo tiempo, atiende de forma prioritaria a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, junto con las otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, actualmente ya en trámite parlamentario. “Esta ley complementará las dos anteriores; es un paso en la hoja de ruta de un plan que tenemos bien definido, consensuado con las CCAA y los operadores jurídicos, y que tiene recursos para hacerse realidad, gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Llop ha destacado que, desde marzo de 2020 hasta junio de este año, gracias a la digitalización de la Justicia, impulsada a raíz de la pandemia, “se han producido más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales -entre juicios telemáticos y otros tipos de actuaciones-, lo que ha supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19 millones de euros y se ha evitado la emisión de 9.124 toneladas de CO2, equivalente a 1.382 vueltas al mundo”.

Cogobernanza

La necesidad de adaptarse a la nueva realidad tecnológica del siglo XXI es compartida por el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia. “Este proyecto de ley es un medio común para garantizar el derecho fundamental de acceso en igualdad a la Justicia en todo el territorio estatal, poniendo el foco en el impulso de la cogobernanza, así como en la transparencia y el respeto al Estado de derecho”, ha dicho la titular de Justicia.

Llop ha asegurado que “se trata de un proyecto de ley que está repleto de mejoras aportadas por todas las CCAA, así como por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado”.

Este modelo de coordinación y decisión basado en la cogobernanza supone también un impulso a las funciones de organismos como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) o la creación de otros como el Consejo Consultivo de la Transformación Digital de la Administración de Justicia, donde se podrán integrar otros colectivos y organizaciones, incluso del sector privado.

Generalización de medios electrónicos

El proyecto de ley generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas. Junto a estos medios de acceso, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura que permite acceder con garantías a la Carpeta de Justicia, y que posibilitará a cada persona consultar sus asuntos, sus expedientes, sus actos de comunicación y pedir cita previa.

La nueva ley regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Cl@ve Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia; así como la mejora en las prestaciones de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.

Se confiere, también, un marco adecuado para que todos los profesionales y el personal al servicio de la Administración de Justicia puedan desempeñar sus funciones mediante teletrabajo y trabajo deslocalizado. “Es una forma de avanzar en la conciliación de la vida profesional y familiar desde la óptica digital, reconociendo además de manera expresa el derecho a la desconexión digital”, ha indicado la ministra.

Otro de los aspectos esenciales de este proyecto de ley es el de garantizar la plena seguridad jurídica en la inmediación digital. Con ese fin, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros. “La posibilidad de poder declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez, implica una reducción de los tiempos de la Justicia”, ha destacado Llop.

Orientación al dato

La ley fortalecerá la interoperabilidad de los sistemas existentes mediante el intercambio y la transmisión de documentos electrónicos entre órganos judiciales o fiscales. En este sentido, contempla la potenciación del Expediente Judicial Electrónico, introduciendo un cambio de paradigma, por el que se pasa de la orientación al documento a la orientación al dato. Atendiendo a la importancia capital de los datos en nuestra sociedad digital, se apuesta por su empleo racional, incorporando en la Administración de Justicia el concepto de dato abierto.

Esa orientación al dato permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, aunque siempre con el respeto pleno a las leyes procesales y bajo criterios legales objetivos y públicos, atendiendo a la importancia que tiene para la sociedad obtener resoluciones judiciales en un plazo razonable.

De igual forma, la preferencia por las comunicaciones judiciales telemáticas, siempre en condiciones de plena seguridad jurídica, tendrá similar orientación al dato, previéndose mecanismos para la transmisión de comunicaciones masivas.

En definitiva, “se trata de un proyecto de ley basado en la ciudadanía y el diálogo; en la pluralidad, el respeto a cada territorio, mientras hacemos crecer lo común; eso es transformar el Servicio Público de Justicia”, ha explicado Llop.

Asistencia de calidad para las víctimas

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy también el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

El objetivo de esta modificación es garantizar a las víctimas de violencia de género que son asistidas y representadas por letrados de los turnos de oficio, especializados en esta área, un asesoramiento de calidad, sin que sea posible la participación en dicho servicio de abogados que hayan sido condenados por violencia de género.

La motivación de este real decreto tiene su origen en una recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Ministerio de Justicia, a raíz de una queja formulada por una federación de asociaciones de mujeres en la que se expone que abogados condenados por violencia de género ejercen como abogados de oficio en asuntos relacionados con estos delitos en turnos especializados.

Asimismo, conscientes de la existencia de otras víctimas especialmente vulnerables –como las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, víctimas menores de edad y víctimas con discapacidad-, la norma se hace extensible a otros casos, de forma que abogados y procuradores del turno de oficio no podrán ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que han sido condenados.

“Gracias al papel de las organizaciones feministas hemos conseguido esta reforma que, aunque solo afecta a dos artículos de la ley, es muy importante en sus implicaciones. Este Gobierno pone el foco, una vez más, en las mujeres y en sus hijos e hijas”, ha concluido Llop.

El 90% de las viviendas en España dispone de conexión fija ultra rápida

11 de julio de 2022

El 90% de las viviendas en España dispone de conexión fija ultra rápida

mineco.gob.es

En las zonas rurales, 7 de cada 10 viviendas disponen de conexión fija ultra rápida a 30 de junio de 2021. En este ámbito, el porcentaje de cobertura prácticamente se ha duplicado en 3 años.
?Desde 2018, el Gobierno ha invertido 655 millones de euros en ayudas que han movilizado 1.120 millones de inversión privada, lo que ha permitido dotar de cobertura en banda ancha ultrarrápida a 4 millones de viviendas.

La brecha digital se ha reducido a la mitad desde 2018, pasando de 42 puntos porcentuales a 20.

El despliegue de redes móviles se concentra en la tecnología 5G, cuyo índice de penetración se ha multiplicado por 5 en el último año. La cobertura 4G es prácticamente general.

Con la ejecución de los programas de ayudas activos, se prevé lograr una cobertura del 94,2% en 2023.

El Plan de Recuperación y la Agenda España Digital, hoja de ruta del Ejecutivo para la digitalización, fijan como objetivo garantizar la cobertura de al menos 100Mbps al 100% de la población en 2025.

?Por primera vez, se utiliza una metodología que toma como referencia calles y portales en vez la entidad singular de población, dado los altos niveles de cobertura alcanzados y la necesidad de tener datos con mayor granularidad.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España 2021 que da a conocer los avances en materia de conectividad hasta el 30 de junio de 2021.

Las cifras del estudio indican que el despliegue de infraestructuras de redes fijas ultrarrápidas sigue extendiéndose por el territorio nacional donde prácticamente el 90% viviendas tenían esta conexión. El 88,3% del territorio nacional tenía cobertura de al menos 100 Mbps –con redes FTTH, HFC o cable coaxial- a finales de junio del año pasado. En las zonas rurales, el 70% viviendas disponía de cobertura ultra rápida en junio de 2021.

Desde 2018, el Gobierno ha invertido 655 millones de euros en ayudas que han movilizado 1.120 millones de inversión privada, lo que ha permitido dotar de cobertura en banda ancha ultrarrápida a 4 millones de viviendas.

La brecha digital se estrecha

En el ámbito de las redes de altas capacidades, la brecha digital continua reduciéndose (en 5,4 puntos porcentuales en el último año), a pesar de los efectos producidos por la pandemia. El gap (la diferencia entre cobertura en zonas rurales y total) se ha reducido a la mitad en los últimos cuatro años, pasando de 42 puntos porcentuales a solo 20.

Estos datos confirman los efectos del impulso adicional que aceleró las ayudas a partir de 2018, para impulsar el despliegue de la banda ancha en España con especial atención a las zonas rurales. La proyección realizada en el informe apunta que esa brecha quedará por debajo de 10 puntos porcentuales en 2023 y desaparecerá por completo a finales de 2025.

El Programa UNICO Banda Ancha, junto con el programa antecesor PEBA, ha permitido promover actuaciones en todo el territorio para estrechar la brecha digital, fijar población en zonas rurales, contribuir a su desarrollo y construir una sociedad más cohesionada. Destaca la continuada reducción del gap que ya es de sólo 20 puntos, acercándose al cumplimiento del objetivo establecido en la Agenda España Digital: 100% de la población con cobertura 100 Mbps en cualquier parte del territorio.

En la actualidad, la brecha se ha cerrado casi completamente en la cobertura de banda ancha de 30 Mbps. Las cifras del informe ya apuntan a que el 96,2% de las viviendas tenía conectividad de 30 Mbps en España. En las zonas rurales, era del 91,2% (ver anexo).

Redes móviles

El informe anual también destaca los datos de la cobertura móvil 4G, que alcanza prácticamente el 100% de la población tanto en el ámbito urbano (99,91%) como en el rural (99,6%), aunque persisten algunas zonas de sombra en partes del territorio.

La mayoría de las inversiones en banda ancha móvil se concentraron en el despliegue de las infraestructuras 5G, cuyo índice de penetración se ha multiplicado por cinco en el último año hasta alcanzar el 59% de la población mediante distintas soluciones tecnológicas. La cobertura 5G mediante las bandas prioritarias (New Radio) se situó en el 33,53% en junio de 2021.

De acuerdo con la Agenda España Digital, el objetivo es alcanzar una cobertura en redes móviles 5G del 75% de la población para 2025. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé inversiones de 1.500 millones de euros para el impulso a esta tecnología disruptiva.

Nueva metodología: datos más precisos

En la elaboración del ‘Informe de cobertura de banda ancha en España 2021’ se ha utilizado por primera vez una metodología que toma como referencia la parcela catastral (calles y portales) en vez la entidad singular de población, dado los altos niveles de cobertura alcanzados y la necesidad de tener datos con mayor granularidad. De este modo se consigue una identificación más precisa de aquellas zonas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha y por lo tanto pueden ser susceptibles de recibir ayudas para su despliegue.

Esta metodología que utiliza datos georreferenciados es además una recomendación del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas – ORECE- (BEREC, por sus siglas en inglés).

También, por primera vez, se ha tomado como fuente de información los datos del catastro de agosto de 2020 y no las estimaciones del INE como se venía realizando hasta ahora. Esto ha favorecido una aproximación más certera respecto a las viviendas en España.

Este cambio ha hecho que afloren más viviendas (en torno a 225.000 a nivel nacional) de las inicialmente estimadas y que servían de referencia para el cálculo de las ratios en los informes anteriores.

La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios confirma la aceleración de inversiones y reformas del Plan de Recuperación en 2022 y aprueba un Catálogo de Buenas Prácticas para reforzar el tejido empresarial y aumentar su competitividad

18 de julio de 2022

La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios confirma la aceleración de inversiones y reformas del Plan de Recuperación en 2022 y aprueba un Catálogo de Buenas Prácticas para reforzar el tejido empresarial y aumentar su competitividad

??El Gobierno ha asignado en lo que va de año casi 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar con los fondos europeos proyectos en el ámbito de sus competencias. Se han resuelto ya 650 convocatorias de nivel autonómico, con 21.000 proyectos beneficiarios.

Las regiones que han recibido un mayor volumen de fondos europeos Next Generation UE del Plan de Recuperación son Andalucía (2.598 millones de euros), Cataluña (2.227 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.689 millones de euros), Canarias (1.099 millones de euros), Castilla y León (998 millones de euros) y Galicia (951 millones de euros).

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha anunciado que enviará una carta a los presidentes de las Comunidades Autónomas solicitando sus propuestas para incluir en la adenda del Plan de Recuperación, que se presentará en la segunda parte del año.

El Catálogo de Buenas Prácticas es el resultado de la buena cooperación entre las diferentes Administraciones territoriales para identificar las mejores políticas públicas para crear un clima de negocios óptimo para las empresas, que favorezca su creación y desarrollo, especialmente de las pymes.

Recoge más de 90 iniciativas en materia de fomento de la actividad empresarial aportadas por todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y diversos municipios.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido la cuarta reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. En el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han participado presencialmente los consejeros de Economía y/o Hacienda de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La vicepresidenta ha analizado la evolución de la situación macroeconómica y ha repasado las últimas medidas aprobadas en el Congreso y anunciadas por el presidente del Gobierno la semana pasada en el debate sobre el estado de la nación para contener la inflación, garantizar un reparto justo de la guerra y seguir apoyando a los ciudadanos y las empresas, especialmente a los colectivos más vulnerables.

Aprobación del Catálogo de Buenas Prácticas

En esta reunión se ha aprobado un Catálogo de Buenas Prácticas Regulatorias y de Clima de Negocios, fruto de la colaboración entre las diferentes administraciones. El Catálogo identifica buenas prácticas del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para fomentar la actividad empresarial que puedan servir de referencia para las diferentes administraciones públicas con el objetivo de favorecer su conocimiento y aplicación en otros territorios.

El catálogo recoge más de 90 iniciativas presentadas por las diferentes administraciones que, como elemento común, mejoran el ámbito regulatorio y el clima de negocios simplificando la legislación existente, fomentan la cultura emprendedora, preservan un tejido productivo solvente, atraen e impulsan inversiones o reducen cargas burocráticas y simplifican trámites. Todas estas iniciativas son susceptibles de ser extrapoladas o aplicadas en diferentes contextos.

Las medidas, proyectos y estrategias de las Administraciones participantes se han agrupado en diez categorías de buenas prácticas entre las que destacan: proyectos de especial interés territorial, apoyo al emprendimiento, reducción de cargas administrativas o análisis y racionalización de procedimientos. En la elaboración de este documento han participado todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y varios municipios.

La elaboración y aprobación de este documento pone de manifiesto la voluntad de cooperación de todas las administraciones para mejorar la regulación y el clima de negocios y fomentar así las inversiones, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Avance del Plan de Recuperación

En el encuentro la vicepresidenta también ha informado a los representantes de las comunidades autónomas y de la FEMP del avance despliegue del Plan de Recuperación.

Con datos hasta el 7 de julio, el porcentaje de ejecución del presupuesto autorizado del Plan de Recuperación por parte de la Administración General del Estado supera el 53% del crédito total presupuestado, porcentaje equivalente a 15.100 millones de euros.

Hasta la fecha, el Gobierno ha asignado casi de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar proyectos en el ámbito de sus competencias y éstas han resuelto ya 650 convocatorias de nivel autonómico, que cuentan con 21.000 proyectos beneficiarios.

Las regiones que han recibido una mayor transferencia de fondos europeos Next Generation UE del Plan de Recuperación son Andalucía (2.598 millones de euros), Cataluña (2.227 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.689 millones de euros), Canarias (1.099 millones de euros), Castilla y León (998 millones de euros) y Galicia (951 millones de euros).

La vicepresidenta ha anunciado el próximo envío de una carta a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas solicitando sus propuestas para la adenda del Plan de Recuperación que está preparando el Gobierno. Esta adenda tendrá como objetivo movilizar las transferencias adicionales de los fondos europeos, así como los créditos, lo que permitirá reforzar y dar continuidad a los proyectos de mayor impacto más allá de 2023.

A través del proceso de cogobernanza que rige el Plan se han puesto en marcha ya 11 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), para articular de forma coherente en todo el territorio las inversiones en los sectores tractores de transformación y modernización de la economía. Todas las comunidades autónomas cuentan con alguna empresa o con algún centro de investigación implicado en el desarrollo de los PERTE ya aprobados y las convocatorias ya resueltas.

Cabe señalar que se ha puesto en marcha el nuevo programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, RETECH, dotado con 530 millones de euros para impulsar de forma conjunta con las administraciones regionales los proyectos propuestos por las comunidades Autónomas que no tienen encaje en los PERTE.

La Policía Nacional e INCIBE publican una guía para impulsar las habilidades digitales de los usuarios de más de 60 años

Titulada La ciberseguridad al alcance de todos

La Policía Nacional e INCIBE publican una guía para impulsar las habilidades digitales de los usuarios de más de 60 años
Esta iniciativa les permitirá adquirir las nociones básicas necesarias para navegar con confianza y seguridad por Internet

Está dirigida al público senior, pero es de utilidad para cualquier usuario que necesite adquirir o reforzar sus competencias en materia de ciberseguridad

Guía de Ciberseguridad

13/07/22

La Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, han publicado la guía La ciberseguridad al alcance de todos, con el objetivo de impulsar y potenciar las habilidades digitales de los usuarios mayores de 60 años.

El documento, que se enmarca en la campaña ‘Experiencia Senior’ y será de utilidad para todos los públicos, utiliza un lenguaje cercano y emplea contenidos visuales que facilitan su comprensión. Así, se proporcionan las pautas básicas que cualquier ciudadano debe seguir para proteger sus dispositivos personales y garantizar su seguridad y privacidad cuando navegue por Internet.

Esta guía describe la importancia de prevenir los riesgos a los que se puede enfrentar cualquier usuario de Internet, y proporciona las herramientas necesarias y las capacidades de ciberseguridad para minimizarlos. Además, incide en que la ciberseguridad no requiere de grandes conocimientos informáticos ni equipos tecnológicos avanzados y, a través de un contenido didáctico, repasa diferentes habilidades básicas para usar la red de forma segura.

La guía se desglosa en siete grandes apartados: ‘Tus dispositivos y su seguridad’, ‘Protege tus cuentas y tu información’, ‘Acceder a Internet y navegar de forma segura’, ‘Descubre y evita los principales tipos de fraude’, ‘Disfrutando de las redes sociales y las comunicaciones por Internet sin riesgos’, ‘Checklist de seguridad’ y ‘Recursos para ampliar’.

Para más información, se puede descargar el documento completo en la página web de la Oficina de Seguridad del Internauta de

INCIBEhttps://www.osi.es/sites/default/files/docs/senior/guia_ciberseguridad_para_todos.pdf


Además, desde INCIBE se recuerda que, ante cualquier duda, los usuarios pueden llamar al 017 o contactar a través de los canales de chat de WhatsApp o Telegram de Tu Ayuda en Ciberseguridad, donde expertos en la materia resolverán cualquier problema, de manera gratuita y confidencial.

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la modificación puntual del PGOU de Madrid en el Área de Planeamiento denominado ‘Metro Cuatro Caminos’

Viernes, 15 de julio de 2022

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la modificación puntual del PGOU de Madrid en el Área de Planeamiento denominado ‘Metro Cuatro Caminos’
Por ausencia del preceptivo estudio o memoria de sostenibilidad económica

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la Modificación Puntual del PGOUM-97 (Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997) en el ámbito del nuevo Área de Planeamiento denominado ‘Metro Cuatro Caminos’, aprobado definitivamente por acuerdo de 26 de junio de 2014 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ausencia del preceptivo estudio o memoria de sostenibilidad económica.

El Supremo desestima los recursos planteados por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid y Residencial Metropolitan contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acordó dicha nulidad al estimar un recurso de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

El alto tribunal tampoco admite que, en vez de decretarse la nulidad de la Modificación del Plan, se debería dar la oportunidad de que tanto la memoria económica como incluso la evaluación ambiental pudieran realizarse en trámite de ejecución de sentencia, como un elemento más del nuevo planeamiento que se incorporaría a la Modificación que ya habría causado estado.

La Sala contesta que no es admisible “lo pretendido ahora por las partes recurrentes de que limitemos el pronunciamiento de nulidad por un trámite de la Modificación para que dicho trámite se subsane tras nuestra sentencia, a modo de ejecución, adquiriendo con ello la Modificación plena vigencia. Porque esa solución es contraria a la misma naturaleza de una declaración de nulidad”.

Agregan que sería una solución contraria a la propia lógica jurídica, “porque si con los informes que han de emitirse en la aprobación de los instrumentos de ordenación se pretende, como ya antes se dijo, ofrecer al planificador elementos de juicio para poder acoger, entre las opciones admisibles, aquella que sea más acorde a los intereses en conflicto en la ordenación territorial o urbana, así como la de evitar la arbitrariedad, en cuanto esos informes servirían de motivación a la decisión acogida, es manifiesto que si esos informes han de evacuarse cuando ya el Plan, la Modificación, está aprobada; difícilmente puede servir a tales fines y difícilmente podrían emitirse sin contar con lo ya decidido”.

En la sentencia ahora confirmada, el TSJ de Madrid declaró la nulidad de la Modificación por tratarse de una transformación urbanística en el ámbito inicial del PGOUM-97, que conlleva el nacimiento de un nuevo ámbito en una zona de suelo urbano consolidado en el marco de una trama urbana del mismo carácter, y que prevé cesiones, para redes, viario, zona verde y administración pública, “sin que el estudio de viabilidad haya evaluado el coste financiero del mantenimiento que esas infraestructuras irrogaría a las arcas municipales”.

En ese sentido, el Supremo reitera su jurisprudencia de que tanto el informe o memoria de sostenibilidad económica o, en caso de actuaciones en suelo urbano, la memoria de viabilidad económica, “constituyen requisitos necesarios para la aprobación de tales instrumentos de ordenación y que su omisión comporta la nulidad de pleno derecho de los mismos”.

En el caso examinado, la sentencia determina que “no puede estimarse que se hubiera elaborado, durante la tramitación del procedimiento, un estudio o memoria de sostenibilidad económica, como era preceptivo”, lo que supone un vicio de nulidad de la resolución impugnada y de la Modificación aprobada, de conformidad con lo establecido en el artículo 47.2º de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El pleno del TC declara inconstitucionales y nulos por motivos competenciales los preceptos de la ley de caza de Castilla y León que permitían la caza del lobo al norte del río Duero

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

El pleno del Tribunal Constitucional declara inconstitucionales y nulos por motivos competenciales los preceptos de la ley de caza de Castilla y León que permitían la caza del lobo al norte del río Duero

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno frente a varios preceptos de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, por incurrir en contradicción con la normativa básica sobre medio ambiente y, por lo tanto, invadir la competencia estatal para fijar las bases de dicha materia de conformidad con el art. 149.1.23 CE.

Los preceptos impugnados configuran a las poblaciones españolas de lobo situadas al norte del río Duero como especie cinegética y permiten su caza previa obtención de la correspondiente autorización administrativa autonómica. Se trata del art. 38, apartados 2.a) y 8; el anexo I.3, inciso “Lobo (Canis lupus): al norte del río Duero”; el anexo II.4.f); y el anexo IV.2, inciso “Lobo (Canis lupus). 6.000 euros ambos sexos”, todos ellos de la Ley de las Cortes de Castilla y León 4/2021, de 1 de julio.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, concluye que los preceptos impugnados vulneran el orden constitucional de distribución de competencias porque rebajan el nivel de protección medioambiental que para el lobo deriva de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), regulado en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, tras su modificación por el artículo único de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre. Desde el momento de entrada en vigor de esta modificación resulta aplicable a las poblaciones de lobo situadas al norte del Duero el régimen mínimo de protección previsto en el art. 57 de la Ley 4/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. Este precepto prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los ejemplares de las especies, subespecies o poblaciones incluidas en el LESRPE. Por lo tanto, los preceptos impugnados, aprobados en julio de 2021 e inicialmente conformes con la normativa básica, han incurrido en inconstitucionalidad mediata o indirecta de manera sobrevenida.

Tanto la Junta como las Cortes de Castilla y León, personadas en el recurso de inconstitucionalidad, reconocían en sus alegaciones la existencia de contradicción efectiva e insalvable de los preceptos impugnados con el régimen estatal de protección del lobo ibérico, e igualmente reconocían el carácter básico de la regulación del LESRPE en la Ley 42/2007 y en el Real Decreto 139/2011. Aducían, sin embargo, que carecía de naturaleza básica el artículo único de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, en cuya virtud se incorporaron al LESRPE las poblaciones de lobo situadas al norte del río Duero, y contra la que penden varios recursos contencioso–administrativos ante la Audiencia Nacional.

En su sentencia, el Pleno realiza varias aclaraciones acerca del rol del Tribunal Constitucional en su función de garante de la primacía de la Constitución en los procesos de declaración de inconstitucionalidad (art. 27.1 LOTC) cuando, como en el caso abordado, el supuesto vicio de inconstitucionalidad es de carácter mediato o indirecto y la norma que se reputa básica e infringida por la legislación autonómica impugnada se encuentra, a su vez, recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo aclara que, siendo pacífica y reconocida por la doctrina constitucional la naturaleza básica de la Ley 42/2007 y del Real Decreto 139/2011, resulta plausible, en principio, que también lo sea su desarrollo a través de órdenes ministeriales, siempre que se cumplan las exigencias que al efecto ha establecido la doctrina constitucional. Según se recuerda en la sentencia, las normas de tal rango pueden, excepcionalmente, ser consideradas básicas si, siendo necesarias para completar la regulación de la disciplina básica definida en la ley, están justificadas por la naturaleza técnica o coyuntural de la materia que regulan y tienen una conexión clara con la regulación legal de la materia. La sentencia concluye que tales condiciones se cumplen en el caso del artículo único de la Orden TED/980/2021 y, en particular, que éste goza del anclaje necesario en la Ley 42/2007 para poder ser reputado como básico desde un punto de vista tanto material como formal, lo que conduce a su uso como parámetro de enjuiciamiento y de declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos autonómicos impugnados.

El magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla y la magistrada Concepción Espejel Jorquera han anunciado la presentación de un voto particular conjunto. Consideran que la Orden Ministerial, que se reputa como norma básica, carece y excede de la habilitación conferida por el legislador, por lo que no puede ser considerada ni formal ni materialmente como básica y, por tanto, no puede ser utilizada como parámetro de enjuiciamiento de la ley autonómica.


Madrid, 13 de julio de 2022

El Ministerio de Justicia pone en marcha el nuevo modelo de Registro Civil en el partido judicial de Murcia

El Ministerio de Justicia pone en marcha el nuevo modelo de Registro Civil en el partido judicial de Murcia

11/07/2022

El Ministerio de Justicia pone en marcha el nuevo modelo de Registro Civil en el partido judicial de Murcia

?Con esta iniciativa, impulsada por el Ministerio que dirige Pilar Llop, la Región de Murcia se suma a las Oficinas Generales del Registro Civil de Madrid y Barcelona.

Este nuevo modelo de Registro Civil se caracteriza por ser público, gratuito y único para toda España.

11 de julio de 2022.- El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha hoy el nuevo modelo de Registro Civil en el partido judicial de Murcia, conforme a la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Con esta iniciativa, impulsada por el Ministerio que dirige Pilar Llop, la Región de Murcia se suma a las Oficinas Generales del Registro Civil de Madrid y Barcelona, y se convierte así en la primera oficina en territorio Ministerio.

Este nuevo modelo se caracteriza por ser público, gratuito y único para toda España. Además de poner a las personas en el centro, es un registro digitalizado en el que se practican asientos electrónicos y al que se incorpora el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como la firma y el sello electrónico.

El Registro Civil de Murcia pasará a denominarse Oficina General del Registro Civil de Murcia. A su vez, los Registros Civiles Municipales Delegados de Alcantarilla, Beniel y Santomera tomarán el nombre de Oficinas Colaboradoras del Registro Civil de Alcantarilla, Beniel y Santomera.

La aplicación informática en la que se sustenta el nuevo modelo, ahora también en Murcia, es DICIREG, que hace posible un sistema informático común para todas las oficinas del Registro Civil e interoperable con otros organismos.

La aplicación, que va a seguir optimizándose de manera continua, está integrada y es interoperable con otros órganos del sector Justicia como notarías, juzgados o policía, y al que está previsto que se incorporen nuevos servicios en la sede electrónica.

Mejoras del nuevo modelo

Las mejoras del nuevo modelo de Registro Civil tienen como objetivo garantizar un servicio más ágil, eficaz y eficiente, ahorrando tiempo y desplazamientos a la ciudadanía, ya que no será necesaria su intervención y presencialidad a la hora de gestionar trámites, en particular en lo que se refiere a la aportación de certificaciones.

La estructura organizativa y el personal que ya presta servicio en las oficinas del Registro Civil se mantienen, pasando los letrados de la Administración de Justicia a ser los encargados de este servicio público.

Gracias a la aplicación de técnicas de gestión, de organización y de digitalización, el nuevo modelo de Registro Civil permitirá una mayor uniformidad de criterios y una tramitación más ágil y eficaz de los distintos expedientes.

La entrada en servicio de este nuevo modelo ha sido posible tras la ejecución coordinada y progresiva de actuaciones en los ámbitos normativo, organizativo y tecnológico, así como la colaboración de diferentes organismos y administraciones.

Según el Abogado General Richard de la Tour, una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor

Luxemburgo, 14 de julio de 2022

Curia Europea

Conclusiones del Abogado General en el asunto C-158/21 | Puig Gordi y otros

Según el Abogado General Richard de la Tour, una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor

Si no existen deficiencias de tal naturaleza, no cabe fundar una denegación de la ejecución en la alegación de que el tribunal emisor carece de competencia para dictar esa orden y para enjuiciar a la persona reclamada

El Tribunal Supremo ha planteado al Tribunal de Justicia determinadas cuestiones suscitadas en el marco del proceso penal incoado contra ciertos exdirigentes catalanes tras la celebración, el 1 de octubre de 2017, de un referéndum de autodeterminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Contra algunos de los procesados que abandonaron España, entre ellos el Sr. Lluís Puig Gordi, se han dictado órdenes de detención europeas (en lo sucesivo, «ODE»). Los tribunales belgas denegaron la ejecución de la ODE dictada contra el Sr. Puig Gordi basándose en la existencia de un riesgo de vulneración de su derecho a ser juzgado por un tribunal establecido por la ley por apreciar que la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a las personas reclamadas no tenía una base jurídica expresa.

El Tribunal Supremo se pregunta si una autoridad judicial de ejecución puede negarse a ejecutar una ODE sobre la base de un motivo de denegación de la ejecución que no figura en la Decisión Marco. Alberga también dudas sobre la facultad de que pudiera disponer la autoridad judicial encargada de la ejecución de una ODE, por un lado, para apreciar la competencia de la autoridad judicial emisora, en virtud del Derecho nacional del Estado emisor, para juzgar a los procesados y, por otro lado, para denegar la ejecución de esa ODE por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales del procesado. El Tribunal Supremo considera así que los tribunales belgas no tuvieron en cuenta ni la interpretación realizada por los tribunales españoles ni la circunstancia de que las partes disfrutaron de un recurso judicial de primer y segundo grado frente a las ODE libradas contra ellas.

El Tribunal Supremo señala que debe pronunciarse sobre el mantenimiento o la retirada de la ODE existentes y pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la posible emisión de nuevas ODE.

En las conclusiones que presenta hoy, el Abogado General Jean Richard de la Tour propone al Tribunal de Justicia que responda, en primer lugar, que la Decisión Marco relativa a la ODE 1 se opone a que una autoridad judicial de ejecución rechace la ejecución de una ODE sobre la base de un motivo de denegación de la ejecución previsto en su Derecho nacional, pero no contemplado en esta Decisión Marco. En efecto, según el Abogado General, si bien el Tribunal de Justicia ha ampliado los supuestos en los que procede denegar la ejecución de una orden de detención europea más allá de los motivos de no ejecución expresamente mencionados en la Decisión Marco, siempre ha fundamentado su razonamiento en disposiciones de la Decisión Marco. En consecuencia, no puede admitirse un motivo de denegación de la ejecución previsto en el Derecho nacional de un Estado miembro que no tenga su fundamento en una disposición de dicha Decisión Marco tal como la interprete el Tribunal de Justicia.

En cambio, la Decisión Marco no se opone a una disposición nacional que prevé la posibilidad de que una autoridad judicial de ejecución deniegue la ejecución de una ODE si tiene razones serias para considerar que tendría como efecto vulnerar los derechos fundamentales de la persona de que se trate, siempre que esa disposición se aplique de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que fija las condiciones estrictas con arreglo a las cuales puede producirse tal denegación. Por consiguiente, una autoridad judicial de ejecución no puede basarse en semejante disposición para denegar obligatoria y automáticamente la ejecución de una ODE en caso de que se alegue la vulneración de los derechos fundamentales de la persona de que se trate.

En segundo lugar, el Abogado General estima que la Decisión Marco no permite a una autoridad judicial de ejecución controlar si una autoridad judicial emisora es competente, en virtud del Derecho del Estado miembro emisor, para dictar una ODE. Autorizar tal control contravendría el principio de autonomía procesal, conforme al cual los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional a la autoridad judicial competente para dictar ODE, y el principio de reconocimiento mutuo, «piedra angular» de la cooperación judicial en materia penal en virtud del cual la ejecución de la ODE constituye la regla, mientras que la denegación de la ejecución se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta.

En tercer lugar, el Abogado General considera que, conforme a la Decisión Marco, la autoridad judicial de ejecución no puede denegar la ejecución de una ODE cuando no disponga de datos que permitan demostrar, mediante una apreciación global basada en datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, la existencia de un riesgo real de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo ante un juez establecido previamente por la ley, que se garantiza en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor. El Abogado General estima que, cuando no existen tales deficiencias, no cabe que la autoridad judicial de ejecución dude de que, a través de las vías de recurso judicial disponibles en el Estado miembro emisor, la persona de que se trate podrá lograr que se declare y, en su caso, corrija o sancione una eventual vulneración de su derecho fundamental a un proceso equitativo ante un tribunal establecido previamente por la ley. A este respecto, el Abogado General subraya que las personas contra las que se sigue el proceso penal del que trae causa el presente asunto tienen a su disposición vías de recurso en el Estado miembro emisor al objeto de que se controle, hasta el nivel del Tribunal Constitucional, la observancia de ese derecho fundamental.

El Abogado General recuerda que, a diferencia del derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, protegido por el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que es un derecho absoluto, el derecho fundamental a un proceso equitativo no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones. También recuerda que el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, que tiene una importancia capital por cuanto permite la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores, debe aplicarse plenamente, de modo que puedan alcanzarse el objetivo de aceleración y simplificación de la cooperación judicial que persigue la Decisión Marco y el objetivo de luchar contra la impunidad.
El Abogado General observa que una comprobación en profundidad, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo cuando no existan deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor no sería sino la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese Estado miembro, contraria a los principios de confianza y de reconocimiento mutuos que forman los cimientos del sistema de entrega entre Estados miembros establecido por la Decisión Marco.

Por lo que respecta, en último lugar, a la posibilidad de que el Tribunal Supremo dicte nuevas ODE, el Abogado General considera que la Decisión Marco no se opone a que una autoridad judicial emisora dicte contra la misma persona una nueva ODE dirigida a la misma autoridad judicial de ejecución cuando esta haya denegado la ejecución de una ODE anterior contraviniendo el Derecho de la Unión, tras haber examinado si la emisión de esa nueva ODE tiene carácter proporcionado. El objetivo de luchar contra la impunidad aboga efectivamente en favor de la posibilidad de que se emitan contra la misma persona varias ODE dirigidas a la misma autoridad judicial de ejecución al objeto de procesarla penalmente o de ejecutar la pena que se le haya impuesto.

Imponer un límite al número de ODE que pueden librarse supondría poner en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar de manera efectiva las infracciones dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia

1 Decisión 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24).

La constitución de sociedades disminuyó el 6,1% en el segundo trimestre de 2022

La constitución de sociedades disminuyó el 6,1% en el segundo trimestre de 2022

12/07/2022 Registradores

El Colegio de Registradores presenta su estadística Mercantil correspondiente al segundo trimestre de 2022. Se incluye también información específica del mes de junio para dar continuidad a los informes mensuales suministrados desde el inicio de la pandemia.

Durante el segundo trimestre del año se han constituido en España 26.857 sociedades, una disminución del 6,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos doce meses, de julio de 2021 a junio de 2022, se constituyeron 101.403 sociedades, un 1,9% más que en el mismo período acumulado del año anterior. Se mantienen, por cuarto trimestre consecutivo, las 100.000 operaciones durante los últimos doce meses, cifra que no se veía desde el primer trimestre de 2017.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace Web

Por Comunidades Autónomas, en el segundo trimestre, con relación al mismo período de 2021, la creación de sociedades mercantiles descendió moderadamente en la mayoría de los territorios, siendo más importante la caída en Murcia (-23,5%), Asturias (-20,6%) y Navarra (-17,7%). En sentido contrario, aumentaron más en Baleares (25,1%%) y Canarias (7,7%).

Constituciones societarias según actividad (Ramas CNAE)

Analizando la proporción que tienen los diferentes sectores de actividad sobre los nuevos proyectos empresariales, se compara la dedicación actual de las empresas creadas con la dedicación de las que se creaban hace un año, mostrando la evolución de su peso relativo según ramas de la CNAE y durante el segundo trimestre de 2022, respecto al mismo de 2021.

Los resultados revelan que sectores importantes vuelven a la cuota de actividad anterior a la pandemia. Destacan por su importancia: la Hostelería (rama I de la CNAE) que ocupa al 11,0% de las empresas creadas, incrementando su peso relativo el 4,5% anual. También aumentan su peso relativo las Actividades Inmobiliarias (rama L), un 18,1%, y la Construcción (rama F), que aumenta hasta el 13,7%, con un incremento del 6,5% de su peso relativo. También crecen Otros servicios (rama S), el 105,0%, e Información y Comunicaciones (rama J), con el 4,2% anual. En la parte negativa descienden más el peso relativo anual en Energía eléctrica y otras (ramas D-E), -27,8%, Actividades sanitarias y de servicios sociales (ramas Q-R), -26,3%, Agricultura y ganadería (rama A), -19,7%, Educación (rama P), -11,5%, y Transporte y Almacenamiento (rama H), -10,9%.

Operaciones de capitalización

En el segundo trimestre se contabilizaron 7.309 ampliaciones de capital, con un suave descenso del 0,7% sobre el mismo periodo del año anterior. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.398 millones de euros, con un descenso del 8,1% sobre el mismo período de 2021.

Concursos de acreedores

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre abril y junio fueron 1.344, una disminución del 4,7% con relación al mismo trimestre de 2021, pero un aumento del 10,9% sobre el primer trimestre de este año, que terminó con 1.212 sociedades concursadas.

Por comunidades autónomas, en el segundo trimestre y con respecto al mismo periodo de 2021, se incrementaron más en La Rioja (150,0%), Navarra (100,0%) y Baleares (38,2%). En la parte opuesta, descendieron más en Asturias (-56,0%), Castilla y León (-49,0%) y Extremadura (-44,4%).

En datos anualizados, en los últimos 12 meses, de julio de 2021 a junio de 2022, se declararon en concurso 4.706 sociedades, un 2,2% más que en el acumulado del año anterior.

Traslados de sede social entre Comunidades Autónomas. 2T 2022.

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. relativas al segundo trimestre de 2022. Dichos movimientos no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van, destaca Madrid, con 408 salidas, seguido de Cataluña, 236, Andalucía, 137 y Comunidad Valenciana con 115. Sin embargo, si comparamos el saldo de entradas y salidas, Madrid destaca con un saldo positivo de 47 empresas, seguida de la Comunidad Valenciana con 25 y Andalucía con 23. En la parte opuesta Cataluña presenta un saldo negativo de 60 empresas menos, seguida de Castilla y León, con 21.

MES DE JUNIO

Constituciones

La evolución de las constituciones durante el mes de junio fue también negativa, creándose 8.982 empresas, un 7,1% menos que en el mismo periodo de 2021. Madrid y Cataluña, conjuntamente constituyeron el 42% de las empresas creadas.

En cuando a la evolución de las constituciones, se vienen produciendo incrementos moderados desde julio de 2021 a marzo de 2022, con una ligera caída en octubre (-0,4%). Durante los meses del segundo trimestre se observa una tendencia de fondo negativa y son ya tres meses de caídas consecutivas. El dato de junio viene precedido de caídas en abril (-7,3%) y mayo (-3,9%).

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios por sus proyectos empresariales. En el mes de junio permanecen estables, con una ligera subida del 0,8%, que viene precedida de cuatro meses consecutivos de ligeras caídas, después de resultados positivos de noviembre a enero pasados.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores de sociedades mercantiles inscritos en junio fueron 432, mostrando una disminución del 2,9% anual comparado con el mismo mes del año anterior. En el primer trimestre de 2022, con una subida del 5,0% de concursos se observaba una tendencia de fondo de incremento. Esta situación se ha moderado hasta reducirse, en términos anuales, durante el segundo trimestre, destacando el mes de abril, cuando cayeron un 16,8% respecto al mismo mes del año anterior. En los meses de la segunda mitad del año 2021 se presentaban más oscilaciones, sin una tendencia clara, alternándose las caídas y subidas mensuales.

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Justicia culmina la implantación de ACCEDA-JUSTICIA, un sistema que permite enviar documentos que excedan la capacidad de LexNET

Justicia culmina la implantación de ACCEDA-JUSTICIA, un sistema que permite enviar documentos que excedan la capacidad de LexNET

08/07/2022

?Justicia culmina la implantación de ACCEDA-JUSTICIA, un sistema que permite enviar documentos que excedan la capacidad de LexNET

Desde el 21 de junio, en todo el territorio de competencia del Ministerio de Justicia se pueden tramitar documentos de más de 30 MB.

ACCEDA-JUSTICIA amplia y mejora los servicios digitales de operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de LexNET.

Ya se han remitido más de 4.300 envíos a través de este sistema, alcanzándose un tamaño de 4 GB. Cada mes se aumenta en un 20% su uso, llegando a casi 1.000 envíos en el mes de junio.

8 de julio de 2022.- El Ministerio de Justicia ha completado la implantación, en todo el territorio nacional de su competencia, de ACCEDA-JUSTICIA, un sistema que permite la tramitación digital de documentos que excedan el límite de capacidad de 30 MB del sistema LexNET. Culminan así los trabajos de puesta en marcha del servicio, que se iniciaron el 27 de septiembre de 2021, con un proyecto piloto en Cáceres.

Este nuevo trámite, disponible en la sede ACCEDA-JUSTICIA (https://acceda.justicia.es/),amplía y mejora los servicios digitales para los operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado que se relacionan con la Administración de Justicia a través de LexNET. A partir de la activación del día 21 de junio, cuando alguno de estos profesionales tenga que adjuntar documentación que exceda de los 30 MB, ya no tendrá que dirigirse físicamente al órgano judicial para aportarla, como ocurría antes, sino que podrá solucionarlo por vía telemática.

Identificación mediante certificado digital o cl@ve

El servicio necesita de una identificación mediante certificado digital o con el sistema cl@ve. El procedimiento se realiza tras la habitual presentación del documento principal a través de LexNET. Hecho esto, el funcionario del órgano destinatario puede unir inmediatamente la documentación que tenga que aportar y exceda de la capacidad en LexNET desde el sistema ACCEDA-JUSTICIA.

Este sistema es una iniciativa de transformación digital del departamento que dirige Pilar Llop para fomentar la productividad de los operadores jurídicos que se relacionan con la Administración de Justicia, que agiliza los procedimiento y mejora de la eficiencia del servicio público de Justicia. Entre sus ventajas: evita el desplazamiento físico al órgano judicial, con un ahorro de tiempo para los profesionales.

Hasta este momento, ya se han remitido más de 4.300 expedientes a través de este sistema, alcanzándose un tamaño de 4 GB. Cada mes se aumenta en un 20% su uso, llegando a casi 1.000 envíos en el mes de junio. Esto es especialmente útil en el caso de material de audio y vídeo, que por tener mayor tamaño obligaba a ser llevado en mano. También permite, por ejemplo, un traslado telemático de expedientes completos o pruebas de miles de documentos u otro tipo de información que resulta bastante voluminosa en formato físico.

Tramitación en CCAA con competencias transferidas

A la vez, se sigue avanzando en la implantación de esta tramitación fuera del territorio Ministerio. Así, desde el día 5 de abril el sistema está disponible en los tres partidos judiciales de la Rioja, mientras que, desde el pasado 20 de junio, se han iniciado las pruebas para un proyecto piloto en las Oficinas de Registro y Reparto de A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo y los órganos judiciales de Primera Instancia de Galicia.

Igualmente, está prevista la puesta en marcha de un posible piloto en Alcalá de Henares para asuntos y escritos presentados por LexNET en Madrid. Además, se ha dado de alta a los usuarios de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quedando pendiente la fecha de su puesta en servicio en esta comunidad autónoma. También, han mostrado interés en esta solución las comunidades de Andalucía y Cantabria, y está en estudio su extensión al resto de comunidades con competencias transferidas.