Los salarios pierden poder adquisitivo mientras el PIB y los precios crecen

Los salarios pierden poder adquisitivo mientras el PIB y los precios crecen

UGT

24 marzo 2023

Contabilidad Nacional del cuarto trimestre de 2022

Los datos de Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) correspondientes al último trimestre de 2022, publicados hoy por el INE, muestran un crecimiento anual del PIB del 2,6% y una variación de apenas un 0,2% trimestral. Estos datos son una muestra más de la ralentización que tuvo la economía española al final de 2022 ante la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania. No obstante, por ahora se ha evitado la recesión económica que se pronosticaba desde muchos ámbitos.

En lo que respecta al conjunto de 2022, finalmente el PIB de la economía española ha crecido un 5,5%, un dato que está por encima de las previsiones que tenían los principales organismos nacionales e internacionales recientemente (5,0% aproximadamente según el consenso de Funcas) y del orden de las que apuntaban antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania (5,6%), lo que, para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, supone una buena noticia.

Pese al shock que supuso el conflicto bélico para los países más desarrollados, España ha sido capaz de atravesar la tempestad y terminar 2022 con un buen crecimiento de la economía española y con un aumento del empleo que la CNTR cifra en un 3,8% más de ocupados en puestos equivalentes a tiempo completo y un 4,3% en el caso de los asalariados. Para UGT, estos resultados son la consecuencia de una reforma laboral que era necesaria para impulsar la contratación aportando estabilidad laboral.

Sin embargo, el sindicato considera que hay otras circunstancias que han afectado a la economía española y que no se han sorteado con tanta destreza, como sucede con la inflación. Los salarios han perdido 5,2 puntos porcentuales de capacidad adquisitiva en 2022 debido al comportamiento del nivel general de los precios (aumento del 8,4% en 2022) y a las bajas variaciones salariales (2,8%). Esto ha afectado al desempeño de la economía española sobre todo en el tercer y cuarto trimestre, cuando ha habido una evidente deceleración con crecimientos prácticamente nulos en términos trimestrales.

CEOE debe negociar una subida de los sueldos

Aunque ahora se están revisando las previsiones de crecimiento al alza, lo cierto es que existen riesgos de desaceleración en 2023, derivados esencialmente de dos circunstancias: de un lado, el aumento de tipos de interés del BCE, que dificulta el crédito y encarece las hipotecas; de otro lado, la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios, principal sustento del consumo de los hogares y, por tanto, de la actividad.

En este sentido, UGT considera fundamental recuperar el poder de compra perdido por las personas trabajadoras, para lo cual sería muy útil que se alcance un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que fije unas líneas maestras para los acuerdos en los convenios colectivos. La propuesta sindical de establecer una parte de las variaciones salariales ligadas a la evolución de la inflación y de los beneficios empresariales aporta justicia y capacidad de adaptación al contexto económico, algo esencial en momentos de inestabilidad como el actual. Por ello, UGT reclama a la patronal a que se siente ya a negociar y asuma sus responsabilidades con las necesidades económicas del país y de las propias empresas a las que representa.

Datos de interés

Los datos definitivos de la CNTR publicados hoy por el INE muestran una tasa de variación anual del PIB del 2,6%, 2,1 puntos porcentuales menor que la observada en el trimestre anterior. Por su parte, la tasa trimestral confirma la deceleración del crecimiento que se avanzó con los datos provisionales, al caer al 0,2% por segundo trimestre consecutivo.

En lo que respecta a la demanda, destaca la evolución del gasto de los hogares, que ha descendido en este trimestre un 1,8%, motivado por la incertidumbre y la elevada inflación, que lleva a los hogares a posiciones más conservadoras con su consumo ante el encarecimiento de los bienes y servicios. Esto se ha reflejado en la demanda nacional, que ha caído un 0,9%. En el sector exterior se observa también una importante caída en el trimestre de las importaciones (-4,2%) y un descenso más moderado de las exportaciones (-1,1%). La inversión en este trimestre se ha reducido un 3,7%. En términos anuales se han producido incrementos en todas estas variables.

Por el lado de la oferta, destaca el buen desempeño del sector primario, que ha aumentado su actividad en un 4,3% respecto al tercer trimestre del año. El resto de los sectores se han mantenido estables, salvo la construcción que ha descendido un 0,3% en este trimestre. Dentro del sector servicios se registran dos ramas que despuntan, la rama de información y comunicación lo hace en positivo, con un aumento del 4,6% trimestral, mientras que las actividades artísticas y recreativas lo hacen en negativo, con una caída del 7,1% en el trimestre. El comportamiento de los sectores en términos anuales ha sido positivo, salvo el sector agrario que ha disminuido un 2,5%. En el sector servicios y en la construcción se observan los dos aumentos más significativos, 3,5% y 4,7% respectivamente.

Por último, las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,7% interanual y disminuyeron un 0,1% trimestral; mientras que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo muestran un incremento trimestral del 0,1%. En términos anuales, el empleo crece un 2,0%, la menor tasa anual en todo el 2022. Con estos datos se obtiene que entre el último trimestre de 2021 y el de 2022 se han creado 386.000 de puestos de trabajos a tiempo completo.

Llop destaca que las becas del Ministerio de Justicia “democratizan” el acceso al Servicio Público y “lo dotan de mayor calidad”

Llop destaca que las becas del Ministerio de Justicia “democratizan” el acceso al Servicio Público y “lo dotan de mayor calidad”

25/03/2023

La ministra de Justicia ha participado hoy, en la Universidad de Granada, en la presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras profesionales.

Pilar Llop ha estado acompañada por ocho estudiantes que han sido becados en la primera convocatoria, del año 2022.

La titular de Justicia ha destacado que para 2023 se va dedicar un total de 5.239.880 euros a la convocatoria de 792 becas para la preparación de oposiciones.

También ha clausurado el VI Congreso sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, donde ha explicado algunas de las líneas del Anteproyecto de Ley Orgánica contra la Trata y la Explotación de seres humanos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado hoy en la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, en Andalucía, que ha tenido lugar en el marco de la celebración de la Semana de la Administración Abierta.

En el acto, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, han acompañado a Llop ocho estudiantes, de los 245 totales, que han sido becados en la primera convocatoria, del año 2022. ?

La titular de Justicia ha destacado que “queremos que el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, alcance toda su virtualidad. Democratizar el acceso a estos cuerpos es dotar de una mayor calidad a nuestro sistema”.

Becas del Ministerio de Justicia para 2023

Según Llop, para 2023 se van a dedicar un total de 5.239.880 euros a la convocatoria de 792 becas para la preparación de oposiciones. De esta manera, en solo una anualidad, el presupuesto destinado a becas es de más del triple que el originario, con un incremento del 223,5%. “Esto demuestra un compromiso con la diversidad y la educación”, ha matizado.

Llop ha señalado que ocho de cada 10 beneficiarios de las becas 2022 fueron mujeres (el 79%). Y que el principal criterio de concesión de estas ayudas fue el de la menor renta familiar. Además de otros aspectos como la condición de víctima de violencia de género y/o de terrorismo o vulnerabilidad.

Con estas becas, ha señalado la ministra, se facilita el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socio-económica. “Es una cuestión de Justicia social”, ha matizado.

La ministra ha recordado que desde el Gobierno de España se han destinado este año 2.000 millones de euros a becas en el ámbito educativo, “para que la herramienta de vida que proporcionan los estudios, los títulos profesionales y universitarios, lleguen a quienes tiene vocación e ilusión, porque un país con educación es un país más humano”.

Códigos BOE

Por otra parte, y en línea con estas acciones, la ministra se ha referido a los códigos BOE para la preparación de oposiciones de acceso a las carreras y cuerpos de Justicia.

A través del código BOE, los opositores pueden acceder al contenido ordenado sistemáticamente, presentado en un formato electrónico accesible y permanentemente actualizado. Además, éstos ofrecen unas enormes posibilidades de trabajo y estudio a través de un sistema de alarmas y notas.

La ministra ha sido acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río; la directora del Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, Abigail Fernández; y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda.

VI Congreso sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud

Posteriormente, Llop ha clausurado el VI Congreso sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, en la misma Universidad de Granada, donde ha desgranado algunas de las líneas del Anteproyecto de Ley Orgánica contra la Trata y la Explotación de seres humanos, aprobado por el Consejo de Ministros a finales del mes de noviembre de 2022.

La titular de Justicia ha destacado que la nueva norma “supondrá un antes y un después en el compromiso con la protección de los derechos humanos y en la lucha contra las mafias de la explotación, contra el crimen organizado”.

Para la ministra, la trata de seres humanos es “una de las duras realidades presentes en nuestra sociedad, algo que en un Estado social y democrático de Derecho no puede ser tolerado” y que se agrava en contextos de emigración o conflictos bélicos como el actual de Ucrania.

Llop ha hecho hincapié en que la trata de seres humanos “atenta gravemente en todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas, a su vida, su integridad física y psíquica, a la salud, y a la libertad sexual y el honor”.

La ley, que ha surgido del consenso y la participación de los Ministerios de Justicia; Trabajo y Economía Social; Igualdad; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como de la escucha del movimiento asociativo y las recomendaciones de órganos internacionales, “aborda de modo holístico e integral la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos”.

Entre las muchas medidas recogidas en el anteproyecto, está la de prevención y sensibilización social, en la que se apela a los medios de comunicación, a la adopción de medidas en los ámbitos educativo, sanitario, de publicidad, alcanzando a los ámbitos privados y empresariales, para evitar la explotación laboral.

Llop ha anunciado también como novedad la creación del Mecanismo Nacional de Derivación, un órgano que se encargará de forma inmediata de las presuntas víctimas de trata y dependerá de una Relatoría Nacional sobre la Trata y Explotación de Seres Humanos.

Desde el momento mismo en que se detecten e identifiquen estas víctimas, tendrán derecho a recibir información, asesoramiento, a ser inmediatamente derivadas a servicios especializados de asistencia y protección, así como a su retorno asistido voluntario.

UGT reclama políticas que impulsen la mejora y el cuidado de los bosques

UGT reclama políticas que impulsen la mejora y el cuidado de los bosques

UGT

21 marzo 2023

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Con motivo del Día Internacional de los Bosques, que se celebra hoy, 21 de marzo, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores muestra su firme compromiso con la necesidad de proteger el planeta, sus ecosistemas y su biodiversidad y con trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente con el 15: “Vida de Ecosistemas Terrestres”, que recoge la importancia de proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres

Como cada año, la ONU pretende sensibilizar y concienciar sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y celebrar las diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y protegen. Los bosques ayudan a mantener en buen estado el aire, el suelo y el agua y desempeñan un papel clave ante algunos de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la erradicación del hambre y la pobreza. Pero actualmente se encuentran en verdadero peligro. La deforestación, la degradación y el cambio climático están incidiendo y amenazando gravemente los bosques y su biodiversidad. Cada año, el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques; una extensión similar a Islandia.

El tema para 2023 es: “Bosques y salud”. Se trata de un llamamiento para cuidar de los bosques, no solo beneficiarnos de ellos. Solo a través de unos bosques sanos conseguiremos tener poblaciones sanas. Y es que los bosques proveen alimentos, medicamentos, combustible para calentar las casas y cocinar y salud física y mental de poblaciones rurales y urbanas.

Por ello, UGT reclama la necesidad de establecer planes encaminados a la mejora y cuidado de nuestros bosques. Es necesario gestionarlos de forma sostenible, luchar contra la desertificación y detener e invertir la degradación de las tierras y de la masa forestal. Incrementar las partidas presupuestarias en medidas encaminadas a la restauración forestal y al consumo y la producción forestal sostenibles impulsa las economías locales, creando empleo verde en el ámbito rural, algo esencial para combatir la despoblación.

El sindicato quiere poner en valor a las personas trabajadoras dedicadas a la conservación y el cuidado de la naturaleza y los espacios protegidos en nuestro país. Especial relevancia tienen dos proyectos de ley recientemente aprobados en Consejo de Ministros: el proyecto de Ley Básica de Bomberas y Bomberos forestales y el proyecto de Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales. Unas normas jurídicas que el sindicato lleva muchos años demandando, con el fin de regular, establecer las competencias y homogeneizar a estos colectivos tan fundamentales. En el de contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, con cada vez más episodios extremos como grandes incendios forestales, inundaciones o fuertes borrascas, no podemos permitirnos más retrasos. Aprobar ambas leyes antes del inicio de la campaña de incendios ha de ser una prioridad de Estado.

La Eurocámara apoya la descarbonización del sector de la construcción para 2050

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14-03-2023

Parlamento Europeo

Los edificios nuevos serán de cero emisiones a partir de 2028
Medidas para ayudar a abaratar el recibo de la luz y luchar contra el cambio climático

Apoyo a los hogares vulnerables

Los edificios producen el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Construction site of new homes.

A partir de 2028, los edificios nuevos deberán ser de emisiones cero, desde 2026 para los edificios públicos © AdobeStock/Lichtwolke99

El Parlamento respaldó el martes un proyecto de medidas para aumentar la tasa de renovaciones de edificios y reducir su consumo de energía y las emisiones contaminantes.

La revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios busca reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo de energía en el sector europeo de la construcción de aquí a 2030, para conseguir que sea climáticamente neutro en 2050. También pretende aumentar la tasa de renovaciones de los edificios poco eficientes a nivel energético y mejorar el intercambio de información sobre la eficiencia energética.

Objetivos de reducción de emisiones

A partir de 2028, todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones. En el caso de los ocupados o explotados por la Administración pública, o de su propiedad, el plazo será 2026. A más tardar en 2028, todos los edificios nuevos deberán estar equipados con tecnología solar cuando sea factible desde el punto de vista técnico y económico (en el caso de los edificios residenciales en los que se hagan reformas de consideración el plazo se alargará hasta 2032).

Los edificios residenciales tendrían que conseguir, como mínimo, la clase energética E en 2030, y la D en 2033 (en una escala que va de A a G, esta última corresponde al 15 % de edificios menos eficientes del parque inmobiliario nacional de un Estado miembro). Los edificios no residenciales y públicos tendrían que conseguirla en 2027 y 2030 respectivamente.

Los Estados miembros deberán prever en sus planes nacionales de renovación las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos.

Medidas contra la pobreza energética

Los planes nacionales de renovación deberán incluir sistemas de apoyo para facilitar el acceso a las subvenciones y la financiación. Los Estados miembros deberán instaurar puntos de información gratuita y programas de renovación que no conlleven costes. Las medidas financieras deberán prever una prima importante para las renovaciones de gran calado —especialmente para los edificios con peor rendimiento energético— y deberán incluir también subvenciones y financiación específicas para los hogares vulnerables.

Excepciones

Las nuevas normas no se aplicarán a los monumentos. Los países de la Unión podrán excluir también, si lo desean, los edificios protegidos por su valor arquitectónico o histórico, los edificios técnicos, los de uso temporal y las iglesias y lugares de culto. También podrán hacer una excepción con la vivienda pública social, en aquellos casos en que una renovación llevaría aparejado un aumento del alquiler que no podría compensarse con el ahorro en la factura energética.

Los eurodiputados también quieren que los Estados miembros puedan ajustar los nuevos objetivos a una proporción limitada de edificios en función de la viabilidad económica y técnica de las renovaciones y de la existencia de mano de obra cualificada.

Declaraciones del ponente

El ponente de la Directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, Ciarán Cuffe (Verts/ALE, Irlanda), declaró lo siguiente: «El aumento de los precios de la energía ha llevado a poner el foco en la eficiencia y las medidas de ahorro. Mejorar el rendimiento de los edificios europeos reducirá las facturas y nuestra dependencia de las importaciones. Queremos que la directiva reduzca la pobreza energética y también las emisiones y ofrezca un entorno más saludable para las personas. Esta es una estrategia de crecimiento para Europa que creará cientos de miles de empleos de buena calidad en la construcción, la renovación y las energías renovables, al tiempo que mejorará el bienestar de millones de personas que viven en Europa».

Próximos pasos

El Parlamento aprobó su posición por 343 votos a favor, 216 en contra y 78 abstenciones. Los eurodiputados entablarán ahora negociaciones con el Consejo para acordar la forma definitiva del proyecto de ley.

Antecedentes

Según la Comisión Europea, los edificios de la UE son responsables del 40 % de nuestro consumo de energía y del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 15 de diciembre de 2021, la Comisión Europea aprobó una propuesta legislativa para revisar la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que forma parte del paquete conocido como «Objetivo 55». La nueva Legislación Europea sobre el Clima (de julio de 2021) convirtió los objetivos para 2030 y 2050 en vinculantes.

España acelera el despliegue de los fondos Next Generation EU y autoriza en poco más de dos meses casi el 40% de lo presupuestado para 2023

16 de marzo 2023

España acelera el despliegue de los fondos Next Generation EU y autoriza en poco más de dos meses casi el 40% de lo presupuestado para 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y transformación Digital

?Los fondos europeos están llegando a la economía real. Los datos de ejecución reflejan que ya se hayan resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones del Plan de Recuperación por más de 23.500 millones de euros, financiando a casi 300.000 proyectos de todo el territorio

Hasta el 8 de marzo, se han asignado más de 21.600 millones de euros a las Comunidades Autónomas, sobre la base de los criterios acordados en las 144 conferencias sectoriales, para inversiones en el ámbito de sus competencias, como son: educación, salud, movilidad sostenible o vivienda

Tras recibir la valoración positiva de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de objetivos e hitos, el Gobierno espera que en la próxima quincena la Comisión efectúe el pago 6.000 millones de euros.

La vicepresidenta primera ha informado de que el Gobierno trabaja ya en la solicitud del cuarto pago, que ascenderá a 10.000 millones de euros, al culminar el acuerdo con los sindicatos para la reforma de las pensiones que era uno de los hitos más señalados, y ultima la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación para reforzar la autonomía estratégica y modernizar el país.

En la comparecencia, la vicepresidenta ha compartido información sobre el avance económico de España en el complejo contexto internacional, el seguimiento de la evolución de los mercados financieros internacionales y la reducción histórica de 5 puntos porcentuales de la ratio de deuda pública, que se situó en el 113,1% del PIB en 2022, cerca del objetivo para este año

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha comparecido hoy, a petición propia, en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea para informar a los grupos parlamentarios de los avances relativos al Plan de Recuperación a cierre de 2022 y lo que va de año, tras la publicación el pasado mes de febrero del III Informe de Ejecución, así como de su impacto en el crecimiento y transformación de la economía española y de los próximos pasos.

Durante su comparecencia, la vicepresidenta ha informado sobre la situación económica de España, que mantiene una senda de fuerte crecimiento y creación de empleo incluso en el complejo contexto internacional, y ha indicado que se está realizando un seguimiento estrecho de la evolución de los mercados financieros internacionales ante los últimos acontecimientos, si bien las entidades financieras españolas muestran una buena situación de liquidez, tanto en el corto plazo como de manera estructural, con unos niveles comparativamente superiores a los de otros países.

Asimismo, Calviño ha destacado la reducción histórica de 5 puntos porcentuales de la ratio de deuda pública, hasta el 113,1% del PIB en 2022, situándose cerca del objetivo para este año, indica la senda de absorción del impacto fiscal de la pandemia.

La evolución económica se explica, en gran medida, por el Plan de Recuperación, que ya alcanzó la velocidad de crucero el año pasado con un ritmo de convocatorias superior a los 2.000 millones de euros al mes y cuyo despliegue se está acelerando notablemente en el primer trimestre de 2023, con más de 10.757 millones de euros ya autorizados. Este volumen de fondos autorizados equivale a casi el 40% de los 28.692 millones presupuestados para todo el ejercicio 2023.

Los fondos llegan a la economía real: casi 300.000 proyectos beneficiarios en todo el territorio

Gracias al importante despliegue del Plan de Recuperación ya se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de fondos Next Generation EU por más de 23.500 millones de euros, que financian a casi 300.000 proyectos en todo el territorio, lo que evidencia el impacto directo de los fondos en la economía real. Un 55% de los beneficiarios son empresas y centros de investigación.

El Plan de Recuperación está cumpliendo sus principales objetivos: acelerar la transición verde y la transición digital, así como reforzar la cohesión social y territorial. Ya se han puesto en marcha 12 proyectos estratégicos (PERTE) en los sectores tractores y cerca de la mitad de las convocatorias totales corresponde a proyectos verdes o digitales, entre los que destacan el programa de rehabilitación energética de edificios, el programa de apoyo al transporte sostenible, como el MOVES III para facilitar el acceso a vehículos eléctricos, que cuenta ya con 55.000 beneficiarios y el Kit Digital, para la digitalización de pymes de entre 0 y 49 empleados, que acumula más de 183.000 ayudas concedidas.

A ello se suma el programa UNICO Banda Ancha que está extendiendo la colectividad ultrarrápida a más de 7.000 municipios, la creación de 150.000 nuevas plazas de Formación Profesional y más de 17.000 para escolarización gratuita para niños de 0-3 años, la adquisición de más de 800 equipos de alta tecnología hospitalaria mediante el programa INVEAT o los programas de rehabilitación de viviendas y de renovación de flotas de automóviles, entre otros.

Además de las inversiones, el Gobierno continuará implementando la agenda de reformas estructurales en 2023 con nuevas reformas clave como la del sistema universitario, ya aprobada, la segunda fase de la reforma de las pensiones, acordada con los sindicatos y aprobada hoy en Consejo de Ministros extraordinario, o la nueva Ley de Vivienda, entre otras.

Las CCAA: papel clave en el despliegue de los fondos europeos

En el despliegue de los fondos europeos tienen un papel clave en esta fase las Comunidades Autónomas. Ya se han asignado más de 21.600 millones de euros a los gobiernos autonómicos, para que gestionen inversiones en el ámbito de sus competencias, como son: educación, salud, movilidad sostenible o vivienda.

Las Comunidades Autónomas que han recibido más fondos europeos hasta el momento son: Andalucía (3.420 millones de euros), Cataluña (3.181 millones de euros), Comunidad de Madrid (2.374 millones de euros), C. Valenciana (2.060 millones de euros), Castilla y León (1.353 millones de euros) y Galicia (1.276 millones de euros).

La asignación de fondos se ha acordado con las comunidades autónomas en 144 conferencias sectoriales. Adicionalmente, el Gobierno ha puesto en marcha un intenso proceso de diálogo y consulta para el diseño y la ejecución de las inversiones y reformas con todos los interlocutores económicos, políticos y sociales que ha propiciado ya más de 200 reuniones específicamente dedicadas al Plan.

Próximos pasos: recepción del tercer pago, solicitud del cuarto pago y presentación de la Adenda

Tras recibir la valoración positiva de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de objetivos e hitos, el Gobierno espera que en la próxima quincena la Comisión efectúe el pago 6.000 millones de euros. Con ello, se habrá validado el cumplimiento de 121 hitos y objetivos desde que se pusiera en marcha el plan en julio de 2021, confirmándose de nuevo el liderazgo de España en el despliegue del Plan de Recuperación en Europa

La vicepresidenta primera ha informado de que el Gobierno trabaja ya en la solicitud del cuarto pago, que ascenderá a 10.000 millones de euros, al culminar el acuerdo con los sindicatos para la reforma de las pensiones que era uno de los hitos más señalados, y ultima la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación para reforzar la autonomía estratégica y modernizar el país.

Además, el Ejecutivo ultima la elaboración de la Adenda al Plan de Recuperación con la que España solicitará el 100% de los fondos asignados a nuestro país.

Para ello, el Gobierno lleva meses manteniendo un intenso diálogo con los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para la ejecución de las inversiones y reformas y la elaboració??n de la Adenda, que pondrá en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, con la que se movilizarán 94.300 millones de euros de fondos europeos entre transferencias y créditos, adicionales a los 70.000 millones de euros de la primera fase del Plan, aprobada el 13 de julio de 2021.

La Adenda concentrará las inversiones y reformas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (PERTE) ya aprobados y en marcha.

Un juez considera que la plaza de la Constitución de Pamplona debe traducirse al euskera

Lunes, 20 de marzo de 2023

Un juez considera que la plaza de la Constitución de Pamplona debe traducirse al euskera

Confirma una resolución del TAN que había revocado la decisión del Ayuntamiento de la capital navarra que sostenía que no debía traducirse al ser un nombre propio. El magistrado señala que no se traducen los nombres y apellidos de las personas que dan nombre a las calles, pero sí las denominaciones con sustantivos abstractos, “como Plaza de la Libertad es Askatasun Plaza”

Autor Comunicación Poder Judicial

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 considera que, conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la utilización del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional, la plaza de la Constitución debe traducirse. La sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Este criterio es contrario al mantenido por su homóloga del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que el pasado enero revocó una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que obligaba a rotular en euskera la citada plaza. Esta magistrada centró su sentencia, que es firme, en que el TAN había cambiado de criterio al respecto de las traducciones de las calles sin motivación alguna.

Esta divergencia entre dos magistrados tiene su origen en que el Ayuntamiento de Pamplona, que era recurrente en ambos procedimientos, no solicitó la acumulación de ambos, una posibilidad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar que pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.

En la sentencia notificada hoy, el titular del Juzgado de lo Contencioso nº 2 confirma una resolución del TAN que había estimado el recurso interpuesto por el concejal Joseba Asiron contra la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de no colocar en bilingüe la denominación de la plaza.

El Ayuntamiento de la capital navarra recurrió ante el juzgado la resolución del TAN al considerar que la denominación, cuya traducción se pretende, es un nombre propio que no admite traducción, que se confunde la denominación con la información que, sobre esa denominación, se incluye en la placa, no tratándose de un supuesto de rotulación al que resulte aplicable la disposición adicional segunda de la vigente Ordenanza Reguladora de la utilización del euskera.

El juez resume que toda la argumentación del Ayuntamiento gira en torno a que el término Constitución es un nombre propio al que, como tal, no le resulta aplicable lo dispuesto en la citada ordenanza.

Según expone el magistrado, el término Constitución es definido en el Diccionario de la Real Academia de la lengua (acepción cuarta) como Ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. El hecho que ese término (Constitución) se quiera referir, como se hace en la información adicional, a la Constitución Española de 1978 no lo convierte en un nombre propio. “Nótese que incluso esa información adicional aparece en la placa en bilingüe (Constitución Española de 1978 y 1978ko Espainiako Konstituzioa)”, apunta.

También se traducen los cargos o profesiones de las personas

“En definitiva, que cuando se concreta a qué Constitución se refiere y se señala que se trata de la Constitución Española de 1978 se traduce al euskera, al tiempo que se defiende que un elemento genérico de esa denominación (el término Constitución) no debe ser traducido. Se trata de un argumento que no se puede compartir”, concluye el juez, quien añade que el resto de las placas de las calles y espacios públicos de Pamplona demuestran que no es así.

Es el caso, asegura, de las denominaciones con sustantivos abstractos (así, la Plaza de la Libertad es Askatasun Plaza). No se traducen los nombres y apellidos de las personas que dan nombre a las calles (como en los casos de Concepción Benítez, Isabel Garbayo Ayala, Adela Bazo o Paulino Caballero, ésta última que cita la representación de la parte recurrente), pero cuando el apellido de una persona va acompañado de un cargo, o profesión o título este último se traduce (caso de la plaza Juez Elío – Elio Epailearen, plaza o de la calle Doctora Áriz – Ariz doktore andrearen, calle del Gral. Chinchilla – Chinchilla Generala kalea, calle del Marqués de Rozalejo – Rozalejoko Markesa kalea o calle del Padre Moret – Moret Aita kalea).

“Constitución es un término que, conforme a lo establecido en los preceptos ya transcritos de la Ordenanza Reguladora de la utilización del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional ha de figurar en bilingüe en el rótulo en el que aparece la denominación del espacio público, sin que exista motivo alguno para que no sea así”, afirma el magistrado.

Para el juez, en ninguna confusión incurre la resolución impugnada entre denominaciones e información adicional, ni tampoco lo hace al entender que Constitución no es un nombre propio, como no lo es plaza de la Constitución, por mucho que sirva de referencia para la identificación de un concreto espacio público.

La inversión extranjera en España supera los 34.178 millones en 2022, la segunda mayor cifra registrada de la serie histórica

Datos de flujos de inversión en 2022 en DataInvex

La inversión extranjera en España supera los 34.178 millones en 2022, la segunda mayor cifra registrada de la serie histórica

Industria, Comercio y Turismo – 21.3.2023

La inversión extranjera superó en 2022 los 34.178 millones de euros (M€) en términos brutos, lo que supone la segunda mayor cifra alcanzada desde que se tienen datos registrados (1993), según muestran los datos publicados en el Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio. En relación con 2021, se trata de un aumento del 13,9%.

Para la ministra de industria, comercio y turismo, Reyes Maroto, “estos datos muestran la fortaleza de la economía española y la enorme confianza que tienen los inversores extranjeros en nuestro país. Hay que tener en cuenta que estas inversiones se producen en un contexto global muy complejo, en medio de una guerra en Europa y tras una intensa crisis energética responsables de niveles de inflación sin precedentes en las últimas cuatro décadas en el continente. En este difícil e incierto contexto internacional, España ofrece seguridad y certidumbre gracias al despliegue de la ambiciosa agenda de inversiones y reformas que el Gobierno ha puesto en marcha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

En términos netos, es decir, inversiones extranjeras menos liquidaciones de las mismas, la cifra de inversiones no ETVE alcanza los 23.892 M€, un 9,8% más que en 2021. Analizando la inversión del último año, más del 87% de las inversiones extranjeras se dirigieron a empresas no cotizadas.

A nivel geográfico, EE.UU. es el principal inversor en España, concentrando la emisión del 27,7% de los flujos de inversión no ETVE recibidos en nuestro país. Tras él, le sigue Reino Unido (con un 17,8% de la inversión) y Alemania (14%).

Por sectores, más de la mitad del total de la inversión extranjera en España (55,1%) se dirigió al sector servicios, seguido del sector industria (42,2%) y, posteriormente, por la construcción (2,5%) y el sector primario (0,2%).

Además, en 2022 el sector manufacturero superó los 10.111 millones de euros, lo que supone un récord. El sector de las telecomunicaciones recibió más de 2.713 millones, el mejor dato de los últimos 10 años. Las energías renovables en su conjunto recibieron más de 2.800 millones, de los cuales 872 millones se destinaron a eólica (tercer mejor dato de la serie histórica) y 1.971 a solar (cuarto mejor dato de la serie). El sector de la programación e informática alcanzó una cifra de 1.400 millones, el segundo mejor dato de la serie tras 2021. El sector de investigación y desarrollo superó los 800 millones de euros, más del doble que cualquier otro año.

Inversión extranjera por comunidades autónomas
La Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía son las regiones que mayor inversión extranjera han recibido en el 2022. Estas cinco CC.AA. representan el 87,6% de toda la inversión extranjera recibida.

Por su parte, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco han alcanzado todas ellas su mejor dato histórico.

España recibió 860 proyectos greenfield en 2022
La inversión extranjera en proyectos greenfield en España ha llegado en 2022 a su nivel más alto en toda la serie histórica, superando los 44. 560 millones de dólares y han creado más de 96.000 empleos, según FDI Markets, base de datos de proyectos greenfield del Grupo Financial Times.

España recibió 860 proyectos greenfield de capital extranjero en 2022, lo que sitúa a nuestro país en el sexto puesto del mundo que ha recibido más proyectos greenfield a nivel global, por delante de potencias como China, Francia o Japón. El número de proyectos greenfield ha aumentado en el último año frente a los 838 proyectos de esta tipología en 2021 y los 554 en 2020.

Los proyectos greenfield son el tipo de proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) más interesantes desde un punto de vista económico, en la medida en que implican la construcción de nuevas instalaciones y la contratación de nuevos empleados.

España está, además, registrando resultados muy prometedores en las modalidades de inversión extranjera más avanzadas y productivas. De hecho, en 2022, nuestro país fue el tercer mayor receptor global de proyectos greenfield en el sector de ‘Energías Renovables’ y en el sector ‘TIC y de Infraestructuras de Internet’, el 4º país que más proyectos recibe que impliquen la realización de actividades de I+D y también el 4º en el ranking de países receptores de proyectos de automoción o relacionados con hidrógeno limpio.

El Tribunal Constitucional aprueba el plan de agilización para tramitar y resolver los recursos de amparo

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente


El Tribunal Constitucional aprueba el plan de agilización para tramitar y resolver los recursos de amparo

El Pleno gubernativo del Tribunal Constitucional, en su reunión de 15 de marzo de 2023, ha aprobado un Acuerdo con el que se pone en marcha un “plan de choque” para la agilización de la tramitación y resolución de los recursos de amparo.

Este Acuerdo regula la presentación de la demanda a través de la sede electrónica del Tribunal mediante la cumplimentación de un formulario que permitir a los recurrentes exponer con claridad y precisión las lesiones de derechos fundamentales, la especial trascendencia constitucional del recurso y el modo en el que se ha producido el agotamiento de la vía judicial previa.

El formulario no sustituye a la demanda. Tiene dos fines: facilitar que los recurrentes no incurran en defectos a la hora de redactar la demanda y ayudar al Tribunal a identificar los aspectos esenciales del recurso.

De esta manera, el Tribunal Constitucional sigue la línea de otros órganos jurisdiccionales que vienen empleando con éxito esta fórmula, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su Tribunal General, el Tribunal Supremo de Estados Unidos o, en España, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Esta decisión gubernativa está motivada en que la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, introdujo la exigencia, como requisito de admisibilidad, presente “especial trascendencia constitucional” e impuso a los recurrentes la carga de justificar dicha trascendencia. El cumplimiento de este requisito se ha revelado como un obstáculo para la admisión de un elevado porcentaje de demandas. La Memoria del Tribunal Constitucional del año 2022 pone de manifiesto que el 53% de los escritos de demanda adolece de una absoluta falta o de una insuficiente justificación de esa especial trascendencia constitucional y que, en su conjunto, fueron inadmitidos por defectos de procedibilidad el 76% de los recursos de amparo presentados. Esta situación es la que ha llevado al Tribunal Constitucional a tomar esta medida.

El referido Acuerdo ha sido remitido a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, así como al Presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, con el fin de que se difunda entre abogados y procuradores. Además, será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

Otra de las decisiones adoptadas en el Pleno gubernativo ha sido el nombramiento de ocho nuevos letrados para cubrir las plazas vacantes.

Madrid, 17 de marzo de 2023

Los precios medios por vivienda se triplican entre CC.AA., con Baleares y Madrid por encima de los 300.000 euros.

Los precios medios por vivienda se triplican entre CC.AA., con Baleares y Madrid por encima de los 300.000 euros.

21/03/2023 Registradores

El número de compraventas de vivienda registradas en 2022 ha experimentado un importante crecimiento, con 646.241 compraventas inscritas, aumentando un 14,5% con respecto a 2021, el nivel máximo de los últimos trece años y medio. La vivienda usada, con 531.589 compraventas, aumentó el 17,6% anual, mientras que la vivienda nueva, con 114.652 operaciones, experimentó un incremento más moderado, del 1,9%.

Estos datos forman parte del Anuario 2022 de la Estadística Registral Inmobiliaria presentado por el Colegio de Registradores.

Precio medio por vivienda comprada

Las diferencias en el precio medio por vivienda adquirida entre las distintas CC.AA. son muy notables. Destacan Baleares y Madrid, por encima de los 300.000 euros por operación, que contrastan enormemente con los precios de Castilla la Mancha y Extremadura, por debajo de los 100.000 euros. La media nacional se acercó en 2022 a los 190.000 euros.

Nuda Propiedad

Por primera vez, se incorpora en este anuario un apartado sobre el número de compraventas de nuda propiedad de vivienda. En el ámbito inmobiliario, particularmente en vivienda, la compraventa de este derecho está siendo cada vez más común, debido al alargamiento de la esperanza de vida, constituyendo una clara vía para la obtención de recursos económicos manteniendo a la vez el uso de la vivienda.

En 2022 se inscribieron 1.657 compraventas de nuda propiedad de vivienda, con un importante incremento del 23,7% sobre 2021, tras la importante caída de 2020 (-25,7% sobre 2019), año inicial de la pandemia. Por CC.AA. los mayores crecimientos fueron para Baleares (134,4%), Extremadura (68,8%) y Canarias (51,7%). En sentido contrario, descendieron más en País Vasco (-48,4%) y Galicia (–18,2%).

Superficie de las viviendas compradas

En 2022, la compra de viviendas con mayor superficie media pierden peso relativo respecto a viviendas más pequeñas. Se produce, por tanto, un moderado cambio de tendencia tras la pandemia, cuando se buscaban viviendas con mayor superficie debido, sobre todo, al confinamiento domiciliario. En este contexto, los pisos con superficie media de más de 80 m2 se sitúan en el 51,6% de las compraventas del último año, frente al 52,5% de 2021. Los pisos con superficie entre 60 y 80 m² supusieron el 28,1%, los pisos con superficie entre 40 y 60 m² el 16,8% y los de superficie inferior a 40 m² el 3,5%, frente al 3,3% del año anterior.

Compraventas extranjeras

Las compraventas de vivienda por extranjeros registraron un comportamiento excelente durante el año 2022, alcanzando el nivel máximo de la serie histórica, además con un elevado número de compraventas en términos absolutos. Han supuesto el 13,8% del total de las compras de vivienda (10,8% de 2021), alcanzado más de 88.000 operaciones frente a las cerca de 70.000 del año anterior. Se rompe, por tanto, con la tendencia descendente de los últimos cinco años, aunque en los últimos diez su peso se mantiene por encima del 10%. Esta situación, muestra la fortaleza actual de la demanda extranjera en el contexto inmobiliario.

Las comunidades autónomas con mayores pesos de compra por extranjeros coinciden nuevamente con las de gran actividad turística, encabezada por Baleares, con el 34,4%, seguida de Canarias (28,6%) Comunidad Valenciana (26,8%), y Murcia (19,1%).

El 10,1% del total de compras de vivienda realizadas por extranjeros presentaron un importe igual o superior a los 500.000 euros (9,0% en 2021). El 42,3% de estas compras correspondieron a nacionalidades no comunitarias, frente al 40,5% de 2021.

En el mapa anterior, se analiza la nacionalidad extranjera compradora mayoritaria en cada una de las diferentes provincias españolas. Como es habitual, predominan los británicos en la mitad de las provincias andaluzas, así como en Murcia y Alicante; los alemanes predominan en las provincias de Baleares y Canarias; los chinos son los extranjeros mayoritarios en la provincia de Barcelona; y los portugueses en las provincias de Galicia. Si el análisis se centra en el número de provincias donde predomina una nacionalidad concreta, los rumanos, con 20 provincias, son los extranjeros más compradores, localizados en muchas provincias de la España interior y también del Norte. Les siguen los marroquíes, con 10 provincias, como es de esperar situados principalmente en el sur, pero también distribuidos en varias provincias del centro y del norte.

Período medio de posesión de la vivienda

Analizando la utilización de la vivienda transmitida como bien de inversión para compra/venta o como bien residencial, a través del tiempo medio de posesión de sus propietarios cuando la vendieron, un año más, continuó el constante incremento del período medio de posesión, llegando a 16,9 años en 2022, máximo de la serie histórica, con un incremento del 2,7% con respecto a 2021.

Desde el mínimo histórico de 2009, 7,3 años, el período medio de posesión de las viviendas transmitidas se ha incrementado notablemente.

Hipotecas

En 2022 se han constituido mediante su inscripción registral 463.463 hipotecas sobre vivienda, un incremento del 11,2% sobre el año anterior. Superando ampliamente el doble que las producidas en el mínimo histórico registrado, durante 2013 (199.098).

Los mayores incrementos anuales han correspondido a La Rioja (24,0%), Baleares (22,1%), Canarias (21,2%), Cataluña (15,1%) y Comunidad Valenciana (12,9%).

El 6,6% de las hipotecas constituidas sobre vivienda en 2022 han sido formalizadas por extranjeros, porcentaje superior al año anterior (5,5%), alcanzando el nivel máximo de la serie histórica tras dos años consecutivos de crecimiento. Se han registrado 30.503 operaciones, incrementándose en 7.600 con respecto al año anterior. El peso de los extranjeros en las hipotecas concedidas en las CC.AA. fue mayor en Baleares (16,9%), Comunidad Valenciana (10,0%), Cataluña (9,3%), Murcia (9,2%) y Canarias (8,6%).

La hipoteca media de los extranjeros en 2022 crece por noveno año consecutivo, alcanzando los 170.965 €, con un incremento del 7% sobre el año anterior, frente a la hipoteca media general, que fue de 145.190 euros, con un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

El tipo medio de interés en 2022 ha sido del 2,3% y el plazo medio de contratación fue de 24,4 años, un 0,7% menor que el año anterior. La cuota hipotecaria media para vivienda en 2022 fue de 647 euros, frente a los 595 de 2021, mostrando pues un significativo incremento aunque muy lejos todavía de los máximos de 2008. cuando se alcanzaron los 830 euros. El porcentaje medio de dicha cuota sobre el salario fue del 31,0%. Por CC.AA. destacó la situación de Baleares (56,5%), seguida de Madrid (38,4%), Cataluña (32,2%) y Canarias (31,6%).

El Anuario de la Estadística Registral Inmobiliaria, también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html),

La reserva hídrica española se encuentra al 51,7 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 51,7 por ciento de su capacidad

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 21.3.2023

La reserva hídrica española está al 51,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.971 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 241 hectómetros cúbicos (el 0,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
Cantábrico Occidental al 74,3%
Miño-Sil al 78,2%
Galicia Costa al 79,7%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 68,4%
Tajo al 62,8%
Guadiana al 34,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 73,8%
Guadalete-Barbate al 29,8%
Guadalquivir al 25,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 38%
Segura al 36,3%
Júcar al 61,6%
Ebro al 59,1%
Cuencas internas de Cataluña al 27,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterranea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 70,9 mm (70,9 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

El Gobierno aprueba un Real Decreto por el que se aprueba el formulario del boletín estadístico de rendición de cuentas de la administración concursal

El Gobierno aprueba un RD por el que se aprueba el formulario del boletín estadístico de rendición de cuentas de la administración concursal

20/03/2023 Ministerio de Justicia

?La nueva norma da cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional 4.ª del texto refundido la Ley Concursal.

Con el RD se da un paso más en el desarrollo concursal y en el conocimiento de la información necesaria para abordar las políticas públicas necesarias en materia de insolvencia y protección del tejido empresarial.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Llop, el Real Decreto (RD) por el que se aprueba el formulario del boletín estadístico de rendición de cuentas de la administración concursal, dando así cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional 4.ª del texto refundido de la Ley Concursal.

Este formulario permite recopilar los datos, exigidos por la propia ley, que tienen relevancia a efectos estadísticos a fin de evaluar el funcionamiento del sistema concursal y mejorar la organización y funcionamiento de la cuenta de garantía arancelaria.

Los datos recopilados permitirán, además, mejorar el diseño del arancel de los administradores concursales. Dado su carácter estadístico, los datos del formulario no son de acceso público.

Con la nueva norma se da un paso más en el desarrollo concursal y en el conocimiento de la información necesaria para abordar las políticas públicas necesarias en materia de insolvencia y protección del tejido empresarial.

El RD establece que el administrador concursal cumplimentará el formulario con ocasión de la presentación del escrito de rendición de cuentas previsto en la Ley Concursal. Posteriormente, el letrado de la Administración de Justicia, tras comprobar que ha sido correctamente cumplimentado, remitirá ambos documentos al registro público concursal.?

El formulario se cumplimenta y firma electrónicamente y se remite en formato electrónico. En primer lugar, identifica el órgano judicial, procedimiento, datos del deudor y del propio administrador concursal. En segundo lugar, se recogen los datos que se exigen en la rendición de cuentas: retribución del administrador concursal; pagos realizados con cargo a la administración concursal a auxiliares, delegados, expertos, tasadores y entidades especializadas; número de trabajadores de la administración concursal asignados al concurso; número de horas dedicadas al concurso; e indicación de si hay o no insuficiencia de masa. Finalmente, se establecen los campos relativos al concurso que tengan interés estadístico.

El empleo aumenta en 117.049 afiliados en términos desestacionalizados en el periodo que va de mitad de febrero a mitad de marzo

Afiliación mediados de mes

El empleo aumenta en 117.049 afiliados en términos desestacionalizados en el periodo que va de mitad de febrero a mitad de marzo

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 16.3.2023

La afiliación media observada en el periodo que va desde mitad de febrero hasta mitad de marzo ha registrado un aumento respecto a la media de las dos quincenas anteriores de 117.049 personas, en términos desestacionalizados.

El aumento registrado en este periodo es superior al observado en febrero (promedio de las dos quincenas anteriores), en el que se produjo un incremento de 81.808 afiliados, y también es superior al incremento medio quincenal registrado en los últimos tres meses (42.688).

Con los últimos datos disponibles, el número total de afiliados se sitúa así en 20.450.615, que son 209.721 más que a finales de 2022, 688.747 más que al cierre de 2021 y 991.135 más que antes de la pandemia.

Nueva metodología
La estadística de afiliación quincenal que ofrece desde enero de 2023 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apoya en dos avances que proporcionan una visión más nítida de la evolución de la afiliación y que permiten hacer un seguimiento del mercado de trabajo con datos de mayor frecuencia que la mensual, únicos disponibles hasta esa fecha.

La primera novedad son los nuevos factores de desestacionalización mensuales, que contemplan en su elaboración tanto los años de mayor impacto de la pandemia (2020 y 2021) como el primer año completo de recuperación (2022). Con ello, se mejora la precisión del ajuste estacional; hasta entonces, el último año utilizado en la estimación era 2019.

El segundo avance es el ajuste estacional de datos diarios, con una metodología que permite depurar las cifras diarias de afiliación de los efectos de estacionalidad y calendario. Con ellos, se puede hacer un seguimiento del mercado laboral con datos de mayor frecuencia (semanal, quincenal) que la mensual.

Finalmente, con el fin de que las estimaciones de datos ajustados en series de alta frecuencia que se publiquen sean consistentes con los datos ajustados de estacionalidad de periodicidad mensual, se hace un ajuste que garantiza la coherencia, y se obtiene así un factor diario completamente compatible con el mensual.

Estos factores diarios permiten alinear la publicación y distribución de datos con la de los países más adelantados en esta materia y ofrece a los especialistas y al público nuevas posibilidades de análisis e interpretación de la evolución del mercado de trabajo.

Uso de los datos
Los datos de afiliación presentados en esta nota y en las tablas adjuntas se elaboran a partir del promedio de dos quincenas, que se comparan con los datos promedio de las dos quincenas inmediatamente anteriores. Se logra así contar a mitad de mes con un dato equivalente al mensual y que coincide exactamente con el mensual en los datos de cierre de mes, y se consiguen datos más estables, que muestran con más claridad la situación del mercado laboral que utilizando datos de mayor frecuencia, como los semanales.

Los datos se publicarán quincenalmente en la web del ministerio.

NotaMetodología utilizada para estimar los factores estacionales diarios
La estimación del componente estacional con datos diarios se realiza mediante un modelo estructural de componentes no observables: tendencia, componente estacional y componente irregular. Su acrónimo TBATS define algunas de sus propiedades (T: estacionalidad aproximada por funciones trigonométricas, B: transformación Box-Cox, A: representación ARMA para el componente irregular, T: Tendencia, S: componentes estacionales). La serie de afiliación tiene estacionalidad múltiple ya que el componente estacional está formado por un ciclo semanal, un ciclo intra-mensual y el ciclo anual, con la particularidad de que el ciclo intra-mensual tiene una elevada variabilidad en los últimos días del mes. El modelo se estima desde 2011 hasta finales de 2022. Para un mayor detalle, véase la nota metodológica.

2023 arranca con un aumento de las exportaciones españolas y un descenso del déficit comercial

Informe Comercio Exterior: enero 2023

La Moncloa

2023 arranca con un aumento de las exportaciones españolas y un descenso del déficit comercial

Con datos de comercio declarado de Aduanas, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 16,2% en enero de 2023 sobre el mismo mes de 2022, hasta alcanzar los 30.921 millones de euros (M€), máximo histórico para un mes de enero.

Las importaciones ascendieron un 5,3% en términos interanuales hasta los 34.876,7 millones de euros, también máximo histórico del mes. Comparándolo con los flujos previos a la pandemia, las exportaciones crecen un 37,3% respecto al mismo mes de enero de 2019 y las importaciones un 29,1%.

Como explica la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, “en enero continúa creciendo el comercio, aunque a ritmo más moderado, en sintonía con la coyuntura internacional. La desaceleración más intensa de las importaciones permite seguir avanzando en la reducción del déficit comercial. La contención del déficit energético ha contribuido a la reducción de este desequilibrio”.

Como resultado, en enero de 2023 se registró un déficit de 3.956 millones de euros frente al déficit de 6.523 al del mismo mes de 2022, lo que supone un descenso de cerca el 40%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.107 millones de euros (déficit de 3.164 millones de euros en enero de 2022) y el déficit energético descendió también y se situó en 2.849 millones de euros (déficit de 3.359 millones de euros en enero de 2022). La tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 88,7%, 8,4 puntos porcentuales más que en enero de 2022.

El aumento de las exportaciones en enero de España es de mayor magnitud que el registrado por Reino Unido (14,7%), Alemania (12,2%) y Francia (8,5%). En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 12,2% interanual y las de Japón un 3,5% interanual. Las exportaciones de China crecieron 0,9% interanual en el acumulado hasta febrero de 2023.

Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las exportaciones de enero de 2023 provinieron del sector de productos químicos, productos energéticos, bienes de equipo y alimentación, bebidas y tabaco.

En enero de 2023, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 65,0% del total y aumentaron un 18,8%. Las dirigidas a la zona euro-20 crecieron un 16,2% y las destinadas al resto de la UE crecieron un 38,2%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (18,4%), Alemania (15%), Francia (13,4%) y Portugal (12%).

Las ventas a terceros destinos (35,0% del total) ascendieron un 11,8% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a Oceanía (32,6%), América Latina (30,4%), Oriente Medio (21,1%), América del Norte (15,7%), Asia excluido Oriente Medio (6,9%) y África (0,7%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Illes Balears, La Rioja y la Comunidad de Madrid.

Cerca del 40% de los consejos de administración de las sociedades mercantiles españolas están compuestos solo por hombres, según un informe elaborado con datos del Registro Mercantil

Cerca del 40% de los consejos de administración de las sociedades mercantiles españolas están compuestos solo por hombres, según un informe elaborado con datos del Registro Mercantil

08/03/2023 Registradores

El Colegio de Registradores ha publicado hoy sendos informes sobre el equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración de las sociedades españolas en general y las sociedades cuyo objeto social abarca actividades jurídicas

Este informe, elaborado con datos del Registro Mercantil y analizado por la Vocal de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores, Dulce Calvo, tiene la intención de suplir la carencia informativa que, en relación con el Gobierno corporativo, existe en gran parte de las sociedades de capital españolas.

Para dicho estudio, se han analizado en total 76.585 sociedades, divididas en dos segmentos de capital: menor de 150.000 euros (48.638 sociedades) y mayor de 150.000 euros (27.947 sociedades).

En total se han analizado casi 300.000 cargos societarios, de los que un 22,53% son ejercidos por mujeres y un 77,47% por hombres, reproduciéndose una situación muy similar a la que conocíamos el año pasado.

En cuanto a los consejos de administración, el 59,8% son mixtos, el 39,2% son totalmente masculinos y tan solo el 1% es exclusivamente femenino. Aproximadamente uno de cada diez consejos cuenta con una única mujer, mientras que tres de cada diez cuentan con cuatro o más mujeres.

Con relación a los cargos que desempeñan hombres y mujeres en los consejos, los datos indican que el cargo mayoritario, en ambos casos, es el de consejero. Así, los hombres son consejeros en el 37,4% de los casos, mientras que las mujeres lo son en el 44,2%. Sin embargo, el segundo cargo más ejercido por los hombres es la presidencia, que es el puesto más relevante en relación con la toma de decisiones. Así, uno de cada cuatro hombres que acceden a un consejo de administración ostentan la presidencia, mientras, mientras que las mujeres lo hacen solamente en uno de cada seis casos, mostrando una clara disparidad en el puesto de máxima responsabilidad.

Discriminando por razón del capital social, se observa que las cifras mejoran ligeramente en todos los cargos, en lo que a representación femenina se refiere en las sociedades más grandes frente a las más pequeñas.

En cuanto a la distribución territorial, no existen grandes diferencias, oscilando todas las CC.AA. entre el 20% y el 27% aproximado de presencia femenina en el consejo.

En el análisis de tendencias, las series históricas son muy estables. En las empresas por debajo de 150.000 euros de capital social, existe unos tímidos aumentos entre el año 2000 y el 2022 en los cargos analizados de presidente, vicepresidente, secretario y consejero delegado. Así, por ejemplo, terminamos el año 2022 con un 1,76% más de presidentas mujeres que en el año 2000, alcanzando el 14,44%. La excepción la encontramos en el cargo de consejero, en el que existe incluso un empeoramiento en lo que a representación femenina se refiere, si comparamos los datos de este último año con los del comienzo de la serie histórica.

Para las sociedades de mayor tamaño, con capital social por encima de 150.000 euros, la serie histórica muestra mayores avances femeninos en los puestos de responsabilidad. El cargo de presidenta en 2022 lo ostentan el 17,3% de mujeres mientras que en el año 2000 lo ostentaban solamente el 11%. En cuanto al cargo de consejero, se producen también avances significativos y las mujeres pasaron del 18,27% en 2000 hasta el 26,85% en 2022. Por lo tanto, en el caso de las sociedades grandes, es más clara la tendencia hacia una mayor representación femenina, aunque el aumento tampoco es excesivamente acentuado en estas sociedades.

En definitiva, aunque en general se experimentan avances en la representación femenina en los consejos de administración durante las últimas dos décadas, algo mayores a medida que aumenta el tamaño societario, persisten todavía importantes desequilibrios en cuanto a la presencia de mujeres en los consejos.

Ver informe completo

Informe en sociedades cuyo objeto social abarca actividades jurídicas

Junto con el informe anterior, se ha realizado otro limitado al sector de actividades jurídicas en 2022, analizándose más de 500 sociedades dedicadas a estas actividades (CNAE 69, 691 y 6910) y 2.160 cargos societarios.

Las proporciones han sido muy similares al informe general, aunque ligeramente favorables a una mayor participación femenina. La proporción general entre mujeres y hombres en 2022 es de 23,6% de mujeres y un 76,4% de hombres, es decir 1 mujer más en cada 100 consejos que la media general de todas las actividades, según el informe anterior.

En cuanto a los consejos de administración del sector jurídico, el 66% son mixtos (frente al 60% general), el 33,8% son solo masculinos (frente al 39% general) y solamente el 0,6% es exclusivamente femenino (frente al 1% general). Por tanto, se aprecia en este aspecto un mayor grado de paridad en el sector jurídico frente a la media general.

El resto de los aspectos analizados, entre los que destacan los cargos ejercidos dentro del consejo no han mostrado grandes diferencias con relación al conjunto de actividades. En el puesto de mayor relevancia, la presidencia, para las sociedades más pequeñas, la proporción es de 13,1%-86,9% mujeres-hombres, ligeramente inferior al total de actividades, en las que las presidentas son un 14,4% en el caso de sociedades con capital inferior a 150.000 euros.

En las sociedades más grandes, la paridad mejora, y la proporción de mujeres y hombres es del 16,7% y el 83,3%, respectivamente. Sucede igual que en el anterior punto, en el conjunto de actividades la presencia femenina es algo superior en la presidencia, con un 17,3% de mujeres presidentas en las sociedades de capital igual o superior a los 150.000 euros.

Por lo tanto, comparando los resultados entre el informe general y el específico de actividades jurídicas, este último muestra una mayor participación femenina en los consejos en este concreto sector, excepto en el caso del puesto de mayor responsabilidad del consejo, la presidencia, en la que se registra una cifra ligeramente inferior a la del conjunto de actividades.

Ver informe completo

La nueva Ley del Mercado de Valores aumenta su competitividad, facilita la financiación de las empresas y refuerza la protección de los inversores

9 marzo 2023 mineco.gob.es

La nueva Ley del Mercado de Valores aumenta su competitividad, facilita la financiación de las empresas y refuerza la protección de los inversores

La norma, aprobada con un gran consenso, unifica el marco legal de nuevo en un solo texto y lo adapta a las nuevas realidades tecnológicas y económicas para que los mercados de valores españoles sigan distinguiéndose por su competitividad, transparencia y protección a los inversores

La Ley simplifica los procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de emisores e inversores

Se refuerza el papel de los mercados de valores en la financiación de la economía, favoreciendo que los servicios de inversión contribuyan a la capitalización de las empresas españolas

La norma avanza en la digitalización de los mercados de valores, e incluye medidas para reforzar la protección de los inversores, también en materia de criptoactivos

Se incluyen exigencias específicas de solvencia para las empresas de servicios de inversión adaptadas a su tamaño, actividad y participación en el mercado

El Congreso de los Diputados ha aprobado con gran consenso la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que mejora la regulación de los mercados de capitales y aumenta su competitividad.

La nueva Ley mejora la regulación de los mercados de valores, modernizando su operativa e incrementando su competitividad con el fin de potenciar su capacidad de financiación de la economía de forma transparente y eficiente, fortaleciendo el régimen de supervisión aplicable a las empresas de servicios de inversión y reforzando el nivel de protección de los ahorradores y clientes de servicios financieros.

La norma, de nueva planta, sustituye al texto refundido anterior que data de 2015 y adapta el marco legal financiero a las nuevas realidades tecnológicas y económicas, como la digitalización, los nuevos instrumentos y mercados de financiación de las PYMEs (como el mercado BME Growth) y las nuevas formas de salida a cotización. Al mismo tiempo, incorpora en un solo texto las directivas comunitarias y medidas necesarias para aplicar reglamentos europeos recientemente aprobados.

La tramitación parlamentaria ha mejorado algunos aspectos relacionados con la protección de los inversores, compaginando los avances en la digitalización de los mercados de valores al permitir la tokenización de valores negociables, con el refuerzo de los mecanismos para garantizar la adecuada utilización de tecnologías de registro distribuido por parte de entidades especializadas.

Medidas para mejorar la capacidad de los mercados de valores para financiar a las empresas españolas

La Ley incluye medidas para mejorar la regulación de los mercados de valores, con el objetivo de mejorar la capacidad de financiación no bancaria de las empresas, y aumentar la protección de los inversores.

Con este objetivo, se simplifican algunos procedimientos y se eliminan cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones.

Para ello se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, se reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija y se propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores. De esta forma, se alinea la regulación nacional con la normativa comunitaria y la de los países de nuestro entorno.

También se establecen mejoras en el ámbito del mercado BME Growth, al preverse la aplicación al segmento de pymes en expansión el régimen de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPAS), que permitirá a los accionistas recibir proporcionalmente la prima de control en caso de oferta de adquisición de la pyme cotizada, lo que mejorará la financiación no bancaria de estas empresas.

Asimismo, se amplía el ámbito para incluir a empresas cuyas emisiones de deuda en un ejercicio sean inferiores a 50 millones de euros, aumentando las posibilidades de cotizar en este mercado y por lo tanto de mejorar la financiación de las empresas.

Además, se incorporan a la normativa española los cambios aprobados recientemente en la Directiva MIFID II con carácter urgente, con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.

Con este fin, la reforma ajusta los requisitos y obligaciones de información que, en el contexto actual, pueden resultar redundantes, para facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación, salvaguardando también la protección e intereses de los inversores.

Medidas para mejorar la protección de los inversores

La norma moderniza la regulación y avanza en la incorporación de normativa europea para hacer frente a los desafíos derivados del proceso de digitalización. En este ámbito, se establecen las previsiones necesarias para aplicar en España el Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos de forma inmediata tras su entrada en vigor, al dotar a la CNMV de las competencias necesarias para garantizar la protección de los inversores y la estabilidad financiera en este ámbito.

Así, se incorporan las infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos de dicho reglamento cuando entre en vigor. De esta forma, la CNMV podrá sancionar los incumplimientos de las obligaciones y requisitos de los criptoactivos que no son instrumentos financieros y que se presenten como objeto de inversión.

Además, se incluye en el ámbito de la aplicación de la norma cualquier criptoactivo que sea un instrumento financiero, es decir, instrumentos financieros representados mediante tecnologías de registro distribuido. En el proyecto de Ley se incluyen las condiciones y obligaciones que deben cumplirse para constituir y registrar criptoactivos sujetos a la normativa del mercado de valores. Estas disposiciones permitirán además la aplicación del Reglamento del régimen piloto para la utilización de tecnología de registros distribuidos (blockchain) en las infraestructuras de mercados de valores, con el fin de poder utilizar esta tecnología para operaciones con acciones y bonos tokenizados durante cinco años y sin superar un determinado volumen de actividad.

En segundo lugar, se incorpora una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las conocidas como SPAC), garantizando las condiciones en las que se lleva a cabo el reembolso del capital invertido por los accionistas.

Estos vehículos tienen como objetivo favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo también su dependencia del crédito bancario.

En tercer lugar, la incorporación de la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESI) mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora obligaciones de solvencia específicas para estas entidades.

La norma establece un régimen prudencial propio de supervisión para estas empresas, adaptándolo a las particularidades de su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

Adicionalmente, se otorgan a la CNMV potestades para establecer el régimen aplicable en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la ESI. Se contempla también un régimen más flexible para empresas muy pequeñas y que no entrañan riesgo sistémico, manteniendo la protección de los inversores.

Para reconocer las particularidades de la prestación del servicio de asesoramiento y garantizar su continuidad con plenas garantías para los inversores, se establece un régimen de empresas de asesoramiento financiero de ámbito nacional. Estas empresas podrán mantener los mismos requisitos que en la actualidad, si bien se les exigirá su adhesión al Fondo de Garantía de Inversores, con un sistema de aportaciones proporcional y adaptado a su nivel de riesgo (menor que en la prestación de otros servicios), que se concretará en normas de desarrollo de la ley.

El IPC sigue en niveles altos pero marca un posible cambio de tendencia

El IPC sigue en niveles altos pero marca un posible cambio de tendencia

Madrid, 14 de marzo de 2023 CEOE

En el mes de febrero la inflación general aumenta una décima hasta el 6,0% y la subyacente también aumenta una décima hasta el 7,6%, aunque por debajo de lo avanzado a finales de mes. A pesar de no ser un buen dato, la ralentización que muestra la inflación podría suponer un punto de inflexión, para comenzar a descender los próximos meses.

Recordemos que estos datos hay que valorarlos con precaución, ya que este año se han producido cambios metodológicos significativos y medidas de política económica relativas a los precios de determinados productos que podrían haber afectado a su evolución y que hacen que no sea un dato homogéneo con el de los meses previos.

Comienza a observarse una significativa moderación del ritmo de avance de los precios de los productos energéticos y también continúan desacelerando los precios de los alimentos no elaborados, lo que obedece a unas menores tensiones sobre los precios de las materias primas en los mercados internacionales.

Las previsiones apuntan a que la inflación seguirá moderándose los próximos meses y a lo largo del próximo año. En 2023 se espera una tasa media mucho más moderada, en torno al 4%.

En este contexto, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y los salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista.

En términos de comparación con Europa, el IPCA en febrero alcanzó una tasa del 6,0%, mientras que en la Unión Monetaria esta tasa se situó en el 8,5%, con lo que el diferencial negativo se reduce a 2,5 puntos porcentuales, con una menor inflación en España.

Dentro del componente subyacente, los precios de los servicios aumentan su ritmo interanual en una décima hasta el 4,2%; los precios de los bienes industriales sin productos energéticos mantienen su tasa de variación en el 6,5%; y los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aceleran su tasa interanual en tres décimas hasta el 16,8% (a impuestos constantes esta tasa habría sido del 17,6%).

Los precios de los alimentos sin elaboración aumentan su tasa de variación interanual en 2,7 p.p. hasta el 13,4% (a impuestos constantes esta tasa habría sido del 15,4%). Prácticamente la totalidad de las rúbricas de alimentos registran tasas superiores al 10%.

Los precios de los productos energéticos intensificaron su ritmo de caída de precios hasta el -8,9% en su tasa interanual, continuando la senda de los últimos meses, gracias al menor aumento del precio de las materias primas energéticas, y a pesar de la eliminación de la subvención en los carburantes para particulares. En febrero el precio del crudo Brent descendió ligeramente frente a enero, hasta los 82,8 dólares/barril. En tasas interanuales supuso un descenso del -17,0%, en euros un descenso del -12,2%. En los primeros días de marzo el precio medio se sitúa en torno a los 83,5 dólares/barril, que de mantenerse implicaría un descenso interanual del -32% en dólares y del -30% en euros. No obstante, hay mucha incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo para los próximos meses, que estará muy condicionada por el comportamiento de la economía mundial y particularmente por la intensidad de la recuperación en China.

Las empresas siguen sacando tajada de la inflación

Las empresas siguen sacando tajada de la inflación

UGT

14 marzo 2023

Los datos de IPC del mes de febrero muestran un nuevo aumento de los precios, mientras los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo debido al bloqueo de la patronal

Los datos de IPC del mes de febrero publicados hoy por el INE, muestran una tasa anual de los precios del 6%, una décima más que el mes pasado, aumentando así por segundo mes consecutivo. Por su parte, la tasa subyacente, que recoge la inflación de componente estructural, también se incrementa una décima más respecto a enero, alcanzando una variación anual del 7,6%, la más elevada desde diciembre de 1986.

En este sentido, los datos destacan el encarecimiento anual de algunos productos básicos como el azúcar (+52,6%), el aceite de oliva (+33,5%), la leche entera (+33,2%) o los huevos (+28%), lo que demuestra cómo las reducciones en el IVA de los alimentos no están teniendo el impacto esperado, ya que este grupo continúa liderando la presión al alza de los precios. En términos mensuales, resalta el repunte del precio de la electricidad (+12,6%), y pone de relieve la necesidad de seguir avanzando hacia un sistema de fijación de precios que aproxime la retribución de cada tecnología en función de sus costes de generación, conformando así un mercado energético más justo y eficiente.

Una situación que, para UGT, pone de manifiesto la necesidad imperiosa de aumentar los salarios en nuestro país, ya que los sueldos en convenio registran una subida media hasta febrero del 2,9%, es decir, 3,2 puntos por debajo del IPC general y 4,8 menos que la tasa de inflación subyacente. De esta forma, las empresas siguen sacando tajada del contexto inflacionista actual, aumentando los márgenes y cosechando beneficios desproporcionados a costa del bolsillo de la clase trabajadora. Así, organismos como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea han reconocido recientemente cómo los beneficios empresariales son los principales causantes de la espiral inflacionista, por lo que existe margen para moderar los mismos e incrementar los salarios.

Por todo ello, UGT reclama un gran acuerdo salarial que traslade parte de los excedentes empresariales al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. De esta forma, junto a CCOO, hemos elaborado una propuesta de incremento salarial para el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2022-2024, en el que planteamos subidas salariales del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024, junto a la inclusión en los convenios colectivos de una cláusula de revisión salarial que tenga en cuenta la evolución del poder de compra los salarios y la evolución del margen de beneficios de las empresas. Así, el sindicato reclama a la patronal que cese cuanto antes en su situación de bloqueo de las negociaciones, acordando una propuesta que no solo es beneficiosa para la clase trabajadora, sino también para el interés económico y general del país.

Datos de interés

El IPC para el mes de febrero sitúa la tasa general de precios en un 6%, una décima más que enero. En términos mensuales, los precios crecieron un 0,9%, el mayor incremento en un mes de febrero desde 1980. Por su parte, la tasa subyacente, que no incluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, crece también una décima respecto al mes anterior, alcanzando el 7,6%, la tasa más elevada desde diciembre de 1986.

El INE destaca el grupo de transporte –por la bajada del precio de los carburantes- como aquel que más presión ejerce en el descenso de la tasa anual del nivel general de precios. En contraste, los grupos de vivienda -determinado por la subida de la electricidad- y los alimentos y bebidas no alcohólicas son aquellos que destacan por su influencia en el aumento de la tasa anual de precios.

Comunicado CEOE, CEPYME y ATA sobre pensiones

Comunicado CEOE, CEPYME y ATA sobre pensiones

Madrid, 10 de marzo de 2023

Ante la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME y ATA mostramos nuestra más frontal oposición.

El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo.

La propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado en la reunión de hoy, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión.

Resulta inconcebible, por otra parte, que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano.

Esta es la postura de las empresas y trabajadores autónomos tras haber acudido a la reunión del diálogo social de esta mañana, en un ejercicio de responsabilidad, con una convocatoria recibida en la víspera y sin documentación previa de la propuesta, que sin embargo sí hemos visto reflejada hoy en los medios de comunicación antes del comienzo de la reunión, y todo ello después de meses de ausencia de diálogo por parte del Ministerio.

Insistimos en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución.

Esta propuesta, por último, pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes –energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales–, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo.

Tres años después de la pandemia, España no ha recuperado las horas de trabajo previas

Tres años después de la pandemia, España no ha recuperado las horas de trabajo previas

13 marzo, 2023 USO

En 2022, se trabajaron 420.000 horas menos al año, 1,4 a la semana menos por cada trabajador

El paro sigue duplicando la media europea y uno de cada tres jóvenes está en el desempleo

La temporalidad ha bajado de media, pero ha aumentado en el sector público

Todos hemos perdido poder adquisitivo: asalariados, trabajadores públicos y pensionistas

Esta semana, se cumplen tres años desde que España se paralizó por el decreto del estado de alarma. Por eso, desde USO hemos querido analizar si el empleo se ha recuperado desde entonces a pesar del desplome del empleo en 2020 y 2021. Para ello, hemos comparado la situación actual con la de 2019, último año no contaminado por el covid.

El dato más llamativo es que España no ha recuperado las horas de trabajo previas a la pandemia. Así, en 2019 la jornada media era de 33,5 horas efectivas, mientras que 2022 acabó con 32,1 horas. Esto supone que, a pesar de haber más ocupación, cada persona trabaja, de media, 1,4 horas a la semana menos que en 2019. Y las mujeres siguen teniendo una jornada media muy inferior a los hombres, 29,4 horas semanales frente a 34,5.

“La población activa ha crecido en casi 400.000 personas; la población ocupada, en algo más de 600.000, pero, en realidad, no ha crecido el trabajo. Cada una de las veinte millones de personas que de media estuvieron ocupadas en 2022 ha trabajado una hora y media menos a la semana que antes de la pandemia. Esto nos da un total de casi 420.000 horas menos de trabajo que en 2019. Por lo tanto, no ha mejorado el empleo, se ha troceado y se ha repartido entre más trabajadores”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

La tasa de paro ha mejorado con respecto a 2019, pero sigue siendo más del doble de la europea. Así, la tasa media de 2022 se sitúa en 12,9 %, por 6,1 % de la continental. A pesar de que la sexta parte de la nueva población ocupada son jóvenes (menores de 25 años), el paro juvenil sigue cercenando el progreso de nuestra juventud: prácticamente uno de cada tres jóvenes que quiere trabajar está en paro, el 29,8 %.

“El paro juvenil sigue siendo un mal endémico de nuestra estructura laboral. No ha habido un plan específico de integración al mercado laboral de los jóvenes, a pesar de que son los mejor preparados para la gran mayoría de los nuevos empleos. La ley de FP puede ser una buena herramienta si se dota presupuestariamente el personal tutor, pero sus efectos no se verán a corto plazo. La recuperación del contrato relevo es una de las mejores garantías de inserción laboral de nuestros jóvenes”, plantea Pérez.

La temporalidad crece en el sector público
En 2020 y 2021, se redujo notablemente la temporalidad. Como en toda crisis, el primer empleo que se destruye el temporal, por lo que estas cifras no son válidas para contrastar con 2019. En 2022, tras la entrada en vigor de la reforma laboral, se ha reducido la temporalidad al 21,1 %.

“Esta bajada de 5 puntos en la temporalidad es una buena noticia, empañada no obstante por tres datos. Por un lado, que los fijos discontinuos están incluidos entre los indefinidos, a pesar de que tienen una actividad efectiva que es temporal; por otro, el crecimiento de las jornadas parciales dentro de esos indefinidos; y, por último, el suspenso absoluto de la Administración en este campo: si bien la contratación temporal se ha reducido en el sector privado, en el sector público ha aumentado”, alerta el secretario general de USO.

Lo ha hecho en casi 4 puntos, del 27,7 % de 2019 al 31,4 % en 2022. “Uno de cada tres trabajadores públicos tiene un contrato temporal. Esto está muy lejos del intento de estabilización y de las enseñanzas que nos debería haber dejado la pandemia. Sectores que se demostraron básicos, como la sanidad, siguen sufriendo una temporalidad muy por encima del empleo privado”, sostiene Joaquín Pérez.

Ni trabajadores ni funcionarios ni pensionistas: todos han perdido poder adquisitivo
Por último, el análisis de estos cuatro años de salarios no deja bien parado a ningún colectivo. Entre 2019 y 2022, la suma de los incrementos del IPC ha sido del 12,5 %. Mientras tanto, la subida media de convenios se ha situado en el 8,3 %; las subidas de los empleados públicos, en el 10 %; y las pensiones, en el 6,5 %.

“Todos los colectivos hemos perdido poder adquisitivo, desde los trabajadores hasta los pensionistas. Y en lo que llevamos de 2023, los salarios también están subiendo menos de la mitad que la inflación. Es el turno de los trabajadores, de apostar por una subida salarial fuerte que reduzca la desigualdad. Y, además, por jornadas completas, que permitan cobrar ese salario íntegro. En conjunto, estamos peor que antes de la pandemia, con menos empleo efectivo y menores salarios. Seguir empobreciendo a la mayoría no puede ser la solución”, remata el secretario general de USO.

IPC febrero. Nuevo récord en la inflación, en este caso la subyacente, mientras la subida salarial se estanca en la mitad

IPC febrero. Nuevo récord en la inflación, en este caso la subyacente, mientras la subida salarial se estanca en la mitad

14 marzo, 2023 USO

El IPC vuelve a subir en febrero, pero más aún la inflación estructural: un histórico 7,2 % que no se ve desde 1986
Los productos básicos, los más castigados
Los salarios por convenio acumulan una pérdida de 4 puntos desde antes de la pandemia y en 2023 ya pierden otros 3
La carne, el pescado, las legumbres, las hortalizas, la luz en casa, la ropa… prácticamente cualquier necesidad básica sube de nuevo de precio en febrero. Así, el IPC se sitúa en el 6 % y la inflación subyacente escala ya al 7,2 %. De entre todos los productos, los alimentos y bebidas no alcohólicas, los más necesarios, destacan por la virulencia de su subida, que sigue en máximos históricos con un 16,6 % de inflación.

“Llevamos meses pulverizando récords de precios. Primero el propio índice, luego la alimentación más cara y ahora, además, una inflación subyacente que el propio INE marca como la más alta desde 1986. Ni siquiera en la crisis de los ’90 o con la implantación del euro vivimos una subida de precios similar”, analiza Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Hace tres meses que esta inflación estructural sobrepasó al IPC, “y es una inflación más difícil de atajar, ya que analiza los precios eliminando los productos más volubles”, continúa Pérez.

Mientras tanto, “los salarios se estacan en una subida media que no alcanza el 3 %, con el último dato en 2,81 %, menos de la mitad de lo que sube el IPC. Los salarios por convenio han perdido más de 4 puntos con respecto a 2019 y este año van camino de duplicar la pérdida de poder adquisitivo”, expone el secretario general de USO.

Por eso, “es el momento de recuperar los salarios, tanto con una subida que recupere el poder adquisitivo como favoreciendo las jornadas completas de trabajo. El problema de rentas de las familias no es solo producto de salarios más bajos con respecto a los precios, sino de no cobrarlos al completo por el aumento de la parcialidad y la discontinuidad en la contratación”, pide Joaquín Pérez.

Por último, el dirigente de USO recuerda que, “fuera del IPC se queda otro gasto primordial para las familias, como es la hipoteca. En España, con el precio de la vivienda por las nubes y un parque de alquiler aún más inaccesible, contener los precios de las hipotecas, más allá de que una parte venga condicionada por el Banco Central, es imperioso para las rentas más bajas. No podemos situarnos otra vez en 2007, hay que actuar ya”.

España supera las 170.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania un año después de la activación del mecanismo

España supera las 170.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania un año después de la activación del mecanismo

Interior – 10.3.2023

España ha superado las 170.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos un año después de la activación de este mecanismo de protección extraordinario, que de manera inmediata concede permiso de residencia y de trabajo a los ciudadanos desplazados por la invasión rusa.

Hasta el 9 de marzo, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 170.193 protecciones.

La Comisión Europea comunicó este jueves al Consejo de Ministros del Interior que se celebró en Bruselas la prórroga de la protección temporal hasta marzo de 2024. La activación de la Directiva de Protección Temporal, por primera vez desde su creación en 2001, se aprobó por unanimidad en el Consejo de Ministros del Interior celebrado el 4 de marzo de 2022, y solo seis días después España puso en marcha el procedimiento urgente de solicitud y tramitación.

España es el quinto país de la Unión Europea que más protecciones temporales ha concedido. El 63 por ciento de las personas que han obtenido esta figura son mujeres (105.998) y el 37 por ciento, hombres (62.133). Por franja de edad, el 33 por ciento tiene menos de 18 años; el 26 por ciento, entre 19 y 35 años; el 34 por ciento, entre 36 y 64; y el 7 por ciento tiene más de 65 años.

Además, la mayoría de las personas que han conseguido la protección temporal, el 98,2 por ciento, son ciudadanos de nacionalidad ucraniana, mientras que el 1,8 por ciento restante se corresponde con ciudadanos de otras nacionalidades que residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.

Comunitat Valenciana (46.154), Cataluña (39.132), Andalucía (24.275) y Madrid (23.840) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.

Primera activación de la directiva europea
El mecanismo activado por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior, permite otorgar de manera ágil y sencilla la protección temporal en un plazo máximo de 24 horas desde la solicitud.

El procedimiento se inicia en las comisarías de la Policía Nacional repartidas por todo el territorio nacional y en los centros de recepción habilitados, donde funcionarios de la Policía Nacional, apoyados por intérpretes, se encargan de tomar los datos identificativos a los ciudadanos ucranianos. Esta solicitud es posteriormente tramitada por la OAR del Ministerio Interior y resuelta en el plazo máximo de 24 horas.

Todas las protecciones temporales tramitadas conllevan el permiso de residencia y, para los mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legalmente sus permisos de conducir.

Protección temporal por comunidades autónomas (hasta las 20:00 horas del 09/03/2023) / Fuente: Ministerio del lnterior.

El Tribunal de Cuentas prepara a los responsables económico-financieros de los partidos políticos ante las elecciones de 2023

El Tribunal de Cuentas prepara a los responsables económico-financieros de los partidos políticos ante las elecciones de 2023


3/03/23 Tribunal de Cuentas

Representantes de treinta formaciones políticas han asistido a la III Jornada técnica sobre contabilidad que ha tenido lugar en el Senado. El objetivo del encuentro ha sido la difusión de buenas prácticas para una presentación óptima de las contabilidades electorales de los ocho comicios que se convocarán para los próximos meses.

En la Jornada se han abordado temas de interés como los límites de gasto de las campañas electorales o las posibles infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos por su superación.

III Jornada Partidos PolíticosIII Jornada Partidos Políticos
Madrid, 3 de marzo de 2023

El Tribunal de Cuentas ha celebrado en el Senado la III Jornada técnica dirigida a los partidos políticos donde se han analizado en diferentes ponencias cuestiones relativas a la presentación de las contabilidades de los procesos electorales y a la fiscalización que realizará el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas empezará a fiscalizar las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo cuyas contabilidades deberán ser presentadas por los partidos políticos que concurran a las mismas a finales del mes de septiembre. Entre 2023 y 2024 el Tribunal de Cuentas fiscalizará un total de ocho procesos electorales, en los que se prevé la movilización de importantes recursos públicos. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019 se realizaron gastos electorales por un total de 50 millones de euros.

La Jornada ha contado con la asistencia de responsables económico-financieros y administradores electorales de unos treinta partidos políticos y ha sido inaugurada por el vicepresidente segundo del Senado, Pío García-Escudero, y por las consejeras titulares del Departamento de Partidos Políticos, María Dolores Genaro y Elena Hernaez.

La Jornada se ha estructurado en cinco ponencias en las que han participado auditores y letrados del Departamento de Partidos Políticos. Estas ponencias han tratado temas como el sistema telemático implantado para la presentación de las contabilidades electorales a través de formularios en la sede electrónica de la Institución o los criterios de fiscalización en materia de ingresos y gastos electorales y de envíos de propaganda electoral (mailing). Además, se ha advertido de la existencia de límites de gastos de las campañas electorales y las infracciones y sanciones en que podrían incurrir los partidos políticos por su superación.

Durante el encuentro se han repasado algunas de las propuestas de reformas legislativas más relevantes que el Tribunal de Cuentas ha trasladado a las Cortes Generales en la Moción relativa a la financiación y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas, aprobada en julio del año 2021.

Con la organización de esta Jornada, la tercera que se celebra tras las ediciones de 2021 y 2022, la Institución da respuesta a la Resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, de 27 de febrero de 2018, uno de cuyos acuerdos instaba a “promover una actitud más proactiva del Tribunal de Cuentas como institución con capacidad formativa en relación con los desarrollos normativos y tecnológicos, y como posible generador de opiniones vinculantes, a instancias de las propias formaciones políticas”.

La reserva hídrica española se encuentra al 51,2 por ciento de su capacidad

Estado de los embalses

La reserva hídrica española se encuentra al 51,2 por ciento de su capacidad

Transición Ecológica y el Reto Demográfico – 14.3.2023

La reserva hídrica española está al 51,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.730 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 435 hectómetros cúbicos (el 0,8 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
Cantábrico Occidental al 68,6%
Miño-Sil al 77,4%
Galicia Costa al 78,4%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 66,8%
Tajo al 62,5%
Guadiana al 34,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 76%
Guadalete-Barbate al 30%
Guadalquivir al 25,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 38,4%
Segura al 36,1%
Júcar al 61,6%
Ebro al 58,7%
Cuencas internas de Cataluña al 27,2%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián – Donostia con 40,8 mm (40,8 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el siguiente cuadro:

Las constituciones de empresas en febrero aumentan el 9,2% anual

Las constituciones de empresas en febrero aumentan el 9,2% anual

09/03/2023 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en febrero, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

Las constituciones aumentan en febrero el 9,2% sobre el mismo periodo del año anterior. Se observa una recuperación en los últimos meses, que desde septiembre alternó datos positivos y negativos después de cinco meses de caídas consecutivas. Se han creado 10.219 empresas, frente a las 9.360 del mismo mes del año anterior. Las CC.AA. de Andalucía, Cataluña y Madrid, constituyeron conjuntamente casi seis de cada diez empresas creadas.

En febrero aumentó la creación de empresas en la mayoría de los territorios, sobre todo en Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia y Baleares. Tan solo descendieron en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y País Vasco.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. se han incrementado en febrero el 4,1%. A excepción del mes de diciembre, que cayeron el 2,3%, se observan seis meses consecutivos al alza, mejorando significativamente los datos negativos observados en el primer semestre de 2022.

Por Comunidades Autónomas, destacan por su mayor volumen, Madrid con 811 ampliaciones, un 7,4% más que en 2022 y Cataluña con 682, un 8,6% más. Globalmente, se han incrementado más en Asturias, Castilla – La Mancha, Aragón y Murcia.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores en febrero fueron 375 (ver nota 1), un descenso del 3,1% sobre el mismo mes de 2022, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que conjuntamente muestran más de seis de cada diez concursos presentados.

El fin de la moratoria concursal marcó la tendencia real durante el segundo semestre de 2022, que supuso incrementos significativos, destacando un aumento del 42,2% en el cuarto trimestre. En 2023, se confirmó la desaceleración del efecto de la moratoria, todavía con subidas del 12,6% en enero, mientras que en febrero la disminución producida deberá ser confirmada en los próximos meses debido a la incidencia mencionada en la nota 1.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron 280 inscripciones en febrero, un 8,1% más respecto al mismo mes del año anterior, mientras los necesarios fueron 107, con un descenso anual del 7,8%.

Nota 1: La cifra de concursos de acreedores registrados durante febrero podría no ser representativa debido a los efectos de la huelga de letrados de la administración de Justicia.