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EL TC anula parcialmente la norma foral que crea el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en Gipuzkoa

26 de febrero, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 10/2017
EL TC anula parcialmente la norma foral que crea el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en Gipuzkoa
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El Tribunal considera que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el art. 31.1 CE. Ha sido ponente de la resolución la Vicepresidenta del Tribunal, Adela Asua.
La norma cuestionada establece un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte) durante los que el propietario ha sido titular del mismo.
La sentencia recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los principios del art. 31.1 CE y reitera que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, no podrá crear impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. Insiste además en que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación. “’No caben en nuestro sistema –tiene afirmado el Tribunal- tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica’”.
La sentencia analiza los preceptos cuestionados y concluye que establecen una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario.
Ello es así porque el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Por lo tanto, la mera titularidad de un terreno durante un determinado período temporal produce, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor.
La fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que éste deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado, o incluso ha disminuido, una circunstancia esta última no poco frecuente como consecuencia de la crisis. La sentencia considera que esta consecuencia “carece de toda justificación razonable en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, se están sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza en el art. 31.1”.
El Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados; esto es, “únicamente cuando sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor”.
Corresponde por tanto al legislador, a partir de la publicación de la sentencia, llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Madrid, 10 de febrero de 2017.

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Declaración institucional sobre el plan de urgencia de cláusulas suelo

25 de febrero, 2017

Jueves, 23 de febrero de 2017 cgpj.es

Declaración institucional sobre el plan de urgencia de cláusulas suelo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha realizado hoy, por unanimidad, la siguiente declaración institucional:

“El Pleno del CGPJ, ante la necesidad de contar con los medios personales y materiales para poner en marcha el plan de urgencia que dé respuesta a la previsible entrada masiva de asuntos conocidos como cláusulas suelo, muestra su preocupación por la escasez actual de los mismos, y manifiesta que no lo pondrá en funcionamiento si no cuenta con medios suficientes. A tal fin insta a las Administraciones Públicas con competencia en la materia a que habiliten los recursos, incluso extraordinarios, para hacer viable este plan de refuerzo.

Asimismo insta al Ministerio de Justicia para que proceda a crear las plazas judiciales de JATs precisas para asumir este plan, además de las restantes que integren el plan anual de creación de plazas.

En fin, previa la autorización del Ministerio de Justicia, sugiere a la Comisión de Selección que convoque inmediatamente y, en todo caso, antes del próximo día uno de abril, las oposiciones para ingreso en la carrera judicial que contemple, por una parte, las plazas necesarias para atender las necesidades ordinarias y, además, las que resulten de la creación de plazas de JATs, antes mencionada”.

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El Tribunal Supremo confirma la pensión compensatoria para una mujer divorciada

24 de febrero, 2017

Jueves, 23 de febrero de 2017  cgpj.es

El Tribunal Supremo confirma la pensión compensatoria para una mujer divorciada

El tribunal argumenta la decisión teniendo en cuenta las dificultades del mercado laboral en la actualidad para una persona sin formación y con un delicado estado de salud

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer divorciada a seguir manteniendo la pensión compensatoria indefinida teniendo en cuenta las dificultades del mercado laboral en la actualidad para una persona sin formación y con un delicado estado de salud.

La esposa dejó de trabajar al contraer matrimonio para dedicarse a hogar y la familia; de forma que al separarse el matrimonio en el año 2003, contando ella 44 años, llevaba 23 años sin trabajar fuera del hogar, sin formación y con delicado estado de salud. Argumentan los magistrados en su sentencia que “no puede traerse ahora a colación, reprochando a la demandada desidia en la búsqueda de empleo, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades que tiene el mercado laboral para personas de esa edad”.

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España exportó por 254.530 millones de euros en 2016, record histórico

24 de febrero, 2017

20 de febrero de 2017 mineco.gob.es
España exportó por 254.530 millones de euros en 2016, record histórico
El déficit se sitúo en 18.754 millones de euros, el segundo menor desde 1997
Las ventas evolucionan mejor que en la UE y en la zona euro
Cerca de 50.000 empresas exportan regularmente, un 4,2% más
Las exportaciones españolas de mercancías crecieron en 2016 un 1,7% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 254.530 millones de euros, su máximo histórico. Las importaciones disminuyeron un 0,4% hasta los 273.284 millones de euros. Como resultado, el déficit comercial del año alcanzó los 18.754 millones de euros, un 22,4% inferior al de 2015 y el segundo mejor saldo desde 1997, tras 2013. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 93,1% (91,2% en 2015), el segundo mejor registro de toda la serie histórica tras 2013.

En volumen, las exportaciones subieron un 3,5%, ya que los precios cayeron un 1,7%; y las importaciones aumentaron un 2,8%, al caer los precios, en términos de Índices de Valor Unitario (mide exclusivamente los precios de los productos que se exportan), un 3,1%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 2.516 millones de euros (superávit de 1.912 millones de euros en 2015) y el déficit energético cayó un 37,8%, hasta los 16.237 millones de euros (26.086 millones en 2015).

La evolución de las exportaciones españolas en 2016 fue mejor que la del conjunto de la zona euro (creció un 0,7%) y que la de la UE (bajó un 0,1%). Aumentaron en menor medida que en España las exportaciones de Alemania (1,2%) e Italia (1,1%) y cayeron las de Francia (-0,9%), Reino Unido (-0,2%), EEUU (-3,2%), China (-6,4%) y Japón (-7,4%).

Además, en 2016 el número de exportadores aumentó un 1% por ciento sobre 2015, hasta 148.794. En comparación con 2008 (el máximo del anterior ciclo alcista) representa un aumento del 46,7%. Creció también el número de exportadores regulares (los que llevan cuatro años consecutivos exportando), un 4,2%, hasta los 49.792.

Sectores económicos

Los principales sectores computaron crecimientos en sus exportaciones. Los bienes de equipo (representan un 20,3% del total) aumentaron un 2,5%; el automóvil (17,7% del total) se incrementó un 5,9% y alimentación, bebidas y tabaco (16,9% del total) creció un 6,2%.

En importaciones, la consolidación de la recuperación explica el crecimiento de la mayoría de los sectores: los bienes de equipo (22% del total) crecieron un 7,6%; el automóvil (13,6% del total) aumentó un 3,9%; las manufacturas de consumo, un 6,5%; alimentación, bebidas y tabaco, un 4,2%; y bienes de consumo duradero un 7,6%.

Áreas geográficas

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,3% del total) se incrementaron un 4,1% en el conjunto del año 2016. Las ventas a la zona euro (51,8% del total) crecieron un 4,4% y las destinadas al resto de la UE (14,5% del total), un 2,9%.

La desfavorable coyuntura en los países emergentes explica que las ventas a terceros destinos (33,7% del total) disminuyeran un 2,6% en 2016. Bajaron las destinadas a América Latina (-9,1%), Oriente Medio (-4,8%), África (-0,4%) y Oceanía (-17,3%). Crecieron las dirigidas a América del Norte (0,3%) y Asia excluido Oriente Medio (3%). A pesar de la tónica general, aumentaron las exportaciones a mercados con gran potencial como Canadá (8,4%), China (13,4%), Hong Kong (10,2%) y Marruecos (13%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Castilla yLeón (8,7%), Castilla-La Mancha (7,7%) y Galicia (6,4%). Las mayores caídas se registraron en Canarias (-17,9%), el Principado de Asturias (-6,8%) y Extremadura (-2,2%).

Datos del mes de diciembre

En diciembre, las exportaciones españolas crecieron un 2,9% sobre el mismo mes de 2015, hasta los 20.731 millones de euros. Las importaciones se incrementaron un 5,6% hasta los 23.178 millones de euros. Como resultado, el déficit de diciembre de 2016 se incrementó un 36,4% interanual, hasta los 2.447 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 89,4%, 2,4 puntos menos que en diciembre de 2015.

El saldo no energético arrojó un déficit de 911 millones de euros (210 millones en diciembre de 2015) y el déficit energético disminuyó un 3,1%.

El aumento de las exportaciones en diciembre es inferior al registrado en la zona euro (5,4%) y en la Unión Europea (4,9%). También crecieron más las ventas de Francia (7,8%), Alemania (6,3%), Italia (5,7%) y Reino Unido (14,5%). Fuera de la UE, se incrementaron las exportaciones de Estados Unidos (5,6%) y Japón (5,4%), y bajaron las de China (-6,4%).

Sectores económicos

En diciembre, las principales contribuciones al aumento de las exportaciones provinieron del sector de productos energéticos (aportación de 2,3 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (1,3 puntos), semimanufacturas no químicas (0,7 puntos), materias primas (0,6 puntos) y manufacturas de consumo (0,5 puntos). Los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron el automóvil (-1,3 puntos), otras mercancías (-1,3 puntos) y bienes de equipo (-0,2 puntos).

Áreas geográficas

En diciembre último, las exportaciones a la UE representaron el 63,6% del total (62,3% en diciembre de 2015) y crecieron un 4,9%. Las dirigidas a la zona euro aumentaron un 6,6% y las destinadas al resto de la UE descendieron un 1%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (10%), Francia (6,1%) y Alemania (1,6%), mientras que bajaron las destinadas a Reino Unido (-5,6%).

El superávit comercial de España con la Unión Europea se situó en los 231 millones de euros en diciembre de 2016 (déficit de 83 millones de euros en diciembre de 2015). Con la zona euro, el saldo comercial registró un superávit de 113 millones de euros (déficit de 75 millones de euros en el mismo mes del año anterior).

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El Supremo ratifica la validez del contrato de compraventa del centro de IKEA en San Fernando de Henares (Madrid)

23 de febrero, 2017

Miércoles, 22 de febrero de 2017  – cgpj.es

El Supremo ratifica la validez del contrato de compraventa del centro de IKEA en San Fernando de Henares (Madrid)

El contrato de compraventa de la parcela para la construcción de un centro de muebles y equipamiento de hogar fijaba un precio inicial de 36 millones de euros más IVA

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Madrid que declaró la validez y eficacia del contrato de compraventa suscrito entre la mercantil Ikea Ibérica S.A. y la promotora inmobiliaria Chelverton Properties S.L., de fecha 19 de diciembre de 2006, de una parcela para la construcción de un establecimiento comercial de venta de muebles y equipamiento del hogar en el municipio de San Fernando de Henares (Madrid), por un precio, fijado inicialmente, de 36.000.000 de euros, más IVA. IKEA presentó demanda contra la promotora por incumplimiento de contrato, reclamando que se declarara resuelto el mismo por no haberse cumplido los plazos estipulados con la vendedora.

En junio de 2012, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, dictó sentencia (luego ratificada por la Audiencia de Madrid) que desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención planteada por la promotora demandada, declarando la validez y eficacia del contrato y condenando a la actora al pago del precio pactado, que se correspondía con la conclusión del 20% de las obras (de 17.956.827,59 euros) y a la devolución del importe de los avales bancarios en garantía indebidamente ejecutados (por importe de 11.577.000 euros).

El Supremo confirma este fallo al rechazar los recursos tanto de Ikea como de Chelverton contra la sentencia de la Audiencia de Madrid.

En el contrato suscrito entre las partes se había establecido un calendario de actuaciones tendente a la finalidad expresada por la compradora de disponer de la parcela antes del día 1 de diciembre de 2008, para comenzar a construir la tienda y abrirla al público antes del 1 de febrero de 2010. Ese contrato inicialmente firmado por las partes, fue novado en dos ocasiones mediante adendas de 2 de abril de 2008 y de 13 de enero de 2009. Con fecha de 22 de mayo de 2009 Ikea dio extrajudicialmente por resuelto el contrato en base al incumplimiento contractual de los plazos estipulados por la vendedora, a lo que se opuso ésta.

Entre otros argumentos, el Supremo destaca que el adenda al contrato de 13 de enero de 2009 suponía la concesión de un nuevo plazo, si bien no lo determinaron las partes, e Ikea aprovechó o impulsó el adenda para introducir modificaciones trascendentales, relativas a la superficie de fachada o número de plazas de aparcamiento.

“Dicho cambio se produjo cuando ya había concluido el plazo de terminación, por lo que lógicamente se deduce que dicho plazo no era concluyente, unido ello a que se solicitó una prórroga de los avales que Chelverton había emitido hasta el 1 de junio de 2010, fecha muy posterior a la pactada en el adenda de 2 de abril de 2008”.

Por tanto, entiende la Sala, la novación del plazo fue consentida por ambas partes, no dejando al arbitrio de una de ellas su fijación, dado que al variar las condiciones del contrato se novó modificativamente el mismo ampliando el plazo pactado que ya estaba concluido al momento de la novación por el segundo adenda.

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Las Cámaras de Comercio de toda Europa reclaman garantizar un comercio libre, justo e inclusivo

23 de febrero, 2017

Las Cámaras de Comercio de toda Europa reclaman garantizar un comercio libre, justo e inclusivo

En vísperas de la votación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá en el Parlamento Europeo recuerdan la importancia de un marco legal previsible para el comercio internacional

14 de Febrero 2017 camara.es

Madrid, 14/02/17.- La Cámara de Comercio de España, junto con Eurocámaras y las Cámaras de Comercio de toda Europa, han emitido de forma conjunta una declaración para reclamar a los líderes de la Unión Europea y a los Gobiernos nacionales un compromiso firme para fijar una agenda comercial de la UE positiva y con visión de futuro.  Las Cámaras de Comercio subrayan la importancia para la comunidad empresarial de que el comercio internacional disponga de un marco legal previsible.

Este llamamiento se realiza en vísperas de la votación del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá (CETA), que tendrá lugar este miércoles 15 de febrero en el Parlamento Europeo, y que ha adquirido una importancia añadida dados los niveles de incertidumbre sin precedentes en torno al comercio mundial y al futuro de las normas que regulan los intercambios comerciales internacionales.

La Cámara de España, a través de la declaración conjunta de las Cámaras, reitera la importancia para Europa de hablar con una sola voz sobre las cuestiones que afectan a la política comercial común. El texto también anima a reactivar las negociaciones estancadas con socios de mercados prioritarios y a proteger a las empresas y los ciudadanos europeos de las consecuencias de un comercio no basado en reglas justas.

Para el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, “debemos seguir avanzando por el camino de la liberalización y la apertura comercial y, sobre todo, del acuerdo multilateral para  garantizar el bienestar de los ciudadanos.  Cerrar las fronteras en nombre de los intereses particulares de cada país supondría un retroceso de incalculables consecuencias no solo en el orden económico, sino político y social a nivel global”.

Bonet ha añadido que “España es un magnífico ejemplo de los efectos positivos de la apertura comercial. Este proceso, que comenzó en los años 60, después de décadas de aislacionismo, y cuyo principal hito fue la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986, se ha traducido en el mayor salto de prosperidad y bienestar social de nuestra historia. Además, en épocas de crisis como la vivida recientemente, el sector exterior ha sido  el mejor salvavidas para las empresas”.

La declaración de Eurocámaras recuerda que los intercambios comerciales en el Mercado Único Europeo han permitido crear 30 millones de puestos de trabajo, 6 millones  de ellos en pequeñas y medianas empresas.

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CSIF impugna ante el TSJ el decreto del modelo lingüístico educativo valenciano por vulnerar el derecho a la igualdad

22 de febrero, 2017

CSIF impugna ante el TSJ el decreto del modelo lingüístico educativo valenciano por vulnerar el derecho a la igualdad
El sindicato denuncia la discriminación que sufrirán los alumnos que cursen el nivel básico respecto a los que lo hagan en el avanzado

16 de Febrero de 2017 csif.es

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) el decreto 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias.

La central sindical argumenta que vulnera el derecho a la igualdad, en este caso de alumnos que quieren recibir enseñanza en castellano, y que propone un trato “discriminatorio” para aquellos cuyos centros utilicen el nivel básico, que no obtendrán certificación en inglés.

CSIF explica en el recurso que la Disposición Adicional Quinta del decreto especifica que, con una similar carga docente de inglés en las distintas etapas educativas (Primaria, Secundaria o Bachillerato), se les certificará un nivel u otro de esa lengua en función del programa al que se acoja el centro.

El sindicato recuerda que los alumnos que cursen nivel avanzado, con más asignaturas en valenciano, llegarán a obtener una certificación de nivel B1 en inglés al concluir Bachillerato. Mientras, aquellos cuyo centro opten por nivel básico, con más castellano, no lograrán certificación alguna de inglés a pesar de cursar un número similar de asignaturas en esa lengua.

CSI•F considera que esa medida, y así lo esgrime en su recurso contencioso-administrativo, “debe devenir inconstitucional por cuanto resulta contraria al principio de igualdad, al suponer el factor lingüístico un elemento discriminatorio”.

La central sindical solicita, en su escrito ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, “el amparo judicial del derecho y libertad constitucional a la igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española”. Además, pide que el contencioso “se tramite por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona”.

La central sindical ya advirtió también que estas instrucciones confirman la exigencia del nivel C1 para obtener la capacitación inglés para unos docentes ya sobrecargados de trabajo. El sindicato urge a que la Administración
proporcione medios y disponibilidad horaria para perfeccionar su nivel de inglés, ya que en la actualidad los recursos son del todo insuficientes.

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La competitividad-precio de la economía mejoró frente a la zona euro y la OCDE en 2016

22 de febrero, 2017

07 de febrero de 2017 mineco.gob.es

La competitividad-precio de la economía española frente a la zona euro y la OCDE mejoró en 2016, según el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Refleja también un empeoramiento con respecto al conjunto de la UE, debido principalmente a la depreciación de la libra, ya que el Reino Unido es con diferencia el principal socio comercial de los países de la UE no incorporados al euro.

El ITC calculado con los Índices de Valor Unitario (IVUs) registró en el acumulado del año hasta el tercer trimestre de 2016 una ganancia de competitividad con la zona euro y un deterioro respecto del conjunto de la UE y la OCDE.

Si bien el IPC es la referencia más usual para analizar la evolución de los precios, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), una referencia más fiel de los precios de la exportación porque computa exclusivamente productos y servicios vendidos al exterior, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. Los IVUs se demoran más que el IPC y por ello se ofrecen datos del trimestre anterior.

ITC calculado con IPC

En todo el ejercicio 2016 el ITC bajó en relación con la zona euro un 0,7% (el descenso implica ganancia de competitividad), mientras que en el conjunto de la UE se produjo un deterioro de la competitividad (0,5%), derivado a su vez de la caída en los países no euro (4,5%) por la apreciación de la moneda europea frente a la de estos países.

En relación con la OCDE, 2016 terminó con un aumento de competitividad (caída del ITC del 0,1%), por el descenso del índice de precios relativos en mayor cuantía de lo que subió el tipo de cambio del euro con respecto a las monedas de los países de la zona.

Frente a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) el ITC subió un 2,2% por la apreciación del euro, solo compensada parcialmente por la caída del índice de precios relativos.

Los datos del cuarto trimestre de 2016 reflejan que la competitividad-precio de España frente a la zona euro se mantuvo estable, tras trece trimestres seguidos de mejoras, porque la subida de precios españoles fue similar a la registrada en media por el resto de países miembros.

Frente a la OCDE, la competitividad mejoró (-0,1%), mientras que empeoró en relación con la UE en su conjunto (el ITC creció 1,8%), como consecuencia también de la apreciación del euro, compensada parcialmente en este caso con un menor incremento de precios en España que en los países de la Unión.

En relación con los BRICS el ITC retrocedió un 0,6% interanual después de tres trimestres de pérdidas de competitividad. La mejora se produjo por la caída de precios relativos, ya que el euro se apreció respecto a las monedas de estos países.

ITC calculado con IVUs

En el acumulado de los nueve primeros meses del año se ganó competitividad frente a la zona euro, mientras que se deterioró frente a la UE. También empeoró la competitividad en relación con la OCDE, fundamentalmente por la vía de los precios y, en menor medida, por la vía del tipo de cambio.

En el tercer trimestre de 2016, el ITC calculado con Índices de Valor Unitario frente a la Unión Europea (datos de Eurostat) aumentó un 1,4% interanual. Esta pérdida de competitividad se produjo exclusivamente por la apreciación del euro, ya que los precios de exportación españoles cayeron más que la media de los precios de exportación del resto de países de la UE-28.

En relación a los países de la eurozona el ITC retrocedió un 0,3%. Esta mejora de la competitividad se debió a que los IVUs de exportación españoles disminuyeron más que la media de dichos índices en el resto de países de la zona euro.

Frente a los países de la OCDE el ITC creció un 1,6% en el tercer trimestre de 2016, sobre todo por el aumento en el índice de precios relativos.

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El Tribunal Supremo condena a indemnizar a Puma a los dos miembros del tribunal de arbitraje que dictaron un laudo luego anulado

21 de febrero, 2017

Lunes, 20 de febrero de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo condena a indemnizar a Puma a los dos miembros del tribunal de arbitraje que dictaron un laudo luego anulado

Luis Ramallo y Miguel Temboury excluyeron indebidamente al tercer árbitro, designado por Puma

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Luis Ramallo García y Miguel Temboury Redondo a indemnizar cada uno a la empresa Puma con 750.000 euros por actuación temeraria en su labor en un arbitraje en el que estaba implicada dicha entidad, al dictar el laudo definitivo prescindiendo del tercer árbitro, que era el designado por Puma.

La Sala ratifica los pronunciamientos del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid y de la Audiencia de Madrid, y califica la conducta de Ramallo y Temboury como “insólita e insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera”, ya que violentaron de forma palpable las reglas arbitrales.

Puma en su día formuló demanda de responsabilidad civil contra Miguel Temboury Redondo y Luis Ramallo García, ambos en su condición de árbitros en el laudo arbitral dictado en fecha 2 de mayo de 2010, y que fue declarado nulo por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 10 de junio de 2011, a consecuencia de la demanda que formuló Puma por infracción del principio de colegialidad arbitral, pues el tercer arbitro que había nombrado Puma para el tribunal arbitral, Santiago Gastón de Iriarte, fue excluido por los demandados al dictar el laudo. Ramallo intervino como presidente del tribunal arbitral y Temboury como árbitro designado por la contraparte de Puma.

A la vista de los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial, que entendió que hubo exclusión indebida del tercer árbitro en la deliberación del laudo, Puma reclamó por responsabilidad civil a los árbitros intervinientes la condena a cada uno de ellos de 750.000, euros más intereses, importe de los honorarios percibidos por cada uno de ellos como árbitros. El Supremo ratifica ahora la aceptación de la demanda.

El alto tribunal explica que la cuestión no gira en torno a si es o no nulo el laudo por adoptarse por mayoría o unanimidad, “sino sobre el contenido y alcance de la actuación de los árbitros demandados que se reunieron el 2 de junio de 2010 y prescindieron del tercer árbitro, con plena conciencia de que este estaba de viaje y al que, por tanto, ni siquiera convocaron ni le permitieron participar en la elaboración del laudo, siendo así que era el árbitro designado por PUMA, y que este no estaba conforme con lo acordado por los otros dos que le excluyeron, quedando suficiente plazo para dictarlo, pues vencía el 4 de julio, y sin que constara apremio formal de las partes o necesidad de haber anticipado la resolución”.

El arbitraje se tramitó a instancia de la mercantil Puma AG RD Sport contra Estudio 2000, S.A., iniciado el 6 de agosto de 2009. El laudo luego declarado nulo fijó la indemnización en 98,19 millones de euros, por distintos conceptos, y fue notificado el 2 de junio de 2010 a las partes, remitiéndole igualmente copia al tercer árbitro, quien siempre había acudido a las reuniones a las que fue convocado, sin que conste por parte del mismo haber actuado con fines dilatorios, obstrucción en la tramitación, ni haber intervenido en el debate decisorio final donde se dictó el laudo definitivo.

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La inflación se eleva al 3% por el aumento de los precios de la energía

21 de febrero, 2017

15 de febrero de 2017 mineco.gob.es
La inflación se eleva al 3% por el aumento de los precios de la energía
La aceleración registrada en enero se explica por el repunte de los precios de la electricidad y de los carburantes
La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del IPC, aumenta una décima, hasta el 1,1%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en enero de 2017 un 3% en tasa interanual, 1,4 puntos más que en diciembre de 2016, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa que coincide con la adelantada por el INE a finales del pasado mes. Esta aceleración se explica, principalmente, por la evolución de los precios de los productos energéticos y, en particular, de electricidad y carburantes. En términos intermensuales, el IPC general disminuyó el 0,5% en enero, frente al descenso del 1,9% del mismo mes de 2016.

Los precios de los productos energéticos crecieron un 17,5% interanual en enero, tras el aumento del 5,3% registrado en diciembre. Esta evolución se explica por el repunte de los precios de la electricidad, que pasaron de crecer el 3,7% interanual en diciembre al 26,2% en enero, así como de carburantes y combustibles, que pasaron de un crecimiento del 6% al 13,9%, debido en gran medida al efecto base derivado del fuerte descenso experimentado en enero de 2016.

La inflación de la alimentación se situó en el 1,1% en diciembre, tres décimas por encima de la del mes precedente, debido a la aceleración de los precios de los alimentos no elaborados, seis décimas hasta el 2,7%, así como a la ligera aceleración de los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco, una décima hasta el 0,3% interanual. Destaca en la aceleración de los precios de la alimentación no elaborada el aumento de más de diez puntos del ritmo de crecimiento de legumbres y hortalizas frescas, hasta el 17,9%.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y la energía, que son los elementos más volátiles del IPC) aumentó una décima en enero, hasta el 1,1%, debido a la aceleración de los precios de los bienes industriales no energéticos (dos décimas, hasta el 0,8%) y de la alimentación elaborada (una décima, hasta el 0,3%), parcialmente compensados por el menor ritmo de crecimiento de los precios de los servicios (1,3%, frente al 1,6% de diciembre). En términos intermensuales, el IPC disminuyó el 0,5% en enero de 2017, frente al retroceso del 1,9% de enero de 2016. Por componentes, los precios de los productos energéticos subieron un 4,6%, tras el descenso del 6,2% de un año antes; los de los servicios disminuyeron un 0,3%, tras la estabilización de los precios de enero de 2016; los de los bienes industriales no energéticos retrocedieron un 4,5%, caída tres décimas menos acusada que la de enero del año anterior; y los de alimentación aumentaron el 0,7%, dos décimas más que en enero de 2016.

Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados registraron en enero de 2017 una tasa intermensual del 1,8%, cinco décimas superior a la del mismo mes de 2016, mientras que los de los alimentos elaborados subieron un 0,2%, una décima más que un año antes.

La tasa interanual del IPC se incrementó en enero en todas las comunidades autónomas. Las mayores subidas se registraron en Castilla y León (1,8 puntos, hasta el 3,4%) y en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (1,7 puntos en ambas, hasta el 3,3% y 3%, respectivamente). Los menores aumentos correspondieron a Comunidad Foral de Navarra (1,1 puntos, hasta el 2,9%) y a Canarias y Cataluña, ambas con subidas de 1,2 puntos (hasta el 2,5% y 3,1%, respectivamente).

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en enero en el 3%, al igual que la del IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de enero de 2017, cuya tasa de variación interanual se sitúa en el 2,9%, superior en 1,5 puntos a la de diciembre de 2016. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para la zona euro se situó en el 1,8%, frente al 1,1% del mes previo, y la armonizada en el 0,9%.

El IPC publicado hoy por el INE está elaborado con referencia a la nueva base 2016. Asimismo, como cada año, el INE ha actualizado las ponderaciones de los artículos que componen el IPC, reflejando tanto cambios en los patrones de consumo como revisiones metodológicas del índice y mejoras en la estimación del gasto en consumo de los distintos artículos.

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El precio de la vivienda sube un 5,7% en 2016

20 de febrero, 2017

El precio de la vivienda sube un 5,7% en 2016

Febrero 13, 2017  Notas de prensa – registradores.org

Las compraventas de vivienda durante 2016 se incrementaron un 13,9% sobre al año 2015
La contratación a tipo fijo durante el cuarto trimestre alcanzó el 31% de los nuevos créditos hipotecarios

13.02.’17.- El precio de la vivienda ha continuado su moderado ritmo ascendente a lo largo del último trimestre, dando lugar a un incremento trimestral del 1,9% en el IPVVR (Metodología Case & Shiller del precio de la vivienda aplicada a España), acumulando para el conjunto del año 2016 un crecimiento del 5,7%. Con respecto a los máximos, alcanzados en 2007, el IPVVR acumula un descenso ligeramente superior al 25%. Por el contrario, con respecto a los recientes mínimos de 2014 se acumula un incremento del 13,3%.

 

Compraventas inscritas

Las compraventas de vivienda inscritas en los registros de la propiedad en el cuarto trimestre alcanzan las 93.423 operaciones, un 11,2% más que en el mismo trimestre de 2015 y el mejor resultado de un cuarto trimestre de los últimos siete años, aunque descienden un 9,4% con respecto al trimestre anterior, mostrando en su comportamiento la estacionalidad habitual del último trimestre del año.

El año 2016 ha cerrado superando la barrera de las 400.000 compraventas registradas: 403.743 operaciones, la mejor cifra interanual desde mediados de 2011, con un incremento anual del 13,9%. Sin embargo, el comportamiento continuó siendo muy distinto: la vivienda usada se incrementó el 18,5% mientras que la vivienda nueva experimentó un descenso del 3,2%.

Todas las comunidades autónomas han presentado aumentos en las compraventas de vivienda registradas en 2016 con respecto a 2015, encabezando los mayores niveles de crecimiento Baleares (30%), Catalunya (21,1%) y Asturias (17%). En doce comunidades autónomas las tasas de crecimiento han alcanzado los dos dígitos.

Compras de extranjeros
El cuarto trimestre del año se ha cerrado con el mayor porcentaje de compra por extranjeros de 2016, con un 13,6% de las compras de vivienda. Para el conjunto del año 2016 el 13,3% de las compras han sido realizadas por extranjeros, alrededor de 53.000 operaciones.

Por nacionalidades, durante el cuarto trimestre, continuaron en cabeza los británicos con el 16,4%, acumulando cuatro trimestres consecutivos de pérdida de peso relativo (desde el 24% del 4º trimestre de 2015), a continuación se situaron los alemanes (9,2%), franceses (8,5%), suecos (6,4%) y belgas (6,3%).
Los plazos de contratación han descendido ligeramente durante el cuarto trimestre, el 0,4% con relación al trimestre anterior, alcanzando los 23 años y 2 meses.

Se comporta favorablemente la accesibilidad en la compra de vivienda: la cuota hipotecaria mensual media en el cuarto trimestre se ha situado en 524,7 euros, con un descenso sobre el trimestre anterior del 1,7%, mientras que el porcentaje de dicha cuota con respecto al salario disminuye 0,45 p.p.  hasta el 28,3%. Los resultados interanuales han marcado nuevos mínimos históricos (últimos catorce años), con 522,6 € y un 27,5%. Con respecto a 2015 supone un descenso del 2,7% en la cuota hipotecaria y de -0,88 p.p. en el porcentaje con respecto al coste salarial.

Impagos hipotecarios

Presentan globalmente una positiva evolución con relación al año anterior.

Las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del cuarto trimestre han sido 9.533, con un descenso del 32,8% sobre el mismo trimestre de 2015.

El 61,9% de estas certificaciones han correspondido a personas físicas, mientras que el 38,1% a personas jurídicas. En cuanto a la nacionalidad, el 92,6% de las certificaciones han correspondido a nacionales, frente al 7,4% de extranjeros.

El año 2016 cerró con 39.748 certificaciones de vivienda por inicio de ejecución hipotecaria, con un descenso del 33,9% sobre 2015.

Durante el cuarto trimestre, las daciones en pago inscritas sobre viviendas sumaron 1.507 operaciones, un 32,3% menos que el mismo trimestre del año anterior. El 90% de las daciones en pago han correspondido a personas físicas, frente al 10% de personas jurídicas. Con  relación a la nacionalidad, el 86,9% de las daciones en pago han sido  de  nacionales, frente al 13,1% de extranjeros.

En el año 2016, se han registrado 8.549 daciones, con un descenso del 32,2% sobre 2015.

Nota: El informe completo se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/estadisticas-de-propiedad/estadistica-registral-inmobiliaria/ de la web de Registradores.

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La bolsa española negocia en enero 56.305 millones de euros, un 15% más que en diciembre

19 de febrero, 2017

La bolsa española negocia en enero 56.305 millones de euros, un 15% más que en diciembre

bolsamadrid.es

•Tendencia de crecimiento en los volúmenes en los últimos 5 meses
•El número de negociaciones en Renta Variable asciende a 3,9 millones
•El efectivo negociado en ETFs durante el mes de enero ha sido de 255,4 millones de euros
•El volumen negociado en Opciones sobre Acciones en enero aumenta un 30% respecto al mismo mes del año anterior
•Las nuevas emisiones en Deuda Privada en enero alcanzan los 28.035 millones de euros, con un alza interanual del 32,5%
•Las admisiones registradas en MARF se sitúan en 211 millones de euros, cinco veces las de enero 2016 y un 64% superiores al mes pasado

 

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante el mes de enero 56.305 millones de euros, un 15% más que en diciembre, y representa el quinto mes consecutivo de crecimiento en los volúmenes (desde agosto de 2016). Frente a enero de 2016, que fue el segundo mejor mes de todo el año 2016, hay un descenso del 24%, en línea con la caída de actividad en todas las Bolsas mundiales.

El número de negociaciones en el primer mes del año asciende a 3,9 millones, un 2% inferior al mes precedente y un 24% por debajo de igual mes del pasado ejercicio.

El efectivo durante el primer mes del año en el segmento de ETFs ha sido de 255,4 millones de euros, un 34% inferior al mes anterior y un 66% por debajo de hace un año.

La actividad del mercado de warrants y certificados durante enero de 2017 alcanza los 45,5 millones de euros, un 11% menos que en el mes precedente. El número de negociaciones en el primer mes del año ha sido de 9.514, un 18% inferior al mes de diciembre.

 

Futuros y Opciones

El volumen registrado en enero en el mercado de Derivados se ha situado en 3 millones de contratos, un 8,8% por debajo del registrado en el mismo mes de 2016. En enero ha destacado la negociación en Opciones sobre Acciones con 1,7 millones de   contratos, lo que supone un aumento del 30% sobre el mismo mes del año anterior.

La negociación en Futuros sobre Índice ha disminuido respecto al mes anterior. Se han negociado 497.133 Futuros IBEX 35 y 117.454 Futuros IBEX Mini, lo que supone un descenso del 3,9% y el 12,9%, respectivamente. Este descenso de volumen en lo que va de año es inferior a los descensos registrados por el resto de índices europeos.

En términos de posición abierta, el comienzo del año ha sido muy positivo para todos los productos de MEFF. La posición abierta de los Futuros IBEX 35 se ha situado en 99.669 contratos, un 10,7% por encima del cierre de 2016. Respecto al cierre del año anterior, la posición abierta en opciones sobre Índice y sobre acciones aumenta un 47% y un 11,7%, respectivamente.

 

Renta Fija

Las nuevas emisiones admitidas a negociación en el mercado de Deuda Privada durante el mes de enero registran una cifra de 28.035 millones de euros, un 32,5% más elevada que la de enero de 2016 y un 62% superior al mes pasado. La negociación en el mercado de Renta Fija se situó en el mes de enero en 11.236 millones de euros, un 14,1% inferior al mismo periodo del año anterior.

Las admisiones a negociación registradas en el mes de enero en el MARF se sitúan en 211 millones de euros, cinco veces las correspondientes a enero de 2016 y un 64% superiores al mes pasado. El saldo en circulación a cierre de enero del Mercado Alternativo alcanza los 1.696 millones de euros, con aumento del 66% en relación a la misma fecha del año pasado.

La negociación de Deuda Pública registrada en enero en SENAF,  la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas, se situó en 15.321 millones de euros, un 60,2% más elevada que en enero de 2016 y supera en un 7,3% a la contratación correspondiente a diciembre.

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El Gobierno reforzará la protección al consumidor y la transparencia en los préstamos inmobiliarios

18 de febrero, 2017

17 de febrero de 2017 mineco.gob.es

El Gobierno reforzará la protección al consumidor y la transparencia en los préstamos inmobiliarios
El Consejo de Ministros ha analizado hoy un informe sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora (APL) de los Contratos de Crédito Inmobiliario cuyo objetivo es reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios. El anteproyecto establece, entre otras medidas, la obligación de entregar al consumidor una ficha normalizada con las características del contrato, la prohibición de las ventas vinculadas y pone límites a las comisiones por cancelación anticipada. Existirá además la obligación de informar sobre determinadas cláusulas y los riesgos asociados, de los escenarios posibles en contratos a tipos de interés variable y de los gastos desglosados asociados a la firma del contrato. En un reglamento posterior se aprobará un modelo estándar de contrato para uso voluntario. Se refuerza, por último, el control de legalidad que ejercen notarios y registradores en la fase de contratación para un asesoramiento más amplio al consumidor.

El APL tiene como objetivo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/17/UE de 14 de febrero cuyo objetivo es profundizar en la creación de un mercado europeo de productos financieros minoristas. Para ello se establecen unas condiciones armonizadas respecto de los créditos y préstamos con garantía hipotecaria o destinadas a uso residencial. La norma española extiende el nivel de protección de la Directiva al autónomo.

En un primer bloque, la norma analizada por el Consejo de Ministros fija las pautas de conducta que han de seguirse en el proceso de elaboración, promoción, comercialización y contratación de préstamos inmobiliarios.  En concreto, se establece la obligación del prestamista de entregar al prestatario una ficha normalizada con todas las características del préstamo antes de contratarlo (Ficha Europea de Información Normalizada o FEIN), que tendrá carácter de oferta vinculante durante un plazo de siete días. El personal que evalúa la solvencia y comercializa préstamos inmobiliarios deberá tener un nivel de capacitación que asegure que el prestatario recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades por parte del prestamista.

Se prohíben además las ventas vinculadas aunque se permiten las ventas combinadas; es decir aquellas en las que se ofrece el préstamo por separado o en un paquete. Se establece además el derecho del prestatario a reembolsar, con carácter general, todo o parte del préstamo sin más comisiones o compensaciones al prestamista que la pérdida financiera durante un período y unos porcentajes máximos previstos legalmente.

Por otra parte, se regula por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico el derecho del consumidor a convertir el préstamo denominado en moneda extranjera a la moneda en la que el prestatario reciba sus ingresos o la del Estado miembro en el que resida, como mecanismo de cobertura y protección frente al riesgo de cambio. Y se regula por último la figura de los intermediarios de préstamos inmobiliarios, que pueden actuar el régimen de libre prestación de servicios en la UE, o los prestamistas inmobiliarios distintos de entidades financieras.

En un segundo bloque el APL introduce medidas de transparencia en la fase de contratación. Así, junto con la ficha normalizada de información precontractual (FEIN), se entregará al prestatario una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) en la que se informará de la existencia de las cláusulas o elementos relevantes (cláusulas suelo, posibilidad de vencimiento anticipado, distribución de gastos asociados a la concesión del préstamo y préstamos en divisas) y los riesgos asociados a las mismas. Además, en el caso de tratarse de un préstamo a tipo de interés variable, se establece por ley la obligación del  prestamista de entregar al prestatario un documento separado con una referencia especial a las cuotas periódicas a satisfacer por el cliente en diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés.

En el proyecto de contrato el prestatario dispondrá de información desglosada de todos los gastos asociados a la firma del contrato y se dispondrá de un modelo de contrato de préstamo inmobiliario, regulado en norma reglamentaria, que las entidades y los consumidores podrán utilizar de forma voluntaria.

Un tercer bloque se refiere a la fase de contratación y al papel que juegan en ella notarios y registradores. Se refuerza el control de legalidad realizado por notarios y registradores sobre el contenido del contrato, de manera que no se autorizará la escritura si el prestamista no acredita, en particular, que se ha entregado la información precontractual siete días antes al prestatario. En estos siete días, el notario asesorará al prestatario sobre el proyecto de contrato de préstamo inmobiliario y, en particular, sobre las cláusulas contractuales en él contenidas. Dicho asesoramiento, junto con la expresión manuscrita del prestatario manifestando que se le ha remitido la documentación precontractual y que comprende y acepta su contenido, se documentará en un acta notarial que no tendrá coste para el prestatario

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Decenas de miles de comunidades de propietarios de Madrid obligadas a declarar a Hacienda todas las operaciones económicas con terceros

17 de febrero, 2017

El plazo para realizar el conocido modelo 347 termina el 28 de febrero
Decenas de miles de comunidades de propietarios de Madrid obligadas a declarar a Hacienda todas las operaciones económicas con terceros
cafmadrid.es
Madrid, 6 de febrero de 2017.- El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) recuerda que desde hace dos años las Comunidades Propietarios están obligadas a declarar las operaciones con terceros (empresas de reformas de ascensores, jardinería, etc.) cuando hayan superado en su conjunto y durante 2016 la cifra de 3.005,06 euros.
Conocido como el modelo 347, este se puede realizar hasta el 28 de febrero de 2017, y “su omisión puede derivar en importantes sanciones económicas, que cerca del 15% de las comunidades de propietarios (comunidades pequeñas que son administradas por los vecinos o por administradores no profesionales) todavía desconoce”, señala Apolonio Dorado, vicepresidente de CAFMadrid.
El CAFMadrid advierte que las Comunidades de Propietarios tienen obligaciones frente a Hacienda puesto que pueden recibir beneficios (alquiler o venta de zonas comunes) que se han de declarar o pagar rendimientos profesionales y de trabajo (portero, conserje, administrador de fincas, empresa de limpieza, etc.) por lo que han de retener e ingresar en la Agencia Tributaria.
Las operaciones realizadas con empresas de jardinería, albañilería o mantenimiento, el alquiler de cubiertas o fachada del edificio y la realización de obras en zonas comunes son, por este orden, las principales dudas que surgen en una comunidad de propietarios a la hora de rendir cuentas con Hacienda.
Las Comunidades de Propietarios no tienen personalidad jurídica a efectos fiscales para computar las rentas derivadas del alquiler como un ingreso, “razón por la cual cada propietario con arreglo a su coeficiente de propiedad, y no la comunidad, debe poner en conocimiento de Hacienda ese ingreso a través de su declaración de la renta”, recuerda Dorado.
CAFMadrid advierte, además, sobre la naturaleza de subvenciones recibidas por una Comunidad de Propietarios, como por ejemplo por la instalación de un ascensor. Estas subvenciones tienen la consideración, según la Ley de IRPF, de ganancias patrimoniales, por lo que independientemente del importe recibido, es probable que al comunero le obligue a realizar su declaración de la renta, algo que tiene que tener en cuenta los pensionistas.

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El Tribunal Supremo acuerda la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo

16 de febrero, 2017

Miércoles, 15 de febrero de 2017  cgpj.es

El Tribunal Supremo acuerda la retroactividad total de la nulidad de las cláusulas suelo

El Pleno de la Sala Primera adapta su jurisprudencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, al resolver un recurso de casación del BBVA, ha adaptado la jurisprudencia de la Sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a las sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016.

En consecuencia, la Sala ha decidido confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total.

Por otra parte, el Pleno ha desestimado también hoy un recurso de casación que pretendía la nulidad de un cláusula suelo dela Caja Rural de Teruel por falta de transparencia, al concluir que en este caso cumplía los requisitos de transparencia establecidos por su jurisprudencia desde la sentencia de 9 de mayo de 2013.

Los dos fallos han sido comunicados ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se redactará en los próximos días.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su reunión con el Colegio Oficial de Registradores

16 de febrero, 2017

Ministerio de Justicia 14 febrero 2017

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Catalá estudiará con el Colegio de Registradores medidas de reforma de la regulación del mercado hipotecario

16 de febrero, 2017

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
Nota de prensa – mjusticia.gob.es
Primera ronda de contactos al comienzo de la legislatura
Catalá estudiará con el Colegio de Registradores medidas de reforma de la regulación del mercado hipotecario
Se ha propuesto un nuevo procedimiento de comunicaciones electrónicas entre notarios y registradores de la propiedad
14 de febrero de 2017.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido esta tarde con el presidente del Colegio Oficial de Registradores, Gonzalo Aguilera, con quien ha despachado diversos asuntos del interés del colectivo y otras materias relacionadas con la Administración de Justicia y las reformas que se abordarán en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia.
Entre otros asuntos, se ha analizado la transposición de la IV Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, sobre prevención de blanqueo de capitales. Se ha destacado el importante papel de prevención realizado por el Centro Registral Antiblanqueo y se ha abogado por la necesaria implementación del proyecto de la Comisión de la UE sobre interconexión de Registros Mercantiles (proyecto BRIS).
También en materia de normativa europea, ambos han convenido en la necesaria transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre contratos celebrados con consumidores para los bienes inmuebles de uso residencial. En este sentido, se coincide en la necesidad de protección de la cartera hipotecaria y de mejora de los procedimientos de ejecución, así como de fijación de una norma legal de determinación de la fórmula de vencimientos anticipados. Se trata de dar mayor confianza al mercado y de evitar cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. El Colegio de Registradores ha propuesto una serie de medidas de reforma de la regulación del mercado hipotecario para su estudio por el Ministerio de Justicia.
También se ha acordado el desarrollo reglamentario de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en materias específicas de registradores de la propiedad y mercantiles como es la conciliación registral.
Finalmente se ha propuesto un nuevo procedimiento de comunicaciones electrónicas entre notarios y registradores de la propiedad para el intercambio de información sobre titularidad y cargas en el momento de la autorización y presentación de escrituras públicas que sustituya al actual sistema basado en el telefax.

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Las CCAA han suprimido 854 entidades desde 2010, un 168% de los compromisos iniciales

15 de febrero, 2017

Las CCAA han suprimido 854 entidades desde 2010, un 168% de los compromisos iniciales
Viernes 10 de febrero de 2017  lamoncloa.gob.es

Las Comunidades Autónomas han reducido su sector público en 854 entidades desde el 1 de julio de 2010 (fecha considerada para el inicio del cómputo de los procesos de reordenación), lo que supone 41 entidades más que las computadas a 1 de enero de 2016, según se desprende del informe sobre reordenación del sector público autonómico que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la situación existente a 1 de julio de 2016.
En todo caso, conviene reseñar que de esas 854 entidades, 187 han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de 2016 o están en fase muy próxima a la extinción. Dicho informe, que analiza el grado de avance alcanzado por las CCAA en los procesos de reordenación, responde a los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a cuyo pleno se vienen elevando periódicamente sus resultados.

Teniendo en cuenta que los compromisos iniciales de reducción de entes por parte de las CCAA eran 508, la cifra alcanzada ya representa un 168% de ejecución sobre los compromisos iniciales. También supera al anterior informe correspondiente a la situación efectiva a 1 de enero de 2016, con un grado de ejecución del 160%.

Los datos que se publican evidencian el ambicioso proceso de reestructuración acometido por las administraciones autonómicas, en línea tanto con los compromisos planteados en el seno del CPFF como, en su caso, en los planes de ajuste acordados entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y cada comunidad para el acceso a los mecanismos de financiación habilitados.

Las CCAA aumentan los compromisos de reducción de entes acordados tanto en el CPFF como en los sucesivos planes de ajuste

La reducción inicial prevista de 508 entidades, se vio incrementada hasta el anterior informe (1 de enero de 2016) a 906 entidades. El aumento de compromisos de reducción de entes sigue creciendo, y en el informe que se publica, los compromisos autonómicos se elevan ya a 927. Es decir, el objetivo ya se ha visto ampliado en 419 entidades respecto a los compromisos iniciales y en 21 entidades más sobre las previstas en el anterior informe. Estas nuevas medidas suponen elevar los compromisos iniciales de reducción del sector público autonómico, pasando de un 20,89% a un 38,12%.

Ministerio de Hacienda y Función Pública

La ejecución de los compromisos de reordenación del sector público autonómico continúa a buen ritmo

Desde el 1 de julio de 2010 se han materializado 667 bajas netas y, además, como hemos señalado anteriormente, otras 187 entidades han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad al 1 de julio de 2016 o están en fase de liquidación, lo que supone un total de 854 entidades extinguidas o en fase muy próxima a la extinción, 41 entidades netas más que las computadas a 1 de enero de 2016.

La reducción total actualmente comprometida, de 927 entidades, supone que, tras la culminación de este proceso, el sector público instrumental del conjunto de CCAA, (excluidos los entes del País Vasco, aquellos en los que participan varias CCAA, y los dependientes de Ceuta y Melilla) estaría compuesto por 1.505 entidades, un 38,12% inferior que el número de entidades existente al inicio de los procesos de reordenación, cuando había 2.432 entidades.
Ministerio de Hacienda y Función Pública

El informe también incorpora el análisis anualizado de los importantes ahorros económicos asociados a estos procesos de reordenación y los efectos en relación a la evolución en el número de efectivos de personal. Se evalúan igualmente los ahorros y la evolución de efectivos considerando tanto las entidades afectadas por estos procesos como las que subsisten una vez se completen los mismos.

El informe sobre reordenación del Sector Público Autonómico se puede consultar en el siguiente enlace web.

La composición detallada del sector público autonómico a fecha 1 de julio de 2016, así como sus principales características, se integra en el informe semestral sobre el impacto del sector público autonómico en la actividad económico – financiera que se publica también según los últimos datos publicados del inventario de entes dependientes de las Comunidades Autónomas en el siguiente enlace web.

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El ICO y las entidades financieras ponen en marcha las Líneas de Financiación ICO 2017

15 de febrero, 2017

07 de febrero de 2017 mineco.gob.es
El ICO y las entidades financieras ponen en marcha las Líneas de Financiación ICO 2017
En los últimos cinco años, 900.000 empresas han recibido financiación por importe de 61.485 millones de euros
Se mantendrá la estrategia de impulso a la financiación a largo plazo y apoyo a la internacionalización empresarial
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha firmado los protocolos de colaboración con las entidades financieras para la puesta en marcha de las Líneas ICO 2017. El ICO es actualmente la institución de referencia en la concesión de préstamos a pymes. Durante los últimos cinco años, y especialmente durante las fases más agudas de la crisis económica en las que existían restricciones de crédito por parte de las entidades privadas, el organismo ha concedido 61.485 millones de euros a 898.100 empresas a través de sus líneas de financiación. Durante este año, el ICO continuará con su estrategia de crecimiento de la financiación a largo plazo, potenciando las líneas de internacionalización y la especialización en nuevos productos que aporten valor añadido a la financiación y exportación de las empresas.

A la firma de los protocolos de colaboración han asistido la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido; el presidente del ICO, Pablo Zalba; y representantes de las diez entidades financieras más activas en la concesión de préstamos ICO durante el ejercicio pasado: Banco Sabadell, Bankinter, Banco Popular, Santander, Bankia, BBVA, Cajamar Caja Rural, Abanca, Ibercaja y Caja Rural de Teruel.

Durante los últimos cinco años, el ICO ha focalizado su estrategia en financiar la internacionalización de las compañías españolas, tanto sus inversiones como la exportación. El organismo ha facilitado 11.885 millones de euros a 144.450 empresas para la salida al exterior. La actividad crediticia del ICO para financiar la internacionalización ha pasado de suponer un 2,1% del total de las líneas ICO en 2012 al 33,8% en 2016.

En 2016, el ICO concedió 4.681 millones de euros, que han permitido financiar más de 81.000 operaciones. Esta cifra se incrementa hasta los 4.953 millones de euros si consideramos también el préstamo concedido a CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, en el marco de la nueva línea puesta en marcha por el ICO en 2016 para impulsar la internacionalización de las empresas españolas a través de la mediación con la banca internacional.

Las Líneas del ICO destacan por su  gran capilaridad, representando un 67% los préstamos destinados a microempresas con menos de 10 trabajadores. Si tenemos en cuenta también a las empresas de hasta 50 empleados (pequeña empresa), el porcentaje se eleva hasta el 91% de los créditos. La mayoría de los préstamos concedidos se ha destinado a microcréditos, ya que un 54% de los préstamos formalizados tuvo un importe inferior a 25.000 euros. Por regiones, las Comunidades Autónomas más activas en préstamos ICO fueron Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Los datos de las líneas ICO 2016 representan un descenso con respecto al volumen de préstamos concedido en 2015. Esto es debido a la naturaleza contra-cíclica del Instituto. El ICO ha ocupado un papel protagonista en la financiación empresarial durante los años más duros de la crisis e incrementó los préstamos concedidos para compensar  las dificultades que encontraban las empresas para acceder al crédito privado. Una vez que las entidades financieras han normalizado su oferta de crédito y las empresas disponen de mayor liquidez, el ICO ha centrado su estrategia en aportar valor añadido a la financiación empresarial, apoyando actividades que sostengan el crecimiento económico, la creación de empleo y el posicionamiento de las empresas en el exterior.

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El Banco de España en la crisis

14 de febrero, 2017

10/02/2017 bde.es
El Banco de España en la crisis
Artículo publicado en el diario El País
Luis M. Linde
Gobernador
El pasado 4 de febrero, El País publicó un editorial titulado “El prestigio del Banco” en el que, refiriéndose a las “controversias y acusaciones cruzadas” sobre el papel del Banco de España en la crisis bancaria que se desarrolla a partir de 2008, señalaba que hasta ahora “no ha existido una explicación convincente” de su papel en la supervisión y que, puesto “que es imperativo mantener la credibilidad de la institución, no parece una buena idea que permanezca en silencio o no haga las aclaraciones necesarias”.
En los límites de este artículo no puedo intentar dar una respuesta suficiente, ni siquiera resumida a esas y otras reflexiones del editorial. Pero sí puedo señalar cuáles deben ser, en mi opinión, las líneas fundamentales de esa explicación de conjunto que se echa en falta.
El origen de la crisis
No se puede entender nuestra crisis bancaria sin referencia a la burbuja crediticia e inmobiliaria que precede a la crisis, que fue, obviamente, una de sus causas, aunque no la única.
El crédito a hogares y empresas había pasado de representar el 81% del PIB a finales de 1999 a suponer el 166%al cierre de 2008. Algunas partidas crediticias, como la hipotecaria o la destinada a la promoción inmobiliaria aumentaron su peso durante ese periodo desde el 35% del PIB, en el primer caso, hasta el 95%; y desde el 4% hasta el 28%, en el caso del crédito a promotor.
La crisis internacional tuvo un impacto muy significativo en la economía española. La práctica desaparición de algunos de los principales mercados de capitales mayoristas a lo largo de 2007 y 2008, como el interbancario o el de titulizaciones, dificultó la normal financiación de las entidades de crédito españolas, que, en aquellos momentos, presentaban cuantiosas necesidades de financiación exterior. La traslación de estas tensiones a la economía real no se hizo esperar y, a lo largo de 2009, el PIB y el empleo retrocedieron un 3,6 % y un 6,1 %, con gran impacto negativo en las entidades de crédito, que comenzaron a sufrir pérdidas en un entorno de desplome de los precios inmobiliarios y fuerte aumento del desempleo.
La estabilización que parecía lograda en 2010 se interrumpió en 2011. Todas las instituciones, nacionales e internacionales, incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España. Esto, unido a la crisis en los mercados de deuda pública en la zona euro, que llegó a poner en cuestión la supervivencia de la moneda común, llevó a un intenso deterioro de nuestras entidades de crédito, especialmente del sector de cajas.
Hay un dato que es un buen indicador del grave colapso de financiación que sufrió nuestra economía en 2012: en agosto de 2012 las entidades de crédito españolas llegaron a tener una deuda con el Eurosistema de casi 412.000 millones de euros, lo que equivalía a más del 34%de la liquidez inyectada por el Eurosistema a los bancos del conjunto del área euro.
El Eurosistema se había convertido en el principal y, en algunos momentos, casi único proveedor de liquidez de nuestra banca.
Cómo se enfrentó la crisis
La estrategia adoptada para hacer frente a la crisis buscaba evitar la quiebra en cadena de un buen número de instituciones financieras. Esa estrategia perseguía, utilizando recursos privados y públicos y cambios legales e institucionales, evitar la contaminación de todo el sector bancario español, haciendo posible su posterior reestructuración, eliminando el riesgo de que se produjera una crisis de confianza, tanto en los mercados como entre los depositantes.
Otra opción posible, la liquidación mediante concurso de acreedores de las entidades con problemas, habría tenido un efecto demoledor sobre la estabilidad del sistema financiero y habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por los depositantes, o por el contribuyente, en la medida en que el Estado hubiera cubierto esos depósitos, pues el importe que hubiera podido cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos en aquellos momentos habría quedado muy por debajo del total a compensar. Dejando aparte el caso de Lehman, que era un banco de inversión, en ningún país de los que se han enfrentado en los últimos años a una crisis bancaria se ha optado por dejar caer a los bancos que nopudieran hacer frente a la situación por sí solos.
En la estrategia adoptada primaron las soluciones privadas, mediante el saneamiento del balance de las entidades con sus propios recursos, a través de operaciones corporativas, acudiendo al propio sector a través del FGD y, solo en última instancia, mediante la inyección de fondos públicos– incluida la ayuda europea asociada al programa de asistencia financiera firmado en 2012-. No hay que olvidar que entre 2008 y 2013 las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por un total cercano a los 270.000 M€, asumidos en su mayor parte por los accionistas de esas entidades. Hay que subrayar que los depósitos de clientes no sufrieron pérdida alguna.
También hay que recordar que, en nuestro caso, no se consideró una solución a la inglesa, a la alemana o a la holandesa, consistente en la inmediata nacionalización de las entidades en crisis, incluso entidades de gran tamaño. Aun así, el coste de la crisis en términos de recursos públicos, del que el Banco de España viene informando con detalle desde 2013, ha sido elevado, si bien, en términos de PIB se sitúa cerca del registrado en otros países de la zona euro.
El Banco de España 2008-2012
No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre, que adoptase siempre las decisiones óptimas, bien por insuficiencias propias, bien por restricciones políticas e institucionales – severas en el sector de cajas de ahorro- , bien por deficiencias de información en casos que después, cuando han podido ser estudiados con mejor información, han tenido derivaciones, judiciales o de otro orden. Pero creo que es obligado distinguir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche legal.
En relación con la valoración que merece la transparencia del Banco de España como supervisor, una cuestión que no puede ser ignorada es el deber legal de confidencialidad – idéntico o muy parecido al que existe en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE y el resto de los supervisores nacionales -, que no le permite ofrecer una explicación pública de sus actuaciones cuando afectan a entidades concretas.
La actuación del Banco de España en la crisis está recogida y explicada con mucho detalle en la amplísima documentación que se ha ido publicando desde 2008 y que puede consultarse en Internet, en el portal del Banco de España sobre Reestructuración Financiera. Pero, superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008- 2012.

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El Gobierno aprueba el desarrollo de la Ley de Desindexación de precios de bienes y servicios públicos

14 de febrero, 2017

03 de febrero de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno aprueba el desarrollo de la Ley de Desindexación de precios de bienes y servicios públicos
El Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo reglamentario de la Ley de Desindexación de marzo de 2015, que persigue desvincular del IPC la revisión de precios de bienes y servicios en el ámbito del sector público. Esta ley estaba pendiente de desarrollo reglamentario para su plena aplicación. En el reglamento aprobado hoy se tasan las excepciones en las que se permiten las revisiones y se establecen los requisitos que han de cumplirse para estos casos, por ejemplo, que la revisión refleje una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. De esta manera se evita que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que soportar los costes de aquellas prácticas empresariales que no sean las mejores del mercado.

La Ley establece como regla general la prohibición de indexar con el objetivo de evitar los denominados “efectos de segunda ronda” y la inercia inflacionista. Ello protege a la actividad económica general de brotes inflacionistas, al impedir que se trasladen entre los distintos sectores de la economía y que cobren carácter permanente. Así, determinados precios en los que interviene el sector público, como billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad no podrán indexarse respecto al IPC. Las modificaciones de estos precios dejarán de ser automáticas en función de la evolución de la inflación y sólo podrán variar cuando haya otras causas que hayan sido previamente justificadas y acreditadas.

La ley excluye de su ámbito de aplicación la negociación salarial, las pensiones y la emisión de deuda pública.

Excepcionalmente, se permite la  posibilidad de indexación en los casos en que este mecanismo sea necesario y eficiente; es decir, siempre que  esta revisión refleje, de la forma más adecuada posible, la evolución de los costes de la actividad de la que se trate. Concretamente, el reglamento regula el conjunto de valores monetarios que pueden acogerse al régimen de revisión periódica en función de índices específicos de precios. En el listado se incluyen tres tipos de valores monetarios. En primer lugar, algunos precios energéticos regulados como la bombona de butano, la tarifa de último recurso de gas natural, el transporte y distribución de electricidad o el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor de electricidad (PVPC). En segundo lugar, los contratos de arrendamientos de inmuebles en los que intervenga el sector público. En tercer lugar, los contratos, por ejemplo obras, y concesiones del sector público de largo plazo, es decir, aquellos que requieren cuantiosas inversiones y por ende un período de recuperación de tales inversiones que exceda los cinco años.

Estas indexaciones se llevarán a cabo, generalmente, mediante fórmulas previamente tasadas que deberán justificarse por una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. Se considerarán únicamente los costes indispensables y significativos para la actividad y cuya evolución sea impredecible. Deberán utilizarse precios individuales o índices de precios específicos que reflejen esos costes. No se permite indexar costes financieros, amortizaciones, gastos generales y de estructura, ni el beneficio industrial.

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Las directivas de la UE son vinculantes antes de su transposición cuando el Estado incumple el plazo previsto para ello

13 de febrero, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 6/2017 tribunalconstitucional.es
Las directivas de la UE son vinculantes antes de su transposición cuando el Estado incumple el plazo previsto para ello
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a un ciudadano a cuyo abogado se le denegó el acceso al expediente policial abierto tras su detención por la Guardia Civil, situación que tampoco fue subsanada posteriormente por el juez de instrucción, que desestimó la solicitud de habeas corpus. El Tribunal considera que se han lesionado sus derechos a la libertad individual (art. 17.1 CE) y a la asistencia de abogado durante la detención (art. 17.3 CE). Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Ricardo Enríquez.
Los hechos que dieron lugar a la demanda de amparo se produjeron en julio de 2014, cuando, tras la detención del recurrente por la Guardia Civil como presunto autor de varios delitos, se denegó el acceso al expediente policial al abogado de oficio que debía asistirle durante la declaración. El demandante se acogió al habeas corpus y denunció ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) que la privación de libertad era ilegal, entre otros motivos, por insuficiente información sobre sus causas. El Juzgado desestimó tal petición.
En la demanda de amparo se alega que el acceso al expediente policial era un derecho exigible conforme a lo establecido en el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, pese a que ésta aún no había sido incorporada al ordenamiento jurídico español, en la fecha en que ocurrieron los hechos.
La Sala Segunda estima el amparo y declara que, en este caso, la negativa de la Guardia Civil, primero, y la desestimación del habeas corpus por el Juzgado, después, causaron la lesión de los derechos del demandante.
Explica la sentencia que es de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual “el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo las medidas” impuestas por una Directiva, “no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica”. Y ello porque “el efecto útil” de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por medio de una Directiva “quedaría debilitado si a los justiciables se les impidiera invocarlo ante los Tribunales y a éstos tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario”.
En este caso concreto, la Directiva 2012/13/UE fijaba como fecha límite para su transposición el 2 de junio de 2014. España no cumplió con esta obligación hasta la aprobación de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, que reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que entró en vigor el 28 de octubre de ese mismo año. Por tanto, desde la perspectiva constitucional, la citada Directiva comunitaria consagra el derecho de acceso, por la persona detenida y por su abogado, a los materiales del expediente que resulten “fundamentales” para poder impugnar de manera “efectiva” la legalidad de la detención.
Pese a que el juez de instancia admitió la validez de la Directiva comunitaria, denegó el habeas corpus con el argumento de que, en el momento en que el abogado pidió el acceso a la información en poder de los agentes, no existía, como tal, ningún expediente, “pues los agentes se encuentran practicando diligencias y confeccionando el atestado”. Esta argumentación es considerada insuficiente por el TC, pues queda “desvirtuada” por la “propia lógica de los hechos narrados en el atestado policial”. “Si la detención se desencadenó a resultas de un operativo policial contra personas reseñadas por la comisión de diversos delitos en varias localidades (…), al menos debían existir bajo algún soporte (papel o informático) las denuncias de tales delitos, así como la documentación de los registros efectuados al detenerles (…)”.
Madrid, 10 de febrero de 2017.

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El Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado

12 de febrero, 2017

Jueves, 9 de febrero de 2017  – cgpj.es

El Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado

En relación con un recurso planteado contra una sentencia de la Audiencia de Pontevedra que declaró la nulidad de la cláusula

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en el curso de la deliberación, votación y fallo de un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección primera, de 14 de mayo de 2014, en la que, entre otras, se declaraba la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, decidió dar traslado a las partes sobre el eventual planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación al TJUE, al amparo del artículo 4bis LOPJ.

Se adjunta nota de la Sala.
Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete Técnico
Auto planteando cuestión prejudicial en relación con la cláusula de vencimiento anticipado
El Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en el curso de la deliberación, votación y fallo de un recurso de casación interpuesto por Abanca Corporación Bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, sección primera, de 14 de mayo de 2014, en la que, entre otras, se declaraba la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, decidió dar traslado a las partes sobre el eventual planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación al TJUE, al amparo del artículo 4bis LOPJ
Tras las alegaciones de las partes, la sala ha resuelto plantear la cuestión prejudicial de interpretación conforme al artículo 267 TFUE. Comienza explicando el marco normativo propio del derecho nacional, las distintas opciones que tiene el acreedor hipotecario ante el impago de su crédito, y las posibilidades procesales del deudor a la hora de oponerse a la reclamación, con especial referencia a las que tienen los deudores consumidores. En concreto, compara la regulación del juicio declarativo y la subsiguiente ejecución ordinaria, con la regulación del proceso especial de ejecución hipotecaria, en relación con las posibilidades de que dispone el consumidor ante la ejecución (enajenación forzosa) sobre su vivienda habitual.
A continuación, y tras un repaso de las decisiones judiciales del propio Tribunal Supremo y del TJUE sobre la validez de esta cláusula, la sala considera que subsisten dudas en la acomodación del derecho nacional al derecho comunitario aplicable.
En este contexto, las preguntas que formula el Tribunal Supremo al TJUE son, sintéticamente, las siguientes:
1- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.
2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.
Madrid, febrero de 2017. Área civil del Gabinete técnico.

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El CGPJ plantea un plan de urgencia para hacer frente a las posibles demandas por las cláusulas suelo

11 de febrero, 2017

Jueves, 9 de febrero de 2017  cgpj.es

El CGPJ plantea un plan de urgencia para hacer frente a las posibles demandas por las cláusulas suelo

La propuesta es especializar en esta materia un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, evitando así la sobrecarga de trabajo del resto de los órganos judiciales. La competencia territorial provincial permitiría dar una respuesta idéntica a todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.

El órgano de gobierno de los jueces entiende que aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.

Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.

Especialización de Juzgados de Primera Instancia

La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.

La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.

La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se tomaría en estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para estudiar el plan- y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.

La competencia debe ser exclusiva y no excluyente porque de lo contrario se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran excluidos los órganos especializados.

Esta es la razón de que la Comisión Permanente haya considerado que la competencia exclusiva y no excluyente deba ir acompañada de medidas de refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.

Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.

La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.

El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

Mayor seguridad jurídica

El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en materia de comercialización de productos híbridos financieros (preferentes).

Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los Juzgados de Primera Instancia. De este modo se garantiza eficacia y rapidez en la resolución de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y, a la vez, que los tiempos de respuesta a los litigios de otra clase no se dilaten.

También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios, lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales; y daría un uso racional a la figura de los JAT, aprovechando su versatilidad para acomodarse a los cambios sociales, legales o jurisprudenciales que cada vez tienen un reflejo más rápido en las cargas de trabajo de los tribunales.

Por último, el CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia.

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Unión de Créditos Inmobiliarios aplicó “cláusulas suelo análogas”

10 de febrero, 2017

Unión de Créditos Inmobiliarios aplicó “cláusulas suelo análogas”
Una juez de Barcelona lo considera “cláusula suelo análoga” y la anula por falta de transparencia, obligando a recalcular la hipoteca con retroactividad total tal y como señala Luxemburgo

By Redacción – elmundofinanciero.com

Jueves 09 de febrero de 2017

La Unión de Créditos Inmobiliarios aplicó ‘cláusulas suelo análogas’. La titular del juzgado nº 5 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) considera que la cláusula que regula los tipos de interés resulta “análoga” a las cláusulas suelo. La cláusula señala lo siguiente: “Si la cuota calculada después de cada revisión del tipo fuese inferior a la cuota resultante de la revisión anterior, se aplicará esta última”. “En definitiva, se trata de una cláusula cuyo suelo es la primera revisión con la desventaja añadida de que si hay subidas de tipos, estas se consolidan”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.
La juez considera que la cláusula es análoga a las cláusulas suelo y aplica la sentencia del Supremo del 5 de mayo de 2013 en la que las declara nulas por no superar el control de transparencia. El Supremo explicó que no se informó sobre el reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos de interés ni se informó de la evolución previsible. “La evolución era previsible para el empresario y sorprendente para el consumidor”, señaló el Alto Tribunal.

En el caso de la hipoteca de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI, la juez de Hospitalet también afirma que “no consta que informara sobre el comportamiento previsible” de los tipos de interés porque “se le dio un tratamiento impropiamente secundario” de manera que los clientes “no percibieron la verdadera relevancia que podía tener en el funcionamiento ordinario del contrato”.

Así que anula la cláusula por falta de transparencia en la “comprensibilidad real” y obliga a UCI a recalcular la hipoteca desde el principio, aplicando la retroactividad total tal y como ha señalado Luxemburgo en sus resoluciones del 21 de diciembre de 2016 y del pasado 26 de enero.

“Una sentencia muy relevante para todos los que tengan hipoteca de UCI con esta cláusula porque sienta un precedente y podría forzar incluso la posibilidad de que UCI se abriera al procedimiento extrajudicial impulsado por el gobierno para resolver las cláusulas suelo sin necesidad de acudir al juzgado”, explica Navas.

Anulada la cotitularidad

La sentencia también anula la cotitularidad de los padres del marido del matrimonio hipotecado. “No iban a habitar, no la buscaron ni la eligieron”, concluye el juez. “Más bien se vieron forzados a asumir la cotitularidad mediante engaños y coacciones”, explica el socio-director de navascusi.com.

La historia es la siguiente: el matrimonio está formado por un joven policía y su mujer. A él le trasladan a otra localidad y busca un piso de alquiler. La inmobiliaria le convence para que en lugar de alquilar, compre y le ofrece la hipoteca de UCI. El joven matrimonio accede. Constituye unas arras de 7.000€ en donde sólo aparecen como cotitulares él y su mujer. Pero la inmobiliaria dilata la operación hasta que el plazo de las arras caduca. Es entonces cuando introducen a los padres como cotitulares en la escritura, aunque en la oferta vinculante sólo aparece el joven matrimonio.

“En la notaria los padres dijeron que no querían aparecer, pero el notario y UCI les dijeron si se negaban perdían la casa y los 7.000€ de arras; en minutos y con la presión, tuvieron que acceder”, explica Navas.

Además, aunque la oferta vinculante está fechada dos días antes de la escritura, el comercial de UCI reconoció en el juicio que se hizo en unidad de acto con la escritura. “Una ilegalidad porque se incumplieron los plazos legales establecidos para que el cliente pudiera estudiar la oferta con tranquilidad sin las prisas de la firma”, señala el socio-director de navascsi.com

Así que la juez anula la cotitularidad por entender que el consentimiento estaba viciado en un asunto esencial y excusable. “Se hace justicia ante una mala práctica y un abuso. Los padres nunca quisieron estar como cotitulares; se vieron forzados por maniobras inaceptables”, concluye Navas.

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“El juez me salvó del desahucio porque detectó una cláusula abusiva”

9 de febrero, 2017

“El juez me salvó del desahucio porque detectó una cláusula abusiva”
Un juzgado de Fuenlabrada (Madrid) paró en 2016 el desahucio de Ismael al apreciar durante el proceso de ejecución que su hipoteca tenía vencimiento anticipado

Esta forma de actuar acaba de ser respaldada por el Tribunal de Justicia de la UE, que se ha pronunciado sobre una sentencia dictada en Santander

“Ganar al banco era impensable antes. Me pasé dos años intentando la dación en pago y siempre fue no, hasta que no tuvieron más remedio”, dice el afectado

Sofía Pérez Mendoza
27/01/2017 –  eldiario.es
Ismael Villar tenía una cláusula que el juez consideró abusiva en su hipoteca

Ismael Villar ganó al banco. El juez en cuyas manos cayó la denuncia de la entidad por impago identificó durante el proceso de desahucio una cláusula que consideró abusiva en la hipoteca y paró las máquinas. Ahora, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha respaldado a los magistrados que actúan así, es decir, de oficio. Sin demanda del afectado e incluso después de haberse dictado la primera sentencia, pero siempre antes del lanzamiento.
La sentencia que salvó a Ismael se firmó en Fuenlabrada, un municipio al sur de Madrid, en marzo de 2016. Él y su familia, compuesta por su pareja y dos hijas menores de diez años, llevaba tres años sin pagar a la financiera –Unión de Créditos Hipotecarios (UCI), dependiente de Banco Santander y BNP Paribas– con la que firmaron en 2006 un crédito por valor de 242.000 euros. Entonces entraban dos sueldos a casa.

“Todo nos lo gestionó la inmobiliaria, nunca nos reunimos con ellos. Solo vimos las escrituras el día que el notario nos lo leyó de corrido y sin entender nada”, recuerda el afectado, que asegura que todo el proceso fue opaco. Tiene deficiencia visual y esto nunca se tuvo en cuenta, afirma. “Me pillaron con 22 años, estaba como loco por tener una casa. Íbamos a ser padres por primera vez”, añade.

Cuando el juez estudió toda la documentación encontró en la hipoteca la cláusula de vencimiento anticipado. Esto significa, supo después Ismael, que la entidad puede reclamarte la totalidad de la deuda si has dejado de pagar solo durante tres meses. En su caso esperaron más, casi un año y medio, motivo por el cual la cláusula no deja de ser abusiva, argumenta el juez en su sentencia.

eldiario.es se ha puesto en contacto con Unión de Créditos Hipotecarios, que afirma “respetar y acatar las decisiones judiciales”. Preguntada sobre si sigue incluyendo el vencimiento anticipado en las hipotecas, la financiera asegura que “siempre adaptamos los contratos a los cambios que se producen en la normativa”. Aunque puntualiza que “todavía no hay jurisprudencia sobre las consecuencias de que alguna cláusula de vencimiento anticipado se declare nula”.

Ismael explica que antes de que la entidad lo llevara a los tribunales intentó negociar sin éxito una solución. UCI se negó, asegura, porque en su casa sí entraba un sueldo. “Primero me rebajaron la mensualidad, pero me capitalizaban los intereses, con lo cual la deuda iba aumentando. Yo no lo sabía. Ganaba 1.600 euros y la hipoteca eran 1.200. Con dos niñas… imagínate. El último año que pagamos nos estuvo dando de comer mi madre. Después intentamos durante otros dos que nos dieran la dación en pago y siempre fue no, hasta que no tuvieron más remedio”, explica.

La sentencia, asegura, le pilló por sorpresa. No esperaba un fallo a su favor. “Ganar al banco hace unos años era impensable. Todas las ejecuciones iban hacia adelante. Esto significa que vamos consiguiendo cosas. He perdido 87.000 euros [los que pagó a UCI, todo intereses] y la casa ya no es mía, pero me he quitado el peso de la deuda, que me estaba matando. He pasado tres años sin dormir. Esto hay que vivirlo”, dice ahora, tras lograr la dación en pago y un alquiler de 400 euros en la misma vivienda una vez que la justicia se pronunció a su favor.

Según el afectado, la financiera recurrió el fallo en la Audiencia Provincial de Madrid, pero terminó retirándolo. Este extremo no ha sido aclarado por UCI. “Creo que pensaron que les salía más rentable mantener la casa y seguir ingresando un alquiler que esperar dos años a que se resolviera el caso, seguramente en su contra”, piensa Ismael, la primera persona que ganó a UCI por vencimiento anticipado. Después llegaron más sentencias, acredita la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con un grupo solo de casos de UCI.

Reabrir más casos

Con el nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, se reafirma la posibilidad de que vuelvan a abrirse algunas ejecuciones hipotecarias donde no se haya producido todavía el lanzamiento y que en virtud de esto el juez estudie si el contrato contiene algunas cláusulas que pueden considerarse abusivas y que en el momento de la primera sentencia no fueron analizadas.

A este respecto, varios abogados consultados señalan que si hay algún afectado en proceso de ejecución hipotecaria que todavía no ha hecho nada y no le han desahuciado podría ir al juzgado a plantar “un incidente”, la palabra técnica para referirse al proceso para que le revisen de oficio la hipoteca.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca interpreta, en un sentido más amplio, que la sentencia abre la posibilidad de reabrir casos anteriores que tuvieran esta cláusula, presente en todas las hipotecas, según el colectivo.

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La Audiencia de Málaga condena a Roca, Muñoz y siete exconcejales del ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación por prevaricación

8 de febrero, 2017

Lunes, 6 de febrero de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Málaga condena a Roca, Muñoz y siete exconcejales del ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación por prevaricación

Muñoz y Roca han sido absueltos de los delitos de cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección tercera de la Audiencia de Málaga ha condenado a Juan Antonio Roca y a Julián Muñoz a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación con la concurrencia de la atenuante de dilación indebida del procedimiento. La sentencia considera que ambos cometieron el delito continuado de prevaricación en la operación urbanística desarrollada en la finca El Pinillo, en la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos.

Así, la resolución señala que la dueña de la finca y perjudicada, estuvo diez años a la espera de que el ayuntamiento le abonara los terrenos que le había expropiada para uso municipal. Y “siempre pensó que el ayuntamiento iba a cumplir y de hecho escuchó todas las propuestas que para solucionar el tema le llegaron del ayuntamiento y que le fueron transmitidas, incluso en reuniones personales que mantuvieron ella o alguno de sus hijos con Juan Antonio Roca”.

La sentencia continúa señalando que “en este caso, la ilegalidad de los decretos de Julián Muñoz, es evidente, patente, flagrante y clamorosa, y ha sido cometida a sabiendas -es decir, con dolo directo pues se acordó la adjudicación directa de la finca-, desviándose de lo que hasta ese momento se había resuelto, decisiones prevaricadoras que constituyen una contradicción insuperable y de grado notorio con la legalidad vigente, esto es -siguiendo con palabras del Tribunal Supremo-, un torcimiento del Derecho, una flagrante injusticia, una decisión totalmente arbitraria, impropia de la Administración, una situación próxima al abuso de poder, que, en definitiva, es lo que define el panorama jurídico propio del delito de la prevaricación administrativa”. Por ello, ambos han sido condenados también a indemnizar a los herederos de la finca El Pinillo, de Marbella, en la cantidad de 260.000 euros, cantidad de la que se declara responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Marbella.

Junto a ello, la Sala condena a siete exediles del Ayuntamiento de Marbella a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación de miembro de órgano colegial, una pena a la que mostraron su conformidad al comienzo del juicio. Y absuelve a Julián Muñoz y a Juan Antonio Roca del resto de delitos de los que habían sido acusados: cohecho, estafa, fraude, alteración de subasta y negociación prohibida a funcionarios.

También se absuelve a otros siete acusados así como a otro procesado tras haber retirado la acusación al final del juicio por quienes la ejercían. Por último, por extinción de la responsabilidad criminal operada por prescripción de los delitos de que fueron acusados, también se ha absuelto a otros cuatro acusados.

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Aumenta al 50% la población española que usa internet para contactar con las administraciones públicas

7 de febrero, 2017

Aumenta al 50% la población española que usa internet para contactar con las administraciones públicas

ieemadrid.es

Desde hace años viene aumentado el porcentaje de personas que utilizan Internet para acceder a las administraciones o los servicios públicos. En el conjunto de la UE-28, el promedio ha pasado de un 41% en 2010 a un 48% en 2016.

Los países más avanzados en el uso de la administración electrónica son, sobre todo, los nórdicos, figurando en cabeza Dinamarca, Finlandia y Suecia. Estonia es el país de reciente adhesión mejor posicionado, con un 77% de personas que han contado o interactuado vía Internet con las administraciones públicas. Los Países Bajos y Luxemburgo comparten un 76%. Francia se sitúa en el 66%, Austria en el 60% y Alemania en el 55%. Bélgica, el Reino Unido e Irlanda también superan claramente el 50%. En España estamos justo en la mitad de la población, lo que supone un aumento notable desde el 38% registrado en 2010. En torno a la media se sitúan Grecia, Eslovaquia y Hungría.

Por debajo del promedio figuran Eslovenia, Lituania y Portugal compartiendo un 45%. En Italia la cifra baja al 24% y llega a los mínimos del 19% en Bulgaria y 9% en Rumanía.

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La CNMC recomienda mejoras en la contratación de suministros informáticos por parte de la Administración Pública

6 de febrero, 2017

La CNMC recomienda mejoras en la contratación de suministros informáticos por parte de la Administración Pública

01 Feb 2017  cnmc.es
Se recomienda optar por sistemas dinámicos de adquisición frente a los acuerdos marco
Hay que implementar medidas para minimizar el riesgo de comportamientos colusorios

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a solicitud del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha analizado las implicaciones de los pliegos previstos para la contratación de los suministros de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores por parte la Administración Pública (INF/CNMC/091/16).

Desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente la CNMC plantea las siguientes recomendaciones:
Disponibilidad de información estadística y cooperación con la CNMC. Una presentación de datos homogénea permite emplear en la supervisión de la contratación herramientas informáticas diseñadas específicamente con dicho fin que facilitarán la detección ex ante de márgenes de mejora en los procesos de licitación. Igualmente, se recomienda mantener y potenciar la colaboración con la CNMC, que ha elaborado un programa informático propio, con objeto de evaluar en su totalidad los efectos sobre la competencia efectiva y la eficiencia económica de estas licitaciones.
Preferencia por los sistemas dinámicos de adquisición. Su implementación supondría un claro incentivo a la eficiencia al ser un procedimiento abierto dinámicamente a la concurrencia durante toda su vigencia.
Extensión de la vigencia del Acuerdo Marco. Se señala que la duración del Acuerdo, incluidas posibles prórrogas, debe ser lo más ajustada posible para favorecer la competencia efectiva máxime si se tiene en cuenta que su objeto está relacionado con un sector caracterizado por los rápidos avances tecnológicos.
Consultas a operadores. Se realizan diversas recomendaciones para un empleo eficiente de las consultas a operadores y de la posible utilización de vías alternativas para conocer de forma más efectiva el funcionamiento del mercado.
Criterios de solvencia. Se recomienda una reconsideración de algunos de los umbrales exigidos en relación con la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para evitar que se erijan barreras de entrada injustificadas de acceso a la licitación en base a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Catálogo variado y concurrencia en la adjudicación de los contratos basados. Se sugiere que no se limite el número de productos por lote, de lo contrario se contradice la finalidad de aprovechar las economías de escala y al mismo tiempo obtener un catálogo variado de proveedores y especializado. Se propone además establecer la obligación de cursar invitación a concurrir a una segunda licitación a todos los participantes del lote correspondiente.
Modificaciones del Acuerdo Marco. Se anima a no restringir la posibilidad de sustituir productos que no sean de la misma marca y se recomienda, en caso de modificación por parte de la Administración, que esta se justifique adecuadamente, ya que se está facultando a aquella a realizar variaciones sobre el importe inicialmente fijado de hasta el 20%.
Minimización del riesgo de comportamientos colusorios. Se recomienda reforzar la aversión de los operadores a la colusión a través de un reforzamiento del grado de conocimiento de la normativa de competencia, explicitada en los propios Pliegos, así como del grado de compromiso de los operadores para promover la ausencia de comportamientos de esta naturaleza.
Presentación de ofertas. Se recomienda prever la posibilidad de admitir la presentación de ofertas electrónicas para agilizar, simplificar y reducir costes. Esta opción, supondría un incentivo para que participaran nuevas empresas, tanto de nueva creación como,  aquellas que no han participado antes en la contratación pública, y empresas geográficamente menos próximas pero perfectamente capacitadas.

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La Audiencia de Las Palmas archiva una ejecución hipotecaria tras declarar la nulidad de la cláusula suelo y la devolución retroactiva

5 de febrero, 2017

Lunes, 30 de enero de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Las Palmas archiva una ejecución hipotecaria tras declarar la nulidad de la cláusula suelo y la devolución retroactiva

El auto señala que la demanda de ejecución no cumple con los requisitos de exigiblidad y liquidez de la deuda

Autor:Comunicación Poder Judicial

Un auto de la sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 26 de enero de 2016 ha decretado el sobreseimiento de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se ha declarado nula la cláusula suelo y la devolución de las cantidades indebidamente abonadas. Asimismo, ésta se tendrá que producir desde la fecha de la suscripción del contrato, por no cumplir la demanda de ejecución con los requisitos de exigiblidad y liquidez de la deuda.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2014 señala que dos de los requisitos que ha cumplir una demanda de ejecución hipotecaria y que deben ser controlados por el juez de oficio y pueden ser alegados por el ejecutado en su oposición a la ejecución son la exigibilidad y la liquidez de la deuda.

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en dos autos de 19 y 26 de enero de 2017, entiende que la consecuencia en el procedimiento hipotecario de la declaración de nulidad de la cláusula suelo y de la consiguiente declaración de que la devolución de las cantidades indebidamente abonadas habrá de producirse desde la fecha de la suscripción del contrato, es el archivo y sobreseimiento del procedimiento de ejecución.

El tribunal señala dos causas para determinar el sobreseimiento de la ejecución:

1º. Porque “en todos los casos” la obligación de retrotraerse en la vida del préstamo hipotecario y determinar nuevamente el importe de la deuda, aplicando sobre el principal el interés remuneratorio correcto, y con compensación de las cantidades indebidamente cobradas en exceso durante la vida del préstamo por efecto de la cláusula suelo, conlleva que en la fecha de presentación de la demanda de ejecución hipotecaria “la deuda no era líquida”.

2º. Porque “en muchos casos” la obligación de retrotraerse en la vida del préstamo hipotecario y determinar nuevamente el importe de la deuda, aplicando sobre el principal el interés remuneratorio correcto, y con compensación de las cantidades indebidamente cobradas en exceso durante la vida del préstamo por efecto de la cláusula suelo, conllevará que en la fecha de presentación de la demanda de ejecución hipotecaria “la deuda no fuera exigible”, pudiendo incluso suceder que en esa fecha ”el ahora ejecutado en realidad era acreedor y el banco o entidad financiera aquí ejecutante era el deudor”, al ser mayor la suma debida por el banco al cliente por la indebida aplicación de la cláusula suelo que la suma debida por el cliente al banco por el impago de unas pocas cuotas.

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