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La apreciación del euro lastra la competitividad precio de la economía española

12 de noviembre, 2018

Índice de Tendencia de Competitividad

La apreciación del euro lastra la competitividad precio de la economía española

Jueves 8 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
La apreciación interanual del euro en el tercer trimestre del año frenó la competitividad española, según el Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo.
En el tercer trimestre de 2018 empeoró ligeramente la competitividad de España frente a la UE-28 (el ITC subió un 0,4%), lo que confirma el cambio de tendencia iniciado el trimestre anterior. Esta pérdida de competitividad se debe principalmente a la apreciación del euro frente a las divisas de aquellos países comunitarios que no pertenecen a la zona euro, unida a un leve incremento del índice de precios.

Frente a la OCDE, el ITC aumentó un 1,0% a pesar de la mejora de la competitividad española por una evolución de los precios en España más moderada que en la OCDE, que solo pudo compensar parcialmente la apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona.

En relación con los países BRICS, el ITC se incrementó un 3,5% interanual en el tercer trimestre. El deterioro de la competitividad-precio frente a esta zona se debió al aumento del tipo de cambio en un 4,1%, mientras que el índice de precios disminuyó un 0,6%.

En el segundo trimestre de 2018, el ITC medido con Índices de Valor Unitario (IVUs) empeoró frente al conjunto de la UE-28 (2,1%), debido principalmente al incremento del índice de precios relativos. Frente a los países de la OCDE, el ITC también muestra una pérdida de competitividad (4,3%), debido fundamentalmente a la apreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona.

El ITC calculado con Costes Laborales Unitarios (CLUs) frente a la UE-28 se redujo un 1,2% en el segundo trimestre de 2018, consolidándose la tendencia de mejora de competitividad registrada los últimos trimestres. La causa fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que disminuyó un 1,5%, frente al índice de tipo de cambio que aumentó un 0,3%.

El informe completo, con las tablas, se puede consultar en la web  www.comercio.gob.es  .

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El Gobierno modifica la ley para que los ciudadanos no paguen el impuesto a las hipotecas

12 de noviembre, 2018

Consejo de Ministros

El Gobierno modifica la ley para que los ciudadanos no paguen el impuesto a las hipotecas

La Moncloa, Madrid, jueves 8 de noviembre de 2018

lamoncloa.gob.es
El Ejecutivo ha aprobado la modificación de dos artículos de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que la banca asuma desde el sábado el pago del tributo a las hipotecas. Además, ha acordado una serie de medidas urgentes para mejorar la gestión de las carreteras y la seguridad vial.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que el Consejo de Ministros, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, ha aprobado un Real Decreto Ley para modificar la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el objetivo de que “los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto cuando escrituren una hipoteca, ya que, a partir de ahora, lo pagarán los bancos”.

Montero ha recordado que el Pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidió el martes rectificar el criterio de una sentencia anterior del mismo tribunal que obligaba a los bancos a pagar este impuesto. “Esto ha generado una gran alarma social y también inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el propio mercado hipotecario”, ha dicho.

La ministra ha afirmado que el Gobierno respeta la separación de poderes, pero lamenta el cambio de criterio. Además, ha argumentado que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de “velar por el interés general de los ciudadanos y garantizar la seguridad jurídica del marco normativo para el normal funcionamiento del mercado hipotecario”.

En este sentido, Montero ha defendido que el Gobierno ha decidido actuar con celeridad y modificar la ley para que los bancos paguen este impuesto desde el próximo sábado, fecha en la que entra en vigor el Real Decreto. La norma se aplicará a las hipotecas formalizadas a partir de ese día. La urgencia de esta modificación se justifica, según la ministra, por la confusión generada en “la controvertida sentencia del Tribunal Supremo” y por la necesidad de clarificar quién es el sujeto pasivo de este impuesto.

La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroPool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa ministra ha aclarado que el cambio fundamental aprobado es la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que “cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

El texto aprobado hoy también modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para introducir que “este gasto estará considerado como no deducible por parte del prestamista”. Es decir, que los bancos no podrán deducirse este gravamen.

Montero ha aclarado que el Gobierno ha descartado eliminar el tributo porque aporta 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas que contribuyen a financiar la Sanidad, la Educación y la Dependencia.

Protección al cliente

María Jesús Montero ha añadido que el Ministerio de Economía y Empresa trabaja en paralelo en la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente de Productos Financieros, entidad que velará para prevenir que se produzcan cláusulas abusivas que trasladen el coste del impuesto a los consumidores.

El Gobierno, ha añadido la ministra, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y actúa desde la responsabilidad asumiendo competencias para devolver la certidumbre al mercado hipotecario y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha resaltado que el Ejecutivo manifiesta así “su voluntad de estar junto a los ciudadanos y de prestar el apoyo que fuera necesario a las comunidades autónomas, que son las depositarias de este impuesto”.

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El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas

11 de noviembre, 2018

Viernes, 2 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo desestima el recurso del Consejo General de la Abogacía contra la especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas

La Sala Tercera avala el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ el 25 de mayo de 2017

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Consejo General de la Abogacía Española contra la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de mayo de 2017, por el que se atribuye a determinados juzgados que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación de préstamos hipotecarios.

En primer lugar, la Sala rechaza falta de motivación del acuerdo del CGPJ y recuerda que la justificación de la excepcionalidad de la medida no requiere de una especial motivación precisamente por “la notoriedad de las circunstancias subyacentes. Ciertamente, la elevadísima litigiosidad que se trata de abordar a través de esta medida, y las circunstancias en que ha surgido, constituyen por sí mismas motivación más que suficiente para la decisión; siendo una vez más cuestión diferente la discrepancia de la parte recurrente sobre su oportunidad o acierto”.

Asimismo, indica que el acuerdo cita explícitamente la norma en que se ampara para justificar la decisión que incorpora (el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) que faculta al Consejo General del Poder Judicial a acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos.

La sentencia resalta que el acuerdo vino precedido de un estudio inicial del que se dio traslado a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, a los jueces decanos, a los responsables de las comunidades autónomas, y para lo que se recabó informes del Servicio de Inspección del CGPJ, del Ministerio de Justicia, de las comunidades autónomas y de las salas de gobierno de los tribunales superiores.

“La decisión definitiva sobre la adopción de esta medida y la consiguiente determinación e individualización de los órganos jurisdiccionales afectados se encuentra, pues, ampliamente documentada; siendo, reiteramos, cuestión distinta que a la corporación recurrente no le satisfaga o no le convenza ni el sentido de lo acordado ni la determinación de los órganos judiciales a los que se encomienda el tratamiento procesal de los procedimientos concernidos”, señala la sentencia.

Asimismo, el Supremo tampoco aprecia que el Acuerdo impugnado haya incurrido en infracción del derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley. “Asiste la razón al sr. abogado del Estado cuando pone de manifiesto, primero, que la medida adoptada tiene cobertura normativa expresa, y con rango adecuado, en el artículo 98.2 de la LOPJ; y segundo, que proyecta su operatividad sobre procedimientos aún no iniciados, lo que despeja cualquier sospecha de infracción de tal derecho fundamental”, señala la resolución. Los magistrados también rechazan que la medida acordada por el CGPJ sea arbitraria.

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Un juzgado de Pontevedra confirma la orden de demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

10 de noviembre, 2018

Martes, 6 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

Un juzgado de Pontevedra confirma la orden de demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Situada en San Vicente do Mar, está clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra ha confirmado la orden de demolición de las 52 viviendas de la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), así como de los viales y grandes movimientos de tierra realizados en la zona, clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. Contra el fallo cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.

En la sentencia el magistrado desestima el recurso interpuesto por uno de los propietarios contra la resolución de octubre de 2017 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta (APLU) en la que insta a los titulares de los 52 chalés a cumplir la orden de derribo de 2014. La demolición fue decretada por la Xunta por primera vez en 2010. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo también le impone al recurrente el pago de costas.

La sentencia explica que la legislación prohíbe usos residenciales en ese tipo de suelo, una zona boscosa que da a la playa de Balea-Raeiros. En 1993 el propietario obtuvo una licencia para construir un apartahotel de uso turístico, pero, según consta en el fallo, construyó los 52 chalés adosados con uso de vivienda y los vendió a diferentes propietarios. En 2007 la Xunta les requirió la implantación de uso hotelero y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden. En 2010 la APLU ordenó la demolición y volvió a requerirla en 2014. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra confirma en la sentencia esa última orden de demolición.

“La licencia de obras iba unida a la de actividad. Sin el uso de hotel (sin parcelación) todo lo construido carece de sentido”, subraya el juez en el fallo, en el que también apunta la posibilidad de que la licencia del hotel de 1993 haya caducado.

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La constitución de sociedades aumenta el 0,3% en el tercer trimestre

10 de noviembre, 2018

La constitución de sociedades aumenta el 0,3% en el tercer trimestre

Octubre 29, 2018  Notas de prensa  – registradores.org

Entre julio y septiembre, las sociedades inmersas en concurso de acreedores subieron un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2017
Más de 1.000 sociedades trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma

En el tercer trimestre se constituyeron en España 19.595 sociedades mercantiles, un 0,3% más que en el mismo trimestre de 2017. Con este dato, la creación de empresas aumenta, aunque levemente, por segundo trimestre consecutivo, después de seis trimestres de descensos, iniciados en el cuarto trimestre de 2016.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se constituyeron 95.127 sociedades, un 0,8% menos que en el mismo período acumulado del año anterior, claramente por debajo de las 100.000 operaciones anuales, según la estadística mercantil del Colegio de Registradores.

Por territorios, la creación de empresas baja en Asturias, Cataluña, Murcia, Galicia, Castilla y León, Baleares y Navarra, mientras que sube en el resto, principalmente en Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Andalucía, Canarias y Extremadura.

Extinciones

Las extinciones alcanzan las 5.008 sociedades en el tercer trimestre, un 5,7% más que en el mismo trimestre de 2017, por lo que continúa la tendencia de subidas de trimestres anteriores. En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, las extinciones aumentaron el 1,3% sobre el mismo período acumulado del año anterior.

Por territorios, aumentan en Ceuta y Melilla (87,5%), Castilla-La Mancha (84,8%), Navarra (59%), Comunidad Valenciana (26,3%), Baleares (17%), Asturias (9,4%), Madrid (8,3%) y Cataluña (6%). Por el contrario, descienden en Murcia (-23,5%), Aragón (-21,5%), Castilla y León (-15,2%), Galicia (-13,5%), País Vasco (-10,9%), La Rioja (-8,8%), Canarias (-3,8%), Extremadura (-3%) y Andalucía (-2,8%). Se mantienen sin cambios en Cantabria.

Operaciones de capitalización

En el tercer trimestre se contabilizaron 6.897 ampliaciones de capital, con un aumento del 4,2% sobre el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, en términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.823 millones de euros, un 53,9% menos que en el mismo período de 2017.

Concursos

Las empresas con serias dificultades financieras, que se vieron inmersas en concurso de acreedores entre julio y septiembre fueron 708, un 0,9% más que en el tercer trimestre de 2017, por lo que aumenta durante dos trimestres consecutivos, después de varios años con importantes descensos.

En los últimos 12 meses, de octubre de 2017 a septiembre de 2018, se declararon en concurso 3.574 sociedades, un 0,9% menos que en el acumulado del año anterior. Las caídas que se venían produciendo desde 2014 continúan suavizándose en los últimos trimestres.

En el tercer trimestre y con respecto al mismo periodo de 2017, las caídas más acusadas se registran en Ceuta y Melilla, Castilla y León, Extremadura, Baleares, Aragón, Cantabria, Canarias y Madrid, mientras que en el otro lado, los mayores incrementos en los concursos de acreedores se localizan en Navarra, La Rioja, Murcia, Asturias y Cataluña.

Traslados de sede social

Se detallan a continuación los traslados de sede social de empresas entre las diversas CC.AA., correspondientes al tercer trimestre de 2018. Debido al procedimiento para inscribir el cambio de domicilio social de una sociedad, que prevé un plazo de hasta tres meses para finalizar todo el proceso ante el Registro Mercantil de destino, una parte de los traslados inscritos en el trimestre, corresponden a solicitudes realizadas ante el Registro Mercantil de origen en el trimestre anterior.

En el tercer trimestre del año 1.036 sociedades mercantiles trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma. Cataluña registra el mayor número de salidas, con 259 sociedades que mueven su domicilio social a otra comunidad, seguida de Madrid (255), Andalucía (103) y Comunidad Valenciana (70). En el balance entre entradas y salidas, Cataluña presenta un balance negativo, es decir, de pérdidas de sede social de 155 empresas mientras que la Comunidad de Madrid muestra un saldo positivo de 163 sociedades. El resto de CC.AA. muestra saldos más o menos equilibrados.

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Sánchez anuncia un decreto ley para que el impuesto de las hipotecas “lo pague la banca y no los ciudadanos”

8 de noviembre, 2018

Sánchez anuncia un decreto ley para que el impuesto de las hipotecas “lo pague la banca y no los ciudadanos”

El Consejo de Ministros de mañana llevará también la creación de una Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros.

07/11/2018  psoe.es

Pedro Sánchez anunció hoy la aprobación –mañana en Consejo de Ministros- de un Real decreto ley para que “sea la banca” y “nunca más los españoles quienes paguen” el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, al suscribir un crédito hipotecario.

La decisión del ejecutivo socialista presidido por Sánchez, y presentada por él mismo en el curso de una rueda de prensa en Moncloa, se produce pocas horas después de que el pleno del Tribunal Supremo rectificara la decisión adoptada hace días por la sección segunda de este órgano, que lo hacía recaer en el sector financiero.

Sánchez, que comenzó destacando su respeto a la labor y a la independencia del poder judicial, subrayo que la situación generada “no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni, sobre todo y especialmente, para los ciudadanos”. Y justificó la decisión de su Gobierno en la necesidad de dar “seguridad jurídica” y en el “compromiso” de “actuar siempre en interés de la ciudadanía”.

El también secretario general del PSOE anunció además una segunda medida, como es “la creación de la Autoridad Independiente de Protección de los Clientes Financieros”; una iniciativa para “reforzar la protección ante potenciales abusos y mejorar la capacidad de resolver conflictos” en el sector financiero, que será remitida en las próximas semanas a las Cortes Generales.

Sánchez explicó que “la voluntad del Gobierno es la de garantizar la seguridad jurídica de todos y para todos, por eso la reforma se aplicará a partir de la fecha de su entrada en vigor, tanto la de la Autoridad independiente cuando llegue al Congreso de los Diputados y sea aprobada por el poder legislativo, como el Real decreto ley a partir de su publicación este viernes en el BOE”.

En definitiva, como explicó el presidente Sánchez lo que hace el Gobierno con estas medidas es “aclarar la situación; garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y, sobre todo, garantizar y fortalecer un principio básico para este Gobierno como es la igualdad”.

Preguntado por las movilizaciones convocadas por otros partidos políticos para protestar por la decisión del Supremo, Sánchez aseguró que “cada partido es libre de hacer la oposición como considere”, pero “nosotros creemos que se tiene que hacer en las instituciones”, de ahí que haya instado a Unidos Podemos y al resto de fuerzas parlamentarias a que lleven sus propuestas al Congreso de los Diputados. “Más allá de que luego de convoquen manifestaciones, es la hora de la política, de ser ejecutivos, de ser prácticos y de tomar decisiones para llevarlas adelante”, subrayó.

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Nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018)

7 de noviembre, 2018

Martes, 6 de noviembre de 2018  poderjudicial.es

Nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018)

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala III, tras dos días de deliberaciones, ha acordado por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días.

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El Congreso endurece la separación del socio por falta de dividendos

6 de noviembre, 2018

El Congreso endurece la separación del socio por falta de dividendos

El texto aprobado introduce más limitaciones para la salida de los minoritarios
Xavier Gil Pecharromán

2/11/2018 – eleconomista.es

El Congreso de los Diputados ha modificado, una vez más, las condiciones para que un socio pueda separarse de la sociedad en los casos de falta de distribución de dividendos, según consta en el texto del Proyecto de ley por el que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad -procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre-.
La norma, aprobada por el Congreso y remitida al Senado para su discusión, regula que una vez transcurrido el quinto ejercicio, contado desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que haya hecho constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no acuerde la distribución como dividendo de al menos el 25 por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente distribuibles, siempre que se hayan obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

Cuentan los últimos ejercicios

En la legislación vigente basta con que el socio hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales y el límite era la aprobación por la junta de un tercio de los beneficios sociales distribuibles.

Además de este cambio de circunstancias, el texto aprobado en el Congreso incluye una limitación que impedirá la separación del socio, si durante los últimos cinco años los dividendos distribuidos equivalen al 25 por ciento de los beneficios le-galmente distribuibles registrados en dicho periodo.

Estas novedades se entenderán sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que puedan corresponder y salvo disposición contraria en estatutos.

En este último caso, para la supresión o modificación de la causa de separación , la norma establece que será necesario el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que no hubiera votado a a favor de tal acuerdo.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación no variará con respecto a la legislación en vigor y, por tanto, seguirá siendo de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria de socios. También, se mantiene la inaplicación de este artículo para las sociedades cotizadas, pero también quedan fuera de su regulación aquellas que sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en un sistema multilateral.

En las sociedades cotizadas la salida del socio mediante la venta de sus acciones es fácil por existir un mercado abierto, lo que no ocurre con las sociedades no cotizadas.

Y se añaden otras situaciones que quedan fuera de esta regulación, como es el caso de las sociedades que se encuentren en concurso o cuando, al amparo de la legislación concursal, la sociedad haya puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso la iniciación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, o cuando se haya comunicado a dicho juzgado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.

Finalmente, también quedan fuera de esta norma. Los casos en que la sociedad ha alcanzado un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad fijadas por la legislación concursal.

La regulación de separación del socio por falta de distribución de dividendos se aprobó en 2011, pero no entró en vigor hasta 2016. Este artículo fue suspendido antes de su vigencia, suspensión que fue prorrogada en 2012 y 2014, mediante la inclusión de disposiciones transitorias o finales en Reales Decretos-Ley.

Con estas medidas se trata de poner fin a los abusos del socio mayoritario para hacerse con el capital del minoritario si, como suele ocurrir, éste tiene derecho a la percepción de salarios u otras prebendas asociadas al control societario o a transacciones sobre las participaciones, que obligan a poner más recursos al minoritario o a ver cómo se diluye su inversión.

Se trata de un caso muy corriente en herencias familiares, en las que el padre deja a sus hijos participaciones sociales en lugar de cuotas de propiedad sobre los activos del patrimonio social y uno de ellos logra hacerse con una mayoría.

En la tramitación, ERC sugirió introducir en el texto propuesto la remisión a las cuentas anuales consolidadas en caso de tratarse de sociedades dominantes de un grupo, pues es bien frecuente que, por decisión del socio mayoritario, las sociedades filiales no repartan dividendos a la dominante, burlando así el derecho del socio minoritario.

Existen antecedentes jurisdiccionales y sentencias dictadas por el Mercantil número 9 de Barcelona. Sin embargo, esta propuesta no llegó a prosperar en el Congreso.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el abuso del socio mayoritario en sentencia de 7 de diciembre de 2011. Aunque el artículo 204.1 de la LSC silencia el abuso de derecho y el de poder, para el TS no constituye un obstáculo insuperable para anular los acuerdos sociales en tales supuestos.

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Hipotecas: ¿Y ahora qué?

5 de noviembre, 2018

Hipotecas: ¿Y ahora qué?
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Artículo de opinión de Almudena Semur, Secretaria General del IEE, en diario El Economista el 28 de octubre de 2018 – ieemadrid.es

A la fragmentación parlamentaria existente en nuestro país, que le impide poner en marcha reformas de calado, los significativos datos de paro, el desafío independentista o la falta de medidas de ajuste para resolver el gran problema de las pensiones, hay que añadirle la eclosión de un gran conflicto provocado por un cambio interpretativo de la norma tributaria, hecho que pone de manifiesto la inseguridad jurídica en la que se halla inmerso nuestro país. En este sentido, resulta obvio señalar que la mejor medida para evitar conflictos de esta índole es estar dotados de un ordenamiento que transmita de forma clara a los ciudadanos y a los agentes económicos cómo tienen que cumplir las normas. Las normas tienen que ser fáciles de localizar, así como deben estar dotadas de estabilidad en el tiempo con el fin de que puedan ser asumidas y asimiladas por todos aquellos que deban ajustarse a ellas. Realidad que, en absoluto, se corresponde con la normativa tributaria imperante en nuestro país, en cuya redacción se utiliza un lenguaje esotérico y oscuro que mezcla la economía, el derecho y la contabilidad. Pero es que, además de ser farragosa, es inestable en el tiempo, al aceptar todo tipo de cambios que obedecen a necesidades electoralistas escondidas en la oscuridad de un lenguaje técnico tributario que oculta su veracidad. Y es que como señala el maestro Ferreiro Lapatza, nuestro sistema tributario pone de manifiesto su cara más injusta. Esto es, unas leyes fiscales hechas a espaldas del principio de igualdad, unas leyes plagadas de excepciones, de exenciones, de regímenes especiales, de normas de excepción, de normas dictadas por y para la propaganda electoral, y de normas que declaran hoy justo, lo que mañana declararan injusto. Y es que el legislador tributario y la burocracia que le prepara los Proyectos de Ley no sé muy bien si por ignorancia o por mala fe, hacen creer al ciudadano que las leyes tributarias son muy complicadas y difíciles de entender con el aplauso, eso sí, de abogados y asesores fiscales. Desde luego, en estas condiciones resulta muy difícil evitar conflictos entre Administración y administrados, como tampoco la norma sirve para un mejor funcionamiento de un sistema económico que, como todos sabemos, debe estar basado en tres pilares fundamentales: seguridad jurídica, confianza y previsibilidad. Y son estos tres pilares los que han saltado por los aires a raíz del cambio de criterio del Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2018, respecto a la determinación del sujeto pasivo, es decir, del obligado al pago del tributo en el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de los préstamos con garantía hipotecaria. Impuesto que, dicho sea de paso, tiene más de tasa que de impuesto, aunque por su diversidad resulta complicado convertir este gravamen en tasa.

Y es que la Sentencia de la Sección de la Sala Tercera cambia un criterio judicial consolidado sobre quién es el sujeto pasivo de un impuesto, contradiciendo numerosas Sentencias previas del Tribunal Supremo y declarando ilegal un artículo de un Reglamento de 1995, veintitrés años después de que se aprobara tras ser aplicando pacíficamente por las Administraciones públicas. Es decir, el legislador ha trasladado la condición de sujeto pasivo al que no lo era, declarando injusto lo que ayer era justo.
Sin lugar a duda, este cambio menoscaba la seguridad jurídica, precepto fundamentalmente para que los ciudadanos y operadores económicos puedan desarrollar una correcta planificación fiscal y ajustar su comportamiento económico al coste previsible de los impuestos, adaptándose a la normativa vigente en cada momento. A la vez que daña la confianza legítima. Esto es, los ciudadanos toman sus decisiones de ahorro o gasto basándose en la legislación vigente, por lo que un cambio en la misma totalmente imprevisible, si fuese aplicado retroactivamente podría estar vulnerando el principio de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En definitiva, se trata de un cambio de criterio que contradice un Reglamento tanto tiempo después, y en contra de precedentes previos tan sólidos: es el tipo de “sorpresa” que aleja la inversión y erosiona la confianza en la economía española. Es el tipo de sorpresa que afecta a nuestra estabilidad institucional y de competitividad externa.

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El Banco Mundial publica el indicador Doing Business 2019, que analiza el periodo entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018

4 de noviembre, 2018

31 de octubre de 2018 mineco.gob.es

El Banco Mundial publica el indicador Doing Business 2019, que analiza el periodo entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018

España pasa del puesto 28 al 30 en el ránking, su segunda mejor posición desde 2008
La puntuación global de España experimenta una ligera mejoría hasta los 77,68 puntos, aproximándose al nivel de referencia situado en 100

España obtiene el segundo mejor resultado desde 2008, con una puntuación de 77,68 puntos, en el indicador Doing Business 2019 que publica anualmente el Banco Mundial. Este indicador analiza la facilidad para hacer negocios en 190 países, otorgando una nota final global y una nota por cada área analizada, siendo 100 el valor de referencia.

En el periodo analizado, que corresponde a los meses comprendidos entre el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018, España ha descendido dos puestos en el ránking, pasando del 28 al 30, pero ha mejorado la distancia al valor de referencia pasando del 77,02 al 77,68.

El Doing Business pone el foco en 10 áreas regulatorias que influyen en el clima de negocios de un país. Durante el último año, España mejora la puntuación en relación al valor de referencia en siete de las áreas analizadas, entre las que destaca el indicador sobre manejo de permisos de construcción. Por el contrario, experimenta un retroceso únicamente el indicador de registro de propiedades y dos se mantienen en los niveles del año anterior.

En la comparativa con las economías europeas mejor posicionadas, España avanza un puesto respecto al año anterior, situándose en la decimoprimera posición.

Si bien la posición relativa en el ránking ha experimentado pocos cambios significativos en los últimos cinco años, los resultados obtenidos se enmarcan en una tendencia de mejora paulatina del marco regulatorio.

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El juez propone juzgar a la excúpula de Caixanova y a dos empresarios por una operación inmobiliaria en Cangas del Morrazo (Pontevedra) que causó un perjuicio de 43 millones de euros

4 de noviembre, 2018

Miércoles, 31 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El juez propone juzgar a la excúpula de Caixanova y a dos empresarios por una operación inmobiliaria en Cangas del Morrazo (Pontevedra) que causó un perjuicio de 43 millones de euros

En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a cuatro exdirectivos de la entidad y a dos empresarios por una operación inmobiliaria presuntamente irregular en la localidad pontevedresa de Cangas de Morrazo que supuso un perjuicio para la caja de 43 millones de euros.

En el auto de pase a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida.

Atribuye dichos delitos al que fuera presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, a los exdirectores generales Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Ángel Corona, al entonces jefe de Empresas Participadas Juan Manuel Gutiérrez Ois y a los administradores de la inmobiliaria Atlántico Construcciones y promociones SL Ubaldino Rodríguez Bello y su mujer Natividad Blanco González Pereda.

En su auto el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para once personas, entre ellas el exdirector general José Luis Pego, y concede un plazo de diez días a Fiscalía, Abogacía del Estado y Abanca como partes acusadoras para soliciten la apertura de juicio oral presentando escrito de acusación o solicitando el sobreseimiento.

La operación investigada en este procedimiento se refiere a un proyecto de inversión inmobiliaria en Cangas de Morrazo entre dos socios, Atlántico Construcciones y Caixanova, que aportaría la financiación. El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) -participadas al 50 por ciento por los dos socios- para la promoción de una urbanización de carácter residencial, comercial y hotelero, así como la construcción y explotación de un puerto deportivo. Todo ello con una inversión máxima de 151 millones de euros.

Una vez analizada toda la operativa desarrollada y las presuntas irregularidades, el juez considera que la operación se diseñó específica y deliberadamente por los investigados para que el coste financiero de la misma fuera asumido por Caixanova de modo que Atlántico de Construcciones se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que recibía de dicha entidad, “de modo que todo el riesgo de la operación (altísimo ante la situación urbanística de los terrenos, que imposibilitaba el desarrollo pretendido) y las consiguientes pérdidas, que superaron los 43 millones de euros, corriera a cargo de Caixanova”.

A tales efectos, indica el auto, los directivos de Caixanova consiguieron que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, “ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto”.

Actuando así, continúa el magistrado, los directivos de Caixanova consiguieron que se acordara la alianza con un socio que no tenía capacidad económica y financiera para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, sin evaluar el precio razonable de los terrenos y pagando por ellos, en consecuencia, una “cantidad elevadísima y no justificada en absoluto (para ocular ahí las enormes plusvalías de Rodríguez Bello y Rodríguez Pereda”. Además, explica, se disimuló el pago de un canon a este último injustificado en el pago del precio de los terrenos, se omitió la realización de una auditoría legal y se evitó la “más elemental diligencia para comprobar primero y, para asegurar después, la viabilidad del proyecto y sustrayendo a los órganos corporativos de Caixanova (Comisión Delegada y Consejo de Administración) la información apropiada para que pudiera tomar decisiones informadas”.

De la Mata subraya también que en la legislación autonómica se establece que es competencia de la Consejería de Economía y Hacienda de la Xunta de Galicia, en relación con la cajas de ahorros de la comunidad, autorizar las tomas de participación de capital superiores al 20 por ciento, autorización que deberá ser expresa, previa y escrita. En este caso, señala el magistrado, el acuerdo del Consejo de Administración de Caixanova fue adoptado, por tanto, antes siquiera de comunicar a la Xunta de Galicia la existencia del proyecto y la toma de participación pretendida.

El instructor también reseña que el proyecto urbanístico no ha sido iniciado y que el terreno estaba calificado como suelo urbano no consolidado de uso predominantemente industrial, calificación urbanística que se mantiene en 2018, catorce años después.

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Los jueces obligan a los bancos a devolver las comisiones de apertura de las hipotecas

3 de noviembre, 2018

Audiencia provincial

Los jueces obligan a los bancos a devolver las comisiones de apertura de las hipotecas

La Audiencia de Palma declara nula otra cláusula abusiva impuesta por las entidades financieras
j.f. mestre | palma   31.10.2018  diariodeibiza.es

Los jueces de Balears han declarado nula otra cláusula abusiva impuesta por las entidades bancarias a la hora de aprobar un préstamo hipotecario. S e trata de la comisión de apertura de dicho préstamo, que varía en función del banco que concede el préstamo, pero que  va desde el 0.25 al 1.5 por ciento de la cantidad que se presta. La Audiencia de Palma ha dictado en los últimos meses varias sentencias condenando a los bancos a que devuelvan a sus clientes el dinero cobrado en este préstamo, a lo que hay que sumar los correspondientes intereses.

Esta decisión de los jueces va a suponer un duro revés económico a las entidades bancarias, dado que las sentencias no fijan una fecha límite para reclamar la devolución de esta comisión de apertura. “En la mayoría de casos la factura que tendrán que pagar los bancos por esta cláusula abusiva será superior a las minutas de los notarios y registradores que también tendrán que devolver a sus clientes”, señaló un abogado experto en estas demandas.
A la hora de negociar un préstamo con un banco para poder adquirir una vivienda, el cliente se veía obligado a aceptar esta cláusula abusiva. No se trataba de una condición que se podía negociar, sino que venía impuesta por el banco, bajo la excusa de que era una forma para que el cliente pagara el trabajo previo que realizaba la entidad financiera para estudiar el perfil de la persona que solicitaba el préstamo y, sobre todo, su solvencia económica.

Sin embargo, en el momento de firmar el préstamo, el banco no demostraba nunca este trabajo de estudio que había realizado que justificara, en algunos casos, el pago de una comisión del 1.5 por ciento sobre la cantidad que se pagaba. Esta cláusula se imponía tanto si se firmaba una hipoteca variable, como a un interés fijo. El porcentaje que impone el banco a la hora de aceptar el préstamo en este concepto de comisión de apertura aparece reflejado en la escritura que redacta el notario.

La declaración de cláusula abusiva es relativamente reciente. Los jueces de Palma no fueron los primeros en aplicar este criterio, pero sí coinciden con otros tribunales en que se trata de una cláusula abusiva y, por tanto, debe declararse nula. De hecho, la Audiencia de Palma en sus últimas sentencias está dando la razón a los clientes que reclamaban la devolución de estas cantidades pagadas, unas cifras que en muchos casos superan el dinero que el banco también debe devolver por la minuta del notario, del registrador y de la gestoría que se encargó de los trámites administrativos del préstamo.

Abogados especialistas en derecho bancario han señalado que el criterio es muy claro sobre este caso y, si bien no existe ninguna prohibición legal para que los bancos exijan una comisión para conceder un préstamo, ya que así viene expresamente admitida por la normativa bancaria, esta cláusula debe responder a un servicio efectivo. En este sentido, en una reciente sentencia de la Audiencia de Palma se señalaba que “si no hay servicio o gasto, no puede haber comisión” e incidía en que “no se acierta a percibir qué tipo de servicio se le otorga al cliente bancario, pues el contrato se perfecciona con la entrega del dinero”.

Los expertos coinciden también en que la declaración de esta cláusula como abusiva va a disparar las demandas judiciales contra los bancos, puesto que muchos clientes se mostraban reticentes para reclamar únicamente a las entidades financieras los gastos del notario y el registro. “Muchos clientes ni siquiera se acuerdan que al firmar su hipoteca tuvieron que pagar esta comisión de apertura, por lo que ahora se plantearán demandar al banco para que les devuelva el dinero que abonaron por una cláusula que no pudieron negociar, sino que les vino impuesta”, señaló uno de los abogados.

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La jueza ve indicios para juzgar al exalcalde de La Vall d’Alba y exvicepresidente de Diputación por irregularidades urbanísticas

3 de noviembre, 2018

Viernes, 26 de octubre de 2018 poderjudidical.es

La jueza ve indicios para juzgar al exalcalde de La Vall d’Alba y exvicepresidente de Diputación por irregularidades urbanísticas

La magistrada concluye la instrucción y deja la causa preparada para celebrar el juicio contra Martínez, su hija y un empresario. Sostiene que se aprovechó de su posición como primer edil para adquirir terrenos afectados por actuaciones urbanísticas y enriquecerse.

Autor:Comunicación Poder JudicialComunidad autónoma:Comunidad ValencianaPaís:España

Castellón, 25 de octubre de 2018.- El Juzgado de Instrucción número 4 Castellón ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra el exalcalde de La Vall d’Alba, y exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, su hija y un empresario por supuestas irregularidades urbanísticas.

La jueza mantiene que hay indicios de delito suficientes para celebrar juicio contra los tres encausados por considerar que, de común acuerdo, y siendo Martínez el alcalde de La Vall d’Alba, adquirieron fincas relacionadas con distintos planes urbanísticos para “obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico o reservarlas a nombre de las sociedades para cuando dicho programa se ejecutara”.

La compra de las parcelas, según recoge el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y deja la causa preparada para el juicio si las acusaciones lo piden, se habría efectuado entre los años 2005 y 2014 directamente por el exalcalde, su hija y el empresario, o a través de sociedades interpuestas.

Según consta en la resolución, notificada ayer a las partes, la investigación realizada hasta ahora permite concluir que existen indicios de que Martínez se aprovechó de su condición de alcalde para que la Junta de Gobierno municipal adoptara determinados acuerdos que beneficiaban sus intereses particulares.

En la misma resolución, la jueza rechaza la petición de archivo planteada por los tres investigados y deja fuera de la causa al hijo del exalcalde de La Valld d’Alba y exvicepresidente de la Diputación por considerar que desconocía el plan ejecutado por su padre y su hermana.

El auto, que transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, supone que la instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que digan si procede el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. De inclinarse por ésta última opción, deberán presentar sus escritos de acusación, especificando los delitos que atribuyen a los encausados y la pena que solicitan para ellos. En este trámite también cabe la solicitud de diligencias complementarias.

La causa se inició en enero de 2016 a partir de una querella interpuesta por la Fiscalía.

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El administrador social responde de los datos sobre titulares reales

2 de noviembre, 2018

El administrador social responde de los datos sobre titulares reales

Xavier Gil Pecharromán

25/10/2018 – eleconomista.es
“El administrador que firma las cuentas asume la responsabilidad de que los titulares reales declarados efectivamente lo son”, ha recordado la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, en la presentación del Registro de Titularidades Reales, que se va a empezar a utilizar en la lucha contra el blanqueo de capitales y que contiene la información actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de cada sociedad, de forma directa o indirecta.
Sin costes adicionales
“Hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”, aseguró.

El vicedecano del Colegio, José Miguel Tabarés, hizo hincapié en que el Registro no supone costes adicionales u ocultos para las sociedades. La publicidad será gratuita para las autoridades y contará con un arancel para los demás.

La decana explicó que esta es, la gran fortaleza del nuevo Registro, puesto que la información falsa que se facilite al Registro puede ser considerada delito de falsedad en documento mercantil. Además, señaló que esta responsabilidad llevará a los administradores sociales que abandonen las sociedades a exigir a las sociedad que actualice sus datos y exonerarse.

Por otra parte, María Emilia Adán señaló como otra de las fortalezas que la sociedad no presente sus cuentas anuales no podrá inscribir nuevos actos en el Registro Mercantil, lo que puede suponer la declaración de un concurso de acreedores como culpable, no permite participar en licitaciones públicas, lo que explica que las sociedades que no depositan cuentas generalmente no desarrollen actividades económicas efectivas, lo que supone un indicio a tener en cuenta en la prevención del blanqueo. El Centro Registral Autoblanqueo (Crac) recibió el año pasado 16.000 alertas procedentes de los distintos Registros.

La puesta en marcha del Registro, que ya cuenta con la información aportada por las sociedades en el Registro Mercantil, junto con las cuentas sociales, se hará en tres fases sucesivas. En una primera se abrirá para su consulta por las autoridades públicas en materia de blanqueo. En una segunda tendrán acceso los sujetos obligados por la Ley. Y en la tercera, podrán acceder quienes muestren que poseen un interés legítimo para acceder a los datos, incluidos los periodistas. El Registro estará interconectado con los Registros propios de los Estados miembros de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

El punto de conexión con los distintos países es el domicilio socia, lo que hará fácilmente controlables las operaciones de una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen. Además, ante la inexistencia de DNI en algunos países, se incluye la fecha de nacimiento como dato distintivo para evitar confusiones.

Se refirió finalmente la decana a que “este sistema es el único que viene a resolver las objeciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental para combatir el blanqueo de capitales, sobre la falta de sanción en caso de no declarar la titularidad real de la sociedad”.

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Fallece el padre de Mariano Rajoy a los 97 años

1 de noviembre, 2018

Fallece el padre de Mariano Rajoy a los 97 años

Fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra entre 1969 y 1986

abc.es

El padre del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Mariano Rajoy Sobredo, ha fallecido este jueves a los 97 años de edad, según ha podido conocer ABC. Nacido en Santiago de Compostela el 28 de agosto de 1921, Mariano Rajoy Sobredo dedicó toda su vida profesional a la judicatura, llegando entre 1969 y 1986 a ser presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Hijo de Enrique Rajoy Leloup, un histórico republicano galleguista coautor del Estatuto de Autonomía de 1936, desde que se licenció en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en 1943 y aprobó las oposiciones de acceso a la judicatura, estuvo destinado en distintos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Galicia.

En 1958 Mariano Rajoy Sobredo ascendió a la categoría de magistrado y dos años después se trasladó a León donde desarrolló su carrera profesional durante diez años. A finales de 1969 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde permaneció hasta su jubilación en 1989, aunque fue sustituido en el cargo de máxima responsabilidad tres años antes.

Su trabajo al frente de esta sala fue reconocido en octubre del año pasado, cuando la Audiencia de Pontevedra le rindió un sentido homenaje que contó con la asistencia de numerosos representantes de la carrera judicial y fiscal. También fue condecorado con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Delicado estado de salud

Debido al delicado estado de salud de Mariano Rajoy Sobredo, éste llegó a vivir en el Palacio de La Moncloa con su hijo, Mariano Rajoy. Los problemas se acrecentaron en 2014, cuando tras una complicada operación de cadera, el padre del expresidente del Gobierno sufrió un ictus que lo obligó a ingresar en el Hospital La Paz. Tras la salida de Mariano Rajoy de la Moncloa, su padre fue trasladado al domicilio familiar de Aravaca.

El expresidente del Ejecutivo siempre reconoció en público y en privado el gran afecto que sentía por su padre. «Mi padre, por quien tengo una devoción especial y ha sido un ejemplo permanente en mi vida, ejercía de juez, y de él heredé un sentido muy marcado por el respeto a las reglas, el sentido de la justicia y el esfuerzo», subrayaba Rajoy Brey en su libro «En confianza».

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Fomento firma convenios de vivienda con 19 municipios de la Comunidad de Madrid por un importe de 272,71 millones de

1 de noviembre, 2018

Fomento firma convenios de vivienda con 19 municipios de la Comunidad de Madrid por un importe de 272,71 millones de euros
Miércoles 31 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Ministerio de Fomento

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha presidido la firma de los convenios que suscriben 39 acuerdos para financiar en 19 municipios de la Comunidad de Madrid la rehabilitación de 4.318 viviendas, la regeneración urbana de 457 viviendas y la promoción de 682 viviendas en alquiler.
El Ministerio financiará estas actuaciones aportando 55,76 millones de euros, la Comunidad de Madrid 65,61 millones, los ayuntamientos 104,15 millones y los particulares incluidos en las áreas de regeneración y renovación urbana 47,19 millones.

Las 39 actuaciones referidas se enmarcan dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en los ámbitos del Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y del programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.

Para la implementación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Ministerio de Fomento suscribió el 30 de julio de 2018 el Convenio con la Comunidad de Madrid para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En este convenio, el Ministerio se compromete a aportar 164,60 millones de euros y la Comunidad de Madrid a cofinanciar el plan con 21,38 millones. En total, se destinan 185,98 millones para las ayudas de los distintos programas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en Madrid.

En base a lo establecido en dicho convenio, el Ministerio de Fomento ordenó en el mes de agosto pasado la transferencia por adelantado a la Comunidad de Madrid de la aportación inicial de 16,46 millones. La Comunidad de Madrid dispone ya, por tanto, de fondos estatales para gestionar, convocar, adjudicar y abonar las distintas ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

A medida que la Comunidad de Madrid justifique la aplicación de los fondos previamente transferidos el Ministerio transferirá durante los cuatro años del plan otros 148,14 millones de euros, hasta totalizar 164,60 millones.

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La firma del socio basta para el poder de representación

31 de octubre, 2018

La firma del socio basta para el poder de representación
Xavier Gil Pecharromán

29/10/2018 – eleconomista.es
Una sociedad no puede exigir que la firma extendida en un documento privado por un socio para su representación por otra persona en la junta general esté legitimada por alguno de los medios previstos en derecho, como la legitimación notarial de la firma.
Así, lo reconoce la Audiencia de Barcelona en una sentencia, de 8 de diciembre de 2018, en la que determina que el artículo 183.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) contempla los elementos formales que debe contener dicha representación del socio, los que se han venido a llamar por la doctrina científica los requisitos del poder. Estos son: poder escrito y especial para cada junta, salvo que conste en documento público.

Sin más exigencias

El ponente, el magistrado Merino Rebollo dictamina, además, que no caben poderes verbales, que no sería admisible una cláusula estatutaria en tal sentido, que el poder escrito puede constar en documento público o privado y que “en el caso del poder en documento privado la Ley no exige nada más, ni siquiera la legitimación notarial de la firma“.

Por otra parte, la sociedad no puede rechazar el documento privado con el poder de representación al no concretarse en él si ésta se otorgaba para todas las participaciones sociales de las que era titular el socio o para un número determinado de ellas.

En este caso el magistrado recuerda que el artículo 183 del TRLSC lo que indica es la “representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado” y no que en la representación se indique que dicha representación tiene por objeto una o varias de las participaciones sociales de las que es titular el socio representado en la junta general, a modo de representación parcial.

A este respecto, indica el ponente, que ello se debe a que la posición y condición de socio en una sociedad de responsabilidad limitada es única respecto de la indicada entidad dada, precisamente, las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada (SL).

Además, en el mismo sentido, también, se pronuncia el artículo 186.4 del Reglamento del Registro Mercantil cuando exige que la “representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito”.

Asimismo, señala Merino Rebollo que la doctrina científica indica que el artículo 183.3 obliga a que la representación se extienda a la totalidad de las participaciones sociales del socio y que, por tanto, no cabe la representación parcial en cuanto referida a una parte de las participaciones configurándose como una norma imperativa a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2014.

Ya el artículo 49.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada establecía en su texto, de la misma manera, que la representación del socio para la junta deberá comprender la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y el poder constar por escrito, y si no es especial para la junta, deberá estar formalizado en escritura pública.

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El Tribunal Supremo confirma la conclusión del sumario de la causa del “procés” y abre el juicio oral a los procesados

31 de octubre, 2018

Jueves, 25 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo confirma la conclusión del sumario de la causa del “procés” y abre el juicio oral a los procesados

Rechaza devolver la causa al Juez Llarena y remite la práctica de las pruebas solicitadas al juicio oral. Acuerda el sobreseimiento libre de la causa para Artur Mas, Neus Lloveras y Marta Pascal

Autor:Comunicación Poder Judicial

La práctica totalidad de los procesados interesaba la revocación del auto de conclusión del sumario y la práctica de nuevas diligencias. Consideraban incompleta la instrucción. Eran algo más de 300 diligencias de prueba las solicitadas por las partes y que habrían de completar el trabajo del Juez Llarena. La Sala deniega la revocación y remite al juicio oral como el escenario adecuado para la práctica de la prueba:

“La posibilidad que el art. 627 de la LECrim concede a las partes para proponer la práctica de diligencias de investigación no puede identificarse con la formulación de una batería de pruebas que, con visible confusión sobre la funcionalidad que es propia de la fase intermedia del procedimiento ordinario, aspira a demostrar la inocencia de los procesados. El debate actual no es un debate sobre la culpabilidad de los investigados, sino sobre la relevancia típica de los hechos que han motivado el procesamiento. La suficiencia de los indicios sobre los que se construye la inculpación ha sido ya objeto de fiscalización por la Sala de Recursos. Nada tenemos ahora que añadir ni valorar.

La fase intermedia del procedimiento ordinario no puede ser concebida como una segunda oportunidad para reactivar la tarea del instructor, imponiéndole la práctica de diligencias que no ha considerado necesarias para sustentar el auto de procesamiento. El número de diligencias cuya práctica -a juicio de las defensas- justificaría la devolución de la causa al Excmo. Sr. Magistrado instructor, se sitúa en torno a trescientas. La admisión de su pertinencia conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). La reapertura del sumario para la práctica de varios centenares de diligencias frustraría toda expectativa de enjuiciamiento en un plazo razonable.

Con independencia de vinculación de esta Sala al mandato de celeridad que el art. 528 de la LECrim impone a «…todas las autoridades que intervengan en un proceso», el rechazo a la revocación del auto de conclusión del sumario se deriva de la propia naturaleza de las diligencias interesadas, todas ellas susceptibles de ser propuestas para su práctica, una vez superado el juicio de pertinencia, en el plenario”.

Los magistrados rechazan también la compartida petición de los Letrados de la defensa de que la Sala de Enjuiciamiento se pronuncie acerca de si concurren o no los elementos que definen el delito de rebelión:

“Nuestra tarea se limita a un control negativo de la tipicidad. De ahí que el esfuerzo argumental de las partes para trasladar a esta Sala, por ejemplo, la necesidad de un pronunciamiento expreso acerca de la suficiencia o insuficiencia de la violencia ejercida para concluir la existencia de un delito de rebelión, es un empeño tan legítimo, en términos de defensa, como inasumible en el plano técnico. La decisión sobre la apertura o cierre del juicio oral no puede hacerse depender de que los elementos del tipo previsto en el art. 472 se dibujen con mayor o menor nitidez. La apertura del juicio oral sólo descansa en la convicción de esta Sala de que los hechos descritos en el procesamiento son hechos típicos. Y esta decisión no exige de nosotros una toma de contacto con las diligencias practicadas durante la fase de investigación. No requiere un análisis del peso de los indicios sobre los que se ha construido el auto de procesamiento. El control de las decisiones del instructor ha tenido un cauce específico a través de las impugnaciones hechas valer ante la Sala de Recursos.

Con la apertura del juicio no se prejuzga ni la calificación jurídica de los hechos procesales, ni la responsabilidad de los presuntos culpables de los mismos, sino la necesidad de esclarecerlos”.

También es rechazada la alegada indefensión originada los problemas de compatibilidad para el acceso a la nube virtual habilitada por el Tribunal Supremo para el tratamiento digitalizado de la causa:

“Hacer depender la efectividad del derecho de defensa del formato -convencional o digital- en el que ese acceso se hace realidad, carece de sentido. Lo que ha sido objeto de tratamiento informático es lo que ya existía en la causa. El añadido de un formato digitalizado no ha sido una excusa para introducir de manera subrepticia documentos hasta ahora desconocidos para las partes. Dicho con otras palabras, lo que está en la nube virtual está en el sumario.

De hecho, así lo han entendido las partes que, mientras la instrucción se documentaba en papel, ninguna alegación formularon sobre una supuesta indefensión originada por las dificultades de acceso a la causa.

Carece de sentido, por tanto, que la puesta a disposición de las partes de un instrumento añadido para el más fácil manejo de la causa sea presentado como una fuente de indefensión, sobre todo, cuando los problemas de compatibilidad fueron ya solventados y dieron lugar a la concesión de un nuevo plazo para instrucción, decisión que se hizo extensiva, incluso, respecto de aquellas defensas que nada habían alegado sobre indefensión”.

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El Tribunal Constitucional considera conforme a la constitución la obligación de los abogados de prestar asistencia jurídica gratuita

30 de octubre, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 101/2018
El TC considera conforme a la constitución la obligación de los abogados de prestar asistencia jurídica gratuita
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados contra los apartados uno, dos, cuatro y cinco del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, que modifica los artículos 1, 22 ,25 y 30 de la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
Los recurrentes consideraban que los preceptos impugnados, al imponer a los abogados colegiados la obligación de formar parte del servicio de asistencia jurídica gratuita, infringían los artículos 10,14, 24, 35, 37 y 38 de la Constitución. A su juicio, la imposición de la referida obligación era contraria a la dignidad de la persona; vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva; era discriminatoria, pues imponían a un sector de profesionales la obligación de realizar un servicio público; lesionaba el derecho al trabajo y a la libertad de empresa y limitaba el derecho a la negociación colectiva y a adoptar medidas de conflicto colectivo.
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol, desestima el recurso al apreciar que la “obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica trae causa de la necesidad de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 de la Constitución como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y a las disponibilidades presupuestarias”.
Madrid, 17 de octubre de 2018

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El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

29 de octubre, 2018

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

Octubre 25, 2018  Notas de prensa – registradores.org

Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta

25.10’18.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha presentado hoy el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta que los registradores ponen al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

María Emilia Adán ha destacado que “con la puesta en marcha de este servicio, los registradores de la propiedad y mercantiles renovamos y reforzamos nuestro compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y las actividades que suelen encontrarse detrás, como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo”.

El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a crear, gestionar y desarrollar un sistema registral nacional de identificación de “titulares últimos o reales” que debe asegurar la cooperación internacional (a través de la plataforma europea de acceso estandarizado) y cuya gestión se concede a autoridades que en los distintos países tienen encomendada la función del Registro Mercantil.

Por todo ello, “hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales”, ha asegurado la decana del Colegio de Registradores, que también ha subrayado la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

La decana ha recordado por último que los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, y el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

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Para los Administradores de Fincas, las comunidades de propietarios tendrían que autorizar, no prohibir, el uso de la vivienda como piso turístico

28 de octubre, 2018

cafmadrid.es
Para los Administradores de Fincas, las comunidades de propietarios tendrían que autorizar, no prohibir, el uso de la vivienda como piso turístico
Madrid, 26 de septiembre de 2018.- Ante el anuncio del Gobierno sobre los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal y Ley de Arrendamientos Urbanos para regular el grave problema de los pisos turísticos, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) afirma que las comunidades de propietarios no tendrían que prohibir esta actividad, sino que su potestad residiría en autorizar su uso, mediante un acuerdo aprobado por las 3/5 partes de la totalidad de propietarios que, a su vez, representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.
No obstante, para Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, “la búsqueda por el Gobierno de una solución a nivel nacional, muy demandada por su colectivo, es la más acertada pues armoniza las diferentes normas autonómicas”. “Además”, subraya, “podría evitar el abuso de la regla de unanimidad que rige en la actualidad para la aprobación o modificación de una norma estatutaria y, por tanto, autorizar los pisos turísticos en algunos edificios residenciales para de esta manera proteger los derechos de todas las partes implicadas”.
La presidenta de CAFMadrid, también vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, insta al Gobierno a “no poner una vez más parches a la Ley de Propiedad Horizontal, sino escuchar a los administradores de fincas colegiados que, como técnicos profesionales en la materia, han preparado una nueva propuesta para la reforma de la LPH que pronto presentarán a los grupos políticos y que, además de los pisos turísticos, aborda otros problemas sociales que se viven en comunidad, como la ocupación de viviendas o la morosidad”.

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El juez abre juicio oral a cuatro exdirectivos de Caixanova por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid

27 de octubre, 2018

Miércoles, 24 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El juez abre juicio oral a cuatro exdirectivos de Caixanova por presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias en Rivas-Vaciamadrid

Les impone una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha abierto juicio oral a cuatro exdirectivos de la antigua Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, a través de la financiera Proinova, y les impone una fianza de responsabilidad civil de 68,3 millones de euros.

En un auto, De Egea, como juez de instrucción 3 hasta la incorporación de la nueva titular, María Tardón, acuerda enviar a juicio a Fernández Gayoso, a Gregorio Gorriarán Laza, a José Luis Pego Alonso y a Domingo González Mera, por un delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social. Además, confirma el archivo de la causa respecto de José González Rodríguez e Isaac Alberto Miguez Lourido.

La resolución, que recoge los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de Abanca, da un plazo de diez días a las defensas para formalizar sus escritos de conformidad o disconformidad y señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos.

El auto de apertura de juicio oral requiere a los acusados para que en el plazo de 24 horas presten, de forma directa y solidaria, una fianza de responsabilidad civil de 68.355.712 euros a fin de asegurar las presuntas responsabilidades civiles que pudiera imponérseles.

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El Gobierno y el sector de la minería del carbón firman un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras

26 de octubre, 2018

El acuerdo comprende medidas entre 2019 y 2027

El Gobierno y el sector de la minería del carbón firman un acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras
Miércoles 24 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Firma del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras
Ministerio para la Transición Ecológica

El Gobierno de España, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounion) han firmado el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027.

En términos generales, el acuerdo -firmado en un acto con la presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio-, contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años, para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.

El acuerdo da respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión 2010/787/UE del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año. Su objetivo final es la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social.

Ayudas de carácter social

El pacto, en primer lugar, actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional.

Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa. En particular, tendrán acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.

Los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo también podrán forman parte de la mencionada bolsa de trabajo.

El IMRC, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, será el encargado de gestionar las ayudas sociales, con cargo a sus presupuestos anuales. Las estimaciones iniciales realizadas por los firmantes, y a falta de concretar las empresas y el número final de trabajadores que serán objeto del acuerdo, calculan que serán beneficiarios del mismo unos 600 empleados y que el 60% los empleados podrán optar por la prejubilación.

250 millones para reactivar las comarcas mineras

El acuerdo considera prioritario incentivar la creación de empleo en las comarcas y municipios mineros, históricamente asociados al monocultivo del carbón y con escasa actividad empresarial alternativa.

Para ello, se dedicarán 250 millones de euros, repartidos entre 2019 y 2023, para financiar proyectos empresariales y actuaciones de desarrollo alternativo como la mejora, restauración y revalorización de las zonas degradadas y los espacios afectados por las explotaciones mineras, incluyendo recuperaciones forestales; la dotación o renovación de líneas de telecomunicación o diversificación energética; o la creación de centros de desarrollo tecnológico.

Plan de Acción Urgente para Comarcas Mineras

Los 250 millones de euros contemplados en el acuerdo y el conjunto de ayudas sociales destinadas a los trabajadores se complementarán, además, con otro conjunto de medidas que se diseñarán en un Plan de Acción Urgente en Transición Justa para comarcas mineras afectadas por el cierre de instalaciones de minería. Para su desarrollo, el Ministerio para la Transición Ecológica abrirá próximamente un diálogo con las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales de las zonas.

El plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de las siguientes actuaciones:

1.     Plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019-2023, que tendrá como objetivo mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo en las zonas y asegurar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera.

2.     Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023.

3.     Elaboración de Contratos de Transición Justa para las comarcas afectadas con el objetivo de crear y fijar empleo a medio y largo plazo. Estos contratos, que se firmarán entre el Gobierno de España y las administraciones competentes, ofrecerán un acceso asistido y ágil a las ventanas de apoyo financiero disponible en la Administración General del Estado, a los fondos europeos y ofrecerán incentivos fiscales, entre otras medidas.

Por último, el acuerdo dedica un apartado al potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) como vector del proceso de transición energética justa.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que “con este acuerdo, hemos resuelto la primera tarea urgente que nos encontramos encima de la mesa cuando llegamos al Gobierno. Hemos trabajado con los agentes sociales para dar cumplimiento a la normativa comunitaria, encontrando a la vez la mejor respuesta posible a las necesidades de los trabajadores y de las comarcas. Nuestro propósito ha sido no dejar a nadie atrás”.

“Pero además queremos ir más lejos, queremos innovar. Nuestro compromiso es a largo plazo. Por eso ofrecemos la elaboración de contratos de Transición Justa, con el objetivo de ayudar a las comarcas a fijar el empleo del futuro con proyectos coherentes, ajustados a los contextos socioeconómicos y que desarrollen el potencial de las zonas. Este es solo el comienzo del diálogo”, ha dicho.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha expuesto que “el acuerdo de hoy es una demostración de que el diálogo social funciona. De la negociación entre los agentes sociales y la Administración se pueden y se deben extraer las soluciones necesarias. Desde este Gobierno, nos estamos esforzando por dar respuestas  a la altura que necesita nuestra sociedad”.

Y ha añadido: “En este marco de Transición Justa que firmamos hoy se encuentran muchas de las soluciones necesarias para que las transiciones que se han de emprender desde los empleos de hoy a los del mañana demuestren solidaridad con los afectados y garanticen la cohesión social”.

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El Juzgado de Primera Instancia seis de Las Palmas suspende la emisión de sentencias relativas a las hipotecas

26 de octubre, 2018

Miércoles, 24 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Juzgado de Primera Instancia seis de Las Palmas suspende la emisión de sentencias relativas a las hipotecas

El órgano judicial que ve las condiciones de contratación en primera instancia espera la decisión del Supremo del 5 de noviembre. La Audiencia de Las Palmas, que se encarga de las apelaciones, ya paralizó sus deliberaciones el pasado lunes

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de la resolución inicial de los asuntos relativos a las condiciones generales de contratación bancaria en la provincia, ha acordado hoy miércoles suspender la emisión de sentencias en todos aquellos pleitos en los que se discute el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, hasta al menos el próximo 5 de noviembre, fecha en la que está previsto que se reúna el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para unificar doctrina respecto a quién corresponde el abono de esta tasa.

El Juzgado del que es titular el magistrado Tomás González Marcos se encarga, entre otros asuntos, de los pleitos derivados de los problemas con los créditos hipotecarios o con la imposición de las cláusulas suelo. El órgano judicial cuenta con una jueza de refuerzo para responder a las demandas.

La decisión de la autoridad judicial del órgano unipersonal se complementa con la que tomó este lunes la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que es la sala competente para conocer de pleitos contra los bancos en segunda instancia: suspendió las deliberaciones sobre litigios en los que se discute el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales hasta que se conozca la decisión del Supremo.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los órganos judiciales no han tomado ninguna decisión consesuada y oficial sobre la suspensión de litigios contra las entidades bancarias, lo que no quiere decir que, de forma puntual, no se estén paralizando la emisión de este tipo de demandas a la espera de conocer el criterio a seguir de parte del Alto Tribunal español.

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Dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas a favor del consumidor

25 de octubre, 2018

R. Casación número 1168/2017

R. Casación número 4900/2017

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Las exportaciones crecen un 4,2% hasta agosto

24 de octubre, 2018

Informe de comercio exterior, enero-agosto de 2018

Las exportaciones crecen un 4,2% hasta agosto
Martes 23 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
Según el comercio declarado, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 4,2% en el periodo enero-agosto respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 189.986 millones de euros. Las importaciones subieron un 6,1% hasta los 210.876 millones.
Como resultado, el déficit comercial de los ocho primeros meses del año alcanzó los 20.890 millones de euros, un 27,3% superior al registrado en el mismo periodo de 2017.

La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el 90,1% (91,7% en enero-agosto de 2017). En términos de volumen, las exportaciones se incrementaron un 1,2%, ya que los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, crecieron un 3,0%; y las importaciones aumentaron un 2,3%, pues los precios subieron un 3,7%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 4.164 millones de euros, superior al déficit de 1.721 millones de euros del acumulado hasta agosto de 2017. Por su parte, el déficit energético aumentó un 13,8%, hasta los 16.726 millones de euros (déficit de 14.693 millones en enero-agosto de 2017).

El aumento de las exportaciones españolas entre enero y agosto (4,2%) es de intensidad similar al registrado en Alemania (4,2%) e Italia (4,3%), mientras que se incrementaron en mayor cuantía en Francia (4,5%), Reino Unido (6,6%), el conjunto de la zona euro (5,1%) y la Unión Europea (5,2%). También se incrementaron en mayor magnitud las exportaciones de EEUU (9,4%), China (11,4%) y Japón (6,0%).

Todos los sectores experimentaron crecimientos en sus exportaciones. Así, los bienes de equipo (representan un 19,6% del total) aumentaron un 1,0%; alimentación, bebidas y tabaco (16,3% del total) creció un 0,5%; el sector del automóvil (16,0% del total) aumentó un 2,2%; y los productos químicos (14,3% del total) lo hicieron un 4,5%.

Por su lado, las importaciones también se incrementaron en todos los sectores excepto en manufacturas de consumo (11,4% del total) que se mantuvieron estables (0,0% interanual). En particular, las importaciones de bienes de equipo (20,5% del total) crecieron un 1,9% interanual; las de productos químicos (15,3% del total) se incrementaron un 8,0%; las de productos energéticos (14,8% del total) subieron un 15,8% interanual; las del sector automóvil (12,9% del total) aumentaron un 6,0%; y las compras de alimentación, bebidas y tabaco (11,1% del total) crecieron un 1,9%.

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (65,7% del total) aumentaron un 4,2% en los ocho primeros meses del año. Las ventas a la zona euro (51,5% del total) subieron un 4,3% y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,2% del total) lo hicieron con menor intensidad,  un 3,9%.

Las ventas a terceros destinos (34,3% del total) crecieron un 4,2% en este periodo, con incrementos de las exportaciones a todas las grandes categorías de zonas excepto a Oceanía, que retrocedió un 0,2%. Así, aumentaron las ventas a África (3,9%), América del Norte (2,8%), Asia excluido Oriente Medio (2,5%), América Latina (2,1%) y Oriente Medio (1,5%). Por países destacan los aumentos de ventas a Singapur (43,9%), Argentina (27,2%), Argelia (22,4%), Egipto (19,6%) e Indonesia (14,5%), así como las reducciones a Nigeria (-16,9%), Emiratos Árabes Unidos     (-16,5%), Perú (-16,5%) y Hong-Kong (-10,7%).

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron la Comunidad Foral de Navarra (13,8%), Andalucía (10,9%) y Galicia (9,5%). En cambio, los únicos descensos se dieron en la Comunidad de Madrid (-4,3%), Aragón (-4,0%) y La Rioja (-0,7%).

Datos del mes de agosto

En el mes de agosto, las exportaciones españolas de mercancías subieron un 7,7% sobre el mismo mes de 2017, hasta los 20.715 millones de euros. Las importaciones ascendieron un 5,8% en términos interanuales hasta los 23.772 millones. Como resultado, en agosto de 2018 se registró un déficit de 3.057 millones de euros, un 5,3% inferior al del mismo mes de 2017. La tasa de cobertura se situó en el 87,1%, 1,5 puntos porcentuales más que en agosto de 2017. Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, los incrementos fueron similares: las exportaciones crecieron un 7,5% interanual y las importaciones ascendieron un 5,9%.

El saldo no energético arrojó un déficit de 802 millones de euros, inferior al déficit de 1.809 millones de euros en agosto de 2017, y el déficit energético se incrementó un 59,0%.

El incremento de las exportaciones en agosto de España (7,7%) es superior al registrado en la zona euro (5,4%) y en la Unión Europea (6,3%). También crecieron con menor intensidad que en España las ventas de Alemania (2,2%), Francia (3,1%) e Italia (5,1%), mientras que las exportaciones de Reino Unido aumentaron en mayor medida (20,0%).

Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones provinieron de los productos energéticos (contribución de 2,7 puntos), semimanufacturas no químicas (contribución de 2,4 puntos), alimentación, bebidas y tabaco (contribución de 1,2 puntos) y productos químicos (contribución de 1,0 puntos). Por el contrario, los únicos sectores que contribuyeron negativamente fueron bienes de equipo (contribución de -0,8 puntos), materias primas (contribución de -0,1 puntos) y bienes de consumo duradero (contribución de -0,1 puntos).

En agosto de 2018, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 62,6% del total (61,8% en agosto de 2017) y aumentaron un 9,0%. Las dirigidas a la zona euro ascendieron un 8,2% y las destinadas al resto de la UE se incrementaron un 12,0%. De los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (24,6%), Reino Unido (15,1%), Portugal (14,2%) y Francia (6,4%), frente al descenso de las dirigidas a Alemania (-4,2%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 37,4% del total y aumentaron un 5,5% interanual.

Puede consultarse el informe completo, la nota metodológica y los informes de periodos anteriores en la siguiente dirección web:
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-informes/Paginas/Informes-de-Comercio-Exterior.aspx

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El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre

23 de octubre, 2018

Lunes, 22 de octubre de 2018 poderjudicial.es

El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre

El presidente del Tribunal Supremo señala que la sentencia dictada por la Sección Segunda de esa Sala sobre ese asunto “es firme y no susceptible de revisión”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, tras mantener una reunión con el vicepresidente del Tribunal, con el presidente de la Sala Tercera y los señores Magistrados de este Tribunal don Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, don Ángel Aguallo Avilés, don José Diaz Delgado, don Francisco José Navarro Sanchís, don Jesús Cudero Blas y don Dimitry Berberoff Ayuda, quiere poner de manifiesto tras los acontecimientos de la pasada semana los siguientes extremos:

1º.- La sentencia núm. 1505/2018, a la que se refería el acuerdo del presidente de la Sala Tercera del pasado viernes 19 de octubre, conocida por la opinión pública, dictada por la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Es importante destacar que simultáneamente a la sentencia 1505/2018, se deliberaron, votaron y fallaron otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación. Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna.

2º.- Los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso.

3º.- La avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda.

4º.- El presidente de la Sala Tercera ha decidido que el pleno jurisdiccional tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre.

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Lucha contra el fraude fiscal

22 de octubre, 2018

Consejo de Ministros 19 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es

Lucha contra el fraude fiscal

La titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno quiere construir una fiscalidad en la que “todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”.

Con este objetivo, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.

La medida más novedosa implica que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tendrán que informar de ello a la Agencia Tributaria. Además, se identificarán los titulares, autorizados o beneficiarios de estas criptomonedas.

La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroPool Moncloa/JM CuadradoEl anteproyecto también prohíbe la tenencia y comercialización del llamado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Los fabricantes de estos programas contables podrán ser sancionados con una multa de hasta 150.000 euros.

Igualmente, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales que, a juicio de la ministra, suponen “un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar”.

La nueva normativa amplía el concepto de paraíso fiscal y actualiza la lista de paraísos, incluyendo a aquellos países que “destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia”, según ha indicado Montero.

La lista de morosos con la Hacienda Pública incluirá también a los responsables solidarios. Además, se reduce el umbral para aparecer en el listado de un millón de euros a 600.000. Por otra parte, no se podrán realizar operaciones en efectivo entre profesionales que superen los 1.000 euros en efectivo, frente a los 2.500 actuales.

Otras medidas recogidas en el anteproyecto son la transposición de la directiva europea para que las multinacionales tributen en los países en los que ejercen su actividad y generen valor, así como el refuerzo del control de la actividad de juego y las apuestas deportivas.

La ministra ha subrayado que este conjunto de medidas de lucha contra el fraude supondrán “unos ingresos de 828 millones de euros, una estimación a la baja que se considera prudente”.

Impuesto sobre transacciones financieras

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación y FP y portavoz del Gobierno, Isabel CelaáPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.

Se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas que cotizan en bolsa con un valor de capitalización superior a los 1.000 millones de euros, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones.

La ministra ha aclarado que el impuesto “no se aplica al mercado primario”, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario. La liquidación de este impuesto se hará con periodicidad mensual.

Los ingresos generados por este impuesto, según Montero, “aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones”, lo que supone “una muestra más del compromiso ineludible del Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social”.

Impuesto sobre determinados servicios digitales

El Gobierno también ha abordado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.

María Jesús Montero ha señalado que se aplicará un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad on line, servicios de intermediación en línea y a la venta de datos que se recopilan a partir de la información proporcionada por el usuario.

La ministra ha avanzado que España será el primer país que aplique este impuesto, que afectará a las empresas que facturan más de 750 millones de euros y generan ingresos superiores a los 3 millones de euros. “Una vez más las pymes estarán excluidas de este impuesto”, ha recalcado. La iniciativa tendrá un impacto estimado de 1.200 millones de euros.

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Gran atractivo de la bolsa española para los inversores internacionales

21 de octubre, 2018

Gran atractivo de la bolsa española para los inversores internacionales

bolsamadrid.es

Informe de BME sobre la propiedad de las acciones cotizadas
•La participación de los inversores extranjeros alcanza el 46% del total, la más alta de la serie histórica
•Las empresas no financieras y las familias, con el 20% cada una, ocupan la segunda posición
•Bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante
•La propuesta de incorporar una tasa a las transacciones financieras restaría atractivo a las empresas cotizadas españolas

La internacionalización de la economía y los negocios en España sigue avanzando de forma imparable. Según el Informe del Servicio de Estudios de BME sobre la propiedad de las acciones publicado hoy, la participación de los inversores extranjeros en el valor de las acciones cotizadas en Bolsa alcanzó el 46% a cierre de 2017, el nivel más alto de la serie histórica, con un crecimiento de 3 puntos porcentuales en el año, de 9 puntos en la década y de 16 desde 1992. “Esta tendencia es reflejo del creciente grado de apertura alcanzado por la economía española desde la entrada en la Unión Europea, hace más tres décadas, y de la consolidación del mercado bursátil español como uno de los más desarrollados del mundo”, señala el estudio. La globalización y la participación de capitales extranjeros en la superación de la crisis vivida en los últimos años también han incidido en esta evolución.

El estudio señala que familias y empresas no financieras suman cerca de un 20% cada una, mientras que fondos, compañías de seguros, bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante.

Tras el fuerte aumento registrado en 2016, la participación de las empresas no financieras repite registro en el 20% del total y pasa a ocupar el segundo lugar como grupo de propietarios más relevante de la Bolsa española.

En cambio, aunque la elevada presencia de inversores individuales o familias ha sido históricamente uno de los rasgos diferenciales de la Bolsa Española, en los últimos tres años los inversores minoristas nacionales han reducido su inversión directa en acciones nacionales. A cierre de 2017, su participación se situaba en el 19,7%, retrocediendo a los mínimos históricos de 2008.

A pesar de ello, la riqueza financiera neta de los hogares (diferencia entre sus activos y sus pasivos financieros) alcanzó el récord histórico de 1,37 billones de euros a cierre del año pasado. Esta cifra es un 85% más elevada que la registrada en 2008, en los inicios de la crisis, y acumula cinco máximos históricos anuales consecutivos desde 2013. El aumento de la riqueza financiera neta es un factor impulsor del consumo de los hogares y está detrás del buen comportamiento de la economía española en términos de PIB de los cinco últimos años.

Instituciones de Inversión Colectiva españolas (Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones y SICAV) junto con las compañías de seguros y otras compañías financieras no bancarias, han sido el grupo de propietarios de acciones cotizadas que más ha aumentado su posición relativa en la Bolsa. Suponen ya el 8% del total, el nivel más alto en cinco años.

Por último, los bancos españoles aumentaron una décima su exposición a la Bolsa española, que se situó en el 3,1%. Esta participación es 13 puntos inferior a la de 1992 (primer año de la serie histórica de BME) y 6 puntos menor a la de 2007. Esta evolución refleja el impacto de la crisis en los últimos años y de la ruptura del modelo tradicional de negocio de la banca española.

Según el informe de BME, la distribución de la propiedad de las empresas cotizadas en la Bolsa española puede verse distorsionado y el atractivo de las cotizadas españolas reducido si el Gobierno finalmente implanta la tasa sobre las transacciones financieras. “En un entorno tan global y competitivo como el actual, esta medida genera desconfianza en la comunidad inversora, producirá inequidad y arbitraje fiscal con otros países de nuestro entorno y podría suponer una amenaza para la estructura financiera de las principales compañías españolas, arietes fundamentales de la competitividad exterior de nuestra economía”, concluye el estudio.

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El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

20 de octubre, 2018

Viernes, 19 de octubre de 2018  poderjudicial.es

El Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo decidirá si confirma el giro jurisprudencial de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas

Nota informativa del Presidente de la Sala Tercera

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha emitido la siguiente nota informativa:

Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

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