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La hacienda catalana, abocada a la amnistía fiscal

17 de enero, 2018

La hacienda catalana, abocada a la amnistía fiscal

La incapacidad para asumir el trabajo que hacían las oficinas liquidadoras, que Junqueras “despidió”, impide revisar todos los expedientes, lo que puede provocar una pérdida de 100M€ este año
María Jesús Cañizares

16.01.2018 elespanol.com
Prescindir de las 52 oficinas liquidadoras, con las que la Generalitat colaboraba desde hace 40 años, va a pasar factura a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). La imposibilidad de asumir todo el trabajo que hasta ahora realizaban los Registradores de la Propiedad, dependientes del Ministerio de Justicia, aboca a la hacienda catalana a una amnistía fiscal durante al menos un año, según aseguran a Crónica Global fuentes sindicales. Es decir, que el Govern ya no podrá hacer bandera de su capacidad para hacer aflorar el fraude fiscal. Un mérito atribuible a esas oficinas liquidadoras, aunque poco reconocido por el exvicepresidente económico Oriol Junqueras.

En febrero de 2017, el exnúmero dos de la Generalitat –actualmente en prisión preventiva– informó de que, durante 2015 y 2016, la ATC detectó un fraude de 360,42 millones de euros. La mayor cantidad se registró en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con 145,2 millones, un 40,2% del total; seguido del impuesto de sucesiones y donaciones con 133,4 millones (37%), el impuesto sobre patrimonio con 59,9 millones (16,6%), y los tributos sobre el juego con 20,1 millones (5,58%). Se da la circunstancia de que las oficinas liquidadoras eran las responsables de revisar el impuesto de transmisiones y el de sucesiones y donaciones, precisamente los que más fraude fiscal afloraron.

Una “estructura de estado”

La ATC debe absorber ahora la labor de estas 52 oficinas liquidadoras a través de sus propias oficinas territoriales, algo que, según las mismas fuentes, puede provocar un bloqueo y la pérdida de unos 100 millones de euros. De hecho, gracias al convenio con las oficinas liquidadoras, en 2013 se evitó el colapso, dado que la ATC no se veía capacitada para realizar todas las revisiones y comprobaciones de los expedientes presentados en la zona de Barcelona. Para la ATC, no ha sido fácil encontrar a profesionales con larga experiencia en labores de ejecución y revisión de expedientes. Lo demuestra el hecho de que las últimas convocatorias de oposiciones y concursos para cubrir plazas en la hacienda catalana, llamada a ser una “estructura de estado”, no fueron cubiertas.

En octubre de 2016, la secretaría de Hacienda de la Generalitat comunicó a los representantes de los Registradores su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. Por ello, este colectivo ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo en fase de resolución.

La decisión de Junqueras (ERC) de revocar el convenio con los Registradores de la Propiedad provocó un goteo de mociones municipales favorables a la continuidad del mismo. El caso más curioso tuvo lugar en Cerdanyola, donde ERC era favorable al mantenimiento de su oficina.

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Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública – enero 2018

16 de enero, 2018

Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública
Viernes 12 de enero de 2018 lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) comunica que es falso que se hayan recortado los créditos de los departamentos ministeriales un 50% en 2018, sino que cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública, como ocurrió el año pasado, para su utilización.

Precisamente, tal y como se indicaba en la nota de prensa del MINHAFP de 29 de diciembre y a diferencia de la prórroga presupuestaria de ejercicios anteriores, en 2018 no ha sido necesario aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos gracias a la favorable evolución de nuestras cuentas públicas.

En un contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el último Consejo de Ministros de diciembre se adoptaron, como en años anteriores, medidas para controlar y mejorar la ejecución del gasto público antes de que se apruebe la Ley de PGE 2018.

Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuada ejecución del gasto público en los primeros meses del año, evitando un exceso de gasto público que condicionaría el contenido de la próxima Ley de Presupuestos.

Por tanto, el Consejo de Ministros no aprobó una reducción de los créditos presupuestarios. Simplemente se establecieron medidas de control de ejecución del gasto público, que son las siguientes:
En primer lugar, los departamentos ministeriales deberán elaborar un calendario con las fechas estimativas de cuándo prevén aprobar determinados gastos como son: subvenciones nominativas, convenios, etc. Con esta medida se pretende mejorar la planificación del gasto.
En segundo lugar, cuando la ejecución de determinadas partidas de gasto (las transferencias corrientes, de capital y las inversiones) supere el 50% del crédito inicial, el departamento ministerial afectado deberá solicitar autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esta autorización no es nueva, ya se pidió el año pasado en la prórroga de los PGE 2016 sin que existiese ningún perjuicio en la gestión. Esta es una práctica que no solo ha estado ya en vigor en España, sino que además es común en otros países.

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El abogado que dé servicio a empresas se debe apuntar al Registro Mercantil

15 de enero, 2018

El abogado que dé servicio a empresas se debe apuntar al Registro Mercantil

La nueva Ley de Blanqueo sancionará con 6.000 euros por no registrarse

Xavier Gil Pecharromán

12/01/2018 – eleconomista.es
Una parte importante de los más de 250.000 abogados colegiados en España -ejercientes y no ejercientes- deberán darse obligatoriamente de alta en el Registro Mercantil, en el primer trimestre de cada año, a través de un formulario telemático preelaborado por el Ministerio de Justicia, como colectivo obligado a informar a la Administración, según lo establecido por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Descárguese el último número de la revista jurídica Iuris&lex
Según informa en un amplio informe Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista, así se establece en el proyecto de ley que modificará esta Ley de Prevención del Blanqueo, que introduce en el capítulo sancionador, una multa mínima de 6.000 euros por incumplir la obligación de registro.

Sin embargo, los letrados no serán los únicos, sino que la obligación de registrarse se extiende a todos los profesionales personas físicas que prestan profesionalmente servicios a sociedades o fideicomisos.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad considera que, al tratarse de una actividad no reservada, no es posible estimar el número de afectados por esta obligación de recibo que se verán sometidos a ella.

Actividades incluidas

Así, estarán obligadas las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional constituyan sociedades u otras personas jurídicas; ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; que faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.

También se deberán registrarse aquellos profesionales que ejerzan funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones. Y, además, lo estarán, quienes ejercen funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza esas funciones.

En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, serán igualmente objeto de inscripción en el Registro Mercantil.

Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigor de esta reforma legislativa, que actualmente se encuentra en fase de información pública, estén realizando alguna de las actividades citadas y no se hayan inscrito, deberán inscribirse antes de un año, desde que entre en vigor la norma.

Por otra parte, las personas físicas -salvo los profesionales- y las jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo disponen sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y las acompañarán con un documento para su depósito con datos sobre su operativa, facturación, número de operaciones realizadas, etc. En este caso, se excluyen de la obligación de depósito de cuentas anuales a los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales.

Sanciones internacionales

La norma que regula la reforma incluye también aspectos sobre la aplicación de las sanciones financieras internacionales. Son medidas restrictivas que, habitualmente, se adoptan en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Este tipo de restricciones pueden ser de diferentes tipos, entre la congelación de fondos a personas físicas o jurídicas o el establecimiento de procedimientos de autorización previa para la prestación de servicios financieros.

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“Las participaciones sociales deben inscribirse en el Registro Mercantil”

14 de enero, 2018

“Las participaciones sociales deben inscribirse en el Registro Mercantil”
Xavier Gil Pecharromán

12/01/2018 – eleconomista.es
La Administración tiene que saber quién está detrás de cada empresa”

María Emilia Adán, registradora de la Propiedad acaba de tomar posesión como primera decana-presidenta del Colegio de Registradores de España. Hasta ahora ejercía como decana en la Comunidad Valenciana. Trae consigo un talante negociador y ambición de poner al día legislación y Registros, algo que ha chirriado en ocasiones en los últimos años.
¿Se va a reforzar la colaboración con el Ministerio de Justicia?

Como no podía ser de otra manera, estamos abiertos a todas las iniciativas en las que el Ministerio considere que debemos intervenir, porque en último extremo estamos para fortalecer la institución registral, porque creemos que es buena para la sociedad. Cualquier iniciativa que nos llegue para poderla potenciar va a ser puesta en marcha inmediatamente, sin ninguna duda. Justicia es un Departamento con grandes proyectos a los que nos sumamos de una manera entusiasta.

¿Qué más pueden hacer en la prevención del blanqueo?

Es una prioridad para todos los registradores. Desde siempre, han informado de cualquier actuación que pudiera originar un delito. Desde la instauración del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) se ha institucionalizado y se ha potenciado ante los nuevos modos de la delincuencia de guante blanco. Pero hay que dar un paso más y creemos que la mejor forma de combatirlo y de luchar contra la corrupción es la inscripción en los Registros Mercantiles de las participaciones sociales, de las acciones. Esto estaba así antes de la reforma de los años 80 y está así en Europa. En Alemania, Francia y Reino Unido se hacen constar en el Registro.

¿Qué beneficios aportaría esta inscripción registral de las acciones?

La Administración tiene que saber con quién contrata y quien está detrás de cada sociedad y eso estaba en la ley hasta los años 80. No ha interesado que las participaciones sociales fueran públicas. Eso está ahora en la Quinta Directiva. Solo falta la transposición en España para que los registradores mercantiles den publicidad a estos datos, como lo hacen los registros del resto de Europa. Si tú inscribes las participaciones sociales, sabes en todo momento quién es el propietario de las sociedades que están operando en las contrataciones administrativas y eso lo da la transparencia del Registro, que es público para quien tiene un interés legítimo.

¿Está preparado el colectivo para coordinarse con Lexnet?

Sin duda alguna estamos deseando poder coordinarnos con los juzgados de la misma manera que lo hacemos con las notarías, con los Ayuntamientos y con las Administraciones que nos lo han requerido. Creo que es un valor para la sociedad que esta conexión sea efectiva. Es muy importante que el juzgado pueda remitir sus documentos electrónicamente al Registro y en ello, sabe el Ministerio que tiene nuestra más firme y decidida colaboración.

¿Y cómo valora la reforma del Reglamento del Registro Mercantil?

Es esencial para un buen desarrollo económico, con seguridad jurídica. Las sociedades mercantiles no pueden funcionar, ni desarrollarse sin el registro Mercantil.

¿Y las comunicaciones electrónicas entre registradores y notarios?

Estamos en disposición de poner en marcha un sistema que permita a los notarios la consulta del libro de entrada. Así se cerrará esta materia de una forma satisfactoria para todos. Hemos manifestado nuestra voluntad de llegar a acuerdos y consensos para que la contratación notarial sea más ágil informáticamente de lo que lo es, y lo es mucho. Todo ello, sin menoscabo de las relaciones con otros operadores jurídicos, con las Administraciones Públicas y la judicial, porque la seguridad jurídica preventiva debe darse en igualdad de condiciones. Es un empeño de esta Junta poner en marcha todos los procedimientos electrónicos que sean posibles, siempre que no menoscaben nuestros principios hipotecarios.

¿Seguirán trabajando en expedientes de nacionalidad por residencia?

Hemos desarrollado un trabajo importante agilizando los expedientes y el ministro Rafael Catalá nos ha agradecido enormemente la colaboración realizada, que está llamada a terminar, ya que se ha establecido un nuevo procedimiento en el que nosotros ya no desempeñaremos ninguna función. Pero nuestro compromiso con Justicia está aún vigente. Hemos prestado un gran servicio a la Sociedad con un alto coste profesional, personal y económico para todo el Colegio.

¿Satisfecha con la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario?

En esta Ley teníamos que haber desempeñado un mayor protagonismo los registradores de la Propiedad, porque a veces se olvida que las hipotecas y las cláusulas que las desarrollan solo cuentan las que constan inscritas en los Registros. Y es esta institución la que determina el contenido del derecho real de hipoteca. Llevamos muchos años trabajando en la determinación de qué cláusulas son o no abusivas y creemos que deberíamos haber seguido avanzando en esa dirección. No obstante, la Ley supone avances en materias significativas como es el registro de condiciones generales de la contratación, en la limitación de los intereses de demora y en otras materias que supondrán un avance significativo para el ciudadano. En definitiva, nos hubiera gustado que se hubiera ido un poquito más allá en la elaboración del texto legislativo.

¿Para cuándo la coordinación de Registro y derecho urbanístico?

El Real Decreto del año noventa y tres fue muy importante en esta coordinación, pero los avances urbanísticos, el Texto Refundido de la Ley del Suelo, exigen ya una adecuación a las nuevas reglas urbanísticas y así se lo hemos trasladado al Ministerio. Creemos que es el momento de desarrollar un nuevo reglamento del Registro de la Propiedad en materia de urbanismo. Hemos ayudado a que el urbanismo se desarrolle, pero hay que delimitar mejor la labor que desarrolla el Registro de la Propiedad en relación con esta materia.

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Educando en Justicia en León

13 de enero, 2018

Jueves, 11 de enero de 2018  poderjudicial.es

Educando en Justicia en León

Este año participarán 15 centros escolares de León y provincia

Autor:Comunicación Poder Judicial

Magistrados y profesores han celebrado este jueves una reunión en la Audiencia Provincial de León para poner en marcha en este curso escolar el programa “Educando en Justicia”. Se trata de una acción promovida desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial de León que cuenta con la colaboración del decanato de los Juzgados de León y de los jueces del territorio, así como de la Consejería de Educación y la Dirección Provincial de Educación de León. Este año participarán 15 centros escolares de León y provincia.

El programa pretende acercar la Justicia a los centros educativos, mediante visitas a los tribunales y representaciones de juicios simulados en los centros o en las sedes judiciales en las que intervienen jueces y alumnos. Además, el objetivo es poner en relieve el valor de la Justicia en un Estado de Derecho, contribuyendo a la mejora de la convivencia mediante el desarrollo del diálogo. El propósito final es la mejora de la formación de los alumnos como ciudadanos libres que respetan los derechos ajenos y la Ley.

El programa, que está dirigido a los alumnos de los dos últimos cursos de la ESO, consta de varias partes que pueden adaptarse en función de las características de cada centro escolar. Incluye una charla formativa sobre la importancia de la Justicia y la puesta en escena de una representación de un juicio penal, con la participación de un juez y la distribución del resto de los papeles entre los alumnos. Se podrá completar con una visita a la Sala de Vistas de la Audiencia o de los Juzgados.

Este programa educativo, coordinado por la Presidenta de la Audiencia Provincial y el juez decano de León, cuenta con la participación de forma activa de los magistrados de la Sección Penal de la Audiencia Provincial, del juez de Instrucción 1 de León, del juez de lo Penal de Ponferrada, del juez de Cistierna y de otros jueces y magistrados que voluntariamente colaboran en su desarrollo.

Por su parte, participan centros educativos de León (La Asunción, Nuestra Señora del Carmen, Santa Teresa, Discípulas de Jesús, Juan de la Encina) Trobajo del Camino (La Anunciata), Mansilla de las Mulas (Astura), Valderas (Octaviano Andrés), La Bañeza (Ornia), Astorga (La Salle, IES Astorga), Boñar (Pablo Díez), Villablino (Obispo Argüelles), Bembibre (Álvaro Yáñez) y Toreno (La Gándara), con un número aproximado de mil alumnos.

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El Tesoro reduce a 40.000 millones de euros la emisión neta en 2018

12 de enero, 2018

08 de enero de 2018 mineco.gob.es
El Tesoro reduce a 40.000 millones de euros la emisión neta en 2018
La emisión bruta cae a 220.145 millones, de los que más de la mitad se captarán mediante bonos a medio y largo plazo
El coste medio de las nuevas emisiones se situó en 2017 en el 0,62%, cerca de mínimos históricos
El coste de la deuda en circulación bajó al 2,55% al cierre del pasado año, nuevo mínimo histórico
El continuado descenso del coste medio ha permitido reducir un 12% la carga financiera desde el máximo en 2014
El Tesoro Público ha anunciado la estrategia de financiación para 2018, ejercicio en el que realizará una emisión neta de 40.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 11% frente a la de 2017. La emisión bruta ascenderá a 220.145 millones de euros, por debajo del año anterior, de los que 126.310 serán a medio y largo plazo. Los objetivos para este año vuelven a ser el incremento de la vida media de la deuda, la reducción de costes y la diversificación de la base de inversores. Todo ello, en un contexto de recuperación económica en Europa y ante la previsible normalización gradual de la política monetaria en la zona euro durante este ejercicio.

Los objetivos del año que acaba de comenzar parten del cumplimiento exitoso de la estrategia fijada en 2017. La financiación neta se ha situado en 45.031 millones de euros, importe superior al previsto al incluir los 10.192 millones del préstamo otorgado a la Seguridad Social. Este préstamo no se tradujo en un aumento del déficit fiscal ni de la ratio deuda/PIB. Mientras, la emisión bruta se ha situado en 233.900 millones de euros.

El coste medio de las nuevas emisiones durante 2017 se ha mantenido cerca de mínimos históricos, al aumentar sólo un punto básico (una centésima) frente al ejercicio previo, hasta el 0,62%. Por su parte, el coste de la deuda en circulación se ha reducido hasta el 2,55% al cierre de año, la cifra más baja de la historia reciente del Tesoro. El continuado descenso del coste medio, gracias al mantenimiento de la confianza en España por parte de los inversores, ha permitido la reducción de la carga financiera en términos de Contabilidad Nacional en un 12% desde el máximo alcanzado en 2014, lo que ha supuesto un ahorro de 3.567 millones de euros. La carga de intereses ha caído un 8,8%  respecto al Presupuesto en 2017, lo que se ha traducido en un ahorro de 2.493 millones de euros.

A su vez, la vida media de la deuda en circulación ha aumentado desde los 6,20 años en 2013 hasta los 7,13 años en 2017, reduciendo el riesgo de refinanciación de la Deuda del Estado y la vulnerabilidad de la carga financiera ante la anunciada normalización de la política monetaria en la zona euro. La concentración de las emisiones en los plazos largos -las realizadas a 30 y 50 años representan aproximadamente un 11% del total emitido a medio y largo plazo en 2017- ha sido posible gracias a la elevada demanda de valores del Tesoro en todo el ejercicio.

La base de inversores del Tesoro continuó siendo diversificada. Las tenencias de no residentes se mantuvieron estables en el entorno del 42% del total. Incluso en los momentos de mayor tensión política en Cataluña, los inversores han seguido apostando por la fortaleza de la economía española. La ratio de cobertura de las emisiones (relación entre la cantidad demandada y la cantidad adjudicada),  se ha situado en 2,14. El diferencial a 10 años frente a Alemania o prima de riesgo también se ha reducido, hasta moverse en torno a los 110 puntos básicos.

En 2018, el Tesoro mantiene los objetivos de reducción de coste, incremento de la vida media y diversificación de la base de inversores. Se reduce la apelación al mercado en términos netos, hasta 40.000 millones de euros. La financiación bruta ascenderá a 220.145 millones de euros, de los que 126.310 millones serán a medio y largo plazo, una cifra que supone 13.152 millones menos que en 2017. Por su parte, la emisión de Letras del Tesoro será negativa en 5.000 millones. Esto permitirá seguir alargando la vida media de la deuda en circulación y converger con otros países de la zona euro en lo que respecta al peso de las Letras sobre el total de títulos representativos de Deuda del Estado en circulación.

No se modificará la pauta en las subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones del Estado nominales con cupón fijo. Como regla general, estas subastas ordinarias tendrán lugar el primer y el tercer jueves de cada mes. La emisión esperada en las subastas ordinarias se situará dentro del rango publicado sin tener que alcanzar el máximo anunciado, como ya se hizo en los ejercicios previos.

Este año el Tesoro va a continuar desarrollando su programa de Bonos y Obligaciones indexados a la inflación europea, que permite diversificar la base de inversores de la deuda española, incorporando una posible subasta de una referencia indexada en la primera subasta del mes. Este programa, iniciado en 2014, ha acumulado un volumen total de 41.803 millones de euros, incrementando progresivamente su peso en el total de la cartera de Deuda Pública, hasta superar el 4,3% del total de Deuda del Estado en circulación. El Reino de España se ha convertido en un emisor de referencia en este mercado, junto con Francia, Italia y Alemania.

Al igual que en años anteriores, el Tesoro recurrirá a sindicaciones bancarias para colocar determinadas referencias, aunque las subastas seguirán siendo el principal método de emisión de Deuda del Estado. Además, el Tesoro tendrá la opción de convocar subastas especiales, fuera del calendario habitual, para dotar de liquidez a ciertas referencias y mejorar así el funcionamiento del mercado secundario. Se prevé también la posibilidad de recurrir a colocaciones privadas, en las que se emite un valor directamente a un inversor, en condiciones favorables para los objetivos estratégicos del Tesoro.

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La reserva hidráulica española se encuentra al 40,4 por ciento de su capacidad

11 de enero, 2018

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente informa

La reserva hidráulica española se encuentra al 40,4 por ciento de su capacidad
Martes 9 de enero de 2018 lamoncloa.gob.es
La reserva hidráulica española está al 40,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 22.636 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, lo que supone un aumento en la última semana de 804 hm³ (el 1,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 74,9%
Miño-Sil al 53,3%
Galicia Costa al 62,6%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 33,9%
Tajo al 38,0%
Guadiana al 44,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 71,2%
Guadalete-Barbate al 39,8%
Guadalquivir al 32,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 30,7%
Segura al 14,6%
Júcar al 25,4%
Ebro al 54,9%
Cuencas internas de Cataluña al 44,3%

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Catalá se reúne con la nueva dirección del Colegio de Registradores de España

10 de enero, 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Primera toma de contacto
Catalá se reúne con la nueva dirección del Colegio de Registradores de España
8 de enero de 2018.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, encabezada por su decana, María Emilia Adán, en la que constituye la primera toma de contacto con el nuevo equipo directivo del Colegio, elegido tras los comicios celebrados el pasado 11 de diciembre.
Durante el encuentro se ha avanzado en la definición de las líneas de trabajo para los próximos años, orientadas a reforzar el actual marco de colaboración y de sintonía con el Ministerio de Justicia en beneficio del ejercicio de la profesión, la protección de los derechos del colectivo y la prestación del servicio público.
El ministro de Justicia ha reconocido la función esencial que desempeñan los registradores junto con los notarios en la seguridad jurídica preventiva, en la agilidad del tráfico jurídico y en el desarrollo económico de nuestro país y ha agradecido su colaboración en la puesta en marcha de algunas de las reformas llevadas a cabo en los últimos años en la Administración de Justicia, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley 13/2015 de reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario. Catalá ha subrayado también el trabajo realizado por los registradores en materia de nacionalidad que ha permitido agilizar de forma significativa la gestión de los expedientes de tramitación.
En lo relativo a la iniciativa reglamentaria y legislativa, ambas partes han coincidido en la necesidad de aprobar la Ley de Crédito Inmobiliario cuyo proyecto ya ha enviado el Gobierno a las Cortes, así como de desarrollar otras reformas legales como la regulación de las garantías mobiliarias y la coordinación entre la institución del Registro de la Propiedad y el derecho urbanístico.
Asimismo, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de abordar cuanto antes el Reglamento del Registro Mercantil y el real decreto que regule las comunicaciones electrónicas entre registradores y notarios, de manera que la información de cargas sobre los inmuebles se facilite a los notarios por vía digital como ya ocurre con la presentación electrónica de escrituras en los registros de la propiedad y mercantiles. Se quiere igualmente fomentar la expedición digital de las certificaciones registrales en los procedimientos de ejecución judicial sobre inmuebles. Desde el Ministerio de Justicia se considera prioritario el desarrollo de las comunicaciones electrónicas con el registro y su coordinación con la Administración de Justicia a través de LexNET.
El ministro ha estado acompañado en esta reunión de la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y del director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo.

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Reunión con el Ministro y la Subsecretaria de Justicia

10 de enero, 2018

Catalá y la Subsecretaria de Justicia con la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores

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El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal para el uso del bable en el concejo de Noreña

9 de enero, 2018

Jueves, 4 de enero de 2018  poderjudicial.es

El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal para el uso del bable en el concejo de Noreña

La Sala de lo Contencioso señala, entre otros fundamentos para dictarla como no conforme a derecho, que declarar la oficialidad de una lengua no es una de las competencias de un Ayuntamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el concejo de Noreña, que fue recurrida por un concejal del Partido Popular tras su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en octubre de 2016, por considerarla no ajusta a derecho.

En la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica,  se destaca que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre las competencias de un Ayuntamiento “no se incluye la de declarar la oficialidad de una lengua, sino que la Constitución expresamente establece que la declaración de oficialidad de cualquier lengua, al margen del castellano, corresponde a los Estatutos de cada Comunidad Autónoma”.

Asimismo la Sala constata la falta de una memoria económica aunque en dicha ordenanza haya indicios de que al aplicarse pueda suponer un coste para el municipio. La resolución impone las costas al Ayuntamiento de Noreña en un límite de 1.000 euros.

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2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

8 de enero, 2018

2017, un año más de crecimiento en el que no se han reducido las desigualdades

30 diciembre 2017  by UGT Comunicación Confederal  | ugt.es
En 2017 ha continuado el crecimiento económico registrado por nuestro país durante los últimos tres años. Un crecimiento fundamentado, entre otros factores, en un mercado laboral altamente precarizado que está provocando una injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad, un incremento de las desigualdades (sobre las que han alertado ya distintos organismos internacionales) y que compromete la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

Mientras que la Comisión Europea considera que la situación de España es “crítica” en materia de desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre, nuestra tasa de trabajadores pobres es una de las más altas de Europa con el 13,1%, y la población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 28%), el Gobierno de Rajoy se escuda en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo, ignorando todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo.

El año que termina supone un ejercicio perdido para el avance social de nuestro país, en el que ha quedado de manifiesto que el modelo de salida de la crisis que está siguiendo el Gobierno es una continuación de las medidas aplicadas durante la misma que, en esencia, han consistido en favorecer una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la doble vía de devaluar los salarios y los derechos laborales y debilitar las redes de protección de los servicios públicos.

¿A quién sirve la expansión económica?

La tasa interanual de crecimiento del PIB es del 3,1% (según los últimos datos de Contabilidad Nacional), lo que demuestra que nuestra economía está inserta en una sólida fase expansiva, contabilizando ya 15 trimestres consecutivos en los que crece la actividad productiva en términos anuales, los 10 últimos por encima del 3%, y eso debería traducirse en un reparto más justo y eficiente de los frutos derivados de ese crecimiento. Sin embargo, ese reparto no se está produciendo.

Los beneficios de las empresas no financieras crecieron un 65,8% en 2016, una tendencia que ha continuado de forma más atenuada durante los tres primeros trimestres de este año según el Banco de España; favorable evolución de la que también han participado las pequeñas y medianas empresas cuya actividad “continuó mejorando durante 2016, prolongándose la tendencia de recuperación de sus excedentes ordinarios” que se ha traducido en “un nuevo aumento de los niveles de rentabilidad” según este organismo.

Crecen los beneficios empresariales, aumenta el reparto de dividendos a los accionistas, y se incrementan los sueldos de los altos directivos, pero los trabajadores han sufrido una intensa devaluación salarial desde 2010 que todavía no han empezado a recuperar. Entre 2010 y 2016 el poder adquisitivo salarial (salarios nominales menos la inflación) ha caído en 5,4 puntos porcentuales de media; la pérdida ha llegado al 20% para el 10% de los trabajadores con salarios más bajos. El salario medio en términos netos es de 1.300 euros, y el salario mediano (la mitad de los asalariados cobran más de esa cifra y la mitad menos) es poco más de 1.100 euros netos al mes.

A pesar de que el empleo crece a un ritmo notable nuestra tasa de paro sigue siendo la segunda más alta de la UE (por detrás de Grecia) y triplica la media de los países de la OCDE, organismo que considera especialmente acuciantes las debilidades de nuestro país en materia de empleo y remuneración: la inseguridad en el mercado laboral y la tasa de desempleo de larga duración (36,5% según la última EPA) están entre las más altas de la OCDE. La tasa de temporalidad alcanza niveles máximos (27,4%), 1,6 millones de asalariados trabajan a tiempo parcial involuntario, 1 de cada 4 contratos dura menos de una semana, y la cobertura de la prestación por desempleo ha bajado hasta el 55,3%.

Esta precariedad del mercado laboral provoca menos cotizaciones sociales de los trabajadores al sistema público de Seguridad Social comprometiendo la financiación de sus prestaciones. Continuar por el camino de reducir las pensiones a cuantías de miseria, como está haciendo el Gobierno, ni es solución ni es aceptable. En este sentido, los ínfimos avances de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo convierten 2017 en un año perdido también para el Sistema de Seguridad Social.

Diálogo social: el SMI, una pequeña luz en un año poco fructífero

Tras la parálisis política de 2016 y la necesidad de formar un Gobierno en minoría, el Ejecutivo ha proclamado reiteradamente una voluntad de diálogo político y social. Pero sólo hasta finales de este año, con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, se ha producido un avance significativo, en el marco del diálogo social.

Un diálogo que ha sido de palabra, pero no de hechos, en lo relativo a la mayoría de las cuestiones fundamentales como las pensiones o la prestación de ingresos mínimos. Cabe recordar que el Ejecutivo ha paralizado, por uno u otro procedimiento, la mayoría de las iniciativas sociales aprobadas por el Congreso, incluyéndose en este capítulo toda una serie de bloqueos en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una prestación de ingresos mínimos que presentamos conjuntamente UGT y CCOO. Asimismo, se opone a que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC, lo que evitaría la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas.

Tampoco han obtenido resultado tangible las distintas mesas de diálogo social, incluidas las de empleo y calidad del empleo y aunque, en el sector público, se ha producido una importante mejora en la oferta de empleo público, aún es necesario concretar a través de un pacto de la Función Pública cuestiones que permitan recuperar el empleo, los salarios y los derechos de los empleados y empleadas públicas perdidos durante la crisis.

La situación ha sido prácticamente idéntica en el ámbito del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, donde la falta de compromiso de CEOE y CEPYME ni tan siquiera permitió dar cumplimiento al compromiso adquirido en el III Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC) de establecer una recomendación conjunta de incremento salarial para este 2017.
Es muy preocupante, además, que no se haya avanzado en combatir la brecha de género o la situación de desempleo y precariedad de los jóvenes en el mercado de trabajo.

La brecha salarial existente y la desigualdad en razón de género, son determinantes, también en protección social, prestaciones por desempleo y pensiones. Desde UGT demandamos, entre otras medidas, la puesta en marcha de una ley de igualdad para que las mujeres reciban el mismo sueldo por un trabajo del mismo valor (actualmente las mujeres trabajan gratis desde el 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en comparación con los hombres).

Asimismo, UGT ha demandado más recursos y medidas, en todos los ámbitos, incluido el laboral, para hacer frente la violencia de género, una realidad intolerable que hay que atajar ya.
En cuanto, a los jóvenes es necesario establecer un plan de choque que nos permita reducir el desempleo y la precariedad insostenible de este colectivo. La tasa de paro juvenil supera el 40% y más del 60% de los contratos que se les realizan son temporales. Además 1 de cada 4 jóvenes tarda más de 2 años en encontrar su primer empleo.

El Gobierno debe virar su política económica en 2018 y buscar consensos

Aunque la prolongación de las Cuentas del Estado, para 2018, no aventura un buen año social, UGT confía en que finalmente, y también ante las presiones no solo sindicales, sino también de distintos organismos nacionales e internacionales, el Gobierno comience a virar su política económica y busque consensos. La economía y la política deben estar al servicio de las personas, no al revés, y los trabajadores y trabajadoras necesitan actuaciones políticas inmediatas para empezar a recibir la parte que, en justicia, les corresponde del crecimiento económico al que están contribuyendo.

Por el contrario, si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo económico injusto, basado en un reparto desigual de la riqueza, la contestación y movilización social serán inevitables.
En definitiva, el Ejecutivo debe comenzar a desmantelar, con carácter urgente, sin esperar a escenarios de mayor rentabilidad electoral, el leonino marco de relaciones laborales y mercado de trabajo impuesto con la reforma laboral, y las políticas de recortes en derechos, libertades y servicios públicos.

Me despido con el deseo de que en 2018 podamos alcanzar estos objetivos, con el deseo de que consigamos más prosperidad y bienestar para todos, y en el que se produzca un reparto más equitativo de la riqueza.

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El Defensor insta a las administraciones a proteger el medio ambiente en Mugardos en A Coruña y en la Sierra de Tramontana en Mallorca

7 de enero, 2018

El Defensor insta a las administraciones a proteger el medio ambiente en Mugardos en A Coruña y en la Sierra de Tramontana en Mallorca

Protección del Medio Ambiente

27/12/2017  defensordelpueblo.es

El Defensor del Pueblo trabajó en 2017 para proteger el medio ambiente y el entorno natural. Ejemplo de ello son las actuaciones realizadas por la exclusión de evaluación de impacto ambiental de un planta de almacenamiento de gas en Mugardos (A Coruña) y por la aprobación de una ley medioambiental de Baleares que rebaja la protección en los espacios protegidos de las islas y en especial, de la Sierra de Tramontana (Mallorca).

Exclusión de evaluación de impacto ambiental en la planta de gas de Mugardos

La Institución inició una actuación de oficio ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital tras conocer la decisión del Gobierno de excluir del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos (A Coruña).

Dos sentencias del Tribunal Supremo anularon la autorización administrativa para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004  porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Al tener que pedir la planta nuevas autorizaciones, el Gobierno decidió eliminar el trámite de evaluación ambiental para agilizar el procedimiento.

En opinión del Defensor del Pueblo, la Ley de evaluación ambiental establece que antes de llevar al Consejo de Ministros una propuesta de este tipo es necesario informar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para que éste elabore un informe sobre el estudio de viabilidad ambiental y sobre el resultado de las consultas y la participación pública.

Y así se lo recomendó al Ministerio de Industria que, sin embargo, rechazó la resolución formulada.

No obstante, el Defensor del Pueblo ha proseguido sus actuaciones y ha recomendado al Ministerio de Medio Ambiente que, en la próxima modificación de la Ley de evaluación de impacto ambiental, se asegure la participación de un órgano ambiental en el procedimiento previo a la decisión por el Consejo de Ministros de excluir un proyecto del trámite de evaluación ambiental.

Rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales de Illes Balears

La Ley de evaluación ambiental, aprobada en agosto de 2016 en Illes Balears, introduce modificaciones que afectan a los usos de zonas de máxima protección medioambiental y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

A la Institución le preocupa especialmente la situación de la Sierra de  Tramontana, en Mallorca, que está catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

El Defensor del Pueblo considera que cuando una administración promueve cambios normativos aplicables a los espacios naturales protegidos, dichas modificaciones deben ir precedidas de una sólida justificación técnica que asegure que no se reduce el nivel de protección ambiental existente.

Por ello, el Defensor ha pedido a la administración autonómica que realice un estudio que acredite que estos cambios no van a tener consecuencias nocivas y que, ante un posible impacto negativo, prohíba el acceso a las zonas de máxima protección y dé marcha atrás en el cambio legislativo que lo ampara.

Además, ha recomendado a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Illes Balears que, antes de promover o tramitar normas que modifiquen el régimen de protección de los espacios naturales, acredite mediante una memoria técnica que la nueva regulación no va a suponer un retroceso en el grado de protección alcanzado.

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6 enero 2018

6 de enero, 2018

estrella fugaz

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Helene Fischer. Little Drummer Boy

6 de enero, 2018

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CCOO alerta de la caída de contratos firmados en diciembre y de su precariedad

5 de enero, 2018

CCOO alerta de la caída de contratos firmados en diciembre y de su precariedad

El mercado de trabajo se “cae” en diciembre, al moderarse la creación de empleo y el descenso del paro, y caer el número de contratos firmados, que siguen siendo claramente precarios: el 92% son temporales y un 34% a jornada parcial. El Gobierno, entre tanto, ha rechazado las propuestas sindicales de reforma de la contratación laboral, entre ellas la de penalizar los contratos temporales de corta duración aumentando su cotización. Se mantiene asimismo la feminización del paro, con un 57% de mujeres.

03/01/2018. ccoo.es

A pesar del triunfalismo del Gobierno, 2017 cierra con 3,4 millones de personas en paro registrado, 4,7 millones de personas inscritas como demandantes de empleo y las contrataciones y el empleo creado son de bajísima calidad. La crisis la paga la clase trabajadora: el PIB y los beneficios empresariales ya han superado sus niveles previos a la crisis y los dividendos repartidos están en máximos, no así la inversión, ni el empleo ni las rentas salariales, la recuperación está siendo muy desigual, a costa de las trabajadoras y trabajadores. De ahí la importancia de incrementar el SMI y de lograr un acuerdo de negociación colectiva que aumente los salarios y garantice su poder adquisitivo.

La precariedad es la norma en la contratación: En diciembre el 92% de los contratos firmados eran temporales y un 34% a tiempo parcial, reflejo de la enorme precariedad del mercado de trabajo, agudizada tras la reforma de 2012. Solo 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos y casi la mitad a jornada parcial. La mitad (46%) de los contratos temporales que especifica su duración duran una semana o menos.

Se frena el empleo y la bajada del paro: En diciembre de 2017 la afiliación a la Seguridad social sube en 42.444 personas (solo 9.607 al desestacionalizar) y el paro registrado cae en 61.500 (20.726 al desestacionalizar). La afiliación a la Seguridad Social modera su crecimiento al 3,4% interanual en diciembre.

La protección por desempleo sigue en mínimos: Los niveles de protección contra el desempleo han dejado de caer pero siguen en mínimos. Hay 1,57 millones de personas en paro pero sin prestación según el SEPE y apenas la mitad de la población en paro registrado cuenta con algún tipo de protección (la tasa de cobertura bruta es del 57,9%) que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. El gasto medio por beneficiario, incluidas cotizaciones sociales, se sitúa en 797,8 euros mensuales.

La creación de empleo sigue concentrada en actividades de bajo valor añadido, impulsada por la hostelería, comercio, construcción y los servicios auxiliares, con un peso limitado de la industria, los servicios públicos y de los sectores de intensidad tecnológica media y alta. CCOO defiende cambios del modelo productivo para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de los salarios y las pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social, especialmente de las personas que padecen las consecuencias negativas de la crisis.

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La bolsa española negocia 651.466 millones de euros en 2017

5 de enero, 2018

La bolsa española negocia 651.466 millones de euros en 2017

bolsamadrid.es

•El volumen de contratación en Bolsa en diciembre se ha situado en 47.671 millones de euros
•La negociación en ETFs en 2017 ha sido de 4.464 millones de euros
•El número de contratos registrados en MEFF en 2017 ha sido de 44,6 millones
•El total de emisiones incluidas a negociación en 2017 en el MARF ha crecido un 74,1% hasta alcanzar los 3.970 millones de euros

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante el año 2017 un volumen efectivo de 651.466 millones de euros, en línea con lo negociado en el mismo periodo de 2016 (652.925 millones). El volumen de contratación en diciembre se ha situado en 47.671 millones de euros, con un crecimiento del 3,4% sobre el precedente mes de noviembre.

El número de negociaciones en 2017 se ha situado en 50,9 millones, un 6,4% inferior al registrado en el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de diciembre ha sido de 3,3 millones, un 17,9% inferior a la cifra registrada en el mismo mes de 2016.

El efectivo acumulado en 2017 en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) ha sido de 4.464 millones de euros, después de que en diciembre se haya registrado un volumen de negocio de 299,5 millones de euros, un 23,3% inferior a las cifras de hace un año. La cifra acumulada de negociaciones en ETFs hasta diciembre se sitúa en las 98.381, de las que 5.913 corresponde al último mes del año.

La actividad acumulada en el mercado de warrants y certificados en 2017 se ha situado en 462,9 millones de euros, de los que 28,6 millones de euros corresponden al volumen negociado en diciembre, lo que representa un descenso del 25,8% respecto al mes de noviembre precedente. El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en 2017 se ha situado en 5.661.

Futuros y Opciones

El volumen negociado en 2017 en el mercado de Derivados de BME ha sido de 44,6 millones de contratos, lo que representa un descenso anual del 1,7%. Sin embargo, la posición abierta aumenta en un 5,3% en el último año, hasta llegar a los 8,1 millones de contratos.

El volumen negociado en Futuros sobre IBEX 35 en el último trimestre ha sido de 1,8 millones  de contratos, un 14,1% superior al cuarto trimestre de 2016. Para ese mismo periodo, en Futuros MiniIBEX 35 el volumen ha sido de 488.715 contratos, un 4,7% por encima del volumen del último trimestre del año anterior. La negociación en Opciones sobre IBEX 35 ha sido de 556.850 contratos en el mes y de 4,3 millones a fin de año, con aumentos de 42,1% y 33,6%, respectivamente, respecto a 2016.

En Derivados sobre Acciones, el volumen negociado acumulado para los Futuros es de 11,7 millones de contratos, un 23,3% por encima de las cifras de 2016, mientras que para Opciones es de 20,3 millones de contratos, un 11,3% inferior al pasado año.

La posición abierta al cierre de diciembre 2017 en Futuros sobre IBEX 35 aumenta un 26,5%, en Futuros MiniIBEX un 43,9% y en Opciones sobre IBEX 35 un 78,6%. En los Derivados sobre Acciones la posición abierta en Futuros aumenta un 77,5% y las Opciones sobre acciones disminuyen un 7,8% respecto al año anterior.

Renta Fija

La contratación de la plataforma SEND durante el mes de diciembre ha sido de 91,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 47,3% con relación al mismo mes del año anterior. El volumen acumulado anual fue de 723,8 millones de euros (-7,3%). Destaca el número de operaciones realizadas durante el mes de diciembre que fue de 5.380, con aumento del 74,2%.

La negociación de Deuda Pública durante el mismo mes en SENAF se ha situado en 6.992 millones de euros (-51%). El volumen acumulado a lo largo del año fue de 137.618 millones de euros, lo que supone una disminución del 21,3% sobre igual periodo de 2016.

Las nuevas emisiones admitidas a cotización en el mercado de Deuda Privada durante el mes de diciembre han ascendido a 17.895 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,4% con relación al mismo mes del año anterior y totaliza un volumen anual de 121.535 millones de euros (-6.6%). Las admisiones de Deuda Pública han totalizado los 16.306 millones de euros, con crecimiento del 18,2%, respecto a igual periodo de 2016. El acumulado anual alcanza los 233.609 millones (+5,8%).

El saldo en circulación de Deuda Privada a cierre de mes ha sido de 493.948 millones de euros, con disminución del 3,2% con relación a la misma fecha del año anterior. El saldo de valores del Tesoro ha ascendido a 918.765 millones de euros (+6%).

En el MARF el total de emisiones incluidas a negociación durante diciembre se ha situado en 206 millones de euros, un 60% superior al mismo mes del pasado año. El acumulado anual ha ascendido a 3.970 millones de euros (+74,1%). El saldo vivo en circulación a 31 de diciembre ha sido de 2.260 millones de euros, con aumento del  40,5% con relación a la misma fecha del año anterior.

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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,190 % en diciembre

4 de enero, 2018

Banco de España – Departamento de Comunicación
Nota de prensa bde.es
Madrid, 2 de enero de 2018
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,190 % en diciembre
El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en diciembre hasta el -0,190 % desde el -0,189 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un descenso de 0,11 puntos.
El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.
Evolución del euríbor en el último año
Los datos correspondientes al mes de diciembre muestran también un descenso, hasta el -0,190 %, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.
Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda
Diciembre de 2017
Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años 0,073 %
Referencia interbancaria a un año (euríbor) -0,190 %
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años (1) 0,237 %
Tipo interbancario a un año (míbor) -0,190 %
El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro) (2)  se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico. Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente (3). Las referencias a estos tipos serán sustituidas (4), con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato. En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.
1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; Disposición adicional decimoquinta. Régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia.

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El Tribunal Supremo rechaza revisar la sentencia que condena a un vecino de El Escorial a pagar 100.000 euros por talar un fresno sin licencia

4 de enero, 2018

Viernes, 29 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza revisar la sentencia que condena a un vecino de El Escorial a pagar 100.000 euros por talar un fresno sin licencia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la multa de 100.000 euros que le impuso el Ayuntamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el procedimiento de revisión interpuesto por un vecino de El Escorial contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la multa de 100.000 euros que le impuso el Ayuntamiento por talar sin licencia un árbol que había en una parcela de su propiedad en 2010.

El recurrente basó su demanda -presentada el 12 de diciembre de 2016- en un informe forestal realizado por un ingeniero agrónomo el 23 de junio de 2014 en el que consta que en la finca había varios árboles enfermos, desde mucho tiempo atrás, cuya poda o tala era necesaria por razones de seguridad. También se apoyó en otro informe del Seprona de 25 de septiembre de 2016 que se refería a la existencia de tres árboles que debían estar afectados por alguna enfermedad porque estaban secos, con ramas caídas y con el suelo alrededor en descomposición. Un tercer informe de un guardia civil del Seprona, de 15 de junio de 2014, advertía de la caída de una rama de grandes dimensiones en la mitad de la terraza de una vivienda de una urbanización de El Escorial.

La Sala responde que estos documentos –tres informes- “no son aptos” para revisar su caso, ya que ni son anteriores a la fecha de la sentencia firme -16 de abril de 2014-, ni han podido estar retenidos por fuerza mayor o por obra o acto de la parte favorecida con la resolución firme. Tampoco, añade el tribunal, son decisivos para resolver el conflicto en la medida en que “se refieren a un estado de cosas claramente distinto de aquél en el que se produjo la infracción que fue sancionada por la resolución recurrida en la instancia: los hechos sancionados -la tala de un fresno sin autorización- se produjeron en junio de 2010 y los hechos recogidos en los documentos aportados -el estado de tres árboles distintos al talado indebidamente- cuatro años después de producirse la infracción objeto de sanción”.

La sentencia indica, además, que la diversidad temporal y la diferencia material entre los supuestos de hecho mencionados impediría, en todo caso y aunque los documentos fueran aptos a los efectos pretendidos, la prosperabilidad de la pretensión revisora ejercitada.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2010 cuando un Policía Local se presentó en la finca del recurrente donde se realizaban unas obras para la ampliación de un porche. Tras comprobar que todo estaba en regla, el agente observó que una excavadora había arrancado un fresno de gran tamaño que había en el terreno, junto a la vivienda, y abrió un expediente sancionador al constatar que no tenía licencia para ello. El recurrente alegó que el árbol estaba seco y que los arquitectos le aconsejaron la tala por motivos de seguridad. Sin embargo, la Junta de Gobierno de El Escorial, con fecha de 26 de abril de 2011, le impuso dicha sanción por la comisión de una infracción muy grave prevista en la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid y el TSJ de esta comunidad confirmaron la sanción. La sentencia de este último tribunal consideró que aunque era cierto que se pudo actuar con buena fe o sin intencionalidad, y sin reiteración alguna, el sancionado debía conocer su obligación de pedir autorización para la tala en cuestión, teniendo en cuenta que dicho árbol estaba protegido por la Ley, y está probada su preexistencia, así como su destrucción, sin que se aportara la autorización pertinente para su tala, y no se ha probado que esta fuera necesaria por razones de seguridad, como se alega, por lo que se trata de una infracción muy grave.

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El Gobierno aprueba una inversión de 65,7 millones de euros para la mejora del soporte técnico a personal y sedes de la Administración de Justicia

3 de enero, 2018

Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba una inversión de 65,7 millones de euros para la mejora del soporte técnico a personal y sedes de la Administración de Justicia
29 de diciembre de 2017.- mjusticia.gob.es

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un acuerdo por el que autoriza una inversión de 65.745.158 euros para la celebración de un contrato destinado a la gestión integral del servicio a usuarios y sedes de la Administración de Justicia en el marco del compromiso del Gobierno con la transformación digital de la Justicia.
El desarrollo de la legislación en materia de Administración electrónica hace necesario disponer de un catálogo de servicios que proporcionen una alta disponibilidad en los servicios informáticos ofrecidos a la Administración de Justicia e implantar los sistemas de monitorización y seguridad necesarios para su supervisión. En este sentido, en los últimos dos años se han realizado importantes inversiones tanto para el desarrollo de soluciones tecnológicas como para la adquisición de suministros.
En este contexto, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando iniciativas para mejorar la atención a usuarios y sedes en la Administración de Justicia a través de una gestión integral del servicio. Así, el contrato que hoy ha autorizado el Consejo de Ministros tiene por objeto la implantación, monitorización y control de los servicios de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, la atención a usuarios y el soporte técnico en las sedes hardware y software. No comprende en ningún caso la adquisición de nuevos equipos sino la mejora de su uso, así como la instalación y el control de los ya existentes,además de una prestación más efectiva de la atención y soporte tecnológico en la sede judicial.
La duración del contrato será de dos años prorrogables por 22 meses más e incorpora estándares de medición de la satisfacción y de compromiso en la calidad de la prestación del servicio.
Respecto al contrato actualmente vigente, el autorizado hoy supone un significativo incremento de los servicios y un mayor alcance en cuanto a usuarios y equipamientos afectados. En concreto, mediante el nuevo contrato se dará cobertura a un total de hasta 18.000 usuarios, frente a los 14.500 del expediente anterior y a 200 sedes repartidas por el territorio nacional. Asimismo, se gestionará el mantenimiento de un mayor número de ordenadores portátiles, tablets y equipos multifunción, además de escáneres y equipamientos de salas de vista.

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El CGPJ aprueba el diseño de un nuevo plan sobre cláusulas suelo para 2018

2 de enero, 2018

Jueves, 28 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ aprueba el diseño de un nuevo plan sobre cláusulas suelo para 2018

Los juzgados especializados tendrán competencia exclusiva y total o parcialmente excluyente para conocer de estos asuntos. El número de jueces dedicados a esta materia se incrementará en casi medio centenar, al incorporar a los titulares de los órganos especializados. En ocho provincias, serán juzgados de nueva creación los que asuman la competencia a medida que entren en funcionamiento.

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el diseño del nuevo plan de especialización de juzgados en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física que entrará en vigor el próximo 1 de enero, con una vigencia de seis meses.

El plan sustituye al que se puso en marcha el pasado 1 de junio, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que en los últimos siete meses han conocido de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La adopción de un nuevo plan responde a la evolución que han seguido estos asuntos –que a fecha de 17 de diciembre arroja un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional-, que en caso de no atribuirse a órganos especializados supondría una carga inasumible para el resto de los juzgados; a la próxima entrada en funcionamiento de 77 juzgados creados y constituidos en 2017 y al análisis de la carga de trabajo que han tenido los órganos judiciales especializados, que hasta ahora han conocido de estos asuntos de manera exclusiva y no excluyente.

Además, se han tomado en consideración los compromisos adquiridos en materia de refuerzos por las Administraciones con competencias en materia de Justicia.

El nuevo plan permitirá, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados juzgados, establecer, en su caso, también la excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto del resto de los asuntos entre los órganos judiciales del orden civil lo permita.

De este modo, donde allí se determine tanto los refuerzos ya adscritos en el marco del plan de urgencia que ahora expira –que se mantienen en todos los casos- como el juez titular, el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios del Juzgado “nodriza” se dedicarán a la materia objeto de especialización, si bien estos últimos seguirán tramitando los asuntos ordinarios que ya han tenido entrada.

Esto supone que el número de jueces que conocerán de este tipo de demandas se incrementará en casi medio centenar, ya que hasta ahora los titulares de los órganos especializados atendían el reparto ordinario, mientras los refuerzos que constituían los denominados “Juzgados bis” tramitaban las demandas sobre cláusulas suelo. También aumentará la cifra de letrados de la Administración de Justicia dedicados a esta materia.

La Comisión Permanente ha establecido qué Juzgados tendrán competencia exclusiva y excluyente, mientras que en otros órganos serán las Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia las que determinen el grado de exención de reparto ordinario.

Otra novedad consiste en que, en algunas provincias, la materia objeto de especialización pasará a ser asumida por juzgados de nueva creación desde la fecha de su entrada en funcionamiento. De este modo, desde ese día será un órgano judicial sin asuntos pendientes el que pase a conocer de las demandas de nuevo ingreso, mientras que las anteriores seguirán siendo tramitadas por el órgano especializado en el anterior plan.

Por último, el número de juzgados especializados pasa de 54 a 55, al incorporarse uno más en Canarias, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuerteventura.

El nuevo plan ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda. El vocal Fernando Grande-Marlaska ha votado en contra y ha anunciado la formulación de un voto particular.

El listado de órganos especializados es el siguiente:

ANDALUCÍA

Provincia de Almería:

– Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Almería en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Almería de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Cádiz:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Cádiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Córdoba:

– Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Córdoba en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Córdoba de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Granada:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Granada de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Huelva:

– Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Huelva en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Huelva de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Jaén:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Jaén de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Málaga:

– Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Málaga en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Málaga de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Sevilla:

– Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Sevilla en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Sevilla de manera exclusiva y excluyente.

ARAGÓN

Provincia de Huesca:

– Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 5 de Huesca de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Teruel:

– Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Teruel de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Zaragoza:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 12 de Zaragoza de manera exclusiva y excluyente.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Provincia de Asturias:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Oviedo de manera exclusiva, y excluyente en un 80% en materia civil.

CANARIAS

Lanzarote:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de Arrecife de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Las Palmas de Gran Canaria:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria de manera exclusiva y excluyente.

– Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuerteventura de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Tenerife:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de San Cristóbal de la Laguna de manera exclusiva y excluyente.

CANTABRIA

Provincia de Santander:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Santander de manera exclusiva y excluyente.

CASTILLA Y LEÓN

Provincia de Ávila:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Burgos:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Burgos de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Palencia:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Palencia de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de León:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de León de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Salamanca:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Salamanca de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Segovia:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Segovia de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Soria:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Soria de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Valladolid:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Valladolid de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Zamora:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 6 de Zamora de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

CASTILLA – LA MANCHA

Provincia de Albacete:

– Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 3 de Albacete de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Ciudad Real:

– Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Ciudad Real de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Cuenca:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Guadalajara:

– Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 4 de Guadalajara en de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Toledo:

– Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil e Instrucción nº 1 de Toledo de manera exclusiva y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

CATALUÑA

Provincia de Barcelona:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 50 de Barcelona de manera exclusiva y excluyente en materia civil manteniendo los concursos de personas físicas.

Provincia de Girona:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 3 de Girona de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lleida:

– Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 6 de Lleida de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Tarragona:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 8 de Tarragona de manera exclusiva y excluyente.

EXTREMADURA

Provincia de Badajoz:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Mérida de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 50%.

Provincia de Cáceres:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 5 de Cáceres de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%.

GALICIA

Provincia de A Coruña:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de A Coruña manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lugo:

– Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 2 de Lugo de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

Provincia de Ourense:

– Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº 4 de Ourense  en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de enero de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Ourense de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Pontevedra:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 14 de Vigo de manera exclusiva y excluyente.

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 17 de Palma de manera exclusiva y excluyente.

Ibiza:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Ibiza de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

Menorca:

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 3 de Mahón de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

– Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Ciutadella de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

LA RIOJA

Provincia de La Rioja:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Logroño de manera exclusiva y excluyente.

MADRID

Provincia de Madrid:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 101 de Madrid de manera exclusiva, y excluyente con mantenimiento de la competencia en ejecuciones de laudos arbitrales.

REGIÓN DE MURCIA

Provincia de Murcia:

– Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia de manera exclusiva y excluyente.

NAVARRA

Provincia de Navarra:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Pamplona de manera exclusiva y excluyente.

PAÍS VASCO

Provincia de Araba / Álava:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Gipuzkoa / Guipúzcoa:

– Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia – San Sebastián de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Bizkaia / Vizcaya:

– Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Bilbao de manera exclusiva y excluyente.

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia de Alicante:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Alicante de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%.

Provincia de Castellón:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Castellón de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Valencia:

– Juzgado de Primera  Instancia nº 25 de Valencia de manera exclusiva, y excluyente.

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Happy new year 2018

1 de enero, 2018

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La Comunidad Valenciana tendrá 4 nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre

31 de diciembre, 2017

Viernes, 29 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

La Comunidad Valenciana tendrá 4 nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre

Ampliarán la planta judicial con dos nuevos órganos judiciales en Valencia, uno en Alicante y otro en Castellón. Comenzarán su actividad con una Jueza de Adscripción Territorial, JAT, y tres jueces sustitutos, hasta la incorporación de los titulares.

Autor:Comunicación Poder JudicialComunidad autónoma:Comunidad ValencianaPaís:España

La Comunidad Valenciana contará con cuatro nuevos juzgados a partir del 31 de diciembre, dos de ellos en la provincia de Valencia, uno en Alicante y otro en Castellón. Se trata de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Novelda, en Alicante, el número 7 de Llíria y el número 4 de Massamagrell, en Valencia, y el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Castellón de la Plana.

Ante la inminencia en la entrada en funcionamiento de estos cuatro  órganos judiciales y hasta la incorporación de los jueces titulares que serán designados por concurso de traslado, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha acordado la designación de una Jueza de Adscripción Territorial, JAT, para el nuevo Juzgado de Massamagrell. Los otros tres órganos judiciales estarán servidos de manera provisional por jueces sustitutos.

Los otros diez juzgados aprobados recientemente por el Ministerio de Justicia para la Comunidad Valenciana entrarán en funcionamiento de forma progresiva a lo largo del 2018. Según el Boletín Oficial del Estado del día 26 de diciembre, el próximo 31 de marzo comenzarán a funcionar cinco juzgados de la provincia de Alicante. En concreto, los Juzgados de Primera Instancia número 5 de Benidorm y número 7 y 8 de Elche, además del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 cuatro de Villajoyosa. En esta fecha también se activará el Penal 9 de Alicante.

Además Alicante contará con otro juzgado de Primera Instancia, el numero 13, a partir del 30 de junio, cuando también empezarán a funcionar en Valencia el Mercantil 4 y el Juzgado de lo Social número 18.

En la provincia de Castellón, el 30 de septiembre iniciará la actividad el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Nules y este mismo día comenzará su actividad el Juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, en la provincia de Alicante.

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Las exportaciones crecen un 9,3% hasta octubre y fijan nuevo máximo histórico

31 de diciembre, 2017

22 de diciembre de 2017 mineco.gob.es
Las exportaciones crecen un 9,3% hasta octubre y fijan nuevo máximo histórico
España exportó entre enero y octubre por valor de 229.801 millones de euros
El déficit se sitúa en 21.073 millones de euros
Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-octubre aumentaron un 9,3% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 229.801 millones de euros, máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las importaciones subieron un 11,3%, hasta los 250.873 millones. Como resultado, el déficit comercial de los diez primeros meses del año alcanzó los 21.073 millones de euros, un 39,9% superior al registrado en el mismo periodo de 2016, aunque es el tercer mejor saldo registrado en el acumulado de los diez primeros meses del año desde 1998, sólo superado en 2013 y 2016. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 91,6% (93,3% en enero-octubre de 2016) y es el tercer mejor registro de toda la serie histórica, tras los de 2013 y 2016. En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron un 8,7%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 0,6%; y las importaciones subieron un 6%, pues los precios ascendieron un 5%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 3.783 millones de euros (déficit de 1.798 millones de euros en el acumulado hasta octubre de 2016) y el déficit energético se incrementó un 30,4%, hasta los 17.290 millones de euros (déficit de 13.263 millones en 2016).

El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y octubre supera al del conjunto de la zona euro (7,6%) y al de la UE (8%), así como a los de Italia (7,7%), Alemania (6,4%), EEUU (6,1%), China (5,6%) y Francia (4,7%). Es inferior al del Reino Unido (17%) y Japón (11,6%).

Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones (excepto el automóvil): bienes de equipo (que representan un 20,2% del total) subió un 10,3%; alimentación, bebidas y tabaco (16,5% del total) creció un 7,5%, productos químicos (14,2% del total) aumentó un 8,1% y semimanufacturas no químicas (10,2% del total) un 9,7%. El sector del automóvil (16,3% del total) disminuyó un 0,8%, especialmente por las menores ventas a Reino Unido, Turquía y Francia.

El crecimiento de las importaciones se explica en gran medida por el aumento de los precios de los productos energéticos así como por la consolidación de la recuperación económica en España. Así, las importaciones de bienes de equipo (21,4% del total) subieron un 10% interanual; las de productos químicos (15% del total) crecieron un 5,3%; las de productos energéticos (13,2% del total) un 40%; y las del sector automóvil (12,9% del total) aumentaron un 3,9%.

Las exportaciones dirigidas a la UE (65,7% del total) ascendieron un 8,2% en los diez primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,6% del total) crecieron un 9% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,2% del total) lo hicieron un 5,5%.

El dinamismo fue aún mayor en las ventas a terceros destinos (34,3% del total), que se incrementaron un 11,3% en este periodo, con ascensos de las exportaciones a todas las grandes zonas: Oceanía (24,6%), América Latina (15,2%), Asia excluido Oriente Medio (11,4%), América del Norte (10,6%), África (10,5%) y Oriente Medio (2,1%).

Por países destacan los aumentos de ventas a mercados con gran potencial como Argentina (55,3%), Nigeria (29,9%), China (24,7%), Australia (21,6%), Filipinas (18,5%), Marruecos (17,6%), México (15,9%), Brasil (13,3%), Canadá (11,1%) o Estados Unidos (10,7%). Se redujeron las ventas a Venezuela (-56%), Argelia (-11%) y Egipto (-10,4%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares (76,3%), Canarias (30,1%) y Asturias (23,2%). Los mayores descensos se dieron en Navarra (-4,4%), Castilla y León (-2,7%) y Cantabria (-1,6%).

Datos del mes de octubre

En el mes de octubre, las exportaciones españolas de mercancías subieron un 11,2% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 24.241 millones de euros. Las importaciones subieron un 13,2% en términos interanuales hasta los 26.752 millones de euros. Como resultado, en octubre de 2017 se registró un déficit de 2.511 millones de euros, un 37% superior al del mismo mes de 2016. La tasa de cobertura se situó en el 90,6%, 1,6 puntos porcentuales menos que en octubre de 2016.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.227 millones de euros (déficit de 620 millones de euros en octubre de 2016) y el déficit energético aumentó un 5,8%.

El aumento de las exportaciones en octubre de España (11,2%) es mayor que el registrado en la zona euro (9,2%) y en la Unión Europea (9,9%).

En octubre, las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron del productos energéticos (contribución de 2,7 puntos), productos químicos (contribución de 1,9 puntos), bienes de equipo (contribución de 1,7 puntos) y semimanufacturas no químicas (contribución de 1,5 puntos). Por el contrario, los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron el de otras mercancías (contribución de -0,4 puntos) y sector automóvil (contribución de -0,1 puntos).

En octubre de 2017, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 64,7% del total (65,7% en octubre de 2016) y aumentaron un 9,5%. Las dirigidas a la zona euro subieron un 9% y las destinadas al resto de la UE un 11%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Francia (8,9%), Italia (8,6%) y Alemania (6,3%), mientras que disminuyeron las dirigidas al Reino Unido (-1%).

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Helene Fischer. Winter Wonderland

31 de diciembre, 2017

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El Gobierno incorpora las normas europeas sobre funcionamiento y gestión de los mercados financieros

30 de diciembre, 2017

29 de diciembre de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno incorpora las normas europeas sobre funcionamiento y gestión de los mercados financieros
El objetivo es cumplir los estándares internacionales sobre  transparencia, eficacia y estabilidad
Las sanciones se elevan hasta un máximo de cinco millones de euros o el 10% de la cifra de negocio para casos muy graves
Las comisiones de los mercados regulados deberán ser transparentes, equitativas y no discriminatorias
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de medidas para la trasposición al derecho español de la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros, conocida como MIFID II, en lo relativo a los centros de negociación. Con esta decisión, el funcionamiento de los mercados financieros en España se homologa con los estándares internacionales lo que supone mejoras en aspectos como la transparencia, eficacia y estabilidad de los mercados. Se introducen además nuevos requisitos en materia de gobierno corporativo para los órganos rectores de estos mercados en materias como nombramientos y conflictos de interés. Las sanciones por incumplimiento de la nueva normativa se elevan a un máximo de cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocio anual en el caso de las muy graves. La entrada en vigor es el 3 de enero de 2018.

El RDL de medidas urgentes para la adaptación al derecho español a la normativa de la UE en materia de mercado de valores contiene una primera parte dividida en tres títulos que incluyen las normas de organización y funcionamiento de los mercados regulados, de los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y de los sistemas organizados de contratación (SOC), así como algunas disposiciones relativas a facultades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que afectan a todos los tipos de mercados. En una segunda parte se incluye el nuevo régimen sancionador.

Respecto a los mercados regulados se recogen los requisitos de funcionamiento y organización impuestos por MIFID II para los propios mercados y los órganos rectores. Estos mercados son los que hoy se conocen como mercados secundarios oficiales, por ejemplo, las Bolsas de Valores, AIAF (renta fija), y MEFF (derivados). Los órganos rectores serán responsables del asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos impuestos bajo supervisión de la CNMV. Además, deberán contar con un comité de nombramientos.

Estos mercados deberán cumplir con nuevas obligaciones con el objetivo de hacerlos más transparentes y eficientes. En concreto, deberán implantar sistemas y procedimientos que permitan la detección de conflictos de interés ente sus miembros, el mercado y el organismo rector; asegurar una negociación ordenada; garantizar que haya suficientes creadores de mercado, lo que facilita la profundidad y liquidez del mercado; y permitir la gestión de los riesgos operativos a los que están expuestos, tales como las posibles anomalías provocadas por la negociación algorítmica (es decir, en la que las decisiones de inversión las toman máquinas según algoritmos) o los episodios de excesiva volatilidad.

Las comisiones de los mercados regulados deberán ser transparentes, equitativas y no discriminatorias. No se crearán incentivos para colocar, modificar o cancelar órdenes o para ejecutar operaciones de forma que contribuyan a perturbar las condiciones de negociación o se fomenten prácticas de abuso de mercado.

En lo que se refiere a la negociación en mercados regulados los organismos rectores tendrán que cumplir con obligaciones adicionales de comunicación de las suspensiones y exclusiones a las autoridades competentes, orientadas a garantizar la plena efectividad de la medida en distintos centros de negociación y distintas jurisdicciones. También deberán comunicar a la CNMV las infracciones significativas de sus normas, anomalías en las condiciones de negociación o posibles actuaciones prohibidas por la normativa sobre abuso de mercado.

El RDL contempla también los requisitos de funcionamiento y organización impuestos por MIFID II a los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN) y a los Sistemas Organizados de Contratación (SOC), figura de nueva creación. Los SMN son sistemas multilaterales en los que se intercambian fundamentalmente acciones o renta fija entre distintos agentes. Funcionan como mercados alternativos con menores requisitos para los emisores, y por tanto, más accesibles para empresas de menor tamaño. En España son el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los SOC son un sistema multilateral, que no es un mercado regulado o un sistema multilateral de negociación, en el que interactúan los diversos intereses de compra y de venta de bonos y obligaciones, titulizaciones, derechos de emisión o derivados de múltiples terceros para dar lugar a contratos.

La norma aprobada hoy permite que las empresas de servicios de inversión puedan establecer SOC; se aplican las normas hasta ahora vigentes sólo para los SMN también a los SOC; y      se determinan las normas de acceso y funcionamiento de estos ambos tipos de centros derivadas de la MIFID II. En general, se hace cumplir a SMN y SOC con algunas obligaciones relevantes que ahora se imponen a los mercados regulados. De esta forma, se aplican determinados requisitos de funcionamiento como: la obligación de resistencia de sistemas, la implantación de mecanismos de gestión de volatilidad, las disposiciones que regulan la negociación electrónica y la obligación de sincronización de relojes, previstos todos ellos para los organismos rectores de mercados regulados. También destaca la aplicación en SMN y SOC de las reglas sobre suspensión y exclusión de instrumentos financieros que deben cumplir los mercados regulados, y sobre la supervisión del cumplimiento de las normas de estos centros de negociación. Por último, se añaden obligaciones de información a la CNMV sobre el funcionamiento de SMN y SOC.

También son nuevos y proceden íntegramente de la MIFID II los requisitos específicos para SMN y los requisitos específicos para SOC que son de carácter organizativo y de suficiencia de recursos. Asimismo, se incorpora a nuestro ordenamiento la denominación “mercado de Pyme en expansión” para aquellos en los que se coticen acciones de pymes y cumplan determinados requisitos. Estos centros de negociación tendrán un tratamiento regulatorio favorable en la normativa europea y les permitirá fomentar el acceso de las pymes al mercado de capitales, mejorando sus posibilidades de financiación.

Por último, se incluyen también algunos artículos con las medidas preventivas que puede imponer la CNMV en relación con mercados de otros Estados miembros cuando estos operan transfronterizamente en España y estos no cumplen con la normativa y la autoridad del Estado miembro de origen no toma medidas suficientes.

La última parte del RDL desarrolla el régimen sancionador. En primer lugar se aclara que continúan siendo de aplicación las disposiciones comunes a todas las sanciones que regulan aspectos tales como la instrucción o la prescripción de las sanciones. Posteriormente se tipifican las infracciones en muy graves y graves y se establecen las sanciones. El límite máximo de las sanciones muy graves se eleva siguiendo lo que establece la directiva. Actualmente, este límite es de 600.000 euros, el quíntuplo del beneficio obtenido, el 5% de los recursos propios, o de los fondos empleados en la actividad que dio lugar a la infracción, lo que sea mayor. Se eleva a 5.000.000 de euros o el 10% del volumen de negocios total anual, lo que sea mayor. Se procede de modo similar con las infracciones graves (2.500.0000 o el 5% del volumen anual  de negocios, frente a 300.000 o el doble del beneficio obtenido o 2% de los recursos propios o de los fondos utilizados en el régimen actual).

 

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La quiebra de seguridad de LexNET no afectó a ficheros jurisdiccionales

29 de diciembre, 2017

Jueves, 28 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

La quiebra de seguridad de LexNET no afectó a ficheros jurisdiccionales

La Comisión Permanente acuerda el archivo de las diligencias abiertas el pasado 27 de julio y que han sido practicadas por el Centro de Documentación Judicial. El CGPJ da traslado del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos para que prosiga la tramitación del procedimiento.

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy el archivo de las diligencias abiertas el pasado 27 de julio para determinar lo ocurrido en relación con la quiebra en materia de seguridad sufrida en esa fecha por el sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia (LexNET), al concluir que no afectó a ficheros jurisdiccionales, que son sobre los que el órgano de gobierno de los jueces tiene competencia en materia de protección de datos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 7/2005.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han permitido averiguar que ese día se produjo una brecha de seguridad en la versión LexNET 4.10.10 que afectaba a la versión web y que hacía posible el acceso a buzones de otros usuarios previa modificación consciente de la dirección que aparece en el navegador (URL) y, concretamente, del identificador del usuario visible en la misma.

El sistema LexNET es utilizado por abogados, procuradores, graduados sociales, centros penitenciarios, funcionarios de la Oficina Judicial, Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil y hospitales -que lo emplean para remitir atestados o partes de lesiones-, pero no es usado por los jueces y solo mínimamente por los fiscales (en pruebas piloto y solo con ocasión de aceptar notificaciones).

Del resultado de la investigación se desprende que no todos los tipos de cuentas quedaron afectados, sino solo las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, en tanto que otras más sensibles, como las de la Fiscalía, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas y Seguridad Social, no se vieron afectadas por el incidente.

Por otra parte, de acuerdo con los informes recabados, el acceso a un buzón ajeno no permitía realizar acciones consistentes en el acceso a expedientes completos, acceso a notificaciones no practicadas en caso de usuarios distintos a procuradores, ni realizar presentaciones de escritos en nombre de terceros, ni la posibilidad de borrado manual y modificación de datos del sistema.

“En este sentido, puede afirmarse que la quiebra de seguridad (…) no afectó a ficheros jurisdiccionales, cuya independencia y autonomía respecto a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias es completa, de manera que la seguridad, tanto de los sistemas de gestión procesal como de los ficheros jurisdiccionales, ha estado siempre salvada”, concluye la Comisión Permanente.

La Permanente acuerda por ello archivar el expediente y dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) –órgano competente para determinar si han existido posibles vulneraciones en materia de protección de datos de carácter personal en ficheros no jurisdiccionales- a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento.

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El Gobierno congela de nuevo los peajes de electricidad y gas para 2018

28 de diciembre, 2017

Tarifas energéticas
El Gobierno congela de nuevo los peajes de electricidad y gas para 2018
Se congelan los peajes para ambos sistemas, por quinto año en el caso de la electricidad y cuarto año en el caso del gas
Adicionalmente, para el gas, se reduce el precio del alquiler de los contadores, que supondrá un ahorro medio de 8 euros al año en la factura de los consumidores
27.12.17. minetad.gob.es
El Gobierno mantiene constantes los peajes de electricidad y gas para el 2018. En los últimos cinco años, la parte regulada de la factura (peajes), la única que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.
Se estima un equilibrio económico en los sistemas eléctrico y gasista para los próximos años, que permite la congelación de la parte regulada de las facturas.
No incrementar los peajes redundará en un impacto positivo tanto en la competitividad de la economía española como sobre el conjunto de la actividad económica.
Adicionalmente, en el caso del gas natural, se ha reducido el precio del alquiler de los contadores que pagan los consumidores en las facturas. Se estima que la rebaja supondrá un ahorro medio de 8 euros al año y por cliente, para unos 7,8 millones de consumidores domésticos.

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El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año

27 de diciembre, 2017

Miércoles, 20 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año

El pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el informe al proyecto de orden ministerial que dispone la fecha de entrada en funcionamiento de esos órganos judiciales

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial considera “razonable, deseable y adecuado” que la puesta en funcionamiento de los 87 juzgados creados y constituidos por el Real Decreto 902/2017 se produzca en 2018, incluyendo la de los once que han quedado fuera del proyecto de orden ministerial por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de 76 juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy por unanimidad el informe a ese proyecto de orden ministerial, en el que se determina la entrada en funcionamiento de esos 76 juzgados en cinco fases: 17 lo harán el 31 de enero de 2018, 16 el 31 de marzo, 22 el 30 de junio, 13 el 30 de septiembre y otros 8 el 31 de diciembre del año que viene.

El informe del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que “sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017. Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia”.

El texto dice también que “diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al Ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable”.

El Consejo valora, en cualquier caso, la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales en cuanto que “contribuirá a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y parte de las deficiencias estructurales existente en la distribución de cargas de trabajo” y cree positivo que el cronograma de entrada en funcionamiento se establezca en una sola orden, ya que eso “va a permitir la gestión más transparente y eficaz de la cobertura de sus medios personales mediante la oportuna programación de los concursos ordinarios de provisión” y posibilitará aprobar con la suficiente previsión la especialización de alguno de los juzgados en determinadas materias (familia, capacidad de las personas, etcétera).

No obstante, el informe estima que sería conveniente que el cronograma “limitara a lo sumo a cuatro las fases de puesta en funcionamiento de los juzgados, suprimiendo la correspondiente al 31 de diciembre de 2018”, argumentando que “no deja de ser paradójico que unidades creadas y constituidas en la programación de 2017 vayan a entrar en funcionamiento real en el año 2019, al recaer su entrada en funcionamiento nominal en el último día de 2018, inhábil a efectos procesales”.

También cree conveniente el Consejo que la puesta en funcionamiento fijada para el 31 de enero de 2018 comprendiera, además de las ya previstas en esa fecha, “los juzgados creados y constituidos en el ámbito del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se difieren para otras fases posteriores”. Se trata de unidades creadas o constituidas en las localidades de Albacete, Murcia, Guadalajara, Eivissa, León, Medina del Campo, Illescas, Navalmoral de la Mata, Cartagena, Talavera de la Reina y Toledo.

El informe del CGPJ concluye señalando que “la efectividad de los juzgados creados y constituidos determina la necesidad de asegurar que en la fecha de su puesta en funcionamiento estén dotados de los medios personales y materiales adecuados, para lo cual las Administraciones competentes en esta materia habrán de adoptar las decisiones oportunas”.

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El TSJA revoca el auto que suspendía el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre inmatriculaciones

26 de diciembre, 2017

Jueves, 21 de diciembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJA revoca el auto que suspendía el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre inmatriculaciones

El TSJA estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar, adoptada por un juzgado de Zaragoza, que suspendía el acuerdo de la corporación municipal sobre las inmatriculaciones de La Seo, Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor. La Sala levanta la medida cautelar pero no entra en el fondo de la cuestión

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar (adoptada por el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza), auto que suspendía el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza referido a la nulidad y rectificación registral de la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza.

Los acuerdos de la corporación municipal, de fechas 27 y 31 de marzo de 2017 expresan :”Que por la Asesoría Jurídica Municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes”, y lo mismo para la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

Ante el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza solicitó (en dos recursos distintos) la suspensión de los acuerdos municipales. El juzgado adoptó entonces la medida cautelar al considerar que no constaba un informe jurídico previo al acuerdo, siendo éste un requisito “esencial” para advertir a la corporación de la viabilidad jurídica de las acciones que pretendían llevar a cabo. Este razonamiento llevo a la magistrada a considerar que el acuerdo municipal era nulo por lo que adoptó la medida cautelar.

Discrepa la sala del TSJA de este criterio y mantiene en las sentencias ahora dictadas que “no puede afirmarse que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo” porque el acuerdo fue precedido del oportuno dictamen. No obstante, matizan los magistrados a este respecto que la sala no puede entrar a valorar en estas sentencias el fondo de la cuestión ya que “no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver” y porque resulta improcedente efectuar en este momento consideración alguna sobre si el acuerdo cumple o no las exigencias.

No aprecian los magistrados que la ejecución de los acuerdos municipal pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación, si no que los perjuicios serían los derivados de las acciones judiciales que llevara a cabo el Ayuntamiento contra el Arzobispado de Zaragoza, amparándose en los acuerdos.

Entienden los magistrados del TSJA que podría verse gravemente afectado el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva ya que al suspender el acuerdo municipal, se imposibilitaría al Ayuntamiento el poder ejercer acciones judiciales.

Por ello, y basándose en estos razonamientos, estiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y revocan el auto de suspensión del acuerdo municipal dictado por el juzgado.

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Helene Fischer – Ave Maria

25 de diciembre, 2017

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