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I say a little prayer for you

17 de agosto, 2018

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Registro Mercantil de Madrid. Logo

15 de agosto, 2018

Registro Mercantil de Madrid

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Hacienda muestra su compromiso con la mejora de la financiación de las Comunidades Autónomas

15 de agosto, 2018

Hacienda muestra su compromiso con la mejora de la financiación de las Comunidades Autónomas

Jueves 9 de agosto de 2018 lamoncloa.gob.es

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de diálogo que el Gobierno central sostiene con las Comunidades Autónomas.
A la reunión también han asistido la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el consejero gallego de Hacienda, Valeriano Martínez.

Durante el encuentro, María Jesús Montero ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central en la mejora del modelo de financiación autonómico. En este sentido, ha destacado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya aprobó la constitución de un grupo de trabajo de perfil político para abordar la insuficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, uno de los problemas estructurales del modelo.

Montero también ha recordado durante el encuentro que las Comunidades Autónomas verán incrementados sus recursos en 2019. En concreto, las entregas a cuenta que se comunicaron en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera ascienden a 102.920 millones, un 7,23% más que en 2018. Si se incluye la liquidación del ejercicio 2017, los recursos totales suman 108.058 millones, un 4% adicional.

La ministra de Hacienda ha criticado que el cambio normativo en la gestión del IVA que aprobó el Gobierno anterior en 2017 haya supuesto que la liquidación de este impuesto en 2019 sea inferior a la cifra inicialmente prevista por las comunidades. En su etapa como consejera de Hacienda de Andalucía, Montero ya alertó de este efecto negativo y pidió medidas compensatorias.

La puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017 elevó en diez días el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones para las empresas acogidas a este nuevo régimen. El límite se estableció en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual. Este cambio normativo aprobado por el anterior gobierno provocó, en términos de caja, una menor recaudación de IVA para el año 2017, que afecta a la liquidación que se producirá en 2019.

Montero ha lamentado esta situación, que perjudica a todas las Comunidades Autónomas, y ha trasladado su compromiso de explorar una solución dialogada y multilateral. De hecho, el Ministerio de Hacienda viene trabajando desde el cambio de Gobierno en una propuesta que permita a las Comunidades Autónomas recuperar esos recursos. Actualmente, el departamento que dirige Montero está analizando los aspectos técnicos y jurídicos de la medida para revertir el efecto negativo que sobre las finanzas de las comunidades tendrá el próximo año el cambio en la gestión del IVA que aprobó el anterior Gobierno.

Lealtad institucional

Montero ha destacado durante la reunión que este Gobierno ha mantenido desde el primer día una postura leal con las Comunidades Autónomas y ha insistido en que el compromiso del Gobierno para mejorar la financiación de las comunidades autónomas es firme.

Ha recordado que la senda de estabilidad 2019-2021 que ha propuesto el Gobierno eleva el objetivo de déficit público del 1,3% al 1,8% del PIB para el próximo año. De esas cinco décimas adicionales, dos son para las Comunidades Autónomas, dos para la Seguridad Social y sólo una para la Administración Central.

En concreto, el objetivo para las Comunidades Autónomas en 2019 propuesto por Hacienda es del 0,3% frente al 0,1% del PIB fijado por el anterior Ejecutivo. Ello se traduce en un mayor margen para financiar servicios básicos como la sanidad o la educación.

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Más de 800 empresarios europeos se darán cita en Bruselas para reforzar su compromiso con el proyecto europeo

15 de agosto, 2018

Más de 800 empresarios europeos se darán cita en Bruselas para reforzar su compromiso con el proyecto europeo

5ª edición del Parlamento Europeo de Empresas

01 de Agosto 2018 camara.es

Parlamento Europeo de Empresas 2018
La delegación empresarial española en el Parlamento Europeo de Empresas estará liderada por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet
Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani y Donald Tusk intervienen en el acto
La situación actual del comercio internacional, la vuelta a posiciones proteccionistas, el Brexit y la escasez de mano de obra cualificada, principales temas que centrarán esta nueva edición

Madrid, 1 /8 /18. Más de 800 empresarios de 45 países europeos se darán cita el próximo 10 de octubre en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Con esta nueva edición del Parlamento Europeo de Empresas, las empresas del continente quieren renovar su compromiso con el proyecto europeo y elevar a los legisladores comunitarios su opinión sobre las políticas que afectan directamente a la actividad empresarial.

La delegación española está compuesta por 54 empresas y estará liderada por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

El Parlamento Europeo de Empresas, que adopta a partir de esta edición el formato de conferencia de alto nivel del Parlamento Europeo, está organizada por Eurochambres, la asociación de Cámaras de Comercio europea, la Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo.

En esta quinta edición contará con las intervenciones de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, del Consejo Europeo, Donald Tusk, así como la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el negociador principal de la Unión Europea del Grupo de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el Reino Unido, Michel Barnier.

La escasez de mano de obra cualificada, la situación actual del comercio internacional con la negociación de importantes acuerdos comerciales y de inversión con terceros países y el futuro de Europa son los temas más destacados que se tratarán en este encuentro.

Compromiso con Europa

Según ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, “el Brexit y el cuestionamiento que desde determinados grupos políticos se está haciendo del actual modelo europeo nos mueven a reivindicar el papel de la Unión Europea y a reforzar el compromiso de las empresas con este proyecto”.

“Por ello”, ha añadido José Luis Bonet, “esperamos mantener con los legisladores europeos un diálogo fluido y productivo, porque las empresas estamos obligadas a hacer que se escuche nuestra voz y a participar activa y constructivamente en todos los procesos de toma de decisiones que nos afectan”.

Encuentro con los eurodiputados españoles

Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación empresarial española será recibida por la Embajada de España en Bélgica y mantendrá un desayuno de trabajo con eurodiputados españoles con el fin de propiciar un acercamiento entre la comunidad empresarial y los legisladores europeos para propiciar un intercambio de opiniones sobre políticas y programas comunitarios de interés para las empresas. Asimismo, la delegación pretende poner en valor el papel de España en la escena comunitaria como cuarta potencia de la Unión Europea.

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Cámara de España y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo impulsarán la digitalización del pequeño comercio

14 de agosto, 2018

Cámara de España y Ministerio de Industria, Comercio y Turismo impulsarán la digitalización del pequeño comercio
Se prevé realizar actuaciones que ayudarán este año a 35.000 comercios

27 de Julio 2018 camara.es
Madrid, 27/7/18. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España impulsarán actuaciones orientadas a promover la modernización e innovación del comercio minorista, a través del convenio que han firmado ayer la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el Presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

Las actuaciones contempladas mejorarán la competitividad de 35.000 comercios en toda España con un presupuesto de 6 millones de euros. De esta cifra, la Dirección General de Política Comercial aportará 2,07 millones de euros y la Cámara de España un total de 3,9 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  El desarrollo de las medidas contempladas en el Convenio se realiza de manera coordinada con las Comunidades Autónomas y en colaboración con Diputaciones, Ayuntamientos y asociaciones del sector.

Actuaciones

La prioridad en 2018 es ayudar a la transformación digital del pequeño comercio para favorecer su adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo. Las acciones se desarrollarán en torno a cuatro tipos de actuaciones:

1.      Programa de Innovación Comercial

Realización de diagnósticos individualizados a pequeños comercio mediante un análisis sistematizado del establecimiento comercial, con el fin de proporcionar al comerciante una serie de recomendaciones de carácter estratégico, innovador y digital, para la renovación y optimización de la gestión de su establecimiento.

2.      Programa de Capacitación de innovación

Celebración de acciones colectivas de capacitación, con el objeto de incentivar y mejorar las habilidades de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas como el cliente digital, comercio electrónico, marketing digital, turismo de compras o técnicas de venta.

3.      Programa de Dinamización Comercial

Desarrollo de acciones promocionales innovadoras dirigidas a incentivar el consumo y las ventas en los diferentes subsectores de actividad, en los ejes comerciales, en los centros comerciales abiertos, en los mercados municipales con especial incidencia en visitantes y turistas y en campañas de promoción de ventas en el pequeño comercio con eventos orientados a promover sus valores de interés comercial.

4.      Mejora de la competitividad de las áreas comerciales urbanas y equipamientos comerciales ubicados en zonas de gran afluencia turística

Convocatoria pública para otorgar ayudas a la realización de proyectos de inversión e incorporación de soluciones tecnológicas que conlleven transformación en los equipamientos  singulares minoristas.

Desde 2013, se han dedicado un total de 22,6 millones de euros a la modernización del pequeño comercio, cifra que ha permitido apoyar a un total de 145.000  establecimientos para incrementar sus ventas y aumentar su nivel de competitividad, en un sector de gran importancia en la economía del país, ya que constituye el 5% del PIB, genera 1,9 millones de empleos con 573.676 establecimientos físicos de comercio minorista lo que representa el 15,5% del total.

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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia recurre la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián

13 de agosto, 2018

La CNMC recurre la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián

07 Ago 2018  nota de prensa  cnmc.es

La CNMC considera que la normativa aprobada en estas tres ciudades no protege adecuadamente a los ciudadanos.
La CNMC pidió a los tres ayuntamientos que modificaran los aspectos más problemáticos de sus normas para evitar la interposición del recurso contencioso-administrativo.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha acordado impugnar la reciente normativa urbanística municipal de Madrid, Bilbao y San Sebastián[i], al considerar que las normas de estos Ayuntamientos son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios.

La CNMC, antes de la impugnación, envió requerimientos previos a los tres Ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas, o para que, directamente, anularan esos requisitos.

De esta forma, la CNMC pretendía evitar tener que recurrir las normas ante los tribunales. Sin embargo, al no haber sido contestados satisfactoriamente, la CNMC ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

Normativa de Madrid, Bilbao y San Sebastián

En el caso de Madrid, la norma del Ayuntamiento exige una licencia para poder alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Por otro lado, establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos de la capital: en el distrito Centro, para toda clase de hospedaje, y en Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles para viviendas de uso turístico.

En el caso de Bilbao, solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, se exige autorización y registro para las viviendas de uso turístico y límites para las mismas. También se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial.

En el caso de San Sebastián, la normativa limita también las viviendas de uso turístico a las plantas bajas o primeras de los inmuebles salvo que tengan acceso independiente a la calle. Además, la normativa prohíbe nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

Efectos sobre la competencia

Todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados. Ello provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades.

La CNMC considera que estas medidas no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos. En ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos.

La legitimación de la CNMC

La CNMC puede impugnar ante los Tribunales de Justicia las disposiciones generales con rango inferior a Ley y que presenten obstáculos para que exista una competencia efectiva en el mercado, tal como establece el artículo 5.4 de la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva.

 

[i] El Acuerdo de 23 de enero de 2018 de la Comisión de Seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de febrero de 2018, de la ciudad de Madrid.

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao.

La Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico, aprobada el 1 de marzo de 2018 por el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.

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La tasa de paro bajará a final de año al 14,5% y se crearán 450.000 empleos en 2018

12 de agosto, 2018

La tasa de paro bajará a final de año al 14,5% y se crearán 450.000 empleos en 2018

Encuesta de población activa. segundo trimestre 2018

26 de Julio 2018 – camara.es

La ocupación y el desempleo consolidan su mejora gradual hasta los niveles del año 2008.
Cualquier revisión del marco laboral debería partir del consenso y orientarse a impulsar determinadas reformas estructurales en su funcionamiento.

Encuesta de población activa. segundo trimestre 2018

Madrid, 26/7/2018. La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística confirma la fortaleza de la economía española durante el primer semestre del año, manifestada en unos niveles de ocupación y paro inéditos desde el año 2008.

En los últimos doce meses se han creado 530.800 puestos de trabajo, lo que supone un incremento del 2,8% interanual, mientras que el desempleo se ha reducido en 424.200 personas, marcando un descenso del 10.8% en un año. En este contexto, la tasa de paro se ha situado en el trimestre en el 15,3% de la población activa. Al tiempo, el número de activos ha conseguido remontar en el trimestre, tras los sucesivos recortes desde finales del pasado ejercicio, aumentando en 106.600 personas desde el nivel del segundo cuarto de 2017. Todo ello, sin duda, reflejo de la traslación directa del vigor de la actividad productiva al mercado laboral.

La notable reducción en el desempleo en los últimos doce meses, además de generalizada a nivel sectorial, es particularmente destacable tanto para los que perdieron su empleo hace más de un año (descenso interanual del 12,5%), como para aquellos que buscan su primera oportunidad laboral (reducción del 12,8% interanual).

Por otra parte, el avance en la contratación temporal en el segundo trimestre de cada ejercicio vuelve a manifestarse, al calor de la temporada estival. De este modo, los asalariados con contrato temporal aumentaron en un 5,7% en el segundo trimestre, frente al avance del 2,0% en la contratación indefinida. No obstante, en los últimos doce meses, tanto los asalariados con contratos indefinidos como temporales han crecido al mismo ritmo del 3,6%.

Previsiones

La Cámara de Comercio de España estima que el proceso de creación de empleo proseguirá con dinamismo durante la segunda mitad del año, con un incremento medio de la ocupación del 2,4%, alrededor de 450.000 puestos de trabajo, durante el conjunto del 2018. A finales del ejercicio, la economía española podría situar su tasa de paro en el entorno del 14,5%, en un contexto de crecimiento del PIB del 2,7% para el conjunto del año.

Las perspectivas favorables en materia económica para 2019, con un avance en el entorno del 2,4% según las últimas previsiones de la Cámara de Comercio de España, permiten asimismo pronosticar la continuación de la senda de creación de empleo durante el próximo año, con aumentos en la ocupación en el entorno del 2%.

No obstante, las cuestiones laborales deben seguir figurando entre las prioridades en la agenda de la política económica, al presentar nuestro país una tasa de paro que sigue duplicando la registrada en la Unión Europea y permanecer los problemas para acceder a un puesto de trabajo por parte de los jóvenes o los parados de larga duración.

En este sentido, cualquier revisión del marco laboral debería partir del consenso y orientarse a impulsar determinadas reformas estructurales en su funcionamiento, en aras de mejorar la calidad del empleo, aumentar la tasa de actividad, reducir la burocracia y los costes derivados de la contratación, y reformar las políticas activas de empleo.

A nivel agregado, los principales retos a atender con potencial incidencia sobre el mercado laboral, se centran en la inestabilidad territorial en España, los riesgos de desviación presupuestaria que impidan alcanzar los objetivos acordados con nuestros socios comunitarios, el avance en las reformas estructurales pendientes (financiación autonómica, sistema de pensiones o funcionamiento de las Administraciones Publicas), y la resolución de determinadas incertidumbres a nivel internacional (como la tensión comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos o la escalada de los precios del crudo).

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El Colegio de Registradores ha tramitado un 4% más de presentaciones de cuentas anuales en los Registros Mercantiles

11 de agosto, 2018

El Colegio de Registradores ha tramitado un 4% más de presentaciones de cuentas anuales en los Registros Mercantiles

agosto 2, 2018  Notas de prensa – registradores.org
02.08.’18.- La campaña de presentación de cuentas anuales que terminó el pasado 30 de julio ha culminado con éxito y con un incremento del 4 por ciento respecto a la campaña anterior. Desde el Colegio de Registradores se confirma la generalización del uso de medios telemáticos por parte de las sociedades mercantiles a la hora de presentar sus cuentas.

El Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores ha desarrollado íntegramente la plataforma de presentación telemática registral que habilita el derecho a la presentación de todo tipo de documentos en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, promoviendo el derecho de los ciudadanos, empresas y administraciones a relacionarse con los Registros Públicos por medios electrónicos.

Con ello, el Colegio de Registradores conjuntamente con los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles asumen el reto de promover el uso de las nuevas tecnologías incorporando los medios telemáticos a la prestación de servicios registrales orientados al ciudadano y la administración pública, factor clave para el aumento del bienestar económico y social.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, las sociedades mercantiles deben presentar para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.

 

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Los Registros de la Propiedad de Barcelona apuestan por la tecnología en su traslado al Passeig de la Zona Franca

10 de agosto, 2018

Los Registros de la Propiedad de Barcelona apuestan por la tecnología en su traslado al Passeig de la Zona Franca

agosto 1, 2018  Notas de prensa – registradores.org

Alquilan 6.400 metros cuadrados en la nueva área de negocios BCN Fira District
Se instalan en Torre Marina, un edificio con las últimas innovaciones y avances tecnológicos

01.08.’18.- Los Registros de la Propiedad de Barcelona, que actualmente se encuentran en la calle Joan Miró, se trasladarán a Torre Marina, un nuevo y moderno edificio en el Passeig de la Zona Franca, número 109 de Barcelona.

De reciente construcción, Torre Marina cuenta con las últimas innovaciones y avances con el objetivo de poner a disposición de los Registros de la Propiedad las mejores herramientas tecnológicas para el desarrollo de su servicio público.

El traslado comenzará el próximo lunes 6 de agosto y se realizará de forma escalonada a lo largo de todo el mes y hasta el próximo día 29 de agosto. Posteriormente, ya en octubre, se trasladará la sede del Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña, que también pasará de la calle Joan Miró al Passeig de la Zona Franca, número 109 de Barcelona.

“Los Registros de la Propiedad de Barcelona se trasladan a unas nuevas y modernas oficinas con todos los avances tecnológicos con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos”, ha comentado Mª del Carmen Florán, decana autonómica de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de Cataluña.

Los Registros de la Propiedad de Barcelona han alquilado 6.467 metros cuadrados en el edificio Torre Marina, dentro de la nueva área de negocios Bcn Fira District, que dinamizará la zona comprendida entre las instalaciones de la Fira de Barcelona y el Passeig de la Zona Franca. Este movimiento implica que un total de 270 personas, que ahora desarrollan su actividad laboral en la calle Joan Miró, se trasladen al Passeig de la Zona Franca.

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial comunica a los presidentes del Congreso y del Senado la próxima finalización del mandato del órgano de gobierno de los jueces para que procedan a su renovación

9 de agosto, 2018

Viernes, 3 de agosto de 2018 poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ comunica a los presidentes del Congreso y del Senado la próxima finalización del mandato del órgano de gobierno de los jueces para que procedan a su renovación

Carlos Lesmes declara abierto el plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales del Consejo correspondientes al turno judicial

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido hoy sendas cartas a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, poniendo en su conocimiento que el próximo 4 de diciembre se cumplirán cinco años desde la constitución del órgano de gobierno de los jueces en su actual mandato.

Tal y como establece el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Lesmes les ha remitido también los datos del escalafón de la Carrera Judicial y del registro de asociaciones judiciales para que pueda dar comienzo el proceso de renovación del Consejo.

El citado precepto dispone que, cuatro meses antes de la expiración de su mandato, el presidente del TS y del CGPJ acordará el envío de esa información a los presidentes del Congreso y del Senado, que “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La ley también establece que, en esa misma fecha, el presidente del Poder Judicial dispondrá la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los doce vocales correspondientes al turno judicial, a lo que ha dado cumplimiento mediante un acuerdo que se publicará en la página web del CGPJ y se remitirá por correo electrónico a todos los integrantes de la Carrera Judicial, así como a las asociaciones judiciales, para su conocimiento y efectos.

El acuerdo también será notificado a los presidentes del Congreso y del Senado, así como al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, y se pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su próxima sesión ordinaria.

Candidaturas a vocal del turno judicial

El plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial será de un mes, tal y como establece el artículo 575.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Durante ese tiempo, los miembros de la Carrera Judicial interesados deberán dirigir un escrito al presidente del TS y del CGPJ poniendo de manifiesto su intención de ser designado vocal por el turno judicial, acompañado por una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial.

Los candidatos también deben presentar en ese momento el aval de veinticinco miembros de la Carrera Judicial en servicio activo o el de una asociación judicial.

Ante la coincidencia con el periodo estival del plazo de presentación de candidaturas, el presidente del Poder Judicial dirigió el pasado 3 de julio una carta a todos los jueces y magistrados para informarles de las fechas en las que iba a comenzar el proceso y para que todos los interesados en presentar su candidatura pudieran preparar con antelación suficiente la documentación requerida.

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El Ministerio de Industria dedica 6 millones de euros para compensar los costes por emisiones de CO2 de las empresas

9 de agosto, 2018

Convocadas las ayudas compensatorias correspondientes a 2017

El Ministerio de Industria dedica 6 millones de euros para compensar los costes por emisiones de CO2 de las empresas
Martes 7 de agosto de 2018 – lamoncloa.gob.es
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado hoy en el BOE el anuncio de la convocatoria de las ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2. Estas ayudas tienen por objeto la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.

El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de casi 6 millones de euros, destinados a compensar los costes incurridos por las empresas durante el año 2017. Está dirigida a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de carbono’, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea.

De acuerdo con esta convocatoria podrán acogerse a estas ayudas aquellas empresas de los sectores y subsectores recogidos en el Anexo II. Entre ellos, se encuentra la producción de aluminio, la fabricación de prendas de cuero, la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de papel y cartón, el hilado de fibras de algodón y la extracción de mineral de hierro y de minerales para abonos y productos químicos.

Se trata de la tercera convocatoria anual de estas ayudas desde la aprobación del mecanismo de compensación en el año 2014.

El presupuesto total previsto es de 5.992.656,14 euros, que se destinarán a ayudar a compensar los costes incurridos durante el año 2017.

Las solicitudes podrán presentarse del 4 al 19 de septiembre, ambos incluidos, en la sede Sede electrónica del Ministerio.

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La juez ve indicios para juzgar a seis directivos de Caixanova por operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid

8 de agosto, 2018

Viernes, 3 de agosto de 2018 poderjudicial.es

La juez ve indicios para juzgar a seis directivos de Caixanova por operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid

Los hechos supusieron un perjuicio para la entidad, hoy Abanca, de 41,8 millones de euros

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que existen indicios suficientes para juzgar a seis directivos de la antigua Caixanova, entre ellos su expresidente Julio Fernández Gayoso, por operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, a través de la financiera Proinova, y que supusieron un perjuicio para la entidad, hoy Abanca, de 41,8 millones de euros.

En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la magistrada entiende que los hechos, una vez finalizada la instrucción, son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

El procedimiento se dirige contra el presidente de la Comisión Delegada de Caixanova en el momento de las operaciones objeto de investigación, Julio Fernández Gayoso; el director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido.

La resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de doce personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados.

La magistrada examina las operaciones sospechosas y concluye que ha provocado perjuicios patrimoniales a la financiera inmobiliaria Proinova SLU y a Caixanova, hoy Abanca, a favor del grupo COPASA. En este sentido, según la juez, el informe de análisis elaborado por PWC calcula esos perjuicios que se han ocasionado a Caixanova en la operación final de compraventa de las parcelas por la financiera Proinova y la siguiente operación de venta de las parcelas a la sociedad Viviendas y Obras Civiles.

En concreto, explica, el perjuicio económico relativo a las parcelas 15b-1 y 44 asciende a 24.368790,47 euros y en cuanto a la distribución de la carga hipotecaria atribuida a la siguiente operación de compraventa con subrogación de las parcelas 15B-2 y 15B-5, sería de 15.012.190,26 euros.

Por último, indica que el perjuicio patrimonial por condonación de intereses a Rivas ACI SL y de forma adicional a sus avalistas, como resultado de la compraventa con subrogación de 22 de noviembre de 2010 realizada por Proinova, dado que se trata de retrocesiones no amparadas por el contrato de préstamos hipotecario, ascienden a 2.472.859 euros.

“Sumado lo anterior, el perjuicio patrimonial para el grupo Abanca ascendería de acuerdo con los cálculos realizados en el informe de análisis de esta operación a 41.853.839 euros”, explica el auto.

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La AIReF mantiene a 18 ayuntamientos con riesgo de sostenibilidad

7 de agosto, 2018

La AIReF mantiene a 18 ayuntamientos con riesgo de sostenibilidad
23/07/2018 airef.es
La AIReF mantiene las conclusiones recogidas en el informe del pasado mayo en el que se calificaba en situación crítica de sostenibilidad a los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén; en situación de riesgo alto a los de Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte; en riesgo moderado a los de Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés del Rabanedo y Almonte; y en situación de riesgo bajo a los de Granada y Cuenca. Así se refleja en el Informe Complementario de Cumplimiento esperado de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2018 de las Entidades Locales publicado hoy por la institución.

El análisis combinado de la posición pasiva en materia de sostenibilidad de cada corporación local deducida de la última liquidación y la capacidad media de retorno a una situación sostenible en el medio plazo, a políticas constantes de ingresos y gastos, ha permitido calificar la situación de criticidad de estas CCLL en cuatro grandes grupos en razón del número de años en los que manteniendo, al menos, el resultado presupuestario medio de los últimos años podrían retornar a una situación sostenible (deuda inferior al 75% de ingresos corrientes):
•Riesgo bajo: posible retorno en un periodo igual o menor de 10 años.
•Riesgo moderado: posible retorno en un periodo entre 10 y 20 años.
•Riesgo alto: posible retorno en un periodo superior a 20 años.
•Situación crítica: A políticas constantes, no se estima posible el retorno a una situación sostenible.

Con los datos actuales, el análisis combinado muestra que todos los ayuntamientos seleccionados mantienen su posición de riesgo en su grupo de calificación, si bien los ayuntamientos de La Línea de la Concepción, Totana, Ayamonte, Alcorcón y Cuenca, de llevar a efecto y consolidar, al menos, las políticas contempladas en sus escenarios de 2018, tardarían un mayor periodo en retornar a una situación sostenible, respecto a la estimación del Informe de Presupuestos.

AIReF mantiene las conclusiones recogidas en el informe del pasado mayo en el que se calificaba en situación crítica de sostenibilidad a los ayuntamientos de Jerez de la Frontera, Parla y Jaén; en situación de riesgo alto a los de Algeciras, Gandía, La Línea de la Concepción, Aranjuez, Totana, Navalcarnero, Isla Cristina y Ayamonte; en riesgo moderado a los de Alcorcón, Valdemoro, Sanlúcar de Barrameda, San Andrés del Rabanedo y Almonte; y en situación de riesgo bajo a los de Granada y Cuenca.

 

Dentro de estos cuatro grandes grupos de calificación, la situación concreta de cada Ayuntamiento y la mejora o empeoramiento de su tendencia con respecto a las conclusiones recogidas en el pasado Informe, viene determinada por el efecto en sus resultados positivos, con los que ir disminuyendo paulatinamente sus deudas, de las políticas adoptadas en el presente ejercicio, particularmente sus políticas de gasto y su posible consolidación a futuro o generación de gastos en ejercicios posteriores. En el caso de los ayuntamientos de La Línea de la Concepción, Totana, Ayamonte, Alcorcón y Cuenca, aun manteniéndose en el mismo grupo de calificación, han empeorado su tendencia, y AIReF entiende que, de mantener estas políticas podrían  agravar su posición y situación de riesgo.

Por otra parte, ninguno de estos ayuntamientos, a los que se les hizo recomendaciones en el informe anterior de que adoptaran medidas para revertir su situación o para garantizar el avance en el proceso de mejora, han contestado a las recomendaciones formuladas, por lo que se ha reiterado la recomendación anterior.

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La juez Carmen Lamela propone juzgar a 48 personas, directivos de Bancaja y Banco Valencia y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México

6 de agosto, 2018

Jueves, 2 de agosto de 2018 poderjudicial.es

La juez Carmen Lamela propone juzgar a 48 personas, directivos de Bancaja y Banco Valencia y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México

En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el expresidente de ambas entidades, José Luis Olivas, y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral y que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de ambas entidades bancarias.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Lamela acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

La magistrada explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre 2005 y 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

Señala de acuerdo con los informes de los peritos judiciales las entidades Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios denominados “financiadores”, en tanto que los socios externos fueron accionistas denominados “promotores-gestores”, resultando que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch, indica, obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez, que indica que los ejecutivos de las entidades eran José Luis Olivas, así como los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de banco de Valencia Domingo Parra. Añade que a los fines de la operativa de concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu.

Olivas alentó las inversiones millonarias

Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en CGC, que las lastraban y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó” de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Señala la magistrada de que acuerdo con el informe de 3 de julio de 2017 de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente, se han constatado múltiples irregularidades, ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Operativa de blanqueo de capitales en Andorra

En el curso de la instrucción, dice Lamela, se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta Summerville receptora de la “injustificable plusvalía” de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.

Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad” y que fueron los celebrados el 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el del 17 de diciembre de 2009.

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La Policía Nacional difunde cinco vídeos con consejos para disfrutar de un #VeranoSeguro

5 de agosto, 2018

Varios agentes relatan sus experiencias y ofrecen recomendaciones para no ser víctimas de los delitos más comunes cometidos en la época estival

La Policía Nacional difunde cinco vídeos con consejos para disfrutar de un #VeranoSeguro

Sábado 28 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

La Policía Nacional ha puesto en marcha una iniciativa para difundir consejos que permitan a los ciudadanos disfrutar de un #veranoseguro. Varios agentes relatan sus experiencias en cinco vídeos en los que se ofrecen recomendaciones para no ser víctima de los delitos más comunes cometidos en la época estival.

A través de los perfiles oficiales de la Policía Nacional -Twitter, Facebook, Youtube e Instagram- se difundirán varios “tips” con el objetivo de evitar hurtos en aglomeraciones, playas y piscinas; robos en carreteras y domicilios; y delitos a través de las nuevas tecnologías que ayudarán a los ciudadanos a tener un #veranoseguro.

Además, Policía Nacional ha actualizado recientemente la Oficina Virtual de Denuncias que ahora permite las presentar denuncias online en inglés, francés y alemán, además de en español. Esta innovación supone una mejora en la atención al turista extranjero cuando es víctima de alguna infracción penal. Para facilitar la redacción de la denuncia se han incorporado textos predictivos en el campo “descripción del hecho”. A través de de la página https://denuncias.policia.es/OVD/ puede accederse a esta mejorada oficina virtual.

Los turistas extranjeros que visitan nuestro país disponen también del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) para ayudarles en la tramitación de denuncias, cancelación de sus tarjetas o para ponerles en contacto con sus Consulados o Embajadas. Un servicio que actualmente está disponible en Madrid, Málaga, Marbella, Benidorm, Gandía, Manacor, Benalmádena, Playa de Palma, Ibiza, Estepona, Sevilla, Granada y Mahón.

Cinco vídeos con consejos para un #VeranoSeguro

La campaña #VeranoSeguro se impulsará desde los diferentes perfiles oficiales en redes sociales en los que la Policía Nacional está presente, que acumulan más de 4.000.000 de seguidores. Los vídeos cuentan con el testimonio de varios policías nacionales que transmiten experiencias vividas en primera persona y ofrecen consejos prácticos para que los turistas extranjeros y españoles  disfruten de sus vacaciones de la forma más segura.

Proteger nuestra vivienda de robos y asaltos cuando la desocupamos en vacaciones; vigilar nuestras pertenencias en estaciones de tren, autobús, aeropuertos o a la llegada al hotel; evitar hurtos, ahogamientos y extravíos de menores en playas y piscinas; proteger la privacidad y la seguridad del internauta en la Red y garantizar un uso seguro de las tarjetas bancarias, tanto en los pagos mediante TPV como a la hora de sacar efectivo de los cajeros; son algunos de los consejos que ofrecen para no ser víctima de los delincuentes.

En robos en domicilio:

1. No informe de sus planes de vacaciones a nadie ajeno al círculo familiar.
2. No deje señales visibles de que su vivienda está desocupada.
3. Compruebe que puertas y ventanas quedan bien cerradas.
4. Pida a una persona de su confianza que vacíe su buzón periódicamente.

En medios de transporte o a la llegada del hotel:

5. No pierda de vista sus pertenencias en ningún momento.
6. Utilice la caja de seguridad del hotel para sus objetos de valor.
7. Evite llevar el bolso o mochila a la espalda, mejor cruzado o por delante  y no lleve cantidades importantes de dinero en efectivo.
8. No confíe el transporte de sus maletas a personas o empresas que no estén debidamente acreditadas.
9. Si viaja en su vehículo particular: Evite dejar objetos a la vista una vez aparcado.

En playas, piscinas y aglomeraciones:

10. Evite el exceso de confianza en el agua, preste siempre atención a las indicaciones de los socorristas y las banderas y cuide de los menores en el agua.
11. No lleve grandes cantidades de dinero a la playa y tenga vigiladas sus pertenencias.
12. Identifique a los menores con una pulsera o apúntales tu número de teléfono en la mano para facilitar su localización en caso de pérdida.
13. En terrazas y bares evite perder de vista sus pertenencias o dejar monederos o móviles sobre la mesa o la barra.

En traslados en vehículos:

14. Cuando viaje en coche desconfíe de personas que con cualquier excusa pretenden que bajes del vehículo.
15. Siempre que salga del vehículo, aunque sea para cualquier comprobación rápida, no deje nunca la llave puesta.

En redes sociales:

16. No comunique en redes sociales las fechas de sus vacaciones y su intimidad ofreciendo datos mediante fotografías o vídeos.
17. Para evitar estafas en el alquiler vacacional: elija páginas web seguras.
18. Evite el uso de WIFI públicas, sobre todo cuando vaya a realizar pagos o a introducir datos personales y/o contraseñas.

Denuncias a través de Internet en inglés, francés y alemán

Para mejorar la calidad del servicio prestado por la Policía Nacional, especialmente en lo que se refiere a la atención al turista extranjero cuando es víctima de alguna infracción penal, se ha actualizado la Oficina Virtual de Denuncias con la posibilidad de presentar denuncias en inglés, francés y alemán. Esta iniciativa contribuye a reforzar objetivos del Plan Turismo Seguro, apoyando al sector turístico español, perfeccionando, agilizando y diversificando los procedimientos de recepción de denuncias, extendiendo el uso de las nuevas tecnologías para facilitar al turista los trámites de denuncia.

De este modo se optimizan los procedimientos de gestión e impulsar las necesidades del sector turístico poniendo a disposición de este colectivo la posibilidad, no solo de denunciar vía telefónica en otros idiomas, sino también a través de la página https://denuncias.policia.es/OVD/.

Esta actualizada versión de denuncias a través de Internet introduce otra innovación -además de la novedad de poder hacerlo en inglés, francés y alemán- como es la incorporación de textos predictivos en el campo “descripción del hecho”, de manera que la redacción de la denuncia se circunscriba al hecho delictivo concreto.

Podrán presentarse denuncias  a través de este procedimiento por pérdida o extravío de documentos y/o efectos, recuperación de documentos y/o efectos, sustracciones en domicilios o en establecimientos, sustracciones en interior de vehículo, sustracciones de documentos y/o efectos, y robos y recuperaciones de vehículos. Todas las denuncias deberán ser posteriormente firmadas y ratificadas en el plazo de 48 horas en la comisaría que el ciudadano haya designado durante el proceso de cumplimentación online.

Asistencia al turista extranjero a través de los SATE

En el caso de que los turistas extranjeros sean víctimas de cualquier delito y deban interponer una denuncia, la Policía Nacional cuenta con el Servicio de Atención al Turista Extranjero, (SATE). Con este sistema, se consigue facilitar la asistencia al turista extranjero, ya que se asegura la atención en su propio idioma facilitándole el trámite de la denuncia. Además de esta manera se le presta ayuda en la cancelación de tarjetas o documentos de crédito y se le pone en contacto, si fuera necesario, con sus autoridades consulares o con sus familiares.

En los 13 SATE existentes en España (Madrid, Málaga, Marbella, Benidorm, Gandía, Manacor, Benalmádena, Playa de Palma, Ibiza, Estepona, Sevilla, Granada y Mahón) un equipo de agentes especializados e intérpretes asisten al turista en su propio idioma y de forma personalizada. En 2017 fueron atendidas un total de 31.767 personas, de las que 16.764 interpusieron algún tipo de denuncia.

Las funciones generales del Servicio de Atención al Turista Extranjero son:

– Atender a las víctimas de delitos, asesorándoles en las gestiones procedimentales y documentales derivadas del hecho acaecido (cancelación de tarjetas y documentos de crédito, contacto con embajadas y consulados, comunicación o localización de familiares, etc).

– Asistir al turista en la tramitación de la denuncia, informándole de sus derechos y entregándole la citación para la celebración del juicio cuando proceda.

– Notificar de manera inmediata al juzgado de guardia, aquellos casos en los que,  fuera de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en juicio oral.

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Nuevo Director General de los Registros y del Notariado

4 de agosto, 2018

Director General de los Registros y del Notariado

D. Pedro José Garrido Chamorro.

Nacido en 1960, es licenciado en Derecho. En 1987 ingresó en el Colegio del Notariado, siendo actualmente notario de Madrid.

Ha ocupado diversos cargos en los órganos colegiados del Notariado: decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares, vicesecretario del Consejo General del Notariado, delegado de Seguros del Consejo General del Notariado, gestionando el Seguro Médico y el de Responsabilidad Civil.

Ha publicado diversos estudios jurídicos en materias como las reservas de las sociedades mercantiles, el régimen del capital y las cuentas de las sociedades mercantiles, los costes y el valor económico de la seguridad jurídica preventiva, la adopción y la protección de menores, y, más recientemente, el impacto de las tecnologías que están impulsando la nueva revolución industrial (Inteligencia Artificial) en las actividades jurídicas y la respuesta empresarial que éstas deben ofrecer ante ese desafío.

 

 

Referencia del Consejo de Ministros
Madrid, viernes 3 de agosto de 2018

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Javier Gómez Gálligo

4 de agosto, 2018

Javier Gómez Gálligo

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Se va un buen Director General. Gracias por tu trabajo y dedicación.

4 de agosto, 2018

Javier Gómez Gálligo.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Registrador de la Propiedad y Mercantil en los destinos de:
Rivadavia (Orense); Caspe (Zaragoza); Tarragona Nº 3; Barcelona Mercantil XV; Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria) y Las Palmas Nº 5.
Letrado Adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado mediante concurso de méritos resuelto por Orden del Ministerio de Justicia de 27 de febrero de 1998.
Notario en situación de excedencia (Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 20 de julio de 2009 «BOE» de 6 de agosto).
Catedrático Acreditado de Derecho Civil por la Agencia Qualificacio Universitaria (AQU). 2012.
Desde 2000, Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación (Orden Ministerial de 31 de marzo de 2000).
En seis convocatorias, Presidente del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles; y en una Secretario del Tribunal.
Desde 2003 Consejero-Secretario de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
Desde 2007 Miembro del Consejo Académico de la Fundación para la Investigación del Derecho y la Empresa (FIDE).
De 1994 a 1997 Director del Centro de Estudios Hipotecarios de Cataluña.
De 2008 a 2011 Titular de la Oficina Tributaria Gran Canaria Norte (Decreto 251/2008, de 23 de diciembre.
Ha sido Profesor Asociado y Profesor Colaborador en Universidades de Tarragona, Madrid y Barcelona y Profesor Honorario en la Universidad Complutense de Madrid; Universidad
Autónoma de Madrid; Universidad Pontificia de Comillas; ICADE y Universidad de Barcelona.
Profesor del Centro Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), y del Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).
Ha formado parte de Tribunales de Tesis doctorales en Universidades de Madrid, Extremadura, La Rioja y Salamanca.
Es autor de seis libros. Ha colaborado en veintisiete obras colectivas y coordinado dos. Ha escrito cuarenta y seis artículos en revistas especializadas. Es frecuente su participación como ponente en la organización de seminarios, cursos y jornadas.

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo deniega poner en libertad a los procesados por el ‘procés’ en prisión ante la proximidad del juicio y al no estar excluido el riesgo de fuga

3 de agosto, 2018

Viernes, 27 de julio de 2018 poderjudicial.es

La Sala Segunda del TS deniega poner en libertad a los procesados por el ‘procés’ en prisión ante la proximidad del juicio y al no estar excluido el riesgo de fuga

El tribunal no detecta modificación alguna de los motivos por los que el juez instructor acordó la prisión preventiva y rechaza también sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala que enjuiciará el llamado caso “procés” ha denegado la libertad solicitada por los procesados Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Joaquín Forn, Dolors Bassa y Carme Forcadell. El tribunal no detecta modificación alguna de los motivos por los que el juez instructor acordó la prisión preventiva y rechaza también sustituir la prisión por otras medidas alternativas menos gravosas.

En su escrito el tribunal explica que como órgano de enjuiciamiento no ha tomado contacto con las diligencias practicadas durante la instrucción, ni ha intervenido en la resolución de los recursos cuya competencia ha recaído en la Sala de Recursos y por tanto, el cese de la medida de prisión acordada por el juez instructor exigiría constatar un cambio en los presupuestos que legitiman esa medida.

La defensa de Carme Forcadell solicitaba la libertad basándose, entre otros argumentos, en el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein que denegó la entrega de Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Si los jueces alemanes descartaban la rebelión en el caso del ex presidente del Govern, en mayor medida, según Forcadell, debía aplicarse a la presidenta del Parlament en tanto que al no ser miembro del Govern no pudo participar en las decisiones adoptadas por la Generalitat de Catalunya, en tanto que no tenía “dominio del acto”.

Sobre esta cuestión la Sala recuerda que como órgano de enjuiciamiento ha mantenido una visible distancia sobre la tipicidad indiciaria de los hechos analizados por el juez instructor y la Sala de Apelación y por tanto, pedir ahora un pronunciamiento sobre la participación de Forcadell en los hechos o analizar si tenía o no “ el dominio del acto” supondría, según el tribunal, “ una invitación a que precipitemos un criterio sobre la tipicidad de los hechos y su autoría sin contar con el más mínimo elemento de juicio para ello”.

La decisión del tribunal provincial alemán no tiene incidencia en el proceso español

En relación con la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, la Sala explica que estuvo limitada en su objeto a dar respuesta a la petición de cooperación jurídica internacional, y no tiene ninguna incidencia sobre el desenlace de la presente causa. Añade que permanece intacta la capacidad jurisdiccional de la Sala para decidir el “qué” y el “quién” de los hechos, siempre en función de las pruebas que deberán desplegarse en el plenario.

“El discurso de la señora Forcadell parece convertir al tribunal provincial alemán en un extravagante órgano supranacional con capacidad para revocar las decisiones adoptadas por el juez español. Todo intento de dibujar una línea jerárquica – añade el auto- que someta las resoluciones de esta Sala al criterio de los jueces provinciales alemanes, resulta manifiestamente improcedente y está condenado al fracaso”.

En sus escritos, otros procesados aludían a un cambio en las circunstancias del contexto social y político para solicitar medidas cautelares menos gravosas. La Sala responde que el proceso penal no puede explicarse como una realidad cambiante “ en función de la atmósfera política que se respire en cada momento” y por tanto, la permanencia de una medida cautelar ha de conectarse con los requisitos descritos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.: “ Explicar la privación de libertad de un procesado-argumenta la Sala- como una baza más en un proceso de normalización política encierra una gravísima deformación del significado mismo del proceso penal en una sociedad democrática”.

Medidas cautelares alternativas no garantizan la presencia de los procesados en el juicio oral

El tribunal considera procedente mantener la prisión preventiva y se apoya en la proximidad del juicio oral, la firmeza del auto de procesamiento así como la naturaleza y gravedad de los hechos indiciariamente atribuidos a los procesados. “Carecería de sentido entender que, una vez conocidos los términos del procesamiento y superada la fase intermedia con la formulación de los escritos de acusación provisional, la voluntad de acatar la llamada para el juicio oral se impondrá entre los procesados con exclusión de todo riesgo de fuga”, expone el auto.

La Sala rechaza también la propuesta de los procesados de aplicar medidas cautelares menos gravosas como las comparecencias apud acta, control policial, prisión domiciliaria o utilización de dispositivos de rastreo telemático. Ninguna de esas fórmulas alternativas, indica el auto “ alcanza el mismo nivel de seguridad a la hora de garantizar la presencia de los procesados en el juicio oral. La pérdida de una fianza no actúa como un elemento verdaderamente disuasorio frente a la tentación de sustraerse a la llamada judicial, menos aún si es un tercero quien se puede ofrecer a prestarla”; en relación con las firmas diarias, el tribunal concluye que “pueden dejar de ser diarias en el instante en el que el firmante decide emprender la fuga”.

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El fin de los recortes y el impulso de las políticas sociales

3 de agosto, 2018

El fin de los recortes y el impulso de las políticas sociales

20 julio 2018   ugt.es
El Consejo de Ministros aumenta el techo de gasto para 2019
• El techo de gasto para 2019 asciende a 125.064 millones, un 4,4% más que en 2018.
• La relajación del objetivo de déficit debe dar más margen a las Administraciones Públicas para impulsar el crecimiento económico y las políticas sociales.
• UGT reclama unos PGE para 2019 que dejen atrás las políticas de recorte y centren el Estado de Bienestar como eje del modelo de crecimiento.
La Unión General de Trabajadores considera que el aumento del techo de gasto para 2019, aprobado hoy en Consejo de Ministros, debe significar el fin de los recortes y el impulso al crecimiento económico y las políticas sociales.

 

Para este próximo año, el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, asciende a 125.064 millones de euros, un 4,4% más que en 2018, que se situó en 119.834 millones de euros. Este límite obedece al resultado del objetivo de déficit establecido para el conjunto del Estado (ahora en el 1,8% del PIB) y de los ingresos no financieros estimados.

 

Esta relajación del objetivo de déficit, que pasa del 1,3% sobre el PIB al 1,8%, se traducirá en más margen para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2019 (unos 6.000 millones de euros), que UGT confía en que se traduzca en un mayor beneficio para los ciudadanos y ciudadanas de este país.

El Gobierno mantiene intactas las previsiones económicas, con un crecimiento del PIB para 2018 del 2,7% y del 2,4% el próximo año.

 

El Estado de Bienestar como eje del modelo de crecimiento

 

El Gobierno ya ha anunciado que sus prioridades en materia de presupuestos para el próximo año van a girar no solo en torno al déficit y la deuda pública, sino también en el reforzamiento de un modelo social basado en la cohesión social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad.

 

Unas prioridades que para el sindicato deben comenzar por resituar al Estado de Bienestar como eje central de un modelo de crecimiento en el que los servicios públicos fundamentales constituyan factores de crecimiento económico.
Por ello, los Presupuestos deben iniciar en 2019 un nuevo camino, dejando atrás las políticas de recortes que han conducido a nuestro país al empobrecimiento, la desigualdad, la precariedad del empleo, el desempleo estructural y la pérdida de poder de compra de los pensionistas. Hay que revertir el modelo basado en bajos costes salariales, con escasa inversión en tecnologías y formación, y en el que ha primado el trabajo precario y sin derechos.
En materia de ingresos, UGT considera imprescindible una reforma integral de la fiscalidad, que acometa con decisión y realismo la lucha contra el fraude, que logre una mayor suficiencia financiera a través de mayores ingresos (haciendo que paguen más los que más tienen) y eliminando la desigualdad en la carga tributaria; una propuesta que pasa por un IRPF más justo y con mayor capacidad recaudatoria. El fin último de la política impositiva debe ser la redistribución de la renta, la equidad económica y la cohesión social.
En materia de gastos, se debe impulsar un modelo productivo más eficiente y sostenible, basado en la inversión en innovación y el avance tecnológico, que contemple las nuevas formas de producción, empleo y consumo (desde la digitalización y robotización, hasta la economía circular). Esto exige profundas y continúas transformaciones en ámbitos cruciales de la actividad económica y socio-laboral.

 

Se precisa, además, un sistema de pensiones que afronte los retos del futuro sin perjudicar a las personas, unas políticas de empleo eficientes, que potencien y reformulen las políticas activas y que refuercen las prestaciones por desempleo para aumentar su grado de protección contributivo y asistencial.

 

Y aprobar, en el marco del Diálogo Social, un verdadero plan de choque, con recursos excepcionales para impulsar la contratación laboral y el empleo de calidad, especialmente de los colectivos en peores condiciones (parados de larga duración, mayores de 55 años, jóvenes, trabajadores sin formación, …).
En definitiva, un cambio en la concepción de las políticas fiscales, que apuesten por su papel como impulsores del crecimiento sostenible y el empleo de calidad y por su capacidad para reforzar el Estado de Bienestar. Si los PGE 2019 lo cumplen, para UGT serán bienvenidos.

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El Tribunal Supremo avala la demarcación registral de 2017

2 de agosto, 2018

El Tribunal Supremo avala la demarcación registral de 2017

Xavier Gil Pecharromán

27/07/2018 – eleconomista.es
El Tribunal Supremo avala la modificación demarcación de los registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de 2017, que dividieron y fusionaron algunos de ellos en poblaciones atendiendo al volumen de documentos y al número de cuentas presentados en cada uno de ellos, en dos recientes sentencias.
En el texto de la que es ponente, el magistrado Fernández Valverde -de 18 de julio de 2018-, se determina, que en Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros, que la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), dirigida por Javier Gómez Gálligo, ha puesto de manifiesto “un ejercicio proporcionado de la potestad reglamentaria y amparado en las previsiones legales que le sirven de cobertura”.

Por ello, determina que frente a esta actuación, no pueden imponerse las alegaciones del recurrente, que no justifica “un ejercicio arbitrario, incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular y con la finalidad que persigue la norma jurídica habilitante; en este caso el artículo 275 de la Ley Hipotecaria”.

En el caso en litigio, el Ayuntamiento de Riaza, interpuso el 5 de mayo de 2017 recurso contencioso-administrativo frente al Real Decreto por la modificación regulada para los Registros de la Propiedad de Sepúlveda-Riaza, en la provincia de Segovia, a través de la que se procedía a agrupar ambos para ser desempeñados únicamente en la circunscripción del municipio de Sepúlveda.

Fernández Valverde concluye que los criterios aplicados en la demarcación de 2017 son los establecidos en el artículo 275 de la Ley Hipotecaria, el referidos al volumen y movimiento de la titulación registral, sin perjuicio de otros datos de que dispone la Administración, “como las actuaciones previstas en la demarcación de 2007 que permiten un seguimiento de la prestación del servicio para una valoración más precisa a efectos de la esta futura demarcación”.

Con respecto a la sentencia, de 25 de mayo de 2018, que viene a avalar la norma que regula la Demarcación de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles, por su desdoblamiento en Toledo y Guipúzcoa, el ponente, el magistrado Herrero Pina, determina que el empleo de un factor numérico para la determinación del número de registradores a cargo de cada Registro aparece suficientemente justificado y “no constituye un caso excepcional o contrario al criterio de eficiencia en la prestación del servicio cuando, como sucede en este caso, la determinación de tal factor se produce, sustancialmente, valorando la adecuada prestación del servicio”. “La justificación del tipo de asuntos a tomar en cuenta para el cálculo de la carga de trabajo, viene avalada por el Colegio de Registradores y responde a un criterio de igualdad”, concluye.

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En la Catedral de León. Julio 2018 25. La Virgen Blanca

1 de agosto, 2018

Catedral de León 2018 26

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El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley que garantiza la atención sanitaria universal

1 de agosto, 2018

Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley que garantiza la atención sanitaria universal
Viernes 27 de julio de 2018 lamoncloa.gob.es

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
La norma garantiza el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones a todas las personas que se encuentren en el estado español. De esta forma, permitirá que reciban atención sanitaria normalizada los colectivos que quedaron excluidos con el RDL 16/2012 aprobado y ejecutado por el gobierno del PP.

La norma aprobada representa un cambio de modelo en la atención sanitaria en España. La titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. De este modo, el acceso a la atención sanitaria en  condiciones de equidad y de universalidad es un derecho básico de toda  persona.

En su intervención en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Carmen Montón ha destacado que “España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos muy orgullosos”, que hoy se fortalece recuperando el carácter universal. “Esto implica alcanzar la meta marcada por el ministro Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad de 1986, la norma que sentó las bases de uno de los pilares del estado del bienestar”.

El RDL reconoce como titulares del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España.

También a aquellas personas que no teniendo su residencia habitual en territorio español tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro título jurídico, como por ejemplo son los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los trabajadores transfronterizos.

Los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

Para no comprometer la sostenibilidad financiera del sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, respecto a estos colectivos, la asistencia sanitaria será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1.No tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y demás normas aplicables.
2.No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia.
3.No existir un tercero obligado al pago

En todo caso, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos.

Las CCAA, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial.

En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas.

En la elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales (la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la Organización Mundial de la Salud).

También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el  Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo del RDL.  La norma es el resultado de un intenso proceso de diálogo mantenido con estas entidades y organismos.

“Lo esencial de esta norma”, ha afirmado la ministra, “y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás”.

Por otro lado, esta norma aporta coordinación, armonización y seguridad jurídica ante la normativa dispersa de las CCAA. Para preservar la atención sanitaria a los colectivos que quedaron fuera del Sistema Nacional de Salud por el RDL 16/2012, las CCAA elaboraron diferentes disposiciones para cubrir a las poblaciones excluidas. El nuevo RDL acabará con la inseguridad jurídica que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público así como a las Administraciones que en su día las aprobaron.

La aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas. La atención normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y de la salud pública, y evita descompensaciones en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones. Por ello, además de la ganancia en salud individual y colectiva, es menos gravoso para el sistema sanitario.

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El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo

1 de agosto, 2018

Viernes, 27 de julio de 2018 poderjudicial.es

El juez acuerda ampliar la investigación en el caso ‘3 por ciento’ a Convergencia Democrática de Catalunya y al PdeCat por tráfico de influencias, cohecho y blanqueo

El magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos de CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado ampliar la investigación en la causa del llamado ‘3 por ciento’ atribuyendo la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PdeCat en cuanto que es un mero continuador de la anterior. El magistrado emplaza a estas sociedades mercantiles para que designen abogado y procurador.

En un auto, el magistrado explica que en esta causa se investiga a altos cargos del partido político CDC quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político, en forma encubierta mediante “donaciones” a Fundaciones ligadas a dicha formación (CATDEM y FORUM BARCELONA), “en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concursos públicos, con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con “donaciones” al partido.

Los pagos, indica De la Mata, se obtenían por las Fundaciones y, por ende, por el partido político CDC, en ocasiones como contraprestación por la adjudicación de contratos de obra pública o de servicios, con “vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia y, en otras simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos”.

El monto total de licitaciones comprometidas asciende por el momento a 218.759.664,19 euros; el importe de las adjudicaciones definitivas asciende a 168.706.262,00 euros, a los que hay que añadir los modificados de proyectos (1.777.626,84 euros) y las prórrogas (4.539.755,37 euros), es decir, aproximadamente 175.000.000 euros; las “donaciones” irregulares ligadas a estas adjudicaciones ascienden a más de 1.000.000 euros.

CDC carecía de sistema de control interno de sus fuentes de financiación

El auto del juez argumenta que CDC no disponía de un sistema o incluso un mero protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se derivaran derechos y obligaciones de contenido económico que pudiera ser sometido a verificación e informe. Así se refleja, añade, incluso en los propios informes de auditoría interna del Partido, circunstancia que en los informes del Tribunal de Cuentas aparece como incumplimiento.

Señala el instructor que tanto los órganos como el personal con responsabilidad directiva en CDC estaban en conocimiento de las irregularidades advertidas en relación con la operativa de financiación que se investiga en esta causa y, por tanto, concluye que esta formación política “carecía de normativa de control interna, y conocía, al menos a través de los informes emitidos por el Tribunal de Cuentas, las irregularidades que pudieran derivarse de los pagos a través de los cuales sus Fundaciones vinculadas, derivan a favor del partido buena parte de las aportaciones económicas que reciben en concepto de donación”.

Un sistema de financiación normalizado y mantenido en el tiempo

La operativa investigada, según el juez, ha estado sostenida en el tiempo de carácter sistémica y permanece inalterable, con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de dichas estructuras. Como prueba de ello, señala que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos investigados, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos.

El juez afirma que pese a ser conocedores de esta operativa de financiación Ilícita, en las que se utilizaba a las fundaciones vinculadas al partido como “sociedades Interpuestas” a través de las cuales, empresas adjudicatarias de contratos públicos hacían llegar al partido comisiones, que simulan corresponderse con donaciones, los órganos y cargos con responsabilidad en el partido, no habrían emprendido ninguna Iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantiene, al menos, durante 11 años.

PdeCat, mero continuador de CDC

En su resolución, el titular del Juzgado Central Cinco se remonta al mes de julio de 2016 cuando desde CDC se toma la decisión de cesar en su actividad e impulsar la fundación de un nuevo partido político, el PDeCat. Sin embargo, de la Mata concluye que la creación de este partido se corresponde con “la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)”.

“La conclusión alcanzada –dice el juez- es que la supuesta disolución como “actor político” de CDC y la creación del PDECAT como nuevo partido político, pudiera definirse como meramente aparente, al conservarse en el nuevo partido una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales, con los que contaba el anterior partido y que, en muchos casos, son titularidad de CDC”. Estos indicios, agrega, parecen “corresponderse con el hecho de que, a los limitados efectos que ahora interesan, la creación del PDECAT se podría identificar con una mera transformación o incluso con un simple cambio de apariencia, del partido que impulsa su creación, CDC, para eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir”.

Por todo ello, el juez acuerda que procede ampliar la presente investigación atribuyendo la condición de personas investigadas a CDC y PdeCat.

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En la Catedral de León. Julio 2018 24. Entrada de la sacristía. Sepulcro de Don Gonzalo Osorio de Villalobos

31 de julio, 2018

Catedral de León julio 2018 24

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A punto de ser desahuciados por comprar un piso sin leer la letra pequeña

31 de julio, 2018

A punto de ser desahuciados por comprar un piso sin leer la letra pequeña
La pareja afectada asegura que la inmobiliaria, la constructora y el notario les dijeron que la vivienda estaba libre de cargas
Ariadna Oller Mitjanas, Blanes

28/07/2018 lavanguardia.com

Coral Gibernau y David Vericat viven una pesadilla desde hace casi dos años. La pareja se enfrenta a la pérdida inminente de un piso que adquirieron en Blanes (la Selva, Girona) porque hace más de una década tenía una hipoteca y en el momento de la compraventa nadie les avisó. No leyeron la letra pequeña durante la transacción, convencidos que estaban doblemente asesorados por la inmobiliaria y por el notario.

“Compramos el piso el 9 de septiembre de 2005 por 150.000 euros y lo pagó mi pareja con el dinero de la venta de otro piso en Barcelona”, explica Coral. Durante años sus vidas han transcurrido con normalidad, hasta que el 3 de octubre de 2016 recibieron una citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Blanes por un procedimiento de ejecución hipotecaria.
“El piso tenía una hipoteca pendiente, pero nadie nos lo dijo”, lamenta ahora Coral. Se consideran víctimas de una “estafa legal” porque cualquier responsabilidad de los vendedores ya ha prescrito y no tienen a quién reclamar esta deuda que contrajeron sin darse cuenta ni poder pagar a tiempo. Ahora esperan el desahucio angustiados y no ven salida a la situación en la que se encuentran.

Coral y David aseguran que, durante el proceso de compra del piso, situado en la calle Vila de Lloret, tanto la inmobiliaria como el notario les aseguraron que la vivienda estaba libre de cargas. Tras recibir la citación judicial, la pareja consultó el caso con un abogado, que les confirmó que la empresa constructora de los pisos dejó una hipoteca pendiente de pago. “Nos dijo que era la primera vez que veía un caso así”, explican.
“Si nos hubieran dicho que había ese dinero pendiente habríamos pagado esa parte al banco y el resto a la constructora”
Coral Gibernau

Según ellos, ahora todos los implicados en la compraventa aseguran que les avisaron oralmente de la existencia de la hipoteca y no pueden demostrar lo contrario. Además, el anexo 1 de la escritura del piso lo dice explícitamente, con lo que no tienen margen legal para defender su tesis. “Somos conscientes de que el problema fue no haber leído todos los documentos, pero si nos hubieran dicho que había ese dinero pendiente habríamos pagado esa parte al banco por un lado y el resto a la constructora”, admite Coral. “Pecamos de inocentes, pero nunca habríamos pensado que un notario permitiría que esto ocurriera”, lamenta la afectada.

Presentaron un recurso ante el juzgado, pero éste lo desestimó dado que como habían firmado la escritura del piso y legalmente se les supone conscientes de que existía esa hipoteca. Ahora esperan a que el piso salga a subasta, lo que puede producirse en cualquier momento. Tampoco saben a qué plazos de desahucio se enfrentan, porque dependen de esta adjudicación al mejor postor y de los trámites administrativos: “Nos han dicho que los juzgados de Blanes acostumbran a ir un poco lentos, pero nunca se sabe”, suspira Coral.

Otro piso afectado en el mismo bloque

La pareja explica que, de las ocho viviendas que hay en el bloque, otro piso está en la misma situación. Sus propietarios lo tienen en alquiler y tanto ellos como Coral y David están pendientes de decidir si interponen una demanda conjunta. “No lo vemos claro, porque seguramente nos comportaría más gastos para finalmente no ganar el proceso”, admiten. Los afectados no saben qué más hacer y ven con impotencia como tanto la inmobiliaria como el notario siguen ejerciendo con total normalidad. “Incluso el constructor, con una empresa de diferente nombre”, afirma Coral.

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El Defensor asegura que el esfuerzo para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo

31 de julio, 2018

El Defensor asegura que el esfuerzo para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo

19/07/2018 defensordelpueblo.es
El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha participado hoy en la jornada inaugural del curso “El derecho a una vivienda digna en la España actual” que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Junto a él han intervenido en esta primera sesión la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Tamames.
El Defensor ha asegurado que en España “el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es excesivo”. Fernández Marugán ha comenzado su intervención recordando los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares correspondiente a 2017 que ponen de manifiesto que el mayor gasto de las familias es el dedicado a la vivienda. Así señala que el año pasado la media nacional del gasto en vivienda se elevó a 8.774 euros, un 30,1% del total.
En su discurso, el Defensor ha apuntado que la crisis ha producido cambios en el mercado de vivienda y en el régimen de tenencia. Así, ha señalado que España ha dejado de ser uno de los países europeos con mayor propensión a la compra de vivienda.
Fernández Marugán también ha denunciado que hace 15 años se construían diez veces más viviendas de protección oficial (VPO) que hoy. “En 2017 se entregaron las llaves de tan solo 4.938 pisos sociales en toda España”, ha remarcado.
En su opinión, los problemas más destacados en materia de vivienda son: los precios elevados de venta y alquiler, el bajo número de viviendas de alquiler, el reducido nivel de gasto público destinado a ayudas para acceder a la vivienda y las escasas viviendas sociales disponibles. Además, a estos problemas, se une la aparición del alquiler turístico que, a juicio del Defensor, “ha distorsionado el mercado inmobiliario de alquiler residencial tradicional”. Por último, Fernández Marugán también ha señalado que la precariedad laboral hace que para muchos hogares “el alquiler no sea una opción sino una necesidad”.
En este sentido, el Defensor ha abogado por un cambio en la política de vivienda. En su opinión, “es urgente formular una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más desfavorecidos y los jóvenes puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo”.
El Defensor ha terminado su intervención vivienda UIMP apuntando que ha recibido con satisfacción el anuncio del Gobierno de poner en marcha medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de rentas bajas.
Fernández Marugán ha asegurado que “hemos vivido un periodo de retroceso en política de vivienda que nos ha conducido a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social en un bien tan esencial como éste”. Por este motivo, confía en que el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno se hagan realidad lo antes posible para ayudar especialmente a las familias con menos recursos y a los jóvenes y para evitar una nueva burbuja de precios de la vivienda que desestabilice otra vez la economía.

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En la Catedral de León. Julio 2018 23. En la Capilla de San Antonio: San Mamés y Santa Catalina

30 de julio, 2018

Catedral de León 2018 23

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La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado

30 de julio, 2018

La Audiencia Nacional desestima el recurso de reposición interpuesto por el Notariado

Julio 26, 2018  Notas de prensa – registradores.org

◾Contra el auto que denegaba las medidas cautelares contra la Orden Ministerial por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales

26.07.’18.- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares que el Consejo General del Notariado había solicitado contra la Orden Ministerial de 21 de marzo, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

En dicha orden se encuentra como principal novedad la conocida como declaración de identificación del titular real, que debe contener la información extra-contable exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Dicha Directiva considera que es necesario identificar a toda persona física que posea una entidad jurídica o ejerza un control sobre ella, con el objetivo de responder a la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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El Tribunal Constitucional, por unanimidad, admite el recurso de amparo de Puigdemont, Rull, Turull y otros contra la decisión del Supremo que le impide ejercer su cargo público representativo

30 de julio, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa nº 70/2018 tribunalconstitucional.es
El TC, por unanimidad, admite el recurso de amparo de Puigdemont, Rull, Turull y otros contra la decisión del Supremo que le impide ejercer su cargo público representativo
El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, admitir a trámite los recursos de amparo de Carles Puigdemont, Jordi Turrull, Josep Rull y otros contra el Auto de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2018 dictado por el instructor de la causa especial. Según los recurrentes, dicha resolución judicial vulneraba el derecho fundamental de los diputados y diputadas del Parlament de Cataluña a ejercer su cargo público representativo en condiciones de igualdad (art. 23 CE).
El Tribunal aprecia que concurre en el recurso de amparo una “especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho constitucional sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”.
La resolución judicial requiere a la Sala Penal del Supremo para que, en un plazo que no exceda de 10 días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes.
Madrid, 24 de julio de 2018

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