El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un descenso del 1,5 anual
El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró un descenso del 1,5 anual
25/05/2023 | Registradores
El Colegio de Registradores elabora el Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) único que conjuga transacciones e hipotecas inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad (enfoque desde la demanda) con la actividad mercantil del sector de la construcción e inmobiliario (enfoque desde la oferta), dando por tanto una estimación completa de la actividad del sector.
El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) ha registrado un incremento trimestral del 1,2% durante el primer trimestre del año. Sin embargo, el IRAI desestacionalizado muestra una reducción del -0,6%, que supone una continuidad en la línea de resultados observados a lo largo de la segunda mitad de 2022, consolidando el cambio de tendencia con respecto a la evolución predominante alcista vivida durante el periodo que va desde 2014 hasta el final de la primera mitad de 2022.
El valor del índice se situó en 127,2 frente a los 125,7 que alcanzó el trimestre anterior. Por contra, el índice suavizado, libre de factores estacionales, se situó en 120,9 frente a los 121,6 alcanzados en el trimestre anterior. Por lo tanto, se produce una ligera recuperación de la actividad después de dos trimestres consecutivos de caídas moderadas, que venían precedidas de crecimientos desde el 2º trimestre de 2020, cuando marcó 96,4, a excepción de un ligero descenso en el 4ª trimestre de 2021. Esta evolución trimestral positiva del IRAI se ha debido en mayor medida al área de mercantil, que se incrementó el 1,8%, motivado por una importante subida del 2,2% en el sector de la construcción, mientras que el área de propiedad también crece el 1,0%, debido a un aumento importante, del 8,3%, en el número de compraventas.
Evolución anual del IRAI con base 2003 durante el 1er trimestre
La evolución anual del IRAI durante el primer trimestre desciende el 1,5% frente al mismo trimestre de 2022, siendo que en los tres trimestres precedentes arrojaba crecimientos entre el 4 y el 10%, a su vez precedidos de cuatro trimestres positivos con crecimientos que superaban ampliamente los dos dígitos. Como se aprecia en el siguiente gráfico, se produce la primera caída después de ocho trimestres consecutivos al alza. No obstante, se observa cómo durante 2021 y casi todo 2022, estos crecimientos se han ido ralentizando de forma significativa cada trimestre, hasta alcanzar un valor negativo en el primer trimestre de este año.
Con relación a los componentes de la evolución del IRAI mostrada en los datos anuales al término del primer trimestre, la caída se produjo fundamentalmente por el descenso en el área de propiedad (-2,5%), con una disminución significativa en el número de hipotecas (-4,2%), acompañado también de una bajada del precio de las compraventas (-3,8%), y una disminución en el número de compraventas (-2,4%),
En el área de las sociedades mercantiles se produjo un ligero incremento del 1,5%, debido, sobre todo, a un significativo crecimiento del 2,0% en el sector de la construcción. Los detalles se ven en la tabla siguiente:
El déficit comercial se reduce un 57 % en el primer trimestre del año
Informe mensual de comercio exterior
El déficit comercial se reduce un 57 % en el primer trimestre del año
Industria, Comercio y Turismo – 18.5.2023
Las exportaciones españolas aumentan un 14,6 % interanual de enero a marzo de 2023.
Las exportaciones españolas de mercancías aumentan un 14,6 % de enero a marzo de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 102.684 millones de euros, máximo histórico. Por su parte, las importaciones se incrementaron un 4 % hasta los 109.262 millones de euros, también máximo histórico. Así se muestra en el último informe de comercio exterior de la Secretaría de Estado de Comercio con datos de comercio declarado de Aduanas.
Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, “las cifras del primer trimestre del año muestran datos muy positivos para nuestro sector exterior, que es motor indiscutible del crecimiento económico y generación de empleo en nuestro país”.
Como resultado, el déficit comercial se reduce en un 57 % en el primer trimestre del año, alcanzando los 6.578 millones de euros, inferior al déficit de 15.416,5 millones registrado en el mismo periodo de 2022. La tasa de cobertura se situó en el 94 % (85,3 % en enero-marzo de 2022, datos provisionales).
El saldo no energético arrojó un superávit de 1.639,3 millones de euros (déficit de 4.364,1 millones de euros en el acumulado hasta marzo de 2022) y el déficit energético se redujo hasta los 8.217,6 millones de euros frente al déficit de 11.052,3 millones de euros en 2022.
El crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y marzo (14,6 %) es de mayor magnitud al registrado en la UE-27 (8,2 %) y la zona euro (7,7 %). También al registrado en Francia (9,5 %), Alemania (7,8 %) e Italia (9,8 %). Fuera de la UE, también crecieron las exportaciones del Reino Unido (13,9 %), EE. UU. (6,5 %), China (8,4 %) y Japón (4,8 %).
Todos los sectores contribuyeron de forma positiva a la tasa de variación anual de las exportaciones, destacando los sectores de bienes de equipo, automóvil, productos químicos y alimentación, bebidas y tabaco. “Se observa una normalización del comercio por sectores tras la pandemia y el shock energético, con la recuperación clara del automóvil y la reducción en el peso de productos energéticos”, explica el ministro.
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63,9 % del total) crecieron un 15,4 % interanual en el primer trimestre del año. Las ventas a la zona euro (55,9 % del total) se incrementaron un 14,3 % y las destinadas al resto de la Unión Europea (8,0 % del total), ascendieron un 24,2 %.
Las ventas a terceros destinos (36,1 % del total) también subieron un 13,1 % en este periodo, con incrementos de las exportaciones a Oceanía (49,3 %), América Latina (33,4 %), América del Norte (19 %), Asia excluido Oriente Medio (8,2 %) y África (2,8 %).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares, La Rioja y el Principado de Asturias.
Datos del mes de marzo
En el mes de marzo, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 17,7 % sobre el mismo mes de 2022, hasta los 38.932,7 millones de euros, cifra récord para cualquier mes. Por su parte, las importaciones ascendieron un 3,6 % interanual hasta los 39.090,4 millones de euros, también máximo histórico para un mes de marzo.
Como consecuencia, en marzo de 2023 casi se obtiene un equilibro en la balanza comercial, ya que se registró un déficit de 157,7 millones de euros, inferior al déficit de 4.641,8 al del mismo mes de 2022. La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 99,6 %, lo que supone 11,9 puntos porcentuales más que en marzo de 2022 (87,7 %).
Como explica el ministro Héctor Gómez, “no solo se modera el déficit energético, sino que se logra un superávit no energético importante en marzo de 2.166 millones. Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar un superávit no energético mayor”.
Por su parte, las exportaciones a la Unión Europea en marzo de 2023 representaron el 62,9 % del total (64,2 % en marzo de 2022) y subieron un 15,4 %. Las dirigidas a la zona euro aumentaron un 14,8 % y las destinadas al resto de la UE crecieron un 20,1%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Alemania (22,8 %), Italia (21,7 %), Francia (16,4 %) y Portugal (8 %).
Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 37,1 % del total y aumentaron un 21,7 % interanual y las ventas a Reino Unido subieron un 21,3 %.
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Declaración institucional del presidente del Gobierno
Declaración institucional del presidente del Gobierno
29.5.2023
Buenos días, seré breve y trataré también de ser muy claro.
Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana martes en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer.
La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable. Y ello a pesar de que muchos de ellos y ellas han visto incrementado su apoyo en el día de ayer.
La segunda consecuencia será que numerosas instituciones pasarán a ser administradas por nuevas mayorías conformadas por el Partido Popular y por VOX.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá.
Y por eso, como presidente del Gobierno, y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
España está a punto de superar una etapa de crisis derivada de la emergencia de la Covid-19, también de la guerra de Ucrania. Encaramos una senda clara de crecimiento, de creación de empleo y de cohesión social. Y a estas alturas de la legislatura, el Gobierno ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas en el discurso de investidura, en el programa de gobierno y también en nuestro acuerdo con la Comisión Europea.
Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa y es la Presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea.
Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas. Una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase.
Solo hay un método infalible para solventar estas dudas. Ese método es la democracia y, por consiguiente, creo que lo mejor es que los españoles y españolas tomen la palabra, se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país.
Muchas gracias.
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-575/21 | WertInvest Hotelbetrieb
Luxemburgo, 25 de mayo de 2023
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-575/21 | WertInvest Hotelbetrieb
La obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental de un proyecto de urbanización no puede depender exclusivamente de su tamaño
El Derecho de la Unión se opone a que se fijen umbrales en un nivel tal que, en la práctica, la totalidad o casi totalidad de los proyectos de un determinado tipo quede de antemano excluida de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental
La empresa WertInvest Hotelbetrieb ha solicitado a la ciudad de Viena (Austria) la concesión de una licencia de obras para el proyecto «Heumarkt Neu». Este proyecto se sitúa en la zona central del lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y denominado «Centro histórico de Viena». Consiste en reordenar el lugar correspondiente mediante la demolición del actual hotel InterContinental y la construcción de varios edificios nuevos para uso hotelero, comercial, de conferencias, de eventos, residencial y de oficinas. También contempla la construcción de una pista de hielo subterránea (en sustitución de la actual), un gimnasio subterráneo con piscina y un aparcamiento subterráneo. El proyecto ocupa una superficie de aproximadamente 1,55 ha y una superficie construida bruta de 89.000 m2
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Ante la falta de resolución de la Administración municipal sobre esta solicitud, WertInvest Hotelbetrieb interpuso una reclamación por omisión ante el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Viena, mediante la cual solicitaba a dicho órgano jurisdiccional que concediese la licencia de obras solicitada. Alega que, habida cuenta de los umbrales y criterios establecidos en el Derecho austriaco, el proyecto no está sujeto a una evaluación de impacto ambiental. Esta cuestión había quedado sin respuesta en el marco de otro litigio, ya que WertInvest Hotelbetrieb había retirado la solicitud previamente presentada a este respecto ante el Gobierno del Land de Viena.
El Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Viena, que considera que debe resolver con carácter previo sobre si debe o no llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental, alberga dudas sobre la compatibilidad del Derecho austriaco con la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Tales dudas provienen, en particular, de que el Derecho austriaco supedita la evaluación de impacto ambiental de «proyectos de urbanizaciones» como los del litigio principal a que se superen los umbrales de superficie ocupada de al menos 15 hectáreas y de superficie construida bruta superior a 150.000 m². Por ello, el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Viena ha formuladovarias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia responde que la Directiva se opone a una normativa nacional que supedita la realización de una evaluación de impacto ambiental de algunos «proyectos de urbanización», como los que son objeto del litigio principal, a que se superen umbrales de superficie ocupada de al menos 15 hectáreas y de superficie construida bruta superior a 150.000 m².
En efecto, si un Estado miembro fija umbrales para evaluar la necesidad de proceder a una evaluación de impacto ambiental, es necesario tomar en consideración elementos como la localización de los proyectos, por ejemplo, fijando varios umbrales correspondientes a proyectos de diferentes dimensiones, aplicables en función de la naturaleza o de la localización del proyecto. Si, como ocurre en el litigio principal, el proyecto se sitúa en el espacio central de un lugar incluido en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el criterio relativo a la localización de los proyectos resulta especialmente pertinente.
En un entorno urbano en el que el espacio es limitado, los umbrales de ocupación consistentes en una superficie ocupada de al menos 15 hectáreas y en una superficie construida bruta superior a 150.000 m² son tan elevados que, en la práctica, la mayoría de los proyectos de urbanización están de antemano excluidos de la obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental. Corresponde al Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Viena apreciar, en definitiva, si la totalidad o la casi totalidad de los proyectos correspondientes queda de antemano excluida de esta obligación, lo que, en principio, no sería compatible con la Directiva.
Por otro lado, la Directiva se opone a que se concedan licencias de obras para proyectos individuales de construcción que se inscriban en el marco de proyectos de urbanización más amplios antes de que se lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental necesaria o durante esta, o antes de que finalice un estudio caso por caso de los efectos sobre el medio ambiente con el fin de determinar si dicha evaluación es necesaria.
Europa y el resto del mundo deberían cooperar en el uso de los subsidios verdes
Cambio climático
Europa y el resto del mundo deberían cooperar en el uso de los subsidios verdes
Para abordar eficazmente el cambio climático se requiere un enfoque coordinado, también en materia de subsidios
Alfred Kammer
15 de mayo de 2023 Fondo Monetario Internacional
En todo el mundo los gobiernos están recurriendo a los subsidios para promover la transición verde. Los subsidios verdes pueden resultar útiles cuando los mercados presentan fallas. En los casos en que los precios de las emisiones de carbono son inferiores a su costo real para la sociedad, o cuando no se han adoptado soluciones con políticas más idóneas (como un sistema de tarificación del carbono), los subsidios pueden atraer a empresas y consumidores hacia tecnologías limpias y menos contaminantes, reduciendo a la vez los costos de estas.
Pero los subsidios han de focalizarse cuidadosamente si se desea corregir las fallas del mercado, y no deben hacer distinciones entre las empresas, ya sean nacionales o extranjeras, antiguas o nuevas, grandes o pequeñas. Además, deben ser acordes con las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Ahora el riesgo está en que las principales economías mundiales se lancen a una carrera por los subsidios con el fin de atraer inversiones verdes. Esto podría socavar la igualdad de condiciones en el comercio internacional, contribuir a la fragmentación geoeconómica, acarrear importantes costos fiscales y, en última instancia, restar eficacia y perjudicar al sistema mundial de comercio basado en reglas, que tan útil ha resultado durante décadas a la economía mundial.
Los países más ricos y con más recursos fiscales podrían salir aventajados en la carrera por los subsidios, incluso si la situación de la economía mundial empeora. En un entorno de mayor proteccionismo, las economías de mercados emergentes y en desarrollo con menos recursos fiscales se enfrentarían a graves dificultades a la hora de competir por inversiones con las economías avanzadas, lo cual también podría entorpecer la transferencia de tecnología a esos países. A la larga, el costo de la transición verde podría aumentar.
El Pacto Verde Europeo
La Unión Europea (UE) está debatiendo el Plan Industrial del Pacto Verde, propuesto por la Comisión en enero, algunos elementos del cual ya han sido adoptados. Con este plan, se relajan temporalmente las reglas de competencia europeas para poder ampliar los subsidios a empresas de tecnología limpia. Al menos parcialmente, es una respuesta a las medidas adoptadas por la Ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que la UE teme que generará desventajas de costos cada vez mayores para sus empresas y provocará un éxodo de empresas hacia los países que ofrezcan desgravaciones o subsidios más generosos.
Durante los trabajos de preparación del Pacto Verde Europeo, las autoridades encargadas podrían tomar una serie de medidas para potenciar sus beneficios y evitar errores.
La UE debe seguir colaborando con otros países en el desarrollo de un mecanismo multilateral común e inclusivo para frenar el cambio climático. Esto podría hacerse creando un club climático, o estableciendo un precio mínimo internacional del carbono. Otra posibilidad sería un acuerdo sobre el uso y diseño adecuados de los subsidios, sustentado en un análisis profundo de la incidencia de varios tipos de subsidios en el clima y los resultados económicos, como la competitividad, la asignación de recursos y el comercio transfronterizo. Entretanto, los subsidios verdes pueden usarse de forma cooperativa a través de iniciativas multilaterales abiertas y no discriminatorias.
Preservar la integridad del Mercado Único Europeo es primordial. Las normas de la UE sobre ayudas estatales establecen, para bien, límites estrictos al apoyo que los gobiernos pueden ofrecer a sus empresas, a fin de garantizar unas condiciones equitativas. Así se evita que los países más grandes de la UE, o aquellos con mayor peso financiero, proporcionen ayudas más generosas a sus empresas en detrimento de sus competidores en otros países de la Unión. Por esta razón, al relajar las normas sobre ayudas estatales se deben fijar límites en cuanto al alcance, plazo y grado de esa relajación. Además, debe ir acompañada de financiamiento comunitario para ayudar a corregir las diferencias entre los países miembros en cuanto a su capacidad para aplicar los subsidios. Una posibilidad sería coordinar el respaldo fiscal a los sectores de tecnología limpia en los países de la UE, quizá en el marco de un sistema con financiamiento centralizado. A mediano plazo, también sería beneficioso que la UE crease un fondo de inversión en el clima para coordinar y financiar la inversión pública adicional necesaria para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones a costos más económicos.
La UE debería focalizar los subsidios en las actividades en las que las intervenciones podrían reportar mayores beneficios para el clima. Por ejemplo, subsidiar la creación de nuevas tecnologías limpias y el despliegue de las que ya existen, pero todavía están en mantillas.
Para respaldar y acelerar la transición verde, es necesario que el capital, la mano de obra y los conocimientos fluyan libremente hacia los segmentos del mercado único que más lo necesitan. Según estimaciones de la Comisión, se requieren inversiones por un monto adicional de 4 billones de euros entre 2021 y 2030 para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la UE; de estos, tres cuartas partes deben provenir del financiamiento privado. Agilizar los avances hacia una unión de los mercados de capitales sigue siendo prioritario, ya que ayudaría a disponer de financiamiento del sector privado suficiente para la transición verde en toda la UE. Por el lado de la mano de obra, el plan de la Comisión es alentador, puesto que ayudaría a mejorar la integración de los mercados de trabajo en el seno de la UE y ofrecería más oportunidades de capacitación en sectores de tecnología limpia. Se trata de objetivos fundamentales, porque la transición verde requerirá que los trabajadores aporten la correcta combinación de conocimientos y sean capaces de dar el salto de los sectores decadentes a los sectores emergentes. Otra buena noticia es que la UE ha reafirmado su compromiso de destinar una parte de los nuevos ingresos provenientes de la tarificación del carbono en los sectores del transporte por carretera y la construcción al nuevo Fondo Social para el Clima, que respaldará a los hogares vulnerables durante la transición energética
El Tribunal Supremo desestima una reclamación de paternidad no matrimonial de los hijos de la expareja basada en la convivencia y en el interés de los menores
Jueves, 18 de mayo de 2023
El Tribunal Supremo desestima una reclamación de paternidad no matrimonial de los hijos de la expareja basada en la convivencia y en el interés de los menores
La Sala Primera señala que, en estas situaciones, el cauce es la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable
Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado este recurso de casación que versa sobre una demanda de declaración de paternidad.
El demandante solicitó que se declarara su paternidad no matrimonial de los dos hijos biológicos de quien fue su pareja y, al mismo tiempo, que se declarara que su expareja es el padre no matrimonial de los dos hijos biológicos del propio demandante. Subsidiariamente solicitó el establecimiento de un régimen de relaciones de los hijos entre sí y con sus padres respectivos.
Tanto el demandado, expareja, como la defensora judicial de los menores solicitaron la desestimación de la demanda. El Ministerio Fiscal igualmente se opuso.
La sentencia de primera instancia desestimó la declaración de paternidad solicitada y estableció un régimen de relaciones entre los cuatro menores, una vez valoradas las circunstancias concurrentes y sobre la base de un acuerdo firmado durante el proceso. La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de primera instancia.
El demandante recurrió en casación y sostuvo que la posesión de estado basada en la convivencia como hermanos de los cuatro hijos y el interés de los menores son suficientes para la determinación de las filiaciones reclamadas.
La Sala declara que no es relevante en el caso que los cuatro menores nacieran mediante maternidad subrogada durante la convivencia de la pareja, encontrándose inscritas las filiaciones en el Registro Civil español respecto de cada padre biológico y a la vez comitente.
Recuerda la Sala que, con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre. El ordenamiento español establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable.
Concluye la sentencia que el rechazo de la filiación reclamada no priva a los niños de sus derechos ni afecta a su identidad y que la opción mejor y más adecuada, en atención a todas las circunstancias concurrentes, es la que acogió la sentencia de primera instancia, mantenida en la de apelación, que garantiza el derecho efectivo de los menores a mantener vínculos y relacionarse con aquellas personas con las que les une una relación afectiva.
La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española
Instituto de estudios económicos
La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española
– La reforma de pensiones aprobada está desalineada con las de los países de nuestro entorno comparado. La reforma se centra en el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y eliminando mecanismos de control sobre la evolución del gasto.
– Los análisis realizados por diferentes autores ponen de manifiesto que la reforma es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones y, que estos desequilibrios aumentarán, dado que el incremento de los gastos será muy superior al de los ingresos.
– Los mecanismos para paliar futuros desajustes, es previsible que conlleven subidas adicionales de las cotizaciones vía el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que afectarán a todos los ocupados y a las empresas.
– Las cotizaciones sociales de las empresas españolas en referencia al PIB, que ya estaban entre las más elevadas de la UE y de la OCDE, una vez que se incorporen todos los cambios aprobados, superarán los máximos actuales existentes, tanto dentro de la OCDE como de la Unión Europea.
– Hay dudas sobre el encaje de la reforma de pensiones, con el incremento de gasto que conlleva, en el nuevo marco fiscal europeo y la vuelta de las reglas fiscales.
– La reforma aprobada deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional.
– La reforma tiene efectos negativos sobre la economía, principalmente sobre el empleo, el crecimiento y la competitividad.
– Es necesario fortalecer la actividad y el empleo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Generar un entorno que atraiga el talento, en lugar de penalizarlo, máxime en un momento donde serán necesarios perfiles para afrontar con garantías de éxito procesos como la digitalización y la transición energética.
Madrid, 16 de mayo de 2023. El Presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, ha presentado, junto a Antonio Garamendi, presidente de CEOE, y varios de los autores del estudio, el Informe de Opinión del IEE “La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española”. En él se recogen las claves de la reforma de las pensiones y un análisis sobre la ineficacia e ineficiencia del aumento de las cotizaciones sociales para equilibrar el sistema público de pensiones y posibles alternativas. Este señala que la reforma de las pensiones aprobada está claramente desalineada con las de los países de nuestro entorno comparado, donde han tratado de adaptarse al incremento de gasto que supondrá el aumento de población en edad de jubilación con la utilización de diferentes fórmulas como fondos de capitalización, sistemas de cuentas nocionales, o incentivando el desarrollo del Pilar II, al tiempo que se establecen mecanismos de ajuste en el Pilar I, entre otras medidas.
Por el contrario, la reforma aprobada en nuestro país rompe el comportamiento mostrado desde la firma del Pacto de Toledo, que había buscado avanzar en la equidad actuarial a través de reformas paramétricas, pasando a centrarse ahora en el aumento de los ingresos, con el incremento presente y futuro de las cotizaciones, y eliminando mecanismos de control sobre la evolución del gasto. Todo ello a pesar de que se espera que el número de pensiones pase de 10 a 15 millones entre los años 2025 y 2048, y que la tasa de dependencia aumentará significativamente, pasando de aproximadamente tres personas con capacidad de cotizar por cada pensionista en el momento actual, a algo menos de dos en 2050.
En el informe ha participado Ángel de la Fuente Moreno, Director Ejecutivo en FEDEA, con un estudio sobre los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones; José Emilio Bosca Mares (Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia), Rafael Doménech Vilariño (Responsable de Análisis Económico en BBVA Research) y Javier Ferri Carreres (Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia), con un estudio sobre los efectos sobre el empleo y el PIB del aumento de las cotizaciones sociales; José Enrique Devesa Carpio (Profesor de Economía Financiera y Actuarial en la Universidad de Valencia) y Robert Meneu Gaya (Profesor de Matemáticas para la Economía y la Empresa de la Universidad de Valencia), con un estudio sobre la valoración financiero-actuarial de la reforma de las pensiones 2021-2023; y José Antonio Herce San Miguel (Socio director de LoRIS), con un estudio sobre las pensiones en el mundo (avanzado). Adicionalmente, se incluye un anexo donde se recoge la “Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: la incidencia de la demografía”, publicado por la AIReF el 24 de marzo de 2023.
De este modo, tras el análisis de los diferentes autores, se pone de manifiesto que la reforma es insuficiente para cubrir los desequilibrios del sistema de pensiones, y que estos desequilibrios aumentarán. A finales del año 2022, la deuda de la Seguridad Social superaba los 106.000 millones de euros, y el sistema de pensiones presenta déficit, que en 2023 se puede situar en el entorno del 1,8% del PIB, a pesar de las transferencias que recibe del Estado para atender los gastos impropios.
Las diferentes estimaciones apuntan a que la reforma generará un aumento en los ingresos de entre 1,2 y 1,3 puntos de PIB, mientras que el incremento de los gastos será sensiblemente mayor y oscilará entre 2,1 y 4,7 puntos de PIB, por lo que el déficit y la deuda existentes, lejos de corregirse, aumentarán sensiblemente. Pero esta reforma ya contempla un incremento de las cotizaciones sociales, equivalentes a 2,7 puntos, según estimaciones de la AIReF (incluyendo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará a 1,2 puntos, y 1,5 puntos adicionales derivados del aumento de la base máxima y de la cuota de solidaridad).
Asimismo, los desajustes que se generarán, está previsto que se vayan paliando con medidas que pueden incidir sobre los ingresos o sobre el gasto a decidir en el diálogo social, si bien en caso de desacuerdo está contemplado que aumentarán las cotizaciones en el MEI. Estos incrementos repercutirán sobre todos los trabajadores y, principalmente, sobre las empresas, con los efectos negativos que se derivan para la actividad y el empleo.
En el informe se destaca que las cotizaciones sociales de las empresas españolas en referencia al PIB ya estaban antes de la reforma entre las más elevadas de la Unión Europea y de la OCDE. Y que una vez que se incorporen todos los cambios aprobados, las cotizaciones sociales de las empresas españolas frente al PIB superarán los máximos actuales existentes tanto dentro de la OCDE como de la Unión Europea. Ante esta situación, donde los niveles de cotizaciones sociales sobre la empresa se situarán en ratios muy elevados, no se puede descartar la necesidad de que haya que adoptar medidas por el lado del gasto.
Además, el aumento del gasto que se derivará de la reforma de pensiones tendrá lugar en un contexto donde la Comisión Europea ya ha indicado que volverán a aplicarse las reglas fiscales, con el foco centrado en el ajuste del gasto público, para reducir el peso de la deuda frente al PIB, y donde el nivel de deuda pública de nuestro país (113% del PIB) casi dobla el nivel de referencia establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (60% del PIB).
Ante esta situación, la propia AIReF ha expresado sus dudas sobre el encaje de la reforma de pensiones en el nuevo marco fiscal europeo, recomendando la necesidad de asegurar la coherencia entre las reglas fiscales nacionales y europeas, siendo especialmente relevante la consistencia de las reglas de pensiones con la regla de gasto general.
En el informe también se destaca que la reforma aprobada deteriora la contributividad del sistema y la equidad intergeneracional. La reforma provocará un notable desacople entre el aumento de las bases máximas de cotización y las pensiones máximas, dado que las primeras crecerán a un ritmo muy superior a las segundas (cada año aumentarán las cotizaciones máximas en 1,2 puntos sobre el IPC frente a 0,115 puntos sobre el IPC de las pensiones). Esto supondrá incrementos acumulados unas doce veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones. Esta situación, junto con la cotización adicional de solidaridad, se traducen en una clara ruptura de la naturaleza contributiva de las cotizaciones.
Además, la elevación de los tipos de cotización no se traslada a la pensión, dado que para su cálculo se utilizan las bases de cotización de un periodo de tiempo y no se tiene en cuenta el tipo de cotización utilizado. Esta circunstancia supone un claro quebranto de la equidad intergeneracional, que perjudicará a las generaciones ocupadas en las próximas décadas, que van a pagar un mayor tipo de cotización que las generaciones anteriores para, a su vez, recibir una menor pensión en términos relativos.
También se hace hincapié en los efectos negativos que la reforma tiene sobre la economía, principalmente sobre el empleo, el crecimiento y la competitividad del país. El aumento de las cotizaciones deteriorará la competitividad fiscal de nuestras empresas, al tiempo que los expertos señalan que las subidas aprobadas tendrán un efecto negativo sobre el empleo de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo. Además, estiman que el PIB se resentirá en un 0,6%, con un descenso tanto del consumo como de la inversión privada (0,5% y 0,2% respectivamente). Adicionalmente, los expertos coinciden en que estos efectos serán mayores si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales. Según los cálculos del IEE, en el caso de los escenarios más adversos, los efectos serían entre dos y tres veces superiores a los mencionados anteriormente.
Destaca también la necesidad de fortalecer la actividad y el empleo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. De tal forma que en lugar de una reforma que resta competitividad a nuestra economía, aumentando las cotizaciones, perjudicando el crecimiento y la creación de empleo, así como dificultando la retención del talento en nuestro país, se debería impulsar un entorno propicio para el desarrollo de la actividad y con capacidad para atraer inversiones. Además, la apuesta por la captación de talento es especialmente relevante en el contexto actual, donde aumentará la demanda de perfiles necesarios para afrontar con garantías de éxito tanto la digitalización como la transición energética.
Impulsar la creación de empleo es una vía que permite aumentar la recaudación por cotizaciones mediante la ampliación de las bases de cotizantes, sin perjudicar el crecimiento ni la competitividad, situaciones especialmente relevantes en un entorno mundial globalizado, y siendo España el país que mayor tasa de paro presenta dentro de la Unión Europea, duplicando el promedio comunitario. Así, por ejemplo, si la tasa de paro de nuestro país bajase hasta la media de la OCDE (5%), esto supondría la creación de más de 1,8 millones de empleos, aumentando la recaudación por cotizaciones en algo más de un 9%, que equivaldría al 1% del PIB de 2022, cifra similar a la que se estima que se obtendrá con las medidas recogidas en la actual reforma.
El pleno del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
El pleno del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios
El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra la tributación en el IRPF de los bienes recibidos en virtud de pactos y contratos sucesorios. Estos pactos, conocidos como “herencia en vida”, se regulan en los Derechos civiles forales vigentes en diversas partes de España. En particular, el Derecho Civil gallego regula la “apartación”, que es un pacto sucesorio sobre la herencia futura en virtud del cual una persona (“apartante”) entrega en vida a uno de sus herederos (“apartado”) unos determinados bienes a cambio de no heredarle el día de mañana.
Ante la falta de una regla específica en la Ley del IRPF, se habían suscitado dudas sobre si dicha entrega al “apartado” generaba una ganancia patrimonial que debía tributar en dicho impuesto, como ocurre en las donaciones, o se asimilaba más a una transmisión mortis causa típica, en la que la llamada “plusvalía del muerto” no está sujeta a gravamen. Lo anterior llevó al legislador estatal, por medio de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, a introducir una regla específica por la cual la plusvalía que aflore en los pactos o contratos sucesorios tributará siempre que el bien recibido se transmita antes del transcurso de cinco años o del fallecimiento del “apartante”, si es anterior a dicho plazo. La citada ley justificaba la modificación en que, de otro modo, los pactos o contratos sucesorios podían utilizarse para evitar el gravamen de la plusvalía que aflora cuando un bien se transmite en vida.
La Xunta de Galicia impugnó dicha modificación por considerarla contraria a los arts. 31.1 y 9.3 CE. El gobierno autonómico alegaba que la nueva regla genera doble imposición y hace tributar al “apartado” por una plusvalía que no es suya, sino del “apartante”. Asimismo, supone tratar de forma desigual las transmisiones en función del tiempo transcurrido o de si el causante ha fallecido o no, lo que vulneraría el principio de igualdad. La recurrente tampoco ve razón para que en las transmisiones derivadas de pactos o contratos sucesorios tribute una plusvalía que, sin embargo, queda sin gravamen cuando el bien se recibe a la muerte del causante (transmisión hereditaria típica). Por último, el recurso consideraba que la aplicación del nuevo régimen a todas las transmisiones realizadas desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021 incurría en una retroactividad contraria al art. 9.3 CE.
La sentencia razona que no hay doble imposición porque la capacidad económica que tributa en el IRPF es distinta de la gravada en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Respecto a si el “apartado” tributa por una ganancia propia o ajena, se recuerda que la LIRPF aplica una regla análoga a otras transmisiones gratuitas y que el legislador tiene un amplio margen de configuración al concretar el principio de capacidad económica, que puede modular por razones de técnica tributaria.
Respecto de que no se diferencie entre quienes hacen estas operaciones con ánimo elusivo y los que no, el Tribunal recuerda que, según su reiterada doctrina, el art. 14 CE no garantiza el derecho a un trato desigual.
Y en cuanto al trato dispar con las herencias típicas, la sentencia subraya que los pactos o contratos sucesorios tienen efectos en el presente, circunstancia que el legislador puede legítimamente tener en cuenta para no aplicarles el mismo tratamiento fiscal que a las transmisiones por fallecimiento.
Finalmente, se descarta la tacha referida a la aplicación retroactiva del nuevo régimen, puesto que la renta derivada de la transmisión del bien recibido por el “apartamiento” se genera cuando se enajena y debe tributar según la normativa actualmente vigente, no la existente cuando se adquirió.
Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel anuncian voto particular discrepante a la sentencia que desestima el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Xunta de Galicia respecto del apartado 3 del artículo 3, por el que se modifica el artículo 36 de la Ley 35/ 2006, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Consideran que el recurso debió de ser estimado, por cuanto la regulación impugnada establece discriminaciones arbitrarias entre contribuyentes entre los que no media ninguna razón objetiva de diferenciación; no existiendo una finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual de situaciones iguales.
No comparten la equiparación a efectos fiscales que se efectúa en la sentencia entre la institución de la apartación del Derecho Foral Gallego y la donación inter vivos, equiparación con base en la cual se justifica la diferencia de trato impositivo entre los que adquieren los bienes por título de herencia a la muerte del causante y los que lo hacen por otro título hereditario cual es la apartación.
Estiman que la apartación no es una donación sino un pacto sucesorio, aun cuando se formalice en un contrato inter vivos, ya que en virtud del mismo el legitimario recibe de presente determinados bienes (cualquiera que sea el valor de los mismos) y correlativamente renuncia de manera irrevocable a la legítima que le hubiera correspondido por sí y por su causahabientes al abrirse la sucesión; no pudiendo solicitar complemento de aquella en el supuesto de incremento posterior del caudal relicto.
La apartación tiene, por tanto, una indudable naturaleza mortis causa, que reconoce la propia Ley reguladora del Impuesto de Sucesiones, que contempla entre los títulos sucesorios además de la herencia y el legado otros como los pactos sucesorios, entre los que se encuentra la apartación, sujeta al Impuesto de Sucesiones, que se devenga en la fecha del otorgamiento del contrato de apartamiento (a diferencia de las adquisiciones por título hereditario, en las que se devenga en la fecha del fallecimiento del causante).
Atendido que el legislador ha optado por excluir de la base imponible del IRPF la denominada “plusvalía del muerto”, el precepto impugnado, que excluye de dicho trato favorable a los apartados, comporta un trato discriminatorio respecto de quienes heredan a la muerte del causante (que pueden vender inmediatamente el bien heredado sin tributar en el
IRPF por la diferencia de valor del bien en la fecha de la adquisición por el causante y el de venta por el causahabiente) y quienes heredan en virtud de un pacto sucesorio en virtud del cual renuncian a la legítima, los cuales se han de subrogar, a los efectos de tributación en renta, en la posición del causante y soportan esa carga impositiva.
Consideran que la finalidad enunciada en la Ley de prevenir el fraude fiscal en el supuesto de venta por el apartado del bien adquirido antes de la muerte del causante o dentro de los cinco años del otorgamiento del contrato, en base a la cual se pretende justificar esa diferencia de trato, parte de una presunción, que no admite prueba en contrario, de que en todo caso se da una finalidad defraudatoria, sin distinguir entre los otorgantes que tuvieran dicha finalidad de ahorro fiscal y los que sin ánimo defraudatorio legítimamente optan por esta institución, de gran arraigo en el Derecho Foral Gallego.
Por otro lado, estiman que la regulación no respeta el principio de capacidad económica del apartado, al obligar al referido causahabiente a tributar por una hipotética ganancia que, de haberse producido, habría sido obtenida por el causante, pero no por el legitimario que en virtud del pacto sucesorio renunció a su condición de tal, el cual debería tributar, en su caso, por la diferencia entre el valor del bien en el momento en que él lo adquirió el virtud de la apartación, (valor que ya fue actualizado por aplicación del valor real o el de referencia contemplados en la Ley reguladora del Impuesto de Sucesiones) y el de venta, en los mismos términos en que lo hacen los herederos que transmiten el bien tras la muerte del causante, sobre los que no se carga la denominada “plusvalía del muerto”.
Por ello estiman que el recurso debió de ser declarado inconstitucional por vulneración de los arts. 14 y 31.1 CE
Madrid, 24 de mayo de 2023
El Tribunal Supremo resolverá si las ‘mobile homes’ requieren licencia urbanística para su instalación
Martes, 23 de mayo de 2023
El Tribunal Supremo resolverá si las ‘mobile homes’ requieren licencia urbanística para su instalación
La Sala explica que la cuestión presenta interés casacional porque la solución que se adopte puede afectar a un gran número de situaciones, dada la progresiva utilización de este tipo de vivienda y la ausencia de jurisprudencia al respecto
Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de Admisión del Tribunal Supremo ha acordado admitir a trámite el recurso que presentó un camping de Tarragona contra una sentencia del TSJ de Cataluña que avaló la decisión del ayuntamiento de esa ciudad de denegar la instalación de casas móviles (las llamadas ‘mobile homes’) en el camping al considerar que se trataba de uso de suelo y por tanto sujeto a licencia urbanística previa.
En su sentencia el TSJ argumentaba que el hecho de que las mobile homes dispongan de ruedas no altera que existe una ocupación de terreno en un camping que comporta uso de suelo que está sujeto a licencia urbanística previa.
Frente a la sentencia del TSJ, el camping alega en su recurso que este tipo de casa móviles se incluyen en la categoría de remolques, en tanto que son vehículos habitables de recreo que no necesitarían licencia urbanística previa de los ayuntamientos.
En su auto, la Sala de Admisión explica que la cuestión presenta interés casacional porque la solución que se adopte puede afectar a un gran número de situaciones, dada la progresiva utilización de las ‘mobile homes’ y la ausencia de jurisprudencia al respecto.
El alto tribunal entiende que debe pronunciarse sobre la cuestión controvertida “dada su incidencia en el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y el control de la utilización de éste por la administración competente, a lo que se une la novedad que representa la aparición de las ‘mobile homes’ o casas móviles.
El tribunal indica que, de acuerdo con las normas de reparto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso será la competente para determinar en primer lugar, la naturaleza de las denominadas ‘mobile homes’ o casas móviles en cuanto a la exigibilidad de licencia urbanística por uso del suelo.
En segundo lugar, el Supremo resolverá si la licencia de actividad de camping ampara también la instalación de las casas móviles.
El pronunciamiento del Supremo fijará doctrina sobre esta materia.
España supera en abril los 8,1 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 16,9% más que hace un año
Datos de Turespaña
España supera en abril los 8,1 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 16,9% más que hace un año
Industria, Comercio y Turismo – 19.5.2023
Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, “estos datos demuestran que este primer cuatrimestre ha sido muy bueno en términos turísticos. España puede presumir de tener un sector robusto y de calidad, que es una fuente de riqueza, de empleo y nuestra mejor carta de presentación como país”.
España recibió en abril de 2023 más de 8,1 millones de pasajeros aéreos internacionales, un 16,9% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos difundidos hoy por Turespaña. En los cuatro primeros meses del año, España ha recibido un total de 25.262.701 de pasajeros aéreos internacionales, un 34,9% más que en el mismo periodo de 2022.
Portugal e Italia, los que más crecen
En el mes de abril aumentaron los pasajeros hacia España desde todos los principales países. El 57,6% del total de pasajeros provino de la Unión Europea, experimentando un ascenso del 15,2%, mientras que el flujo procedente del resto del mundo, que supuso el 42,4% restante, creció un 19,2%.
En cuanto a países, y comparando con las cifras de abril del año 2022, los mercados que registran un mayor crecimiento son Portugal, con un 31,9% más, seguido de Italia y EEUU, con un 28,8% y 22,9% respectivamente.
En volumen, Reino Unido fue el primer emisor de pasajeros en abril (1.794.841), y un crecimiento del 12,1% anual. Reino Unido representa el 21,1% de la cuota total de llegadas. La llegada de pasajeros británicos ha repercutido en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en Canarias, que fue el destino del 25,7% de sus pasajeros. El 83,6% de los pasajeros británicos viajaron en una compañía de bajo coste (CBC), siendo Reino Unido el líder en llegadas en estas compañías, aportando el 29,6% del total. La cifra total de viajeros procedentes de este país en lo que va de año asciende a 5.271.803, un 36,3% más que en los 4 primeros meses de 2022.
Tras Reino Unido, Alemania sigue siendo el segundo país de origen de los pasajeros internacionales. La llegada de pasajeros desde Alemania (14,5% del total) aumentó un 4,8% en abril, beneficiando especialmente a Baleares (37,3% de los pasajeros). Algo menos de la mitad de los pasajeros alemanes (44,9% del total) viajaron en compañías tradicionales, siendo Alemania el mercado que lideró las llegadas en estas compañías (17,2% del total).
Desde Italia llegó el 9,4% del flujo de pasajeros recibidos en abril, registrando un crecimiento interanual del 28,8%, que benefició especialmente a Cataluña (30,3% de los pasajeros) y Madrid (25,9%). Italia es el tercer país emisor, y predominaron los pasajeros de CBC (83,3% del total) sobre los que viajaron en compañías tradicionales.
Por su parte, Francia emitió el 8,6% del total de pasajeros en abril, mostrando un crecimiento del 16,8%, que favoreció principalmente a Madrid y Cataluña. En el caso de Países Bajos, los pasajeros internacionales experimentaron un aumento del 5,2% en abril, teniendo como principales destinos Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía.
Cataluña, la que más crece
Madrid fue la comunidad con más llegadas en abril (22,3% del total), seguida de Cataluña (20,1%) y Baleares (15,7%). De entre las seis principales, Cataluña fue la que registró un mayor crecimiento interanual (21,9%), seguida de Valencia (21,4%) y Madrid (20,4%). El aumento en el conjunto de las seis comunidades con más llegadas (entres las seis suman una cuota del 96% del total) fue del 16,5%.
En cuanto a los aeropuertos, el de Ibiza ha sido el que más crecimiento interanual ha experimentado (un 27% respecto a abril de 2022), seguido del de Valencia (un 24,6%) y Barcelona (con un crecimiento interanual del 23,2%). En volumen total, Barajas suma en abril 1.811.380 pasajeros internacionales, por 1.549.890 del aeropuerto de Barcelona; en tercer lugar, se sitúa el de Palma de Mallorca, con un 1.034.958 de pasajeros internacionales en abril.
Del total de pasajeros llegados a España por vía aérea en abril, el 62,3% de éstos eligieron una compañía CBC para viajar, con un aumento del 16,9% respecto al año pasado, mientras que los que volaron en compañías tradicionales, el 37,7% restante, se incrementaron un 13,5%.
Nota: Aunque los pasajeros aéreos internacionales no equivalen a turistas internacionales porque incluyen también a los residentes en España que regresan de un aeropuerto internacional, sí que en su gran mayoría se corresponden con turistas.
Durante el primer trimestre los deudores concursados disminuyeron un 11,7% sobre el trimestre anterior
Durante el primer trimestre los deudores concursados disminuyeron un 11,7% sobre el trimestre anterior.
12/05/2023 Registradores
En el primer trimestre de 2023 el número de deudores concursados alcanza la cifra de 4.895, lo que supone un incremento del 67,6% respecto al mismo período del año anterior, y una disminución del 11,7% respecto al trimestre anterior.
Por tipo de concurso, son voluntarios 4.738 (un 196,6% más que en el primer trimestre de 2022), consecutivos 486 (un 66% menos), y necesarios 31 (un 138,5% más que en el primer trimestre de 2022[1]). Por clase de procedimiento, los concursos sin masa (que sustituyen a los anteriores exprés), han aumentado un 234%, mientras que los procedimientos ordinarios (anteriores abreviados y ordinarios) disminuyen un 23,6%. Por primera vez, desde su entrada en vigor el 1 de enero, se han contabilizado 11 aperturas de procedimientos especiales para microempresas.
Deudores concursados según naturaleza jurídica del concursado, tipo de concurso y clase de procedimiento. 1er Trimestre 2023.
Evolución de la tasa trimestral
Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de deudores concursados entre el primer trimestre del año y el cuarto trimestre del año precedente a lo largo de los últimos cinco años. En 2023 esta tasa ha sido del -11,7%.
Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de negocio
De los 4.895 deudores concursados en el cuarto trimestre, 912 son empresas personas jurídica, y 3.983 son personas físicas, lo que supone el 18,6% y 81,4% respectivamente, del total de deudores.
El número de empresas personas jurídicas concursadas disminuye un 18,9% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado.
Según la forma jurídica, el 89,8% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada.
El 36,6% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), y tan sólo el 8,2% supera los 2 millones de euros anuales.
EMPRESAS concursadas por forma social y tramo de volumen de negocio.
1er Trimestre 2023.
Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados
El 25% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio, el 15% la Construcción, y el 13,8% la Industria Manufacturera.
En cuanto al número de asalariados, el 44,2% del total de empresas concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 18% no tiene asalariados.
EMPRESAS concursadas por tramo de asalariados y actividad económica principal.
1er Trimestre 2023.
Empresas concursadas por antigüedad
El 24,3% del total de empresas concursadas en el primer trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años. Por otra parte, el 47,8% tiene ocho o menos años de antigüedad.
Por sectores, en la Hostelería, el 62,3% de las empresas concursadas tiene ocho o menos años de antigüedad. Por su parte, en Industria y Energía, el 36,8% de las concursadas tiene veinte o más años de antigüedad.
EMPRESAS concursadas por antigüedad y actividad económica principal.
1er Trimestre 2023.
Resultados por comunidades autónomas
Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el primer trimestre de 2023 son Cataluña (1.313), Comunidad Valenciana (773), Andalucía (706) y Madrid (665), concentrando en ellas a siete de cada diez deudores concursados.
Deudores concursados según tipo de concurso y clase de procedimiento.
1er Trimestre 2023.
Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha presentan los únicos decrementos anuales en el primer trimestre (29,2%, 29%, y 11,1% respectivamente); e Iles Balears, Extremadura y Andalucía los mayores incrementos (286%, 236% y 174% respectivamente).
Revisiones y actualizaciones de datos
Los datos del primer trimestre de 2023 son provisionales y se revisarán cuando se difundan los del mismo periodo del año próximo. Es decir, cuando se publiquen los datos del primer trimestre de 2024, se difundirán los definitivos del mismo trimestre de 2023. Para mantener coherencia en la comparación, los análisis de esta nota de prensa siempre se realizan con datos provisionales de ambos trimestres.
Nota 1: La pasada huelga de los letrados de la administración de Justicia podría haber afectado a la representatividad de los datos del primer trimestre de este año, circunstancia que debería corregirse en próximos trimestres.
Nota 2: Las tablas completas, así como el informe metodológico estandarizado y la metodología se pueden descargar en el siguiente enlace del Portal Estadístico Registral en la web del Colegio de Registradores: https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales
[1] Pese al levantamiento de las moratorias concursales establecidas por sucesivos Reales Decretos a lo largo de 2020 y 2021, parece que en términos absolutos el número de concursos necesarios se mantiene en valores muy bajos desde el año pasado.
INCIBE ha gestionado un total de 118.820 incidentes en ciberseguridad en 2022
21 de abril de 2023
INCIBE ha gestionado un total de 118.820 incidentes en ciberseguridad en 2022
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha gestionado un 9% más de incidencias respecto al año anterior según los últimos datos.
La línea de teléfono gratuito 017 está disponible los 365 días del año, de 8 de la mañana a 11 de la noche.
44.331 consultas fueron por teléfono, 17.014 a través de WhatsApp y Telegram y 5.977 mediante el formulario web.
Comprar ropa para videojuegos, compartir vídeos no deseados o hacer clic en mensajes desconocidos fueron algunos de los casos reales sobre incidencias.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha publicado su último Balance de Ciberseguridad 2022. En él, se destaca que se han gestionado un total de 118.820 incidentes de ciberseguridad a lo largo del año pasado, casi un 9% más respecto al año anterior. Desde el INCIBE se prevé que “los incidentes siguen creciendo de manera continuada”.
Los datos del informe, recogidos por el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (INCIBE-CERT), revelan que 110.294 incidentes afectaron a la ciudadanía (48%) y las empresas (52%). Los cuales se ocasionaron por una filtración de datos (sensibles, protegidos o confidenciales que son robados por una persona no autorizada) o debido a ciertas vulnerabilidades de sistemas tecnológicos (debilidad de un sistema que puede poner en riesgo su seguridad). También, se vieron afectados 546 operadores críticos y esenciales y otras 7.980 personas dentro de la Red Académica (87% son incidentes relacionados con sistemas vulnerables).
El informe pone de manifiesto la importancia de conocer los riesgos para intentar bloquear los incidentes lo antes posible y evitar así que se propaguen. Los incidentes más frecuentes han sido los fraudes online, empezando con 16.902 incidentes por phishing (correo electrónico que simula ser una entidad legítima con el objetivo de robar información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo), 14.000 por malware (software malicioso que lleva a cabo acciones como extracción de datos u otro tipo de alteración de un sistema) y 448 incidentes por ransomware (secuestro de datos de un dispositivo). Aunque se han conseguido cerrar 654 tiendas fraudulentas durante el año 2022, todavía queda mucho camino por delante con el contenido abusivo (pornografía infantil, delitos de odio, ciberacoso…) que han gestionado más de 5.000 incidentes.
La Cultura de Ciberseguridad es uno de los principales retos y objetivos de la «Ley de Ciberseguridad 5G»
El 017 es un número de teléfono de ayuda en ciberseguridad que el INCIBE ha puesto en marcha a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer la Cultura de Ciberseguridad sostenible para ciudadanía y empresas que se engloba en la «Ley de Ciberseguridad 5G», incluida como una de las reformas del Componente 15 del Plan dedicado a «Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G».
Este servicio, totalmente gratuito y confidencial, tiene un horario disponible todos los días de lunes a domingo, concretamente desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Está gestionado por un grupo de profesionales expertos que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal.
A través de este número, se centralizan los servicios de atención telefónica que ofrece INCIBE relacionados con dudas o consultas sobre ciberseguridad, privacidad, protección de datos, confianza digital, uso seguro y responsable de Internet y de la tecnología.
Esta línea de ayuda en ciberseguridad supone un incremento en los mecanismos de respuesta a través de servicios y acciones coordinadas de respuesta. De este modo, se pretende mejorar los servicios de alerta temprana y vigilancia de ciberamenazas y desarrollar soluciones para la mejora de los servicios públicos de ciberseguridad.
Así, las consultas planteadas en el número de teléfono 017 y sus diferentes canales de contacto ayudaron a aumentar el nivel de prevención de la sociedad en temas de ciberseguridad con más de 67.300 consultas (un 55% de las llamadas fueron para prevenir un incidente, mientras que el otro 45% fue para solucionarlo) a lo largo del año 2022. En concreto, 44.331 por vía telefónica, 17.014 a través de los canales de chat de WhatsApp (90?0 116 117) y Telegram (@INCIBE017), y 5.977 mediante el formulario web.
En el balance de INCIBE también se muestra una preocupación por la privacidad y la reputación en las redes sociales e Internet (32,4%), los fraudes online (14%) y el ciberacoso escolar (10,1%). Incluyendo el sexting, la protección de dispositivos, los contenidos perjudiciales y la mediación parental, entre otras temáticas.
Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
Para obtener más información sobre la seguridad en Internet, el INCIBE cuenta con el espacio Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Este portal incluye avisos para estar al día con las últimas alertas de seguridad y un blog con artículos que ofrecen información sobre los problemas de seguridad y consejos para evitar las amenazas que pueden existir al navegar por Internet. Además en la web, se pueden encontrar historias reales que han sucedido y muchos otros recursos prácticos como talleres, guías, herramientas, tests, juegos interactivos…
Internet Segura for Kids (IS4K)
En referencia a los menores y su entorno, el INCIBE también dispone un Centro de Seguridad en Internet denominado Internet Segura for Kids (IS4K). Su objetivo es proporcionar un uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías entre las niñas, los niños y la juventud.
Este espacio ofrece programas, juegos y herramientas de aprendizaje para fomentar el conocimiento en esta materia (más de 100 mil personas formadas), un blog con noticias de actualidad, consejos y casos reales y desarrolla diversas actividades, cursos y jornadas de ciberseguridad como el Día de Internet Segura (con la participación de más de 32.000 alumnos españoles).
Dentro de sus muchas funciones, se destacan la sensibilización y promoción de campañas, iniciativas y programas por todo el ámbito nacional; otorgar formación a la gente joven, la infancia, las familias, el profesorado y grupos de profesionales relacionados con los menores; reducir la disponibilidad de determinados contenidos sexuales en Internet. Las campañas publicitarias de concienciación desarrolladas en medios digitales, televisión y otros medios de comunicación han conseguido llegar a más de 38,7 millones de personas.
En el blog de IS4K se constata que la gente joven y los menores desconocen los riesgos de navegar en Internet. Algunos de los casos reales que aparecen son el uso de una tarjeta de crédito sin darse cuenta al aceptar comprar ropa para un avatar en el videojuego de Fortnite, compartir vídeos no deseados en la plataforma de adultos de Onlyfans? mientras van de una página a otra o dar datos personales a una persona desconocida a través de la red social de Discord hacer clic en mensajes desconocidos.
Para más información sobre cuestiones relacionadas con ciberseguridad, puede contactar con el INCIBE a través de cada uno de los canales mencionados con anterioridad o consultar su página web?.
Los precios de la vivienda se reducen el 1,5% con respecto al trimestre precedente
Los precios de la vivienda se reducen el 1,5% con respecto al trimestre precedente
11/05/2023 Registradores
El Colegio de Registradores, en su Estadística Registral Inmobiliaria del primer trimestre de 2023, analiza las tendencias actuales que reflejan el comportamiento de los españoles en la compra de viviendas. Se incluye también un informe de precios medios, adicional al tradicional índice Case & Shiller de precios aplicado a España.
Precios medios de las compraventas de vivienda inscritas
El precio medio de la vivienda continúa ralentizado su crecimiento trimestral, mientras que los datos interanuales muestran todavía incrementos significativos. Los 1.921 €/m² del primer trimestre suponen una caída del 1,5% con respecto al trimestre precedente, debido sobre todo al descenso de la vivienda usada (-1,9%), mientras que la vivienda nueva desciende el 0,9%. Conviene tener en cuenta que la vivienda nueva apenas representa 2 de cada 10 operaciones y en ocasiones recoge acuerdos de compraventa con una antelación media de dos años, siendo por tanto más representativa la evolución de los precios de la vivienda usada.
Los resultados anualizados muestran un comportamiento más estructural, en el que para el conjunto de España los 1.947 €/m² de precio medio han supuesto un incremento interanual del 4,9%, originado por la mayor fuerza de la vivienda usada (5,4%), mientras que la vivienda nueva registra un aumento más moderado del 3,8% en sus precios.
Por CC.AA., en el primer trimestre, los mayores precios medios se localizaron en Madrid (3.221 €/m2), seguido de Baleares (3.027 €/m2), País Vasco (2.990 €/m2) y Cataluña (2.375 €/m2). En sentido opuesto, los precios más bajos se registraron en Castilla-La Mancha (850 €/m2) y Extremadura (743 €/m2), únicas comunidades por debajo de los 1.000 euros por m2.
Compraventas inscritas
Entre enero y marzo se inscribieron en los registros de la propiedad 161.024 compraventas de vivienda, con un incremento del 7,2% sobre el trimestre anterior.
En vivienda nueva se han registrado 30.466 compraventas (un incremento del 17,8% sobre el trimestre anterior). La vivienda usada registró 130.558 operaciones, con un incremento trimestral del 5,1%.
Los datos acumulados de los últimos doce meses muestran 642.966 compraventas de vivienda, la segunda mayor cifra desde mediados de 2008, superando ampliamente los resultados anteriores a la pandemia, que mostraban poco más de 520.000 compraventas inscritas.
Compras de extranjeros
La demanda extranjera de vivienda ha alcanzado el 14,5% de las compraventas, disminuyendo 0,2 p.p. respecto al trimestre anterior, lo que supone el cuarto mayor resultado de la serie histórica. Por otro lado, el hecho de que, en términos absolutos, el número de compraventas del primer trimestre haya sido superior a las del cuarto trimestre, supone un incremento real en el número de compraventas por extranjeros. Porcentualmente, es el segundo trimestre consecutivo con descensos, pero con respecto al máximo histórico del tercer trimestre de 2022 (15,9%), y continua superando ampliamente el porcentaje habitual desde 2014, que se situaba por encima del 12%. Los británicos vuelven a encabezar los resultados con un 9,5% de compraventas, seguidos por alemanes (7,5%), franceses (7,2%), y marroquíes, italianos y rumanos (5,4%).
Los resultados de compras de extranjeros por comunidades autónomas han estado encabezados por Baleares (29,2%), Comunidad Valenciana (28,4%), Canarias (28,3%), Murcia (21,4%), Cataluña (15,6%) y Andalucía (14,6%).
Pisos y viviendas unifamiliares
Durante el primer trimestre del año, respecto a la proporción de pisos y viviendas unifamiliares, las compraventas de vivienda se han desagregado en un 80,6% de vivienda colectiva (pisos) y un 19,4% de vivienda unifamiliar, que vuelve a niveles por debajo del 20%. Los máximos históricos en pesos de vivienda unifamiliar se registraron a finales de 2020, con el 22,5%, y aunque en los últimos trimestres se venía acercando a esos niveles, se produce un ligero retroceso a comienzo de 2023. No obstante, es destacable el interés de los compradores por esta modalidad, que mantiene su fortaleza en el mercado de vivienda actual.
Igualmente, en cuanto a los datos acumulados anualizados, se observa un cierto retroceso en el peso de las compraventas de vivienda unifamiliar que se sitúa en el 19,6%, en la medida en que algunos de los mayores resultados de esta modalidad se produjeron el año precedente.
Proporción de compraventas de vivienda en capitales frente al total de su provincia.
En el primer trimestre del año, tomando las ocho principales capitales por número de habitantes, las compraventas en Málaga, Palma y Zaragoza han perdido peso relativo frente a su provincia si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, mientras que las otras cinco capitales lo han incrementado. En el histórico de los últimos años, principalmente durante los meses más intensos de la pandemia, se buscaban viviendas de mayor superficie hacia zonas menos urbanizadas, con lo que se reducía el peso relativo de compraventas de vivienda en capitales con respecto al total de su provincia, aunque se observan indicios de una vuelta a la situación anterior. Tomando el ejemplo de las cuatro grandes capitales, Madrid, que ha registrado en el cuarto trimestre un peso del 53,3%, se acerca a niveles de mediados de 2015, cuando representaba alrededor del 55% de las compraventas de la provincia. Barcelona registra un peso del 25,5%, siendo a mediados de 2014 del 36,1%. Igualmente, Valencia mostró un peso del 29,6%, con el 37,3% a finales de 2016. Por último, Sevilla representa el 38,4% de las compraventas de vivienda de la provincia, mientras que a finales de 2016 superaba el 50%.
Datos del mes de marzo
Siguiendo con la serie mensual, se incluye en este informe trimestral los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondientes al mes de marzo, en cuanto a compraventas e hipotecas inscritas frente al mismo periodo del año anterior.
En marzo, las compraventas totales disminuyeron el 7% respecto al mismo mes del año anterior, con lo que se acumulan cuatro meses consecutivos de descensos, después de crecimientos continuos desde marzo de 2020. De las 116.696 operaciones inscritas en marzo de 2022 se pasaron a las 108.565 del pasado marzo, 8.130 operaciones menos. Las compraventas de vivienda también descendieron el 3,9% anual, y de las 57.114 operaciones en marzo del año pasado se han pasado a las 54.908 del mismo mes de 2023, una disminución de más de 2.200 operaciones.
La evolución de las hipotecas constituidas en los últimos meses muestra una tendencia de descensos más intensa que las compraventas. En número de hipotecas totales, en marzo se han constituido 46.828 operaciones frente a las 55.272 del mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del 15,3%, con una diferencia negativa de más de 8.400 operaciones. En cuanto a las hipotecas de vivienda, de las 40.984 operaciones de marzo de 2022 se ha pasado a las 34.946 en marzo de este año, un descenso del 14,7%, bastante similar al descenso de las hipotecas totales, con unas 6.000 operaciones menos.
España adelanta a 2024 la reducción del déficit público al 3%, aprovechando el crecimiento económico, la creación de empleo y el impacto del Plan de Recuperación
28 de abril 2023
España adelanta a 2024 la reducción del déficit público al 3%, aprovechando el crecimiento económico, la creación de empleo y el impacto del Plan de Recuperación
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
?El Gobierno de España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas. De acuerdo con las directrices comunitarias, la información remitida incluye las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023-2026
El escenario económico es prudente y ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
La estrategia de política económica desplegada desde 2018 está llevando a una mejora estructural en la economía española, reflejada en el aumento del crecimiento potencial y la reducción del paro estructural
España liderará en 2023 por tercer año consecutivo el crecimiento económico entre los principales países de la zona euro
España creará 1,1 millón de puestos de trabajo entre 2023 y 2026 y la tasa de paro seguirá reduciéndose hasta quedar por debajo del 10% en 2026, e irá acompañada de una mejora en la calidad del empleo
En un entorno de vuelta gradual de la inflación a su nivel de medio plazo, el dinamismo de las exportaciones mantendrá el superávit por cuenta corriente y permitirá seguir mejorando la posición de inversión internacional neta
El déficit público se reducirá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, gracias al crecimiento económico, el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral
El déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB, tras una reducción del 50% en dos años. Para 2023, se prevé continuar en la senda descendente, cerrando en el 3,9% del PIB
La ratio deuda PIB se redujo 5 puntos en 2022. El Programa de Estabilidad prevé una bajada continuada en la senda fiscal para absorber cuanto antes el impacto de la pandemia, hasta situarse por debajo del 110% en 2024
La previsión de déficit de las Comunidades Autónomas en 2023 es del 0,3% en 2023, dos décimas más de margen que la senda anterior. Las Entidades Locales volverán este año al equilibrio presupuestario, lo que flexibiliza su senda respecto al superávit del programa anterior
El Programa de Estabilidad muestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con proteger a las familias, reducir la desigualdad y acelerar las transiciones verde y digital
Los datos reflejan que la mejora de los ingresos es una consecuencia del robusto crecimiento económico, del récord en la creación de empleo, la lucha contra el fraude y el afloramiento de la economía sumergida
E
l Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Programa Nacional de Reformas 2023. Este envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados Miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas.
En ambos documentos, el Gobierno explica las reformas y medidas que están permitiendo una mejora estructural de la economía española, entre las que destaca el impacto positivo del despliegue del Plan de Recuperación, así como las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023-2026. Este nuevo cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Las reformas legislativas acometidas y la implementación del Plan de Recuperación están permitiendo que se produzca un proceso de modernización y cambio estructural en la economía, que se refleja en el aumento del crecimiento potencial, que a partir del 2024 se situará en el 1,6%, y la reducción del paro estructural, que se situará en el entorno del 9%.
Asimismo, España mantiene crecimiento económico sólido desde el final de la pandemia a pesar del complejo entorno internacional y en 2023 liderará por tercer año consecutivo el crecimiento entre los principales países de la zona euro, impulsado por el dinamismo del empleo, la demanda interna, el impulso de la inversión y el crecimiento de las exportaciones.
Las medidas adoptadas facilitarán la vuelta gradual de la inflación a su nivel de medio plazo, lo que junto con el dinamismo del sector exterior permitirá mantener el superávit por cuenta corriente y seguir mejorando la posición de inversión internacional neta.
El Programa de Estabilidad incluye también las perspectivas fiscales para el periodo 2023-2026. El déficit público se reducirá al 3% y la ratio deuda PIB será inferior al 110% en 2024, un año antes de lo previsto, por el crecimiento económico, el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral. ?El déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB, tras una reducción del 50% en dos años. Para 2023, se prevé continuar en la senda descendente, cerrando en el 3,9% del PIB.
Asimismo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de cinco puntos el pasado año para absorber cuanto antes el impacto de la pandemia, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.
Esta nueva senda se desarrolla en un contexto de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania, lo que conlleva políticas presupuestarias prudentes y realistas desde la búsqueda de la justicia social y la eficiencia económica. Por ello, combina la necesaria consolidación fiscal que permitirá a España cumplir con el Pacto de Estabilidad ya el próximo año, con un crecimiento económico más robusto, innovador y sostenible, que permita reforzar el Estado del Bienestar y proteger a la mayoría social del país.
A medio plazo, las reformas, así como el refuerzo de los ingresos públicos y el control del gasto, permitirán garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Programa de Estabilidad 2023-2026
El Programa de Estabilidad incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2023-2026, apoyado en los últimos datos disponibles, en un escenario internacional marcado por el rápido endurecimiento de las políticas monetarias, los episodios de tensión financiera y la incertidumbre en el plano geopolítico y energético.
En este contexto se ha optado por una previsión prudente, tras el fuerte crecimiento económico que se produjo en 2021 y 2022 y que continúa en el primer trimestre del año. La economía española mantendrá un crecimiento positivo a lo largo del todo el periodo de previsión.
En concreto, en 2023 España liderará por tercer año consecutivo el crecimiento entre las principales economías de la zona euro, con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,1%, que se incrementará hasta el 2,4% en 2024.
En este contexto, el nuevo cuadro macroeconómico prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento durante este año, y especialmente el consumo privado, con una previsión de crecimiento estimada del 2,1%, sostenido principalmente por la evolución del empleo.
Las medidas adoptadas y, en particular la “solución ibérica” han situado la inflación de España entre las más bajas de la Unión Europea, lo que ha mejorado la competitividad empresarial, que se refleja en ganancias de cuota de mercado de las exportaciones.
Para el periodo 2023-2026, la consolidación de la creación de empleo seguirá siendo el motor del crecimiento económico, que sumará 1,1 millones de ocupados más hasta 2026, adicionales al millón creado después de la pandemia y que permitirá alcanzar niveles récord de ocupación. Asimismo, se mantiene la senda de descenso de la tasa de paro, que pasará del 12,9% en 2022 hasta reducirse por debajo del 10% en 2026, acompañado de un aumento de la población activa y la mejora en la calidad del empleo.
El sector exterior mantendrá una contribución ligeramente positiva durante el periodo de previsión. En línea con el buen comportamiento en 2022, se mantendrá este año la solidez y competitividad de las exportaciones españolas, con un aumento de las exportaciones de bienes que se unirán a una positiva evolución del sector turístico.
El impulso económico, la fuerte creación de empleo y el aumento del crecimiento permitirán progresar en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2018 e interrumpida por la pandemia. La reducción de la ratio deuda-PIB se mantendrá en los próximos años y permitirá que la ratio se sitúe por debajo del 110% en 2024.
Cambios estructurales en la economía española
Las reformas legislativas acometidas desde 2018 y la puesta en marcha del Plan de Recuperación están permitiendo que se produzca un proceso de modernización y cambio estructural en la economía, impulsando el crecimiento potencial hasta el 1,6% a partir de 2024, el doble que el registrado en 2018.
De este modo, la reforma laboral está permitiendo la reducción de la temporalidad en el empleo y su convergencia a nivel europeo, así como un descenso del paro estructural en más de dos puntos, hasta el 9% al final del periodo de proyección.
Las inversiones en la doble transición verde y digital están permitiendo que España lidere a nivel europeo la conexión en banda ancha y el despliegue de energías renovables, habiéndose multiplicado por cinco la producción energética a través del autoconsumo.
Asimismo, se está produciendo una mejora del capital humano, a través de la inversión en formación y capacidades digitales, con el aumento en más de un 20% de los alumnos de FP?.
Finalmente, las medidas de apoyo a las rentas y el resto de las medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables han permitido reducir la desigualdad hasta los niveles previos a la crisis financiera. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo el pasado año al nivel más bajo de la serie histórica.
Reducción del déficit y un horizonte de superávit primario
Una de las principales novedades en el ámbito de la política fiscal europea es que en 2024 volverán a estar vigentes las reglas fiscales, unas normas que fueron suspendidas por la Comisión Europea en 2020 al activar la cláusula de salvaguarda por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y que actualmente están en revisión. Una suspensión que se prorrogó después debido al alza de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania.
A pesar de la suspensión de las reglas fiscales estos años, el Gobierno de España ha mantenido su compromiso con la estabilidad presupuestaria. De hecho, en solo dos años España ha reducido el déficit más de la mitad al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de 5 puntos porcentuales de PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera y convierten a España en el séptimo país de la UE que más ha reducido su déficit en términos de PIB desde 2020. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020.
Asimismo, España ha cumplido con las tasas de referencia comunicadas a Bruselas desde 2020, registrando cifras de déficit inferiores a las previsiones. Así, cerró en el 10,1% en 2020 (por debajo del 10,3% previsto en el Programa de Estabilidad de abril de 2020), en el 6,9% en 2021 (por debajo del 7,7% previsto en el techo de gasto de los PGE 2021) y 4,8% en 2022 (por debajo del 5% previsto en el techo de gasto de los PGE 2022).
La actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 incluye una senda de consolidación fiscal a medio plazo que permitirá una reducción gradual, pero decidida del déficit por debajo del 3% del PIB. En concreto, la previsión es que el déficit se sitúe en el 3,9% en 2023; en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y se reduzca al 2,5% en 2026.
Además, estas proyecciones muestran buenos resultados en términos de déficit primario: excluyendo intereses, el déficit se reduce al 0,4% el año que viene y se cierra el horizonte de proyección con un superávit primario del 0,4%. Estos resultados son similares a los observados antes de la pandemia, lo que es una muestra más de que las finanzas públicas españolas han recobrado su dinámica pre-COVID.
Más ingresos derivados del crecimiento y el empleo
La reducción del déficit público en la nueva senda fiscal se debe principalmente al sólido crecimiento económico y a la positiva evolución del empleo, que actualmente se sitúa en cifras récord de afiliación. De hecho, ambos factores contribuyeron ya a un incremento de los ingresos públicos en 2022 del 14,4% en términos de caja. Por su parte, el impacto de la inflación en los ingresos solo aportó 5 puntos a ese incremento de los recursos.
En este sentido, la previsión es que los ingresos por lucha contra el fraude, afloramiento de la economía sumergida e impuestos aumenten los próximos años por encima de las previsiones de inflación, lo que pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo.
En cualquier caso, el Gobierno ha destinado más recursos a medidas para mitigar los efectos del alza de la inflación en la mayoría social del país. Así, las rebajas fiscales, las ayudas directas, las bonificaciones o las subvenciones aprobadas han tenido un impacto de 22.217 millones de euros en 2022 que han beneficiado a la clase media y trabajadora, así como a los colectivos más vulnerables.
De hecho, del déficit de 4,8% de 2022 hay 1,7 puntos porcentuales de PIB que corresponden a las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra. Dicho de otra manera, de no ser por la crisis energética, España habría cerrado en 2022 con un déficit similar a los niveles prepandemia.
Medidas para combatir la inflación
Por tanto, el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal es compatible con una política de protección social para mitigar los efectos del alza de precios en la mayoría social del país, especialmente los colectivos más vulnerables y los sectores más afectados.
El Gobierno ha aprobado hasta seis paquetes de medidas extraordinarias para combatir el impacto de la elevada inflación. En conjunto todas las medidas adoptadas superan los 35.000 millones de euros, lo que supone casi un 3% del PIB?. A ello habría que añadir los 10.000 millones de avales puestos a disposición de las empresas más afectadas.
En esos 35.000 millones se incluyen medidas fiscales, entre ellas, una rebaja de impuestos de la energía con un impacto estimado de casi 18.000 millones de euros desde que se implementó en junio de 2021. De hecho, sólo en 2022 estas rebajas fiscales supusieron un ahorro de 8.000 millones de euros a los ciudadanos.
Pero, además, el Gobierno ha adoptado otras medidas centradas en los colectivos más vulnerables, como una reducción en los rendimientos del IRPF a rentas de hasta 21.000 euros, la ayuda de 200 euros para rentas de hasta 27.000 euros, la rebaja del IVA al 0% en los alimentos básicos de la cesta de la compra o el incremento un 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas.
Asimismo, también se han adoptado otras medidas destinadas a los sectores económicos más afectados por el alza de precios como las ayudas directas para los transportistas, agricultores, ganaderos o el sector gasintensivo.
En este contexto de dificultad, el Gobierno también ha pedido un mayor esfuerzo a aquellos sectores que están obteniendo unos beneficios extraordinarios debido al alza de los precios de la energía y de los tipos de interés. De esta forma, se ha aprobado un gravamen especial para la banca y las energéticas, así como un Impuesto temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas.
Más margen fiscal para CCAA y EELL
Si se analiza la previsión de déficit por subsectores la Administración Central cerrará 2023 con un desfase del 3,1%, frente al 3,4% previsto en el anterior Programa de Estabilidad. Es decir, un objetivo más exigente. Al final de la serie el déficit este subsector se situará en el 2,8%.
Por su parte, las CCAA tienen un objetivo de déficit del 0,3% en 2023, lo que supone una flexibilización respecto a la previsión del 0,1% del anterior Programa de Estabilidad. Por tanto, se da un mayor margen fiscal a los gobiernos autonómicos durante este ejercicio respecto a la anterior senda, pero también durante el próximo año, ya que frente al superávit del 0,2% previsto en 2024 en el Programa de Estabilidad anterior, ahora se indica un objetivo de equilibrio presupuestario del 0%. Esto es, otras dos décimas más de margen.
Por su parte, las Entidades Locales volverán al equilibrio presupuestario ya en 2023 después de haber registrado un ligero déficit coyuntural en 2022 por cuestiones técnicas a la hora de computar la compensación del Estado por la liquidación negativa de 2020. De esta forma, el próximo año el objetivo de las corporaciones locales será el 0%, frente al superávit del 0,2% previsto en la anterior senda. Por tanto, una vez más, se flexibilizan sus previsiones para dar más margen a este subsector.
Por último, los Fondos de la Seguridad Social mantienen su objetivo de cerrar 2023 con un déficit del 0,5% e irán reduciendo ese desfase de manera gradual hasta lograr el equilibrio presupuestario en 2026.
Impulso del Plan de Recuperación
Los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tienen un impacto neutro en el cómputo del déficit. Sin embargo, son una palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico y la transformación del modelo productivo al apostar por la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.
España es el país más avanzado de la UE en la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que ha permitido ya recibir un total de 37.036 millones de euros de estos fondos, el equivalente al 53% del total de los 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables de este mecanismo. En concreto, España ha recibido ya tres desembolsos tras haber comprobado la Comisión Europea el cumplimento de 121 hitos y objetivos, lo que supone el 30% del total de los comprometidos con Bruselas.
La política de cogobernanza defendida por el Ejecutivo que recoge también el Programa de Estabilidad se traduce en que las CCAA? han recibido ya un total de 19.465 millones de euros en los ejercicios 2021 y 2022.
Programa Nacional de Reformas
El Programa Nacional de Reformas remitido también a la Comisión Europea, recoge las principales reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial de la economía, con el fin de hacer frente a los retos presentes y futuros. También incorpora las principales inversiones que complementan estas reformas, lo que constituye, en su conjunto, la hoja de ruta de política económica del Gobierno.
Este año incluye medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e iniciativas adicionales. Las medidas están alineadas con las recomendaciones específicas de la Unión Europea en el contexto del Semestre Europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
La vía europea para superar la inflación sin recesión pende de un hilo
Inflación
La vía europea para superar la inflación sin recesión pende de un hilo
El éxito dependerá de un endurecimiento de las políticas macroeconómicas adaptado a la evolución de las condiciones financieras, una regulación y supervisión financieras estrictas y reformas más decididas en el lado de la oferta
Alfred Kammer
28 de abril de 2023 Fondo Monetario Internacional
Tras haber salido airosa de la pandemia, Europa se vio gravemente afectada por las repercusiones económicas de la invasión rusa de Ucrania. El crecimiento se redujo drásticamente, la inflación se disparó y se produjeron episodios de tensión financiera. No obstante, gracias a la adopción de medidas de política decisivas, la mayoría de las economías apenas lograron esquivar la recesión este invierno. Europa enfrenta ahora la difícil tarea de mantener la recuperación, superar la inflación y salvaguardar la estabilidad financiera.
En las economías avanzadas de Europa, el crecimiento se ralentizará a 0,7% este año tras el 3,6% del año pasado, mientras que en las emergentes (excluidos Türkiye, Belarús, Rusia y Ucrania) también registrará un fuerte descenso, pasando de 4,4% a 1,1%. Según nuestras últimas Perspectivas económicas regionales, asistiremos a un leve repunte del crecimiento hasta 1,4% y 3%, respectivamente, en estos dos grupos de países por ingreso el año que viene, debido a la recuperación de los salarios reales y la reactivación de la demanda externa.
El nivel general de inflación sigue disminuyendo, pero la inflación subyacente (que excluye la energía y los alimentos) se mantendrá tenaz en un nivel incómodamente superior a las metas fijadas por los bancos centrales, incluso a finales del año que viene. El descenso reciente y previsto de los precios de la energía alimentará la caída de la inflación subyacente, aunque no con fuerza suficiente para reducirla de forma rápida.
Esta proyección supone que todo va encontrando su sitio. El Banco Central Europeo y otras autoridades monetarias lograrán reducir firmemente la inflación. Si hay rebrotes de tensión financiera, permanecerán contenidos. No se producirá un nuevo recrudecimiento de la guerra de Rusia en Ucrania ni de las sanciones relacionadas, con lo cual los precios de la energía seguirán bajo control. La más amplia fragmentación geoeconómica, otro riesgo de estanflación que mina el crecimiento y aumenta la inflación, también se mantendrá a raya.
Aun así, la situación podría empeorar en todos los frentes, y los riesgos de crecimiento, inflación y estabilidad financiera complicarían las decisiones de política.
Riesgos de inflación
Consideremos la inflación, que podría permanecer en niveles más altos por más tiempo. Los precios de la energía podrían volver a dispararse. El crecimiento salarial podría reactivarse más de lo esperado ante el aumento de la retribución de los trabajadores para compensar las recientes pérdidas de poder adquisitivo en un contexto de escasez de oferta de mano de obra. A su vez, la aceleración del ritmo de aumento salarial se traduciría en una inflación subyacente más persistente, un riesgo importante en la mayoría de las economías emergentes de Europa, que registran un crecimiento de los salarios nominales de dos dígitos.
También es posible que estemos subestimando hasta qué punto las dos crisis consecutivas de la COVID y la energía han dañado la capacidad productiva de Europa y han exacerbado los riesgos de inflación. Si bien durante este último año las empresas han encontrado maneras de mejorar su eficiencia energética, la persistencia de los elevados precios de la energía reducirá el producto de la zona del euro en más de 1%, en promedio, a mediano plazo, y las pérdidas serán mayores en economías con un alto consumo de energía, como Alemania o Italia.
De la misma manera, los cambios en las preferencias de los trabajadores en detrimento de largas jornadas, así como el mayor número de jornadas laborales perdidas por enfermedad relacionada con la COVID prolongada, podrían reducir de forma duradera la oferta de mano de obra y complicar la convergencia entre trabajadores y vacantes de empleo. En términos más generales, los cálculos en tiempo real de los economistas suelen subestimar los daños permanentes causados por las crisis —y, por tanto, a sobreestimar el grado de capacidad ociosa—, y no registran toda la gama de efectos hasta más tarde. Históricamente, en períodos de recuperación, las estimaciones de la capacidad económica ociosa en países europeos se revisaban a la baja en un punto porcentual entero un año después del hecho, y en un porcentaje todavía mayor después.
Prolongar la austeridad monetaria
Frente a tal incertidumbre, los bancos centrales deben seguir aplicando una política monetaria restrictiva, hasta que no haya duda de que la inflación básica está en una trayectoria descendente hacia las metas de inflación de los bancos centrales. En la zona del euro, se necesitan nuevos aumentos de las tasas de política monetaria, mientras que los bancos centrales de las economías emergentes de Europa deben estar preparados para nuevos aumentos cuando las tasas reales sean bajas, la oferta en los mercados laborales sea escasa y la inflación subyacente se torne rígida.
De hecho, la elevada incertidumbre es un argumento más para aplicar una política monetaria restrictiva. Si las perspectivas de inflación son inciertas, más se puede perder reaccionando demasiado tarde que haciéndolo demasiado pronto, puesto que subestimar la persistencia enquistaría la inflación en niveles elevados, obligando a los bancos centrales a endurecer más tarde y durante más tiempo la política monetaria. Así, probablemente, se requeriría una fuerte recesión para que la inflación retornase a su nivel objetivo.
Igualmente, cuando el grado de capacidad económica ociosa sea incierto, las autoridades monetarias deben asignar mayor importancia a la inflación y la dinámica del mercado laboral, que, en ambos casos, favorecen ahora niveles de tasas de interés superiores. Asimismo, incluso teniendo en cuenta la elevada incertidumbre, las tasas de política monetaria de varios países se sitúan en el extremo inferior de los parámetros de referencia comúnmente utilizados, lo cual sugiere que quizá sea necesario subir las tasas de interés para controlar la inflación.
De endurecerse las condiciones financieras por motivos como problemas en el sector financiero, los bancos centrales no requerirían una política monetaria tan restrictiva para alcanzar sus objetivos. De todos modos, sería equivocado detener o revertir de forma prematura el endurecimiento por la preocupación legítima de que un aumento de las tasas de interés acarree mayores riesgos para la estabilidad financiera.
Operar de forma coordinada
No obstante, los bancos centrales de Europa no pueden llevar a buen término esta misión por sí solos. Para derrotar la inflación rígida y, al mismo tiempo, evitar crisis financieras y una recesión, las políticas macroeconómicas, financieras y estructurales deben operar de forma coordinada.
Mantener la estabilidad financiera exigirá la estrecha supervisión y vigilancia tanto de los bancos como de las entidades no bancarias, planes de contingencia y medidas correctivas rápidas. En la Unión Europea, para reforzar la estabilidad, se puede ampliar el alcance de las herramientas de resolución bancaria, determinar la disponibilidad de los recursos del Fondo Único de Resolución, ratificar el tratado modificativo del Mecanismo Europeo de Estabilidad y alcanzar un acuerdo sobre el seguro de depósitos paneuropeo.
Derrotar la inflación exige también que los gobiernos europeos apliquen una consolidación fiscal más ambiciosa de la que prevén sus planes actuales. Un buen punto de partida sería eliminar gradualmente la mayor parte de las medidas de alivio energético y focalizar en los hogares vulnerables las que se mantengan. Asimismo, una política fiscal más restrictiva ayudaría a los bancos centrales a cumplir sus objetivos con tasas de interés más bajas. Así, se recortarían los costos del servicio de la deuda y se reforzaría aún más la estabilidad financiera, ya que se reduciría la vulnerabilidad de las economías de la zona del euro a los riesgos de fragmentación financiera, y la de las economías emergentes de Europa a los efectos derivados del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo y, en términos más generales, al aumento de las tasas de interés a escala mundial.
Por último, la introducción de reformas en el lado de la oferta podría contribuir a sostener el crecimiento económico en un entorno de políticas macroeconómicas restrictivas. Las que tienen potencial para aliviar las presiones inflacionarias subyacentes son las más valiosas; por ejemplo, reducir las tensiones en el mercado de trabajo con un aumento de la participación en la fuerza laboral de las mujeres y trabajadores de más edad, y mejorar la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo. En la Unión Europea, los avances en la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia, así como de la Unión de los Mercados de Capitales, podrían desbloquear las inversiones necesarias para aumentar la capacidad productiva afectada por la crisis para lograr los objetivos climáticos de la Unión Europea y mejorar la seguridad energética.
CEOE prevé que la inflación siga moderándose y que el año cierre con una tasa media mucho más baja que en 2022
CEOE prevé que la inflación siga moderándose y que el año cierre con una tasa media mucho más baja que en 2022
CEOE prevé que la inflación siga moderándose en los próximos meses, pese a algún repunte puntual que pueda registrarse, tras conocer los datos del IPC del mes de abril, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En esta línea, espera que el año cierre con una tasa media de inflación mucho más baja que en 2022.
Supermercado-Valoración IPC Abril
En este contexto de desaceleración de la inflación, resulta especialmente relevante el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), alcanzado por las organizaciones empresariales y sindicales, que establece un marco para la determinación de los incrementos salariales durante el periodo 2023-2025 que genera confianza y contribuye a evitar una espiral inflacionista.
Según los datos publicados por el INE, en abril la inflación general repunta puntualmente hasta el 4,1%, ocho décimas más que en el mes de marzo, mientras que la subyacente, finalmente, parece haber alcanzado un punto de inflexión y se desacelera nueve décimas, hasta el 6,6%.
A la caída de los precios de los productos energéticos y la moderación de los precios de los bienes industriales, que ya se venía observando en los últimos meses, se une este mes una menor inflación en los componentes de alimentos del IPC, una tendencia que se espera que continúe los próximos meses.
En términos de comparación con Europa, el IPC armonizado de abril alcanzó una tasa del 3,8%, frente al 7% de la Unión Monetaria, lo que sitúa el diferencial de menor inflación en España en los 3,2 puntos porcentuales.
Análisis desagregado
Dentro del componente subyacente, los precios de los Servicios disminuyen su ritmo interanual en una décima, hasta el 4,3%, mientras que los de los Bienes industriales sin productos energéticos lo hacen en 1,1 puntos porcentuales, hasta el 4,8%. En el caso de los Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco, la tasa interanual se reduce en más de 2 puntos, hasta el 14,2%.
Por su lado, los precios de los Alimentos sin elaboración muestran una notable moderación, con un recorte de su tasa de variación interanual de casi 5 puntos, hasta el 8,8%. No obstante, muchas rúbricas de alimentos todavía registran tasas superiores al 10%.
Precios de la energía
Los precios de los productos energéticos moderaron su ritmo de caída hasta el 15,6% en tasa interanual, frente al recorte del 25,6% del mes anterior. Esto se debe tanto a la menor caída del precio de las materias primas energéticas en abril como al efecto escalón que supone que, en abril de 2022, se comenzara a aplicar la reducción de 20 céntimos de euro por litro de carburante.
Así, aunque se prevé que durante lo que resta de año los precios de los productos energéticos muestren caídas significativas, estos retrocesos se verán ligeramente matizados por la retirada de este descuento a la hora de hacer la comparación con 2022.
En abril, el precio del petróleo aumentó hasta los 86$ por barril en promedio, por el anuncio de la OPEP+ de que recortará su producción a partir de mayo. Aun así, en tasas interanuales, el precio descendió un 17,8% en dólares y un 18,9% en euros.
En lo que llevamos de mes de mayo, el precio vuelve a retomar su tendencia bajista, situándose en los primeros días en un precio medio de 77,7$ por barril, lo que supone un descenso interanual del 31,8% en dólares y 34,2% en euros.
La app Mi Carpeta Ciudadana incorpora nuevas funcionalidades demandadas por la ciudadanía
27 de abril 2023
La app Mi Carpeta Ciudadana incorpora nuevas funcionalidades demandadas por la ciudadanía
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Mi carpeta ciudadana, nuevas funcionalidades
Desde su puesta en marcha, a finales del año pasado, se han superado las 900.000 descargas y más de 1.400.000 usuarios únicos han accedido para consultar sus datos en la misma.
Un calendario de citas previas, vencimientos de trámites, consultar expedientes en curso o llevar el título de la Universidad en tu móvil, son algunos de los servicios de esta app.
La app dispone de un espacio abierto para aportaciones y propuestas, con el fin de ir incorporando las nuevas funcionalidades demandadas por la ciudadanía.
27 de marzo de 2023. La app “Mi Carpeta Ciudadana”, aplicación móvil puesta en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial? con el fin de mejorar la interacción entre la administración y la ciudadanía, ha publicado el pasado mes de marzo una nueva versión, que incluye algunas de las funcionalidades y mejoras demandadas por las personas usuarias.
El objetivo de Mi carpeta Ciudadana es potenciar el desarrollo de servicios móviles de calidad para los principales servicios públicos, creando alrededor de la Administración una comunidad de desarrolladores open source, y que la mayoría de los servicios públicos digitales del Estado estén accesibles a través del móvil a finales de 2025.
Consultar el número de la seguridad social, la situación laboral de los últimos doce meses, acceder al histórico de prestaciones sociales y descargar los justificantes, o la distribución de avisos y novedades en la aplicación móvil en tiempo real, son algunas de las nuevas herramientas de la aplicación móvil, que busca simplificar la relación entre administración y ciudadanía a través de internet, interactuando de forma accesible, proactiva y personalizada desde cualquier dispositivo.
La app es ya líder de descargas. Desde su puesta en marcha, a finales del año pasado, se han superado las 900.000 descargas de las aplicaciones, rebasó las 100.000 los dos primeros meses en Google Play, y más de 1.400.000 usuarios únicos han accedido para consultar sus datos en la misma, siendo alta la valoración por parte de las personas que la utilizan, reflejadas en las reseñas sobre la aplicación.
Además, la Secretaría General de Administración Digital, encargada de desarrollar la app, ha sido galardonada en la primera edición de los Premios Nacionales de Ingeniería en Informática, promovidos por el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática de España (CCII), en la categoría “Mejor proyecto público”.
Mi Carpeta Ciudadana, Hoja de Ruta
Mi Carpeta Ciudadana es un proyecto vivo y en constante crecimiento, que irá incorporando nuevos servicios y organismos como fuente de información para la ciudadanía. Para conocer las demandas y sugerencias de los usuarios, dispone de un espacio abierto para enviar aportaciones y propuestas.?
Respecto a las nuevas funcionalidades en marcha, la Secretaría General de Administración Digital ha publicado la Hoja de Ruta para el año 2023 y 2024, para seguir mejorando la solución. La finalidad es que Mi Carpeta Ciudadana ofrezca una visión transversal de todas las administraciones, permitiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios e información de las administraciones públicas unificados desde un punto.?
Entre las incorporaciones tras el feedback con la ciudadanía durante los meses de marzo y abril, están el intercambio de los propios datos realizados por las Administraciones Públicas a través de la Plataforma de Intermediación DataTracker, la consulta sobre estar al corriente de obligaciones tributarias, o visualizar alertas del calendario fiscal del IRPF?.
Las nuevas funcionalidades surgidas del análisis de la SGAD? y de los acuerdos con diferentes actores, incorporan los avisos después de la fecha de caducidad de documentación ciudadana que siempre debe estar en vigor (DNI, carnet de conducir, ITVs), y la referenciación y conexión con APPs destacadas de la AGE? que permitan ampliar las funcionalidades de carpeta ciudadana, haciendo uso de servicios como los de miDGT, AEAT? y seg-social.
Mi Carpeta Ciudadana es la primera aplicación móvil dentro de la media App Factory del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas , en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Está disponible en https://carpetaciudadana.gob.es/ , y en sus aplicaciones móviles, tanto iOS como Android .
El V AENC un colchón frente a la inflación
El V AENC un colchón frente a la inflación
12 Mayo 2023 UGT
Los precios siguen permaneciendo muy altos, en especial la de bienes y servicios esenciales como los alimentos. Ante este panorama el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (VAENC) es la mejor noticia para los trabajadores y trabajadoras y también para el conjunto de la economía y el interés general de nuestro país. Garantiza el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, facilita confianza, promueve un mejor reparto de la riqueza e impulsa la negociación colectiva pendiente.
Los datos del IPC de abril, publicado hoy por el INE, sitúan la inflación anual en un 4,1%, 8 décimas más que en marzo. Este repunte interrumpe la incipiente tendencia de moderación de las tasas interanuales que se había iniciado en marzo, como consecuencia del efecto escalón causado porque se descuentan ahora los datos de los primeros meses de la guerra en Ucrania, afectados por el intenso encarecimiento de los productos energéticos. Por ello, productos como la electricidad o los combustibles líquidos, se abaratan un 36,2 y un 24,8 % anual, respectivamente.
Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente estructural, disminuye 9 décimas respecto al mes anterior, alcanzando una variación anual del 6,6%. En todo caso, si bien las presiones inflacionistas sobre esta parte de la cesta de la compra muestran una leve relajación este mes, los valores registrados por algunos bienes y servicios esenciales, como los alimentos, siguen siendo muy elevados, afectando al bolsillo de las familias trabajadoras. En este sentido, cabe señalar el encarecimiento anual de algunos productos básicos como el azúcar (49,6%), la mantequilla (31,2%) o la leche (27,6%).
En un contexto como el actual, marcado por la persistencia de las tensiones inflacionistas, la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2023-2025 supone una de las mejores noticias para la clase trabajadora y para el conjunto de la economía. De esta forma, gracias a la presión sindical ejercida durante meses, se ha logrado desbloquear un acuerdo que establece subidas salariales razonables para los próximos 3 años, de un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025, que permitirán que las personas trabajadoras ganen poder de compra sin perjudicar los costes de las empresas.
Esta mejora del poder adquisitivo del conjunto de trabajadores y trabajadoras queda además garantizada con la inclusión de una cláusula de revisión de hasta un 1% adicional si la inflación rebasase los incrementos fijados.
En definitiva, se trata de un acuerdo muy positivo para el interés general del país, que pone una vez más en valor el diálogo social y el trabajo sindical, que otorga estabilidad y confianza a la economía y que promueve un mejor reparto de la riqueza que se está creando, impulsando además la negociación colectiva para desbloquear los 1.400 convenios pendientes de suscribir.
Las Cortes Generales aprueban definitivamente el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda
Las Cortes Generales aprueban definitivamente el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 17.5.2023
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha sido aprobado definitivamente por el Pleno del Senado, por lo que termina así su tramitación parlamentaria. Tras su trámite en la Cámara Alta, el texto se remitirá para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo máximo de 15 días.
La nueva Ley, que previamente fue aprobada en el Congreso de los Diputados, es la primera en la historia de la democracia que tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como asegurar y reforzar el quinto pilar del Estado del Bienestar. Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU.
La norma ofrece instrumentos a las Administraciones territoriales competentes para limitar el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda pública y privada a precios asequibles, atendiendo en particular a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso y en los ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.
Así, el objetivo de la Ley es dotar a las Comunidades Autónomas y municipios de herramientas para contribuir a facilitar el acceso a una vivienda digna. Entre otras cosas, la ley activa mecanismos para incentivar la oferta asequible, sobre todo para jóvenes y colectivos vulnerables; para evitar la vivienda vacía, de contención y bajada de los precios del alquiler en zonas declaradas tensionadas, y para incrementar el parque de vivienda en alquiler social.
Principales novedades de la futura Ley
- No se podrá enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. y que deberá servir a las Administraciones para facilitar el acceso a una vivienda a la población con mayores dificultades. Para ello, se establece una estricta regulación de los parques públicos. En este sentido, se establece que los parques públicos de vivienda sean un patrimonio separado, por lo que los ingresos que generen deben ser destinados a la creación, ampliación, rehabilitación o mejora de estos.
En este contexto, se refuerza el papel de los planes estatales en la conservación, mejora y ampliación de los parques públicos de vivienda, a través del establecimiento de objetivos concretos, y se especifica que deben dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad.
- Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas que definen un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de los supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.
Además, se refuerza el papel de los registros de demandantes para el acceso a la vivienda protegida y la fijación de los criterios objetivos de adjudicación.
- Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de otorgar beneficios de carácter fiscal o urbanísticos a cambio de que las viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector (asociaciones, fundaciones…), se destinen al alquiler a precios reducidos para aquellas personas cuyo nivel de ingresos no les permite acceder a una vivienda a precio de mercado.
- El derecho a una vivienda digna y adecuada debe ejercerse en condiciones asequibles, comprometiendo a todos los poderes públicos. Se desarrolla y refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, para asegurar el compromiso de los poderes públicos para hacerlo efectivo, incorporando en el concepto aspectos como el de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, utilización de energías renovables o acceso a redes de suministros básicos.
- Se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social. Se aprueba, por primera vez a nivel estatal, un marco jurídico del derecho a la vivienda que establece un conjunto de derechos y deberes de carácter general, y un estatuto de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitado por su función social, que, entre otras cosas, obliga a un adecuado mantenimiento y conservación. En este sentido, se recoge específicamente una referencia a las obras y mejoras para alcanzar la accesibilidad universal en las viviendas.
- Declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con objeto de aplicar medidas efectivas para favorecer el acceso a la vivienda. Las Administraciones competentes podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado donde exista un especial riesgo de oferta insuficiente. Se establece así en la norma estatal un procedimiento basado en criterios objetivos que determinará la aplicación de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios del alquiler en tales zonas.
Así, por ejemplo, se podrá declarar tensionada a una zona cuando se produzcan alguna de las circunstancias siguientes:
sobreesfuerzo en el pago de la vivienda (más de un 30% sobre ingresos) de los hogares de la zona.
incremento de precios de más de tres puntos porcentuales sobre incremento del IPC a lo largo de un periodo de cinco años.
Se clarifica la necesidad de contemplar la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales.
La vigencia de la declaración de un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente.
- Se introduce en la Ley estatal una definición de carácter general del concepto de “gran tenedor”, como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros.
Asimismo, se podrá considerar gran tenedor aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en la misma zona declarada como tensionada, cuando así sea motivado por la comunidad autónoma en la correspondiente memoria justificativa.
- Mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda.
Se establecen nuevos mecanismos de contención y bajada de precios y de regulación en áreas declaradas como de mercado residencial tensionado, con el objetivo de:
La incorporación de más viviendas al mercado del alquiler como vivienda habitual en estas zonas, para equilibrar el mercado.
La contención y reducción de la renta, impidiendo los incrementos abusivos e incentivando bajadas en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable.
Se establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, que pudiera intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas.
Como consecuencia de la declaración del área de mercado residencial tensionado se activarán las siguientes medidas:
Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya en el mercado del alquiler a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general, a la renta del contrato anterior, permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos, como rehabilitación energética, mejoras en la vivienda o contratos de larga duración (más de 10 años).
Cuando el propietario sea un gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia.
Se establece la posibilidad de aplicar los límites de los sistemas de índices de precios de referencia también a las viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años, siempre que ello se establezca en la declaración de la zona de mercado residencial tensionado.
Se establece la posibilidad de aprobar por ámbitos territoriales los sistemas de índices de precios de referencia, reforzando la colaboración e intercambio de datos entre los sistemas de información estatales y autonómicos.
Se incorporan en el proyecto de ley determinadas modificaciones de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, contenida en la Ley de Arrendamientos Urbanos, para fortalecer el mayor equilibrio en las relaciones entre arrendador y arrendatario.
- Prórroga extraordinaria de un año por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica en los contratos de arrendamiento de vivienda.
- Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador.
- Se introduce un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta.
- Se establece un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre.
- Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible. Se establece una mejora de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de los siguientes criterios:
90% Bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior.
70% Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas.
Vivienda asequible incentivada o protegida. Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler
60% Rehabilitación o mejora. En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores.
- Definición de vivienda vacía y modulación del recargo del IBI. Se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, y siempre que el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en dicha situación, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.
- Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
Se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física, y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.
Cuando el demandante tenga la condición de gran tenedor y la demanda de desahucio afecte a personas en situación de vulnerabilidad, deberá acreditarse la aplicación de un procedimiento de conciliación o intermediación.
- Impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida.
Se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, del 30 al 40 por ciento en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización), y del 10 al 20 por ciento en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).
- Se refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación, a través de planes plurianuales, basados en la cooperación interadministrativa. Se regula la actuación pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana a través de la regulación, financiación, y planificación necesaria para garantizar su acceso a precios asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas y de los entornos residenciales. Se define el marco general de colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas en materia de vivienda, como estrategia clave para conseguir los fines de esta política, a través de los principales órganos de cooperación: Conferencia Sectorial, Comisión Multilateral y Comisiones Bilaterales.
- Se establece la creación del Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por representantes de los distintos Departamentos Ministeriales con competencias relacionadas con la vivienda, asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.
- Más garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información básica de las condiciones de la operación y de las características de la vivienda y del edificio. La persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, una serie de información básica, acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra.
En el caso de alquiler de inmuebles situados en zonas de mercado residencial tensionado, deberá aportarse información de la renta vigente en el marco de los contratos de arrendamiento de vivienda de los últimos cinco años.
- Más información y transparencia en las políticas públicas de vivienda, para conocer todos los programas y servicios útiles para acceder a una vivienda. Para ello establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las acciones adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente.
Durante la tramitación del proyecto de ley en el Congreso, los grupos parlamentarios han presentado 860 enmiendas a su articulado, de las que se han transaccionado más de 400.
Interior alerta sobre las ciberestafas de la tarjeta SIM y las falsas ventas online
Interior alerta sobre las ciberestafas de la tarjeta SIM y las falsas ventas online
Interior – 10.5.2023
La iniciativa se enmarca dentro de la campaña presentada por el ministro del Interior para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad, que supone ya uno de cada cinco delitos cometidos en España.
El Ministerio del Interior ha lanzado dos nuevos vídeos en el marco de su campaña de concienciación en redes sociales para alertar de las amenazas de la ciberdelincuencia. A partir de este miércoles, los perfiles del Ministerio del Interior y de sus unidades dependientes difundirán vídeos cortos adaptados a las redes sociales que informarán sobre dos estafas comunes en la red: el fraude de las tarjetas SIM y las falsas ventas online.
La iniciativa se enmarca dentro de la campaña presentada el pasado 8 de febrero por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad, que supone ya uno de cada cinco delitos cometidos en España. La estrategia incluye, entre otras medidas, una campaña de publicidad en prensa y televisión, así como la presencia de expertos de Policía Nacional y Guardia Civil en programas de radio y televisión.
Cada uno de los vídeos, presentados por una policía y una guardia civil, se centran en las estafas y fraudes más comunes en la red, ofreciendo las principales claves para identificarlos y los consejos para evitar convertirse en una víctima de los ciberdelincuentes. Todos los vídeos están disponibles también en el canal de YouTube del Ministerio del Interior y en la página web de la campaña.
El duplicado fraudulento de las tarjetas SIM
El primero de los vídeos alerta sobre la práctica del duplicado fraudulento de las tarjetas SIM. Cuando un usuario se queda sin cobertura en un lugar donde debería haber línea, puede que no se deba a un error puntual de la operadora, sino a un efecto del fraude conocido como SIM swapping.
Los cibercriminales suplantan la identidad de la víctima para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM a su compañía telefónica que deja totalmente inactiva la tarjeta original, sustituyéndola y causando la pérdida de cobertura del usuario. En otras ocasiones, la nueva SIM comparte el número de teléfono con el de la víctima, que recibirá mensajes de confirmación de servicios y acciones que no ha solicitado.
Con el duplicado de la tarjeta los ciberdelincuentes pueden realizar transferencias bancarias, cambiar los datos de acceso a la banca online, las contraseñas o el número de teléfono habilitado para la recepción de mensajes. También utilizan la información adquirida para venderla a terceros en foros especializados en la comisión de ciberdelitos.
Para evitar este fraude, la Guardia Civil recomienda consultar siempre con la operadora en el caso de pérdida de cobertura sin una explicación aparente, y también si se reciben cargos de la compañía por servicios multiSIM nunca contratados o mensajes de confirmación que proceden del banco sin que se hayan solicitado previamente.
El fraude de la venta online
La Policía Nacional, por su parte, ofrece consejos en su vídeo sobre cómo utilizar de forma segura las plataformas de compra-venta online de productos de segunda mano y advierten a los usuarios de que los ciberdelincuentes se aprovechan de su confianza para vender productos adquiridos de forma ilícita.
Utilizan estas plataformas para ofertar productos a precios muy inferiores a los de mercado para captar la atención del comprador. De esta forma, mediante la operación conocida como estafa triangular, los cibercriminales consiguen los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, adquieren el producto oficial por su precio de mercado y le endosan al comprador el doble coste del producto original y el de la supuesta ganga, dinero que reciben íntegramente los ciberdelincuentes.
La Policía Nacional recomienda desconfiar siempre de ofertas demasiado atractivas, revisar los comentarios sobre los vendedores y sospechar de las comunicaciones o pagos fuera de las plataformas. Por último, advierte de que nunca deben facilitarse datos de filiación o fotos del DNI. Se trata de información muy sensible que puede ser usada por los delincuentes para cometer futuras estafas.
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El Tribunal Supremo fija jurisprudencia en la interpretación de los requisitos para disfrutar de la exención por reinversión en vivienda habitual en caso de cónyuges separados o divorciados
Miércoles, 17 de mayo de 2023
El Tribunal Supremo fija jurisprudencia en la interpretación de los requisitos para disfrutar de la exención por reinversión en vivienda habitual en caso de cónyuges separados o divorciados
La Sala fija una interpretación integradora y garantiza la igualdad de trato de los cónyuges afectados por estas situaciones
Autor Comunicación Poder Judicial
La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre uno de los aspectos más controvertidos del derecho a la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuando las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de vivienda habitual son reinvertidas en la adquisición de nueva vivienda habitual.
En los casos en que el cese de la situación de residencia efectiva se haya producido con más de dos años de antelación a la fecha de la transmisión de la vivienda, la Administración tributaria ha venido interpretando que no se cumpliría uno de los requisitos para la exención de las ganancias, el que exige que la vivienda hubiera constituido la residencia efectiva del cónyuge que pretender obtener la exención, bien en la fecha de la transmisión o al menos en cualquier día dentro de los dos años anteriores a la misma. Esta circunstancia puede no concurrir en cónyuges que debieron abandonar la vivienda habitual familiar por atribución del uso al otro cónyuge.
En la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda), número 553/2023, de 5 de mayo de 2023, dictada en el recurso de casación 7851/2021, se enjuicia un caso en el que la Agencia Tributaria del Estado denegó la exención de las ganancias por venta de la vivienda habitual por este motivo, pese a cumplirse el resto de requisitos.
El Tribunal Supremo declara como criterio jurisprudencial que “ en las situaciones de separación, divorcio o nulidad del matrimonio que hubieren determinado el cese de la ocupación efectiva como vivienda habitual para el cónyuge que ha de abandonar el domicilio habitual por tales causas, el requisito de ocupación efectiva de la vivienda habitual en el momento de la transmisión o en cualquier día de los dos años anteriores a la misma, que exige el apartado 3 del art. 41 bis del RLIRPF [Reglamento de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas] se entenderá cumplido cuando tal situación concurra en el cónyuge que permaneció en la misma”.
Con esta sentencia se fija una jurisprudencia que profundiza en la interpretación integradora del conjunto de requisitos para disfrutar de la exención por reinversión en vivienda habitual, y garantiza la igualdad de trato de los cónyuges afectados por estas situaciones.
El IPC, del 4,1 %, sigue un punto por encima de la subida salarial media
El IPC, del 4,1 %, sigue un punto por encima de la subida salarial media
12 mayo, 2023 USO
Vuelven a subir la electricidad y los combustibles, mientras que los alimentos más que cuadriplican la subida salarial
Todo esto se afronta con relaciones laborales cada vez más efímeras: la media de duración de un contrato es de 45 días, 9 días menos que en 2021
Vuelve a subir la inflación tras el efecto escalón de marzo y se sitúa en el 4,1 %, 0,8 más que en marzo. Al igual que ocurría el mes pasado, estamos ante una subida sobre subida, ya que la comparativa con 2022 suma una inflación ya de por sí alta, 4,1 %, al estallido de inflación desbocada que supuso la invasión de Ucrania.
La energía, no obstante, sube más que el año pasado, tanto la eléctrica como los combustibles, y los alimentos, que rebajan el IPC anual, lo hacen “no porque no suban, que siguen subiendo una barbaridad, sino porque suben menos que hace un año. De hecho, siguen subiendo un 13 %, más del cuádruple que los salarios”, denuncia Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Salarios más bajos que la inflación y temporalidad disparada
Porque el último dato de subida salarial pactada en convenio es del 3,14 %, un punto menos que el IPC actual. “La mayoría de la negociación colectiva con efectos económicos en 2023 está ya cerrada y seguimos con pérdida de poder adquisitivo, sumada al 5,3 % que ya perdimos en 2022. Hay que empujar de verdad por los salarios, no firmar un documento de intenciones sin valor real. No se puede decir que los salarios subirán para todo el mundo un 4 %. Eso es populismo”, sostiene Joaquín Pérez.
El secretario general de USO va más allá de los salarios para hablar del sueldo real de los trabajadores: “un 3,14 % sube el salario. Pero, ¿de verdad las personas cobran el salario completo cada vez? Porque, para eso, tienen que trabajar el mes completo a razón de 40 horas a la semana. Y el dato es claro: en abril se firmaron 1,16 millones de contratos. De ellos, más de 530.000 fueron indefinidos”.
“Sin embargo”, continúa, “la realidad es que la media de duración de un contrato no ha dejado de bajar: en abril de 2021 era de algo más de 54 días; en 2022, con la reforma laboral ya asentada, de 47 días. Y en 2023, tras millones de contratos indefinidos, un contrato dura, de media, 45 días. La contratación indefinida es cada vez más temporal, y cobrar el salario de un mes completo, para afrontar esa inflación, ha pasado de ser un derecho de los trabajadores a convertirse en un lujo o un privilegio”.
Confirman la sanción de un millón de euros a Banco Santander –como sucesor del Banco Popular en la responsabilidad- por una infracción cometida por éste sobre la remuneración de sus consejeros
Martes, 16 de mayo de 2023
Confirman la sanción de un millón de euros a Banco Santander –como sucesor del Banco Popular en la responsabilidad- por una infracción cometida por éste sobre la remuneración de sus consejeros
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso del Banco Santander contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirmó la resolución sancionadora
Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de 1 millón de euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco Santander, como sucesor del Banco Popular en la responsabilidad por una infracción cometida por este último banco, por omitir datos o darlos engañosos en sus informes anuales de 2013 a 2015 sobre remuneración de sus consejeros ejecutivos en relación con los sistemas de ahorro a largo plazo y pagos por resolución de los contratos.
El tribunal ratifica su doctrina en relación con la sucesión en la responsabilidad sancionadora entre personas jurídicas, y subraya que dicha sucesión opera también cuando las sanciones se imponen por infracciones cometidas por el consejo de administración de la entidad bancaria absorbida por el incumplimiento de medidas organizativas o de otra índole exigidas por la normativa vigente a las entidades bancarias.
La Sala se muestra de acuerdo con el Abogado del Estado en que es irrelevante el hecho de que la actuación de la entidad absorbente resulte ajena a la actuación que generó la responsabilidad, ya que la transmisión de responsabilidad no opera por ser el autor de la conducta sancionada sino por el ser el sucesor y continuador de la sociedad que la adoptó.
De ese modo, desestima el recurso del Banco Santander contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirmó la resolución sancionadora. En este caso, todo el expediente sancionador se entendió con el Banco Popular, incluida la propuesta de resolución, y tras la fusión por absorción por el Banco Santander se dio traslado del expediente a este último para que formulara alegaciones y finalmente la sanción se impuso al Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor del Banco Popular.
La sentencia examina la jurisprudencia en esta materia y concluye que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el propio Supremo vienen admitiendo la transmisión de responsabilidad por infracciones administrativas en los casos de fusión por absorción y otros supuestos de sucesión entre personas jurídicas, cuando concurran las notas de identidad económica, de permanencia o de continuidad de la actividad económica, sobre la base de la consideración de que las sanciones pecuniarias forman parte del pasivo transmitido, sin que ello pueda considerarse contrario al principio de responsabilidad personal que se asienta sobre una concepción de la culpabilidad no trasladable a las personas jurídicas.
USO considera que el Acuerdo para la Negociación Colectiva avanza en el desmantelamiento de derechos laborales, con una mayor persecución de las bajas y la privatización de las pensiones
USO considera que el Acuerdo para la Negociación Colectiva avanza en el desmantelamiento de derechos laborales, con una mayor persecución de las bajas y la privatización de las pensiones
9 mayo, 2023
El V AENC, consensuado por CCOO, UGT y CEOE, da por buena la devaluación de los salarios en 2022, del 5,3 %, y supone un freno a la negociación colectiva
El V AENC, o acuerdo para la negociación colectiva, que incluye una subida de salarios del 10 % hasta 2025 y recomendaciones sobre teletrabajo, contratación, jubilación o conciliación, “es una sucesión de recomendaciones, reflexiones, compartir preocupaciones, análisis de necesidades y trasposición y corta y pega de legislación que ya está en vigor, junto con lo que ya hay: derivar materias a los convenios colectivos”, considera Joaquín Pérez, secretario general de USO.
Pérez continúa: “es bueno recordar que los anteriores AENC no se cumplieron, o muy parcialmente. Que fueron y son papel mojado. Que en muchos casos han estorbado más que ayudado. Y es que, sin hablar de la representación patronal, muchas unidades de negociación no están protagonizadas por CCOO y UGT; quienes, recordemos, no suman más que el 67% de la representación total de este país. El resto de sindicatos y comités también negocian”.
Pacto salarial que da por buena la devaluación de los salarios en 2022
El pacto de subida salarial, consensuado por CCOO, UGT y CEOE, contempla un 4 % de subida para 2023 y un 3 % para 2024 y 2025. “Sin embargo, no compensa la devaluación de los salarios de 2022, de media un 5,3 % para todos los trabajadores. Un empobrecimiento del que ya no nos recuperaremos”, afirma Pérez.
Además, continúa el secretario general de USO, “sobre el 4 % de subida para 2023 hay que recalcar que la negociación colectiva para 2023 ya está en su mayor parte cerrada y en vigor, y la última media conocida es del 3,06 %. Insuficiente se mire por donde se mire”.
Planes privados de pensiones
En cuanto a pensiones, las intenciones del AENC menoscaban el sistema público. Así, recogen literalmente que “planteamos fomentar en los convenios colectivos los Planes de Pensiones de Empleo; en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas”.
Desde USO llevamos décadas defendiendo pensiones públicas de calidad, que no tengan que ser complementadas, que no obliguen a destinar parte del salario a planes privados gestionados. “Y eso seguiremos haciendo: quien quiera un plan privado puede hacerlo libre e individualmente, pero no por obligación colectiva. Este es el primer paso para que las pensiones públicas sean subsidiarias”, advierte Joaquín Pérez
Los sindicatos defienden también el control a las bajas de los trabajadores
En la línea de privatizar lo público y restar derechos, el AENC realiza una mención especial a las incapacidades temporales por contingencias comunes, expresando su preocupación por la duración y la frecuencia de las IT comunes y defendiendo líneas de actuación que “reduzcan el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones”.
“Parece ser que los trabajadores enferman por encima de sus posibilidades. Y no lo dice solo la patronal, sino también CCOO y UGT, quienes también defienden dar más funciones y poder a las Mutuas, para que éstas tengan potestad para acosar a los trabajadores para que la duración de sus bajas se acorte”, alerta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.
“Es decir”, abunda García, “los sindicatos mayoritarios están recomendando que se dé aún más competencias a las mutuas y que, con el dinero que con el que se debería financiar a la sanidad pública, se paguen convenios con estas entidades privadas. El texto del V AENC da aún más sentido a lo que denunciamos desde USO en la reciente campaña ‘La IT es temporal; tus derechos, no´. Ojalá la preocupación de los firmantes fueran la prevención, el reconocimiento del origen laboral de muchas bajas por contingencia común y el respeto a los tiempos de recuperación que establecen los facultativos del Sistema Nacional de Salud.
