AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


USO denuncia que los salarios ya suponen menos de la mitad de la riqueza de España

23 de abril, 2018

USO denuncia que los salarios ya suponen menos de la mitad de la riqueza de España

18 abril, 2018  uso.es
Según el estudio elaborado por el Gabinete de Estudios de la USO titulado “Crecimiento económico: salarios y empleo”, se demuestra que, a pesar de que el PIB ha crecido a un ritmo por encima del 3% en los últimos tres años, la mejora de la riqueza nacional no ha llegado a los salarios.

Desde 2008, la renta salarial, uno de los tres pilares que componen el PIB, ha pasado de suponer más de la mitad de este (50,15% en 2008) a superar apenas el 47% al finalizar 2017 (47,29%). Esto supone una bajada de casi 3 puntos que, además, no es solo un descenso de la relación del peso en la riqueza, sino también en términos absolutos: en 2008, la remuneración de los asalariados suponía en España 559.777 millones de euros, mientras que en 2017 ha sido de 550.272 millones. Es decir, hay 9.505 millones de euros menos de riqueza salarial hoy que al empezar la crisis.

El crecimiento del PIB en los últimos años se sustenta sin embargo en el aumento de las rentas del capital y el peso de los impuestos. La diferencia entre la aportación de los salarios y de las rentas era en 2008 del 8,48%, mientras que al terminar 2017 es casi la mitad: 4,87%. “Este análisis evidencia”, señala Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, “que ni se recupera el empleo ni se recuperan los salarios. Y, lo que a nuestro parecer es más grave: que el valor del trabajo como tal se está devaluando. La creación de riqueza en nuestro país acaba en manos de unos pocos en lugar de distribuirse. Las rentas del capital, además, no cotizan, lo que debilita el Sistema Público de Pensiones”.

En la comparativa del coste de la vida y el coste salarial, el trabajador sale aún peor parado: “el coste salarial ha sufrido un zigzag de subidas y bajadas desde 2009 hasta ahora, con la bajada más aguda en 2012 (-3,62%). Si nos vamos a los dos últimos años, con el PIB creciendo a ritmos altos y la anunciada mejora de la economía, nos encontramos sin embargo con que el coste salarial en 2016 bajó casi un punto y en 2017 apenas subió medio. Y todo esto, mientras la inflación acumuló un 2,7%. Con las estadísticas en la mano, es un dato difícil de rebatir por quienes mantienen que la recuperación ha llegado”, defiende Sara García.

El mayor coste salarial es sinónimo de más y mejor empleo
Por lo expuesto, “desde la USO llamamos a que la gente salga a la calle este 1 de Mayo para exigir la subida de los salarios. Ya ha llegado la hora de que el crecimiento del PIB no redunde solo en beneficios empresariales o de las rentas, sino que llegue a los sueldos, el empleo y las pensiones”, anuncia Joaquín Pérez, secretario general de la USO.

“Tal y como demuestra el estudio, no es cierto que pagar mejores salarios arruine el tejido productivo, sino que genera un mayor y mejor empleo. El coste salarial más alto lo tienen la Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra, que también tienen una mejor tasa de desempleo. Sin embargo, en Andalucía, Canarias y Extremadura, donde el coste salarial está a la cola, el paro se dispara. La solución pasa por cambiar el modelo productivo, no por recortar en sueldos. Se ha demostrado que los recortes no son la medida efectiva para reducir el desempleo”, continúa el secretario general de la USO.

“Los salarios son la deuda pendiente que los agentes económicos tienen con la clase trabajadora, tal y como reclamamos en nuestro lema y manifiesto del 1 de Mayo que celebraremos en un acto central en León y en otras concentraciones regionales por toda España”, recuerda Joaquín Pérez.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

UGT y CCOO llaman a la participación este Primero de Mayo

22 de abril, 2018

UGT y CCOO llaman a la participación este Primero de Mayo
UGT | Viernes, 20 de abril de 2018 ugt.es
UGT y CCOO en el manifiesto del 1º de Mayo de 2018 hacen un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a participar en las distintas movilizaciones convocadas ese día para reclamar mejor empleo, mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.

Ambas confederaciones recuerdan que la economía española lleva cuatro años creciendo, que hay más empresas con beneficios, que antes de la crisis y que, sin embargo, la desigualdad y la pobreza están en niveles muy superiores a los que había antes de 2008. La pobreza se ha cronificado y España ocupa ya el puesto 26 de 28 en la UE.

Ambos sindicatos responsabilizan a las políticas económicas del crecimiento de la precariedad y la desigualdad. Consideran que “la devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo, promovidas por la reforma laboral, fomentan una recuperación basada en un reparto desigual de la riqueza y fomenta un modelo de crecimiento asentado en actividades poco productivas”.

Denuncian que el 14% de las personas con empleo son pobres y que los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos (la mitad de los desempleados ya no perciben ninguna prestación)

Asimismo, UGT y CCOO alertan sobre la expansión de las empresas multiservicios, las plataformas digitales y las fórmulas abusivas de organizar el tiempo de trabajo, con alargamientos de jornada que ni se retribuyen ni se compensan.

También recuerdan las brechas de género que discriminan a la mitad de la población y la violencia machista que continúa cobrándose la vida de muchas mujeres. En este sentido, califican de “inaceptable” que el Gobierno en su proyecto de PGE 2018 reduzca de 200 a 80 millones la partida presupuestaria para combatir la violencia de género.

Respecto a la negociación colectiva, las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO, señalan que la patronal se resiste a que los salarios recuperen poder adquisitivo y que “hay grandes dificultades para avanzar en las negociaciones actuales en torno a un nuevo Acuerdo para 2018 y años posteriores”.

Una negociación colectiva en la que los sindicatos defienden una mejora sustancial de los salarios, en general, y de los más bajos en particular, incluyendo cláusulas de garantía salarial. Asimismo, exigen un aumento de los compromisos empresariales en relación a la estabilidad y calidad del empleo, la reducción de las desigualdades, la protección de la salud y la inversión productiva. UGT y CCOO consideran, además, imprescindible recuperar el papel central de los convenios sectoriales.

Ambos sindicatos anuncian que lanzarán una “creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales como al Gobierno, y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad”.

Por otra parte, critican el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Gobierno que, aunque intentan dar una apariencia de social, profundizan en las políticas regresivas y no contribuyen a repartir la riqueza, ni a cambiar el modelo productivo. En relación a las pensiones contienen medidas coyunturales, parciales y erróneas, que “no corrigen los efectos negativos que, para las y los pensionistas de hoy y de mañana, supone la reforma de las pensiones de 2013, adoptada de forma unilateral, por el Gobierno del PP y su mayoría parlamentaria”. En este sentido, afirman que se proseguirá e intensificarán las movilizaciones en defensa del Sistema Público de Pensiones.

El manifiesto tampoco obvia la situación de los 300 sindicalistas que siguen encausados o condenados simplemente por manifestarse o participar en un piquete informativo. Piden descriminalizar el derecho de huelga y de manifestación y derogar la Ley Mordaza.

UGT y CCOO reivindican, además, la inmediata puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos; la necesidad de instaurar un sistema público de servicios sociales; reformar las prestaciones por desempleo para garantizar una cobertura general y prestaciones dignas; y garantizar los derechos y la integración de los inmigrantes, de las personas trabajadoras con discapacidad, con distinta orientación e identidad sexual, en riesgo de exclusión y de las personas que están afectadas por el VIH y el sida.

En el ámbito europeo consideran “imprescindible” dotar al pilar europeo de derechos sociales (PEDS) de las garantías financieras y de los instrumentos jurídicos que posibiliten a la ciudadanía europea convivir en una sociedad más justa y exigen al Gobierno español que sus políticas se ajusten a los compromisos que ha firmado con respecto al PEDS.

Ambas Confederaciones refuerzan su compromiso de solidaridad con los pueblos del mundo que defienden la libertad y con las trabajadoras y trabajadores que luchan por sus derechos sindicales, sociales y laborales.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Indicador Sintético de la Actividad Exportadora cae ligeramente pero mejoran las expectativas de cartera de pedidos a tres meses

22 de abril, 2018

17 de abril de 2018 mineco.gob.es
El ISAE cae ligeramente pero mejoran las expectativas de cartera de pedidos a tres meses
Las empresas exportadoras empeoran la percepción sobre el comportamiento de la cartera de pedidos en el primer trimestre de 2018 y, en menor medida, para los próximos doce meses. Las previsiones a tres meses mejoran, si bien no llegan a compensar estos descensos, lo que se traduce en una ligera reducción del Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE), que se sitúa en 24,9 puntos (25,8 en el trimestre anterior).

El ISAE es un indicador compuesto que resume la información proporcionada por las empresas entrevistadas sobre la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas a tres y doce meses. Este indicador puede oscilar entre -100 y +100. Los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad exportadora y/o de las previsiones. El ISAE se compone, a su vez, de tres indicadores simples (balance de cartera de pedidos del trimestre actual, de perspectivas a tres meses y de perspectivas a doce meses) que se construyen por la diferencia entre el porcentaje de las empresas que prevén evoluciones al alza y las que lo hacen a la baja.

El Indicador de balance de cartera de pedidos del trimestre analizado se ha situado en 19,3 puntos, desde los 22,5 del trimestre anterior, mientras que las perspectivas a doce meses descienden algo más de un punto, hasta los 38,1. Estos descensos no han sido compensados por la apreciable mejora de las expectativas a tres meses, que aumentan más de cinco puntos hasta alcanzar un valor de 30,2.

La estabilidad continúa siendo la percepción dominante de los encuestados para la evolución de los precios y márgenes de beneficio de exportación en el trimestre, si bien se aprecia una cierta evolución al alza en el comportamiento de los precios.

Los tres factores más citados por su influencia positiva sobre la actividad exportadora son la evolución de la demanda externa (47,1%), la competencia en calidad (22,3%) y los recursos humanos adecuados para la actividad exportadora (19,6%). Los más mencionados como influencia negativa son el precio de las materias primas (57,2%), la competencia internacional en precios (56,1%) y el precio del petróleo (43%).

Atendiendo a la evolución del empleo o plantilla contratada en tareas de exportación, la percepción es más desfavorable que la del trimestre anterior. Desciende casi un punto el valor del indicador balance para la contratación en el trimestre (9,1), dos puntos el que refleja las previsiones de contratación a tres meses (7,6) y seis el que se refiere a la contratación a doce meses (10,2). En cambio, el indicador del grado de dedicación de la plantilla a tareas de exportación aumenta casi dos puntos, hasta situarse en un valor de 16,5.

En relación con los destinos de exportación, el valor del indicador de balance actual de la cartera de pedidos empeora en todas las áreas consideradas, excepto en Latinoamérica y en los países europeos no pertenecientes a la UE-28. Sin embargo, las perspectivas a tres meses son más favorables para todos los destinos, excepto para los países de América del Norte.

Los principales destinos de exportación para los próximos doce meses son Francia (46,8%), Alemania (41,7%), Italia (23,9%), Portugal (22,5%), Reino Unido (21,7%), EEUU (20,5%), México (12,6%), China (10,7%) y Países Bajos (10,6%).

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo confirma que dos exdirectivos de NovaCaixaGalicia tendrán que devolver 10,4 millones de euros por cobros de prejubilaciones

21 de abril, 2018

Martes, 17 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma que dos exdirectivos de NovaCaixaGalicia tendrán que devolver 10,4 millones de euros por cobros de prejubilaciones

El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que los exdirectivos de NovaCaixaGalicia José Luis Pego y Gregorio Gorriarán tendrán que pagar 10,4 millones de euros a la entidad financiera sucesora en los derechos y obligaciones de NovaCaixaGalicia  por el cobro de prejubilaciones millonarias. José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán deberán devolver 6.476.237 y 3.969.349 euros, respectivamente.

El tribunal concluye que la conducta de los acusados consistió en elaborar “unos contratos de alta dirección blindados para una prejubilación de altísimas remuneraciones en plena crisis bancaria (el FROB tuvo que inyectar una suma de más de 9.000 millones de euros para reflotar las cajas, unificarlas y bancarizarlas, creando NovaCaixaGalicia Banco).

Los acusados, a través de los nuevos contratos y a sabiendas de que iban a ser cesados en sus puestos cuando se constituyera el nuevo banco, consiguieron que, mediante engaño, se les aprobara unos contratos de prejubilación cuya suma supuso para el nuevo banco unas cantidades a devolver, cuando menos, de unos doce millones de euros, a favor de los cuatro altos dirigentes. Dinero que cobraron en el año 2011, esto es, cuando llevábamos ya tres años aportando dinero público a las entidades bancarias en crisis”, concluye la Sala.

La Sala ha estimado parcialmente los recursos de casación interpuestos por José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2016, que les declaró responsables civiles solidarios en relación con el delito de apropiación indebida por gestión desleal. También ha desestimado el recurso de Ricardo Pradas Montilla.

El tribunal indica que en una sentencia anterior, en la que confirmó las responsabilidades penales, devolvió la causa a la Audiencia Nacional para que corrigiera algunos aspectos relativos a esta cuestión de las responsabilidades civiles por considerar que se habían resuelto de forma errónea. En concreto, entendía que había sumado las dos cantidades alternativas de restitución dineraria que había propuesto el fiscal dependiendo de que el delito objeto de condena fuese el de estafa –más de diez millones de euros- o el de apropiación/administración desleal –más de tres millones de euros- en lugar de optar por una de ellas. En su nueva sentencia, la Audiencia Nacional optó por la primera alternativa debido a que de ese modo se indemnizaba en mayor cuantía a los perjudicados.

Ahora, afirman que en esta sentencia están de acuerdo con ese criterio, dada la naturaleza y contenido de los contratos que eran “claramente fraudulentos y resulta inexplicable, puesto que engañaron al Consejo de Administración del Banco, según consta en los hechos probados. Dado lo cual, y aunque no se entra en profundidad en el tema, resulta patente que estamos ante un delito de estafa y no de apropiación indebida, y así se deja entrever en la sentencia”.

Sin embargo, la Sala explica que la razón de la estimación parcial de los recursos reside en que la Audiencia Nacional al imponer a todos la responsabilidad solidaria en su segunda sentencia sin que lo hubiera solicitado ninguna acusación, perjudicó a los acusados (los únicos recurrentes), que habían sido condenados como responsables directos en la primera sentencia. Afirma que cuando dictó la nueva sentencia para ajustarse a lo acordado por la Sala, “no podía modificar el fallo en perjuicio de los recurrentes, ya que en tal caso estaríamos ante una reformatio in peius, al transformar una responsabilidad de carácter mancomunado en otra de carácter solidario sin que ninguna de las acusaciones lo hubiera interesado”. Por ese motivo, deja sin efecto la responsabilidad civil solidaria atribuida por la sentencia recurrida a estos tres recurrentes y establece la responsabilidad directa de José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán, exonerando a Óscar Rodríguez Estrada de toda responsabilidad civil.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Si algún día enfermas de palabras…

20 de abril, 2018

“Si algún día te enfermas de palabras, como a todos nos pasa, y estás harta de oírlas, de decirlas. Si cualquiera que eliges te parece gastada, sin brillo, minusválida. Si sientes náusea cuando oyes “horrible” o “divino” para cualquier asunto, no te curarás, por supuesto, con una sopa de letras.

Has de hacer lo siguiente: cocinarás al dente un plato de espaguetis que vas a aderezar con el guiso más simple: ajo, aceite y ají. Sobre la pasta ya revuelta con la mezcla anterior, rallarás un estrato de queso parmesano. Al lado derecho del plato hondo colmo de espaguetis con lo dicho, pondrás un libro abierto. Al lado izquierdo, pondrás un libro abierto. Al frente un vaso lleno de vino tinto seco. Cualquier otra compañía no es recomendable. Pasarás al azar, las páginas de uno y otro libro, pero ambos han de ser de poesía. Sólo los buenos poetas nos curan la llenura de palabras. Sólo la comida simple y esencial nos cura los hartazgos de la gula”.
Héctor Abad Faciolince: Escritor colombiano nacido en Medellín
Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales

20 de abril, 2018

Jueves, 19 de abril de 2018 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales

El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales actuaron presuntamente en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de  clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.

El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad ICBC ( Industrial And Comercial Bank Of China S.A)  por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil, así como el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CAIXABANK entre los años 2011 y 2015, para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando  “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda  para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España”.

CaixaBank desatendió  los requerimientos judiciales sobre clientes que siguieron transfiriendo 31.7 millones de euros

El auto del juez relata cómo entre 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados. Las sucursales implicadas “ hicieron caso omiso” al hecho de  tratarse  de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España” Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “ fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

El informe del SEPLBAC destaca que entre los años 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank  que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo y que han realizado transferencias por valor de 99.1 millones de euros  a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas). El juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir esos requerimientos, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo 31.7 millones de euros.

En su auto el juez distingue entre la actuación de otras entidades bancarias y CaixaBank.  El magistrado recuerda que, a raíz de la llamada operación SNAKE, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al SEPBLAC por las  operaciones investigadas. 18 bancos reportaron que habían comunicado al SEPBLAC un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización SNAKE, por movimientos sospechosos de blanqueo. El juez añade que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación y en el caso de CaixaBank se localizaron 4 de una de las sucursales investigadas,  cuyo director pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.

Un patrón común de actuación

El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. El auto analiza toda la información sobre los clientes investigados,  de los que existía carencias  de información y de control sobre su operativa. Los directores implicados  permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo  para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes; Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

A través de la banca on line los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones SNAKE, Chequia, Emperador, Juguetes que realizaran ingresos compartiendo IPs, compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. Respecto a las transferencias a CHINA y Hong Kong, el  juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas”.

Responsabilidad como persona jurídica

Los hechos relatados en el auto describen, según el juez graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, “y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos”.

Es por ello que Ismael Moreno considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad “in elegendo, in vigilando o in instruendo” de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados. Esa responsabilidad es transferida a la persona jurídica, en tanto que CAIXABANK no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: “se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (SEPBLAC) para atajar la presunta práctica delictiva.” Ese incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida, añade el juez, como sujeto obligado a ser la primera frontera de prevención para impedir que las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales puedan introducirse en el circuito económico “fue contumaz y no episódico” .

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Comisión Europea. Nuevo acuerdo para los consumidores: más protección ante los abusos

19 de abril, 2018

Nuevo acuerdo para los consumidores: más protección ante los abusos
Engaños sobre emisiones de gases contaminantes en coches, cancelaciones masivas de vuelos, contaminación de leche para bebés… En los últimos años, los consumidores europeos han sido víctimas de malas prácticas de las empresas. Por eso, la Comisión Europea ha presentado el nuevo acuerdo para los consumidores, que introduce mejoras que refuerzan sus derechos.
11/04/2018 ec.europa.eu/spain
El nuevo acuerdo para consumidores es uno de los hitos marcados en el Programa de trabajo de la Comisión para 2018. Esta iniciativa llega, en parte, como respuesta a malas prácticas que han tenido un impacto masivo en todo el bloque, tales como el escándalo de las emisiones de automóviles en 2015 (que provocó que la UE endurezca sus normas para unos vehículos más seguros y más limpios), las masivas cancelaciones de vuelos(link is external) en 2017, y la contaminación de leche para bebés(link is external) en Francia (que también afectó a otros países).

El nuevo acuerdo de consumidores es de extrema importancia puesto que ante los abusos se corre el peligro de que el consumidor pierda la confianza en las empresas, lo que pone en peligro uno de los pilares de la UE: el mercado único (o interior).

Věra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores, e Igualdad de Género, ha dicho: «En un mundo globalizado en el cual las grandes empresas tienen mucha ventaja sobre consumidores individuales, tenemos que introducir un equilibrio. (…) Las autoridades de consumo tendrán finalmente herramientas para sancionar a los tramposos. Hacer trampa no saldrá barato».

Por ello, básicamente, el nuevo acuerdo dará a los consumidores derechos y nuevas herramientas para acciones colectivas si se infringen sus derechos.
1. Reforzar los derechos del consumidor online
•Más transparencia en los market places – Este tipo de portales de venta permite a muchos vendedores, tanto particulares como profesionales, ofrecer sus productos. Saber a qué tipo de vendedor estás comprando es muy importante: de ello dependerán ciertos derechos, como el poder devolver el artículo en 14 días sin necesidad de dar ningún motivo. Con el nuevo acuerdo, esta información será obligatoria.
•Más transparencia en los resultados de búsqueda online –El usuario deberá ser claramente informado si un resultado es pagado o no. Además, los market places tendrán que informar cuáles son los principales parámetros que determinan el ránking de resultados. Nuevos derechos al consumidor para servicios digitales «gratuitos» –Al pagar por un servicio digital, los consumidores tienen ciertos derechos a ser informados y tienen 14 días para cancelar sus contratos. El nuevo acuerdo extenderá ese derecho a los servicios «gratuitos» en los cuales los consumidores dan sus datos personales aunque no pagan con dinero. Esto normalmente se aplica a servcios de almacenamiento en la nube, redes sociales o cuentas de correo electrónico.

2. Compensaciones
•Acciones colectivas – Con el nuevo acuerdo, asociaciones de consumidores sin fines de lucro y que cumplan criterios estrictos podrán presentar demandas colectivas que busquen compensación para los afectados por prácticas abusivas masivas. En algunos países, como España, esto ya es posible, pero esta posibilidad se extenderá a toda la UE.
•Más protección – Actualmente, aunque las prácticas comerciales injustas están prohibidas, la legislación no establece compensaciones para los afectados. El nuevo acuerdo garantiza compensaciones individuales (por ejemplo, financieras) para los afectados.

3. Introducción de sanciones efectivas
•Las autoridades de consumo de la UE no están preparadas para sancionar prácticas de daño masivo -como fue el Dieselgate-. Actualmente, las sanciones difieren segun el país, y suelen ser muy bajas. La propuesta establece que las autoridades nacionales puedan sancionar con el 4 % de los ingresos de la empresa en cada país, e incluso más.

4. Acabar con diferentes calidades
•La propuesta estabece que los países de la UE pueden abordar prácticas de empresas que promocionen productos en diferentes países de la UE como si fueran idénticos cuando en realidad son diferetes.

5. Mejoras para las empresas
•El nuevo acuerdo propone aliviar algunas obligaciones de las empresas. Por ejemplo, los consumidores no podrán devolver artículos usados -más allá de una prueba-, ni tampoco tendrán que devolver el dinero antes de recibir los productos devueltos.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en la actuación de los dirigentes del ‘procés’ y rebate los argumentos del tribunal alemán

18 de abril, 2018

Martes, 17 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en la actuación de los dirigentes del ‘procés’ y rebate los argumentos del tribunal alemán

La Sala cree que no es razonable equiparar lo ocurrido en Cataluña con las protestas contra la ampliación de un aeropuerto en Frankfurt

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que ratifica la existencia de indicios de delito de rebelión en las personas que dirigieron el ‘procés’ secesionista de Cataluña entre los años 2015 y 2017 y rebate los argumentos del tribunal alemán de Schleswig-Holstein que está estudiando la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al estimar que no es razonable, como ha hecho, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con las protestas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.

“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo. Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, señala el auto.

La resolución ha sido dictada por la Sala de Apelaciones, formada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, y desestima el recurso planteado por Jordi Sànchez contra la decisión del juez Pablo Llarena, del pasado 9 de marzo, de denegar la libertad de dicho investigado en la causa así como la concesión de un permiso extraordinario para asistir al primer pleno de investidura, el pasado 12 de marzo, para la que fue propuesto en el Parlamento catalán.

Rebelión por quienes ostentaban el poder autonómico

La Sala analiza en el auto la naturaleza del delito de rebelión, que está regulado en los Delitos contra la Constitución, y afirma que “en este caso parece que, cuando menos indiciariamente, se ha atacado la soberanía nacional y la unidad territorial de la Nación española (artículos 1 y 2 de Constitución)”.

En concreto, especifica que no se trata de una “rebelión de una muchedumbre de personas, más o menos organizada contra el Estado español para tomar sus centros de poder”, sino que las personas que llevaron la iniciativa en la ejecución de los presuntos hechos delictivos eran “sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma”.

Por ello, según la Sala, en lugar de valerse de la violencia para tomar el poder central del Estado trataban de desconectar o desgajar del Estado español las instituciones autonómicas cuyos poderes ejercían. Para ello contaban con los medios jurídicos que les habían proporcionado la Constitución y el Estatuto de autonomía a través de unas elecciones legítimas, “instrumental jurídico que acabaron utilizando con fines totalmente contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su función”.

“En un contexto de esa índole, es claro que la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado. Especialmente para realizar el referéndum de independencia, ya que se trataba de un peldaño imprescindible en su andadura para el objetivo de la secesión, y al tenerlo que materializar masivamente y en centros públicos se iban a encontrar con la oposición de la fuera legítima del Estado”, explica el auto.

Violencia previsible al lanzar a dos millones de personas a una votación ilegal

Los magistrados destacan al respecto del 1-O que el Gobierno español desplazó a Cataluña a unos 6.000 agentes que tenían la obligación de que se cumplimentaran las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, prohibiendo la celebración de un referéndum declarado inconstitucional.

Sin embargo, pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas, “los protagonistas del procés prosiguieron con su hoja de ruta e indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente”. El resultado fue que, como era “totalmente previsible e inevitable”, hubo violencia y más de cien enfrentamientos físicos entre personas que fueron a votar y la Policía.

El auto analiza a continuación la intensidad de la violencia ocurrida y la valoración de ese aspecto que realiza el tribunal alemán que conoce de la euroorden de Puigdemont, ya que estimó que dicho grado de violencia no fue suficiente para que el Gobierno español se hubiese visto obligado a rendirse a las demandas de los insurgentes al no resultar bastante para doblegar la voluntad del Estado.

El Supremo destaca al respecto que los 6.000 agentes que se utilizaron para impedir el referéndum resultaron ostensiblemente superados por los dos millones de votantes, y prueba de ello es que la consulta –aunque nunca tuvo las mínimas garantías- acabó realizándose, y que los procesados siguieron con su hoja de ruta secesionista y acabaron declarando la independencia de Cataluña. Añade que “si hubieran intervenido un número bastante mayor de policías es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.

El tribunal alemán hace una comparación no razonable

Además, el Supremo destaca que no es razonable que el tribunal alemán homologue lo ocurrido en el proceso separatista de una comunidad autónoma de más de siete millones de habitantes como Cataluña con unas revueltas organizadas por la ampliación del aeropuerto de Frankfurt, al tratarse de dos supuestos fácticos que nada tienen que ver el uno con el otro.

A la Sala lo que más le llama la atención de la argumentación del tribunal alemán es que empieza con un ejemplo hipotético muy adecuado al caso de Cataluña, como es preguntarse qué sucedería en Alemania si el presidente de un Land incurriera en una conducta como la perpetrada en Cataluña, “pero a las pocas líneas abandona ese discurso sin profundizar en él y se desliza repentinamente hacia el supuesto fáctico de la pista del aeropuerto, huyendo así del pantanoso ejemplo comparativo que tan adecuado y pertinente resultaba”.

“El supuesto hipotético del presidente del Land daba mucho de sí, pero muy probablemente en el caso de que se siguieran en su análisis argumental las reglas propias del discurso de la racionalidad comunicativa, su desenlace acabaría en la concesión de la euroorden”, dice el auto.

Si los hechos hubieran ocurrido en Alemania, no habría una sentencia simbólica

Así, destaca que “si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un Land de Alemania con los mismos factores de evolución, tiempo y resultado, no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein”, explica.

En cualquier caso, la Sala recoge además en su resolución que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, en el supuesto de que no se constatara suficientemente el elemento de la violencia en el caso concreto, se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La inflación sube al 1,2% en marzo por los paquetes turísticos

18 de abril, 2018

13 de abril de 2018  mineco.gob.es
La inflación sube al 1,2% en marzo por los paquetes turísticos

La celebración de la Semana Santa impulsa al alza los precios de los servicios turísticos y de la hostelería

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en marzo de 2018 el 1,2% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa idéntica a la adelantada por el INE y superior en una décima a la registrada en febrero (1,1%). Esta evolución se explica por la aceleración de los precios de la alimentación y, en menor medida, de los servicios, compensada parcialmente por la ligera caída de los bienes industriales no energéticos (BINE), tras la variación nula del mes anterior, y por el menor ritmo de crecimiento de los precios de la energía. En términos intermensuales, el IPC ha registrado un aumento del 0,1% en marzo de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos crecieron en marzo el 1,3% interanual, una décima menos que en febrero, debido a la caída del 1,4% de los precios de la electricidad, tras la subida del 0,5% del mes precedente, y, en menor medida, a la desaceleración de los del gas, que moderaron 1,1 puntos el ritmo de crecimiento, hasta el 6,6%. Por su parte, los precios de los carburantes y lubricantes pasaron de crecer un 0,7% interanual en febrero al 1,6% en marzo, y los de los combustibles líquidos aumentaron un 1,8%, tras el descenso del 1,9% en febrero.

La inflación de la alimentación se situó en el 1,4% en marzo, cuatro décimas superior a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada crecieron el 1,6%, 1,3 puntos más que en el mes anterior, debido, principalmente, a la menor caída de los precios de las legumbres y hortalizas frescas (-3,4%, tras la caída del 10,6% en el mes previo). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron una décima, hasta el 1,3% interanual.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) aumentó en marzo una décima, hasta el 1,2%, al igual que la inflación general, debido fundamentalmente a los servicios, cuyos precios se aceleraron dos décimas, hasta el 1,9%, impulsados principalmente por el turismo y la hostelería, cuyos precios aumentaron un 2,8% (2,3% en el mes anterior). Por su parte, los precios de los BINE cayeron el 0,1%, tras la estabilización del mes previo.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,1% en marzo de 2018, frente a la estabilización del mismo mes de 2017. Por componentes, aumentaron los precios de los BINE (1%, tasa inferior en una décima a la de marzo de 2017), servicios (0,4%, frente al incremento del 0,2% del mismo mes del año anterior) y alimentación (0,1%, tras la caída del 0,3% de un año antes), mientras que descendieron los de los productos energéticos (-2,6%, al igual que en marzo de 2017). Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos tanto no elaborados como elaborados registraron en marzo de 2018 una tasa intermensual del 0,1% (-1,2% y 0,2%, respectivamente, en el mismo mes de 2017).

La inflación de marzo aumentó respecto a la de febrero en todas las comunidades autónomas, excepto en Canarias (se moderó dos décimas, hasta el 1,2%). Los mayores incrementos de inflación, de tres décimas, se produjeron en Madrid (1,4%), Extremadura (1%) y Murcia (0,9%).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en marzo en el 1,2%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de marzo, cuya tasa interanual se sitúa en el 1,3%, una décima superior a la de febrero. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para el conjunto de la zona euro en marzo es del 1,4%, resultando un diferencial de inflación favorable para España de una décima.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Mercantil 2 de Alicante pide que se investigue a tres administradores concursales y un perito de la promotora inmobiliaria Luxender

17 de abril, 2018

Lunes, 16 de abril de 2018 poderjudicial.es

Mercantil 2 de Alicante pide que se investigue a tres administradores concursales y un perito de la promotora inmobiliaria Luxender

El juez aprecia indicios de falsedad, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito fiscal

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil númeo 2 de Alicante ha acordado deducir testimonio contra tres administradores y un perito que han intervenido en el concurso de la promotora inmobiliaria Luxender, en concurso de acreedores.

El juez considera que en los diez años que dura la tramitación del concurso, se han encontrado “evidentes indicios de actuación fraudulenta concerta”, motivo por el que remite los hechos a un Juzgado de Instrucción para que abra una investigación por falsedad documental, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito contra la Hacienda Pública.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: normas más estrictas en la Unión Europea

16 de abril, 2018

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: normas más estrictas en la UE

Para aumentar la transparencia y adaptarse a avances tecnológicos como las monedas virtuales, la UE tendrá nuevas normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

europarl.europa.eu

La próxima semana, el Parlamento Europeo votará la quinta actualización de la directiva de la UE contra el lavado de dinero y la financiamiento del terrorismo. La nueva directiva está dirigida a evitar el uso del sistema financiero de la UE para la financiación de actividades delictivas y reforzar la transparencia para evitar que se oculten fondos a gran escala.

Hemos hablado con los eurodiputados responsables de esta negociación en el Parlamento Europeo, el “popular” letón Krišjānis Kariņš y la holandesa Judith Sargentini, de los Verdes, para conocer las novedades que supone esta reforma.

Aquí puede consultar las medidas clave adoptadas por la UE en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Más transparencia

Las nuevas reglas supondrán más transparencia y mejorarán el acceso a los registros de titularidad real de compañías y empresas fiduciarias. Los registros de beneficiarios finales de las empresas, que ahora solo son accesibles a aquellos que demuestren un interés legítimo, serán públicos. Además estarán interconectados para facilitar la cooperación entre los Estados miembros.

La nueva legislación también introducirá registros de beneficiarios reales de empresas fiduciarias cuando haya un interés legítimo, así como registros de cuentas bancarias y cajas de seguridad, que serán accesibles para las autoridades públicas. Por ejemplo, si “Europol busca un delincuente en un Estado miembro, podrá ver si tiene cuentas en otros países”, explica Kariņš.

“El objetivo es mantener el dinero sucio fuera del sistema bancario europeo. Los bancos deben saber quién está detrás de cada cuenta”, continúa el eurodiputado. “Hay dos problemas con el dinero sucio, uno es que destruye la economía y el otro que puede acabar financiando el terrorismo”, dice Kariņš. “Dejemos claro que si no quiere mostrar quién es el propietario, será difícil hacer negocios en Europa”, añade por su parte Sargentini.

Financiación del terrorismo

“Las fuentes (de financiación) son muchas, pero es a través de la actividad ilícita, el dinero procedente del mercado negro, el comercio de productos ilegales, armas, tráfico de personas que este dinero entra en el sistema bancario europeo y se blanquea”, explica Kariņš. Sargentini recuerda que el terrorismo se puede financiar con un presupuesto muy reducido, especialmente en Europa, “se alquila un automóvil o incluso se puede robar un automóvil y se comete un atropello de una multitud, esto no cuesta dinero”.

Tarjetas bancarias y monedas virtuales

El umbral para identificar a los titulares de tarjetas bancarias que han sido pagadas con antelación y cuyo titular permanece en el anonimato se rebajará hasta los 150 euros, frente a los 250 euros en la actualidad y se amplían los requisitos de verificación del cliente.

Sargentini dice que este cambio fue muy importante para los Estados miembros. Por ejemplo, “las autoridades francesas insistieron, diciendo que los coches de alquiler utilizados en los ataques en Francia fueron pagados con tarjetas anónimas”.

Las nuevas reglas requerirán  a las plataformas de cambio de monedas virtuales, como el bitcóin, y a los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos que apliquen controles de diligencia debida con respecto al cliente, lo que pondrá fin al anonimato asociado a dichos intercambios. Sargentini considera este cambio “bastante revolucionario” frente a la situación actual.

Kariņš explica que los propietarios de criptomonedas querrán convertirlos en euros si quieren comprar algo. “Ahí es cuando las criptomonedas entrarán en el sistema bancario europeo y en este punto queremos que los bancos pregunten quién es este cliente y de dónde proviene el dinero [virtual]”, agrega.

Ciudadanos y compañías

El objetivo de la legislación es acabar con la financiación criminal sin obstaculizar el funcionamiento normal de los mercados financieros y los sistemas de pago, como las tarjetas de débito de prepago. “El objetivo es crear problemas para los delincuentes, pero no para los ciudadanos europeos ordinarios y honestos”, subraya Karinš. “No queremos obligar a que la gente tenga que volver al dinero en efectivo, queremos mejorar el sistema digital”, agrega Sargentini.

Próximos pasos

El Parlamento y el Consejo de la UE ya alcanzaron un acuerdo informal sobre las nuevas normas el pasado diciembre. Ahora el pleno del Parlamento votará la legislación de manera oficial, el jueves 19 de abril. Una vez que la normativa obtenga el visto bueno oficial y entre en vigor, los Estados Miembros tendrán 18 meses para adaptar su legislación nacional.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

España destaca en la UE con uno de los mayores aumentos del número de empresas de elevado crecimiento entre 2015 y 2016

15 de abril, 2018

España destaca en la UE con uno de los mayores aumentos del número de empresas de elevado crecimiento entre 2015 y 2016

ieemadrid.es 12 abril 2018
Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre “High growth enterprises (growth by 10% or more) and related employment”, Eurostat, actualización de 14 de marzo de 2018.
Las empresas de alto crecimiento desempeñan un papel muy importante para la dinámica económica y la creación de empleo de un país. Se definen como aquellas empresas que han tenido un aumento medio anual del empleo del 10% o más a lo largo de un periodo de 3 años y que contaban con al menos 10 trabajadores en el momento en el que se inicia el crecimiento. En el conjunto de la UE‐28, el número de empresas de alto crecimiento ha llegado a 180.000 en 2016, un 14% más que el año anterior. Estas empresas cuentan con unos 15 millones de empleados.
Entre 2015 y 2016, se observa que las empresas de alto crecimiento se han expandido en todos los países, a excepción de Letonia, Estonia, Malta y Finlandia. Los mayores incrementos corresponden a Chipre con un 104% y Rumania con un 34%. España ocupa el tercer lugar. Las empresas de alto crecimiento han aumentado en nuestro país un 27% entre 2015 y 2016 y su número se sitúa en torno a 17.300, sólo superado por Alemania con casi 40.000 y el Reino Unido con 26.000. En Francia e Italia la tasa de crecimiento ha sido del 26%, mientras que Dinamarca ha registrado un 21%. Polonia, los Países bajos, Portugal e Irlanda superan el promedio de la UE, al tiempo que el Reino Unido se sitúa justo en el 14%.
Por debajo de la media están, entre otros, Austria (9%), Suecia (8%) y también Alemania que registra un 5%. En cuatro países de la UE el número de empresas de alto crecimiento ha disminuido, destacando las caídas en Estonia (‐30%) y en Letonia (‐38%).
Tasas de variación anual en el número de empresas de alto crecimiento entre 2015 y 2016 (En %)
Chipre 104       Austria 9
Rumania 34     Suecia 8
Eslovenia 29    Luxemburgo 8
España 27        Bélgica 7
Francia 26       Croacia 6
Italia 26           Rep. Checa 6
Dinamarca 21    Bulgaria 5
Polonia 19        Hungría 5
Países Bajos 18    Alemania 5
Portugal 18       Lituania 4
Irlanda 17         Finlandia ‐4
Reino Unido 14    Malta ‐18
UE‐28 14         Estonia ‐30
Grecia* 13       Letonia ‐38
Eslovaquia 12
* Datos de 2014/2015

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

UGT exige la derogación del Factor de Sostenibilidad para evitar su entrada en vigor en 2019

14 de abril, 2018

UGT exige la derogación del Factor de Sostenibilidad para evitar su entrada en vigor en 2019

Cuanto mayor sea la esperanza de vida más baja será la pensión

UGT | domingo, 8 de abril de 2018 ugt.es

•Convierte la esperanza de vida, que presupone igual para todos, en un coeficiente reductor de la pensión
•Afectará a la cuantía inicial de cada una de las pensiones independientemente de la edad de jubilación y de los años cotizados

•Al aplicarse a la base reguladora, no afecta a las pensiones más altas que se librarán de la rebaja que impone la longevidad

La Unión General de Trabajadores considera que el Factor de Sostenibilidad planteado por el Partido Popular en su reforma de 2013, y que se aplicará en el cálculo inicial de todas las pensiones a partir del 1 de enero de 2019, es un mecanismo innecesario- ya que el aumento del nivel de gasto en pensiones es sostenible-, altamente regresivo –porque se aplica sobre la base reguladora y no sobre la cuantía de la pensión, lo que supone que no afecta a las pensiones más altas-, opaco, discriminatorio –porque no afecta a las pensiones más altas, que se librarán de la rebaja que impone la longevidad-, y totalmente injusto –porque trata a los pensionistas como si todos tuvieran la misma esperanza de vida-. Además, discrimina por razon de sexo y las profesiones mas penosas con menos esperanza de vida son las más perjudicadas
El sindicato, que ya solicitó al Gobierno que aclarase cómo iba a afectar este mecanismo a las pensiones, subraya que el Factor de Sostenibilidad convierte los aumentos de la esperanza de vida en un coeficiente reductor de la pensión de manera que el importe total que perciba a lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de unos años sea el mismo que percibiría si no hubiese aumentado la esperanza de vida.

Su fórmula, poco sofisticada, tiene en cuenta las medias de las esperanzas de vida del conjunto de los pensionistas de la Seguridad Social (que se calculan cada cinco años) y se aplica a la cuantía inicial de la pensión, reduciéndola en esa proporción para toda la vida del pensionista y acumulando las elevaciones de las esperanzas de vida desde su entrada en vigor, lo que significa que acumula y aumenta el coeficiente reductor de cada revisión quinquenal con el de la anterior. Esto implica que la pensión se irá haciendo más baja cuanto mayor sea la duración media de vida, y los complementos a mínimos de las pensiones más bajas no eximen del recorte.

Los cálculos

Si tomamos en cuenta las estimaciones realizadas por Analistas Financieros Internacionales encargada por BBVA, en el primer cálculo de 2019, el Factor de Sostenibilidad reducirá la pensión en un 0,7% (otros cálculos lo cifran en un 0,5%, pero la diferencia material entre uno y otro es mínima), lo que, en términos mensuales, en una pensión de 1.000 euros/mes supondrá una reducción de 7 euros (bastante más que la subida por el 0,25% de revalorización). En términos anuales la reducción será de unos 100 euros.

Esta reducción se mantendrá para toda la vida de la pensión, pero los que se jubilen en 2024 tendrán ya una reducción aún mayor, del 4% por cada mil euros de pensión, es decir, cuarenta euros mensuales y 553 euros anuales. Y así irá sucediendo en cada revisión, cada cinco años.

A todo esto, habrá que sumar las pérdidas acumuladas de poder adquisitivo provocadas por el Índice de Revalorización (IRP) de la reforma de 2013, que se aplican por igual a todas las pensiones sin diferenciación de cuantías, ni de edad, ni de la fecha en la que se causó la pensión y supondrá  que el gasto en pensiones quede prácticamente igual en % del PIB (alrededor de un 12%) aunque el número de pensionistas pase de nueve a quince millones (un 50% más) en veinte años y que las pensiones individuales se reduzcan de forma considerable y generalizada, empujando a los activos a contratar planes de pensiones complementarios.

Si aumentan los pensionistas, se reducirá la pensión

Su filosofía es clara, aunque aumente el número de pensionistas, no se gastará más en pensiones, sino que se reducirá en proporción la pensión de cada uno.

Según datos de la Seguridad Social el gasto total en pensiones, sin el factor de Sostenibilidad ni el Índice de Revalorización, estaría en 2050, dentro de 30 años, en los niveles del PIB que hoy ya destinan otros importantes países de nuestro entorno como Austria, Italia, Francia, Portugal o Grecia, sin que por ello se vean en dificultades. No hay, por tanto, un problema de sostenibilidad por el crecimiento de la longevidad, ni tampoco por el aumento en el número de pensionistas debido a la jubilación de la generación del baby boom. Tampoco hay un problema de sostenibilidad, aunque sí hay lógicamente un aumento (asumible) en el volumen de gasto en % del PIB respecto al actual.

Del limitado efecto demográfico (y sobre el gasto) del incremento de la longevidad se deriva, por otro lado, la cuestión de que el principal factor de recorte de las pensiones no será el Factor de Sostenibilidad sino el Índice de Revalorización de las Pensiones que impide el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

La caída de un 30% en términos reales (por efecto de los precios) cada veinte años de vida del pensionista del importe de su pensión supone un recorte de gasto en pensiones de por lo menos el triple que el del Factor de Sostenibilidad.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Callar

13 de abril, 2018

Callar es más prudente,

más seguro, más cómodo, más práctico,

callar es más astuto,

más rentable,

más útil,

callar no da problemas,

callar evita líos,

callar trae más cuenta,

callar impide que se cuelen moscas

en la boca, callar propio es de sabios,

se está muy bien

callado.

Porque el que calla

otorga

licencia, impunidad,

perdón, facilidades

y patente de corso,

y por la boca muere el pez y siempre

se ha de sentir lo que se dice y nunca

decir lo que se siente

si se quiere triunfar

en sociedad

y recibir migajas

del gran pastel

del mundo.

 
Jesús Munárriz

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Economía reduce los recargos del seguro de riesgos extraordinarios

13 de abril, 2018

02 de abril de 2018 mineco.gob.es

Economía reduce los recargos del seguro de riesgos extraordinarios

La rebaja media en el importe de los recargos es del 13%, lo que abaratará las pólizas de particulares y empresas
El Consorcio de Compensación de Seguros cuenta con reservas suficientes debido a la moderación de la siniestralidad

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha aprobado una reducción del importe de los recargos que aplica el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para cubrir riesgos extraordinarios. En concreto, a través de una Resolución de la DGSFP, se rebaja en media un 13% el importe de los recargos para riesgos extraordinarios mediante el ajuste de las tasas para la cobertura de daños en los bienes (como las viviendas y comunidades y los riesgos industriales), de la tasa para daños a personas y de la tasa para la cobertura de pérdidas pecuniarias. Para calcular el porcentaje de rebaja en cada uno de los casos se ha estudiado la siniestralidad en el periodo 1987-2016 así como su severidad.

Por el carácter catastrófico de los riesgos cubiertos, el Consorcio debe constituir una reserva de estabilización destinada a cubrir las desviaciones negativas y desfavorables de la siniestralidad. Esta reserva tiene carácter acumulativo al generarse a partir del excedente de cada ejercicio (diferencia entre los ingresos por recargos y los gastos por siniestros). La evolución de la siniestralidad derivada de los riesgos extraordinarios se ha mantenido, de un tiempo a esta parte, en un nivel moderado, lo que ha permitido un crecimiento significativo de la reserva de estabilización hasta alcanzar un nivel suficiente para afrontar dichos riesgos. A través de la presente medida se pretende reducir el ritmo de crecimiento de la reserva de estabilización, permitiendo un ahorro para los asegurados.

A su vez, la Resolución de la DGSFP actualiza el contenido de las cláusulas de cobertura del seguro de riesgos extraordinarios que se deben insertar en las pólizas de seguro.

El Consorcio de Compensación de Seguros es el organismo público que se encarga, entre otras funciones, de compensar los daños producidos a las personas y en los bienes por determinados fenómenos de la naturaleza, actos de terrorismo y otros eventos extraordinarios. Como condición, se debe tener suscrita una póliza en alguno o algunos de los ramos respecto de los que la legislación vigente establece la obligación de incluir en sus correspondientes coberturas la garantía de estos riesgos.

Puede consultar la Resolución completa en:

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/legislacion/2018/180402_RESOLUCION_TARIFAS.pdf .

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales

12 de abril, 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación 10 abril 2018
Nota de prensa mjusticia.gob.es
Defecto en el acceso al sistema del pasado mes de julio
Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales
CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía
Protección de Datos reconoce la colaboración del Ministerio de Justicia y los esfuerzos inmediatos realizados para mitigar los efectos del error
El Ministerio ha puesto en marcha 69 medidas correctivas y preventivas 10 de abril de 2018.- Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno.
Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.
La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.
Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.
Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.
Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo confirma las multas por 16,9 millones de euros al Banco Santander por dos infracciones en la comercialización de uno de sus productos

11 de abril, 2018

Lunes, 9 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma las multas por 16,9 millones de euros al Banco Santander por dos infracciones en la comercialización de uno de sus productos

La entidad financiera fue multada por no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión de su producto “Valores Santander”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la resolución del Subsecretario de Economía y Competitividad, de 16 de mayo de 2013, que a su vez confirmó dos sanciones: la primera de ellas, la resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de 13 de junio de 2012, que impuso al Banco Santander una multa de 10 millones de euros, como autor de una infracción grave prevista en el artículo 100.t/ de la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores (redacción anterior a 21 de diciembre de 2007), por no disponer de información necesaria sobre sus clientes en el proceso de suscripción de la emisión del producto “Valores Santander”.

La segunda sanción que ha sido confirmada es la Orden de 20 de julio de 2012 del Secretario de Economía y Apoyo a la Empresa, por delegación del Ministro de Economía, y a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que dictó una multa de 6,9 millones de euros por otra falta, en este caso muy grave, prevista en el artículo 99.z.bis/de la misma ley (redacción posterior a 21 de diciembre de 2007), por el incumplimiento de alguna de las obligaciones que regulan la relación entre la entidad financiera y su cliente respecto al mismo producto.

La Sala ha estimado el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, por un lado, anuló la primera de las multas citadas -10 millones de euros por una falta grave- y, por otro lado, mantuvo la segunda de ellas -6,9 millones de euros por falta muy grave. Al mismo tiempo, ha desestimado el recurso de casación del Banco Santander en el que solicitaba la nulidad de esta última sanción.

El tribunal indica que no comparte el criterio de la sentencia recurrida respecto a la primera de las multas y explica que los Valores Santander, de acuerdo con la resolución sancionadora, fueron calificados por el propio banco como producto “amarillo”, que significa de riesgo y complejidad media, lo que suponía, conforme al Manual de procedimientos del Grupo Santander para la comercialización minorista de productos, que debían de comercializarse de forma generalizada entre los clientes que, al margen de sus objetivos de inversión y experiencia inversora, tuvieran un patrimonio superior a 200.000 euros. Añade que también podía comercializarse –aunque de forma no habitual- entre clientes con patrimonio inferior a 200.000 euros siempre que cumplieran dos condiciones: la primera, que los comerciales considerasen que el producto se ajustaba al perfil del cliente; y la segunda, que el cliente firmase un documento en el que reconocía haber sido informado de las características y riesgos del producto, haber hecho su propio análisis y haber decidido proceder a la suscripción del mismo.

La sentencia señala que el banco procedió siguiendo “criterios meramente patrimoniales, de manera que, sin tener en cuenta ni la experiencia inversora ni los objetivos de inversión de los clientes, procedió únicamente a segmentarlos en tres categorías: categoría A (Banca Privada), para aquellos con patrimonio superior a 500.000 euros; categoría B (Banca Personal), para patrimonios entre 200.000 y 500.000 euros, y categoría C (Banca de Particulares), para patrimonios inferiores a 200.000 euros.

El tribunal concluye que “no hay en el expediente ningún dato o documento que acredite el cumplimiento de la obligación de recabar información y perfilar a los clientes; ni consta que el banco diese a los comerciales ninguna instrucción o directriz que tuviera como finalidad impartir criterios objetivos para que la determinación la adecuación del producto al perfil de cliente se hiciera por todos los comerciales de forma relativamente homogénea”.

“Por todo ello consideramos que aunque la fecha de la emisión del producto denominado Valores Santander es anterior a la trasposición de las Directivas MIFID por la ley 47/2007, que introdujo una regulación más pormenorizada de la obligación de recabar información de los clientes, dicha obligación ya se recogía en la anterior redacción del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores, que es la aplicable al caso, y Banco Santander, S.A. la incumplió, en los términos y por las razones que acabamos de exponer”, subraya la Sala.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Unai Sordo advierte de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas y un reparto justo del crecimiento”

11 de abril, 2018

Unai Sordo advierte de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas y un reparto justo del crecimiento”
Los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado “no son los que necesita este país para reducir el paro y la desigualdad. El gasto social crece menos de lo que crece el conjunto de la economía y, por tanto, está incidiendo en una distribución mas injusta de la riqueza”. Así, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho que “necesitamos unos presupuestos más expansivos a partir de una profunda reforma fiscal”.
06/04/2018. ccoo.es

Unai Sordo en una asamblea en Cuenca
El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha advertido hoy de un “proceso de movilización creciente si no se produce un cambio de políticas en beneficio de la mayoría social y un reparto justo del crecimiento económico y de la riqueza”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Cuenca, junto con el secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, y la secretaria general de CCOO de Cuenca, Mª José Mesas, en una asamblea con cerca de 200 delegadas y delegados sindicales.

“En España se producen más bienes y servicios que antes de la crisis, tenemos una previsión de crecimiento en torno al 3%, llevamos cuatro años creciendo mientras que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y las personas pensionistas y jubiladas no ven que sus pensiones se revaloricen”.

Además, “la precariedad sigue instalada en el conjunto de la sociedad, principalmente la sufren mujeres y jóvenes, consecuencia de las reformas que se han adoptado durante la crisis (la Reforma Laboral y la de pensiones, entre otras), pensando en devaluar el país, y que siguen operando e impiden una distribución justa de la riqueza”.

Una Sordo ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado que se han presentado “no son los que necesita este país para reducir el paro y la desigualdad. El gasto social crece menos de lo que crece el conjunto de la economía y, por tanto, está incidiendo en una distribución mas injusta de la riqueza”. Así, ha dicho que “necesitamos unos presupuestos más expansivos a partir de una profunda reforma fiscal”.

“No puede ser que para hacer populismo de derechas y satisfacer las pretensiones de Ciudadanos se sigan perdonando impuestos en España y se siga reduciendo la presión impositiva en 2.000 millones de euros cuando España está 8 puntos por debajo en recaudación fiscal con respecto de la media de la UE. Son entre 15.000 y 17.000 millones de euros los que en los últimos 3 años se han dejado de recaudar por hacer propuestas de populismo fiscal que quizás dé votos, pero que no sirven para mejorar las cuentas públicas, las de la Seguridad Social, la capacidad de inversión del poder público, y la posibilidad de crecer de una forma más justa”, ha denunciado Unai Sordo.

En este sentido, el secretario confederal de CCOO ha insistido en que “si no hay un cambio en la orientación de las políticas laborales, de pensiones, de igualdad y fiscales va a haber un proceso de movilización creciente en este país”.

CCOO tenemos propuestas en materia de empleo, salarios, igualdad, pensiones, etc y “tenemos auténtica voluntad de negociarlas, pero no vamos a estar negociando medidas de cartón piedra. Queremos medidas que en profundidad cambien la dinámica de crecimiento que está instalada en este país”.

“Si hay negociación vamos a ir a la negociación, pero si no hay negociación con contenido vamos a ir a la movilización y al conflicto”.

“Necesitamos recuperar los salarios para que las y los trabajadores recuperen poder adquisitivo. Los salarios han perdido de media un 7% de poder adquisitivo, en torno a un 22% los salarios más bajos, y esto es consecuencia de una Reforma Laboral que se ha hecho para devaluarlos. También las pensiones, garantizando el Sistema Público de Pensiones que es posible y viable y en ese empeño vamos a estar las CCOO”, ha hecho hincapié Unai Sordo

A preguntas de los periodistas sobre si “otoño caliente”, el secretario general de CCOO ha afirmado que “tiene pinta porque a día de hoy no parece que haya una voluntad por parte del Gobierno de reconducir las reformas y políticas adoptadas”.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha subrayado que para este sindicato es una “prioridad la recuperación de los derechos que en los últimos años han sido arrebatados, así como la conquista de otros nuevos derechos. Si esto no se produce, CCOO está en disposición de disputar en la calle la conquista de esos derechos”.

De la Rosa ha afirmado que “nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos. Un futuro en el que las personas tenemos que recuperar el protagonismo social que nos corresponde”.

Por último, ha pedido al empresariado y a los gobiernos y partidos políticos “responsabilidad y compromiso” para que la recuperación llegue a las personas.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cuenca ha instado al Gobierno a que se deje de “falsos discursos y mentiras” y negocie con los agentes sociales medidas para la mayoría social para garantizar un presente y un futuro digno para las personas.

Asimismo, ha asegurado que la actitud de “resistencia” por parte de la patronal nacional CEOE-Cepyme a que la riqueza se distribuya de una forma justa entre el capital y el trabajo “debe desaparecer”. Es imprescindible que la clase trabajadora sea partícipe del crecimiento vía salarios y empleo de calidad, ha remarcado Mesas, quien ha añadido que “derogar la Reforma Laboral va a seguir siendo nuestro caballo de batalla”.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La reciprocidad en las relaciones internacionales

10 de abril, 2018

La reciprocidad en las relaciones internacionales
Manuel Morales Lama

listindiario.com

En la actualidad la reciprocidad es considerada un principio universalmente aceptado del derecho internacional de indispensable aplicación en las relaciones internacionales, en virtud del cual, en ausencia de norma aplicable a una materia, o como complemento a una norma existente, un Estado adopta una determinada conducta en respuesta simétrica a la adoptada por otro Estado. (M. Morcillo /A. Plantey)

Así, por ejemplo, cabe recordar que en materia de status diplomático en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece que, respetando las disposiciones del Convenio, pueda un Estado aplicar a otro una interpretación restrictiva del mismo en respuesta a una actitud similar de éste, o puedan aplicarse recíprocamente dos países un trato más favorable en la materia. El principio no puede ser interpretado en el sentido de que una nación, por el hecho de seguir una determinada conducta ante otra, tenga derecho a exigirle un trato paralelo, la interpretación estriba en que un Estado puede rehusar un determinado trato a otro, si éste último no adopta ante el primero una actitud similar a la de éste. En igual dirección se podría afirmar que la reciprocidad es un principio de gran arraigo en el ámbito internacional que permite, en gran medida, que las relaciones diplomáticas sean posibles. Ese principio ha servido de base para la aplicación de los privilegios e inmunidades diplomáticos, para las leyes de la defensa, y asimismo para mecanismos relativos al incumplimiento de disposiciones contenidas en tratados internacionales (Francesco Parisi/Martínez Lage).

En el ámbito político, varios autores citan un acontecimiento histórico de aplicación de la reciprocidad en este marco. Se trata de la suscripción del Acuerdo de Principios Básicos entre el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y el Presidente de la desaparecida Unión Soviética Leonid Brezhnev, que tuvo lugar en Mayo de 1972, el cual establece que las discusiones y negociaciones con respecto a asuntos pendientes entre Estados Unidos y la Unión Soviética serían llevadas a cabo tomando en cuenta el principio de la reciprocidad y que las partes tratarían de “complacerse” mutuamente con el objetivo de obtener mutuos beneficios.

La reciprocidad es, sin duda, un concepto práctico en las relaciones internacionales. En ese sentido es una acción equivalente que depende de una acción o reacción de otro Estado. La equivalencia no requiere ser absoluta para que halla reciprocidad y en algunos casos es imposible determinar si una acción es exactamente equivalente a la otra. ¿Cómo saber la equivalencia entre la promesa de un Estado de defender a otro frente a un tercer Estado y la autorización del otro Estado a que el primero pueda instalar sus tropas en su territorio?. Es difícil, en ciertos casos, determinar si la acción que es reciprocada es exactamente equivalente con la que se recíproca. El requisito de la equivalencia en la reciprocidad ilustra el hecho de que muchas relaciones en el ámbito internacional no son recíprocas. En ese sentido, determinados autores coinciden en afirmar que históricamente han existido “reclamaciones o exigencias de reciprocidad que pueden ser fraudulentas al estar escondiendo el dominio o la explotación”. Hay que resaltar que en la teoría de las relaciones internacionales la reciprocidad ha sido considerada como un instrumento para lograr el desarrollo de relaciones de mutua confianza y obligaciones recíprocas a largo plazo y un incentivo para el cumplimiento de las normas internacionales. Igualmente, se ha considerado un principio fundamental para la interacción de Estados para el manejo eficaz en casos de crisis. La reciprocidad ha jugado un importante papel en generar cooperación y resolución de conflictos entre Estados. Pero también puede jugar un rol fundamental en la dinámica de un conflicto, pudiendo dar lugar a un ciclo recíproco de violencia dependiendo de la naturaleza de la acción que se recíproca (Anat Niv-Solomon).

En ese contexto, cabe recordar que la cooperación, sostiene Robert O. Keohane, debe respetar el principio de la soberanía de los Estados. Asimismo, la reciprocidad ha sido considerada como una forma adecuada de comportamiento que genera cooperación entre Estados soberanos. Determinados autores han dividido la reciprocidad en específica y difusa. En la específica las obligaciones y los derechos son atribuidos a actores determinados. La difusa conlleva a que se actúe conforme a parámetros de comportamiento generalmente aceptados. La reciprocidad puede tener lugar tanto entre dos Estados, o sea, de manera bilateral o entre más de dos Estados, o sea, de manera multilateral. La reciprocidad implica una acción condicionada que depende de las acciones de los otros.

Finalmente, debe recordarse que la reciprocidad, en modo alguno, podría interpretarse como represalia. Si bien, manejos inexpertos en la aplicación de la reciprocidad pudieran interpretarla y aplicarla, en cierto sentido, de esa forma. Recuérdese que la represalia, conforme lo señala Martínez Morcillo, es una reacción limitada de un Estado contra una determinada conducta de otro Estado que le perjudica, que es contraria al derecho internacional, pero que se presume justificada por la previa violación de ese mismo derecho por el otro Estado. Sin duda la represalia es una reacción contraria al espíritu y esencia de la reciprocidad. En el marco de las relaciones humanas propiamente dichas, existe una dinámica semejante en determinada forma a la reciprocidad. Incluso en el lenguaje coloquial se califica de inconsecuentes a las personas que no actúan conforme a tal dinámica. Naturalmente, por obvias razones, esto último corresponde a otras consideraciones.

El autor es Premio Nacional de Didáctica y diplomático de carrera.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el valor de referencia del mercado del catastro

10 de abril, 2018

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Gabinete de prensa minhafp.gob.es
Comunicado del Ministerio de Hacienda y Función Pública
5 de abril de 2018. Ante la información publicada en Expansión y recogida por otros medios de información, en relación con la adecuación del valor catastral de la vivienda al de mercado, “lo que supondría un mayor pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, este Ministerio asegura que es falso.
El proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al Valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los Ayuntamientos.
El nuevo valor de referencia del mercado nace para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia. Será una herramienta útil para controlar el fraude. El nuevo valor se referencia se ofrecerá como índice, garantía y transparencia en el mercado inmobiliario.
Este nuevo valor será calculado por el Catastro a partir de los precios de transacción inmobiliaria comunicados por los fedatarios públicos y que serán contrastados con otras fuentes de información. Estará disponible para las AAPP y los ciudadanos.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Estado destina a Justicia un total de 1.926 millones de euros en 2018, un 3,1% más que el año anterior

9 de abril, 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
Presupuesto del Ministerio de Justicia
El Estado destina a Justicia un total de 1.926 millones de euros en 2018, un 3,1% más que el año anterior
Los objetivos son una Justicia con más medios, una Justicia para las personas y una Justicia de futuro
Se convocarán 300 nuevas plazas para jueces y fiscales y 3.759 para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia
Se destinarán 58,8 millones de euros para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
4 de abril de 2018.- El gasto público en Justicia del Estado se elevará en 2018 hasta los 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% respecto a la partida asignada a esta materia en 2017. Con 1.754 millones de euros de presupuesto, el Ministerio de Justicia es la institución a la que se destina la mayor inversión, el 91%, mientras que el 9% restante se reparte entre los organismos autónomos dependientes del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial.
El presupuesto del departamento que dirige Rafael Catalá incide en una Justicia con más y mejores medios personales y materiales, en mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita, fortalecer nuestro modelo de lucha contra la violencia de género y de asistencia a las víctimas de delitos y en avanzar en el proceso de transformación digital y organizativa de la Justicia iniciado en los últimos años.
En el capítulo de gastos de personal se destinarán a lo largo de 2018 1.382,8 millones de euros, el 78,7% del presupuesto total del Ministerio, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a las cuentas del pasado ejercicio. Esta dotación se traducirá en un aumento retributivo del 1,75 para el personal de la Administración de Justicia y en la mejora de la calidad y profesionalización del empleo mediante una Oferta de Empleo Público que incluirá 3.759 plazas. La Ley de Presupuestos Generales del Estado califica como prioritaria la Administración de Justicia por lo que habilita una tasa de reposición del 100% para los distintos Cuerpos, lo que permitirá este año la creación de 1.087 nuevas plazas. Además, y con objeto de reducir la temporalidad se ofertarán otras 2.672 plazas hasta ahora ocupadas por personal interino. Asimismo, la Oferta de Empleo Público de 2018 permitirá la incorporación de 300 nuevos jueces y fiscales.
Justicia apuesta también por una mejora de las prestaciones sanitarias y sociales de sus profesionales, partidas que recibirán este año 104,5 millones de euros a través de la Mutualidad General Judicial y por el refuerzo de su formación, a la que se destinarán 10 millones de euros para la carrera fiscal, letrados y otros Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia en el Centro de Estudios Jurídicos.
En cuanto al plan de infraestructuras y equipamientos, se destinarán este año 50,1 millones de euros, un 50% más que en 2017, para la construcción de nuevos edificios judiciales en Baleares (Ibiza, Ciudadela y Manacor), Castilla-La Mancha (Albacete, Casas Ibáñez, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina y Torrijos), Castilla y León (Valladolid, Segovia, Lerma y Vitigudino), Extremadura (Badajoz y Navalmoral de la Mata) y Región de Murcia (Lorca).
Asimismo, se realizarán obras de rehabilitación y mejora en las audiencias provinciales de Soria, Salamanca y Toledo, los palacios de Justicia de Palencia y Trujillo, en la sede del Tribunal Supremo, en los edificios judiciales de Manzanares (Ciudad Real), Motilla del Palancar (Cuenca), Puertollano (Ciudad Real), Burgos de Osma (Soria) y en el antiguo edificio del Banco de España en Ceuta. Dentro de esta partida se contempla una inversión de 6,2 millones de euros para actuaciones de modernización y renovación tecnológica de equipos en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Por otro lado, se destinarán 108,6 millones de euros a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, lo que supone un incremento del 31% respecto a 2017. En este capítulo, las cuentas del Ministerio de Justicia reflejan el esfuerzo presupuestario derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que supondrá asignar 58,8 millones de euros a la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, a las Oficinas de la Asistencia a las Víctimas y a las Unidades de Valoración Forense Integral, lo que permitirá mejorar con más medios personales y materiales la atención profesional a las víctimas e incrementar el número de mujeres a las que se presta asesoramiento. Por otro lado, la dotación para financiar la asistencia jurídica gratuita se eleva un 32,6% hasta los 48,7 millones de euros con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen por la prestación de este servicio desde los colegios de abogados y procuradores.
En cuanto a la transformación digital de la Administración de Justicia, el presupuesto de 2018 contempla una inversión de 131,3 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista. Además, se incrementará la seguridad de los sistemas de la Administración de Justicia a través del fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos y se pondrá en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico que permitirá mejorar la monitorización en tiempo real de los servicios. En esta partida se incluyen también 2,8 millones de euros que Justicia invertirá en la transformación y modernización tecnológica del nuevo Registro Civil digital.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La economía española crecerá un 2,7% este año y se crearán cerca de medio millón de nuevos empleos

8 de abril, 2018

27 de marzo de 2018 – mineco.gob.es
La economía española crecerá un 2,7% este año y se crearán cerca de medio millón de nuevos empleos
El PIB sube cuatro décimas respecto a la última previsión realizada por el Gobierno el pasado octubre
La tasa de desempleo se situará en el 15% al cierre del año, con cerca de 350.000 personas menos en paro
La inversión y las exportaciones son los dos componentes más dinámicos del crecimiento en este ejercicio
Por tercer año consecutivo, tanto la demanda interna como la externa contribuyen a la mejora de la economía
El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización del escenario macroeconómico que se incluye en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. La principal novedad respecto a la anterior previsión es la revisión al alza de cuatro décimas del PIB para este año, hasta el 2,7%. Este incremento se explica, por un lado, por la menor incertidumbre política existente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. También contribuye la favorable evolución de la inversión y la mejora de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la zona euro.

En términos de empleo, el ejercicio se saldará con la creación de 475.000 puestos de trabajo, una reducción del paro de 339.000 personas y una tasa de desempleo al cierre del año del 15%. En los años 2017 y 2018 se habrán creado alrededor de un millón de empleos y al cierre de este ejercicio se alcanzarán los 19,5 millones de ocupados. Se trata de previsiones prudentes y conservadoras, en línea con las de las principales instituciones internacionales.

España mantiene, de esta forma, un crecimiento sostenible, generador de empleo y con un sector productivo abierto al exterior. La economía española va a seguir situándose en 2018 a la cabeza del crecimiento entre las principales economías europeas y cerrará el ejercicio acumulando seis años de superávit de la balanza por cuenta corriente y con una competitividad exterior a niveles previos a la crisis. Además, se ha producido un importante desapalancamiento del sector privado, de casi 60 puntos porcentuales desde su máximo en 2010, una tendencia que va a continuar en este ejercicio.

En 2018 tanto la demanda interna como la externa registran aportaciones positivas al crecimiento de España, una tendencia que se mantiene por tercer año consecutivo. La aportación de la demanda nacional alcanza los 2,3 puntos porcentuales (pp) frente a los 1,8 pp en la anterior previsión, con un comportamiento más dinámico de la inversión en capital fijo y del consumo. Por su parte, la demanda externa aporta una décima menos de lo previsto en el anterior escenario, hasta los 0,4 pp.

Las hipótesis en las que se basa el cuadro macroeconómico que se ha presentado hoy prevén un mayor crecimiento del PIB mundial, excluida la zona euro, hasta el 4,1% respecto a las proyecciones de octubre, y también un mayor crecimiento en el PIB de la zona euro, 2,4% frente al 1,8% anterior. Asimismo, se prevé un encarecimiento mayor del barril de Brent, hasta los 66,4 dólares. Se mantiene, por su parte, la misma previsión de los tipos de interés a corto plazo, en el –0,3%, y se revisan a la baja los tipos a largo, situándose en el 1,6%.

Finalmente, el crecimiento de la economía seguirá caracterizado por la estabilidad de precios, con una revisión a la baja del crecimiento del deflactor del consumo privado de dos décimas, hasta el 1,4%, y del deflactor del PIB de una décima, hasta el 1,5%.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Los registradores y el consorcio Alastria explorarán las posibilidades de la tecnología blockchain

7 de abril, 2018

Los registradores y el consorcio Alastria explorarán las posibilidades de la tecnología blockchain

Notas de prensa – registradores.org
05.04.’18.- El Colegio de Registradores de España ingresa en el consorcio Alastria en virtud del convenio firmado esta mañana en su sede por su decana María Emilia Adán, María Parga como vicepresidenta de Alastria, y Javier Ibáñez, integrante del equipo promotor de Alastria y sponsor del Comité de Investigación y Transferencia Tecnológica del consorcio.

Alastria es una asociación sin ánimo de lucro que surge del sector privado, que reúne a los principales actores del mundo económico y empresarial en España y que fomenta la economía digital en nuestro país a través del desarrollo de una plataforma blockchain.

María Emilia Adán ha destacado la necesidad ineludible de que el Colegio, en su voluntad de servir mejor a la sociedad, forme parte de las instituciones que han de impulsar la implantación de una de las innovaciones más importantes para la sociedad. Al mismo tiempo, ha recordado que los registradores se han caracterizado siempre por liderar las nuevas tecnologías en el ámbito jurídico. “Estoy segura de que los registros pueden beneficiarse de las ideas brillantes de los grupos de trabajo que funcionan en el consorcio y a la vez, sin perder de vista nuestro compromiso con los principios hipotecarios, aportar nuestra opinión cualificada en el seno de los comités de real estate, identidad digital, legal y de universidades”.

Por su parte, María Parga se mostraba muy satisfecha de incorporar a los registradores, ya que “sobre la Red Alastria, el Colegio de Registradores podrá generar casos de uso que permitan a toda la sociedad beneficiarse de esta nueva tecnología”. También ha destacado que este acuerdo es un importante paso en el crecimiento de Alastria como entidad multisectorial representativa de todos los sectores de la sociedad española.

Al acto también ha asistido Javier Ibáñez, miembro del profesorado de ICADE, director del Observatorio Fintech Comillas Everis, director de la Cátedra Garrigues de Derecho de Sociedades y representante de las universidades españolas en Alastria, quien ha afirmado que el convenio suscrito supone una gran oportunidad para impulsar la investigación en blockchain y promover la transferencia tecnológica de las universidades hacia la sociedad.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La bolsa negocia 49.277 millones de euros en marzo

7 de abril, 2018

La bolsa negocia 49.277 millones de euros en marzo

bolsamadrid.es

La Bolsa española ha negociado en marzo en Renta Variable 49.277 millones de euros, un 5,8% más que en febrero y 15,4% menos que hace un año, dado que en marzo de 2017 se incorporaron al mercado varias empresas, entre ellas Prosegur Cash y Neinor Homes que aumentaron los volúmenes de actividad durante ese mes. El número de negociaciones en marzo fue de 3,82 millones, lo que sitúa el acumulado hasta marzo en 12,48 millones.

El mercado de Derivados Financieros aumenta la negociación un 2,8% respecto a marzo de 2017, con un incremento en la negociación de Futuros sobre IBEX 35, Futuros Mini IBEX, Opciones sobre IBEX 35 y Futuros sobre Acciones. Asimismo, la posición abierta aumenta un 30,5% en Futuros Mini IBEX, un 40% en Opciones sobre IBEX 35 y un 15,3% en Futuros sobre Acciones.

En Renta Fija destaca en marzo el volumen de nuevas emisiones incorporadas a negociación en el MARF, que alcanzó los 463 millones de euros y representa un incremento del 30,9% con relación al mismo periodo del año anterior.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

El Tribunal Supremo condena a indemnizar con 10.000 euros a una exclienta de Vodafone incluida en un fichero morosos por no pagar las penalizaciones

6 de abril, 2018

Jueves, 5 de abril de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo condena a indemnizar con 10.000 euros a una exclienta de Vodafone incluida en un fichero morosos por no pagar las penalizaciones

La Sala señala que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor.
El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso.

El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012 S.L., a quien Vodafone había cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011, y que desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.
La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012 S.L. un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a ésta en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos. La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar.

Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias. En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

Deudas no pacíficas

En su sentencia, el Supremo aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos, y destaca que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”.

“Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, agregan los magistrados.

Asimismo, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, “cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada”

La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, “no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado”, indican.

El tribunal cree que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. “Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido”, señala la sentencia, que agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito “constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó sus datos en los registros de morosos”.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La juez Carmen Lamela procesa al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

6 de abril, 2018

Jueves, 5 de abril de 2018 poderjudicial.es

La juez Carmen Lamela procesa al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal

La magistrada de la Audiencia Nacional también acuerda el procesamiento del exdirector de los Mossos y de una intendente de ese cuerpo policial y del ex secretario general de Interior de la Generalitat de Cataluña

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado este jueves el procesamiento del ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluís Trapero por un delito de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y por la jornada del 1 de octubre.

La magistrada también procesa por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La instructora procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, Lamela detalla todos los indicios incriminatorios recabados durante la investigación que le permite concluir que los procesados pertenecen y han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

Una organización criminal jerarquizada con Puigdemont en la cúspide

En el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada, la magistrada describe el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la utilización ilegal de los Mossos, en especial en los actos acaecidos el 20 y 21 de septiembre de 2017 junto a la Consejería de Economía de Barcelona y el 1 de octubre durante la celebración del referéndum ilegal.

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

Respecto a la jornada del 1 de octubre, la juez argumenta y detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Josep Lluís Trapero para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

Después de analizar las conductas investigadas, la juez concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas.

La juez recuerda los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat de Cataluña” (Carles Puigdemont), con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

Delitos de sedición

La magistrada considera que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra los días 20 y21 de septiembre, así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición, como autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio y, “con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

“Lejos de actuar –añade Lamela- se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.

En el caso de la jornada del 1-O, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que estos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

La magistrada recuerda la jurisprudencia sobre este delito que requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, pues es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas. Se trata de un delito de mera actividad, que se consuma por la simple acción de alzarse, aunque no se consigan los fines propuestos.

En los hechos investigados concurre, según Lamela, un dolo específico, que es el de la intención última por parte de los procesados de “romper la organización territorial del Estado”, en tanto que sus actos iban encaminados a declarar la independencia de una parte del territorio nacional, violando la legalidad constitucional, por lo que en este caso, concluye Lamela, “deben ser también considerados como delitos contra la forma de gobierno”.
Indicios recabados a lo largo de la instrucción

La juez detalla en su resolución los indicios de responsabilidad criminal a los que llega tras la práctica de diligencias a lo largo de la instrucción. En el caso de los hechos relativos a los días 20 y 21 de septiembre, señala las diligencias extendidas por la letrada de la Administración de Justicia tras los sucesos, así como el tráfico de llamadas en esos dos días. En total, según el auto, fueron 17 llamadas entre Trapero y el entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y 29 de Trapero con el que era conceller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

Por lo que se refiere a los hechos del 1 de octubre, la magistrada recoge las intervenciones telefónicas y la documentación intervenida en el domicilio de José María Jové, entre la que destaca el documento ENFOCATS que diseñó la hoja de ruta hacia la independencia y el papel que jugarían los distintos actores, entre ellos los Mossos.
La juez recoge también el informe de la Guardia Civil en relación con las comunicaciones que se llevaron a cabo a través de las conferencias de las diferentes Regiones Policiales en las que se constata que la víspera del día 1 de octubre ya se conocía el escenario que se iba a dar el día siguiente, donde puntos de votación designados por organizadores del referéndum de autodeterminación con el Gobierno catalán al frente, se encontrarían abiertos y ocupados por ciudadanos que no tenían intención de desalojarlos o cerrarlos de manera voluntaria.

Igualmente, se registran comunicados generales de las Salas regionales de Mando, a todos los indicativos de servicio, recordándoles la prioridad que es informar sobre movimientos de fuerzas de la Guardia Civil o de Policía nacional que observen, con indicación de vehículos, número de agentes y dirección que llevaban. “También ha podido comprobarse la existencia de cierta connivencia entre algunos responsables de puntos de votación con los agentes de los Mossos d’Esquadra que cubrían esos puntos, como por ejemplo, la que tuvo lugar en la Región de Girona, donde indicativos policiales llegaron a comunicar que los responsables de los punto de votación habían hablado con los agentes y les explicaban que la ‘estrategia que van a seguir si en ese centro se presentan las Fuerzas de Seguridad del Estado’, manifestándoles que les harían un pasillo para dejarles entrar y poder llegar hasta las urnas y que estas las habían atornillado a la mesa”, según dicho informe policial recogido en el auto.

Ojeadores civiles

Además, hay otros comunicados en los que los agentes indican a su central que han situado “ojeadores” (personas civiles) en un punto elevado que avisarían de la llegada de las Fuerzas de Seguridad. Igualmente se recogen comunicados en el sentido de que, ante actuaciones policiales de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes debían separarse de la zona para que no se les viera.

El auto también incorpora audios en los que se refleja toda la actividad desplegada desde la Dirección de los Mossos a fin de hacer “totalmente ineficaz” la intervención de los agentes el 1 de octubre y en los que se pone de manifiesto “la falta de previsión en la confección del dispositivo, la falta de planificación y las deficiencias que ya se manifestaron desde el inicio del servicio en cuanto a los indicativos que tenían asignados en cada centro de votación, lo que motivó el colapso de los operadores con la consiguiente sensación de descontrol percibida por los indicativos en servicio”. Igualmente consta cómo la entrada efectiva de servicio se realizó fuera de la hora prevista, a las 6 de la mañana, que en algún caso llegó a producirse pasada las 9 horas.

Código alternativo “Clave 21”

También se desprende del contenido de las comunicaciones la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales puesto que “se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que solo observen e informen y se sitúen en posición segura”.

Asimismo, continúa el auto, se ha descubierto la utilización de un código propio -“Clave 21”-, que consistía en la utilización de un canal alternativo –disponiendo cada dotación de un número de contacto al que llamar- para emitir informaciones o incidencias que no debían transmitir por la emisora corporativa, para lo cual se usaron tanto móviles particulares como corporativos.

De igual manera se constata, dice la juez, las vigilancias de las que fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano. No se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes “sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesasen en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos. De hecho, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.

Por último, subraya el auto, las comunicaciones muestran que los indicativos de los Mossos se limitaron a decomisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez terminada la votación y realizado el recuento o cuando eran abandonas en la calle tras contar los votos. Incluso, apunta, las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento.

Las fotografías y los videos incorporados al procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, “la actitud de pasividad” de los Mossos en los colegios el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, “llegando incluso a actuar contra los agentes de policía nacional y guardia civil”.

La juez también recoge la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos –el mando designado para coordinar a todos los cuerpos policiales- en la que señaló que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que las pautas partían de que si se daban determinada condiciones –si había mucha gente, si había menores o personas mayores, o si eran pacíficos- no se haría uso de la fuerza, por lo que se estaba se estaba configurando el escenario de que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, por lo que “tenían la excusa perfecta para no actuar”.

En su auto, la juez también incorpora el testimonio de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes del instituto armado a los colegios electorales de “total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, desoyendo sus peticiones de colaboración”.

También se refiere a las indicaciones que se dieron en los ‘briefings’ prohibiéndoles un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la defensa, por lo que muchos agentes optaron por no llevarla.

Igualmente tiene en cuenta la magistrada el análisis de la documentación intervenida el 26 de octubre en el interior de tres vehículos camuflados de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección del Cuerpo “se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por tanto de las medidas que eran necesarias adoptar, a todas luces diferentes de las que finalmente fueron adoptadas”.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

La Audiencia de Las Palmas confirma que la banca es quien debe pagar al notario, el Registro de la propiedad, la gestoría y la tasación del inmueble en las hipotecas

5 de abril, 2018

Miércoles, 4 de abril de 2018  poderjudicial.es

La Audiencia de Las Palmas confirma que la banca es quien debe pagar al notario, el Registro de la propiedad, la gestoría y la tasación del inmueble en las hipotecas

La Sala especializada para las islas orientales fija su doctrina, que sigue la más reciente jurisprudencia del Supremo. El cliente paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras los gastos de timbre corren a medias

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sala especializada en condiciones generales de la contratación en la provincia oriental canaria, dictó ayer martes 3 de abril la sentencia que establece la doctrina del Tribunal sobre cómo se reparten los gastos entre el banco y el cliente.

La sentencia de apelación, susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo, estima parcialmente el recurso del Banco Popular Español contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario que el 15 de abril condenó a la entidad a abonar todos los gastos derivados de un préstamo hipotecario por considerarlos abusivos y, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia del Supremo, establece el siguiente reparto:

El banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la Gestoría y de la tasación del inmueble.

El banco y el cliente pagan por mitad los gastos del timbre que se incluyen en la factura del notario.

El cliente prestatario es quien debe abonar el impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

5 de abril, 2018

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

Constituyen una red de 36 puntos de atención directa a las empresas en 34 países

26 de Marzo 2018 camara.es

El 68,4% de las cámaras organiza misiones comerciales directas, agendas comerciales y exposiciones de productos
El 87% tiene bolsas de empleo y más del 63% ofrecen asesoramiento en visados y permisos de trabajo
En 2016, las 36 cámaras manejaron un presupuesto de 9,75 millones de euros, cifra que creció un 4,2% en 2017

Las Cámaras de Comercio españolas en el exterior cuentan con más de 8.700 empresas asociadas

Madrid, 26/03/2018.- Un total de 8.767 empresas están asociadas a las cámaras oficiales de comercio españolas en el exterior, con una media de 243 socios por cámara de comercio. En los últimos cuatro años el número de socios ha aumentado un 15% y sólo en el 2017 el crecimiento fue superior al 10%, según revela el Mapa de Servicios de la Red de Cámaras Oficial de Comercio de España en el Exterior, elaborado por la Cámara de España.

España cuenta con 36 Cámaras de Comercio españolas en el exterior que constituyen una red de atención directa para exportadores e inversores españoles. Cubren 34 países en los cinco continentes. Son puntos de asesoramiento e información en los países destino y ofrecen una amplia variedad de servicios para ayudar a las empresas a acceder o consolidarse en un determinado mercado.

Según el estudio de la Cámara de España, más del 75% de las Cámaras en el exterior cuentan con más de 20 años de actividad, un 19% entre 5 y 20 años y un 5,4% han sido creadas en los últimos cuatro años.

Qué servicios ofrecen

El catálogo de servicios de la red de cámaras en el exterior es muy extenso y no solo contempla actividades de apoyo a la internacionalización, sino también gestión de impagos, formación, bolsas de empleo o apoyo logístico.

Así, según el estudio de la Cámara de España, el 68,4% de las cámaras ofrece a las empresas la posibilidad de organizar misiones comerciales directas, agendas comerciales y exposiciones de productos. El 89% de ellas ofrecen también información sobre clientes potenciales, un servicio muy demandado por la comunidad empresarial.

El 60,5% de la red ofrece también un completo catálogo de servicios formativos que incluyen cursos, seminarios y formación en prácticas. Un 87% cuenta, además, con bolsas de empleo y más del 63% ofrece asesoramiento en visados y permisos de trabajo.  El servicio de gestión de impagos, cada vez más demandado, es ofrecido por un 34% de la red.

Sobre los recursos humanos de las cámaras de comercio, el 78% de las plantillas de empleados son indefinidos, mientras que el 22% es temporal. La media se sitúa en 5 empleados fijos y 1,1 temporales por Cámara.

En cuanto a la financiación, las 36 cámaras contaron en 2016 con un presupuesto de 9,75 millones de euros, con un crecimiento presupuestario en los últimos cuatro años superior al 36%. En 2017, el incremento fue del 4,2%. Las aportaciones de los socios y el cobro de servicios suponen las vías principales de financiación.

Relación con la Cámara de España

La Cámara de Comercio de España mantiene un vínculo permanente con la red exterior de cámaras y, según establece la ley 4/2014, colabora con ellas en base a convenios de colaboración vigentes, promoviendo actividades conjuntas, intensificando el funcionamiento en red, generando mayor actividad a través de su participación en programas específicos, estrechando su colaboración con las Cámaras nacionales y dando a conocer sus servicios a la comunidad empresarial española.

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Capacidad para otorgar testamento por quien, según la sentencia que limita su capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

4 de abril, 2018

Tribunal Supremo. Sala Civil. Gabinete Técnico

Sentencia 146/2018, de 15 de marzo. Casación 2093/2015

Capacidad para otorgar testamento por quien, según la  sentencia que limita su capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

poderjudicial.es
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que, a su vez, había desestimado la demanda de impugnación de dos testamentos notariales otorgados por una mujer con discapacidad intelectual. El primer testamento fue otorgado antes de la sentencia de modificación judicial de la capacidad, pero cuando el Fiscal ya había instado el procedimiento, y el segundo con posterioridad a la sentencia que había sometido a la testadora a curatela para la realización de actos de disposición, sin referencia expresa a la facultad para otorgar testamento.
La sentencia recuerda que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar y considera que, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, el régimen del art. 665 CC (designación por el notario de dos facultativos que respondan de la concreta capacidad para testar) ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.

La Sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.
Por otro lado, valora que la disposición de bienes mortis causa no puede equipararse a los actos de disposición inter vivos, por su diferente naturaleza y caracteres y porque existe una regulación específica para el otorgamiento de testamento por las personas con discapacidad mental o intelectual. Al ser el testamento un acto personalísimo, ni el tutor como representante legal puede otorgar testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente ni el curador puede completar su capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento.
Con el fin de garantizar la suficiencia mental del testador, para el otorgamiento de testamento por la persona con la capacidad modificada judicialmente el art. 665 CC impone una garantía especial adicional que consiste en el juicio favorable a la capacidad para testar que deben emitir dos facultativos. Ello no impide que la aseveración notarial sobre el juicio del testador pueda ser desvirtuada, pero para ello son precisas pruebas cumplidas y convincentes.
En este caso, tras la valoración de todas las pruebas, no había quedado probado que la testadora careciera de capacidad para testar, ya que no que no existía  pronunciamiento previo en la sentencia de incapacitación y el notario se aseguró que, a su juicio, la testadora tiene la capacidad legal necesaria, contando con el juicio favorable de dos facultativos. La sentencia recurrida había valorado, además, junto a la opinión profesional del notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad y la coherencia de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en quien confiaba. Por todo ello, se desestima el recurso de casación.

Gabinete Técnico. Área Civil
Marzo, 2018

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir         

Mi alma tiene prisa . Poema golosinas

3 de abril, 2018

Mi alma tiene prisa (Poema golosinas)

por Mário de Andarde
Lealtad con uno mismo.

Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces: los primeros los comió con agrado, pero, cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a lograr nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que, a pesar de su edad cronológica, no han crecido.

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados.

No tolero a manipuladores y oportunistas.

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacreditar a los más capaces, para apropiarse de sus lugares, talentos y logros.

Las personas no discuten contenidos, apenas los títulos.
Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…

Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír, de sus errores.
Que no se envanezca, con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya, de sus responsabilidades.
Que defienda, la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las personas…
Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer con toques suaves en el alma.

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan…
Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y con mi conciencia.
Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que sólo tienes una.
Mário de Andarde (Sao Paulo 1893 – 1945)
Poeta, novelista, ensayista y musicólogo
Fue uno de los fundadores del modernismo brasileño

Compartir en Facebook Menear este hiloCompartir en twitterEnlazar con bitácora este sitio.    Imprimir Imprimir