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Declaración institucional del presidente del Gobierno

16 de febrero, 2019

Declaración institucional del presidente del Gobierno

La Moncloa, viernes 15 de febrero de 2019
lamoncloa.gob.es
Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia de prensa.

Quisiera comenzar esta intervención compartiendo con los españoles una íntima convicción, y es que una de las responsabilidades de la Presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles un horizonte. Un futuro que conquistar. Un modelo de sociedad que construir. Y hacerlo explicando las razones, los argumentos, los porqués del horizonte propuesto, de las decisiones que se toman desde el Ejecutivo.

Y esto es lo que pretendo hacer en esta declaración.

Hace casi nueve meses se abrió paso la primera moción de censura en la historia democrática en nuestro país. Los porqués que llevaron a hacerla prosperar los conocen todos los españoles y todas las españolas. El partido que entonces sustentaba al Gobierno fue condenado por financiación irregular y por enriquecimiento ilícito. Aún hoy se siguen investigando, y se siguen juzgando ante los tribunales las diversas ramificaciones de esa red de corrupción.

Hace casi nueve meses, España sufría un Gobierno que estaba más pendiente de defenderse ante los tribunales que de defender el interés general de los españoles. Un Gobierno acosado por la corrupción, y sumido en una parálisis legislativa. Un Gobierno que no atendía a las urgencias sociales que sufría y sufre buena parte de la ciudadanía de nuestro país.

La no asunción de responsabilidades políticas por el partido entonces en el Gobierno y, también, de su principal apoyo parlamentario llevó a que la mayoría del Congreso de los Diputados apoyara el cambio de Gobierno con una moción de censura. Y lo hizo legítimamente. Lo hizo al amparo del artículo 113 de la Constitución Española. Artículo que dota, –y quiero además volver a subrayarlo–, de legitimidad democrática y constitucional la conformación de un Gobierno salido de la moción de censura. Elegido por la mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados que son elegidos, a su vez, por su voto por parte de los ciudadanos y ciudadanas en una democracia que, –no olvidemos–, es una democracia parlamentaria. Conviene recordarlo. Nunca olvidarlo.

Como conviene también recordar que este artículo constitucional exige que la naturaleza de la moción de censura sea constructiva. Y me parece importante quedarme y subrayar, aunque sea por unos segundos, esta característica. Tiene que ser constructiva, porque con ello se permite dotar de estabilidad, de certidumbre, de confianza a nuestro sistema político.

No se vota echar a nadie. Lo que se vota es la conformación de un nuevo Gobierno, con su programa de Gobierno. Y eso es lo que se produjo en junio del año pasado.

Esto es lo que hicimos: respetar la letra y el espíritu de la Constitución Española. Constituir otro Gobierno y ofrecer otra alternativa, otro horizonte, necesario, por otra parte, a nuestro país.

Nombramos un Gobierno de personas capaces, de personas que son referentes sociales y referentes también internacionales en sus ámbitos de responsabilidad. Un Gobierno, en definitiva, abierto. Un Gobierno no partidista. Un Gobierno dispuesto a consensuar con el diferente, –necesario en nuestro país: el consenso, el acuerdo, y no la crispación–. Un Gobierno con una clara vocación europeísta, de convicciones progresistas. Un Gobierno de izquierdas, con compromiso social, y con el mayor número de mujeres de todos los países de la OCDE sentadas en su Consejo de Ministros.

A todos ellos y a todas ellas les doy las gracias por su compromiso y por su trabajo tan intenso durante estos meses.

Un Gobierno que tenía una firme convicción: gobernar para la mayoría, unir a los españoles, y no enfrentarlos. Por encima de las ideologías, unir a los españoles. Dar una respuesta colectiva a los desafíos que como sociedad tenemos por delante: la digitalización y la revolución tecnológica, el empleo y el impulso empresarial, el cambio climático y la despoblación, la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar. La fortaleza de nuestras instituciones democráticas, y, singularmente, del Estado Autonómico, la igualdad de género, la lucha contra todo tipo de desigualdad y de exclusión social. La educación de nuestros hijos, la salud de nuestros seres queridos y las pensiones de nuestros mayores.

El horizonte hacia el que avanzar que propusimos entonces a los españoles se resume en tres ejes: el primero, la consolidación del crecimiento económico que tiene que ser respetuoso con el medio ambiente, y la creación de empleo digno. Ese es el primero de los ejes. El segundo, la reconstrucción de nuestro Estado de bienestar para redistribuir los frutos del crecimiento y, finalmente, reforzar nuestras instituciones democráticas.

Fruto de este intenso trabajo, y me gustaría, además, subrayarlo, porque es la primera vez que fructifica y prospera una moción de censura y, desde el minuto uno pusimos en marcha toda la maquinaria del Estado, no solamente para que España no se parara, sino que también reorientara muchas de sus políticas hacia opciones y políticas de contenido progresista y social. Fruto de ese intenso trabajo, en poco más de ocho meses de Gobierno y tras años de parálisis, se han aprobado en las Cortes Generales 13 Leyes y se han aprobado más de 25 Reales Decretos-ley. Se han traspuesto Directivas que dormían el sueño de los justos, y cuyo incumplimiento en la trasposición amenazaba al erario público. Y se ha recuperado la presencia europea e internacional de España, que hacía falta.

Para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, que era el primero de los ejes, el Gobierno aprobó al principio un Plan de Empleo digno que ha transformado en contrataciones indefinidas más de 50.000 empleos precarios.

Se ha aumentado en un 22% el Salario Mínimo Interprofesional acercándonos a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. Se mejoró el grado de protección del colectivo de los trabajadores autónomos, que representa a más de tres millones de hombres y de mujeres en nuestro país.

Se han movilizado, también, políticas y recursos económicos para los pequeños y medianos municipios y llenar de oportunidades laborales la España vacía. Se han impulsado medidas para la transición ecológica de nuestro sistema energético, fundamental, para luchar contra un desafío global, como es el del cambio climático. Se ha derogado el impuesto al sol. Se han comprometido recursos para luchar contra la pobreza energética.

Se aprobó también una nueva Ley Hipotecaria, se ha dinamizado el sector de la ciencia, que ha sido vilipendiado durante siete años de la anterior Administración. Se han impulsado las inversiones en infraestructuras que eran necesarias para nuestro país, y se ha reafirmado el compromiso no solamente de este Gobierno sino también del conjunto de la sociedad por la reindustrialización, el sector primario y la creación artística y cultural.

Esta política económica se complementó con un compromiso firme con el saneamiento de nuestras cuentas públicas, y el resultado de esta política económica, que es rigurosa, pero no exenta de compromiso social, ha hecho que el crecimiento económico en España sea robusto, mayor que el de las principales economías europeas, y que el año 2018 se haya cerrado con unas tasas de creación de empleo muy semejantes a las que teníamos en niveles precrisis en nuestro país.

El segundo objetivo era que los frutos de ese crecimiento se redistribuyeran a la mayoría social de nuestro país. España es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad. La desigualdad social, la desigualdad de género, y, también, la desigualdad intergeneracional. Hay mucha gente joven que sufre la falta de oportunidades, la precariedad, y las dificultades para poder emanciparse. Por tanto, no es útil, ni es justo, un crecimiento que no se redistribuye ante el conjunto de la sociedad.

El objetivo, por tanto, que nos propusimos fue reconstruir el Estado del bienestar. Por ello, recuperamos la universalidad de la sanidad pública. Garantizamos el poder adquisitivo de las pensiones. Revertimos los recortes educativos, las becas. Impulsamos el pacto de Estado contra la violencia de género. Reconocimos el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido. Impulsamos una nueva Ley de lucha y de protección de los menores ante cualquier caso de abuso o de violencia. Reforzamos los recursos en la lucha contra la pobreza infantil, que afecta al 28% de los niños y niñas en nuestro país.

Nos comprometimos con la Agenda 2030, y reforzamos la legislación civil y procesal en materia de discapacidad ante enfermedades, también, que afectan a personas de mayor edad.

Y el tercer objetivo consistió en reforzar nuestra democracia, nuestras instituciones. Lo que se dice que es la regeneración democrática. No solamente poniendo en pie un Gobierno abierto, un Gobierno ejemplar, poniendo fin a un Gobierno asediado, como he dicho antes, por la corrupción, sino que planteamos, también, garantizar una Radiotelevisión Española pública objetiva y plural. El impulso a la Memoria Histórica, y dar cumplimiento al mandato parlamentario, y mandato legal de la Ley de Memoria Histórica de exhumar al dictador del Valle de los Caídos.

La creación, también, de una nueva autoridad macroprudencial que supervise y dé respuesta a futuros desmanes en el sector financiero que tanto han afectado a la clase media y trabajadora en nuestro país. O el impulso de dos reformas constitucionales que han sido largamente pedidos y demandados por la sociedad y determinados colectivos.

Una reforma constitucional para acabar con los aforamientos de los políticos, y una reforma constitucional para dejar de hablar y de llamar a las personas con discapacidad o con distintas discapacidades “disminuidos físicos, psíquicos, o sensoriales” que es como ahora mismo está tasado en nuestra Constitución.

No quiero olvidar en este punto el refuerzo del Estado con la mayor Oferta Pública de Empleo de la década, que se ha puesto en pie durante estos ocho meses de Gobierno, y la subida salarial de los empleados públicos que ha hecho el Gobierno. Y, por supuesto el refuerzo del Estado autonómico impulsando las conferencias sectoriales entre el Gobierno y los distintos Gobiernos autonómicos recogidas en los Estatutos y que, desgraciadamente, durante estos últimos siete años habían sido abandonadas por el anterior Gobierno.

La voluntad del Gobierno ha sido siempre la misma: la que ha caracterizado al Partido Socialista y a mi persona cuando he estado como líder de la oposición. Y, hoy, como presidente del Gobierno.

Nosotros, dentro de la Constitución y de la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar, y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada.

Eso lo han sabido todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace ocho meses, antes de la moción de censura, es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español, y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos ocho meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora.

Por tanto, consolidación del crecimiento y de la creación de empleo. Reconstrucción del Estado de bienestar, porque es importante crecer, pero sobre todo lo es redistribuir el crecimiento y mejorar la calidad democrática de nuestro país con las instituciones y, en particular con el Estado.

Y todo ello, insisto, se ha materializado en más de una veintena de Reales Decretos-leyes, y 13 Leyes que a mí me parece que han hecho mejorar a España, sin duda alguna. Que ha situado a nuestro país en mayores cotas de crecimiento, de justicia social y de ejemplaridad. Y todo ello, –insisto– en poco más de ocho meses.

Pero junto a lo logrado, –que ha sido mucho, y creo que ha sido importante para este país–, debo recordar lo bloqueado. Lo paralizado. Lo bloqueado y lo paralizado, no por una falta de mayoría parlamentaria, que existía, sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios. Por una oposición que no ha atendido a razones, que está alejada de los parámetros del sentido común, y de la moderación que se exige si uno quiere liderar la oposición. Que no ha antepuesto, en definitiva, el interés general. Habrá antepuesto otros intereses, pero desde luego no el interés general. Que ha bloqueado leyes importantes, muy importantes, en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Muy importantes para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, con independencia de a quién voten en los procesos electorales.

Se ha bloqueado, por ejemplo, la tramitación de la Ley de Eutanasia. Se ha bloqueado, también, la derogación de la Ley Mordaza. Se ha bloqueado también, la derogación de la Reforma Laboral. Se ha bloqueado también, la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero. Se han bloqueado también leyes importantes como la igualdad laboral, o la lucha contra la brecha salarial. Se ha bloqueado también la tramitación de la Ley sobre bebés robados. Las prácticas académicas universitarias externas. La pobreza energética, la protección a los desempleados. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones para garantizar que no hay merma de poder adquisitivo de nuestros jubilados y jubiladas.

Todo esto se ha bloqueado, se ha paralizado no porque no hubiera una mayoría parlamentaria para poder sacarlo adelante, sino por el filibusterismo parlamentario del Partido Popular y de Ciudadanos que contaban con una mayoría en la Mesa del Congreso.

Y, finalmente, el bloqueo a la tramitación de unos Presupuestos sociales y quiero subrayarlo, unos Presupuestos sociales, después de siete años de injusticia social, de austeridad, de recortes del Estado de bienestar. Y como resultado de desigualdad y de falta de oportunidades para colectivos hoy más vulnerables como consecuencia de estos intereses partidarios.

Unos Presupuestos sociales que hubieran revitalizado, por citar algunos ejemplos, nuestro sistema nacional de dependencia, que ha sido abandonado durante siete años de Gobierno del Partido Popular, la protección por desempleo a los parados de larga duración de más de 52 años, las políticas de vivienda, y, sobre todo, las políticas de alquiler para que los jóvenes se pudieran emancipar mucho antes, a edad temprana. La educación, con un impulso a las becas. La Formación Profesional, el empleo juvenil, el impulso a la ciencia y el retorno del talento que ha salido como consecuencia de los recortes durante estos últimos años de crisis. La transición justa de nuestra economía apoyando aquellas comarcas que van a estar afectadas como consecuencia de ese desafío enorme que representa el cambio climático, y el cambio, en consecuencia, de nuestro sector energético. Unos Presupuestos que hubieran reducido también la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, unos Presupuestos buenos para los españoles. Buenos para los españoles y buenos para todos y cada uno de los territorios de nuestro país.

Con todos, sí quiero trasladar algunos mensajes a la ciudadanía española. Con todo, y pese a que no haya presupuestos, porque así lo ha decidido la oposición, quiero trasladar que la revalorización de las pensiones de nuestros jubilados, que ha sido comprometida por el Gobierno de España, que el alza del Salario Mínimo Interprofesional, y que el aumento del sueldo de los empleados públicos que ha aprobado el Gobierno de España con o sin Presupuestos están garantizados. Están garantizados. Este es el compromiso del Gobierno de España. Y vamos a cumplir con ese compromiso.

Después de casi nueve meses de avances y de transformaciones buenas para los ciudadanos el Gobierno esta semana, y España, también, esta semana nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los Presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales, los más necesarios en nuestro país.

Y la disyuntiva que se nos plantea es clara, como Gobierno. Y a mí como presidente del Gobierno: o continuar gobernando con unos Presupuestos que no son los nuestros, y que incumplen las exigencias sociales que necesita nuestro país, o bien, creer, como creo, que España no tiene un minuto que perder. Que España necesita avanzar. No dar pasos hacia atrás. Que España necesita empezar todo su esfuerzo y todas las energías colectivas en abordar las grandes transformaciones que necesitamos si queremos construir la España que queremos.

Entre las dos opciones: no hacer nada y continuar sin Presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.

España debe continuar avanzando. Debe continuar progresando, desde la tolerancia y el respeto. Desde la moderación y el sentido común. Excluyendo la política de la crispación. Creciendo y creando empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza. Consolidando y reconociendo no los derechos y las libertades que hemos logrado durante estos últimos 40 años, sino también ampliando la capacidad y el perímetro de esos derechos y de esas libertades, fortaleciendo la cohesión social y la cohesión territorial como único garante para conservar y preservar la unidad de España.

Por este motivo, les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las Cámaras y la convocatoria de Elecciones Generales para el día 28 de abril.

He comunicado a SM el Rey esta decisión, y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el Art. 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes, como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas, se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un Real Decreto-ley que será publicado en el BOE en tiempo y forma.

Estoy convencido de que es posible recuperar la política útil para la ciudadanía. De que es posible recuperar la tolerancia, el respeto, el sentido común, la moderación y dar la espalda a la crispación en nuestro país.

España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político. Es de los españoles. España es suya. Y ahora, ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos.

En la próxima legislatura deberemos consolidar la España de la próxima década. Y de una nueva generación. La España que gobernarán los jóvenes, hombres y mujeres de hoy. La decisión, como siempre ha sido, está en las manos de las españolas y de los españoles. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas, y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto.

Gracias.
P.- Ketty Garat, de Libertad Digital. ¿Qué tal presidente?, buenas tardes. Yo le quería preguntar muy directamente, ¿por qué no disuelve hoy directamente las Cortes? Quedan tres semanas hasta esa disolución, el 5 de marzo, para convocar elecciones el 28 de abril, y en ese tiempo se van a aprobar cuestiones simbólicas para este Ejecutivo, empezando, por hoy mismo, como la LOMCE, proyectos de ley que no van a ver previsiblemente la luz en esta legislatura, y que puede dar pie a la oposición a decir que usted está empezando la campaña electoral desde Moncloa, en este periodo. Por lo tanto, le pregunto muy directamente, ¿por qué no ha optado por la fecha del 11 de abril, que supondría disolver las Cortes hoy mismo? Gracias.

Presidente.- Gracias, Ketty. Siempre cuando toma uno una decisión siempre hay personas que pueden considerar que otra fecha fue mejor. Yo creo que esta es una buena fecha. Primero, porque es importante hablar de España. Y no mezclar debates. Cuando la derecha se manifiesta en Colon no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere echar a Sánchez. Y, por tanto, el debate es otro. El debate es ¿qué España queremos? ¿Qué España defendemos?

Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas y todos. Y creo que ese es el debate. El debate es hablar de nuestro país, de qué futuro queremos darle. Si queremos una España constitucional, orgullosa de sus derechos, de sus libertades, que hace las transformaciones para conquistar su futuro, o que vive de la añoranza de un tiempo pasado que nunca llegará y que no tuvo por qué ser mejor, al contrario. Y ese es el debate que hay que proponer desde los partidos políticos, a los españoles: ¿Qué España queremos? Y, desde luego, la nuestra creo durante estos casi diez meses que va a representar el mandato como presidente del Gobierno y de mi Gobierno ha sido bien clara: modernizar nuestra economía, crear empleo digno, redistribuir el crecimiento, ejercer la labor política de una manera humilde, noble, ejemplar, limpia y fortalecer nuestro Estado, en todos los ámbitos: desde las instituciones, respetando al Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, a también el Estado Autonómico. Y ser firme en las convicciones, humilde en los planteamientos, pero también decido en la necesidad de ganar el futuro como país.

Hay muchos desafíos por delante. Los he dicho antes. No solamente están los urgentes, que son los sueldos y los empleos de los trabajadores y trabajadoras es también la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es la sanidad y cómo sostener el sistema público de pensiones. Son abrir debates que están vinculados con la revolución digital, con la reindustrialización, con el cambio climático, con qué tipo de democracia queremos. En definitiva, qué tipo de país queremos.

Unos plantean un país en el que solamente caben ellos. Nosotros defendemos un país en el que cabemos todos y todas. Esa es la gran diferencia entre la foto de la plaza de Colón y lo que defiende este Gobierno, ha defendido durante estos ocho meses y seguirá defendiendo en la campaña electoral.

P.- Carlos Cué de “El País”. Sí, muchas gracias. Presidente, usted siempre nos dijo que quería agotar la legislatura, no ha podido, han sido ocho meses y medio. Le quería preguntar si lo considera, de alguna manera, un fracaso personal y qué cree usted que podría haber hecho para alargar algo más la legislatura. En concreto, si se arrepiente, por ejemplo, de haber presentado los Presupuestos, que al final, es lo que ha precipitado todo esto.

Presidente.- Bueno, gracias, Carlos. Yo creo que un Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con su tarea. ¿Cuál es la tarea de un Gobierno? Aprobar leyes, gobernar, avanzar, y en el momento en el que no puede gobernar, avanzar porque las razones partidarias de otras formaciones lo que deciden es bloquear hasta incluso Presupuestos que son buenos para los españoles, o presupuestos que son buenos, en este caso, para Cataluña, entonces tomar decisiones.

Una de las tareas principales de un presidente del Gobierno y de un Gobierno, ¿cuál es?, presentar su proyecto de país en forma numérica, con las políticas sociales, independencia, sanidad, educación, en ciencia, en cambio climático, en transición energética, en dignidad laboral. En protección de las personas más débiles, de la pobreza infantil o de los desempleados de larga duración… Yo creo que es evidente.

Nosotros tenemos y teníamos que presentar nuestros presupuestos, y lo hicimos. Lo hicimos y, desgraciadamente, no salieron adelante. Pero también le digo: hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. La ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este Gobierno, qué es lo que queremos para este país, y para este país lo que queremos es justicia social. Es igualdad, son libertades, es progreso, es dignidad laboral, es crecimiento, es modernización de nuestras estructuras de crecimiento. Es abordar las grandes transformaciones que exigen y necesita nuestro país. Y España no merece quedar varada por los intereses particulares y partidarios de unos y de otros, que solamente encuentran en la descalificación y en la crispación su forma de hacer oposición. Yo no voy a entrar en eso.

Nosotros, a reformar, a transformar y de manera humilde a pedir la confianza de los españoles y de las españolas, porque ellos son, al final, quienes van a decidir el futuro que quieren para su país. Insisto, lo que decidan bien decidido estará.

P.- Buenos días, presidente. Yolanda Mármol de “El Periódico”. Yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede afectar el juicio del ‘procés’ a la campaña en la que nos adentramos? Y no sé si usted personalmente se siente desencantado con la decisión final de los partidos independentistas o no.

Presidente.- Respecto a lo segundo, Yolanda, te diré que, en fin, el independentismo siempre ha sabido dónde está el Gobierno. Por mucho ruido, crispación, insultos de la oposición, es que, llevamos los debates al absurdo. En realidad, la oposición plantea debates que son, si me lo permiten, absurdos, por infantiles, porque si planteamos los argumentos de la derecha durante estos ocho meses, ¿eso qué significa: que la votación de presupuestos entre el Partido Popular, Ciudadanos, y los grupos independentistas que han propiciado tumbar estos presupuestos, también ha habido pactos ocultos? Lo digo en tono sarcástico.

Lo que ha habido es un Gobierno constitucional. Un Gobierno sustentado por un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que es el único partido de todo el sistema político que pervive y firmó la Constitución de 1978.

Por tanto, siempre lo hemos dicho, fuera de la Constitución, nada; dentro de la Constitución, todo. Nosotros, y yo el primero, nunca renunciaré al diálogo. Nunca lo voy a hacer. Nunca renunciaré al diálogo, porque creo que en el diálogo podemos encontrar el camino para resolver nuestras desavenencias y, sin duda alguna, resolver la crisis territorial que también afecta a nuestro país.

Yo no soy amigo de mirar para otro lado, soy amigo de coger el toro por los cuernos, de abordar los desafíos. Para eso me pagan los españoles, para resolver los problemas, no agravarlos.

Los planteamientos que se están haciendo o que se hicieron en el pasado durante siete años en Cataluña ¿qué fue? ¿Negar la realidad? ¿Negar la evidencia? Los de ahora son, bueno, hasta incluso, más peregrinos, porque ya antes de plantear el diálogo y la Constitución están diciendo un 155 permanente. Es decir, perpetuar la crisis política y territorial en nuestro país.

Nosotros queremos defender el diálogo desde la Constitución, desde la legalidad, y eso lo vamos a seguir haciendo siempre, siempre, y siempre. Porque hay vías para resolver también esta crisis, como hay vías también para resolver la precariedad laboral. Y eso no tiene que hacerlo solamente el Gobierno, lo hace el Gobierno con los agentes sociales, como lo hemos hecho por ejemplo a la hora de plantear un plan de empleo para luchar contra la precariedad laboral, y que ha hecho que más de 50.000 puestos de trabajo que eran precarios, hoy sean indefinidos. O por ejemplo, la protección de los autónomos, es que gobernar es tejer alianzas, es consensuar, no confrontar, no crispar, no insultar.

La política, al menos como yo la entiendo es la de transformar desde la moderación, desde el sentido común y no desde la crispación.

Por tanto, desde ese punto de vista, ni una cosa ni la otra. Nosotros siempre hemos estado donde hemos estado, y, bueno, el resto tendrá que explicar el por qué han tenido que tumbar unos presupuestos que yo creo que eran una buena hoja de ruta también social para Cataluña.

Y respecto a la primera de sus preguntas, le diré que, desde luego, nosotros siempre hemos tenido una hoja de ruta clara, determinada. Creo que un Gobierno lo que tiene que hacer es lo que debe. ¿Qué se espera de un Gobierno? Pues que gobierne, que tome decisiones, que apruebe unos Presupuestos, y si esos Presupuestos no encuentran el apoyo parlamentario, pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permita sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años han sido postergadas. Llámeme clásico, pero sin Presupuestos uno no puede gobernar.

P.- Buenos días, señor Sánchez. May Mariño de Servimedia. Después de esta debilidad parlamentaria que es la que finalmente ha tumbado su Gobierno, ¿volvería a reeditar los pactos con los que sí llegó a La Moncloa? , y ¿qué le parece el veto de Ciudadanos? ¿Si usted tiene algún tipo de veto contra alguna formación? Gracias.

Presidente.- Bueno, yo May, permíteme que simplemente discrepe del calificativo, porque, hombre, este es un Gobierno que en ocho meses ha aprobado 25 Reales Decretos-leyes. Que ha desbloqueado la tramitación de 13 leyes en el Congreso de los Diputados. Por cierto, ninguna en contra de los intereses de la mayoría social de este país. Da igual a quien voten esos españoles. Y creo que es positivo revertir los recortes en educación. Creo que es positivo para todos los españoles recuperar la universalidad de la sanidad pública. Creo que es positivo para los españoles reconocer el derecho al voto de más 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían. Creo que es positivo para los españoles mejorar los grados de protección de colectivos vulnerables, por ejemplo, de los niños, que sufren pobreza infantil. Y todo eso ha contado con mucho respaldo parlamentario, no solamente, de los independentistas, también de las otras formaciones políticas. Por tanto, creo que nosotros hemos sido coherentes. Dijimos que veníamos a gobernar, y hemos gobernado.

Resulta que la oposición por otras razones que nada tienen que ver con los intereses de los españoles, y los intereses, en este caso, de los catalanes, refiriéndome, en particular, a formaciones independentistas, han decidido que no: que si no se habla de autodeterminación pues entonces los parados de más de 52 años en Cataluña pues no tienen derecho a recuperar el Subsidio al Desempleo, que las mujeres, en su mayoría, que cuidan de sus familiares dependientes no tienen derecho a recuperar la cotización a la Seguridad Social porque hay que hablar de autodeterminación. Bueno, eso tendrán que ser los ciudadanos en Cataluña quienes digan si eso es positivo o no para la sociedad catalana.

Nosotros hemos gobernado para todos. Para todos los españoles y españolas. Vivan donde vivan. Desde luego, con convicciones progresistas, un Gobierno de izquierdas y un partido que se siente en los parámetros de la social democracia y del socialismo, pero con mirada amplia. Y a partir de ahí, pues nosotros, lógicamente, hemos gobernado, y otros tendrán que dar explicaciones de por qué no han permitido que este país tenga una ley de eutanasia. No se haya podido lograr un acuerdo que permita la sostenibilidad del sistema público de pensiones. O reformar el sistema de desempleo para los parados de larga duración en nuestro país. Tendrán que explicarlo. Van a tener tiempo. Les ha llegado el momento. Nosotros lo haremos también humildemente.

Respecto a los vetos, bueno, en fin, todas estas cosas. A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha, pero bueno. Esto ya… cada cual elige los amigos con los que ir.

P.- Buenos días, presidente. Marisol Hernández de “El Mundo”. Yo quería preguntarle por si no teme a la desmovilización de la izquierda que puso de manifiesto en las últimas elecciones andaluzas, si no le preocupa esta circunstancia, y no ve inconveniente que la campaña electoral se desarrolle, la primera semana se desarrolle en plena Semana Santa. Y, luego, en la línea de la pregunta de mi compañera, cómo piensa usted conformar esta nueva mayoría absoluta, si lo haría de nuevo con los independentistas o aspira a hacerlo con Ciudadanos.

Presidente.- Vamos a ver. ¿Por qué no dejamos primero que hablen los españoles? Yo creo que es importante. Hacemos un ejercicio, defendemos nuestras propuestas y después, en función de cuáles sean las mayorías parlamentarias… Lo que es importante es no restar legitimidad a las mayorías parlamentarias que es lo que se ha hecho.

En este país, durante estos ocho meses se han escuchado cosas que a mí me parece que son muy peligrosas. Calificar a un presidente de “ilegítimo”. Calificar a un presidente de “golpista”. Calificar a un presidente de ser una persona que claudica, que se humilla… Cuando he sido líder de la oposición, lo único que puede decir el expresidente Rajoy en la cuestión catalana es que estuve a su lado. Yo no me he encontrado a la oposición a mi lado. Se ha vuelto a perpetuar esta suerte de agravio territorial secular que tiene la derecha cuando está en la oposición de que los socialistas vendemos la patria y ellos garantizan la patria.

Lo curioso es que la Declaración Unilateral de Independencia y los dos referéndums se hicieron con el Partido Popular en el Gobierno.

Por tanto, yo creo que lo importante es acudir con humildad a la cita de las urnas con moderación, con sentido común, con firmes convicciones y, desde luego, apelando a la movilización, no de la izquierda, sino de toda la ciudadanía. Nos estamos jugando mucho en estas elecciones. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país, que no es poco. Fíjese si no es poco, que en estos Presupuestos han ido muchos colectivos que al no verse recuperada la dependencia o al no verse recuperado el subsidio de desempleo de mayores de 52 años han lamentado y mucho que no hayan prosperado estos presupuestos.

Por tanto, toda elección es importante, y ésta, sin duda alguna, es mucho más. Y nosotros apelaremos a la movilización y a la máxima participación, porque eso también dará no solamente una legitimidad parlamentaria, sino una legitimidad social al resultado que emane de las urnas.

Pero, insisto, lo he dicho al final de mi intervención: Lo que decidan los españoles bien decidido estará. Bien decidido estará.

Y respecto a una pregunta que Yolanda me había comentado antes que no he podido responder en relación con el ‘procés’. Yo creo que es importante reivindicar la democracia en un momento en el que vamos a ir a las urnas. Y reivindicar la democracia ¿qué es? Pues que la Justicia va por un lado, hace su trabajo. Y la política hace el suyo. Y ahora mismo la política necesita salir de este bloqueo en el que lo han sumido los extremos, y, en particular, una oposición conservadora, que, insisto, no ha mirado por el interés de los españoles. Ha mirado por su interés.

Por tanto, también en eso, pues, hay que salir al campo y explicarse, dar las razones y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta campaña electoral, que empezará en tiempo y forma. Y hasta entonces, lo único que les traslado es que lógicamente, el Gobierno va a trabajar hasta el último minuto. Vamos a trabajar hasta el último minuto de la legislatura.

Y a todos ustedes, pues, ha sido un placer verles, como medios de comunicación, y espero que nos sigamos viendo durante mucho tiempo.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)

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El ICO mejora las condiciones de las Líneas ICO 2019 para adaptarse a las necesidades de financiación de empresas, pymes y autónomos

15 de febrero, 2019

12 de febrero de 2019

mineco.gob.es

El ICO mejora las condiciones de las Líneas ICO 2019 para adaptarse a las necesidades de financiación de empresas, pymes y autónomos

Se financian las actividades empresariales y las inversiones en todos los plazos y se simplifica la tramitación

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha presidido la firma de los convenios de colaboración de las Líneas ICO 2019 entre el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, y los representantes de las principales entidades financieras.

En este evento han participado las diez entidades de crédito más activas en la concesión de préstamos ICO durante el ejercicio pasado: Bankia, Bankinter, Abanca, Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Santander, Unicaja, Caja Rural de Teruel e Ibercaja.

Las Líneas ICO financian la actividad de autónomos, pymes, empresas y emprendedores tanto en España (Línea ICO Empresas y Emprendedores, Línea ICO Crédito Comercial) como en el exterior (Línea ICO Internacional, Línea ICO Exportadores, Línea ICO Canal Internacional).

Las Líneas este año presentan mejoras en sus condiciones para adaptarse de una forma más eficiente a las necesidades de financiación de las empresas:
Las Líneas ICO 2019 financian actividades empresariales –tanto inversión como liquidez- en plazos comprendidos entre 1 y 20 años.
Se amplían los períodos de carencia al cliente para las operaciones formalizadas a un plazo superior a 10 años, ofreciendo la opción de 3 años de carencia del capital. De esta forma se permite a las empresas una mayor adecuación de los plazos de financiación a sus planes comerciales y de expansión.
Se implantan medidas para simplificar la tramitación, los procedimientos y la gestión de las operaciones.
Por lo que respecta a los procesos de control y verificación de las Líneas ICO, se introducen mejoras y se evoluciona hacia modelos alineados con homólogos europeos.
Se mantienen líneas especializadas, entre otras, la Línea ICO-Sociedad de Garantía Recíproca que completan la oferta de productos.

Con todas estas mejoras el ICO flexibiliza y adapta las características de sus Líneas a las necesidades financieras de las empresas y autónomos para favorecer su crecimiento, actividad e inversiones en España y su internacionalización en terceros mercados.

Líneas ICO 2018

Las Líneas ICO han financiado más de 41.440 operaciones por importe aproximado de 2.500 millones de euros en 2018. Una vez que las entidades financieras han normalizado su oferta de crédito y las empresas disponen de mayor liquidez, el ICO ha centrado su estrategia en aportar valor añadido a la financiación empresarial, apoyando actividades que sostengan el crecimiento económico, la creación de empleo y el posicionamiento de las empresas en el exterior.

Las Líneas ICO destacan por su gran capilaridad. Del total de la financiación y operaciones realizadas en 2018, más de 1.600 millones de euros han sido distribuidos en créditos suscritos por empresas con menos de 50 trabajadores. El número de préstamos concedidos a empresas de menos de 10 trabajadores representa el 65% del total de operaciones, si tenemos en cuenta también a las empresas de hasta 50 empleados, el porcentaje se eleva hasta más del 90%.

Las Líneas de Mediación ICO también son de utilidad para empresas de entre 50 y 250 trabajadores. Este tipo de empresas han formalizado el 10% de las operaciones realizadas en 2018, por un importe superior a 700 millones de euros.

Por regiones, las Comunidades Autónomas más activas en préstamos ICO fueron Cataluña, donde se distribuyó el 18% del total, seguida de Galicia (12%), Andalucía (10,4%), la Comunidad Valenciana (10,3%) y Madrid (9,3%)

Cabe señalar que el 41,5% del total de préstamos dispuestos en 2018 corresponden a las Líneas destinadas a impulsar tanto la actividad exportadora de las empresas como su internacionalización.

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El pleno del TC declara inconstitucionales y nulas las Resoluciones del Parlamento de Cataluña que proponían investir presidente a Puigdemont

14 de febrero, 2019

Nota informativa nº 10/2019 tribunalconstitucional.es
Adelanto de parte dispositiva
El pleno del TC declara inconstitucionales y nulas las Resoluciones del Parlamento de Cataluña que proponían investir presidente a Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad estimar la impugnación de disposiciones autonómicas presentada por el Gobierno contra la resolución del presidente del Parlamento de Cataluña que proponía a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la que convocaba sesión plenaria para celebrar la de investidura.
El fallo de la sentencia dice así:
“Estimar la impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) promovida por el Gobierno y, en consecuencia:
Declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las resoluciones del presidente del Parlamento de Cataluña de 22 de enero de 2018, por la que se proponía la investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña”, núm. 3, de 23 de enero de 2018, y de 25 de enero de 2018, por la que se convocaba sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas, en la parte que se refiere a la inclusión en el orden del día del debate del programa y votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 5, de 26 de enero de 2018.
Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.
En los próximos días se notificará la sentencia y se elaborará una nota de prensa más extensa.
Madrid, 12 de febrero de 2019

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La economía española mejora su competitividad precio en el último trimestre de 2018

13 de febrero, 2019

Índice de Tendencia de Competitividad

La economía española mejora su competitividad precio en el último trimestre de 2018

Lunes 11 de febrero de 2019
lamoncloa.gob.es
La moderada evolución de los precios en España mejora la competitividad frente a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según los datos hechos públicos hoy, el Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC), la competitividad precio de la economía española mejoró en el cuarto trimestre del 2018 frente a la OCDE y a los países de la zona euro.

En el último trimestre del año 2018, el ITC frente a la OCDE disminuyó un 0,5% debido a la mejora de la competitividad española por una evolución de los precios en España más moderada que en el resto de los países miembros y a pesar de una ligera apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona.

Si comparamos con la UE-28, la competitividad de España disminuyó (el ITC subió un 0,1%) debido a la apreciación del euro frente a las divisas de aquellos países comunitarios que no pertenecen a la zona euro, mientras que el índice de precios se redujo un 0,3%. Por el contrario, frente a los países de la zona euro se ganó competitividad (0,2%).

En relación con los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el ITC subió un 2,5% interanual en el cuarto trimestre. La pérdida de competitividad frente a esta zona se debió al aumento del tipo de cambio en un 3,6%, mientras que el índice de precios disminuyó un 1,0%.

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El presidente del Tribunal Constitucional resalta en la República Dominicana la importancia de la justicia constitucional para la protección de la democracia y los derechos humanos

12 de febrero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 8/2019 tribunalconstitucional.es
El presidente del TC resalta en la República Dominicana la importancia de la justicia constitucional para la protección de la democracia y los derechos humanos
El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha participado en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, en la que ha resaltado “la importancia de la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho”.
En este encuentro, celebrado en Santo Domingo (República Dominicana) los pasados 7 y 8 de febrero, han participado más de cien representantes de órganos constitucionales de todo el mundo.
González Rivas ha presidido la Decimocuarta Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia, en la que han estado presentes el Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Milton Ray Guevara y el Presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio. En ella, entre otros asuntos, se ha avanzado hacia la organización del 5º Congreso Mundial de Justicia Constitucional, que tendrá lugar en Argelia.
Durante su estancia, el Presidente del TC ha podido constatar las excelentes relaciones entre República Dominicana y España, “dos naciones hermanas que comparten y ensalzan su historia, su cultura y sus valores comunes”. Con motivo de los intensos y estrechos vínculos tanto en el plano económico, cultural como de cooperación, ha mantenido encuentros bilaterales con el Presidente del país, Danilo Medina, el Presidente de la Suprema Corte Justicia, Mariano Germán Mejía y con el Procurador General, Jean Alain Rodríguez.
Asimismo fue recibido por el Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional de Republica Dominicana, encabezado por Ray Guevara, en la sede de la institución, la cual tuvo la oportunidad de visitar. González Rivas ha manifestado la voluntad del TC español de profundizar en la cooperación en materia de justicia constitucional con el organismo dominicano, con el que colabora desde su nacimiento y con el que firmó el pasado 23 de septiembre de 2015 un Convenio de cooperación, instrumento que el Presidente considera “un buen marco para seguir avanzando en este sentido.”
Madrid, 11 de febrero de 2019

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El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía General del Estado el Registro de Titularidades Reales

11 de febrero, 2019

El Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía General del Estado el Registro de Titularidades Reales

enero 23, 2019  Notas de prensa – registradores.org

◾La fiscal general destaca que es un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales
◾La decana de los registradores resalta la importancia de los fiscales en el Estado de derecho

23.01.19.- La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han firmado una adenda al convenio entre ambas instituciones por la que el Ministerio Fiscal accederá a la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles, una información clave en las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y otras actividades como el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo.

Convenio con Fiscalía General del Estado

Así, los órganos del Ministerio Fiscal podrán realizar tres tipos de consultas: sobre los titulares reales de una sociedad, sobre sociedades de las que una persona física es titular real y sobre sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha destacado que se trata de “un instrumento de extraordinaria utilidad para la investigación de los fiscales”, y ha recordado que la cooperación con los registradores se remonta al año 2006, primero con la Fiscalía Antidroga, luego con la Fiscalía Anticorrupción y más tarde con el resto de la Fiscalía General.

Por su parte, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha agradecido el trabajo de los fiscales en relación a la persecución de los delitos y el restablecimiento de la legalidad: “Sois el cimiento de un Estado de derecho”, ha dicho.

Hay que señalar que el Registro de Titularidades Reales se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales. Además, es fundamental la interconexión del Registro con los países de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo, motivo por el cual el Colegio de Registradores creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

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El 28 por ciento de la titularidad real de las empresas está en manos de mujeres

10 de febrero, 2019

El 28 por ciento de la titularidad real de las empresas está en manos de mujeres

febrero 4, 2019  Notas de prensa – registradores.org

◾Según una estadística elaborada por el Colegio de Registradores con los datos del Registro de Titularidades Reales
◾Entre las mujeres que son titular real en España, el 85 por ciento lo son de forma directa, según datos del Registro Mercantil

04.02’19.- El Colegio de Registradores de España ha elaborado una estadística de género con la finalidad de conocer el porcentaje de mujeres que son titulares reales de las empresas. Según estos datos que se recogen en el Registro Mercantil, el 85 por ciento de mujeres son titulares reales directas, esto es, la persona física que en último término posee o controla directamente un porcentaje superior al 25 por ciento del capital.

Siguiendo con los datos de la estadística, las mujeres con titularidades reales indirectas son el 4 por ciento. Respecto a titulares reales asimiladas el 9 por ciento son mujeres y en sociedades de la cadena de control son el 2%.

Estos datos se refieren a mujeres de nacionalidad española y están recogidos en la presentación de cuentas anuales de 2017. Por diferencia de sexos, según la estadística llevada a cabo por el Colegio de Registradores, el 28 por ciento de 1.247.340 titularidades reales son mujeres, y el 71 son hombres.

El nuevo registro contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta. Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde este año y según determina la Orden 319/2018 del Ministerio de Justicia, las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales.

Dicha Orden Ministerial da respuesta a las Directivas (UE) 2018/843 y 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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El gasto de los turistas internacionales creció un 3,3% en 2018, hasta los 89.856 millones, con un 1,1% más de llegadas

9 de febrero, 2019

Datos de FRONTUR y EGATUR del INE

El gasto de los turistas internacionales creció un 3,3% en 2018, hasta los 89.856 millones, con un 1,1% más de llegadas

Viernes 1 de febrero de 2019  lamoncloa.gob.es

España recibió el año pasado 82,8 millones de turistas internacionales, un 1,1% más respecto al mismo periodo de 2017, mientras que su gasto se incrementó un 3,3% hasta los 89.856 millones de euros. Son datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto Nacional de Estadística.

En diciembre visitaron nuestro país 4,4 millones de turistas, lo que supone un aumento del 9,7%, y tuvieron un gasto de más de 5.000 millones de euros, un 11,4% más. Su gasto medio diario fue de 137 euros, lo que representa un incremento del 7,9%.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, asegura que “estas excelentes cifras confirman, una vez más, la fortaleza de España como destino turístico líder, y son fruto del trabajo conjunto de la Administración y el sector privado. Este año continuaremos trabajando con ahínco para incrementar aún más la rentabilidad de la actividad turística y para mantener la competitividad de nuestro país”.

Llegada de turistas

Además de los 82,8 millones de turistas internacionales, en 2018 accedieron a España 41,2 millones de excursionistas, un 3,6% más que el año anterior.

Los principales mercados emisores fueron Reino Unido, con 18,5 millones de turistas internacionales, Alemania, con 11,4 millones, y Francia, con más de 11,3 millones. Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos experimentados por Estados Unidos, con un aumento cercano al 12%, Portugal (+9,8%) y Rusia (+6,3%).

Cataluña fue en 2018 la comunidad autónoma que más visitantes internacionales recibió con más de 19 millones, seguida de Baleares, con 13,8 millones, y Canarias, con 13,7 millones. Destaca también el incremento experimentado por la Comunidad de Madrid, que superó los 7 millones de visitantes, un 6,3% más que en 2017.

Incremento del gasto

De enero a diciembre el gasto medio por turista alcanzó los 1.086 euros, un 2,2% más que en 2017, mientras que el gasto medio diario aumentó un 7,4%, hasta los 146 euros.

Las Comunidades Autónomas de destino principal con mayor gasto total fueron Cataluña (con 20.606 millones de euros, un 7,2% más que el año anterior), Canarias (con 17.118 millones y un aumento del 2%) y Baleares (con 14.826 millones y un incremento del 1,6%).

En cuanto a los países emisores, el que más gasto realizó en 2018 fue Reino Unido, con 17.976 millones de euros (+2,8%), seguido de Alemania, con 12.002 millones (-1,9%) y Francia, con 7.385 millones (+4,7%).

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El número total de desempleados se sitúa en 3.285.761

8 de febrero, 2019

El número total de desempleados se sitúa en 3.285.761

El paro registrado se reduce en enero en 190.767 personas respecto al mismo mes del año anterior

Lunes 4 de febrero de 2019 lamoncloa.gob.es
En enero de 2019 el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 190.767 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de reducción interanual del 5,49%.
El número de parados registrados en el mes de enero de 2019 ha subido en 83.464 en relación con el mes anterior. En valores relativos, el incremento del paro es de un 2,61%.

Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.285.761. En enero de 2018 el paro subió en 63.747 parados en relación al mes anterior.

En términos desestacionalizados, el paro sube en 3.292 personas.

El desempleo masculino se sitúa en 1.360.448 personas, al aumentar en 23.204 (1,74%) y el femenino en 1.925.313, al incrementarse en 60.260 (3,23%) en relación al mes de diciembre. Si lo comparamos con enero de 2018, el desempleo masculino baja en 115.031 (-7,8%) personas, y el femenino se reduce en 75.736 (-3,78%).

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años ha bajado en términos interanuales un 4,01%. En enero se incrementa en 10.252 personas (4,15%) en relación con el mes anterior, mientras que entre las personas de 25 y más años el paro sube en 73.212 (2,48%).

El paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (19.996), Madrid (11.308) y Comunidad Valenciana (9.369).

Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en Construcción, en 6.896 (-2,48%) y en el colectivo sin empleo anterior, en 1.346 personas (-0,5%). Por el contrario, se incrementa en Agricultura, en 4.920 (3,55%), en Industria, en 1.202 (0,42%) y en Servicios en 85.584 (3,84%).

Número total de contrataciones

El número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.858.077. Lo que supone un incremento de 108.166  (6,18%) sobre el mismo mes del año 2018. De ellos, 181.348 eran contrataciones indefinidas y 1.676.729 eran contratos temporales.

Respecto a la contratación indefinida, en enero se han registrado 181.348 contratos de carácter indefinido, lo que supone un incremento de 8.395 (4,85%) sobre igual mes del año anterior.
Los contratos indefinidos de enero se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 115.706 a tiempo completo y 65.642 a tiempo parcial.

En enero se han firmado 323.194 contratos con trabajadores menores de 25 años, de los que 23.445 (el 7,25%) eran contratos indefinidos. Los contratos indefinidos firmados por menores de 25 años se han incremento respecto al mismo mes del año anterior en un 7,16%.

Prestaciones

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el mes de diciembre del 60,4%, lo que supone un aumento de 1,83 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2017.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en diciembre han sido 1.835.488, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior.

El importe de la nómina a diciembre de 2018 ha sido de 1.524,4 millones de euros, un 2,1% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.

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En los últimos doce meses la Seguridad Social incorpora 537.269 afiliados más

7 de febrero, 2019

El Sistema se sitúa en 18.819.300 afiliados medios en el último mes

En los últimos doce meses la Seguridad Social incorpora 537.269 afiliados más

Lunes 4 de febrero de 2019 lamoncloa.gob.es

El número medio de afiliados a la Seguridad Social registró en enero una cifra total de 18.819.300, tras crecer en los últimos doce meses en 537.269 trabajadores. Se trata de la cifra más alta de afiliados en un mes de enero desde 2008.
Como es habitual, enero refleja el impacto del fin de la campaña navideña y baja en 204.865 ocupados, con un retroceso más intenso en los sectores del Comercio y la Hostelería.

Se trata de un  descenso más acusado que en enero de 2018, si bien es cierto que este pasado mes de diciembre fue el de mayor crecimiento de trabajadores de los últimos 11 años y que elevó la cifra de afiliados por encima de los 19 millones.

Si se descarta el componente estacional, la afiliación crece en este primer mes en 38.179 personas, en línea con la tendencia de los últimos meses.

El comportamiento de la afiliación en el mes de enero refleja una tendencia similar a la media de los últimos años. De 2009 a 2019 la pérdida media del número de ocupados en el mes de enero ha sido de 230.646.

Respecto a 2018

En relación al año pasado, el Sistema ganó 537.269 trabajadores, el 2,94%, destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 496.562 (3,30%). El crecimiento alcanza el 3,58% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar).

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumentó un 1,27%, lo que se traduce en un crecimiento de 40.480 personas. El Régimen del Mar creció el 1,63%  (981) y el Carbón registró un descenso de 753 (-31,37%).

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas. Destacan en cifras absolutas los incrementos de Madrid (116.942), Andalucía (94.829), Cataluña (94.512) y Comunidad Valenciana (64.560).

Respecto a diciembre

El Régimen General registró un descenso de 182.808 personas  en enero (-1,16%), hasta situarse en 15.522.075 ocupados.

En enero, la afiliación bajó en términos absolutos principalmente en Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con -39.131 ocupados, Hostelería (-38.246), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, con -36.650 y Administración Pública y defensa, Seguridad Social Obligatoria (12.746) y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con -10.075.

En cuanto al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena del Régimen General gana 1.062 afiliados medios, hasta situarse ahora en 812.344 personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del  Hogar decreció en 3.048  y ahora alcanza los 407.587 ocupados.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.234.373 personas, tras decrecer en 20.291 en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar, descendió en 1.415 ocupados hasta situarse en 61.204 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 1.648 afiliados medios tras descender en 351 personas.

Por CCAA, el número de afiliados en enero bajó en mayor medida en Madrid (-31.138), Comunidad Valenciana (-30.555), Andalucía (-22.633) y Galicia (-13.737).

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La Audiencia Nacional rechaza el incidente de nulidad de la causa contra los acompañantes de Carles Puigdemont por delito de encubrimiento

6 de febrero, 2019

Lunes, 4 de febrero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional rechaza el incidente de nulidad de la causa contra los acompañantes de Carles Puigdemont por delito de encubrimiento

Los mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 al entender que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por los dos mossos de Esquadra investigados junto al empresario J.M.M. y J.L.A., por delito de encubrimiento en relación con  la ayuda y asistencia prestada a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo del año pasado a raíz de una euro-orden activada dos días antes por el juez instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena.

Los dos mossos recurrieron la decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 en la que desestimaba el incidente de nulidad, que presentaron al entender aquellos que los hechos que se investigan tuvieron lugar en territorio de la República Federal Alemana y no se dan los requisitos de perseguibilidad previstos en el artículo 23.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que pueda conocer de los mismos, pues no se ha formulado querella por la Fiscalía ni constituyen delito en Alemania.

Después de analizar el mencionado artículo, los jueces señalan que los hechos investigan la naturaleza de la ayuda y asistencia que prestaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania para que eludiera la causa que se siguiera en el Tribunal Supremo y para sustraerse a la busca y captura acordada. “Por lo tanto se habrían cometido también en territorio español”, señala la Sala, pues al menos los dos mossos y J.L.A. “habían partido de España para reunirse con Puigdemont en Bélgica, los dos primeros, y en Helsinki el segundo”.

Se trata, explica el auto, de dos mossos en activo que se desplazaron desde Barcelona a Bélgica mientras disfrutaban de permiso “para prestar la asistencia que necesitare”. El tercero, que ocupaba el cargo de asistente técnico de Presidencia y Comisario de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona, se desplazó a Helsinki para estar junto a él en un acto en la universidad y decidió acompañarle por carretera hasta Bélgica, continúa la resolución, “en el viaje que aquel emprendía para presentarse ante las autoridades judiciales de dicho país, en lugar de volver a España en el vuelo que tenía comprado Helsinki-Barcelona”.

“Cuando se iniciaron las actuaciones había indicios de que los investigados podrían haber actuado con abuso de funciones públicas -dada su pertenencia a la policía autonómica catalana y cargo en la Diputación Provincial de Barcelona- para ayudar al sr. Puigdemont a sustraerse a la acción de la Justicia española, habiendo iniciado los hechos ejecutivos del delito de encubrimiento en España, lo que haría innecesaria la concurrencia de los requisitos de perseguibilidad establecidos en el artículo 23 de la LOPJ”, afirma la Sala.

Añade el Tribunal, que de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo sobre el  principio de ubicuidad, “el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo”, y será el juez que primero haya iniciado actuaciones el competente para su instrucción, en este caso, el Juzgado Central  6 de la Audiencia Nacional.

“Entre tanto, se puede recabar la información precisa acerca de la punibilidad de los hechos en Finlandia, Dinamarca o Alemania para el caso de demostrarse en la investigación abierta que ninguno de los actos ejecutivos del encubrimiento fue realizado en España”, destaca el auto.

Apunta la Sala que también la Fiscalía podría interponer una querella de considerarlo procedente, si bien el hecho de que iniciara diligencias de investigación que cesó para remitírselas al juzgado de instrucción y de que haya venido sosteniendo la acción penal a lo largo de todo el procedimiento, “evidencian su voluntad de que el proceso continúe hasta sentencia y hacen la función de dicho acto procesal”.

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“CCOO denuncia que mientras el empleo aumenta la precariedad y la temporalidad sigue avanzando”

5 de febrero, 2019

“CCOO denuncia que mientras el empleo aumenta la precariedad y la temporalidad sigue avanzando”
Aunque los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) cierran 2018 en su mínimo desde hace una década, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, advierte que “no nos debemos dejar nublar por estos datos porque la estadística señala que la precariedad, los contratos temporales, la jornada parcial y los falsos autónomos siguen creciendo”. “Se deben modificar de forma inmediata los aspectos más lesivos de la reforma laboral que hemos acordado con el Gobierno”.
29/01/2019. ccoo.es
Lola Santillana ante los datos de la EPA del 4º trimestre de 2018
Según los datos el cuarto trimestre de 2018 hay más población trabajando con contrato temporal o a jornada parcial que un año antes: hay 4,4 millones de personas con un contrato temporal y 2,9 millones trabajando a jornada parcial (la mayoría de forma involuntaria). La tasa de temporalidad se sitúa en el 27% (la tasa más alta en un cuarto trimestre desde 2008) y la jornada parcial afecta al 16% de la población asalariada. En términos interanuales el empleo temporal aumenta en 167.000 personas y la población ocupada a jornada parcial aumenta en 89.000 personas

Lola Santillana ha advertido que la EPA confirma que más de la mitad de las personas desempleadas son parados de larga duración y que la tasa de jóvenes en desempleo es del 34%, por lo que ha exigido que “las prácticas no laborales deben tener un contrato”.

Además, ha señalado que la Mesa de Diálogo Social debe abordar las propuestas de CCOO para que la pobreza y el desempleo dejen de tener cara femenina ya que actualmente el crecimiento en el empleo se produce fundamentalmente en los hombres.

Por último, Lola Santillana ha denunciado que la ocupación está aumentando gracias al empleo público “a este país le falta un compromiso serio de los empresarios por la inversión y la creación de empleo”, ha concluido.

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El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años

4 de febrero, 2019

29 de enero de 2019

mineco.gob.es

El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años

En 2018 el número de ocupados aumenta en 566.200 personas y se sitúa por encima de los 19,5 millones
La creación de empleo se acelera en el cuarto trimestre, registrando el mayor incremento en ese periodo desde principios de 2016
El paro disminuye en más de 462.000 personas, el 12,28% en tasa interanual y se sitúa en el 14,45%, con un descenso de 2,1 puntos en el último año
El número de hogares con todos sus activos en paro disminuye en 157.100 y aumenta en 355.400 el de hogares con todos sus activos ocupados

 

El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más elevada de los tres últimos años y superior al crecimiento económico previsto, lo que pone de manifiesto la solidez de la economía española y su capacidad para generar empleo.

Al cierre de 2018 se superaron los 19,5 millones de ocupados, tras aumentar 566.200 en el último año, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La creación de empleo se aceleró en el cuarto trimestre, registrándose el mayor incremento desde principios de 2016.

El empleo asalariado aumentó en 531.000 personas en este periodo, con un mayor protagonismo de la contratación indefinida, con 363.700 personas frente a la temporal, con 167.300. Asimismo, en estos doce meses el empleo a tiempo completo ha subido en 476.800 personas, reduciéndose el número de empleos a tiempo parcial involuntarios en 80.200.

Por sectores, se crea empleo principalmente en Servicios, con 428.100 ocupados más, seguido de Construcción, con 136.300 y Agricultura, con 4.900. Por el contrario, el sector Industrial registra en el último año 3.000 ocupados menos.

La creación de empleo en 2018 ha sido generalizada en todas las Comunidades Autónomas. Destaca la positiva evolución de Andalucía, con 118.600 ocupados más, la Comunidad de Madrid con 108.600 y Cataluña, con 75.000.

Por sexo se acelera la creación de empleo tanto entre hombres como entre las mujeres, con tasas de crecimiento similar del 3% y 2,9% respectivamente.

El paro se reduce al 14,45% en 2018

El desempleo se reduce en 462.400 personas en los últimos doce meses, situándose en 3.304.300. En el cuarto trimestre de 2018 el paro ha caído a una tasa interanual del 12,28%. Con esta reducción la tasa de paro desciende más de dos puntos en el último año y se sitúa en el 14,45%, la menor desde finales de 2008.

La tasa de paro femenina sigue siendo mayor, situándose en el 16,26% frente al 12,87% de la masculina, reduciéndose ambas más de dos puntos en el último año.

Baja el paro en todos los sectores, principalmente en servicios (64.100 parados menos), seguido de agricultura (-25.900), construcción (-19.200) e industria (-2.900).

En este periodo el paro desciende en 281.100 personas entre los que perdieron su empleo hace más de un año y se reduce en 69.300 entre las personas que buscan su primer trabajo.

En el último año, el número de hogares con todos los activos en paro se ha reducido en 157.100, mientras que los que tienen a todos sus miembros ocupados ha aumentado en 355.400.

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El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’ y descarta que su caso sea equiparable al del disidente turco Selahattin Demirtas

4 de febrero, 2019

Lunes, 28 de enero de 2019 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a los encausados por el ‘Procés’ y descarta que su caso sea equiparable al del disidente turco Selahattin Demirtas

En un nuevo auto, refuerza las razones que justifican la prisión y señala las diferencias entre la situación que afecta a los líderes del ‘Procés’ y la del disidente turco amparado por el TEDH Selahattin Demirtas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal del llamado ‘caso Procés’ ha rechazado las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas en sus escritos de defensa por los nueve procesados que permanecen en prisión. Equiparaban su situación a la del líder político turco Demirtas, a quien el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018. En línea con esta sentencia, las defensas de los acusados entendían que la Sala Segunda no había motivado suficientemente la no adopción de medidas alternativas a la prisión preventiva.

La resolución que hoy ha sido notificada descarta ese déficit de motivación: “Sostener que la Sala no se ha pronunciado acerca de la suficiencia de posibles medidas alternativas a la prisión -argumentan los magistrados-, sólo puede ser resultado de una lectura precipitada de resoluciones dictadas con anterioridad. En efecto, en nuestro auto de fecha 26 de julio de 2018, en respuesta a la solicitud de sustitución de la prisión preventiva por fórmulas menos gravosas, como las comparecencias apud acta, el control telemático, o la vigilancia policial, se decía textualmente: «las firmas diarias pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga. El control policial puede relajarse o presentar fallos involuntarios que permitan la huida. Los dispositivos de rastreo telemático atenúan su eficacia en un ámbito territorial en el que rige la libertad de fronteras y la libre circulación de personas, por más que su utilización permitiría conocer el itinerario seguido por el procesado para sustraerse al llamamiento para el juicio oral».

Infraestructura en el extranjero que intensifica el riesgo de fuga

Para el Tribunal Supremo el riesgo de fuga sigue siendo intenso: “es un hecho notorio la existencia fuera del territorio español de estructuras de poder organizadas, puestas al servicio de aquellos procesados que han tomado la determinación de sustraerse al llamamiento de esta Sala. De hecho algunas autoridades y miembros actuales del Gobierno y el Parlamento de Cataluña -como han publicitado ampliamente los medios de comunicación- se han desplazado para mantener reuniones con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía. Esta realidad intensifica claramente el riesgo de fuga, pues pone de manifiesto la existencia de cierta infraestructura en el extranjero -con presencia, insistimos, de procesados en esta causa ya huidos de la justicia- que podría facilitar la fuga de los procesados”.

El auto dictado hoy recuerda que la doctrina de Estrasburgo para valorar el riesgo de fuga exige ponderar la existencia de «contactos en el extranjero» que puedan facilitar la huida.

El caso Demirtas no es comparable al de los presos del ‘Procés’

Rechaza la Sala la comparación entre la situación de los políticos catalanes presos y la del opositor turco a que se refiere el Tribunal Europeo: “conviene destacar, por otra parte, un dato que singulariza y distingue las dos situaciones que las defensas, en su legítimo discurso impugnativo, pretenden igualar. El Sr. Demirtas era un líder opositor cuyo encarcelamiento -sin entrar en otro orden de consideraciones acerca de las notas definitorias del sistema jurisdiccional turco y de la pervivencia de preceptos penales difícilmente conciliables con el Convenio de Roma- podía llegar a implicar una ruptura de la legitimidad democrática”.

Sigue razonando el Tribunal Supremo: “los hechos que delimitan el objeto de la presente causa especial no se atribuyen por el Fiscal, el Abogado del Estado y la acusación popular a líderes de la oposición. Antes al contrario, la mayor parte de los procesados eran líderes políticos integrados en el Gobierno de una comunidad autónoma en la que asumían la máxima representación del Estado en ese ámbito territorial. No expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos. Los políticos cautelarmente privados de libertad, cuya situación las defensas identifican con el cautiverio del Sr. Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder autonómico. La pretendida equiparación entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el encarcelamiento del opositor turco que está en el origen de la sentencia del Tribunal Europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento. No existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad democrática profesan los recurrentes, sostiene ahora al mismo gobierno autonómico y está presente en las instituciones de las que la mayoría de los procesados formaban parte. No está en cuestión una forma de pensar, una concepción rupturista de las relaciones entre los poderes del Estado. El día a día de la actividad política enseña la libertad con la que esas ideas son defendidas en las instituciones y en los foros nacionales e internacionales de debate político”.

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El cobarde sólo amenaza cuando está a salvo. Goethe

3 de febrero, 2019

Goethe

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La Sala del TS que enjuiciará el caso del ‘Procés’ notifica el auto de admisión de prueba y fija para el 12 de febrero el inicio de la vista

2 de febrero, 2019

Viernes, 1 de febrero de 2019  poderjudicial.es

La Sala del TS que enjuiciará el caso del ‘Procés’ notifica el auto de admisión de prueba y fija para el 12 de febrero el inicio de la vista

El tribunal admite entre los testigos al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo ha dictado hoy el auto en el que se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada ‘causa del Procès’. Entre los centenares de testigos que el Tribunal acepta figura el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el lehendakari Iñigo Urkullu, el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exdelegado de Gobierno en Cataluña, Enric Milló. Además comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el «testigo por sustitución».

Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.

Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que «…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta».

Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.

No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que «La Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional».

Juicio televisado en directo

Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que «las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar «…sobre los hechos objeto de acusación». En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos».

El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados: «el mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados».

Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes».

Se acepta también una amplísima prueba documental así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas.

El juicio dará comienzo el día 12 de febrero.

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El CGPJ nombra a Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

1 de febrero, 2019

Jueves, 31 de enero de 2019  poderjudicial.es

El CGPJ nombra a Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, fue secretario general del CGPJ de 1999 a 2013

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al magistrado Celso Rodríguez Padrón nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cargo vacante tras renuncia del anterior presidente, Francisco Javier Vieira Morante, quien ha pasado a desempeñar un nuevo puesto judicial.

Celso Rodríguez Padrón ha obtenido el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno. La magistrada Gemma Gallego ha obtenido 5 votos y un voto el magistrado Jesús Gavilán. Se ha producido un voto en blanco.

El nombramiento de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el primero de los nombramientos discrecionales que el pleno del CGPJ efectúa tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estableció la obligatoriedad de una mayoría cualificada de tres quintos de los miembros del pleno del CGPJ para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia.

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ingresó en la carrera judicial en 1988, siendo su primer destino como juez el juzgado de primera instancia e instrucción de Valverde del Camino, en la provincia de Huelva.

Ascendió a magistrado en 1990, siendo destinado al juzgado de primera instancia 35 de Barcelona, desde donde se trasladó en septiembre de 1991 al juzgado de instrucción 4 de Vigo.

Desde enero de 1995 a septiembre de 1998, Rodríguez Padrón fue Letrado al servicio del Consejo General del Poder Judicial, en la Sección de Selección de la Escuela Judicial.

Se reincorporó al servicio activo en la Carrera Judicial, pasando a ocupar plaza en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla, plaza que había obtenido en concurso de traslado en mayo de 1997.

El 2 de junio de 1999, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le nombró Secretario General del CGPJ, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2013.

Desde esa fecha, Celso Rodríguez Padrón es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, en el orden penal.

Ha sido representante del Poder Judicial español en numerosos encuentros internacionales (Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, Asamblea General de la Red Europa de Consejos del Poder Judicial…) y en condición de experto ha participado en programas internacionales de apoyo y fortalecimiento de distintos poderes judiciales de Europa e Iberoamérica (Bulgaria, Albania, Centroamérica…)

Ha sido profesor contratado de la asignatura Práctica Procesal en la Universidad Europea de Madrid y profesor en los cursos de práctica jurídica (Practicum) de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad San Pablo-CEU.

Ha pronunciado más de cincuenta conferencias y ha colaborado en una treintena de publicaciones jurídicas. Es autor del libro “La conformación del Poder Judicial”.

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El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico

31 de enero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 3/2019
El TC avala que los actos de aviso y de notificación de resoluciones judiciales tienen distinto régimen jurídico
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, contra el último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción incorporada por el artículo único, apartado diecisiete, de la Ley 42/2015, de 5 de octubre) que señala “(…) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida”. Este precepto es de aplicación supletoria en el orden jurisdiccional social por remisión de la normativa procesal laboral.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Ricardo Enríquez, explica que “el acto de comunicación y el aviso, que carece de la garantía de autenticidad, discurren bajo dos regímenes jurídicos distintos que no permiten ser confundidos”.
El tribunal castellano leonés planteó la cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto desvincula la validez de la notificación de un acto de comunicación ya practicada con el incumplimiento de la obligación que tiene a su vez el órgano judicial de enviar un aviso al destinatario para que sepa que se ha producido dicha notificación.
El caso estudiado por la Sala Social era el siguiente: un graduado social facilitó a un juzgado una dirección de correo electrónico para recibir el aviso de que se le había comunicado una resolución judicial, pues así consta en el art. 152.2 de la LEC cuando dice “el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones”. Merced a esa confianza el graduado social prescindió de consultar su buzón del sistema LexNET al que se le remitió la notificación de la sentencia y no pudo presentar el correspondiente recurso de suplicación porque se le había pasado el plazo al desconocer dicha notificación.
El Tribunal Constitucional explica que “el aviso representa un acto procesal efectuado por la oficina judicial, de carácter accesorio, que ayuda o facilita el conocimiento del hecho de haberse practicado un acto de comunicación, pero a cuyo acceso efectivo el aviso no coadyuva sino que exige la utilización del canal electrónico habilitado para el profesional”.
La sentencia tampoco acepta el argumento del TSJ de Castilla y León cuando dice que la utilización cotidiana por los profesionales de la justicia del sistema LexNET entraña una carga “desproporcionada”. En este sentido, el Tribunal señala que “no se alcanza a ver qué obstáculo legal para el bienestar de procuradores, graduados sociales o abogados, puede suponer que el legislador sustituya el régimen presencial diario en la recepción de los actos de comunicación imperante antaño, por otro de naturaleza electrónica al que puede accederse desde diversos dispositivos y en lugares diferentes, para comodidad de la persona, protegido dicho acceso con una serie de garantías dentro de la plataforma habilitada”.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, quien considera que se debería haber declarado la inconstitucionalidad y nulidad del último inciso del párrafo tercero del art. 152.2 LEC. A su juicio, la norma cuestionada es irrazonable y arbitraria, generando una indefensión prohibida por el art. 24.1 CE, ya que establece la potestad del ciudadano de solicitar del órgano judicial que se le avise por correo electrónico de la remisión de un acto de comunicación, imponiendo una correlativa obligación del órgano judicial de proceder a realizar dicho aviso, pero, de manera incoherente, hace recaer los perjuicios que origina el incumplimiento de esa obligación sobre el ciudadano que padece la anomalía, al establecer que en cualquier caso, y aunque no se haya verificado el aviso por parte del órgano judicial, el acto de notificación tendrá plena validez.
Madrid, 25 de enero de 2019

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El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña

30 de enero, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa nº 2/2019
El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de voluntades anticipadas de Cataluña
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el art. 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, que introduce la disposición adicional tercera del libro IV del Código Civil de Cataluña, por la que se crea y regula el Registro electrónico de voluntades digitales. La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala que “se trata de un registro jurídico de derecho privado, que solo puede ser establecido por el Estado, al amparo de su competencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos (art. 149.1.8 de la Constitución)”.
La resolución judicial explica que el Registro electrónico de voluntades digitales “no aparece configurado como un mero instrumento registral de carácter administrativo, ligado a la competencia sustantiva en materia de derecho civil que la comunidad autónoma tiene estatutariamente asumida”. Se trata, por el contrario, “de un registro público privado en el que han de inscribirse para su validez los documentos de voluntades digitales, en defecto de disposiciones de última voluntad”.
Los preceptos impugnados por el Gobierno de Rajoy de la Ley autonómica 10/2017 permitían a los ciudadanos con vecindad civil catalana ordenar el destino de su patrimonio digital en caso de muerte no sólo mediante testamento, codicilo o memoria testamentaria sino también en ausencia de esas disposiciones de última voluntad, por medio del documento de voluntades digitales, que despliega efectos jurídicos sustantivos sobre las relaciones privadas en virtud de su inscripción en dicho registro.
Por tanto, el Tribunal subraya que “la normativa impugnada excede de la competencia meramente ejecutiva que la Comunidad Autónoma ostenta (art. 147 EAC) en relación con los registros públicos de derecho privado a que se refiere el art. 149.1.8 de la Constitución”.
En consecuencia, “su ordenación es competencia exclusiva del Estado”.
El Pleno, en consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos:
– La redacción del art. 6 de la ley al art. 411.10.3, letra b) del libro cuarto del Código Civil “Si la persona no ha otorgado disposiciones de última voluntad, un documento que debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 8, en cuanto a la redacción dada al art. 421.24.1 del libro cuarto del mismo
Código, en el inciso “y, en defecto de estos instrumentos, en un documento de voluntades digitales, el cual necesariamente debe especificar el alcance concreto de su actuación. Este documento debe inscribirse en el Registro electrónico de voluntades digitales”.
– Del art. 11, que añade al mismo Código la disposición final quinta del libro cuarto.
– De la disposición final primera.
La sentencia cuenta con un voto particular formulado por la Magistrada Encarnación Roca quien considera que la naturaleza de este tipo de registro es administrativa y que la Generalitat de Cataluña ostenta competencia legislativa para crearlo y ordenarlo. En su opinión, “el hecho de que la eficacia de las voluntades digitales se produzca después de la muerte de la persona y que a tales disposiciones se les denomine de manera semejante a las testamentarias no significa que tengan tal naturaleza testamentaria, ni que deban custodiarse en un registro civil de los que contempla el art. 149.1.8 CE”. Es más “incluso en el caso de que sí que la tuviera, no genera ningún problema de relación o coexistencia porque la ley catalana establece la incompatibilidad entre ambos instrumentos y limita la eficacia del documento de voluntades digitales a la falta de testamento”.
Madrid, 23 de enero de 2019

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El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

29 de enero, 2019

El director general para la Memoria Histórica se reúne con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias

28 de enero de 2019  mjusticia.gob.es

Beatriz Corredor con Fernando Martínez
 
El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor

El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, y el coordinador de actividades culturales de dicha formación, Óscar Martín, con motivo de la programación de actos de conmemoración de los 80 años del exilio republicano español que prepara el Gobierno. Por parte del Ministerio, han asistido a la reunión, la directora de División de Coordinación Administrativa y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Memoria Histórica, Socorro Prous, y Eduardo Ranz, asesor de la ministra de Justicia.

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Концертные вариации на тему русской народной песни «Валенки». “Valenki”

29 de enero, 2019

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La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

29 de enero, 2019

Viernes, 25 de enero de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma la sanción de 200.000 euros a Òmnium por tratar datos ideológicos para la encuesta del 9-N

El tribunal considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la multa de 200.000 euros que impuso la Agencia de Protección de Datos a la entidad Òmnium Cultural por vulnerar la Ley de Protección de Datos, al tratar datos ideológicos de los ciudadanos catalanes en una gran encuesta realizada los meses previos a la consulta del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal rechaza el recurso presentado por Òmnium contra la sanción porque considera probado que trataron datos personales de ideología y que eran unos datos sensibles o especialmente cualificados que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular para ser objeto de tratamiento.

Los hechos ahora analizados se remontan a los meses de octubre y noviembre de 2014, cuando las entidades ANC y Òmnium promovieron la campaña “Ara és l’ Hora” para realizar una encuesta que denominaron ‘gigaencuesta’ en todo el ámbito de Cataluña y que afectaba a 3 millones de domicilios.

Para realizar la encuesta se habilitó un formulario de 6 preguntas que comenzaba con “Si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16 .000 millones de euros más, ¿Cómo piensa que se debería gastar?”, la segunda pregunta empezaba declarando que “si construimos un país nuevo estará en nuestras manos decidir cómo deben ser los servicios públicos”; en la tercera, con carácter previo: “construir un nuevo país nos permitiría partir de cero y renovar la democracia”. Y la última pregunta, “¿Irá a votar el día 9 de noviembre?” con tres posibles respuestas: “A) iré a votar y ya tengo decidido mi voto; b) Iré a votar y ya decidiré mi voto y C) no iré a votar”.

30.000 voluntarios realizaron las encuestas “puerta a puerta”

La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso recoge como la gigaencuesta se desarrolló por dos vías: por correo postal y a través de 30000 voluntarios que se dividieron por áreas geográficas, con visitas “casa a casa” organizadas por municipios, distritos y zonas. Los encuestadores, explican los jueces, “cumplimentaban los formularios de aquellos ciudadanos que así lo deseaban. Si los encuestados no abrían la puerta o no querían o no podían responder pero se apreciaba “receptividad”, se preveía la posibilidad de entregar el folleto o depositarlo en el marco de la puerta para que dichos encuestados lo remitieran por correo”.

Para efectuar el registro de los datos, Òmnium creó un fichero y era el destinatario de las respuestas recibidas tanto por correo como por los voluntarios, que se entregaban en los 20 locales que tenía la entidad repartida por toda Cataluña. Finalizada la encuesta en cada ámbito geográfico, la documentación se procedía a su mecanización a través de una aplicación facilitada por ANC.

La Agencia de Protección de Datos abrió una inspección y accedió a la aplicación informática desarrollada donde figuraban un total de 82.814 encuestas, que incluían tanto respuestas como datos personales de los encuestados. Las encuestas en papel almacenadas incluían un resumen, cumplimentado a mano, donde figuraba “el número de puertas que no abren, o que no quieren hacer la encuesta, además de la lista de edificios a visitar (calle, número y total de puertas). Figuran además una serie de anotaciones manuscritas referentes a cada una de las viviendas visitadas con indicaciones concretas (no irá a votar, no es legal, no interesa, no quiere atender, no abren, dejar a la encuesta, no quieren hacerla…)”.

La AEPD concluyó que se había producido una vulneración del artículo 7.2 de la LOPD, tipificada como muy grave en el artículo 44.4b) de la citada Ley.

Se trataron datos personales de ideología, con posibilidad de identificar a los encuestados

En línea con la Agencia de Protección de Datos y después de analizar la normativa nacional y europea el tribunal concluye que Òmnium sí hizo un tratamiento de datos de los encuestados que permitía asociar los datos a un domicilio concreto, “por lo que se puede llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos y no es posible apreciar la disociación en los términos previstos”. Frente al argumento de los recurrentes de que no se realizó fichero alguno, el tribunal considera que sí se realizaron criterios de archivo que posibilitaban la localización de los datos personales, “información que además fue obtenida con la finalidad de ser conservada para permitir su utilización posterior, según se expone en el propio formulario/ encuesta”.

Òmnium en su recurso también planteaba la ausencia de datos de ideología. Un argumento que tampoco comparte LA Sala, al considerar acreditado que para rellenar el cuestionario había que partir previamente y aceptar implícitamente “el posicionamiento ideológico que deriva de tal formulario, que no es otro que el favorable a la independencia de Cataluña respecto del Estado español”
La encuesta, según la Sala, se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica, “cuál es la independencia de Cataluña, con la necesariamente ha de estarse conforme pues en otro caso no es posible contestar la misma, o al menos en su integridad”.

Por todo ello, el tribunal concluye que sí se podía conocer si el encuestado apoyaba o no el proceso independentista y por tanto, se ha realizado un tratamiento de datos personales de ideología por parte de Òmnium que por ser especialmente sensibles, la ley requiere un reforzamiento a la hora de prestar el consentimiento del titular para ser objeto de tratamiento.

La sanción correspondiente por infracción muy grave se encontraría comprendida entre los 300.001 euros y los 600.000 euros. La Sala considera proporcionada la cifra de 200.000 fijada por la Agencia de Protección de Datos que tuvo en cuenta que cuando Òmnium y ANC fueron requeridos para que dejaran de utilizar ilícitamente los datos recabados las dos entidades eliminaron la información y, además, tras el requerimiento de la Agencia, separaron en las encuestas la parte relativa a las respuestas y la referida a los datos personales del encuestado y su consentimiento.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo recuerda a las entidades su deber de informar sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

28 de enero, 2019

Viernes, 25 de enero de 2019 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo recuerda a las entidades su deber de informar sobre los riesgos para el cobro de planes de pensiones

La sentencia aborda un plan de pensiones de modalidad de renta asegurada

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia del Pleno, ha hecho especial alusión a los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.

El caso que se estudia en esta sentencia, un plan de pensiones de renta asegurada, no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan de pensiones firmado y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los quince años.

Se adjunta nota informativa de la Sala.

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
STS 40/2019, de 22 de enero (Pleno). Recurso de casación 470/2016
Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación; especialmente, en la modalidad de “renta asegurada”
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo llama la atención, en esta sentencia del Pleno, sobre los deberes de transparencia e información que tienen las entidades de planes de pensiones acerca de los riesgos de las distintas modalidades del cobro de la prestación una vez producida la jubilación.
En el caso resuelto en esta sentencia, el padre de las demandantes había optado en el momento de su jubilación (2003) por la modalidad de cobro de su plan de pensiones en forma de renta asegurada mensual y fija durante quince años y había designado como beneficiaria, para el caso de muerte, a su esposa, que luego falleció en 2008, dos años antes que él. Las hijas del matrimonio pretendían que se condenara a la promotora y a la gestora del plan al pago de las rentas devengadas desde el fallecimiento de su padre (2010) hasta la finalización del periodo de los quince años (2018). El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, pero la Audiencia Provincial revocó su sentencia y entendió que la prestación se había extinguido con el fallecimiento del partícipe y de su esposa.
La Sala estima el recurso de casación. Considera especialmente exigibles los deberes de información y transparencia acerca de los derechos de los partícipes y las distintas modalidades de cobro de las prestaciones (percepción del capital en pago único, renta garantizada o rentas financieras cuya cuantía o duración no están garantizadas). Cada una de estas modalidades de cobro presenta ventajas y riesgos y la valoración de la mejor forma de cobrar dependerá en cada caso de las necesidades del beneficiario, para lo que es preciso que cuente con un conocimiento de los riesgos asociados a cada modalidad.
En este caso no consta una información adecuada sobre las características de las opciones de cobro del plan y, en particular, sobre la extinción del derecho a cobrar la renta garantizada si fallecían el partícipe y su esposa antes del plazo garantizado de los quince años.
La Sala considera que, al ser los planes de pensiones productos que se comercializan como una forma de ahorro, para un consumidor medio sin conocimientos específicos la misma expresión «renta asegurada» evoca la
garantía proporcionada por la promotora y la gestora del plan de que la renta se va a cobrar durante el plazo de quince años.
La entidad debe informar de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña esta modalidad de renta asegurada en caso de fallecimiento del beneficiario y de la persona a favor de la que se haya establecido la reversibilidad de los derechos antes del plazo fijado. Este riesgo, en un caso extremo, implicaría que, si al día siguiente de optar por esta modalidad de cobro, fallecieran en un accidente el pensionista y la persona a favor de quien se hubiera establecido la reversión (por ejemplo su cónyuge), se extinguiría por completo el derecho al cobro de la renta, es decir, la prestación propia del plan, sin que los hijos tuvieran ningún derecho sobre el ahorro acumulado.
Madrid, enero de 2019.
Área civil del Gabinete Técnico.

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El Tesoro logra la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros con un nuevo bono sindicado a 10 años

27 de enero, 2019

22 de enero de 2019

mineco.gob.es

El Tesoro logra la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros con un nuevo bono sindicado a 10 años

La cantidad solicitada ha superado los 46.500 millones de euros, la más alta recibida por un emisor soberano, subsoberano, supranacional o regional desde la creación de la moneda única
La elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la fortaleza de la economía española
Confianza corroborada por los inversores asiáticos, entre los que se ha distribuido un 11,8% de la transacción, la mayor participación de esta región en una sindicación del Tesoro desde julio de 2010
Se han adjudicado 10.000 millones de euros entre 410 cuentas inversoras de alta calidad y muy diversificadas

El Tesoro Público ha efectuado una emisión sindicada de un nuevo bono a 10 años por importe de 10.000 millones de euros. Las peticiones han superado los 46.500 millones de euros, la mayor demanda de la historia de un emisor público en euros. Desde la creación de la moneda única ningún emisor soberano, subsoberano, supranacional o regional ha registrado un volumen similar de solicitudes para una emisión de estas características.

Esta elevada demanda pone de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en la fortaleza de la economía española y refuerza el papel del Tesoro Público como un emisor de referencia.

Ambos aspectos se han visto corroborados por la participación de inversores no residentes, que ha alcanzado el 81,6% de la sindicación, consolidándose así la progresiva recuperación de cuentas que en los últimos años no participaban en las compras de deuda pública. Hay que resaltar la significativa demanda de inversores asiáticos, entre los que se ha distribuido un 11,8% de la transacción, la mayor participación en una emisión del Tesoro desde julio de 2010.

Destacan también Francia e Italia, con un 18,8% de la operación; Reino Unido e Irlanda; con un 15,9%; Alemania, Austria y Suiza, con un 10,5%; países Nórdicos, con un 9,1%, Estados Unidos y Canadá, con un 6,5%, y otros, con 9,2%.

Es, asimismo, especialmente significativa no sólo la sólida demanda sino también la calidad de las órdenes recibidas. Así el Tesoro ha podido asignar la emisión entre 410 cuentas muy diversificadas, tanto por tipo de inversor como por zonas geográficas.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a fondos de pensiones y aseguradoras (24,6%) seguido de tesorerías bancarias (23%), gestoras de fondos (22,4%) y bancos centrales e instituciones oficiales (14,4%). Otros inversores bancarios adquirieron el 8,7%, fondos apalancados el 5% y otros inversores un 2%.

El bono emitido hoy vence el 30 de abril de 2029 y tiene un cupón del 1,45%. La rentabilidad de la emisión se ha situado en 1,462%, equivalente a 65 puntos básicos por encima del tipo mid-swap (tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés).

Con esta primera sindicación del ejercicio 2019 de 10.000 millones de euros el Tesoro lleva cumplido un 15,8% de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (126.933 millones de euros).

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole CIB, HSBC France, J.P. Morgan Securities Plc y Société Générale han actuado como directores de esta emisión. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como codirectores.

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El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra el auto que confirmó su competencia para juzgar a los doce acusados del Procès

26 de enero, 2019

Martes, 22 de enero de 2019

poderjudicial.es

El Tribunal Supremo rechaza los recursos contra el auto que confirmó su competencia para juzgar a los doce acusados del Procès

La Sala remitió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo referido a los seis procesados a los que el fiscal sólo acusaba de desobediencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de enjuiciamiento de la causa del Procés ha desestimado los recursos de súplica presentados por los procesados Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Santiago Vila, así como por la acusación popular de Vox, contra el auto del pasado 27 de diciembre en el que la Sala Segunda del Supremo confirmó su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos (lo que afecta a 12 procesados) y remitió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya lo referido a los 6 procesados a los que el fiscal sólo acusaba de desobediencia.

En el caso de los cinco procesados que presentaron recurso de súplica, insistían en que su causa debía ser juzgada por el TSJ de Cataluña, mientras que la acusación popular recurría al considerar que el Supremo debía juzgar también a los acusados de desobediencia y no remitir esa parte al tribunal superior catalán.

La Sala destaca que las defensas incurren en un error doble en sus argumentos. De una parte, porque prescinden de una idea “sin la que los delitos de comisión plural o colectiva no pueden ser entendidos, a saber, que no todos los sujetos realizan por sí los elementos nucleares del tipo”. Y en segundo término, por identificar el delito de rebelión como delito de simple actividad en el que, en las propias palabras de los recurrentes, ‘…se supone que el lugar de comisión (…) debe radicar allí donde los supuestos rebeldes o sediciosos se hayan alzado violenta y públicamente’.

El tribunal indica que la consecuencia de ese erróneo análisis “sería la aplicación de la reduccionista teoría de la actividad como criterio para la solución de la duda competencial. Pero el delito de rebelión por el que el Fiscal y la acusación popular han considerado oportuno acusar a los procesados no es un delito de simple actividad. Es un delito de resultado cortado. La ausencia de este matiz conduce al equívoco de la defensa”, añade el auto.

Así, la Sala recuerda que en el delito de rebelión, cuando la finalidad perseguida sea la de ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’, “aunque tal lesión no acaezca, el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos partes cuya unidad se pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la lesión por efectividad del resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un efecto diferenciable ex post del resultado que se procura. Es el resultado mismo. No confunde, por tanto, la Sala, los efectos con los resultados”.

“Tampoco incurre en ese defecto el legislador que, al definir los límites de la jurisdicción penal española, en el artículo 23.3 c) LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) prescinde del «lugar de comisión» de la acción cuando se trata de los delitos de rebelión o sedición, en relación con los cuales atribuye siempre su conocimiento a la jurisdicción española, pues es el territorio español el escenario de su eventual resultado, por más que cortado”, explican los magistrados.

En cualquier caso, la Sala recuerda que la cuestión de la competencia del Tribunal no la determinan por considerar que existen méritos para proclamar determinados hechos como ocurridos, ni siquiera por tener por correcta su calificación como constitutivos de un delito de rebelión, ya que ello no es ahora objeto de valoración (lo será en el juicio y con la prueba que se practique), sino que han atendido al relato y la calificación recogidas en los escritos de acusación.

Sobre la alegación de Carme Forcadell en la que resalta que el resto de la Mesa del Parlament sólo está acusada de desobediencia, y que será juzgada por ello en el TSJ catalán, la Sala indica que la recurrente parece sugerir “la existencia de una identidad corporativa con consecuencias jurídico-procesales. Sin embargo, el derecho penal sólo conoce la responsabilidad por el hecho propio. No existe una responsabilidad solidaria ni un extravagante litis consorcio, en el que la pertenencia a uno u otro ente público sea la que determine la competencia del órgano jurisdiccional llamado al enjuiciamiento. Ni el Fiscal, ni la Abogacía del Estado, ni la acusación popular igualan en la exigencia de responsabilidades a la Sra. Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa”, resume, y añade: “La Sala ignora si ese tratamiento diversificado se corresponde o no con la realidad. Será la prueba practicada en el plenario la que resuelva lo que ahora no es objeto de valoración, pero que sí justifica un tratamiento competencial diferenciado”.

En cuanto al recurso de Vox contra la remisión de una parte de la causa al TSJ catalán, el Supremo se remite a las razones que dejó plasmadas en el auto recurrido en el que consideró esencial restringir el ámbito objetivo y subjetivo de la causa.

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El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

25 de enero, 2019

Jueves, 24 de enero de 2019

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo hipotecario

El Pleno de la Sala Primera se pronuncia sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura. En segundo lugar, se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.
Se adjunta nota informativa de la Sala

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
poderjudicial.es
Sentencias 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero.
Doctrina jurisprudencial sobre cláusulas abusivas: comisión de apertura, IAJD, aranceles de notario y registrador y gastos de gestoría
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.
En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura
Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (tanto la nacional como la de la Unión Europea), el Tribunal Supremo considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo.
Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido porque “es de general conocimiento entre los consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de las entidades bancarias; se trata de una comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”
En segundo lugar, la sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.
1- Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario. La declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros (notarios, gestores, registradores) dejen de percibir lo que por ley les corresponde.
2- El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
A- Arancel notarial.
La intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.
B- Arancel registral.
La garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto.
C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
La Sala reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y 148/2018, de 15 de marzo, cuya doctrina se corresponde con la de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre, que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala Tercera. A esta doctrina jurisprudencial común no le afecta el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna.
D- Gastos de gestoría.
También se impone el pago por mitad de los mismos.
Madrid, enero de 2019.
Área civil del Gabinete Técnico.

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España, primer país de la Unión Europea que desarrolla una Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes

24 de enero, 2019

España, primer país de la Unión Europea que desarrolla una Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes

Miércoles 23 de enero de 2019

lamoncloa.gob.es

7/08/2014

Con la elaboración de la Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes, España se convierte en el primer país de la Unión Europea que dispone de un marco único de notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad, superando así la disparidad de criterios anteriormente existentes en este campo.
La Guía Nacional de Notificación y Gestión de Ciberincidentes es un documento técnico que establece una referencia en el ámbito de la notificación y gestión de incidentes de ciberseguridad en  territorio español. Proporciona a los responsables de seguridad de la información directrices para reportar incidentes de ciberseguridad en las administraciones públicas, las infraestructuras críticas y operadores estratégicos de su competencia, así como el resto de entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información.

La Guía, que consta de ocho capítulos y cuatro anexos, establece un detallado esquema de notificación a partir de una serie de criterios de impacto recogidos en el documento, y cataloga los incidentes en cinco niveles de peligrosidad: crítico, muy alto, alto, medio y bajo. Como uno de sus principales avances, plantea un sistema de “ventanilla única” para la notificación de estos incidentes con el propósito de aumentar la eficiencia en el tratamiento de la información y optimizar los resultados.

El aspecto más innovador de la Guía es la presentación de una clasificación única de incidentes, en un ejercicio de concreción técnica, colaboración público-privada y coordinación entre múltiples actores. Concretamente, el documento relaciona 38 tipos posibles de incidente, enmarcados dentro de 10 clasificaciones diferentes, que vienen acompañados por una serie de descripciones y ejemplos prácticos para orientar las comunicaciones y ayudar al análisis, contención y erradicación del ciberincidente.

Sobre este marco común, la Guía posibilita la existencia de otros casos especiales, en función de la existencia de normas jurídicas que puedan exigir un esfuerzo extra a las organizaciones dentro de su ámbito de aplicación. Es el caso de aquellos operadores designados como “críticos” en aplicación de la Ley 8/2011, PIC, a quienes se añaden una serie de especificaciones adicionales, entre las que se cuentan comunicaciones obligatorias, contenidos mínimos a notificar, o ventana temporal de reporte.

Esta Guía integra todos los aspectos comunes requeridos técnicamente por los CSIRT nacionales junto a aquellos específicos propios del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

Además, se convierte en el eje fundamental que sustenta la implementación nacional, a través de la transposición de la Directiva NIS (RD-ley 12/2018), de la obligación de notificar ciberincidentes asignada a los operadores de servicios esenciales.

Intensa labor de coordinación

La Guía fue aprobada el 9 de enero por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, presidido por el secretario de Estado-director del CNI, Félix Sanz Roldán, e integrado por representantes de diferentes departamentos ministeriales, entre ellos Interior. Se trata de un órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional previsto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, en el ámbito de la ciberseguridad y en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

La elaboración de un documento de estas características requiere un intenso trabajo de coordinación ante la complejidad de relaciones, casuísticas y consecuencias derivadas de un incidente cibernético. Por ello, su desarrollo se considera una demostración de los avances nacionales en ciberseguridad y pone de relevancia el papel unificador que el Ministerio del Interior desempeña en esta materia, al ser el departamento que ha coordinado los trabajos.

La redacción de un documento integrado para el reporte y gestión de incidentes cibernéticos se comenzó a gestar en 2017, en el marco de la Mesa de Coordinación de Ciberseguridad que el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, tiene abierta con los operadores de servicios esenciales que forman parte del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que en la actualidad asciende a más de 170 empresas y organismos.

Dada la relevancia en la evolución de los trabajos, el Consejo Nacional de Ciberseguridad encargó en 2018 la elaboración, bajo la coordinación del CNPIC y con la participación del Centro Criptológico Nacional (CCN), el Instituto de Ciberseguridad Nacional (INCIBE) y el Mando Conjunto de Ciberdefensa, todos ellos centros de respuesta a incidentes de referencia a nivel nacional, de un documento integrado que diera respuesta a las diferentes casuísticas existentes, partiendo de los contenidos desarrollados inicialmente en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas.

La oportunidad de la Guía, para cuya redacción se creó un grupo de trabajo con los mencionados organismos públicos, y que ha contado con el concurso de expertos y responsables de seguridad de la información de los principales operadores de servicios esenciales españoles, viene dada por la necesaria adecuación a las exigencias del mencionado RD-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, aprobado recientemente, por el que se transpone la conocida como “Directiva NIS” (Directiva 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión).

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El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destaca que la mediación es “clave” para la modernización de la Justicia

23 de enero, 2019

Martes, 22 de enero de 2019
poderjudicial.es

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destaca que la mediación es “clave” para la modernización de la Justicia

Lesmes clausura el Día Europeo de la Mediación, que este año conmemora el vigesimoprimer aniversario de la Recomendación del Consejo de Europa sobre Mediación Familiar. Afirma que potenciar procedimientos alternativos de solución de conflictos contribuye a alcanzar el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha puesto de manifiesto la importancia de que las instituciones sigan impulsando la mediación como mecanismo alternativo para la resolución de los conflictos. La mediación, ha afirmado Lesmes, es “una forma de justicia económica, eficaz y rápida” y, como tal, es una herramienta eficaz para contribuir a la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva.

Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura del Día Europeo de la Mediación, que se ha celebrado hoy en el Consejo General del Poder Judicial y que ha contado con la presencia de la magistrada del Tribunal Supremo y vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Lourdes Arastey Sahún. Asimismo, entre otros, han asistido los vocales del CGPJ encargados de mediación: Rafael Mozo, Álvaro Cdfdruesta, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. Este año se conmemora el 21º aniversario de la aprobación por el Consejo de Europa de la Recomendación Número R (98)1 sobre Mediación Familiar, que supuso un hito en el impulso y desarrollo de la mediación a nivel europeo.

En opinión del presidente del Supremo, la mediación es un “elemento clave para la modernización de la Justicia” que contribuye a dar respuesta ante una de las demandas de la ciudadanía, como es la solución de sus conflictos. El desarrollo de este mecanismo, en el que el CGPJ está “plenamente implicado”, es una obligación que viene recogida en la Directiva 2008/52/CE, por la que la Comisión recomendó a los Estados miembros “intensificar sus esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación” y que el Parlamento Europeo hizo suya en septiembre de 2017.

Estas recomendaciones han llevado al Consejo de Ministros a aprobar en fechas recientes un Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación que, entre otras medidas, opta por reforzar la cualificación y especialización profesional de los mediadores. En definitiva, la mediación es una realidad cuyo avance y desarrollo no tiene marcha atrás.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ señala que en las sociedades democráticas modernas, el derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se traduce en el derecho a una sentencia legal; es también “el derecho a obtener una solución satisfactoria y eficaz de los problemas”. Los Estados, por lo tanto, deben preocuparse por poner a disposición de la sociedad diversos sistemas de resolución de conflictos, de tal forma que los ciudadanos puedan ocuparse de gestionarlos y, solo cuando eso no sea posible, acudan a la Justicia.

Diálogo y consenso

Tras recordar que la normativa europea no concibe la mediación ni otros procedimientos alternativos de solución de conflictos como “sustitutivos de los procedimientos judiciales”, Lesmes ha señalado que potenciar estas herramientas “y crear servicios para hacerlas realidad, es una vía perfectamente útil, y con resultados contrastados” para alcanzar el objetivo de acceder a la justicia; es decir, para garantizar el cumplimiento de un derecho fundamental.

Mejorando la calidad y los niveles de eficacia de la mediación, ha concluido Lesmes, “estaremos proporcionando a la sociedad una forma de alcanzar justicia basada en el diálogo y el consenso, elementos siempre conformadores de la convivencia pacífica a la que todos aspiramos”.

Desde hace años, el CGPJ ha dado muestras de su compromiso con el desarrollo de la mediación. Prueba de ello son los convenios firmados con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia; la colaboración institucional con las organizaciones representativas de los principales operadores jurídicos (fiscales, abogados, procuradores); o los acuerdos firmados con entidades, organizaciones, asociaciones y colectivos especializados.

El Consejo también ha trabajado en la formación de los jueces en materia de mediación, así como en la información y difusión de este mecanismo mediante la elaboración y distribución de material informativo y divulgativo.

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Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)

22 de enero, 2019

11 de enero de 2019
ine.es
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP)
Noviembre 2018. Datos provisionales
En noviembre se inscriben en los registros de la propiedad 170.271 fincas, un 9,4% más que en el mismo mes del año anterior
Las compraventas de viviendas inscritas aumentan un 2,8% respecto a noviembre de 2017
El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de noviembre es de 170.271, lo que supone un 9,4% más que en el mismo mes de 2017.
En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 85.348, con un aumento anual del 4,0%.

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El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2020

21 de enero, 2019

17 de enero de 2019

mineco.gob.es

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2020

El Fondo cuenta en la actualidad con más de 9.600 viviendas y desde su constitución se han realizado 10.244 contratos de alquiler

El Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar el acceso a una vivienda a familias vulnerables, se ha prorrogado hasta enero de 2020. Este fondo se puso en marcha en enero de 2013 con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras.

En la actualidad el Fondo cuenta con más de 9.600 viviendas. Desde su constitución hasta junio de 2018 se han tramitado 10.244 contratos de alquiler. Estos inmuebles, propiedad de las entidades de crédito, están destinados a personas y familias que han perdido su vivienda habitual, mediante un arrendamiento a precios reducidos, entre 150 y 400 euros al mes.

La prórroga ha sido acordada por el Ministerio de Economía y Empresa con el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, la Asociación Española de Banca, la Asociación Hipotecaria España, el Banco de España, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

El Fondo Social de Vivienda se creó con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social.

Al Fondo pueden acceder las personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que en el momento de la solicitud los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.

Asimismo, los solicitantes deberán encontrarse en uno de los siguientes supuestos de especial vulnerabilidad:
Unidad familiar con hijos menores de edad
Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo
Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones
Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género
Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social
Personas mayores de sesenta años
Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos
Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas

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