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Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE

22 de mayo, 2017

Pedro Sánchez gana las primarias a la Secretaría General del PSOE
Mario Jiménez compareció para proclamar los resultados

22/05/2017 psoe.es

El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha comparecido en la sala de prensa del PSOE pasadas las 22:30 horas y ha anunciado que, con el 90’53% del censo escrutado -que representan a más de 170.000 militantes-, el resultado  de las elecciones primarias ha sido el siguiente:

•Pedro Sánchez ha conseguido el 49,8% de los votos, más de 67.500 votos, que lo convierten en el próximo Secretario General del PSOE.

•Susana Díaz ha obtenido el 40,2% de los votos, esto es, más de 54.500 votos.

•Patxi López obtuvo el apoyo del 10,2% de los militantes, lo que implica haber recibido el voto de más de 13.580 militantes.

A las largo de las próximas horas se completará el escrutinio hasta llegar al 100%, y será la Comisión de Ética y Garantías quien verifique y ratifique el resultado con las actas que le hagan llegar todas las agrupaciones.

En su comparecencia, Mario Jiménez ha agradecido a toda la militancia del PSOE “su comportamiento ejemplar y compromiso democrático, que ha hecho grande este proceso” de primarias. También tuvo palabras de gratitud para los 12.000 miembros del partido que han hecho que la jornada transcurra con absoluta normalidad y se haya ejercido el voto con todas las garantías, así como a los 5.000 interventores que han velado por el proceso en nombre de las tres candidaturas.

Como destacó Jiménez, las primarias celebradas hoy han sido un “proceso limpio, transparente, sin incidencias reseñables, que dan una idea de la talla democrática, única, del PSOE, el partido con más trayectoria democrática en nuestro país”.

Patxi López

Tras Mario Jiménez, ha intervenido Patxi López que –tras expresar su “enhorabuena” a Pedro Sánchez, le ha deseado “toda suerte de aciertos porque mañana, con él a la cabeza, tenemos que empezar a trabajar para recuperar al mejor Partido Socialista”.

“Ya ha acabado el proceso interno y ahora nos esperan ahí fuera la sociedad española para volver a ser esa referencia de la izquierda que necesita este país”, añadió.

Susana Díaz

Por su parte, Susana Díaz quiso mostrar su agradecimiento “a todos los compañeros y compañeras del PSOE que han participado de manera masiva en estas elecciones primarias, porque es un síntoma de participación, de democracia y de transparencia de nuestro partido, que como siempre, está a la vanguardia en el conjunto del país”. También quiso agradecer su apoyo a todos aquellos que han apoyado su candidatura, especialmente en Andalucía, donde ha recibido el apoyo del 64% de los socialistas andaluces, que han valorado las políticas socialistas que está llevando a cabo el PSOE en esta tierra.

Díaz, que  avanzó que ya ha trasladado la enhorabuena al secretario general electo, aseguró que “todos los compañeros y compañeras que representamos este proyecto colectivo vamos a arrimar el hombro y nos vamos a poner a disposición de lo que el Partido necesite de nosotros” y siempre con el objetivo que el PSOE “tiene que ser la alternativa de gobierno en España y que para serlo defendemos ese proyecto coherente y autónomo que los ciudadanos necesitan”.

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El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE

21 de mayo, 2017

Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa nº 54/17 curia.europea.eu
Luxemburgo, 16 de mayo de 2017
Sentencia en el asunto T-122/15
Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank/ BCE
El Tribunal General de la UE desestima el recurso del Landeskreditbank Baden-Württemberg contra su sujeción a la supervisión directa del BCE
La decisión del BCE de clasificar este banco público alemán como «entidad significativa» fue conforme a Derecho
El Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank es el banco de inversiones y desarrollo del Land de Baden-Wurtemberg (Alemania), al cual pertenece íntegramente su capital. El valor de sus activos es superior a 30 000 millones de euros.
El Landeskreditbank interpuso un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de clasificarlo como «entidad significativa». Dicha clasificación supone que la entidad bancaria recurrente queda sometida a la supervisión directa del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). 1 En cambio, las entidades clasificadas como «menos significativas» se someten esencialmente a la supervisión directa de las autoridades nacionales dentro del MUS.
El Landeskreditbank considera, en particular, que, dado su bajo perfil de riesgo, 2 una supervisión ejercida por las autoridades alemanas 3 ofrecería una protección suficiente al objetivo de estabilidad financiera, por lo que debería ser reclasificada como entidad «menos significativa».
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal General, en Sala ampliada, desestima el recurso del Landeskreditbank.
El Tribunal General precisa que la supervisión directa de las entidades «menos significativas» ejercida por las autoridades nacionales en el marco del MUS no implica el ejercicio de una competencia autónoma, sino el ejercicio de forma descentralizada de una competencia exclusiva del BCE.
El Tribunal General recuerda que, de acuerdo con la normativa pertinente, 4 salvo que se den circunstancias particulares, un banco será clasificado como «entidad significativa» y, por tanto, quedará sometido a la supervisión directa del BCE, entre otros supuestos, 5 cuando el valor de sus activos supere los 30 000 millones de euros.
Según el Tribunal General, sólo puede decidirse no aplicar esa clasificación si concurren circunstancias de hecho específicas que determinen que la supervisión prudencial directa por las autoridades nacionales permitiría conseguir los objetivos y realizar los principios de la normativa pertinente con mayor eficacia, en particular la necesidad de garantizar la aplicación coherente de normas de supervisión estrictas,.
El Tribunal General señala al respecto que el Landeskreditbank no alegó que las autoridades alemanas podrían conseguir tales objetivos y realizar tales principios con mayor eficacia, sino que se limitó a tratar de demostrar que la supervisión ejercida por dichas autoridades era suficiente.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 El MUS está integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes.
2 Según el Landeskreditbank, su bajo perfil de riesgo viene determinado por el hecho de que es imposible que, en la práctica, caiga en una situación de insolvencia.
3 El Landeskreditbank menciona, al respecto, el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) (Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania), el Bundesbank (Banco central de Alemania) y el Ministerio de Finanzas del Land de Baden-Wurtemberg.
4 Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y Reglamento (UE) n.º 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el MUS entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (DO 2014, L 141, p. 1).
5 La evaluación del carácter significativo de una entidad bancaria responde a tres criterios principales alternativos: el tamaño de la entidad, la importancia de ésta para la economía de la UE o de un Estado miembro participante y el carácter significativo de las actividades transfronterizas desarrolladas por la entidad.

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La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía

20 de mayo, 2017

La inflación se eleva al 2,6% por los servicios turísticos y la energía
Viernes 12 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en abril de 2017 un 2,6% interanual, tres décimas más que en marzo, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa coincidente con la adelantada por el INE a finales del pasado mes.
En este comportamiento destaca especialmente la subida de los precios de los servicios turísticos, afectados por la fecha de la celebración de la Semana Santa, que este año ha transcurrido en abril, a diferencia del año pasado, cuando tuvo lugar íntegramente en marzo. Por tanto, se trata de una subida transitoria. En términos intermensuales, el IPC ha crecido un 1% en abril, frente a la subida del 0,7% en el mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos aumentaron en abril un 12% interanual, tres décimas más que en marzo. Esta evolución se explica por el mayor ritmo de crecimiento de los precios de la electricidad (pasaron del 12,5% interanual en marzo al 16,2% en abril) y, en menor medida, del gas (se aceleraron más de cinco puntos, hasta el 6,6%), parcialmente compensados por la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, de 1,3 puntos, hasta el 11,5%.

Los precios de la alimentación crecieron el 1,2% en abril, dos décimas menos que en marzo. La inflación de la alimentación no elaborada se situó en el 3,4%, nueve décimas por debajo de la del mes precedente, como consecuencia de la evolución de los precios de las frutas frescas (se desaceleraron 5,3 puntos, hasta el 5%). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco aumentaron el 0,2% en abril, una décima más que en marzo, destacando el comportamiento de aceites y grasas, que pasaron de caer el 0,7% en marzo a crecer el 0,5% en abril.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó tres décimas en abril, hasta el 1,2%, debido a la notable aceleración de los precios de los servicios y, en menor medida, de la alimentación elaborada, parcialmente compensados por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE). Los servicios se aceleraron un punto, hasta el 2,1%, destacando especialmente la evolución de paquetes turísticos, cuyos precios pasaron de una práctica estabilidad en marzo (0,1%) a crecer el 20,9% en abril. Este comportamiento se debe al efecto calendario de la Semana Santa, que en 2017 se ha celebrado en abril, mientras que en 2016 se celebró en marzo. Por su parte, los precios de los BINE se desaceleraron tres décimas, hasta el 0,3%, destacando el comportamiento de los precios de vestido y calzado, que pasaron de crecer el 0,8% en marzo a hacerlo el 0,3% en abril.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 1% en abril de 2017, frente al crecimiento del 0,7% registrado en el mismo mes de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos subieron un 0,5%, tras el aumento del 0,2% de un año antes; los de los servicios crecieron un 0,8%, tras el retroceso del 0,2% en abril de 2016; los de los BINE crecieron un 2,5%, tres décimas menos que en abril del año anterior; y los de la alimentación retrocedieron el 0,1%, frente al crecimiento de la misma magnitud en abril de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en abril de 2017 una tasa intermensual del -0,4% (0,5% en el mismo mes de 2016), mientras que los de los alimentos elaborados subieron un 0,1% (variación nula un año antes).

La tasa interanual del IPC aumentó en abril en todas las comunidades autónomas. La mayor subida respecto a la tasa de marzo se registró en la Comunidad de Madrid (seis décimas, hasta el 2,5%), y las menores, todas ellas de una décima, correspondieron a Extremadura (2%), Cantabria (2,6%), Castilla-La Mancha (2,7%) y Galicia (2,8%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en abril en el 2,6%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de abril de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2,6%, superior en medio punto a la de marzo. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro se sitúa en abril en el 1,9%, cuatro décimas por encima de la del mes anterior, resultando un diferencial de inflación para España respecto a la zona euro de 0,7 puntos, una décima superior al de marzo.

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La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

19 de mayo, 2017

Miércoles, 17 de mayo de 2017  poderjudicial.es

La jueza suspende el acuerdo del ayuntamiento encaminado a inmatricular dos iglesias de Zaragoza

El auto dictado invalida un apartado del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento en el que se decidía emprender acciones para cambiar la titularidad registral de dos iglesias de Zaragoza, La Seo y Santa María Magdalena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha dictado al mediodía de hoy un auto de medida cautelar por el que suspende el apartado primero del acuerdo de 27 de marzo del Ayuntamiento de Zaragoza en el que se decretaba que “se ejercitasen acciones administrativas y judiciales de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada al respecto de la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”.

La magistrada ha acordado dicha medida cautelar al no existir, tal y como establecen las disposiciones legales en materia de Régimen Local, un dictamen jurídico previo al ejercicio de cualquier acción por parte de las corporaciones locales.

Expresa en su resolución que el informe presentado por el Ayuntamiento no contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de lo que se pretende llevar a cabo. “Tampoco consta en ese informe – explica- el más mínimo indicio relativo a los posibles de derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos, para plantear las acciones que se mencionan en el Acuerdo”.

Sobre el informe jurídico, exigido por la ley y que debe acompañar este tipo de acuerdos, aclara que su finalidad es que la corporación se encuentre adecuada y debidamente asesorada sobre la procedencia y viabilidad de la acción que se pretende.

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Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

19 de mayo, 2017

Viernes, 12 de mayo de 2017  – poderjudicial.es

Condenado un hombre por estafar a una mujer al simular que alquilaba un apartamento en Benidorm

La sentencia señala que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”

Autor:Comunicación Poder Judicial

Un hombre acusado de estafar a una vecina de Zaragoza, al simular que le alquilaba un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendarle, ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. El acusado ha mostrado su conformidad y ha reconocido los hechos durante el juicio. La Sala ha ordenado al encausado que haga entrega de la cantidad defraudada, que se encuentra consignada, a la perjudicada en concepto de responsabilidad civil.

Los magistrados consideran probado en la sentencia que el acusado Manuel C. J., condenado en cuatro ocasiones anteriores por estafa, insertó un anuncio en la página web “multianuncios” ofreciendo el alquiler de un apartamento en Benidorm que no pretendía arrendar. Fue en el mes de mayo de 2016, cuando una vecina de Zaragoza, María Esther S. M., se interesó por el apartamento y realizó una trasferencia de 200 euros a la cuanta indicada por el encausado.

Según señalan el Tribunal, María Esther S. M nunca pudo disfrutar del alojamiento, ya que el acusado no tenía intención de alquilárselo, sino que su propósito era “enriquecerse con el dinero así obtenido”.

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Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro

17 de mayo, 2017

Justicia equipara al notario inglés y al español en el Registro
Xavier Gil Pecharromán

16/05/2017 – eleconomista.es
Un poder otorgado en el extranjero lleva implícito el ‘juicio de equivalencia’

El juicio de suficiencia de un poder otorgado en el extranjero, por parte de un notario del Reino Unido, lleva implícito el juicio de equivalencia, según establece la Dirección General de los Registros y del Notariado, en resolución de 17 de abril de 2017 -publicada en el BOE del 28 de abril de 2017-.
Esta nueva aclaración doctrinal, que ampara la admisión del recurso del notario británico frente a la negativa del registrador, deja en suspenso el contenido de la doctrina establecida en la resolución de 14 de septiembre de 2016, al determinar que “si hay una expresa declaración de suficiencia para el acto o negocio concreto que se autoriza, esta debe implicar la de equivalencia necesariamente”.

En esa resolución, justifica el Centro Directivo, no se afirmaba que el poder cuestionado no fuera equivalente al de un notario español, sino que lo que se adecía era que en ese supuesto el notario británico se había limitado a legitimar la firma, sin que esta legitimación pudiera equiparse al documento público del artículo 1280.5 del Código Civil

Ahora, la DGRN, determina que el notario no tiene por qué mencionar el juicio de equivalencia, ni justificar los motivos por los que estima que se dan las condiciones materiales para la equivalencia del documento público extranjero, bastando la mera indicación de las condiciones formales del mismo.

Como el registrador no puede solicitar que se aporte o transcriba el poder, éste no tiene forma de comprobar la corrección del juicio de equivalencia notarial que se le presenta implícito, sin motivar y sin documento adjunto.

La doctrina de la DGRN señala que si “el registrador disintiera de la equivalencia declarada por el notario deberá motivarlo expresa y adecuadamente”.

Pero insiste en que dicho disentimiento resulta imposible si el registrador no puede conocer el poder ni tampoco los motivos en que el notario fundamenta el juicio de equivalencia material, salvo en el caso en que el notario autorizante, aun no estando obligado, exprese su juicio de equivalencia o aporte o transcriba el poder en su escritura.

Para que el registrador tenga elementos para corregir el juicio de equivalencia, pero no en otro caso, dice la DGRN: “Si el notario autorizante del instrumento público tiene conocimiento del mismo y desea facilitar su más eficaz circulación, nada impide que incorpore al mismo su juicio de equivalencia, evitando así los inconvenientes y retrasos inherentes cuando así no ocurre”.

Y concluye que el acceso a bases de datos jurídicas de otros Estados miembros facilita a notarios y registradores la motivación adecuada de su decisión, facilitando el tráfico jurídico de bienes y servicios en un entorno en el que la existencia de un elemento de extranjería es un elemento normal del negocio jurídico.

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Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia

16 de mayo, 2017

Conferencia magistral en la Jornada de la Fundación Lex Forum en Denia

Catalá reafirma la necesidad de trabajar en un plan de acción integral para una reforma estructural de la Justicia
Sábado 13 de mayo de 2017 lamoncloa.gob.es
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha clausurado este viernes en la localidad alicantina de Denia la Jornada Nuevo proceso penal: un reto compartido, organizada por la Fundación Lex Forum e inaugurada por la subsecretaria del Ministerio, Áurea Roldán. En su intervención, el titular de Justicia ha propuesto un plan de acción integral de reforma estructural de la Justicia basado en una serie de medidas centradas en cinco líneas de acción como son las procesales, dotacionales, organizativas, culturales y tecnológicas.

Catalá, que ha reconocido la necesidad histórica de una Justicia más rápida en nuestro país, ha destacado la conveniencia de replantear el actual sistema procesal para superar modelos agotados. Para lograrlo, apuesta por una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal propia del siglo XXI que contemple la dirección de la investigación por parte del Ministerio Fiscal, con un juez de garantías que tutele los derechos fundamentales.

Ese modelo, según Catalá, acabaría con los juicios prolongados durante años que dañan la imagen de  la Justicia, dejando atrás el sistema inquisitivo para implantar el modelo acusatorio que da todo el protagonismo al juicio oral. Además, se mejorarían las garantías de la defensa con la participación de las partes en la fase de investigación y se simplificarían procedimientos y recursos.

Eso implicaría acelerar la extensión de la red de oficinas fiscales para conseguir mayor proximidad a la investigación, aprovechar las infraestructuras existentes y evitar la movilidad geográfica de los funcionarios de las nuevas fiscalías. En cuanto a los juzgados que en la actualidad tienen funciones instructoras, el ministro ha asegurado el mantenimiento y la garantía de los derechos laborales de sus trabajadores.

Rafael Catalá ha recordado que estos cambios supondrían una reforma paralela del Estatuto Fiscal que conciliaría el principio de autonomía con el de unidad de actuación, remarcando la imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley. Además, incidiría en la potestad normativa del Ministerio Fiscal, prohibiendo las órdenes verbales de manera que estas se publiquen en un diario oficial, otorgando mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las Juntas de Fiscalía, facilitando la discrepancia jurídica de forma transparente y haciendo que se resuelva por un órgano colegiado y regulando mérito y capacidad para el acceso a puestos discrecionales.

En cuanto al proceso civil, el ministro ha señalado la necesidad de separarlo de todo lo que le resta operatividad, simplificando trámites en las comunicaciones y notificaciones en las que las tecnologías electrónicas han demostrado su utilidad.

Respecto a la dotación de recursos, Catalá se ha referido a los esfuerzos presupuestarios ya realizados por el Gobierno que han servido para crear 16 plazas de magistrados para la segunda instancia penal, dar estabilidad laboral a los trabajadores de la Administración de Justicia y aprobar un total de 1.140 medidas de refuerzo judicial. Recursos que volverán a crecer en 2017 gracias a que el presupuesto del Ministerio de Justicia asciende un 7,7%, hasta alcanzar los 1.700 millones de euros, y por tercer año consecutivo.

Igualmente, la Oferta de Empleo Público reforzará las plantillas con 100 plazas de jueces y fiscales, así como con 3.000 puestos en Cuerpos de la Administración de Justicia.

Reformas organizativas

En relación con las necesarias reformas organizativas, el ministro apuesta una vez más por el máximo diálogo con los agentes implicados para realizar una distribución adecuada de las cargas de trabajo, paliando las situaciones de sobrecarga y compensando aquellas en las que exista una infrautilización de recursos.

En este sentido, destaca la necesidad de reforzar la Oficina Judicial y Fiscal, cuya implantación ya ha supuesto un incremento del 31% en el número de sentencias resueltas y una apuesta decidida por la especialización, que se ha hecho realidad en la atención prestada al posible impacto de las sentencias sobre cláusulas suelo y, a su juicio, debería extenderse a la especialización de la Fiscalía.

Los cambios culturales hacen referencia a las nuevas formas de abordar y resolver los conflictos, puesto que se ha demostrado que no siempre la mejor respuesta está en los tribunales. Catalá ha destacado el trabajo de los profesionales en materia de mediación, arbitraje o jurisdicción voluntaria para resolver diferencias mediante diálogo y acuerdo. En este ámbito, la Ley de Jurisdicción Voluntaria ya ha permitido dejar al margen de los tribunales más de 320.000 asuntos.

Por último, Catalá se ha referido a la transformación digital de la Justicia que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y el aumento de la calidad del servicio. El ministro apuesta por completar esa transformación tecnológica que actualmente ya ha permitido alcanzar los 100 millones de comunicaciones electrónicas.

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Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

15 de mayo, 2017

Miércoles, 10 de mayo de 2017  poderjudicial.es

Cinco años de inhabilitación para el exalcalde y cuatro concejales de Alcora (Castellón) por prevaricación en la concesión de la redacción del PGOU

El juez considera que Javier Peris y los cuatro ediles adjudicaron el contrato a una empresa sin seguir los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al exalcalde de Alcora, Javier Peris, y a cuatro concejales del equipo de gobierno en 2004 a cinco años de inhabilitación para empleo público por las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación del contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU). El juez les considera autores de un delito de prevaricación administrativa.

Según el relato de hechos probados, Javier Peris, alcalde del municipio en 2004, decidió iniciar la elaboración de un nuevo PGOU para Alcora y organizó, junto a otros cuatro concejales, un plan para lograr la adjudicación de su elaboración a una empresa concreta, ANFAB S.L., “ignorando los intereses públicos que tenían a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración”. La sentencia explica que los ediles “perseguían única y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisión y excluir a cualesquiera otros competidores”.

El juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón anuló del Decreto de alcaldía de Alcora por el que contrataba los servicios de consultoría y asistencia en la elaboración del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuación del objeto social de la primera.

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Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías

14 de mayo, 2017

Nota informativa sobre los ciberataques a varias compañías
No afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios
minetad.gob.es
12.05.17. Tras la confirmación de diversos ciberataques a compañías españolas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), está trabajando con las empresas afectadas con el objetivo de solucionar cuanto antes la incidencia.
Por la información disponible hasta el momento, el ataque ha afectado puntualmente a equipos informáticos de trabajadores de varias compañías. Por tanto, no afecta ni a la prestación de servicios, ni a la operativa de redes, ni al usuario de dichos servicios.
El ataque, un malware del tipo ramsonware, actúa sobre la vulnerabilidad de los componentes de ofimática de los PCs. Tras instalarse en el equipo, bloquea el acceso a los ficheros del ordenador afectado y pide un rescate. No compromete la seguridad de los datos ni se trata de una fuga de datos.
Desde el Incibe, en coordinación con las diferentes administraciones, se ha elaborado un diagnóstico de lo ocurrido en las empresas afectadas. El instituto está ofreciendo ayuda para solucionar los problemas y se asesora a otras compañías en una labor de prevenión para que no se vean afectadas por este ataque.
Los equipos de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales están en contacto con las organizaciones afectadas, así como el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Crítica La alerta con detalles se puede consultar en las direcciones de los blogs corporativos de Incibe:
Alerta CERTSI:
https://www.certsi.es/alerta-temprana/avisos-seguridad/oleada-ransomware-afecta-multitud-equipos
Alerta ciudadanos:
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2017/05/importante-oleada-de-ransomware-afecta-multitud-de-equipos
Alerta empresas:
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/importante-oleada-ransomware-afecta-multitud-equiposs del Ministerio del Interior.

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El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

13 de mayo, 2017

El Ministerio del Interior evalúa el impacto que la oleada de ransomware ha tenido en los servicios esenciales de España

Viernes 12 de mayo de 2017  lamoncloa.gob.es

Ministerio del Interior

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) ha activado el protocolo de comunicación con los operadores críticos españoles y el de gestión de incidentes, a través de los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos nacionales. El incidente no ha afectado a los servicios esenciales, que se siguen proporcionando normalmente a la sociedad.
El CNPIC (Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, ha confirmado que se han producido distintas infecciones masivas, tanto de equipos personales como de organizaciones, de un malware del tipo ransomware que cifra y bloquea el acceso a los ficheros de los ordenadores afectados, solicitando un rescate para poder recuperar la información. Además, estas infecciones podrían propagarse a otros ordenadores de la red, con el riesgo que ello conlleva.

El Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Seguridad e Industria, coordinado por el propio CNPIC y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha asegurado que, hasta el momento, la provisión de los servicios esenciales (energía, transporte, servicios financieros, servicios TIC, etc…) no se ha visto afectada. No obstante, el protocolo de comunicación y de gestión de incidentes con los más de 100 operadores que ya forman parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas se mantiene activo y en alerta, a la espera de nuevos datos.

Toda esta información se está viendo complementada con las aportaciones del CERT del Centro Criptológico Nacional, en lo que respecta a las posibles afecciones al sector público. De la misma manera, los hechos susceptibles de delito que puedan ser conocidos a partir de la información manejada por el CNPIC se trasladarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a efectos de la oportuna investigación y persecución del delito.

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La Audiencia de Zaragoza desestima el desahucio de una mujer de una nave

12 de mayo, 2017

Lunes, 8 de mayo de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Zaragoza desestima el desahucio de una mujer de una nave

La mujer había arrendado un trastero que utilizaba como vivienda, y carecía de cédula de habilitación

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el desahucio de una mujer por impago del suministro de luz de una nave-trastero que utilizaba como vivienda. La Sala declara no haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento ni al lanzamiento de la nave.

Según recogen los magistrados en la sentencia, la mujer había arrendado un trastero que utilizaba como vivienda, el cual carece de cédula de habilitación y de las licencias pertinentes pare el ejercicio del comercio y la industria.

El tribunal confirma la sentencia del juzgado de Instancia número 10 de Zaragoza al desestimar parcialmente la demanda interpuesta por el propietario de la nave al no constar probado que la inquilina no hubiera pagado la única contraprestación pactada para 2016 que ascendía a 40 euros por el consumo eléctrico cada dos meses.

Los magistrados señalan que “el pago siempre es prueba del deudor, no del acreedor, pues se trataría de la difícil prueba de un hecho negativo”, por lo que al existir dudas razonables sobre la existencia de suministro eléctrico en la parte de la nave ocupada por la arrendataria no estiman la demanda.

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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,119 % en abril

11 de mayo, 2017

Banco de España . Eurosistema
Departamento de Comunicación. Nota de prensa
Madrid, 3 de mayo de 2017 bde.es
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,119 % en abril
El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en abril hasta el -0,119 % desde el -0,110 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de 0,109 puntos.
El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.
Evolución del euríbor en el último año
Los datos correspondientes al mes de abril muestran también un descenso, hasta el -0,119 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.
Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda
Abril de 2017
Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años 0,215 %
Referencia interbancaria a un año (euríbor) -0,119 %
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años1 0,163 %
Tipo interbancario a un año (míbor) -0,119 %
El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro)2 se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico. Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente3. Las referencias a estos tipos serán sustituidas4, con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato. En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.
1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

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Valencia reclama tres jueces para hacer frente a la “avalancha” de demandas por cláusulas abusivas

10 de mayo, 2017

Jueves, 27 de abril de 2017  poderjudicial.es

Valencia reclama tres jueces para hacer frente a la “avalancha” de demandas por cláusulas abusivas

Los Juzgados de Primera Instancia piden que se mantenga el mismo refuerzo que ha permitido resolver 20.000 causas por productos financieros en tres años. Consideran imprescindible que el juzgado provincial especializado que propone el CGPJ empiece a funcionar cuando Conselleria y Ministerio pongan funcionarios. El decano de Valencia prevé la entrada a partir de junio de miles de demandas por cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado o gastos de formalización de hipoteca

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los magistrados de Primera Instancia de Valencia han pedido que se refuerce los 22 juzgados de la capital con el nombramiento de tres jueces para poder responder al “extraordinario aluvión de demandas” que previsiblemente se interpondrán por cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.

La propuesta de los magistrados de Primera Instancia de la capital, acordada en sendas juntas de jueces, ha sido elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y al Consejo General de Poder Judicial con el objetivo de poder responder desde el primer momento a esta situación en tanto se crea el juzgado provincial especializado que propone el CGPJ.

El CGPJ, a nivel nacional, ha propuesto la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia. Este órgano tendría competencia extendida a todo el territorio de la misma y, de manera exclusiva y no excluyente, conocería de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

Los jueces de Valencia consideran que ese juzgado especializado, que pretende dar respuesta a las demandas por cláusulas suelo, intereses de demora, vencimiento anticipado y gastos de formalización de hipoteca no será viable ni operativo si no echa a andar con la suficiente dotación de funcionarios y letrados de la administración de Justicia para lo que se requiere del compromiso de las otras administraciones con competencias en la materia: Ministerio de Justicia y Conselleria.

Por tal motivo, el decano de los Jueces de de Valencia, Pedro Viguer, ha pedido que por el momento se mantenga el refuerzo que se aprobó para responder a las demandas por productos financieros complejos, plan que ha permitido resolver más de 20.000 pleitos por acciones, preferentes, swaps y otros productos en tres años y ha evitado el colapso de uno de los órdenes jurisdiccionales que más se ha resentido como consecuencia de la crisis económica.

“Actualmente quedan en trámite en los Juzgados de Valencia alrededor de 600 asuntos sobre productos financieros. El refuerzo, que en algunos momentos ha llegado a ser de seis jueces, ha sido extraordinariamente eficaz ya que ha permitido hacer frente con eficacia a 20.140 demandas en un tiempo muy razonable de respuesta similar al de cualquier juicio verbal u ordinario”, subraya Viguer.

Un paréntesis

Según el decano “nos hallamos ante un mero paréntesis ya que en los meses de mayo o junio, una vez transcurrido el plazo de tres meses dado por el Gobierno para que bancos y clientes alcancen un acuerdo extrajudicial, con toda seguridad se va a producir un aluvión de miles de demandas sobre cláusulas abusivas, muy superior al que ya se ha producido respecto de los productos financieros”.

Esto es consecuencia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 diciembre 2016 sobre cláusulas suelo y de 26 enero de 2017 sobre cláusula de vencimiento anticipado así como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 diciembre de 2015 sobre los gastos de formalización de préstamos hipotecarios.

Sin embargo, respecto del juzgado especializado provincial que proyecta el CGPJ, integrado por un juez titular y uno o varios jueces de refuerzo por cada 1.000 asunto, los jueces de Valencia, en sendas juntas, han mostrado su “escepticimo” respecto de la actuación de la Conselleria, que cuando se especialice el juzgado tendría que nombrar cuatro funcionarios por cada juez ; y del Ministerio, a quien compete el nombramiento de uno o varios letrados de la Administración de Justicia.

“La experiencia demuestra que en lo relativo a refuerzos los jueces se han tenido que arreglar con lo que tenían, autoorganizándose, sin que hayan dispuesto de medios humanos adicionales, que, no obstante, se pidieron en su día. Por eso, en las juntas han mostrado su preferencia por el mantenimiento del sistema de refuerzo transversal existente, que ha dado buenos resultados con muy escasos medios”.

Pretendemos, añade Viguer, “aprovechar la eficacia y potencialidad resolutiva del refuerzo ya existente, que ha resultado ser extraordinariamente efectivo, aunque no sin esfuerzo, pues ha requerido organizar agendas con miles de señalamientos, calcular su duración según el tipo de juicio y materia, coordinar la remisión de los asuntos por cada uno de los 22 juzgados, organizar las salas de vistas, adaptar los sistemas informáticos, disponer de funcionarios de auxilio, etc…. Pero finalmente ha funcionado perfectamente, sin apenas suspensiones, una vez que se consiguió ajustar todas sus piezas”.

La prórroga “provisional” del refuerzo, hasta que empiece a funcionar el juzgado especializado en cláusulas abusivas sólo ofrece, según el decano de los jueces de Valencia “aspectos positivos, ya que redunda en beneficio del ciudadano y permite ir afrontando ya, desde este momento, con agilidad, eficacia y sin solución de continuidad, las demandas que se vayan presentando, sin perjuicio de que dicho refuerzo cese una vez especializado el juzgado provincial si finalmente se cuenta con los medios necesarios para ello”.

Juzgados sobrecargados

En 2016 la entrada de asuntos en los Juzgados de Primera Instancia de Valencia fue un 16% inferior a la del año anterior. Descendieron los pleitos por asuntos financieros complejos (de 9.500 a 6.100); bajaron a la mitad las demandas por ejecuciones hipotecarias (pasaron de 861 en 2015 a 420 en 2016) y se registró también un descenso de los lanzamientos derivados de los juicios de desahucio por arrendamientos y ejecuciones hipotecarias (pasaron de 2.052 a 1.851).

A pesar de estas cifras, los Juzgados de Primera Instancia registraron el pasado año una entrada de 41.000 casos, unos 1.860 por órgano. Están muy por encima de lo que se registraba antes de la crisis económica (34.000 asuntos en 2006). Esto supone que reciben el doble de casos de los que el CGPJ considera recomendable (un 129% más). Y la situación, a tenor de las estadísticas de los primeros meses de 2017, irá a peor.

Según el juez decano esta realidad es consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A este respecto, explica que “nos encontramos ante un nuevo panorama en materia de protección del consumidor frente a las cláusulas abusivas. El TJUE ha introducido un nuevo modelo que requiere la intervención positiva del juez mediante el control de oficio de dichas cláusulas abusivas, algo desconocido hasta hace unos años en el derecho procesal español, lo que ha supuesto una auténtica transformación de nuestro sistema procesal”.

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Más de 200.000 mujeres reciben el complemento de maternidad en su pensión

9 de mayo, 2017

06/05/2017 empleo.gob.es
La medida entró en vigor el 1 de enero de 2016
Más de 200.000 mujeres reciben el complemento de maternidad en su pensión

•110.829 pensiones reciben el complemento por 2 hijos (5%), 58.878 por 3 hijos (10%) y 40.804 por 4 hijos (15%)
•En el primer año de vigencia del complemento, la brecha de género en pensiones se redujo el 11,3%
La Seguridad Social abona ya 211.843 complementos de pensión a las mujeres que tuvieron hijos durante su carrera laboral, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El complemento entró en vigor el 1 de enero de 2016 con la finalidad de reforzar la contributividad del sistema reconociendo la  contribución demográfica de las madres trabajadoras. Se trata de un porcentaje adicional a las nuevas pensiones en función del número de hijos: 5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el15% por 4 o más hijos.

En este sentido, los datos constatan que en el primer año de vigencia del complemento, la brecha de género en pensiones se redujo el 11,3%.

De las 211.843 pensiones complementadas, 110.829 corresponden a las de mujeres con 2 hijos; 58.878 se abonan a pensionistas que tuvieron 3 hijos y 40.804 a pensiones de mujeres con 4 o más hijos.

Por prestaciones, el mayor número de pensiones complementadas son las de Viudedad, 110.262 (67,34%); seguidas de Jubilación, 82.535 (51,25%) e Incapacidad Permanente, 19.046 (40,55%).

Desde su puesta en marcha (2016) de las altas iniciales de pensión reconocidas a mujeres (371.753), casi seis de cada diez (211.843) tienen el complemento de maternidad vigente. Y una parte importante, aproximadamente el 20% (40.156) han visto incrementada su pensión un 15%. El complemento medio obtenido supera los 56 euros mensuales

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Actualizados los tipos de interés de los préstamos sobre viviendas protegidas

9 de mayo, 2017

Actualizados los tipos de interés de los préstamos sobre viviendas protegidas

La revisión se establece sobre los índices de referencia publicados por el Banco de España
Con respecto a la anterior actualización, descienden los tipos de interés de los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008
Esta reducción beneficiará a más de 267.600 familias

Nota de prensa fomento.gob.es

31.03.17 -El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se propone la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

Los nuevos tipos de interés son los siguientes:

Nuevos tipos de interés

Tipo de interés revisado

Programa 1996 (Plan 1996-1999)
2,50%

Plan 2002-2005
1,74%

Plan 2005-2008
1,75%

Con respecto a la anterior actualización, cuyo acuerdo se aprobó en los Consejos de Ministros del 11 de abril de 2014 y 26 de febrero 2016, bajan como se constata en el presente acuerdo, los tipos de interés de los Planes de Vivienda 2002-2005 y 2005-2008, que se situaban respectivamente en el 1,87% y el 1,90%. En el caso del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, los tipos se mantienen en el 2,50%.

Con carácter general, la revisión se realiza en función de la evolución de los tipos de referencia del mercado que son publicados por el Banco de España, tomando como referencia la variación de los últimos meses.

El número de familias beneficiadas por esta reducción asciende a 267.605. La reducción media anual de la cuota será de entre 25,20 y 29,64 euros, en el caso del Plan 2002-05, y de 57,72 euros para el Plan 2005-2008.

La normativa vigente que regula el funcionamiento de los distintos Planes de Vivienda establece que en el primer trimestre de cada año procede revisar y modificar, en su caso, el tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos concedidos en los mencionados programas.

Los criterios que se siguen para la revisión de estos tipos se fijan en la normativa de cada uno de los planes de vivienda. Su determinación está reglada.

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El Gobierno distribuye 1.893 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo

8 de mayo, 2017

Consejo de Ministros

El Gobierno distribuye 1.893 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo
La Moncloa, Madrid, viernes 5 de mayo de 2017  lamoncloa.gob.es
Esta cantidad se elevaría hasta los 2.018 millones con la aprobación de los Presupuestos de 2017. Además, el Gobierno ha presentado un informe sobre la evolución del empleo, que constata que todo el crecimiento se está trasladando a la creación de puestos de trabajo, y ha aprobado el Plan Hidrológico del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
El Consejo de Ministros ha acordado el reparto de los fondos para la ejecución de las políticas activas de empleo entre las Comunidades Autónomas. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que esta decisión, unida a la prórroga la semana pasada del Programa de Activación para el Empleo, refleja el compromiso del Ejecutivo de trabajar por el empleo desde el consenso.

La cantidad que se distribuirá asciende a 1.893 millones de euros, un 5,14% más que en el año 2016. Báñez ha apuntado que si se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado cuya tramitación está en marcha, el porcentaje de aumento sería del 12,7% (2.018 millones). Los fondos incluyen 129 millones de euros para un programa de acción conjunto dirigido a los parados de larga duración.

La titular de Empleo ha afirmado que el reparto recoge el acuerdo alcanzado en la pasada Conferencia de Presidentes de evaluar las políticas activas en función de los resultados. En la Conferencia Sectorial, ha explicado, se aprobaron “por unanimidad” los criterios con los que posteriormente se ha llevado a cabo la evaluación y el reparto de los fondos.

Creación intensa de empleo

Por otra parte, Fátima Báñez ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la evolución del empleo que refleja lo que, a su juicio, es el “gran cambio estructural” del mercado laboral español: “Todo el crecimiento económico se traduce de manera intensa en creación de empleo”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.Pool Moncloa/ JM CuadradoEl ritmo de creación de puestos de trabajo, ha detallado, es del 3,77%, mientras que en diciembre de 2011 el empleo se destruía a un ritmo del 2%.

De esta manera, España ha recuperado casi el 60% de los trabajos destruidos por la crisis, en términos de afiliados a la Seguridad Social. Báñez ha recordado que, según los datos de los registros públicos de empleo conocidos el jueves, en abril se produjo el mayor descenso mensual del paro de toda la serie histórica.

La ministra también ha apuntado que la mitad de la reducción del desempleo en la zona euro se produce en España, como recogen los últimos datos de Eurostat. “Algo muy diferente a lo que ocurría al comienzo de la legislatura pasada, cuando España aportaba el 60% del desempleo a la zona euro”, ha manifestado.

Recuperación inclusiva

En cuanto a la calidad del empleo, Fátima Báñez ha indicado que la economía española se encuentra en el periodo más prolongado de incrementos continuados de la contratación indefinida. En la actualidad, ha añadido, el porcentaje de asalariados con contratos indefinidos es del 75%, seis puntos más que al inicio de la crisis. Además, nueve de cada diez empleos recuperados lo son a tiempo completo.

La ministra ha subrayado igualmente que el sector privado sigue siendo el gran creador de puestos de trabajo -con el 96,4% del total- y que la recuperación es “muy inclusiva”, ya que el empleo crece en todas las comunidades autónomas, provincias, grupos de edad y sectores económicos.

También ha destacado los avances en el empleo de las mujeres -la cifra de afiliadas es la más alta de la historia-, los jóvenes, los mayores de 45 años, los parados de larga duración y las personas con discapacidad (la contratación entre ese colectivo registró un récord en 2016 y ha seguido creciendo en los primeros meses de este año).

Diálogo ante los retos

Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosPool Moncloa/J.M. CuadradoLa titular de Empleo y Seguridad Social ha asegurado que aún “queda mucho por hacer”, especialmente en el caso de los parados de larga duración y los menores de 30 años. Báñez ha señalado que más de 2,3 millones de desempleados no han concluido la Educación Secundaria Obligatoria, “que es un elemento clave para la empleabilidad”. De hecho, la tasa de paro es tres veces más baja entre las personas con educación superior, ha dicho.

La ministra ha defendido que en la lucha contra el paro “la política económica ayuda, pero también los acuerdos de negociación colectiva son capitales para las ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de 500.000 empleos cada año en nuestro país”. Báñez ha animado a los interlocutores sociales a renovar sus acuerdos para este año y el próximo y ha recalcado la importancia de “la unidad, el consenso y el diálogo permanente para seguir creando oportunid

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La economía y el empleo crecerán una media del 2,5% hasta 2020 y la tasa de paro caerá al 11,2%

7 de mayo, 2017

28 de abril de 2017 mineco.gob.es
La economía y el empleo crecerán una media del 2,5% hasta 2020 y la tasa de paro caerá al 11,2%
La demanda nacional tirará del PIB, aunque con contribuciones positivas del sector exterior en los cuatro años
El saldo de la balanza por cuenta corriente se mantendrá con superávit próximos al 2% del PIB durante cuatro años más
El crecimiento económico seguirá intensivo en creación de empleo, con medio millón de puestos de trabajo más al año
La tasa de paro bajará unos dos puntos más al año, hasta situarse en el 11,2% de la población activa a finales de 2020
El Consejo de Ministros ha aprobado la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España (2017-2020) para su remisión a Bruselas donde se mejoran las previsiones de crecimiento del PIB y del empleo respecto de la anterior revisión. Se trata de previsiones prudentes y realistas que mantendrán a España a la cabeza del crecimiento entre los países desarrollados y permitirán situar el déficit público por debajo del 3% en 2018 con superávit primario. La nueva proyección estima un crecimiento medio anual en estos cuatro años del 2,5% (desde el 2,7% este año hasta el 2,4% en 2019 y 2020) y una tasa similar para el empleo, lo que permitirá la creación de medio millón de puestos de trabajo anuales. La tasa de paro se reducirá al 11,2% a finales de 2020, el nivel más bajo desde mediados de 2008, es decir, al inicio de la recesión.

Los fundamentos de la economía española respaldan la continuidad de un robusto crecimiento durante el periodo 2017-2020, trayectoria que viene avalada por las previsiones más recientes de los organismos internacionales y los analistas. Aunque algunos factores que han impulsado el crecimiento económico en los países desarrollados, como el precio del petróleo, la política monetaria expansiva o el tipo de cambio del euro se moderan, España se mantiene a la cabeza del crecimiento entre las principales economías.

El Gobierno ha decidido revisar al alza las previsiones de crecimiento, tanto para este año como para el próximo (en dos y una décimas, respectivamente, hasta el 2,7% y el 2,5%), pese a que los denominados “vientos de cola” pierden impulso. La razón es que los datos más recientes muestran que la economía española mantiene el vigor en el crecimiento. Para el primer trimestre del año, el INE avanza un crecimiento en el primer trimestre del año del 0,8% y del 3% en tasa interanual, la misma que en el último trimestre de 2016.

Los cuatro años que abarca el Plan de Estabilidad arrojan una media de crecimiento del 2,5%, con un perfil ligeramente descendente, hasta el 2,4% en 2019 y 2020.  Los organismos internacionales estiman un crecimiento relativamente estable para la zona euro, ligeramente inferior al 2% hasta 2020. El contexto es de elevada incertidumbre derivada de acontecimientos como el calendario electoral en Europa, el Brexit o las medidas de política económica en EE UU. El nuevo cuadro macro español se basa en hipótesis como el mantenimiento del tipo de cambio del euro, la estabilidad también en los tipos de interés a corto plazo y un aumento de los precios del petróleo hasta en torno a los 53 dólares por barril durante todo el periodo de previsión.

El diferencial del crecimiento español respecto de los principales países de nuestro entorno es resultado de las reformas estructurales llevadas a cabo, en especial, la laboral, el saneamiento del sistema financiero y la consolidación fiscal. Se han reducido los principales desequilibrios, y se ha avanzado en el proceso de desapalancamiento del sector privado, compatible con el aumento del crédito para familias y empresas. Ya en el primer trimestre de 2017 es previsible que la economía española haya recuperado el nivel de renta que tenía al inicio de la recesión, pero se necesita no variar el rumbo para crecer al menos el 2,5% en los próximos años y recuperar así también lo que se ha dejado de crecer como consecuencia de la crisis.

Las medidas adoptadas han configurado un patrón de crecimiento más equilibrado y sostenible, con aportaciones positivas tanto de la demanda nacional como del sector exterior. Está previsto que la balanza por cuenta corriente registre hasta 2020 superávit próximos al 2% del PIB. Se prolongará así hasta al menos ocho años el saldo exterior positivo, un hecho insólito en la economía española, sobre todo cuando viene acompañado de un periodo sostenido de crecimiento de la demanda interna. La economía española generará en los próximos cuatro años una capacidad de financiación de 90.000 millones de euros, lo que permitirá seguir reduciendo el saldo deudor de la posición neta de inversión internacional.

El consumo y la inversión permanecen como motores del crecimiento económico, lo que sustenta un alto ritmo de creación de empleo y un acusado descenso de la tasa paro. El consumo privado sigue robusto como consecuencia de las previsiones de creación de empleo, las condiciones financieras y la mejora de la confianza. Estos factores permiten a su vez mantener el dinamismo de la inversión, en especial, la destinada a bienes de equipo, que crece a tasas del 4% al final del periodo. La construcción aumentará con menos fuerza, aunque alcanzará tasas próximas al 3,5% hacia 2020.

La creación de empleo responde a estas variables con un avance medio del 2,5% y medio millón de nuevos empleos al año. La tasa de paro bajará al 11,2% a finales de 2020 (11,9% en media anual), lo que supone 16 puntos menos desde el pico máximo cercano al 27% que se alcanzó con la crisis en el primer trimestre de 2013. El ritmo de reducción previsto es de dos puntos por año. Los 20 millones de ocupados que había al inicio de la recesión se alcanzarán a finales de 2019, si se cumplen las previsiones.

La evolución del mercado de trabajo es consecuencia también de las reformas llevadas a cabo, en especial la laboral, que han permitido reducir por debajo del 1% el umbral del crecimiento económico a partir del cual se crea empleo en España. Esta mejora se ha producido en un contexto de moderación salarial e inflación negativa. A partir de este año y con una evolución de los precios positiva, se prevé una remuneración por asalariado en crecimiento, hasta el 1,7% en el año 2020.

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Condenado por desobediencia el alcalde de A Merca por no derribar una vivienda (Ourense)

6 de mayo, 2017

Jueves, 4 de mayo de 2017  poderjudicial.es

Condenado por desobediencia el alcalde de A Merca por no derribar una vivienda (Ourense)

Por un delito de desobediencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha condenado al pago de una multa de 700 euros y a cuatro meses de inhabilitación al alcalde de A Merca como responsable de un delito de desobediencia. De acuerdo con la sentencia, dicha inhabilitación supone que Manuel Jorge V.R. “se ve privado de la condición de alcalde del Ayuntamiento de A Merca”.

Indica el fallo, que no es firme, ya que se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Ourense, que “no podrá obtener dicho cargo durante el tiempo de la condena, ni tampoco el de teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implique participación en el gobierno municipal. Tampoco podrá obtener cargos de gobierno en el ámbito provincial, autonómico o estatal durante el tiempo de la condena”.

Recuerda el juez en los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “requirió de manera reiterada” al acusado para que procediese a la demolición de una vivienda, lo que no se ejecutó, a pesar de las advertencias, hasta que se dedujo testimonio por un posible delito de desobediencia y se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Celanova.

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El paro se reduce en 536.400 personas en el último año con una mejora de la tasa de temporalidad

5 de mayo, 2017

27 de abril de 2017 mineco.gob.es
El paro se reduce en 536.400 personas en el último año con una mejora de la tasa de temporalidad
Se han creado 408.700 empleos en el último año, a un ritmo del 2,3% en el primer trimestre
Prácticamente la mitad de los nuevos contratos de asalariados fueron indefinidos y en su gran mayoría a tiempo completo
La tasa de paro se sitúa en el 18,75%, con un descenso de 2,25 puntos en el último año
El número de hogares con todos los activos en paro baja en 216.200 y sube en 321.600 los que tienen todos ocupados
El número de parados bajó en 536.400 personas en el primer trimestre del año respecto del mismo periodo del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa que publica el INE. Se trata de una caída del 11,2%, con lo que se acumulan tres años y medio de reducción del desempleo. La tasa de paro se mantiene prácticamente estable, en el 18,75% (sube 12 centésimas) y se reduce 2,25 puntos respecto de hace un año. En el mismo periodo se han creado 408.700 puestos de trabajo, a un ritmo anual del 2,3%, y con tres años  seguidos de evolución positiva. Prácticamente la mitad del nuevo empleo asalariado es indefinido y a tiempo completo y la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,75%, 72 centésimas menos que en el trimestre previo.

La evolución del mercado de trabajo refleja que la recuperación de la economía española se consolida a buen ritmo. Lleva camino del cuarto año de mejora en los niveles de empleo y de reducción del paro. El desempleo se reduce en más de medio millón anual en los últimos trimestres, con un avance superior a los dos dígitos. El empleo se crea a un ritmo del 2,3%, también en torno al medio millón en los últimos años. El número de ocupados se sitúa en 18,438 millones en la actualidad y el número de parados, en 4,255 millones. Desde el peor momento de la crisis, en España se han creado casi 1,5 millones de empleos netos, el número de parados se ha reducido en dos millones de personas y la tasa de paro ha bajado en más de ocho puntos. En el primer trimestre de 2017, el porcentaje de parados sobre la población activa se ha situado en el 18,75%, en niveles muy próximos a los de 2009.

Los datos del primer trimestre reflejan en parte la estacionalidad del mercado de trabajo en España. La ocupación descendió en 69.800 personas respecto del último trimestre de 2016, caída similar a la que se produjo en el mismo periodo del año anterior. Si se desestacionaliza el dato, el empleo aumenta el 0,7% en tasa intertrimestral, lo que supone una aceleración de tres décimas respecto al trimestre previo. Se ha destruido empleo temporal (122.600 empleos menos) mientras que ha aumentado la contratación indefinida (78.000 empleos más). Baja el empleo a tiempo completo (en 111.100 personas) y aumenta el que se contrata a tiempo parcial (en 41.300 personas).

El resultado anual elimina el componente de estacionalidad y, por tanto,  refleja mejor el pulso del mercado laboral. En los últimos doce meses, se han creado 408.700 empleos, a un ritmo del 2,3%, tasa igual a la del trimestre anterior. La creación de empleo del último año se ha concentrado en su totalidad en el sector privado, con 453.100 ocupados más, mientras que se ha reducido en el sector público, en 44.400 ocupados. En estos doces meses, el empleo a tiempo completo aumenta en 365.200 personas y el empleo a tiempo parcial sube en 43.400 personas.           El número de asalariados con contrato indefinido se incrementó en 195.600 trabajadores y con contrato temporal, en 210.100.

En cuanto a las cifras de paro, en el primer trimestre de 2017, el número de desempleados subió en 17.200 personas, frente al aumento de 11.900 en el primer trimestre del año pasado. En este periodo, el paro se ha reducido entre los menores de 25 años (en 22.100) y entre los de más de 55 años (en 13.900). El número de parados de larga duración se reduce en 75.800 (personas que perdieron su empleo hace más de un año) y en 25.200 entre los que buscan su primer empleo. En el cómputo anual, el paro se ha reducido en 536.400 personas, de las cuales el paro de larga duración ha bajado en 391.100 y en 27.300 entre los que buscan su primer empleo. En los últimos doce meses, el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se ha reducido en 216.200 y los que tienen todos sus activos ocupados ha aumentado en 321.600.

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Según el Abogado General Wahl, la cláusula de un contrato de préstamo que establece la devolución de la suma prestada en la divisa extranjera en la que se concedió el préstamo no constituye necesariamente una cláusula abusiva

4 de mayo, 2017

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 42/17
Luxemburgo, 27 de abril de 2017
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-186/16
Ruxandra Paula Andriciuc y otros/Banca Româneasca SA
Según el Abogado General Wahl, la cláusula de un contrato de préstamo que establece la devolución de la suma prestada en la divisa extranjera en la que se concedió el préstamo no constituye necesariamente una cláusula abusiva
La exigencia de que las cláusulas contractuales estén redactadas de manera clara y comprensible no puede obligar al profesional a anticipar e informar al consumidor sobre acontecimientos posteriores no previsibles, como las fluctuaciones excepcionales de los tipos de cambio
Entre los meses de abril de 2007 y octubre de 2008, la Sra. Ruxandra Paula Andriciuc y otras sesenta y ocho personas celebraron con el banco rumano Banca Românească contratos de crédito en francos suizos (CHF) con el fin de adquirir bienes inmuebles, refinanciar otros créditos o para hacer frente a necesidades personales. Los prestatarios estaban obligados a rembolsar las mensualidades en CHF. 1
El tipo de cambio entre el CHF y el leu rumano (RON) más o menos se duplicó entre 2007 y 2014. Los prestatarios consideran que el banco podía prever las fluctuaciones del tipo del cambio del CHF. Por tal motivo iniciaron un procedimiento ante los tribunales rumanos, alegando que las cláusulas que establecen la devolución del crédito en CHF hacen recaer sobre ellos el riesgo de tipo de cambio y por ello constituyen cláusulas abusivas.
El Derecho de la Unión 2 protege a los consumidores cuando celebran contratos con un profesional. Establece, en particular, que una cláusula puede considerarse abusiva cuando cause, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en tal celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
Conociendo del litigio, la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) plantea al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales sobre el examen de la cláusula contractual de que se trata. Dos de ellas pretenden dilucidar si la cláusula controvertida puede considerarse referida al objeto principal del contrato y si está redactada de manera «clara y comprensible», en cuyo caso no podrá examinarse su carácter potencialmente abusivo. Además, se pide al Tribunal de Justicia que aclare en qué momento debe evaluarse la existencia de un «desequilibrio importante» entre los derechos y obligaciones de las partes.
En las conclusiones que hoy presenta, el Abogado General Nils Wahl se refiere, además de al tenor de las cláusulas contractuales en cuestión, al contexto fáctico y jurídico en el que se celebraron los contratos de préstamo. Tiene en cuenta dos elementos determinantes. En primer lugar, señala que a los contratos de préstamo en divisa extranjera se les aplica generalmente un tipo de interés más bajo que a los contratos en moneda nacional, como contrapartida del «riesgo de tipo de cambio» al que pueden verse expuestos en caso de devaluación de la moneda nacional. En segundo lugar, indica que el banco concedió los préstamos en francos suizos y tiene derecho a obtener los rembolsos de tales préstamos en la misma divisa. Según el Abogado General, la obligación de devolución de las mensualidades en francos suizos no puede constituir un elemento accesorio del contrato, sino que forma parte de los elementos clave del contrato de préstamo en divisas extranjeras.
El Abogado General concluye de ello que la cláusula de un contrato de préstamo en virtud de la cual el prestatario debe rembolsar el importe en la misma moneda de su concesión queda comprendida en el concepto de «objeto principal del contrato».
Por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, el Abogado General precisa que la exigencia de que una cláusula contractual esté redactada de manera clara y comprensible implica que la cláusula controvertida sea comprendida por el consumidor a la vez en el plano formal y gramatical, y también en cuanto a su alcance concreto. De este modo, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz debería no sólo estar informado de la posibilidad de apreciación o depreciación de la moneda extranjera, sino también poder evaluar las consecuencias de tal cláusula en sus obligaciones financieras. No obstante, la exigencia de que una cláusula contractual esté redactada de manera clara y comprensible no puede llegar a obligar al profesional a anticipar las consecuencias posteriores no previsibles, como las fluctuaciones de los tipos de cambio de las divisas de que se trata en el asunto, ni a informar de ellas al consumidor y a asumir sus consecuencias.
Por último, el Abogado General se pronuncia sobre en qué momento hay que situarse para evaluar la existencia de un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. Precisa que tal cuestión sólo tiene sentido en el supuesto de que el Tribunal de Justicia concluya que la cláusula controvertida no está comprendida en el concepto de «objeto principal de contrato» o no está redactada de manera clara y comprensible. El Abogado General estima que un profesional no puede ser considerado responsable de circunstancias posteriores a la celebración del contrato y ajenas a su voluntad (como son, en particular, las variaciones del tipo de cambio). De otro modo no sólo se impondrían al profesional obligaciones desproporcionadas, sino que además se violaría el principio de seguridad jurídica. El Abogado General concluye a este respecto que deben tenerse en cuenta todas las circunstancias que el profesional hubiera podido prever razonablemente en el momento de la celebración del contrato. En cambio, el desequilibrio importante no puede apreciarse en función de acontecimientos posteriores a la celebración del contrato que el profesional no controlaba ni podía anticipar (como las variaciones del tipo de cambio).
1 Según la información de que dispone el Tribunal de Justicia, más de cincuenta mil familias en Rumanía han suscrito préstamos en CHF.
2 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula, a instancias de la CNMC, las restricciones más relevantes de la regulación de viviendas vacacionales de Canarias

3 de mayo, 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula, a instancias de la CNMC, las restricciones más relevantes de la regulación de viviendas vacacionales de Canarias

26 Abr 2017
nota de prensa  cnmc.es
· El Tribunal anula varios preceptos del Reglamento autonómico de viviendas vacacionales por vulnerar la libre competencia

· Se trata de la segunda sentencia de los Tribunales referente al sector de viviendas turísticas en la que se estiman los argumentos de la CNMC

· La Comisión es partidaria de agotar las vías de diálogo con las Administraciones implicadas de forma previa a la interposición de los recursos judiciales.

· La CNMC insiste en la conveniencia de que las Administraciones Públicas cumplan los principios de regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia en todas sus actuaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado sustancialmente el recurso interpuesto por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en noviembre de 2015, contra el Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Decreto 113/2015 de Canarias, publicado el 28 de mayo de 2015, introdujo una nueva regulación en el sector de viviendas vacacionales. Esto es, el alquiler privado de viviendas, que previamente no estaban sometidas a ninguna regulación.

La CNMC consideró que, de acuerdo con la normativa de promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, el decreto introducía numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, en perjuicio del bienestar de los ciudadanos.

Entre los más importantes, el Decreto del Gobierno de Canarias impedía que las viviendas vacacionales se establecieran en zonas turísticas. Además, las excluía de las zonas donde se localizan los hoteles y los apartamentos, prohibía el alquiler de habitaciones de forma separada; y exigía para poder ofrecer un alojamiento de este tipo una declaración responsable supeditada a la inscripción en un registro.

Con el fin de mejorar la normativa y evitar la interposición del recurso, la CNMC ofreció la máxima colaboración a este respecto y requirió el  23 de julio de 2015 al Gobierno de Canarias que suprimiera o modificara artículos concretos que restringían la competencia en el sector de los servicios de alojamiento. Ante la negativa de modificación del Decreto, la CNMC interpuso en noviembre de 2015 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Solicitud de anulación de diversos artículos

En dicho recurso, se solicitó la anulación de diversos preceptos del Reglamento de Canarias por constituir restricciones a la competencia contrarias a la normativa de promoción de la competencia efectiva. El recurso se acompañó de un Informe Económico en el que se analizaron los efectos y la falta de justificación de esta regulación restrictiva.

El informe mostraba cómo la entrada en el mercado de las viviendas vacacionales estaba dinamizando el alojamiento turístico en las Islas Canarias de forma considerable, con una mayor variedad en la oferta, precios más eficientes y mejor calidad en los servicios.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha pronunciado recientemente sobre la cuestión y ha estimado las principales reivindicaciones de la CNMC, anulando por sentencia los siguientes preceptos:
Anula la prohibición de que existan viviendas vacacionales en las zonas turísticas o de uso mixto. Para el Tribunal, la prohibición infringe la libertad de empresa, ya que no le encuentra sentido a la exclusión de viviendas vacacionales en ámbitos donde debe localizarse preferentemente la actividad turística. La única explicación que le encuentra, en consonancia con el análisis de la CNMC, es la de favorecer a los operadores turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas.
Permite el alquiler por habitaciones de forma separada, y anula así el artículo que lo prohibía por lesionar la competencia. Según el Tribunal, la prohibición no está justificada y lo único que persigue, de manera evidente, es evitar que se ofrezca en el mercado un producto que por su mejor precio compita con los del alojamiento hotelero.
Suprime la obligación de inscripción en un Registro previo al inicio de la actividad. El Decreto no permitía el inicio de la actividad de alojamiento hasta que la vivienda, una vez presentada la declaración responsable, no estuviera inscrita en el Registro por la Administración Autonómica.

La CNMC está legitimada por el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 de la CNMC para impugnar los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley que impliquen obstáculos para que exista una competencia efectiva en los mercados.

La CNMC está a disposición de las autoridades canarias para seguir colaborando en la búsqueda de una regulación más eficiente que permita un adecuado cumplimiento de los principios y libertades que a todos nos protegen.

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La economía española mantiene su fortaleza en el primer trimestre

2 de mayo, 2017

21 abr 2017 ceoe.es
Panorama Económico

La economía española mantiene su fortaleza en el primer trimestre

El mercado laboral continúa su dinamismo, repuntan los afiliados a la Seguridad Social y comienza a moderarse la inflación
La economía española sigue manteniendo su fortaleza en el primer trimestre de 2017, con un crecimiento trimestral entre el 0,7%-0,8%, según estimaciones preliminares, al tiempo que el mercado laboral continua con un gran dinamismo y los afiliados a la Seguridad social han repuntado en los primeros meses de este año hasta alcanzar una tasa interanual del 3,5% en marzo, según destaca CEOE en el Panorama Económico que elabora el Servicio de estudios del Departamento de Asuntos Económicos y Europeos de esta Confederación.
La Organización considera que una de las principales novedades del mes de marzo se refiere a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En este sentido, subraya que el Proyecto de los mismos no prioriza el gasto destinado a las actividades empresariales, que pierden año tras año peso en el total de gasto consolidado. Por el contrario, señala que el final del ajuste se manifiesta en el gasto social y en el empleo del sector público.

El Proyecto de Ley de Presupuestos, apunta que el déficit de las administraciones públicas se situará en el -3,1% del PIB en 2017,  lo que parece un objetivo ambicioso, dada la desaceleración económica prevista (un avance del PIB del 2,5%, que el presidente del Gobierno ha anunciado que se revisará al 2,7%) y el aumento de las partidas de gasto social, que aumenta  un 2,7% sin tener en cuenta el desempleo, indica CEOE.

En su opinión, la política expansiva en gasto social, unida a la caída de las partidas destinadas a asuntos económicos y actuaciones de carácter general, hace que el presupuesto de gasto consolidado para 2017 sea muy similar al de 2016.

Por el lado de los ingresos, se prevé alcanzar los 200.000 millones de euros de recaudación, un aumento del 7,5% sobre los ingresos reales de 2016. Así, la recaudación tributaria alcanzaría el nivel obtenido en 2007, año que marcó los máximos históricos.

En el ámbito internacional, CEOE destaca, por un lado, la continuación de las señales de mejoría en la economía mundial, con aumentos de los indicadores de confianza en Europa y en los Estados Unidos y, por otro, el hecho de que el Reino Unido haya activado el artículo 50 del Tratado de la UE, con lo que incia el proceso de salida de la Unión Europea.
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Se recorta más de un 20% la inversión en infraestructuras públicas a pesar de la recuperación

1 de mayo, 2017

Se recorta más de un 20% la inversión en infraestructuras públicas a pesar de la recuperación
UGT | viernes, 21 de abril de 2017 ugt.es

La Unión General de Trabajadores advierte de que, a pesar de la recuperación de la economía, los PGE de 2017 recortan en infraestructuras públicas, concretamente destinan 657 millones de euros menos que en 2016, una reducción de más de un 20% respecto a los presupuestos del año anterior que sitúa la inversión a niveles de hace 22 años. El sindicato considera que estos presupuestos profundizan las debilidades de un modelo productivo que hoy adolece de graves estancamientos y retrocesos. Hoy nuestra economía es más débil y más vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional, y esto en un contexto de alto desempleo, elevado nivel de endeudamiento, aumenta aún más los riesgos para nuestra economía real. La situación de la inversión en infraestructuras públicas no es coherente con la evolución macroeconómica y mucho menos con las necesidades del país y de su modelo productivo.

El Libro Amarillo de los PGE 2017 en su apartado sobre infraestructuras señala que la inversión pública en infraestructuras es “un instrumento básico para dinamizar la economía, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebración del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas más desfavorecidas” pero la realidad que esconden los PGE es otra muy distinta a esta idea, ya que cuando la economía crece, los PGE recortan en infraestructuras públicas.

Un recorte es más que evidente ya que los PGE 2017 destinan 657 millones de euros menos a infraestructuras que en 2016, en línea con lo sucedido a lo largo de estos años, si bien el recorte en 2017 es muy superior al de 2016, que fue de 101 millones de euros respecto al año anterior.

De este modo, la partida de infraestructuras sigue menguando respecto al total de los PGE y esta año apenas supone un 1,6% del total, frente al 1.7% de 2016 y el 1,8 del 2017. Esto supone que el gasto destinado a infraestructuras en nuestro país en 2017 es de 5.392 millones de euros (capítulos I a VIII), frente a los 6.049 millones de euros del año pasado.

Si atendemos a la inversión por tipo de infraestructura, se observa como todas las partidas han descendió respecto al año pasado excepto Aeropuertos, que aumenta un 13% (71,2 millones de euros) y Otras infraestructuras, con un 16% de incremento, casi 7 millones de euros.

En cambio, la inversión en carreteras cae un 13% (293 millones de euros), la de ferrocarriles cae un 29% (1.262 millones de euros), la de puertos un 1% (10 millones de euros), las infraestructuras hidráulicas se recortan un 34% (426 millones) y las de costas y medioambientales más de un 15%, (39 millones de euros). En resumen, la inversión en infraestructuras se ha recortado más de un 20% respecto a los PGE del año anterior.

El sindicato considera que el modelo productivo español hoy adolece de graves estancamientos, cuando no retrocesos, en relación con las inversiones en general y en infraestructuras en particular. Y estos PGE no solo no mejoran estos estancamientos, sino que profundizan las debilidades del modelo.

Hoy nuestra economía es más débil y más vulnerable ante shocks externos y vaivenes del ciclo económico internacional. Y esto en un contexto de alto desempleo, elevado nivel de endeudamiento, y debilidad de las inversiones públicas aumenta aún más los riesgos para nuestra economía real ante las incertidumbres internacionales.

Esta situación de las inversión en infraestructuras públicas en España no es coherente con la evolución macroeconómica de los indicadores y mucho menos con las necesidades de país y de su modelo productivo, puesto que sigue ignorando la necesidad de recuperar las inversiones públicas esenciales para acompañar el futuro modelo productivo de nuestro país que en nuestro país no puede esperar más.

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Protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica

30 de abril, 2017

Protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica

Tipo de resolución: Recomendación

Fecha: 18/04/2017 defensordelpueblo.es

Administración:  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Secretaría de Estado de Energía

Respuesta de la Administración: En Trámite

Queja número: 17006846

Resumen

El concepto de consumidor vulnerable se encuentra sin definir y tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico.

Por este motivo el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía definir un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta del consumidor.
Texto

El objeto de la presente actuación de oficio es formular y reiterar recomendaciones a esa Secretaría de Estado para que puedan ser valoradas en la propuesta de Real Decreto por la que se regula el bono social eléctrico y se establecen medidas para la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, que desarrollará los artículos 45 y 52 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico en su redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.

Se ha tenido en cuenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la Jornada bajo el lema “Medidas para la Protección de los Consumidores Vulnerables en Materia de Energía Eléctrica”, celebrada en la Sede del Defensor del Pueblo el 29 de marzo de 2017.

Con la aprobación del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica se inicia el proceso para la aprobación de una modificación de la regulación del bono social eléctrico y el establecimiento de medidas para evitar el corte de suministro eléctrico por impago a los consumidores vulnerables que se determinen.

Consideraciones

1. El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y una condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. La alimentación, la educación o la salud de las personas son derechos que se ven afectados por una falta de suministro eléctrico, que aboca a la exclusión social. Dado su carácter instrumental se debería avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho subjetivo que, como tal, ha de ser protegido y amparado por los poderes públicos.

2. Debido a la íntima relación entre la energía y los derechos humanos, la privación del suministro eléctrico en personas físicas en su domicilio habitual no puede someterse exclusivamente a las reglas de mercado, ni regirse por la autotutela privada, sino que es necesario promover algún tipo de protección pública eficaz para garantizar los derechos de las personas.

3. El esfuerzo que realizan los hogares para pagar lo suministros energéticos se ha elevado considerablemente. En el ámbito específico de la energía eléctrica, la proporción de ingresos que los hogares dedican al pago de la misma se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, por la confluencia de dos factores: la crisis económica y la subida del precio de la electricidad.

4. Son fundamentales las políticas orientadas a garantizar un suministro eléctrico a las personas físicas en su domicilio habitual y que se cubra el pago de quienes no pueden hacer frente al mismo. Ha de velarse por el empleo justo de los recursos destinados a este fin, de manera que llegue a los hogares que realmente lo necesitan. Tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de él al margen de todo criterio socieconómico.

5. Con la aprobación del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica se procede a la modificación del artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico con objeto de establecer un nuevo mecanismo de financiación del bono social e incorporando los principios de proporcionalidad y progresividad tanto el los consumidores como en las ayudas. Este artículo no define el consumidor vulnerable pero aporta unos elementos que se han de considerar para determinar su concepto y suponen un punto de partida para ello: persona física, vivienda habitual con unas características sociales, de consumo y poder adquisitivo.

6. El desarrollo reglamentario de esta disposición habrá de tener en cuenta dos tipos de cuestiones: en primer lugar, la determinación de las personas que se beneficiarán de estas nuevas medidas de protección, es decir, el ámbito de aplicación y, en segundo lugar, el establecimiento de procedimientos eficaces para la articulación práctica de las mismas.

7. Para decidir el ámbito de cobertura del concepto de consumidor vulnerable, hay que proteger adecuadamente los hogares donde residan menores de edad, ancianos y personas con discapacidad. Hay que valorar el principio de interés superior del menor y el hecho de que la falta de suministro eléctrico afecta a un derecho fundamental que es la educación, porque en los meses de invierno los menores han de realizar sus tareas escolares después de la puesta de sol. Del mismo modo, las personas mayores y los discapacitados cuentan con unas necesidades particulares que no pueden olvidarse.

8. El ámbito objetivo de las nuevas medidas, según el artículo 52, se limita a los impagos que se produzcan en los contratos acogidos al PVPC o Tarifa de Último recurso. Muchos consumidores contratan el suministro eléctrico en el mercado libre y no cuentan con esta garantía, por lo que sería conveniente incluir también en el ámbito de aplicación de este procedimiento el caso de los impagos de estos contratos y los impagos resultantes de un posible fraude.

9. Es evidente que si la transparencia no es suficiente y que los consumidores desconocen si están en el mercado libre, se le deben dar las mismas garantías frente a un posible impago que a los contratos acogidos al PVPC o a la TUR.

10. Los impagos provocados por las refacturaciones por fraude no deben excluirse de las nuevas medidas de protección. Las penalizaciones en materia de fraude han sido objeto de actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, que ha puesto de manifiesto en que estos procedimientos no se están desarrollando con las suficientes garantías de imparcialidad, llegándose en algunos casos a producirse una verdadera indefensión material, que requiere medidas regulatorias específicas, que salvaguarden derechos tan fundamentales como la presunción de inocencia. Debido a estas consideraciones cuando el impago en un domicilio habitual tenga su origen en una deuda generada como consecuencia de un fraude también ha de darse a los servicios sociales la posibilidad de averiguar la conveniencia de determinar algún sistema de protección.

11. El segundo inciso del artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2016 establece que el Gobierno colaborará con las Administraciones Públicas competentes en la puesta en marcha de un registro administrativo de puntos de suministro que correspondan a los consumidores referidos en el artículo 52.4.j) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con pleno respeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

12. La futura normativa abre un nueva perspectiva con importantes desafíos, dada la complejidad del proceso y la intervención de diferentes administraciones (servicios sociales, y servicios en materia de energía) que además tienen distintos ámbitos territoriales (estatal, autonómico y municipal). La experiencia de algunas Comunidades Autónomas ha puesto de manifiesto la existencia de casos de bloqueo o de colapso por la insuficiente capacidad de los servicios sociales para emitir los correspondientes informes que determinen si la personas está o no en situación de vulnerabilidad. Los procedimientos han de funcionar correctamente y para ello es fundamental la cooperación leal entre Administraciones aprovechando las nuevas tecnologías.

13. Esta cooperación se puede desarrollar a través de Conferencia Sectorial de Energía. Asimismo hay un marco jurídico para dar cabida a las entidades locales: la Ley 2/2011, de 4 de marzo, en su artículo 81.3 establece que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas establecerán marcos de cooperación y coordinación con las Administraciones locales para alcanzar los objetivos fijados y para implementar los correspondientes Planes, medidas y actuaciones en el ámbito local. El artículo 12 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Energía prevé expresamente la posibilidad de constituir Comisiones y Grupos Técnicos de Trabajo para el estudio de asuntos concretos, por lo que pueden aprovecharse las potencialidades que brinda esta normativa.

Decisión

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, procede formular las siguientes:

RECOMENDACIONES

1. Definir un concepto de consumidor vulnerable de acuerdo con criterios de renta del consumidor.

2. Modular el umbral de renta de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación.

3. Estudiar la posibilidad de reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro.

4. Crear un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz.

5. Dar publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

6. Establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social.

7. Prever la coordinación administrativa necesaria en el procedimiento de acreditación de consumidor vulnerable y reconocimiento del derecho al bono social, así como un sistema idóneo de comunicación con las empresas.

8. Introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos que estén acogidos al mercado libre.

9. Añadir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a aquellos provenientes de impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

10. Incluir entre las medidas de protección contra el corte de suministro disposiciones que tengan en cuenta la necesidad de proteger a los niños, ancianos y personas con discapacidad.

11. Establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que se reúna con carácter periódico para abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

En espera de la remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de estas RECOMENDACIONES, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarlas, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril

Defensora del Pueblo

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Campaña de la Renta 2016

29 de abril, 2017

Campaña de la Renta 2016
Tipo de resolución: Recomendación
Fecha: 10/04/2017 defensordelpueblo.es

Administración:  Ministerio de Hacienda y Función Pública. Agencia Estatal de Administración Tributaria

Respuesta de la Administración: Sin Respuesta

Queja número: 16006218
Resumen
La campaña de Renta supone un momento de máxima utilización de los recursos humanos y tecnológicos de los que dispone la Agencia Estatal de la Administración Tributaria como consecuencia del volumen de peticiones de información, solicitudes de declaración, devolución, etc. Pero al ser el único vehículo que perciben los ciudadanos como interlocutor en materia del IRPF los recursos en el periodo de campaña de Renta deben optimizarse para la obtención de resultados adecuados a la calidad.

Los ciudadanos desconocen los convenios de colaboración y servicios de ayuda que coordinados con la Agencia Tributaria, para confeccionar la declaración de la Renta, gestionar el borrador del Impuesto o solicitar la devolución que corresponda, se prestan por otras administraciones autonómicas y locales y demás entidades colaboradoras.

La carta de servicios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondera una serie de principios, tales como la atención personalizada, que la información ha de ser clara y precisa, los servicios prestarse por personal especializado y una serie de medidas en relación a los servicios de información y asistencia, que deben ser objeto de análisis y seguimiento en cuanto a su cumplimiento con la finalidad de maximizar la eficiencia de los recursos de los que disponen.
Texto

Se ha recibido su escrito, en el que contesta a la queja de referencia, sobre el servicio de cita previa.

Consideraciones

1. La campaña de Renta supone un momento de máxima utilización de los recursos humanos y tecnológicos de los que dispone esa Agencia como consecuencia del volumen de peticiones de información, solicitudes de declaración, devolución, etc. Pero al ser el único vehículo que perciben los ciudadanos como interlocutor en materia del IRPF los recursos en el periodo de campaña de Renta deben optimizarse para la obtención de resultados adecuados a la calidad.

2. Los ciudadanos desconocen los convenios de colaboración y servicios de ayuda prestados por otras administraciones y demás entidades que resultan útiles en estas circunstancias.

3. La carta de servicios pondera una serie de principios, tales como la atención personalizada, que la información ha de ser clara y precisa, los servicios prestarse por personal especializado y una serie de medidas en relación a los servicios de información y asistencia, que deben ser objeto de análisis y seguimiento en cuanto a su cumplimiento con la finalidad de maximizar la eficiencia de los recursos de los que disponen.

4. El artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria establece el derecho del obligado tributario a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

Decisión

Hacer uso de la facultad conferida por los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, formulando las siguientes:

RECOMENDACIONES

1. Mejorar la calidad y accesibilidad a los servicios prestados de acuerdo con lo expresado en su carta de servicios a nivel nacional y autonómico.

2. Difundir los servicios de ayuda prestados por la Consejería de Administraciones Públicas y Hacienda del Gobierno de La Rioja, Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y otras entidades que presten servicios de colaboración.

En espera de la remisión de la información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de estas RECOMENDACIONES, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarlas, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril

Defensora del Pueblo

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La Policía Nacional ha detenido a dos personas por vender online licencias “pirata” para activar sistemas operativos

28 de abril, 2017

La comercialización se producía a través de tres páginas web diferentes alojadas en el extranjero
La Policía Nacional ha detenido a dos personas por vender online licencias “pirata” para activar sistemas operativos
La obtención del acceso ilícito al software tenía un coste de entre 50 y 100 euros dependiendo de la versión demandada
24-abril-2017.- policia.es

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas e investigan a otras dos por la venta online de licencias “pirata” para activar sistemas operativos. La venta se producía a través de tres páginas web diferentes y la obtención del acceso ilícito al software teniendo los productos tenía un coste de entre 50 y 100 euros dependiendo de la versión demandada.
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por el representante de una empresa multinacional -dedicada al sector del software y el hardware, y propietaria de los derechos de propiedad industrial presuntamente vulnerados-, presentada contra una mercantil que tenía a la venta estos productos. Las pesquisas realizadas por los agentes tras recibir esta información, permitieron descubrir tres páginas web en las que comercializaban múltiples licencias para la activación fraudulenta de programas informáticos de la empresa denunciante, en concreto sistemas operativos en diversas versiones, facilitando certificados de autenticidad falsificados que contenían las claves de activación de dichos programas.
Webs alojadas en el extranjero
Las tres páginas web las relacionadas con la venta fraudulenta de los productos se encontraban alojadas en el extranjero y los productos falsificados que vendían tenían un coste de entre 50 y 100 euros cada uno, obteniendo con esta actividad delictiva un beneficio económico considerable, además de causar un notable perjuicio a la empresa propietaria de los derechos sobre el mismo.
Fruto de la investigación fueron identificados los principales implicados, deteniendo en la ciudad de Almería a los dos responsables principales de la comercialización de productos bajo licencia falsa, como presuntos autores de delitos de estafa y contra la propiedad industrial, tomando declaración a otras dos personas por su presunta participación en los mismos hechos delictivos.
Los detenidos han sido puestos en libertad previo apercibimiento de presentarse ante la Autoridad Judicial cuando fueren requeridos para ello.

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El Tribunal Supremo anula un contrato hipotecario vendido al cliente como beneficioso frente a la subida de tipos de interés

27 de abril, 2017

Miércoles, 26 de abril de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo anula un contrato hipotecario vendido al cliente como beneficioso frente a la subida de tipos de interés

Según la Sala, el contrato “inducía a error a los clientes” desde un principio

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el error en la contratación de productos y servicios de inversión y, en concreto, sobre la contratación de swaps de tipos de interés o de inflación por clientes que desconocen los productos financieros y de inversión.

En esta sentencia –en la que ha sido ponente el presidente de la Sala, el magistrado Francisco Marín Castán- se resuelve un contrato denominado ‘Clip Hipotecario Óptimo 8.08’, que fue ofrecido por Bankinter a los recurrentes en el año 2008, pocos meses después de la contratación de un préstamo hipotecario para la adquisición de una vivienda, con la finalidad declarada de cubrir el riesgo de posibles subidas del tipo de interés. No obstante, con la bajada del euribor a partir de marzo de 2009, los deudores vieron notoriamente incrementado el coste de amortización mensual de su préstamo.

Para la Sala, el contenido del contrato, lejos de ofrecer una información adecuada,
“inducía a error a los clientes ya desde un principio, no solo al presentarse el contrato como una protección frente a la subida de los tipos de interés del préstamo hipotecario, sino también al no explicar por qué si lo pretendido era realmente una estabilidad del tipo de interés, no se contrató un préstamo a tipo fijo, en vez de un préstamo a tipo variable”.

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La CNMC requiere a la Xunta de Galicia que suprima o modifique distintos artículos de su Decreto de apartamentos y viviendas turísticas y viviendas de uso turístico

26 de abril, 2017

La CNMC requiere a la Xunta de Galicia que suprima o modifique distintos artículos de su Decreto de apartamentos y viviendas turísticas y viviendas de uso turístico

25 Abr 2017  cnmc.es
nota de prensa

Formula un requerimiento previo para evitar interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia

El Decreto 12/2017 incluye artículos que restringen la competencia efectiva en el sector de los servicios de alojamiento y perjudican a los usuarios

La CNMC considera que la norma favorece injustificadamente a las empresas ya instaladas y es contraria a la normativa nacional y de la Unión Europea

Recientemente, tanto la Comisión Europea como los órganos jurisdiccionales están compartiendo y confirmando el enfoque de la CNMC

 

 

La CNMC notificó el pasado 7 de abril a la Xunta de Galicia un requerimiento previo contra diversos artículos del Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autonóma de Galicia (publicado en el Diario Oficial de Galicia de 10 de febrero de 2017).

El Decreto 12/2017 regula de forma diferenciada dos modalidades de alojamientos turísticos. Por una parte, los apartamentos turísticos (cuando todos los apartamentos de la edificación están destinados al alojamiento turístico) y las viviendas turísticas (establecimientos unifamiliares aislados o chalets), a cargo de empresas de alojamiento turístico. Por otra, las viviendas de uso turístico, que se distinguen de las anteriores porque se permite que particulares las comercialicen y tienen un régimen jurídico diferente. Estas viviendas se consideraban hasta ahora como parte de la oferta de alojamiento no reglado y carecían de regulación específica.

El requerimiento que realiza la CNMC es un paso previo con el que se quiere evitar interponer  un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Xunta de Galicia está a tiempo de modificar o anular las restricciones injustificadas señaladas por la CNMC para favorecer de ese modo a los consumidores y usuarios.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley que impliquen obstáculos para que exista una competencia efectiva en los mercados.

Este es la tercera vez que la CNMC emplea la legitimación activa por obstáculos a la competencia efectiva frente a normas que restringen el sector de viviendas de uso turístico. En el caso del recurso contra la normativa de la Comunidad de Madrid ha sido estimado completamente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

El enfoque y la defensa de los principios de regulación económica eficiente de la CNMC está siendo compartido por  los Tribunales y además por la Comisión Europea. Esta en su última comunicación “Una Agenda Europea para la economía colaborativa” incide en la necesidad de no introducir requisitos de acceso al mercado injustificados, innecesarios y desproporcionados.

El análisis del Decreto de la Xunta que ha realizado la CNMC conforme a la normativa de competencia y a los principios de regulación  económica eficiente –recogidos en diversas leyes estatales-, pone de manifiesto diferentes obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva:

Con respecto a los apartamentos y viviendas turísticas:
Prohíbe el alquiler por habitaciones y limita el periodo de alojamiento a tres meses. Resulta contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas.

Subordina el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable con características más propias de una autorización administrativa. Sin embargo, no se justifica la necesidad de esa intervención administrativa, con el consiguiente coste de recursos públicos.

Presenta un catálogo exagerado de requisitos técnicos y servicios mínimos exigidos, que no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad de la regulación. De esta forma, existe una carga innecesaria para operadores, que incrementa los costes y limita su libertad de autoorganización. Además, se exige tener un distintivo, una carga al operador no justificada.
En relación con las viviendas de uso turístico:
Permite que los Ayuntamientos limiten el número de viviendas –o incluso las  prohiba- en determinados edificios o sectores urbanísticos. Esto supone una restricción discrecional de la oferta de viviendas en su número y variedad.

Prohíbe la cesión por habitaciones, de forma que limita el libre ejercicio de la actividad económica, restringe el número y variedad de plazas de alojamiento.

Establece un régimen jurídico diferenciado en función de elementos temporales (estancia inferior a 30 días o cesión de al menos dos veces al año) no justificados, que no superan el test de necesidad ni proporcionalidad.

Régimen de acceso a la actividad (declaración responsable) muy agravado con un conjunto de cargas adicionales que no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad: pago de tasas, suscripción de un seguro de responsabilidad civil e inscripción en un registro.

Catálogo de requisitos y servicios mínimos abiertamente discrecional que limita sin justificación la libertad auto-organizativa de los operadores.
Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalientan a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes. Se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.

La aprobación de esta normativa restrictiva se produce en un contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios online y de economía colaborativa.

La CNMC entiende, por tanto, que, dentro del plazo legal establecido, las disposiciones afectadas deben suprimirse o modificarse para favorecer en mayor medida al interés general, de forma que no supongan un obstáculo al desarrollo de la competencia efectiva.

 

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El Tribunal Constitucional, la institución pública más transparente

25 de abril, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 21/2017 tribunalconstitucional.es
El Tribunal Constitucional, la institución pública más transparente
El Tribunal Constitucional es la institución pública más transparente. El “Informe de evaluación de los órganos constitucionales y reguladores”, elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con la colaboración de la Fundación ¿Hay Derecho?, otorga una puntuación de 9,87 al Tribunal por su fiel cumplimiento, a través de la página web, de las previsiones contenidas en la Ley de Transparencia. También con una elevada puntuación, figuran entre los primeros lugares de la lista el Consejo General del Poder Judicial (9,70), el Banco de España (9,43), la Casa de Su Majestad el Rey (9,42) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (9,39).
El informe del Consejo de Transparencia destaca el “significativo compromiso” del Tribunal con la transparencia, un objetivo que ha guiado la construcción y diseño de la nueva página web, puesta en marcha el pasado mes de noviembre. De ella afirma que es una página “limpia” y “amigable”, “muy ordenada” y “fácilmente navegable”, con una información “muy sistematizada”. Un “instrumento útil” y didáctico para todas las personas que la visitan.
El CTBG ha evaluado el cumplimiento de los cánones de transparencia en dos vertientes: el cumplimiento obligatorio del deber de publicidad activa, tal y como establece la Ley de Transparencia en sus arts. 6, 7 y 8, ámbito en el que el Tribunal es la institución mejor valorada con 9,87 puntos; y el cumplimiento voluntario del deber genérico, contenido en el art. 5.2 de la Ley, de publicar de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de la Institución respecto de su actividad. En este segundo aspecto, el Tribunal Constitucional obtiene una puntuación de 5,60.
El informe resalta como aspectos “altamente positivos” el lugar preferente que el enlace del portal de transparencia ocupa en la página de inicio de la web y la sistematización de su contenido en distintos apartados (“Información institucional, organizativa y de planificación”, “Información económica, presupuestaria y estadística”, “Acceso a la información pública” y “Normativa sobre transparencia”); también, la traducción a las lenguas cooficiales, al inglés y al francés de las normas sobre transparencia.
El Consejo elogia que la Constitución Española resulte accesible para personas con discapacidad visual o auditiva gracias a su inclusión en audio y en lenguaje de signos.
Según añade el informe, la información sobre la composición del Tribunal es “muy completa”; la referida a las competencias se ofrece en un “lenguaje asequible y comprensible”; y los epígrafes sobre organización del Tribunal resultan “muy claros”.
En cuanto a la información económica, presupuestaria y estadística, el CTBG elogia su sistematización y organización en distintos apartados y destaca que se ofrece una
información muy completa tanto respecto de los contratos como de los convenios suscritos por el Tribunal.
Dentro del capítulo referido a la información voluntaria, el CTBG destaca, por su relevancia, la información sobre la agenda institucional del Tribunal, contenida en una pestaña denominada Actividades; la información sobre las resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de la Secretaría General; la posibilidad de acceso, a través de la pestaña “Jurisprudencia”, a todas las resoluciones del Tribunal; y, en la medida en que “contribuyen a incrementar el conocimiento sobre el funcionamiento y organización” de la Institución, los datos sobre el patrimonio artístico, la sede y las visitas guiadas al Tribunal.
Por último, el informe considera que el contenido del epígrafe de acceso a la información pública del portal de transparencia es “muy adecuado por las facilidades que supone para el ejercicio del derecho y por la información que facilita al ciudadano”. Destaca que la información ofrecida permite identificar a la Secretaría General como órgano competente en materia de transparencia; y que la web incluye el modelo de solicitud de información que deben cumplimentar los interesados, así como las resoluciones dictadas en los procedimientos de acceso a la información pública y la especificación de las materias sobre las que más datos se demandan.
Madrid, 20 de abril de 2017.

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España, entre los ocho países de la UE que menos recaudan por impuestos medioambientales

24 de abril, 2017

España, entre los ocho países de la UE que menos recaudan por impuestos medioambientales

ieemadrid.es

Los impuestos medioambientales han alcanzado en 2015 un promedio del 6,3% sobre el total de ingresos fiscales de la UE-28. La Unión Europea propone aumentar sustancialmente la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, en línea con la idea de lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos.

En el año 2015, una serie de países de la UE han conseguido una recaudación de los impuestos medioambientales superior o en torno al 10% del total de ingresos fiscales. Entre los impuestos “verdes” más de tres cuartas partes corresponden a los impuestos energéticos, mientras que los impuestos sobre el transporte suponen casi un 20% y los impuestos sobre la contaminación llegan a un 3,5% del total.

Croacia se coloca en primer lugar con un 10,9%, figurando a continuación Eslovenia (10,6%), Grecia (10,3%) y Bulgaria (10,0%). Letonia, Malta, Chipre y los Países Bajos se sitúan en torno a un 9%, mientras que Dinamarca llega a un 8,6%, Irlanda a un 8,0% e Italia a un 7,9%. El Reino Unido, Portugal, Hungría y Finlandia también superan el promedio europeo. Levemente por debajo de la media están Lituania y la República Checa. En España, los impuestos medioambientales han recaudado un 5,6% del total de ingresos fiscales en 2015. Austria y Eslovaquia comparten un 5,5%, mientras que Suecia se sitúa en un 5,1% y Alemania en un 5,0%. Los últimos lugares en el ranking de la UE corresponden a Luxemburgo (4,9%), Francia (4,8%) y Bélgica (4,7%).

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