A I R E

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     La noticia en diario abierto.
     Ya se quejó a principios de año de los continuos cambios en la cifra
     La oficina estadística de la UE, Eurostat, enviará la semana que viene una misión de expertos a España para “aclarar sin demora” si la nueva revisión al alza del déficit en 2011, desde el 8,5% hasta el 8,9%, puede considerarse “exhaustiva”.
     El déficit de 2011 crece hasta el 8,9% fundamentalmente por Madrid y Valencia.
     Esta revisión al alza se debe a los nuevos desvíos presupuestarios detectados en Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
     “Eurostat pretende aclarar sin demora si este ajuste en las comunidades autónomas puede considerarse exhaustivo”, ha dicho un portavoz de la Comisión.
     “Es en este contexto en el que Eurostat hará una visita al Instituto Nacional de Estadística (INE) la próxima semana”, ha explicado.
     Bruselas ya se quejó a principios de año de los continuos cambios en la cifra de déficit de España. En noviembre, el anterior Gobierno socialista todavía aseguraba que la cifra estaría cerca del objetivo del 6%.
     Cuando el Ejecutivo de Rajoy tomó posesión en diciembre dijo que la cifra sería del 8%, pero semanas después la subió hasta el 8,5%. Bruselas envió entonces una primera misión a España para pedir explicaciones.
     El pasado 23 de abril, Eurostat certificó que la cifra real era el 8,5%, lo que para la Comisión despejaba las dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas españolas.
     Sin embargo, el INE informó a Eurostat el 17 de mayo que “había algunos gastos realizados en 2011 (por las comunidades autónomas) que no se incluyeron en la información básica requerida” que necesitaba la oficina estadística de la UE para certificar el dato, según ha explicado el portavoz.
     “De acuerdo con la información que ha recibido ahora Eurostat, la cifra de déficit de 2011 debe revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB”, ha confirmado el portavoz.

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     Anticorrupción investigará determinadas indemnizaciones
     Europa Press. Madrid 19/05/2012 La noticia en El Confidencial
     El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren “todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” y se examine, entre otros asuntos, “si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo”.
     Así lo aseguró este sábado el fiscal general en una entrevista concedida a la agencia Europa Press en la que calificó de “varias y variadas” las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas. Concretó que entre los organismos investigados no se encuentra “de momento” Bankia, aunque “otra cosa es que pueda haberlo en el futuro” y que tampoco existe ninguna actuación dirigida contra el gobernador del Banco de España.
     “En este momento no existe ninguna investigación abierta sobre Bankia de la que yo tenga noticia, otra cosa es que pueda haberla en el futuro -ha concretado-. Si hay algo abierto por hechos anteriores no lo puedo decir, porque no conozco todas las causas abiertas por Anticorrupción, pero sobre el último tramo de actualidad de Bankia no”.
     Torres-Dulce añadió que él es “muy beligerante” en todos los casos de corrupción y que los seguirá siendo por ser un asunto que le preocupa “extraordinariamente”. No obstante, declinó señalar asuntos concretos “por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación”. Ha añadido que “se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía”.
     Pide colaboración al Banco de España
     “Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido”, añadió Torres-Dulce, que insistió en la necesidad de que la documentación necesaria para que Anticorrupción realice su trabajo se transmita “con mayor presteza”.
     “No se trata de falta de colaboración”, según el fiscal general, que reclamó celeridad para poder ejercer “un mayor ritmo investigador”. El principal representante del Ministerio Público explicó que comprende que las peticiones se refieren a documentaciones complejas y que el Banco de España tiene numerosas funciones, pero ha insistido en que le gustaría una “mayor rapidez en las respuesta a determinados tipos de procesos”.
     Según pudo adelantar, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. “Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal”, señaló Torres-Dulce.
     “Este campo, el penal, es relativamente restringido, luego habrá responsabilidades de tipo político, societario, contable, o tributario. Pero todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario” se están investigando, explicó el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas “o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación”.
     “No hay ninguna investigación sobre Fernández-Ordóñez”
     Torres-Dulce afirmó que lo que Anticorrupción no puede hacer es una inquisición general, que está prohibida por la Constitución. “No vamos a investigar todo lo que haya hecho la ‘Caja X’, sino aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal”.
     Respecto del gobernador del Banco de España, el fiscal general señaló: “Sobre Fernández Ordóñez, que por otra parte me merece la mayor de las consideraciones, no hay ninguna investigación abierta -ha añadido el fiscal general-. Lo que puede tratarse de defectos de gestión o de críticas con respecto a cómo se gobierna políticamente son decisiones que tendrán su juicio político o administrativo si hubiera algo, pero es que la incidencia penal es algo mucho más grave”.
     Lucha contra la corrupción
     Preguntado por la anunciada redacción por su parte de una circular referida al tema de la corrupción, Torres-Dulce anunció que será la primera que firme como fiscal general y tendrá que ver “con el fiscal como instrumento imparcial del derecho y garante de los derechos fundamentales”.
     Advirtió que el los últimos tiempos “está muy presente” la urbanística o inmobiliaria, la política y la referida a “financiación de partidos políticos”, pero también existen otros casos “que conviene no olvidar, como son los de blanqueo de dinero de organizaciones mafiosas con una presencia en Europa Occidental extremadamente preocupante”.
     Este tipo de corrupción, según Torres-Dulce, “empieza a enquistarse en la sociedad y produce unos efectos devastadores”. Para luchar contra estas situaciones, la Fiscalía General impulsará la denominada Oficina de Recuperación de Activos, para organizar los comisos derivados de las intervenciones a estas mafias.
     El fiscal general insistió en que se debe ser muy respetuoso con los derechos fundamentales y con las garantías procesales, porque no se puede “intentar conseguir una condena como sea”, sino a través de los medios legales. “En algún caso ese respeto puede hacer ineficaz el proceso, pero es que esa es la garantía que nos hemos dado todos en el Estado de Derecho -añadió- No me gusta nada que al Ministerio Fiscal se le pueda acusar de perseguir a los culpables con olvido de las garantías y derechos fundamentales”.

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     Javier Ardalán – El artículo en Capital News
     La inscripción de una obra antigua no puede practicarse con la sola justificación de la prescripción de la acción que imposibilita su derribo y que no consten en el Registro de la Propiedad expedientes de disciplina urbanística, a pesar de la nueva regulación sobre la materia Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 2/2012, de 10 de enero).
     En una reciente resolución, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) –publicada en el BOE de 7 de mayo de 2012, rechaza esta tesis, planteada por un notario, que proponía, a continuación, notificar la inscripción realizada al Ayuntamiento andaluz para que éste procediese, a continuación, a promover la constancia registral de la posible situación de fuera de ordenación y de su contenido.
     Se calcula extraoficialmente que el número de viviendas en esta situación puede superar las 250.000 viviendas, con el que la Junta de Andalucía quiere solucionar el problema creado por la falta de control municipal y autonómico en el uso del suelo en los últimos años.
     La DGRN, en su primera resolución tras la entrada en vigor del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía afirma que es necesario para proceder a la inscripción de la obra nueva de edificación antigua, la previa aportación del acto administrativo o certificado municipal en que se declare la situación de fuera de ordenación, la asimilación a tal situación de fuera de ordenación o la conformidad de la ampliación de obra con la ordenación urbanística y el planeamiento en vigor.
     La resolución indica que corresponde a las Comunidades Autónomas (en este caso, a la de Andalucía) determinar qué clase de actos de naturaleza urbanística están sometidos al requisito de la obtención de la licencia previa, las limitaciones que éstas pueden imponer y las sanciones administrativas que debe conllevar la realización de tales actos sin la oportuna licencia o sin respetar los límites por éstas impuestos.
     Sin embargo, dictamina que corresponde al Estado fijar en qué casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna licencia (o los requisitos para poder acceder al Registro de la Propiedad las declaraciones de obras referentes a edificaciones consolidadas por su antigüedad), para que el acto en cuestión tenga acceso al Registro, siempre que la legislación autonómica aplicable exija la licencia para poder realizar legalmente el mismo, o la necesidad de determinación por parte de la legislación autonómica del plazo de prescripción de la posible infracción urbanística o, en su caso, su imprescriptibilidad.
     Establece la resolución que el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, que regula “el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía” por lo que el precepto reglamentario debe relacionarse sólo con los supuestos de edificaciones en suelo no urbanizable. Es en ese ámbito específico del suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y no otro, en el que debería procederse a la constatación registral de la situación de fuera de ordenación siempre que el registrador tuviera conocimiento de ella por los documentos presentados o la situación de la finca según los datos gráficos de que dispusiese.
     El Texto Refundido de la Ley de Suelo por el artículo 24 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, establece en sus apartados a), b) y c) los trámites que han de cumplirse en la inscripción de estas obras nuevas. En el apartado b) se añade un nuevo requisito que es la ‘constancia de la situación de fuera de ordenación’ en la que queda todo o parte de la construcción, edificación e instalación.
     De esta forma, la DGRN considera que parece que el legislador partir de la consideración de que la totalidad de las edificaciones cuya obra se declara sobre la base de su antigüedad se hallan total o parcialmente fuera de ordenación. Pero lo cierto es que no todas las declaraciones de obras antiguas se corresponden con edificaciones en situación de fuera de ordenación, pues no cabe duda, y de hecho ocurre con frecuencia, que sobre la base de su consolidación por antigüedad se declaran obras de edificaciones que están dentro de ordenación y en cuya inscripción, por tanto, no puede hacerse constar, no obstante el mandato legal, situación alguna de fuera de ordenación.
     Finalmente, concluye afirmando que si no aportasen la resolución municipal en el plazo de diez días, se procederá a extenderla, haciendo constar en el asiento la notificación o notificaciones realizadas y la falta de aportación de la resolución dentro del plazo concedido.
     En definitiva, la DGRN reitera los mismos argumentos que en la resolución de 7 de enero 2012, previa a la entrada en vigor del citado Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía.

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     Con fondos de laUE

     El presidente francés hizo estas declaraciones en Washington tras reunirse con Obama. Poco antes, Rehn descartaba un rescate europeo.
     lm/agencias 2012-05-19 La noticia en libre mercado
     El presidente francés, François Hollande, se mostró a favor de recapitalizar los bancos españoles con fondos europeos, después de reunirse en Washington con su homólogo estadounidense, Barack Obama.

     “Sería deseable que hubiera una recapitalización y seguramente sería necesario que se hiciera con los mecanismos de solidaridad europeos”, dijo Hollande a los periodistas al ser preguntado por la situación de la banca española, informa EFE.

     La agencia de calificación Moody’s anunció este jueves una rebaja de entre uno y tres escalones en la calificación que otorga a 16 grandes bancos españoles, incluido el grupo Santander y su filial británica, y BBVA.

     Las declaraciones de Hollande contrastan con las del comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que aseguró que España está en disposición de hacer frente por sí sola a los problemas en su sector bancario y no necesitará ayuda exterior.

     En una entrevista al canal Bloomberg Televisión, Rehn destacó la gestión efectuada por el Gobierno en el caso de Bankia -cuarto banco de España, cuya matriz fue nacionalizada la semana pasada- y su “plan global de reestructuración y recapitalización del sector bancario”.

     No obstante, apuntó que es “importante” que España acelere, tal y como ha decidido, la “evaluación independiente de los activos dañados y las necesidades de financiación del sector bancario”.

     El Gobierno alemán también ratificó este viernes, por medio de un portavoz del Ministerio de Finanzas, su confianza en que la banca española resolverá “por sí misma” sus problemas, sin necesidad de tener que recurrir al fondo de rescate europeo.

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     Europa Press 19/05/2012 – La noticia en elEconomista.es
     La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a Santander Asset Management, la filial del Grupo Santander encargada de la gestión de activos a nivel mundial, con una multa de 14 millones de euros por una infracción “muy grave” relacionada con varios fondos garantizados.
     Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV considera que la filial de Santander ha vulnerado el régimen de ingresos, comisiones y gastos imputables a las inversiones de inversión colectiva que administra.
     En concreto, la infracción se corresponde con los fondos garantizados Fondo Superselección 2 y Fondo Súper 100 entre los años 2003 y 2007. La disposición que recoge el BOE no es firme, pues se ha interpuesto un recurso en vía judicial.
     Por otro lado, el regulador bursátil también ha sancionado con 9.000 euros a cada uno de los liquidadores de Cinsa, José Francisco Andrés Ballesteros y Heinz Peter Tornes, por remitir con demora el informe financiero anual del ejercicio 2009. Por esta misma falta, se multa a la compañía con 3.000 euros.

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     La capitalización bursátil del sector en el Ibex es de 17.300 millones
     Tania Juanes. El artículo en diarioabierto.es
     La situación de unas empresas y otras es muy diferente, pero el balance del conjunto de las constructoras muestra que la deuda es 2,6 veces superior a su valor en Bolsa.
     Las grandes constructoras españolas concentran en el exterior la mayoría de sus contratos.
     La sustantiva caída en Bolsa de algunas constructoras que forman parte del Ibex en lo que va de año y la subida de la deuda en el conjunto del sector da como resultado que estas empresas valgan en el mercado bursátil 2,6 veces menos que la deuda que acumulan. Las capitalizaciones bursátiles de Ferrovial, ACS, Acciona, OHL, FCC y Sacyr suman 17.300 millones frente a un endeudamiento conjunto que se eleva a 46.320 millones. Es un balance, que no era diametralmente diferente hace unos meses, pero que se ha agudizado por el desplome de algunas de estas empresas desde el pasado 31 de diciembre. La más afectada ha sido Sacyr, que ha perdido en Bolsa un 69% de su valor, mientras que ACS lo ha hecho en un 39%. Mejor comportamiento han tenido Ferrovial, que se  confirma como líder bursátil del sector, y OHL, ya que se dejan alrededor de un 8%.
     La empresa que más aumenta su deuda es ACS, de 8.803 millones del primer trimestre de 2011 a 10.496 millones a 31 de marzo de 2012. El grupo que preside Florentino Pérez ha incorporado a su perímetro la mayoría de la alemana Hochtief, que mejora su perfil en unos apartados pero que lo empeora otros datos. Por el contrario, FCC consigue recortar su endeudamiento hasta 6.946 millones y Ferrovial, con sus 5.588 millones, mantiene unos buenos ratios financieros. Y Sacyr, pese a que ha disminuido sustantivamente su deuda desde 21.000 a 9.005 millones en tres años, cuenta todavía con excesivas cargas financieras, según los analistas.
     Con todo, estos datos no aportan una imagen justa de la mayor parte de estos grupos, que se han internacionalizado, diversificado y han dejado de depender de forma peligrosa del negocio de construcción en España, aunque el recorte de casi un 50% de la inversión pública en infraestructuras de este año sí les pase factura. No obstante, lo más positivo de estas empresas son sus carteras de pedidos, que alcanzan los 83.359 millones en OHL, 67.919 millones en ACS, más de 50.000 millones en Sacyr y 35.802 millones en FCC. Ferrovial, al ser principalmente una gestora de infraestructuras, cuenta con una cartera más reducida, pero marcando un récord por 22.000 millones de euros.
     Las empresas que más están sufriendo en Bolsa son las que han intentado aterrizar en el sector energético a través de compras de participaciones: Sacyr en Repsol, del que ha tenido que vender un 10% con minusvalías próximas a los 1.000 millones, y ACS, que está reduciendo su peso en Iberdrola. Queda lejos la también problemática operación de Acciona y Endesa, pero que se ha saldado más positivamente para la empresa que preside José Manuel Entrecanales, que ahora es una compañía con un claro contorno energético.
     El problema que ahora se refleja con dureza tiene su origen en cómo se realizaron esas operaciones: para no deteriorar los balances se compraron las participaciones poniendo como aval las acciones adquiridas. Pero con la caída de las cotizaciones, los bancos han exigido garantías complementarias. La salida ha sido las desinversiones, que los analistas creen que continuarán a corto y medio plazo.

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     Pérdidas y recorte de dividendo, dos de las consecuencias
     ¿Cómo van a conseguir las entidades financieras poder llegar a las nuevas provisiones impuestas por la segunda reforma del Gobierno?  ¿Qué efectos va a tener en los propios bancos y en sus accionistas? Siete razones para adelantarse.
     V. Gómez - Madrid - 14/05/2012 – El artículo en Cinco Días
     El FMI y la UE respiran tranquilos tras la segunda reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy que obligará a las entidades españolas a provisiones adicionales -22-000 millones reconocen las entidades-. Los analistas valoran los nuevos requerimientos de provisiones como positivos para el sector y creen que tendrá sus efectos para el año que viene pero en el corto plazo tendrán consecuencias sobre sus resultados y también sobre sus accionistas.
     1-Las provisiones llevarán a algunas entidades a registrar pérdidas. Los expertos recuerdan que los bancos domésticos serán los que más sufran en este sentido, los más expuestos al sector inmobiliario español como son Bankinter o Popular o las cajas de ahorro.
     2-Vender activos o filiales. Los nuevos requerimientos por parte del Gobierno pueden llevar a algunas entidades a deshacerse de sus participaciones o filiales como medio que permita compensar el impacto de las provisiones en la cuenta de resultados y capital.
     3- Transformación de preferentes en acciones. Los bancos podrán recurrir a la transformación de preferentes en acciones. Sin embargo, esta medida no será buena para el accionista de la entidad ya que el precio lo pagarán los accionistas pues estos sufrirán una dilución que incidirá en el beneficio por acción si las entidades no aumentan el capital destinado a dividendos. “Es dilutivo para el accionista pero en el fondo no es una mala noticia porque permite a los bancos realizar ampliaciones de capital en un momento de mercado en el que no podrían hacerlo de manera directa”, explica Sara Herrando, analista de Norbolsa.
     4- Recortar o incluso suprimir el dividendo. Históricamente, la banca ha sido el sector más generoso a la hora de retribuir al accionista en la Bolsa española. Según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el 30% de los 27.800 millones de euros repartidos por las cotizadas españolas entre en enero y noviembre de 2011 correspondió a los bancos. Esto podría cambiar en los próximos meses ya que “el nivel actual de dividendos que paga la banca española es insostenible”, explican fuentes del sector. Los bancos han intentado no reducir el dividendo y muchos de ellos ya se han pasado a la moda del scrip dividend pero los expertos no descartan que esto cambie a partir de ahora.
     5- Paralización de fusiones. Lejos de acelerar o crear nuevas fusiones entre entidades financieras, fuentes de mercado señalan que algunas de las que están en marcha pueden no llegar a su fin. “La reforma no está favoreciendo que las entidades solventes den el paso para integrarse con entidades que estén peor. Sin embargo, éstas últimas buscarán de forma cuasideseperada una fusión con alguien más solvente aunque como es lógico contarán con escaso margen de maniobra”, explican fuentes financieras.
     6-No va a fluir el crédito: Fuentes del sector señalan que uno de los principales objetivos de esta reforma como es que fluya el crédito no se va a producir. “Y es que cuanta más provisiones tengas que hacer menos vas a prestar”, explican los analistas.
     7- Rebaja de precios objetivos y valoraciones. Los analistas están haciendo números y, será muy posible, que las valoraciones que tienen para las cotizadas se vean revisadas a la baja.

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     La degradación incluye a Santander y BBVA -Liberbank y Cajamar Caja Rural quedan al nivel del ‘bono basura’
     La noticia en Información de Alicante. EP/Madrid La agencia de calificación crediticia Moody’s ha rebajado entre uno y tres escalones la calificación de 16 entidades financieras españolas, entre ellas BBVA y Banco Santander, tras concluir una revisión del sistema que comenzó a mediados de febrero, según ha informado la agencia en un comunicado.
     Moody’s atribuye estas rebajas a las condiciones adversas de la economía española, de nuevo en recesión, la menor solvencia de la deuda soberana, el “rápido” deterioro de la calidad de los activos de estas entidades y la menor capacidad de estas empresas para financiarse en el mercado.
     Por otra parte, la agencia también menciona algunas “tendencias positivas” dentro del escenario financiero español y cita como ejemplos el aumento de las provisiones de bancos y cajas, el aporte de liquidez por parte del Banco Central Europeo (BCE) y las medidas de apoyo, actuales y futuras, del Gobierno de Mariano Rajoy.
    En base a estas premisas, Moody’s baja el ‘rating’ de 16 entidades, de tal forma que el Banco Santander pasa de Aa3 a A3, Banesto de A2 a A3, Santander UK de A1 a A1, BBVA de Aa3 a A3, Unicaja Banco de A1 a A3, Caixa Bank de Aa3 a A3, Banco Popular de A2 a A3, Caja Rural de Navarra de A3 a Baa1, Banco Sabadell de A3 a Baa1, Banco Cooperativo Español de A1 a Baa1, Bankinter de A2 a Baa2, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) de A2 a Baa2 y Caja Rural de Granada de Baa1 a Baa3.
     Asimismo, la agencia revisa igualmente a la baja a Liberbank, de Baa1 a Ba1, Cajamar Caja Rural, de Baa3 a Ba2, y Lico Leasing, de Baa3 a Ba3, en los tres casos hasta niveles englobados dentro de lo que se conoce como ‘bono basura’.
Moody’s ya situó el pasado 16 de febrero en revisión para una posible rebaja los ‘ratings’ de 114 entidades financieras del Viejo Continente, 21 de ellas españolas, a consecuencia del impacto de la crisis de la eurozona, que incluía la revisión de la calificación autónoma de 99 bancos y de las notas de la deuda a largo plazo y de los depósitos de 109 entidades europeas. De hecho, ya rebajó el pasado lunes los ‘ratings’ de 26 bancos italianos.
     La última vez que la agencia recortó la calificación de la deuda soberana española fue el pasado 13 de febrero, cuando la situó en ‘A3′ con perspectiva ‘negativa’, dos escalones por debajo del rating ‘A1′ que Moody’s otorgaba hasta esa fecha a España.

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16.05.2012 Madrid José Mª López Agúndez. El artículo en Expansión
     El Tribunal Supremo amplía las facultades de la Inspección de Hacienda al respaldar en una sentencia que el periodo de comprobación se puede ampliar a 12 meses con apoyo únicamente en la cuantía de la futura liquidación. Es decir, si se trata de un volumen elevado, está justificada sin más la ampliación del periodo de actuaciones inspectoras.
     Esta solución concede más poderes prácticos a los funcionarios porque la Administración no tiene que argumentar la decisión de investigar a las empresas durante más tiempo. La sentencia, redactada por el magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero, utiliza un planteamiento muy sencillo. “El artículo 29 de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente establece un principio general sobre la duración de las actuaciones de comprobación e inspección de 12 meses.
     De este plazo general excepcional las actuaciones en las que concurra especial ‘complejidad’ y entiendo que esto sucede, entre otros casos, cuando se infiere del ‘volumen de operaciones’”, explica.
     Para la sentencia -Rº3312/2008, de 4 de abril de 2012- no es relevante que la decisión de ampliar el plazo se motive ampliamente, ya que “desde el comienzo es clara la complejidad del problema a resolver y también desde el principio es patente el importe-cuantía de la eventual liquidación futura”. Por este motivo, concluye, “se da la complejidad que justifica la ampliación y no puede olvidarse, aunque no exista una relación inequívoca, la conexión entre cuantía y complejidad”.
     En esta ocasión, el Supremo estudió una liquidación tributaria practicada a una sociedad en la que se aplicó una retención a los dividendos repartidos por una sociedad filial residente en España a su sociedad matriz residente en la Unión Europea pero que tenía un socio en Estados Unidos. Y la segunda cuestión que resuelve el fallo son los requisitos para poder gozar del beneficio fiscal consistente en no practicar la retención sobre los dividendos, es decir, en no practicar un gravamen.
     Según explica el fallo, “en principio, la sociedad matriz destinataria de los beneficios por residir en un Estado miembro gozaría de los beneficios que la directiva consagra”. Sin embargo, “al pertenecer los derechos de la entidad destinataria de los dividendos a una entidad que no reside en un Estado miembro, sino en Estados Unidos, queda exceptuada del beneficio”.
     Y el Supremo explica los motivos de esta interpretación, al analizar los requisitos que se deben cumplir para gozar del beneficio fiscal.
     Principalmente, la empresa tiene que probarlos. En esta ocasión, no sucedió así.
     El requisito de ‘actividad económica directamente relacionada’, precisa el fallo, “exige que los vínculos entre matriz y filial organizativos o económicos sean precisos, continuados y tangibles, y no vagos, etéreos y coyunturales”.
     Otro tanto cabe decir, prosigue, del requisito ‘organizativo’, “pues salvo coincidencias organizativas coyunturales la matriz está muy lejos de dirigir y gestionar la filial, que tiene medios materiales y personales de organización y dirección propios”.
     En cuanto a la creación de la matriz por motivos económicos válidos, concluye la sentencia, en este caso “no se debe a motivos económicos relacionados con la actividad de la recurrente, ni tampoco de organización y dirección, lo que exigiría acreditar que la entidad matriz ejercía una actividad económica propia, lo que no ha tenido lugar”.
     Según explica Ana Ferrer-Sama, abogada del despacho Baker & McKenzie, esta sentencia “simplifica mucho los motivos que amplían las facultades y poderes de la Inspección, ya que es suficiente con el volumen –valor- del acta, el importe de la liquidación futura”.
     Por otro lado, hay que apuntar que si bien anteriormente esta cuestión se encontraba regulada en el Impuesto de Sociedades, las mismas disposiciones se recogen ahora en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

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      Cuando se va a cumplir casi una semana desde que se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en el que, en su disposición adicional segunda, se modifican los aranceles registrales, todavía estamos esperando que la Junta de Gobierno del Colegio tenga a bien comunicarnos algo, aunque sólo sea la existencia de la norma. Si no han sido capaces ni siquiera de eso, esperar una comunicación con criterios interpretativos de la norma a lo mejor es pretender demasiado.
     Quizás ello se deba a diversas causas: ¿estudio de las modificaciones fiscales realizadas por la disposición?, ¿preparación de merecidos homenajes?, ¿festividad en Madrid?, ¿dificultad de la cuestión?. Alguna justificación debe haber. En todo caso, resulta difícil creer que la primera noticia de esta cuestión se tuviera por nuestros representantes por la publicación de la norma en el BOE.  Porque una de dos, o conocían los antecedentes de la reforma, y entonces no tiene justificación ni explicación que todavía no tengamos unos criterios interpretativos claros para la aplicación de la modificación arancelaria, o no sabían nada y se han enterado por el BOE, en cuyo caso se entiende todo perfectamente aunque no deja de ser preocupante.
     Los colegiados necesitamos, no solo una explicación por esta ausencia de comunicación, sino cuanto antes unos criterios hermenéuticos claros para la aplicación de esta ¿penúltima? reforma arancelaria.
     Las parsimonias de antaño, que con tanto encono se pusieron de manifiesto por algunos, se han tornado en silencios difíciles de entender a luz de sus críticas.
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     Cinco Días. Tribuna Joaquín Trigo - Director General del Instituto de Estudios Económicos
     Las crisis económicas surgen de la combinación de circunstancias que, en general, remiten a una mala gestión de la moneda que permite una expansión excesiva en algún área económica y acaba en un desastre bursátil, bancario, inmobiliario.., o floral. Adicionalmente la, profundidad y la persistencia de los efectos está asociada a la calidad de la gestión de las autoridades pertinentes, que minimiza o agrava los daños.
     La recesión española, con sus peculiaridades, entra en la pauta general. Parte, antes del euro, de una situación caracterizada por la dificultad de acceso al crédito y su elevado coste, asociado a una inflación superior a la media de la UE. Con el advenimiento del euro se reduce el riesgo de inflación, aumenta el volumen de financiación disponible y bajan los tipos de interés. En la década previa a la adopción de la moneda única las empresas españolas estaban menos apalancadas que las alemanas y que las francesas, que gozaban de menor coste financiero. En pocos años las empresas aumentaron su deuda, mejoraron sus resultados, invirtieron y contrataran. El PIB creció, atrajo una inmigración considerable que trabajaba, compraba y necesitaba vivienda, como las nuevas familias del país. Considerando que la situación era duradera, las familias se endeudaron y la suma de ingresos, más la financiación bancaria, llevaron a una crecida demanda de compras cotidianas, equipamiento y vivienda.
     Las Administraciones Públicas aumentaron sus ingresos por impuestos y tasas, incrementaran el número de sus funcionarios y empleados, desdoblaron funciones, mejoraron las infraestructuras y se embarcaron en nuevas actividades, algunas convenientes y otras superfluas o, incluso, dañinas.
     Aumentó el número de las empresas públicas creadas por ayuntamientos, cabildos, autonomías.., en su mayor parte innecesarias y muy caras. Algunas se explicaban por la escasez de viviendas para algunos colectivos, aunque era obvio que el proceso en curso podía cubrir los déficits en un plazo razonable, pero la demanda aumentaba con los  estímulos a la emancipación de jóvenes, a la natalidad y otras iniciativas.
     Desde el inicio, la mayor parte de estas actividades fueron deficitarias y requerían de nuevos préstamos.
     Pronto, las administraciones subcentrales hubieron de aplazar pagos a los proveedores. Uno de los indicadores de esta eclosión lo aporta la absorción del crédito por parte del sector público (crowding-out effect), propiciada por las normas de Basilea, que exigen provisionar todos los créditos con la excepción de los otorgados al gobierno,  considerado solvente. En paralelo, el fenómeno de las subprime mortgages en los EE. UU., que inicialmente parecía ajeno a España, se comenzó a ver como un leve aviso, ya que apenas había inversión en ellas y porque no eran sino un crédito con garantía real, mientras que la hipoteca española era más só1ida, pues es un crédito real que añade responsabilidad personal y, a veces, con garantías adicionales. Sin embargo, cuando las empresas sin cobros ni financiación perdían empleados, y éstos dejaban de atender a los pagos de las cuotas de sus hipotecas y a reducir drásticamente sus compras, se entró en recesión, aumentó el paro y con él subieron las dificultades de las familias, aumentaron los pagos de las administraciones públicas a los parados, bajó el precio de la vivienda -sin que lo hiciera el principal de las hipotecas- y se entró en una espiral de impagos, de deterioro de la calidad del crédito, pérdida de empleos y la hipoteca dejó de ser lo que era.
     Algunas entidades financieras tuvieron poco celo, las familias podrían haber sido más cautas y las administraciones públicas, ¿por qué no se centraron en sus funciones? ¿Por qué endeudar a la próxima generación’? ¿Por qué desatender las sugerencias de la UE? ¿Quiénes se pensaron que eran para dilapidar los recursos del país?, Por qué no explicaron lo que pasaba? ¿Fue incompetencia, arrogancia o simpleza? Se dice que cambiaron el refrán dejándolo en “Piensa mal…y, te quedarás corto? .

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     En 2017 llegará a 1.000 millones de conexiones
     El 4G ya se deja ya sentir en los principales mercados. Según un informe publicado por la consultora Strategy Analytics, esta nueva tecnología móvil alcanzará los 90 millones de clientes en todo el mundo al término de este año.
     S. Millán - Madrid - 17/05/2012 La noticia en Cinco Días
     Estos analistas calculan que, gracias al empuje de mercados como Japón, Corea del Sur y EE UU, con el impulso de operadoras como AT&T y Verizon Wireless, la telefonía móvil 4G, con tecnología LTE, superará los 1.000 millones de usuarios en el año 2017.
     Strategy Analytics prevé que el LTE cuenta con el respaldo de los grandes operadores, puesto que mejora los costes de eficiencia en el segmento de los servicios de datos móviles, y calculan que el 4G supondrá el 15% del total de las conexiones móviles en 2017. Al mismo tiempo, creen que el 4G registrará el ritmo mayor de implantación de todas las tecnologías móviles implantadas hasta ahora. Según sus estimaciones, el GSM tardó 12 años en alcanzar los 1.000 millones de conexiones, el WCDMA va a tardar 11 años, mientras que el LTE sólo tardará siete años.
     Phil Kendall, Director of the Strategy Analytics, precisó en una nota publicada por la consultora que el LTE va a tener más ventaja puesto que está despegando en un momento en el que el conjunto del sector de la telefonía móvil tiene más de 6.000 millones de conexiones, mientras que el WCDMA arrancó en una época en la que había menos de 1.000 millones.

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     F. Tadeo 16/05/2012 El artículo en elEconomista.es

     El expresidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato no se llevará la indemnización correspondiente por abandonar la entidad al haber dimitido del cargo, aunque su salida haya sido forzada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. El importe de la compensación, en caso de cese, habría alcanzado dos anualidades de su retribución fija, que está situada en un máximo de 600.000 euros, al tratarse de una entidad que ha recibido ayudas del Estado.
     BFA-Bankia, sin embargo, está negociando las condiciones de su salida. La entidad pretende hacer efectiva una incompatibilidad de dos años para trabajar en otro grupo del sector. A cambio, ofrece a Rato los 1,2 millones que le corresponderían si continuara en el cargo, según fuentes conocedoras de la situación.
     El objetivo que persigue el grupo con está incompatibilidad es evitar que su conocimiento sobre las cuentas y el balance sea aprovechado por la competencia. Habitualmente los directivos del Ibex cuentan con cláusulas de este tipo en sus contratos, que se denominan ‘Pacto de no competencia’.
     Precisamente su sustituto en el cargo, José Ignacio Goirigolzarri, dejó BBVA tras alcanzar un pacto con la entidad por el que se le impedía ser fichados por otros grupos durante un periodo de dos años. Además, se llevó en concepto de pensión más de 60 millones.
     Rato, antes de su llegada a Caja Madrid (ahora Bankia) en enero de 2010, era asesor de distintas entidades. Pertenecía a los consejos del área de internacional del Santander y Criteria -el holding empresarial de La Caixa-. Además era director general senior del banco de inversión Lazard, que le contrató después de dejar el FMI.
     Renuncia al sueldo variable
     Antes de que el Gobierno limitara los salarios de las entidades con ayudas, percibía un salario superior a los 2 millones de euros, sin tener en cuenta la retribución variable. En concreto, el año pasado el expresidente ganó 2,34 millones. En abril, Rato renunció a la variable de 2011, después de que el Banco de España autorizara el reparto para toda la cúpula de Bankia.
     La remuneración del exgerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) era inferior a la de otros ejecutivos de bancos de tamaño similar en España, como el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, o el presidente de BBVA, Francisco González. Percibieron el ejercicio pasado 11 millones y 5 millones, respectivamente.
     La salida de Rato será sustancialmente más barata que los abandonos de directivos de cajas, que sí participaron de manera directa en la situación de sus entidades. Así, el exdirector general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, percibió el año pasado 16,5 millones de euros en concepto de indemnización. Casos escandalosos también son los del anterior número dos de la CAM, Roberto López Abad, que se embolsó casi 6 millones de euros o del expresidente de Caixa Penedés, que cobró 11 millones.
     Rodrigo Rato presentó su dimisión como máximo responsable de BFA-Bankia la semana pasada tras las presiones del ministro de Economía, Luis de Guindos, y los grandes bancos. La entidad había presentado un plan para seguir en solitario que incluía la solicitud de ayudas públicas a través de bonos convertibles en acciones (CoCos) por importe de 6.500 millones, tal y como adelantó este periódico. El proyecto, que fue aprobado por el Banco de España y el Ministerio de Economía, en un principio preveía la devolución de unos 5.000 millones antes de finales de este ejercicio.
     Esta hoja de ruta estaba basada en el adelanto de las provisiones para pérdidas inmobiliarias de los próximos tres ejercicios, a raíz de un informe elaborado por un consultor externo. Guindos cambió su opinión y precipitó la dimisión de Rato tras las presiones de los tres grandes bancos. Su sustituto ya ha sido nombrado, José Ignacio Goirigolzarri. Además se ha decidido nacionalizar la matriz BFA, por lo que el Estado tendrá el 100 por ciento del capital y el 45 por ciento de Bankia.

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     La noticia en Universo Canario/Agencias El alcalde Rodríguez recuerda que el Pleito socio agrario del año 1927 supuso una oportunidad para llevar a cabo las inscripciones una vez producido el reparto de tierras.
     La registradora de la oficina del Registro de la Propiedad de Santa Mª. De Guía, María Dolores de Paz, y el Decano de los Registradores, José Utrera, acuerdan con el Ayuntamiento de La Aldea facilitar y agilizar los trámites de inscripción de las propiedades a los vecinos.

     El alcalde de La Aldea, José Miguel Rodríguez, explicó que la iniciativa surge de la necesidad de actualizar e inscribir aquellos bienes y propiedades que, en el municipio de La Aldea, aún no se han efectuado y produce a sus legítimos propiedades muchos inconvenientes a la hora de realizar una hipoteca o enfrentar una herencia.

     Rodríguez recordó que el Pleito socio agrario del año 1927 supuso una oportunidad para llevar a cabo las inscripciones una vez producido el reparto de tierras, pero casi un siglo después son muchísimas las propiedades que no figuran en el Registro.

     Los inconvenientes que supone este hecho a sus legítimos propietarios es lo que ha motivado al ayuntamiento de La Aldea, junto al Registro de la Propiedad de Sta. Mª. De Guía, a establecer este marco de colaboración que facilitará y agilizará los trámites a los vecinos del municipio de La Aldea. Para ello, de Paz y Utrera realizaron una mesa de trabajo con la secretaria general accidental del ayuntamiento y los arquitectos y aparejador de la Oficina Técnica Municipal, a efectos de establecer criterios y acuerdos encaminados a la consecución de los objetivos.

     El alcalde afirmó que la inscripción es un acto voluntario y no obligatorio. Sin embargo, son más numerosas las ventajas que se obtiene que los inconvenientes que genera, declaró Rodríguez.

     En virtud de este acuerdo se realizará la inscripción y actualización del inventario de los inmuebles y propiedades municipales que aún no figuran inscritas y así otorgar la seguridad jurídica que requiere el patrimonio de todos los vecinos, declaró el alcalde.

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     Europa Press 16/05/2012 La noticia en Diario de Córdoba
     El Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado una organización supuestamente dedicada a la especulación urbanística en Chiclana de la Frontera, donde han puesto a disposición judicial a 38 personas –seis detenidos y 32 imputados– por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa y organización criminal.
     Según ha indicado la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘Operación Yate’ se inició para la investigación de diversos delitos que se venían cometiendo en el término municipal de Chiclana, con motivo de la compra de fincas y su posterior división en parcelas para construir viviendas unifamiliares de forma ilegal.
     Como consecuencia de estas investigaciones, se detectó que varias empresas del sector inmobiliario se estarían dedicando a comprar fincas en suelos donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana no permitía usos residenciales, con la intención de dividirlas en parcelas, para luego venderlas por separado.
     Para conseguir vender estas parcelas necesitaban obtener notas simples registrales de las mismas. Para obtenerlas, supuestamente utilizaban los servicios de un arquitecto, que emitía certificados de antigüedad firmados por técnicos competentes a nombre de los solicitantes o testaferros, para ocultar los nombres de los promotores/constructores. En estos documentos decían que en las fincas objeto de venta había viviendas de más de cuatro años de antigüedad.
     Con estos certificados, tras ser visados por el Colegio de Arquitectos, los promotores/constructores, conseguían que los notarios autorizaran en escrituras públicas las declaraciones de obra nueva de viviendas que no existían. Acto seguido, procedían a la división horizontal de estas supuestas viviendas, en tantos departamentos como permitiesen las dimensiones de la vivienda declarada, a los que les correspondía una parte proporcional del terreno. Finalmente los inscribían en el Registro de la Propiedad de Chiclana.
     Así las cosas, sólo tenían ya que pedir la nota simple de la parcela que querían vender, para convencer a los compradores de que estaba en regla y para utilizarla en notaría como documentación registral del bien inmueble que se vendía. Después anunciaban las parcelas en las inmobiliarias de la zona. Una vez encontraban compradores les vendían las parcelas, con o sin vivienda construida, según los casos.
     Si los compradores necesitaban financiación ajena para comprar la parcela y construir la nueva vivienda, entonces acudían a agentes financieros, que estaban supuestamente en connivencia con los promotores/constructores, quienes se encargarían de realizar las gestiones necesarias para la obtención de los préstamos hipotecarios, llegando a falsificar la documentación relativa a la información económica de los solicitantes.
     Como la vivienda a hipotecar todavía no estaba construida, los tasadores tasaban otras viviendas para que fueran valoradas como objeto de la garantía de los préstamos hipotecarios. Una vez realizado el informe de tasación y validado por la empresa tasadora, se remitía a la sucursal financiera para comprobar la viabilidad de la operación, junto con las nóminas de los compradores, llegando incluso a falsificarlas. Finalmente se vendían las parcelas y se construían las viviendas, con lo que los promotores/constructores obtenían importantes beneficios.
     Para evitar las consecuencias legales que estos delitos podían acarrearles, habrían urdido todo un entramado de sociedades interpuestas y testaferros, evitando así figurar en documentos públicos o privados, a la vez que eludían las sanciones impuestas por la Gerencia Municipal de Urbanismo en los expedientes urbanísticos incoados al respecto, y las reclamaciones de Hacienda de la Junta de Andalucía por el impago del Impuesto de Sucesiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, pues se cuidaban de que los testaferros que utilizaban fuesen insolventes.
     Por todos estos hechos se ha procedido a la detención de seis personas y a la imputación de otras 32, entre los cuales figuraban promotores, constructores, arquitectos, arquitectos técnicos, tasadores, abogados, agentes de la propiedad inmobiliaria, agentes colaboradores de entidades financieras, testaferros y particulares, todos los cuales han sido puestos a disposición del Juzgado número tres de los de Chiclana de la Frontera.

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     16.05.2012 Madrid Ignacio del Castillo – La noticia en Expansión
     Telefónica prevé acabar 2012 con tres millones de hogares posados con fibra óptica, lo que supone más que duplicar los 1,3 millones que tenía a finales de marzo, según aseguró esta mañana Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.
     El grupo de telecomunicaciones, comunicó que tenia 177.000 clientes a finales de marzo, pero Gilpérez desveló que en estos momentos ya supera los 200.000 usuarios en toda España.
     Telefónica tiene, en estos momentos, una cobertura de hogares pasados de fibra óptica (en los que la fibra está al pie de la vivienda) del 50%, y prevé llegar al 90% a finales de este año.
     Los planes de la operadora, que ha invertido 200 millones de euros en este proyecto desde mediados de 2011, es alcanzar una cobertura de hogares pasados de alrededor del 90% del total de hogares y sedes de empresas en Madrid.
     Actualmente, solo los distritos de Hortaleza, Moncloa, Aravaca y Arganzuela tienen una cobertura de fibra superior al 70% de los hogares, pero cuando finalice este año, todos los distritos tendrán este tipo de cobertura.

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     Una sentencia permite a una unidad familiar desgravarse por la venta de una casa
     La plena propiedad no es esencial para aplicar la exención por reinversión
     La Agencia Tributaria exige la plena propiedad de una vivienda para acogerse a beneficios fiscales como la exención por reinversión. Sin embargo, una reciente sentencia echa por tierra esa doctrina al dar la razón a un padre -usufructuario de una vivienda- y un hijo -nudo propietario- que aplicaron este beneficio fiscal.
     No se puede multar por interpretar mal una ley
     J. Viñas - Madrid - 16/05/2012 – El artículo en Cinco Días
     Se trata de un caso común. El propietario de una vivienda fallece y deja el usufructo de la casa a su pareja y la nuda propiedad al hijo. Es decir, ninguno de los dos goza del pleno dominio sobre ese bien. El padre tiene derecho a disfrutar de ella aunque el hijo es el propietario. En estos casos, si se vende esa vivienda se produce una ganancia patrimonial para ambos. ¿Si ese dinero se utiliza para adquirir otra vivienda, tienen derecho estos contribuyentes a beneficiarse de la exención por reinversión en el IRPF? La Agencia Tributaria dice que no, ya que entiende que ni el usufructuario ni el nudo propietario tienen la plena propiedad sobre ese bien. Sin embargo, el abogado y profesor de la Universitat de Lleida Julián Xam-mar acaba de ganar un recurso interpuesto ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña que contradice la doctrina utilizada por Hacienda. “Se trata de un cambio muy importante que salvaguarda la unidad familiar como beneficiaria de la exención”, sostiene el abogado. En su recurso expuso que carece de sentido que los beneficios fiscales se puedan aplicar cuando dos contribuyentes son titulares de una vivienda pero que se impida acogerse a ellos cuando una casa pertenece a un usufructuario y a un “nudo propietario”.
     En el caso concreto que originó la sentencia, un padre y un hijo recibieron en herencia la vivienda de la esposa/madre, que estipuló que el padre tendría el usufructo de la vivienda y el hijo la nuda propiedad. Al cabo de unos años, esa unidad familiar vendió la vivienda, lo que originó una ganancia patrimonial de 59.304 euros para el padre y de 64.246 euros para el hijo. Como utilizaron ese dinero para comprar una nueva vivienda, se acogieron a la exención por reinversión en vivienda y así lo reflejaron en la declaración conjunta del IRPF que presentaron en el ejercicio 2007. Sin embargo, Hacienda entendió que ello era contrario a derecho y realizó una declaración paralela en la que se impedía la desgravación por la venta de vivienda. El cambio no es baladí, ya que la cuota del IRPF a pagar al fisco pasó de 1.588 euros a 21.000 euros.
     Sin embargo, el Tribunal Económico-Administrativo sostiene que “la desmembración de una parte del dominio no se produce voluntariamente, sino por causa del fallecimiento de uno de los cónyuges (…) y no es posible una interpretación de los preceptos en cuestión que excluya de gozar del beneficio fiscal”. Por otra parte, la sentencia puede abrir la puerta a que esa unidad familiar se aplique la deducción por inversión por la compra de la nueva vivienda. Si bien la casuística puede ser muy variada, la sentencia anima a que contribuyentes con casos parecidos impugnen ante los tribunales la doctrina seguida por Hacienda.
     No se puede multar por interpretar mal una ley
     En el caso llevado por Julián Xam-mar, la Agencia Tributaria no solo dictó una declaración paralela más costosa para los contribuyentes que se habían aplicado la exención por reinversión en vivienda, sino que, además, impuso una sanción por infracción tributaria de 9.709 euros.
     En opinión del abogado, incluso en el caso de que Hacienda tuviera razón en el litigio acerca de la idoneidad de acogerse a los beneficios fiscales ligados a la vivienda, la sanción tributaria resultaba contraria a derecho. En este sentido, la jurisprudencia contempla que Hacienda no puede multar a un contribuyente cuando este ha interpretado una norma tributaria de forma lógica, aunque pudiera resultar errónea a los ojos de la Administración. “Si el contribuyente no tiene voluntad defraudatoria y no existe ocultación, no puede ser sancionado”, opina Xam-mar, que finalmente ganó ese caso en los tribunales.

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     Ibercaja, Unicaja, Liberbank y Banco Mare Nostrum deben aportar 6.700 millones para sanearse
     Los expertos alertan contra la creación de otro nuevo grupo problemático
     Íñigo de Barrón Madrid 14 MAY 2012  El artículo en El País
     Hace unos meses, José Ignacio Goirigolzarri, el ahora presidente de Bankia, escribió en su blog un artículo sobre las fusiones en el sector y resaltó las “inmensas incógnitas que existen sobre su viabilidad futura”. También reprochó al Gobierno que avanzara en la reforma a golpe de “sustos” que le daba al mercado.
     Pero los sobresaltos con las uniones no han terminado. El Ministerio de Economía ha citado para esta tarde a los presidentes de las cuatro entidades medianas para presionarlas para lograr una fusión. Pueden ser todas a la vez o de dos en dos. Las entidades son: la aragonesa Ibercaja, la malagueña Unicaja, la asturiana Liberbank y la murciana Banco Mare Nostrum (BMN). El secretario de Estado Fernando Jiménez Latorre, dirigirá la reunión.
     Entre todas formarían el quinto banco español, justo detrás de Bankia
     Entre todas formarían el quinto banco español, justo detrás de Bankia, con 270.000 millones en activos. El problema es que la unión de las cuatro también supone crear un grupo que necesita realizar provisiones 6.700 millones por el primero y el segundo decreto sobre saneamiento del ladrillo. Esta enorme magnitud de dinero llevaría a pérdidas al grupo, tanto si se fusionaran en uno solo como si lo hacen de dos en dos. Es decir, se verían obligados a pedir dinero prestado al Gobierno o, en el peor de los casos, una nacionalización de dimensiones enormes.
     Los expertos temen que el Gobierno esté repitiendo los errores de Caja Madrid y Bancaja, cuando se primó el tamaño por encima de otras consideraciones como la viabilidad futura y la solvencia de la entidad fusionada.
     El derrumbe del gigante antes presidido por Rodrigo Rato ha levantado muchos temores en el sector. Los expertos se acuerdan de otros casos fallidos: la navarra Banca Cívica, Unnim y CatalunyaCaixa.
     También recuerdan que entre las cuatro entidades monitorizadas por Economía “hay 16 cajas dentro de sus balances que están, a su vez, en procesos más o menos avanzados de integración”. La creación de este grupo a cuatro bandas supondría unir a Unicaja, Caja Jaén, Caja España, Caja Duero, Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada, Sa nostra, Ibercaja, CAI, Caja Círculo, Caja Badajoz, Cajastur (con CCM dentro), Caja Extremadura y Caja Cantabria.
     Los expertos temen que el Gobierno esté repitiendo los errores de Caja Madrid y Bancaja
     Las cuatro entidades están en proceso interno de fusión que se vería truncado por otro posterior, si llega esa fusión que promueve el Gobierno. Además, habría que hacerlo el mismo año que los ingresos están cayendo y las provisiones se han disparado. La complicación es mayúscula.
     “El problema ahora no es de tamaño ni de capacidad instalada sino de capital y saneamiento”, apunta un experto. Las entidades piden tiempo para asumir el decreto y analizar fríamente si pueden ser viables con préstamos del Estado. Creen que el perjuicio de una multifusión ahora es mayor que los beneficios que pudiera reportar. Algunas fuentes políticas comentaron ayer que se ha oído el nombre de Manuel Pizarro, exdiputado del PP y expresidente de Ibercaja, como candidato a presidir el megagrupo de cuatro si se produce.
     La reunión de hoy será la segunda cita de los presidentes en Economía. La anterior fue el 20 de abril y se dio un plazo de 15 días, ya superado.

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     La tasa, en el 20%
     Bruselas, 11 mayo 2012. La noticia en Europa Press
     Los ministros responsables de Juventud de los Veintisiete han advertido de que el elevado paro juvenil actual en la Unión Europea “probablemente” tendrá “consecuencias serias a corto y largo plazo” y han apostado por aumentar las posibilidades de los jóvenes de incorporarse al mercado laboral promoviendo más la educación no formal e informal y su reconocimiento en los Veintisiete.
     ”La Unión Europea se enfrenta a un número considerable de desafíos, incluidas las consecuencias económicas y sociales de la crisis económica y financiera globales que llevan a un crecimiento y progreso insuficientes, un elevado desempleo juvenil y oportunidades limitadas para los jóvenes, además de la falta de inclusión y cohesión sociales”, admiten los Veintisiete en unas conclusiones adoptadas este viernes tras debatir cómo aprovechar el potencial creativo de los jóvenes en el contexto actual.
     Los Veintisiete reconocen que la actual tasa de paro juvenil media en la UE, que se eleva al 20% y alcanza más del 50% en países como España y Grecia, “probablemente tendrá consecuencias serias a corto y largo plazo para los jóvenes afectados”, incluidos los que tienen necesidades especiales, menos oportunidades y cualificaciones limitadas.
     Para tratar de paliar esta situación, apuestan por promover que adquieran competencias y capacidades a través de la enseñanza no formal e informal, actividades de voluntariado y su participación ciudadana activa entre otros y facilitar y mejorar su reconocimiento y validación “con el objetivo de reforzar las capacidades de los jóvenes y su papel futuro en el mercado laboral” bien como empleados o empresarios.
     ”La enseñanza no formal e informal, además de la educación y la formación formales son indispensables para desarrollar las competencias y capacidades para la empleabilidad, alcanzar una mejor inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, incluido los jóvenes con menos oportunidades”, justifican.
     También consideran que “la educación empresarial puede animar a los jóvenes a mantener una actitud más positiva hacia la educación, a tener más ambición respecto a su educación y carreras futuras, a sentir que pueden contribuir a la sociedad y tener una visión más optimista sobre el futuro”.
     Los Veintisiete han acordado crear con la Comisión Europea un grupo de expertos para “compartir las mejores prácticas sobre cómo promover la creatividad y la capacidad innovadora de los jóvenes identificando para ello las competencias y capacidades adquiridas a través de la enseñanza no formal e informal relevante para la empleabilidad” y han reclamado al Ejecutivo comunitario que presente los resultados del grupo como muy tarde a finales de 2013, así como una propuesta de recomendación sobre la validación de la enseñanza no formal e informal.
     El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha representado a España en el debate.

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