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La inversión extranjera en España alcanzó los 23.476 millones y consolida la recuperación

24 de marzo, 2017

21 de marzo de 2017 mineco.gob.es
La inversión extranjera en España alcanzó los 23.476 millones y consolida la recuperación
Las cifras españolas contrastan con la debilidad de los flujos mundiales
La inversión productiva extranjera en España alcanzó en 2016 los 23.476 millones de euros brutos, un 1,2% menos que los 23.766 millones de 2015, con lo que se consolida la tendencia de recuperación iniciada en 2013. En términos netos (restando desinversiones) 2016 se cerró con un saldo de 17.535 millones de euros de inversión productiva, un 2,1 menos que los 17.904 millones de 2015. El volumen de 2016 es muy significativo porque se compara con un 2015 excepcional, en el que se registraron operaciones singulares que elevaron la inversión sustancialmente. Además, esta evolución se produce en medio de un débil contexto internacional, con caídas generalizadas en los flujos de inversión.

La inversión directa extranjera total (incluye las ETVE -entidades de tenencia de valores extranjeros- que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos) alcanzó los 33.096 millones de euros brutos, un 30,8% más que en 2015; y 25.739 millones netos, con un aumento del 33,5%.  La inversión de las ETVE se situó en 9.620 millones de euros, un 527% más que un año antes y en términos netos creció el 498%.

Las cifras de inversión extranjera en España contrastan con el contexto económico internacional, con disminución generalizada de los flujos inversores entre países. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) prevé que los flujos, con carácter general, se contraigan  entre un 10 y un 15%.

Las cifras de flujos de inversión directa, tanto extranjera en España como a la inversa, suelen ser muy volátiles. Hay que tener en cuenta que cinco  operaciones pueden concentrar en torno al 85% de la inversión de un mes, con lo que el retraso en la presentación por parte de los inversores puede desvirtuar las comparaciones. Por ello es pertinente comparar los datos con las medias de los últimos años. En concreto, la comparación de los datos de 2016 con los flujos de inversión brutos medios de los últimos 5 años refleja un aumento del 32% en términos brutos y del 66% en términos netos. Al tiempo, las desinversiones de 2016 fueron inferiores a la media del último quinquenio.

Las inversiones para constitución o ampliación del capital de empresas existentes representaron el 48,8% de la inversión bruta, con una disminución del 29% sobre 2015. El 51,2% restante corresponde a adquisición de participaciones ya existentes en sociedades o empresas.

 

En las inversiones productivas, los principales países de origen fueron Estados Unidos, con 4.968 millones de euros (21,2% del volumen total y un incremento del 126%), seguido de Luxemburgo (2.474 millones, 10,5% del total); Países Bajos (2.231 millones, 9,5%) y Alemania (2.211 millones, 9,4%).

Los países de la OCDE acaparan el 85% de las inversiones, con un aumento del 4,5%, en tanto que las procedentes de la UE (50% de los flujos) descendieron un 21%. Los fondos de Latinoamérica, que representan el 10% del total, aumentaron un 14%.

Los principales sectores de destino de la inversión productiva extranjera fueron suministro de energía eléctrica y gas, con 4.071 millones (17,3% del total y un aumento del 10,1% sobre 2015), seguido de actividades inmobiliarias, con 3.223 millones (13,7% del total y un 11,2% de incremento); y servicios financieros, con 1.823 millones (7,8% del total y crecimiento del 242%). Por detrás se sitúan actividades auxiliares a los servicios financieros e ingeniería civil y construcción de edificios. Este último ocupó en 2015 el primer lugar de la clasificación, con 4.551 millones.

La Comunidad de Madrid, con 10.970 millones (46,7% del total y un aumento del 6,3%) y Cataluña, con 4.857 millones (20,7% del total y un descenso del 1,3%) concentran la mayoría de la inversión productiva total, al igual que en años anteriores.

Inversión española en el exterior

En 2016 la inversión española directa total en el extranjero sumó 33.767 millones de euros en términos brutos (un 23% menos que en 2015) y 28.707 millones netos (caída del 1,2%). La inversión productiva (descontadas ETVE) alcanzó los 23.448 millones brutos (-43,2%) y 19.733 millones netos (-29,2%). Estas disminuciones se deben al efecto estadístico provocado por operaciones puntuales y extraordinarias contabilizadas en 2015. La inversión bruta total se mantiene en los mismos niveles de la media de los últimos cinco años y en términos netos casi se duplicó respecto a la media de los últimos cinco años.

El destino principal de la inversión productiva española fue Reino Unido, con 8.601 millones de euros (37% del total y aumento del 126%), seguido de  Estados Unidos, con 2.315 millones (10% del total y caída del 80%);  y Países Bajos, con 2.058 millones (un 8,8% e incremento del 195%). En general, en 2016 aumentó la inversión española dirigida a la UE y disminuyó hacia otras zonas geográficas, como Latinoamérica y los países de la OCDE.

Los principales sectores a los que se dirigieron las inversiones españolas en el extranjero en 2016 fueron: Comercio al por mayor e intermediación de comercio, servicios financieros, fabricación de otros productos minerales no metálicos, construcción de edificios y actividades inmobiliarias.

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Vigésimo aniversario de la Escuela Judicial.

23 de marzo, 2017

20 aniversario escuela Judicial

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La Escuela Judicial cumple 20 años

23 de marzo, 2017

Miércoles, 22 de marzo de 2017  poderjudicial.es

La Escuela Judicial cumple 20 años

Desde su entrada en funcionamiento en 1997, un total de 2.922 alumnos han pasado por sus aulas, lo que representa el 55 por ciento de los jueces hoy en activo. El perfil medio de los jueces que se han formado en la Escuela es el de una mujer, de 29 años, nacida en Madrid o Andalucía y sin familiares que ejerzan una profesión jurídica. La formación que se da a los jueces combina las más novedosas metodologías en la enseñanza del Derecho con estancias y visitas de estudio y prácticas tuteladas en Juzgados

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Escuela Judicial cumple 20 años

El 26 de febrero de 1997, las diez mujeres y los quince hombres que integraban la 48 promoción de jueces españoles iniciaron sus clases en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, inaugurada ocho días antes. Veinte años después, por sus instalaciones –situadas en Barcelona, en plena sierra de Collserola- han pasado un total de 2.922 alumnos, lo que representa casi el 55 de los jueces y juezas hoy en activo.

La puesta en marcha de la Escuela Judicial supuso un cambio radical en la forma de preparación de los jueces seguida hasta entonces, ya que esta materia dejó de depender del Poder Ejecutivo para ser asumida en su integridad por el CGPJ, lo que permitió proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial, y a quienes aspiran a ingresar en ella, una formación diferenciada de la del resto de profesiones jurídicas.

A partir de ese momento, y en las dos décadas transcurridas desde entonces, las decenas de hombres y mujeres que han formado parte de la Escuela Judicial han trabajado para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 307.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: procurar a los jueces españoles una formación “integral, especializada y de alta calidad”.

Los jueces en prácticas

Mujer, de 29 años, nacida en Madrid o Andalucía, sin experiencia laboral previa y sin familiares que ejerzan una profesión jurídica. Ese es el perfil medio de los 2.922 jueces que a lo largo de estos veinte años han salido de la Escuela Judicial para ocupar sus destinos.

Solo la primera de las veinte promociones que han pasado por la Escuela tenía más hombres que mujeres entre sus componentes: 15 de sus 25 miembros eran varones. Desde entonces, la presencia femenina siempre ha superado el 50 por ciento, llegando al 74 % en la promoción 61 –la que entró en el centro en 2009-, en la que cien de sus 135 integrantes eran mujeres. En total, éstas representan el 64,6 por ciento de todos los alumnos de estas dos décadas (1.888 de 2.922).

Los jueces en prácticas llegan con una edad promedio de 29 años a la Escuela Judicial, después de haber pasado una media de cuatro años y cuatro meses preparando las oposiciones. Menos del diez por ciento de los alumnos tenían menos de 25 años cuando ingresaron en el centro, y un porcentaje aún menor –el 1,64 por ciento- superaba los 40 años.

Atendiendo al lugar de nacimiento de los jueces en prácticas, algo más de un tercio de los que han pasado en estos veinte años por la Escuela eran de Madrid o Andalucía. Estas dos Comunidades Autónomas -con 527 y 517 representantes, respectivamente- encabezan una clasificación en la que les siguen Castilla y León (293), la Comunidad Valenciana (272) y Cataluña (221). En el otro extremo, Illes Balears es la Comunidad de origen de menos alumnos: 24.

Los datos estadísticos revelan también que el 65 por ciento de los alumnos de la Escuela carecía de experiencia laboral previa, y que el 75 por ciento de los jueces en prácticas no contaban con ningún familiar que ejerciera una profesión jurídica. Entre quienes sí tenían uno, no llegan al seis por ciento los que declaraban una relación familiar con un juez o magistrado.

La formación inicial: el método del caso

Una vez aprobadas las oposiciones, quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial deben superar un curso que incluye tres fases: un programa teórico-práctico de formación multidisciplinar, un periodo de prácticas en diferentes órganos de todos los órdenes jurisdiccionales y una etapa final en la que los jueces y juezas en prácticas desempeñan funciones de sustitución y refuerzo.

Algunas de las metodologías utilizadas por la Escuela Judicial han sido reconocidas a nivel europeo como mejores prácticas para la formación judicial: una de ellas es la utilización del caso práctico abierto a través del Juzgado virtual.

Bajo la premisa de que en la Escuela Judicial no se trata tanto de transmitir conocimientos que se suponen ya adquiridos, sino sobre todo de aplicarlos, el método del caso constituye la columna vertebral de la actividad docente y se ha perfeccionado hasta desarrollar tres variantes distintas:

El caso cerrado: el trabajo se centra en dosieres basados en expedientes judiciales. Los jueces en prácticas elaboran ponencias a partir de ese material y se generan debates participativos. El objetivo es ponerse en condiciones de resolver el litigio dictando sentencia, previo visionado, en su caso, de la grabación completa del juicio.

El caso secuenciado: basado en la recepción progresiva de la información, se inicia mediante la entrega a los alumnos del tipo de documentación con la que un ciudadano acudiría a su abogado. Con ella prepararán la minuta de una demanda, que luego compararán con la demanda real, para ir avanzando paso a paso en el desarrollo del caso. El último día de la práctica deben dictar sentencia.

El caso abierto: en estrecha colaboración con varios Juzgados, algunos de los casos que entran en ellos lo hacen también, de forma simultánea y gracias a las nuevas tecnologías, en la Escuela Judicial, que funciona como “Juzgado virtual”. Los alumnos siguen la tramitación del procedimiento y asisten a distancia al desarrollo de los actos programados, generalmente juicios verbales y audiencias previas de juicios ordinarios. Al concluir, deben dictar sentencia, con la misma información de la que dispone el titular del Juzgado y antes de que lo haga éste.

La vocación internacional de la Escuela Judicial

Desde su creación, la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial ha tenido una decidida vocación internacional que se traduce en su activa participación en redes de formación judicial en el ámbito de la Unión Europea, Iberoamérica y el mundo árabe.

Así, la Escuela es miembro de la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), que integra a las Escuelas Judiciales y organismos responsables de la formación de los jueces en los Estados miembros de la Unión Europea; de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), que agrupa a una treintena de Escuelas Judiciales e institutos iberoamericanos de formación de jueces y fiscales; y de la Red de Formación Judicial Euro-Árabe (RFJEA).

Además, la Escuela Judicial es la sede principal del Aula Iberoamericana, una iniciativa puesta en marcha por el CGPJ por encargo de los presidentes de las Cortes Supremas y los Tribunales Supremos de Justicia iberoamericanos. Desde 1999, un total de 2.176 magistrados, jueces y otros operadores jurídicos de veinte países iberoamericanos y de Guinea Ecuatorial han participado en las 107 actividades desarrolladas en este foro de formación e intercambio judicial especializado.

Conmemoración del 20 aniversario

El Consejo General del Poder Judicial desarrollará a lo largo de 2017 diferentes iniciativas para conmemorar el vigésimo aniversario de la Escuela Judicial, incluyendo una campaña en las redes sociales –a través de los perfiles @PoderJudicialEs y @Esc_Judicial en Twitter y de la cuenta del CGPJ en Facebook- bajo la etiqueta #20añosEJ.

También se potenciará la información sobre la Escuela en la página web www.poderjudicial.es, donde se podrán consultar textos e imágenes sobre su historia, funcionamiento y estructura, así como sobre la metodología de enseñanza y los planes docentes.

Estos contenidos están también presentes en un libro editado en castellano e inglés con motivo del 20 aniversario del centro, y cuya versión en catalán estará también disponible en la página web del Consejo en formato pdf.

Además, la Escuela Judicial celebrará mañana jueves una jornada de puertas abiertas dirigida a los medios de comunicación que comenzará con un desayuno informativo con la dirección del centro y durante la que los periodistas podrán conocer las instalaciones, asistir a algunas de las clases y hablar con profesores y alumnos.

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Los ingresos de la sociedad de un profesional no son del socio

23 de marzo, 2017

Los ingresos de la sociedad de un profesional no son del socio
Xavier Gil Pecharromán

21/03/2017 – eleconomista.es

Un fallo determina que Hacienda no puede decretar la vinculación del titular si hay medios materiales y personales
Aunque una sociedad tenga como objeto principal la actividad personal del socio, la Audiencia Nacional (AN) considera que ésta cuenta con medios personales y materiales para la realización de su actividad profesional, si en dicho ejercicio interviene no sólo en la actividad del socio, sino también en otras que requieran la participación de otros medios técnicos, materiales y humanos adicionales.
Así, lo establece la AN en sentencia de 9 de septiembre de 2017, en la que anula las sanciones impuestas por Hacienda al considerar que “existe discrepancia razonable en la aplicación de la realidad jurídica a la calificación fiscal y sus consecuencias tributarias.” El ponente, el magistrado Calderón González se pronuncia con los mismos fundamentos que la emitida por la AN, con fecha de 7 de diciembre de 2016.

Para Sara Muñiz, abogada de Garrido Abogados, esta sentencia “es relevante, dado que este tipo de regularizaciones son muy numerosas y hay pocos pronunciamientos de los Tribunales. En ella se impide a la Inspección que regularice con la Ley vigente en el año 2006 pues la sociedad cuenta con medios aparte de la prestación del socio”.

Destaca la abogada de Garrido Abogados que “con la legislación posterior rechaza el automatismo de considerar que todo lo que ingresa la sociedad proviene del socio, valorando las pruebas. Y, además, anula las sanciones, que se imponen habitualmente”.

Valoraciones de mercado

La Inspección consideraba que dispone de “un comparable interno que satisface las condiciones de comparabilidad, en el sentido de ser operaciones realizadas por la entidad vinculada con un independiente”. Este comparable es la valoración de la relación entre la sociedad y los terceros de los que obtiene los ingresos por los servicios prestados por el socio.

El método que considera más adecuado -admitido por la AN como idóneo- es el de valoraciones de mercado en operaciones vinculadas, recogido en el artículo 16.3 a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que corresponde al precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares.

Así, compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación.

Alega la Inspección que se trata de supuestos de prestación de servicios de carácter personalísimo. Los contratos que la sociedad realiza con terceros están condicionados a que sea la persona física, administradora de la sociedad, la que necesariamente preste el servicio, de forma tal que las cualidades personales de la misma son esenciales para la prestación del servicio.

Además, la función esencial de la prestación del servicio la asume la persona física. La mayoría de los riesgos recaen sobre la persona física y los activos empleados son en esencia sus cualidades como artista o profesional. Se trata de un mercado donde la contratación se realiza atendiendo a las características personales de la persona involucrada en la prestación del servicio.

El recurrente alegaba que una buena parte de los servicios que se prestan son llevados a cabo por los profesionales que están contratados por la sociedad, puesto que ésta cuenta con los medios materiales y humanos para ello.

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) desestimó las reclamaciones económico administrativas.

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El Gobierno pone a disposición del sector industrial más de 600 millones de euros en préstamos

23 de marzo, 2017

17 de marzo de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno pone a disposición del sector industrial más de 600 millones de euros en préstamos
Se conceden apoyos financieros del 75% del presupuesto financiable con créditos reembolsables a 10 años
Uno de los objetivos de esta financiación es incentivar las inversiones en digitalización de la industria
Se espera que esta iniciativa genere 10.000 nuevos puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a convocar préstamos para la inversión industrial dentro del Programa de Fortalecimiento de la Competitividad Industrial en 2017. El presupuesto destinado a dicha convocatoria asciende a un total de 606,4 millones de euros a disposición del sector empresarial privado.

El objeto de la convocatoria es la concesión de préstamos a empresas industriales para la ejecución de inversiones materiales destinadas a la creación o traslado de establecimientos industriales y a las ampliaciones de capacidad de producción instalada, y mejora y/o modificación de líneas de producción.

Esta orden pretende también incentivar las inversiones realizadas en el contexto de la digitalización industrial, de forma coordinada con la estrategia establecida por la iniciativa “Industria Conectada 4.0”, pudiendo financiar tanto la adquisición de aparatos y equipos de producción como los gastos de ingeniería de proceso de producción asociados a dichos equipos.

Los préstamos se concederán a 10 años, con tres de carencia, y el tipo de interés se determinará en función de la clasificación obtenida por el beneficiario durante la fase de evaluación y de la garantía constituida antes de la resolución de concesión, por lo que oscilará entre el 1,575% y el 4%.  El importe del préstamo a conceder será del 75% sobre el total del presupuesto considerado como financiable.

Las garantías a constituir serán del 10% del préstamo solicitado y habrán de constituirse en el momento de la solicitud.

Se apoyarán cuatro tipos de actuaciones distintas:

Creación de establecimientos industriales: inicio de una nueva actividad de producción en cualquier punto del territorio nacional.
Traslado: cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
Ampliaciones de la capacidad de producción, a través de la implantación de nuevas líneas de producción en centros existentes.
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes.
El régimen de concesión será de concurrencia competitiva en cada una de las 11 zonas geográficas específicas definidas y en la general, que incluye el resto del territorio del Estado español.

En total, se estima que podrían generarse en torno a 10.000 nuevos puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto. Finalmente, se espera que este apoyo contribuya a incrementar las exportaciones industriales, especialmente en aquellos productos con un nivel tecnológico más elevado.

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La justicia alicantina ya declara abusiva la cláusula que permite embargar el piso con un solo impago

22 de marzo, 2017

La justicia alicantina ya declara abusiva la cláusula que permite embargar el piso con un solo impago

Un arquitecto alicantino logra frenar la ejecución de su hipoteca gracias a la aplicación de la última sentencia del Tribunal Europeo de Justicia
david navarro     18.03.2017 | diarioinformacion.com
El banco ya sólo podrá reclamarle la cantidad que efectivamente ha dejado de abonar y no todo el crédito.

Se avecinan nuevos problemas para las entidades financieras. Tras el varapalo de las cláusulas suelo o de la sentencia del Supremo que permite reclamar al banco parte de los gastos de formalización de las hipotecas, ahora los juzgados alicantinos han empezado a aplicar también el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera abusivas y, por tanto, nulas las denominadas cláusulas de vencimiento anticipado por las que el banco puede embargar el piso y reclamar la totalidad de la deuda a partir de un solo impago. Una decisión que, en la práctica, podría frenar numerosas ejecuciones hipotecarias que están en marcha ahora mismo ya que el citado fallo señala, además, que los jueces pueden anular estas cláusulas aunque el banco no las haya puesto en práctica.

Es decir, que aunque el banco no haya hecho uso de esta potestad y no haya iniciado los trámites de embargo hasta que el cliente ya acumulaba un año completo sin pagar la cuota mensual, si su hipoteca incluye esta cláusula se considerará nula y la entidad en cuestión no podrá continuar con los trámites. Así lo acaba de dictaminar, por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante que, en una resolución pionera tras el fallo del TJUE, ha sobreseído la ejecución hipotecaria que tramitaba Bankinter contra uno de sus clientes por este motivo.

Se trata en concreto del caso de un arquitecto que, tras estallar la burbuja inmobiliaria, se vio obligado a hipotecar su casa para conseguir liquidez. En este caso debía ya nueve cuotas cuando la entidad decidió aplicar la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo, que ahora el juzgado ha declarado abusiva.
Un tercio más por las costas

«Lo que dice el tribunal europeo es que estas cláusulas crean un desequilibrio entre la entidad y el cliente ya que permiten que con un sólo impago, aunque sea parcial, el banco te pueda reclamar todo el crédito, más los intereses y las costas del proceso, que pueden elevar en un tercio la cantidad adeudada», explica Joaquín Puch, el letrado de Ölima Legal que, junto a su compañero, Francisco José Gómez, se han encargado de este caso. Es más, en algunas hipotecas ni siquiera hace falta que el impago sea de una cuota. Basta con que el cliente deje de pagar una comisión y, en teoría, se podría instar su aplicación. Por tanto, el juzgado las considera abusivas y las anula, con independencia de que se hayan aplicado realmente o no. Eso sí, el resto del articulado de la hipoteca sigue vigente.

En este caso, en concreto, por las nueve cuotas que debía el afectado, el banco reclamaba la totalidad del crédito pendiente, unos 110.000 euros, además de otros 32.795 euros para intereses, gastos y costas del proceso. Tras el sobreseimiento, ahora será el banco el que deberá abonar una cantidad incluso superior a esta última por las costas del bufete que le ha representado.
Cambio de criterio

En cualquier caso, esta nueva doctrina va a suponer un quebradero de cabeza para las entidades. Tras estallar la crisis, la legislación española ya estableció que se debían producir un mínimo de tres impagos para iniciar una ejecución hipotecaria pero, con la interpretación del TJUE, también esto se consideraría abusivo. «Lo que dice el fallo europeo es que la deuda impagada debe ser ‘grave’, es decir, que debe suponer una parte importante del total del crédito para poder reclamarlo todo. Pero no hay un baremo establecido», señala Puch, quien asegura que muchos bancos está paralizando sus demandas hasta que se aclare.

De momento, la única alternativa que les queda en casos como el citado es interponer una reclamación judicial de cantidad pero sólo por la cantidad realmente impagada. Si el juez la estima, se procederá al embargo de los bienes del afectado pero no necesariamente de la casa. Por ejemplo, podría bastar con embargarle el coche o parte de sus ingresos. El problema es si el hipotecado continúa sin pagar, ya que cada vez el banco debería esperar a que se produjera el impago y reclamar la deuda ante el juzgado, o esperarse al vencimiento del crédito.

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El Gobierno amplía las medidas de protección de los deudores hipotecarios afectados por la crisis

21 de marzo, 2017

17 de marzo de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno amplía las medidas de protección de los deudores hipotecarios afectados por la crisis
Se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de los desahucios, medida que está vigente desde 2013
Las familias con hijos menores de edad, las monoparentales, violencia de género o discapacidad se incluyen como vulnerables
El Código de Buenas Prácticas contemplará la opción de alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por la crisis antes situaciones como el desahucio de su vivienda. En concreto, se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen además nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos. La norma ha sido elaborada con un amplio consenso.

Estas medidas completan el conjunto de actuaciones que puso en marcha el Gobierno en 2012 ante la  problemática de los desahucios y que en conjunto han beneficiado a más de 78.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP, al que están adheridas 93 entidades financieras) mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del Fondo Social de Viviendas.

El RDL aprobado por el Gobierno amplía el plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020. Los criterios subjetivos para acogerse tanto al Código de Buenas Prácticas como a la suspensión de lanzamientos se equiparan en su mayoría y se amplían a los siguientes supuestos:

– La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años, como hasta ahora.

­– La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos a cargo, como hasta ahora.

– La unidad familiar con la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este requisito ya se aplica en la suspensión de lanzamientos y se extiende al CBP.

– La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, criterio que se extiende al CBP y se mantiene en la suspensión de lanzamientos.

– En la suspensión de lanzamientos se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor hipotecario ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, el alquiler de la misma en condiciones favorables. La petición de alquiler deberá realizarse dentro de un plazo determinado. Se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3% del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco de mutuo acuerdo entre las partes (entre el ejecutado y el adjudicatario).

El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos, cuando aquella hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado así como otros factores que garanticen un precio equitativo.

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A partir de mañana LexNET amplía a 15 MB su capacidad de envío

21 de marzo, 2017

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación mjusticia.gob.es
A partir de mañana LexNET amplía a 15 MB su capacidad de envío
15 de marzo de 2017.- A partir de mañana jueves, 16 de marzo, las comunicaciones que se realicen a través de LexNET podrán tener un volumen de hasta 15 MB. La medida supone un incremento de la capacidad de un 50% frente a los 10MB con que contaba en la actualidad y un 150% frente a los 6MB que permitía el sistema antes del 1 de enero de 2016.
De este modo, el Ministerio de Justicia da respuesta a la demanda realizada por los profesionales del sector de la Justicia para poder realizar la presentación electrónica de determinados escritos iniciadores de procedimiento con gran volumen de información.
Esta iniciativa se suma al paquete de 24 medidas relacionadas con las bases de datos, servidores, comunicaciones, firma electrónica y mejoras en el desarrollo de la aplicación puestas en marcha en el último año y que han permitido dotar a LexNET de mayor velocidad, rendimiento, funciones y mejor atención a los profesionales.
Durante 2017 se continuará con la mejora del sistema incorporando nuevas funcionalidades como la recepción de avisos de notificaciones vía e-mail, la integración con el sistema deJusticia gratuita o nuevos buzones consolidados para abogados con varias colegiaciones.
Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad en el uso de medios electrónicos en las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia el 1 de enero del pasado año, se han realizado 86,5 millones de comunicaciones electrónicas en todo el territorio nacional. Asimismo, se han realizado cerca de cinco millones de firmas electrónicas en casi 1.000 juzgados del territorio dependiente del Ministerio de Justicia.

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CCOO y UGT transmiten al Gobierno la necesidad de incluir medidas para reducir la desigualdad y la pobreza en el Plan Nacional de Reformas

21 de marzo, 2017

CCOO y UGT transmiten al Gobierno la necesidad de incluir medidas para reducir la desigualdad y la pobreza en el Plan Nacional de Reformas
En la reunión mantenida con la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno por iniciativa sindical, CCOO y UGT han reiterado sus propuestas acerca de las prioridades que deberían orientar el Plan Nacional de Reformas 2017: la creación de empleo de calidad y el reforzamiento de la protección social, únicos mecanismos eficaces para atajar la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Así mismo, han demandado la puesta en marcha de un proceso de participación real de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo.
17/03/2017. ccoo.es
CCOO y UGT consideran necesario un cambio de rumbo en las políticas diseñadas en el marco del Semestre Europeo por las instituciones de la Unión Europea y seguidas por los sucesivos Gobiernos, cuyas nefastas consecuencias socioeconómicas admiten pocas dudas. En este sentido, tanto el reciente Estudio de la OCDE como el propio Informe de la Comisión Europea sobre España de este año, ponen de manifiesto las alarmantes cifras de desigualdad y de una pobreza que alcanza incluso a las personas con empleo. Una grave situación social que se mantiene a pesar de los buenos datos de crecimiento del PIB y la reducción del desempleo de los últimos años. En particular, el informe de la OCDE apunta que el crecimiento en España no es inclusivo y tampoco está basado en la mejora de la productividad. Sobre este último aspecto, tanto la Comisión Europea como la OCDE, señalan el bajo gasto en I+D, y la ineficacia de los beneficios fiscales, incluidos en el impuesto de sociedades, para incentivar este tipo de inversiones.

Las propuestas sindicales se centran en poner fin a las políticas de austeridad fiscal, además de la derogación de la reforma laboral, que consideramos que han supuesto un agravamiento de los efectos de la crisis. La recuperación real de nuestra economía no se puede producir sin aumento del consumo, lo que pasa fundamentalmente por la creación de empleo de calidad, la recuperación de los salarios, el fortalecimiento de las políticas de protección social y el crecimiento de la inversión pública.

Ambas confederaciones han señalado la ausencia de participación real de los sindicatos a lo largo del proceso del Semestre Europeo, especialmente en relación con las iniciativas que corresponden al Gobierno: Plan Nacional de Reformas, Programa de Estabilización y adopción de las Recomendaciones específicas para España. Una participación que está minuciosamente establecida en la Declaración de los interlocutores sociales europeos de 2013 y que está siendo respetada por la mayoría de los gobiernos europeos. Así mismo, CCOO y UGT han mostrado su disconformidad con el hecho de que, un año más, tengan que esperar a finales de abril, y una vez que ya está aprobado por el Consejo de Ministros, para conocer el contenido del PNR 2017.

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Los nuevos españoles que nunca debieron serlo

20 de marzo, 2017

Los nuevos españoles que nunca debieron serlo
El Gobierno otorga por error la nacionalidad a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes
Elena G. Sevillano

Madrid    –    19 marzo 2017    elpais.com

Jesús E. G., dominicano, consiguió la nacionalidad española por residencia el 18 de noviembre de 2013. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía los tres requisitos que se le piden a cualquier solicitante: un tiempo determinado de residencia legal en España, integración y buena conducta cívica. Ya era un español más.

Sin embargo, a Justicia se le escapó algo. Jesús había sido condenado el 19 de febrero de ese año, es decir, ocho meses antes, por un juzgado de lo penal de Madrid por un delito de tráfico de drogas. Nadie comprobó si Marcial tenía antecedentes penales o policiales antes de hacerle español. De haberlo hecho, Justicia habría visto otra detención, en febrero de 2010, también por tráfico de drogas, y otra de 2009, por asociación ilícita y abuso sexual.

La Constitución garantiza que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”. ¿Y si no lo es de origen? Se puede, y está sucediendo cada vez más. En apenas cinco años se han multiplicado por 10 los casos de revocación de la nacionalidad española. Han pasado de ser anecdóticos a llegar por decenas hasta la Audiencia Nacional, que solo en solo en 2016 ha dictado una treintena de sentencias, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Una de ellas declaró en noviembre pasado que el corto periodo de Jesús como español de pleno derecho había terminado. Los magistrados apuntan en el fallo a los errores cometidos durante el procedimiento: “Al valorar el requisito de buena conducta cívica, se debieron considerar no solo las circunstancias existentes al presentarse la solicitud, sino también las que se hubieran podido producir a lo largo de la tramitación del expediente gubernativo”.

Jesús aportó al principio del procedimiento, que se puede demorar más de dos años, un certificado de buena conducta que nadie volvió a comprobar hasta que se le concedió la nacionalidad. Mientras tanto, su currículum sumó detenciones y hasta una sentencia condenatoria, que no se detectaron. “Debió tenerse en cuenta […] que existía una causa penal pendiente por un delito de drogas”, dice la Audiencia Nacional, que añade que existían también “otras detenciones por la Guardia Civil, de suficiente gravedad como para no tener por cumplido el requisito de buena conducta cívica”.

Homicidio imprudente

Tampoco en el caso de Gustavo V. P. Era una noche de agosto de 2010. Yoana S., de 25 años, iba en su bicicleta por la avenida de Guipúzcoa de Pamplona cuando un Ford Focus se la llevó por delante. El choque fue tan brutal que salió disparada por encima y cayó varios metros más atrás. Murió días después.

Al volante estaba Gustavo, que conducía a 112 kilómetros por hora en una vía donde la velocidad máxima permitida era de 50 y con 0,48 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La luna delantera del coche quedó resquebrajada hasta el punto de que no se veía nada, pero siguió conduciendo hasta llegar a su casa, saltándose un semáforo en rojo por el camino, y escondió el coche en el garaje. Le detuvieron apenas un par de horas después.

Dos años después, en octubre de 2012, Gustavo, colombiano, consiguió la nacionalidad española por residencia. El Ministerio de Justicia consideró que cumplía todos los requisitos, incluido el de buena conducta cívica. A esas alturas, sin embargo, era más que un presunto homicida: había sido condenado por un juzgado de lo penal varios meses antes, en enero. El juez le consideró autor de dos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La Audiencia Provincial confirmó la condena posteriormente.

La doctora que no pudo trabajar en España

Los errores en la concesión de nacionalidad no solo se deben a delitos no detectados. En ocasiones, la confusión de la propia Administración sobre los requisitos de residencia ha provocado casos como el de la doctora Nathalie Larreinaga.

Llegó en 2004 a España con su título de Medicina homologado para hacer el MIR en Oviedo. En 2007 inició el trámite para nacionalizarse. Quería quedarse en España: vivir, investigar y ser médica de familia en Asturias. “Nunca me pusieron ningún problema. En el Registro Civil decían que cumplía todos los requisitos; me entrevistó la policía, que incluso me felicitó por lo bien que me había adaptado a las costumbres españolas y, sobre todo, asturianas”, relata por correo electrónico. A la hora de empezar a trabajar en el sistema público –en el que, recuerda, había dificultad para cubrir plazas– se encontró con que no podía porque tenía tarjeta de estudios y no de residencia. “Quedé en un limbo. Soy una persona que no le gusta infringir las leyes. No quise quedarme de forma ilegal y volví a mi país”.

Pese a ello, le concedieron la nacionalidad unos meses después, cuando ya estaba establecida de nuevo en El Salvador. Viajó a Oviedo en 2012 para firmarla; incluso le dieron el pasaporte español. En 2013 el Consejo de Ministros declaró “lesiva para el interés público” su nacionalidad. En 2016, la Audiencia Nacional lo confirmó: su estancia de estudios no era una residencia legal; darle la nacionalidad había sido un error.

“Lo lamento de corazón. Me hubiera gustado retribuir la excelente formación que recibí y trabajar para la gente de Asturias que tanto llegué a apreciar”, dice. Ahora trabaja para el Ministerio de Sanidad de su país, investiga y es profesora de universidad.

El Ministerio de Justicia tardó casi dos años en enterarse de que había hecho español a un homicida. Fue un informe de la Dirección General de la Policía el que, en agosto de 2014, alertó de que Gustavo estaba en la cárcel por una condena firme. Entonces inició el proceso para retirarle la nacionalidad. El procedimiento, un acto administrativo, se denomina declaración de lesividad, lo inicia el propio ministerio a través del Abogado del Estado y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, que declara que una decisión es “lesiva para el interés público”. Es la manera que tiene la Administración de corregirse a sí misma.

En 2010 solo llegaron cuatro de estos casos a la mesa del Consejo de Ministros. En 2014 ya eran 65. “El aumento del número de lesividades ha coincidido con el incremento de la resolución de expedientes de nacionalidad por residencia en el marco del Plan Intensivo de Tramitación de Expedientes de Nacionalidad, desde septiembre de 2012”, explica en respuesta escrita el Ministerio de Justicia. “Al incrementarse el número de resoluciones lo ha hecho también el de lesividades, en los años posteriores a la resolución de los expedientes”, añade.
En la treintena de casos analizados, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Abogado del Estado y ha revocado la nacionalidad a otras tantas personas. En algunos casos, hasta cinco y seis años después de que Justicia se las concediera. Más de la mitad son casos de tráfico de drogas. También hay tres de homicidio.

Falta de control

¿Cómo es posible que Justicia conceda nacionalidades sin consultar los registros de penados y sentencias que gestiona el propio ministerio? “Por absoluta falta de control durante el proceso de tramitación de la nacionalidad”, asegura Marcelo Belgrano, coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. Si un solicitante de nacionalidad ha cometido delitos, o incluso ha sido condenado, “se debería haber sabido, sobre todo porque es el mismo ministerio el que regula el registro”, añade.

Belgrano cree que la externalización de la tramitación a los registradores de la propiedad, dentro del plan de choque que el Gobierno puso en marcha en 2012 ante el alud de tramitaciones sin resolver, también puede haber provocado alguno de estos errores. “Al no estar familiarizados con todo el proceso de adquisición de nacionalidad, se han constatado bastantes errores en la resolución de muchos expedientes”, señala.

Justicia reconoce que la dirección general que concede las nacionalidades no accede a los registros. “Se solicitan los informes preceptivos para evaluar el requisito de buena conducta cívica y en función de ellos se toma una decisión”, afirma un portavoz. Ahora hay “un mayor control de los expedientes de nacionalidad, y especialmente de personas que están cumpliendo condena en centros penitenciarios”, apunta Belgrano. Muchos procedimientos se inician tras recibir informes policiales.

Es el caso del ecuatoriano Nezzar Alejandro E. D., condenado a 11 años y seis meses de prisión por homicidio por la Audiencia Provincial de Murcia en 2012. Su condena fue posterior a la concesión de la nacionalidad, pero cuando el Ministerio de Justicia le comunicó que era español, en julio de 2011, hacía dos meses que había matado de una puñalada en el corazón al joven Iván Coca en Mazarrón (Murcia).

La Audiencia Provincial no consideró acreditado que el consumo de alcohol hubiera afectado a sus capacidades. Tras un altercado en la calle, de madrugada, el hombre volvió a su casa a buscar dos cuchillos. Durante el juicio alegó que hubo un forcejeo y que no tenía intención de matar. La sentencia califica ese forcejeo de “inexistente”. Su detención la madrugada del crimen no le constaba al Ministerio de Justicia cuando le dio la nacionalidad.

Detenido en Francia

Hay otros casos en los que resulta más difícil para la Administración comprobar los antecedentes de un solicitante de nacionalidad. A Juan Pablo (nombre ficticio) se la concedió en junio de 2013, un año después de que fuera detenido por un delito de tráfico de drogas. La detención se produjo en Francia. Después le condenaría un tribunal de Montpellier a cinco años de cárcel.

 

Cuando un informe de la Dirección General de la Policía alertó a Justicia, esta inició el proceso para declarar lesiva para interés público la concesión de la nacionalidad. En ocasiones, aunque la condena o la detención sean posteriores a esa fecha, si se demuestra que los hechos delictivos se cometieron durante la tramitación, Justicia y también la Audiencia Nacional consideran que no se cumplía el requisito de buena conducta y revoca la nacionalidad.

El procedimiento de lesividad es extraordinario, explica Vicente Marín, abogado especializado en Extranjería e Inmigración y responsable de la web Parainmigrantes. Tanto que la mayoría de abogados que se dedican a extranjería nunca se ha encontrado con uno de estos casos ni saben que existen. Tampoco hay estadísticas públicas. Ni se conoce cuándo el Consejo de Ministros declara lesiva la concesión de una nacionalidad, puesto que estas decisiones no se divulgan en las referencias de los consejos.

Ahora la organización Access Info ha conseguido que se conozcan los índices de los Consejos de Ministros, los órdenes del día reales de las reuniones en las que los ministros toman las decisiones. Hasta ahora eran secretos, pero esta organización ganó un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que insta al Ministerio de Presidencia a hacerlos públicos. Las declaraciones de lesividad se recogen en los índices, aunque anonimizadas y sin detallar el motivo.

Errores de la Administración

La declaración de lesividad no siempre se inicia por incumplir el requisito de buena conducta cívica. La falta de residencia acreditada e incluso la de integración pueden descubrirse a posteriori e iniciar el proceso. Marín relata los dos únicos casos que ha tenido hasta la fecha: los de dos médicos que estaban haciendo el MIR en España y a los que Justicia les concedió la nacionalidad pese a que era evidente que no cumplían los requisitos.

“Es un caso sangrante que está ahora en la Audiencia Nacional. Se les concedió siendo estudiantes por una cadena de errores brutal, desde los funcionarios del Registro Civil a los encargados de tramitar el expediente, que eran los registradores de la propiedad. Acabaron con resoluciones favorables personas que no habían sido residentes sino que tenían estancia por estudios. A los tres años, que se dice pronto, el Ministerio comprobó que se había equivocado”, explica. “Ellos no tenían ni idea de que no cumplían los requisitos. Se fiaron de los funcionarios”.

Tras la concesión de la nacionalidad aún hay que pasar por otro trámite: jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes antes de que se cumplan tres meses. Cuando el secretario judicial fue a notificar a Julio (nombre ficticio) que ya era español, se encontró con que el hombre apenas le entendía.

“Tiene grandes dificultades para entender y expresarse en el idioma español”, escribió el funcionario. Resultó que Julio era paquistaní y que a duras penas contestaba con monosílabos y verbos en infinitivo. En su expediente del Registro Civil, en cambio, constaba que hablaba español perfectamente “dada su nacionalidad hispanoamericana” y que tenía amplio conocimiento de las costumbres y estilo de vida españoles. El caso también acabó en la Audiencia Nacional. Julio, de momento, no podrá ser español.

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La Cámara de España apuesta por el libre comercio para garantizar el crecimiento, el empleo de calidad y el bienestar de los ciudadanos

20 de marzo, 2017

La Cámara de España apuesta por el libre comercio para garantizar el crecimiento, el empleo de calidad y el bienestar de los ciudadanos
Madrid, 13/3/17. camara.es El sector exterior, al que tantas de nuestras empresas han dirigido su atención y esfuerzos en momentos de crisis, ha jugado un papel clave en el crecimiento económico, en el progreso, la prosperidad y el bienestar de los españoles. Nuestras empresas han sabido siempre responder al proceso de apertura y al desafío que supuso la inyección de competencia externa que acompañó a la liberalización, pero también a la apertura de mercados extranjeros que se logró como contrapartida. Varios miles de pymes han salido al exterior en los últimos años, tratando de buscar en el exterior la demanda que no encontraban en nuestro mercado., La gran mayoría ha superado la prueba y han pasado a engrosar nuestra base exportadora.

No solo acabamos de batir el récord de exportaciones de mercancías en 2016, sino que lo hacemos también en turismo y en otros servicios. Un comportamiento muy positivo si lo comparamos con el de nuestros principales socios europeos y en un entorno poco propicio.

Hoy contamos con un grupo relevante de firmas ya fuertemente internacionalizadas a través del comercio y la inversión, la punta de lanza de nuestra presencia empresarial exterior, que ocupan posiciones de liderazgo mundial en diferentes sectores y cuya actividad internacional supone una proporción cada vez mayor de su facturación y resultados. Y ello es el reflejo de una favorable evolución de nuestro modelo productivo, cada vez más integrado en el mercado global, y de nuestro modelo de crecimiento, cada vez más sólido y diversificado.

El margen es aún enorme, ya que tenemos un gran número de empresas competitivas que aún no han dado el salto al exterior. Y no solo a nuestro mercado natural de la Unión Europea, sino a los países que van a crecer más rápidamente en los próximos años como los emergentes. A todos ellos debemos exportar los bienes y servicios de alto valor añadido que somos capaces de producir, no tratando de competir con los exportadores de bajos costes, sino en la liga de los mejores.

Todo ello exige un mercado mundial abierto, al que puedan acceder nuestras empresas, y especialmente las pymes, con sus bienes, servicios y capitales.

Por ese motivo, la Cámara de Comercio de España considera que el levantamiento de nuevas barreras que dificultaran o impidieran a nuestras empresas seguir avanzando en su posicionamiento en el mundo sería muy pernicioso. Hay que estar alerta y evitar que pueda experimentarse un retroceso en el largo proceso de liberalización comercial que con tanto esfuerzo y empeño se ha conseguido en los últimos años. En un mercado tan integrado que ya es global, la imposición de barreras en cualquier mercado importante originaría, además de la ruptura de múltiples cadenas internacionales de valor, represalias por parte de sus socios comerciales que generarían una espiral de alcance y consecuencias imprevisibles.

Las Cámaras de Comercio de España deseamos hacer patente y público, una vez más, nuestro compromiso con un comercio libre, justo e inclusivo bajo reglas claras y compartidas, como marco necesario para seguir avanzando en el proceso de construcción de un modelo productivo competitivo y generador de mayor crecimiento, empleo de calidad y bienestar para nuestros ciudadanos.

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El Tribunal de Justicia considera que no existe derecho al olvido en relación con los datos personales recogidos en el registro de sociedades

19 de marzo, 2017

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 27/17
Luxemburgo, 9 de marzo de 2017
Sentencia en el asunto C-398/15
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce / Salvatore Manni
El Tribunal de Justicia considera que no existe derecho al olvido en relación con los datos personales recogidos en el registro de sociedades
Sin embargo, tras la expiración de un plazo suficientemente largo después de la liquidación de la sociedad de que se trate, los Estados miembros pueden establecer el acceso restringido de terceros a estos datos en casos excepcionales
En 2007, el Sr. Salvatore Manni, administrador único de una sociedad a la que se adjudicó un contrato para la construcción de un complejo turístico en Italia, interpuso una demanda contra la Cámara de Comercio de Lecce. A su juicio, los inmuebles de dicho complejo no se vendían porque en el registro de sociedades constaba que había sido administrador de otra sociedad, declarada en concurso de acreedores en 1992 y liquidada en 2005.
El Tribunale de Lecce (Tribunal de Lecce, Italia) ordenó a la Cámara de Comercio de Lecce que hiciera anónimos los datos que vinculaban al Sr. Manni con el procedimiento concursal de la primera sociedad y la condenó a indemnizar el perjuicio causado al Sr. Manni. La Corte Suprema di Cassazione (Tribunal de Casación, Italia), que conoce de un recurso de casación interpuesto por la Cámara de Comercio de Lecce contra esta sentencia, ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales. Desea saber si la Directiva relativa a la protección de los datos de las personas físicas 1 y la Directiva sobre la publicidad de los actos de las sociedades 2 se oponen a que cualquier persona pueda acceder, sin límite en el tiempo, a los datos relativos a las personas físicas que figuran en el registro de sociedades.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala antes de nada que la publicidad de los registros de sociedades tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica en las relaciones entre las sociedades y los terceros y proteger, en particular, los intereses de los terceros en relación con las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, ya que dichas sociedades sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a ellos. Además, el Tribunal de Justicia observa que pueden producirse situaciones en las que se necesita disponer de datos personales recogidos en el registro de sociedades incluso muchos años después de que una empresa se haya liquidado. En efecto, habida cuenta 1) de la multitud de derechos y relaciones jurídicas que pueden vincular a una sociedad con actores en varios Estados miembros (aun tras su liquidación), y 2) de la heterogeneidad de los plazos de prescripción previstos por las diferentes normativas nacionales, resulta imposible identificar un plazo único a cuya expiración la inscripción de estos datos en el registro y su publicidad ya no sea necesaria.
En estas circunstancias, los Estados miembros no pueden garantizar a las personas físicas cuyos datos están inscritos en el registro de sociedades el derecho a obtener, tras un determinado plazo a contar desde la liquidación de la sociedad de que se trate, la supresión de los datos personales que les conciernen.
El Tribunal de Justicia considera que esta injerencia en los derechos fundamentales de los interesados (concretamente, en el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de datos personales, garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión) no es desproporcionada, en la medida en que 1) en el registro de sociedades sólo está inscrito un número limitado de datos personales, y 2) está justificado que las personas físicas que deciden participar en los intercambios económicos mediante una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que sólo ofrecen su patrimonio social como garantía respecto a terceros, estén obligadas a hacer públicos los datos relativos a su identidad y a sus funciones dentro de aquéllas.
No obstante, el Tribunal de Justicia no excluye que, en situaciones concretas, razones legítimas relativas propias de la situación particular del interesado puedan justificar, excepcionalmente, que el acceso a los datos personales que le conciernen inscritos en el registro se limite, al expirar un plazo suficientemente largo tras la liquidación de la sociedad de que se trate, a los terceros que justifiquen un interés específico en su consulta. Tal limitación del acceso a los datos personales debe realizarse sobre la base de una apreciación caso por caso. Incumbe a cada Estado miembro decidir si desea establecer esta limitación del acceso en su ordenamiento jurídico.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que el mero hecho de que los inmuebles del complejo turístico no se vendan debido a que los potenciales adquirentes de estos inmuebles tienen acceso a los datos del Sr. Manni recogidos en el registro de sociedades no puede justificar una limitación del acceso de terceros a estos datos, considerando concretamente el interés legítimo de éstos a disponer de esa información.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
2 Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO 1968, L 65, p. 8; EE 07/01, p. 3), en su versión modificada por la Directiva 2003/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003 (DO 2003, L 221, p. 13).

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El 78,2% de la población española cuenta con viviendas en propiedad, casi nueve puntos por encima del promedio europeo

18 de marzo, 2017

El 78,2% de la población española cuenta con viviendas en propiedad, casi nueve puntos por encima del promedio europeo
ieemadrid.es
Según las estadísticas que acaba de publicar Eurostat, en el año 2015 casi el 70% de la población de la UE vivía en viviendas ocupadas por sus propietarios, aunque con grandes diferencias entre países. En Rumanía la vivienda en propiedad corresponde al 96,4% de los casos, mientras que la cifra se sitúa ya claramente por debajo del 60% en Austria y Alemania, donde el mercado de alquiler está muy extendido.

La mayor proporción de viviendas ocupadas por sus propietarios en la UE-28 corresponde a diez países de reciente adhesión a la Unión Europea. En cabeza figuran Rumanía (96,4%) y Croacia (90,5%), así como Lituania y Eslovaquia con cifras superiores al 89%. A continuación se sitúan Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Malta y Letonia, todos ellos por encima del 80%. España es el país de la antigua UE-15 con el mayor porcentaje de viviendas en propiedad con un 78,2%. Desde el comienzo de la crisis, el porcentaje sólo ha bajado poco, ya que en 2007 la cifra española alcanzaba un 80,6%. En Grecia, Portugal y Luxemburgo, las cifras se sitúan en torno al 75%, mientras que Italia y Finlandia están cerca del 73%. Bélgica (71,4%), Suecia (70,6%) e Irlanda (70,0%) también superan la media europea.

Por debajo del promedio están una serie de países del centro de Europa, junto a Dinamarca y el Reino Unido. La menor proporción de viviendas en propiedad corresponde a Austria con un 55,7% y Alemania con un 51,9%.

Población con vivienda en régimen de propiedad
(En % sobre el total)
Rumanía 96,4
Croacia 90,5
Lituanai 89,4
Eslovaquia 89,3
Hungría 86,3
Polonia 83,7
Bulgaria 82,3
Estonia 81,5
Malta 80,8
Letonia 80,2
España 78,2
Rep. Checa 78,0
Eslovenia 76,2
Grecia 75,1
Portugal 74,8
Luxemburgo 73,2
Chipre 73,0
Italia 72,9
Finlandia 72,7
Bélgica 71,4
Suecia 70,6
Irlanda 70,0
UE-28 69,5
Países Bajos 67,8*
Francia 64,1
Reino Unido 63,5
Dinamarca 62,7
Austria 55,7
Alemania 51,9

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Promoción de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, de 2017

17 de marzo, 2017

promocion_registradores-2017

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Los miembros de la última promoción (80% mujeres y 20% hombres) prometieron o juraron ayer sus cargos en un acto presidido por el ministro de Justicia

17 de marzo, 2017

Mujer, de 29 años y que ha preparado la oposición durante seis, perfil de los nuevos registradores

Los miembros de la última promoción (80% mujeres y 20% hombres) prometieron o juraron ayer sus cargos en un acto presidido por el ministro de Justicia

17.03.17.- Los 45 nuevos registradores de la propiedad y mercantiles de la última promoción, 36 mujeres y 9 hombres, juraron o prometieron anoche sus cargos y recogieron sus títulos de manos del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto en el que también participaron el decano-presidente del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera; la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán; y el director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo.
registradores.org
En su intervención, el ministro Rafael Catalá subrayó la relevancia de la función registral “porque la seguridad jurídica es una nota de identidad de nuestro sistema jurídico. Estamos compitiendo en las ligas con los países más avanzados del mundo en seguridad, en protección, garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos y por tanto, cada paso que demos en el futuro más inmediato irá encaminado al fortalecimiento de nuestro sistema jurídico y al fortalecimiento del papel de los registradores en este modelo de garantías que tan buenos resultados nos ha dado en las últimas décadas”.

El decano Gonzalo Aguilera señaló a los nuevos registradores que “vais a tener que decidir sobre los asuntos más importantes para la vida ordinaria de los ciudadanos (propiedad, herencia, vivienda o hipotecas), y no siempre en capitales o poblaciones importantes, sino también en lugares alejados y pequeños en los que vuestra presencia como funcionarios jurídicos cualificados y especializados en estos temas dota de especial relieve social a la función registral”.

El perfil de los nuevos registradores
El perfil medio de los nuevos miembros del Cuerpo de Registradores responde a una mujer de 29 años, que ha preparado la oposición durante seis años y ha logrado la plaza en segunda convocatoria (http://registradores.org/blog/ganas-esfuerzo-ilusion/). Además presenta un nivel medio/alto de inglés como primer idioma extranjero, tiene francés como segundo y utiliza bastante a menudo Facebook y ocasionalmente Instagram y Twitter.

Así, el 80% de los aprobados ha sido mujer, incluida la número uno de la promoción, frente al 20% de hombres, coincidiendo ambos géneros en la edad media: 29 años. Los de menor edad fueron cuatro aspirantes con 26 años y la de mayor edad fue una mujer de 44 años. Ocho de cada diez tenían 30 o menos años.

En cuanto al esfuerzo necesario para obtener la plaza, hombres y mujeres tardaron una media de 6 años en prepararse, oscilando dicho periodo entre dos y trece años. De forma mayoritaria comenzaron la preparación inmediatamente después de finalizar sus estudios universitarios consiguiendo su plaza en segunda o tercera convocatoria habitualmente.

La nueva promoción de registradores presenta como primer idioma extranjero el inglés, con un nivel medio/alto en ocho de cada diez y, como segundo idioma, el francés, siendo marginales los estudios  de alemán y residual el italiano y otros.

Por último, como aspecto relacionado con la tecnología en las formas de comunicarse, destaca mayoritariamente el uso bastante frecuente de Facebook en seis de cada diez encuestados, seguido de lejos por Instagram (tres de cada diez encuestados); y finalmente, Twitter (solo uno de cada diez lo utiliza con frecuencia). No se aprecian grandes diferencias entre hombres y mujeres y tan solo difieren ligeramente en el uso de Instagram, prácticamente no utilizado por hombres y usado ocasionalmente por mujeres.

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Detenido un funcionario de la Agencia Tributaria en Málaga acusado de cobrar por asesorar a algunos contribuyentes

17 de marzo, 2017

Detenido un funcionario de la Agencia Tributaria en Málaga acusado de cobrar por asesorar a algunos contribuyentes
La Policía ha registrado la sede de la delegación del Ministerio de Hacienda
En la operación han sido detenidas varias personas más

15.03.2017    Por  RTVE.es / AGENCIAS
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a varias personas, entre ellas a un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) al supuestamente cobrar por asesorar a algunos contribuyentes, y ha sido registrada la sede de la delegación del Ministerio de Hacienda en Málaga.

La propia Agencia Tributaria formuló una denuncia a finales del pasado año al sospechar de los presuntas irregularidades del funcionario, lo que motivó la investigación de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía y que el caso pasara a manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.

Los primeros indicios apuntan a que este trabajador ocupaba una parte central de un entramado orientado al blanqueo de capitales en el que participaban otros profesionales ajenos a la Agencia Tributaria que, según fuentes de la investigación, fue la que alertó del presunto fraude.

La denuncia se presentó tras detectar la Agencia Tributaria que el funcionario podría estar ofreciéndose para suavizar o rebajar los resultados de inspecciones fiscales a cambio de dinero.
Caso aislado

Este órgano judicial ordenó la intervención y los registros, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que apuntan que se trataría de un caso aislado sin efectos en la inspección de Hacienda.

La actuación policial ha sido declarada secreta y el registro se ha desarrollado en el edificio de la delegación de Hacienda, donde se sitúan -entre otras dependencias- las oficinas de la Agencia Tributaria y ubicado en la céntrica Avenida de Andalucía.

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El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros a Gas Natural por no cumplir el procedimiento legal en los cortes de suministro en caso de impago

17 de marzo, 2017

Martes, 14 de marzo de 2017  cgpj.es

El Tribunal Supremo confirma la sanción de un millón de euros a Gas Natural por no cumplir el procedimiento legal en los cortes de suministro en caso de impago

La sentencia señala que la compañía eléctrica no requirió el pago de las facturas a los clientes morosos entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre de 2010 ni precisó el día a partir del cual se produciría el corte de suministro

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 1.000.000 euros a Gas Natural Sur S.D.G., S.A. por no requerir fehacientemente el pago de las facturas a los clientes morosos entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre de 2010, además de no precisar a los interesados el día a partir del cual se les iba a cortar el gas en caso de que persistiera el impago.

La sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por GAS NATURAL SUR S.D.G., S.A. y confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideró que esta compañía se había saltado el procedimiento legalmente establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de gas natural.

El TSJM ratificó la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid que, con fecha 25 de enero de 2012, impuso a esta empresa la citada sanción en materia de industria por la comisión de una infracción tipificada en los artículos 56.1.f (suspensión del suministro a consumidores a tarifa) y 57.1 y 4 (suspensión del suministro a tarifa por impago) del citado Decreto en relación con el artículo 110.s (infracciones graves) de la Ley reguladora del sector de hidrocarburos.

El corte de suministro por impago, recuerda el Tribunal Supremo, se realiza cuando existe una situación de impago de las facturas por consumo de gas que permanezca, al menos, durante dos meses desde que se efectuó el requerimiento de pago; y este requerimiento de pago ha de ser, no sólo fehaciente y con constancia de su recepción, sino que en él se deberá precisar, además, la fecha a partir de la cual se interrumpirá el suministro de permanecer el impago.

En este caso, afirma, “no consta que se haya requerido fehacientemente de pago a los clientes impagadores, ni que se notificara también fehacientemente el corte de suministro en los casos en los que no se les localiza a aquellos y, además, en ningún caso se ha precisado la fecha a partir de la cual se procederá al citado corte de suministro”.
En esta misma línea, subraya, que “no basta que exista una situación de impago que se prolongue durante, al menos, dos meses desde la fecha del requerimiento, sino que es imprescindible, además, que en el propio requerimiento se precise la fecha a partir de la que se suspenderá.

La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Ramón Arozamena, destaca que la expresión “la fecha a partir de la que se interrumpirá”, del artículo 57 del Real Decreto 1434/2002, “se refiere al día en que comienza el corte de suministro, esto es, al día en que tiene lugar la desconexión de la red, y no al día a partir del cual la empresa suministradora puede realizarla. En este sentido, afirma que la fecha que ha de comunicarse al usuario “es el día cierto y determinado en que comenzará a verse privado de gas”, señalando un día concreto y no un plazo indefinido a partir de una fecha.

En relación con la desproporción de la sanción alegada por GAS NATURAL SUR, que solicitaba una multa de 30.000 euros, la Sala Tercera responde que para graduar la misma se ha tenido en cuenta la importancia del daño, los perjuicios ocasionados y la intencionalidad, fijándose en 1.000.000 de euros, dentro del grado mínimo para las infracciones graves que pueden sancionarse con multa de hasta 6.000.000 de euros.

Sobre la intencionalidad, afirma, que como entidad distribuidora de gas natural con dilatada experiencia “ha ocasionado perjuicios a los usuarios impidiendo el ejercicio de los derechos de los mismos, existiendo intencionalidad en la comisión de la infracción, habida cuenta de aquella característica de la empresa que debe conocer el procedimiento en cuestión y que además había sido advertida de tal necesario cumplimiento, pese a lo cual siguió sin cumplimentarlo, habiéndose impuesto la sanción en grado mínimo”.

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El Tribunal Supremo avala una cláusula suelo que fue negociada individualmente con el cliente

16 de marzo, 2017

Martes, 14 de marzo de 2017  cgpj.es

El Tribunal Supremo avala una cláusula suelo que fue negociada individualmente con el cliente

La sentencia recoge que la notario que autorizó la escritura advirtió expresamente a los contratantes del contenido de la cláusula

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal ha resuelto desestimar el recurso de casación interpuesto por dos consumidores frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que desestimó la demanda en la que interesaban la nulidad de la cláusula suelo, en el préstamo hipotecario contratado con Caja Rural de Teruel.

La Audiencia Provincial consideró probado que la cláusula, además de no estar enmascarada entre una multitud de datos, había sido negociada individualmente por los demandantes- llegando a pactar un suelo inferior al normalmente establecido por esa entidad-, y fue advertida por el notario en el momento del otorgamiento de la escritura.

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El gasto público español en protección social aumenta al 17,1% sobre el PIB en 2015, más de cuatro puntos por encima de 2007

16 de marzo, 2017

El gasto público español en protección social aumenta al 17,1% sobre el PIB en 2015, más de cuatro puntos por encima de 2007

ieemadrid.es

Desde al año 2007, el gasto público en protección social ha aumentado en el conjunto de países de la UE. La media ha pasado de un 17,0% sobre el PIB desde comienzos de la crisis a un promedio del 19,2% en 2015. El incremento se ha producido en casi todos los países, exceptuando a Hungría, Malta e Irlanda que han reducido su gasto en protección social durante ese periodo.

Finlandia ocupa el primer lugar con un 25,6% sobre el PIB, figurando a continuación Francia (24,6%) y Dinamarca (23,6%). Austria e Italia se sitúan en cifras superiores al 21%, mientras que Suecia, Grecia y Bélgica están por encima del 20% y por tanto también de la media comunitaria.

Alemania ya figura entre los 20 países de la UE que se quedan por debajo del promedio, aunque sólo levemente al igual que Luxemburgo y Portugal. En España, el gasto público social ha aumentado en más de cuatro puntos porcentuales desde 2007 y se ha situado en un 17,1% sobre el PIB en 2015, aunque la cifra todavía es provisional. Los Países Bajos y el Reino Unido superan el 16%, mientras que Polonia, Croacia, Hungría y Eslovaquia están en torno al 15%. El menor gasto público social en términos de PIB corresponde a países de reciente adhesión a la UE, así como a Irlanda que cierra la clasificación con una cifra que se ha reducido al 9,6% en 2015.

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Los contribuyentes ganan el 53% de las reclamaciones por el pago de impuestos

15 de marzo, 2017

Los contribuyentes ganan el 53% de las reclamaciones por el pago de impuestos

Gestha denuncia que la falta de plantilla y el aumento de las actuaciones de control provocan que haya más errores en las liquidaciones
David Navarro     10.03.2017 | diarioinformacion.com
Hasta 13.354 alicantinos recurrieron algún recibo de la Agencia Tributaria o de la Generalitat en 2015, un 26% más que el año anterior.

Enfrentarse a la Administración nunca es sencillo pero, al menos cuando se trata de reclamar el pago de algún impuesto con el que no se está de acuerdo, hay muchas posibilidades de que salga a cuenta. Según la última memoria del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad Valenciana, hasta el 53% de los contribuyentes que presentan un recurso contra la liquidación de algún tributo estatal o autonómico logra que este organismo le dé la razón. Un porcentaje que, a juicio del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, demuestra el excesivo número de errores que se registra en los servicios fiscales en estos momentos debido a la insuficiencia de las plantillas -por la congelación de las ofertas de empleo público- y a las presiones de los distintos ejecutivos por aumentar las actuaciones de control con el objetivo recaudar más, lo que ha llevado a que muchos expedientes no se tramiten correctamente, según las citadas fuentes.

Así, sólo durante el año 2015 -el último con datos disponibles- 13.354 alicantinos presentaron una reclamación ante el citado tribunal, que supone el paso previo a la justicia ordinaria. Esta cifra representa un incremento del 26,49% sobre el ejercicio anterior y multiplica por 2,5 el volumen de recursos que se registraban habitualmente en los ejercicios anteriores a la crisis, lo que avala el razonamiento de Gestha.

En el caso del conjunto de la Comunidad, el número de reclamaciones alcanzó las 38.151 en 2015, también más del doble de las que se daban en los años 2004 o 2005. De ese total, se resolvieron 31.320 expedientes, y en 16.310 casos se estimaron total o parcialmente los argumentos del contribuyente

«Las administraciones asumen que perderán un porcentaje elevado de las reclamaciones o, incluso, de los contenciosos que se presenten en los juzgados ordinarios, pero no les importa porque saben que muy poca gente recurre. Prefieren aumentar el número de liquidaciones, la cantidad sobre la calidad, porque saben que así recaudarán más», asegura el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Para poner un ejemplo del estado actual de la Administración, el experto llama la atención sobre el propio Tribunal Económico-Administrativo en la Comunidad Valenciana, que cuenta únicamente con 28 ponentes. Esto significa que cada uno de ellos tuvo que resolver 1.119 casos, «una cifra imposible que indica que muchas resoluciones se dictan casi con plantilla», señala Mollinedo.
Venta de pisos

En cuanto a los tributos que más reclamaciones ocasionan, en el caso de la Comunidad Valenciana la palma se la lleva el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava con un 10% la venta de pisos de segunda mano, y que registró 15.870 recursos en 2015. Esta cifra tan elevada se debe al sistema que la Generalitat utilizaba para determinar el valor sobre el que se aplicaba el tributo y que es independiente de lo que el comprador haya pagado por el inmueble. Un sistema que no tenía en cuenta la caída real de los precios de los pisos, lo que ocasionaba frecuentes recargos inesperados para los compradores. El gobierno valenciano se vio obligado a cambiarlo el año pasado, tras varias sentencias que lo desautorizaban.

En segundo lugar se sitúan los recursos ocasionados por el Impuesto sobre la Renta, con 7.710 quejas, que reflejan el aumento de las revisiones de oficio y las campañas de control que ha puesto en marcha en estos últimos años la Agencia Tributaria. Por detrás están las reclamaciones por el pago del IVA, con 4.231; las del Impuesto de Bienes Inmuebles, con 1.662; y las del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, este último también de carácter autonómico, contra el que recurrieron 1.295 contribuyentes.
Pagos de costas

Desde Gestha advierten de las consecuencias que puede acarrear este aumento de las reclamaciones, sobre todo a medida que las desestimadas lleguen a los tribunales ordinarios. Como recuerda José María Mollinedo, con los cambios introducidos por la Ley Gallardón, las partes pueden ser condenadas a costas desde la primera instancia, lo que puede disparar el gasto de las administraciones por este motivo durante los próximos años. «Hasta ahora a muchos no les compensaba el gasto que supone pagar al abogado y el procurador, pero con la nueva normativa y teniendo en cuenta que la mayoría de las veces los jueces dan la razón al contribuyente, va a haber más gente que se lance», asegura el portavoz de Gestha.

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Toxo propone a Unai Sordo como candidato a la secretaría general de CCOO

15 de marzo, 2017

Toxo propone a Unai Sordo como candidato a la secretaría general de CCOO

Previamente ha consultado con todas las organizaciones y ha recibido un apoyo unánime
Toxo ha expresado también el homenaje a las víctimas y familiares de los atentados del 11M de 2004, “una fecha especial, grabada para siempre en la memoria de este país”,

A pesar de contar con un total consenso de la organización para seguir, Toxo cree que ha llegado el momento de hacer realidad la renovación del sindicato, empezando por la secretaría general, “por coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, me echo a un lado y propongo a un dirigente de una nueva generación para liderar un tiempo de cambio dentro y fuera de la organización”
11/03/2017. ccoo.es

“El tiempo de la renovación es ahora. Tengo un nuevo mandato estatutario, pero creo que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, y proponer a un dirigente capaz y 20 años más joven que yo, que cuenta con el apoyo de todas las organizaciones, para liderar CCOO. Nos hemos cansado de repetir que la renovación no puede esperar; hemos aprobado cambios de enorme trascendencia en el discurso sindical y en la estructura de la organización, hemos puesto en marcha un código ético, y hemos impulsado con decisión y coraje el funcionamiento transparente de CCOO. Con estos precedentes, debo asumir en primera persona esta realidad y por coherencia, responsabilidad y convencimiento renuncio a la reelección y propongo a Unai Sordo como el mejor candidato para pilotar el nuevo tiempo sindical”.

Toxo se dirigió así al Consejo Confederal de CCOO, que en sesión extraordinaria, escuchó directamente su decisión de no continuar al frente del sindicato. Toxo quiso que el respeto a los órganos de dirección del sindicato fuese impecable. Primero, la Comisión Ejecutiva reunida ayer; posteriormente todos y cada uno de los secretarios generales; y finalmente el Consejo Confederal –máximo órgano entre congresos- fueron los primeros en conocer su firme voluntad de hacer realidad la renovación política y generacional, a partir de una explícita complicidad con la trayectoria histórica de CCOO. Sabía que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría del sindicato para seguir; se encontraba con fuerzas para cumplir su tercer mandato estatutario; y precisamente, con la autoridad que le concede esta situación ha decidido impulsar él mismo los cambios, empezando por su propia persona. La propuesta de Toxo fue aprobada por 117 votos a favor y 6 abstenciones.

En CCOO basta un 10% de las firmas de las delegadas y delegados para presentar candidaturas a la secretaría general o a la comisión ejecutiva, y por lo tanto será el 11 Congreso el que tenga la última palabra. Aún así, Toxo ha querido con la misma normalidad de su renuncia, presentar a Unai Sordo como candidato, propuesta que ha recibido el apoyo muy mayoritario del Consejo Confederal. Unai Sordo, actual secretario general de CCOO de Euskadi, de 44 años, es un sindicalista de dilatada y acreditada trayectoria sindical, en un territorio difícil para el sindicalismo de clase y confederal como el de CCOO.

Toxo comenzó la reunión del Consejo con un reconocimiento y homenaje a las víctimas y familiares de los atentados del 11M de 2004, “una fecha especial, grabada para siempre en la memoria de este país”, excusando el retraso de los compañeros y compañeras de CCOO-Madrid que estaban participando en el homenaje de la estación de Atocha.

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Durante 2016 se vendieron 457.689 viviendas en España

15 de marzo, 2017

Estadística de transacciones inmobiliarias del cuarto trimestre de 2016

Durante 2016 se vendieron 457.689 viviendas en España

Jueves 9 de marzo de 2017 lamoncloa.gob.es
Los resultados de la estadística sobre transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario, muestran que en el cuarto trimestre de 2016 se vendieron en España 126.516 viviendas. Para encontrar un cuarto trimestre con más transacciones hay que remontarse al año 2010 (150.494), ejercicio afectado por el sesgo al alza que supuso el fin de la desgravación fiscal por compra de vivienda.
El dato representa una subida del 10% frente al cuarto trimestre de 2015. En un análisis anual, en los últimos doce meses las transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario ascendieron a un total de 457.689, lo que supone un incremento del 13,9% frente a los doce meses anteriores.

Ministerio de Fomento

Analizando el comportamiento de las compraventas de viviendas realizadas durante el año 2016, todas las comunidades autónomas registraron incrementos respecto a 2015. Entre las mayores subidas destacaron Cataluña, Baleares, Madrid, Asturias y Comunidad Valenciana, con incrementos anuales del 23%, 22,3%, 17,2%, 16,9% y 14% respectivamente.

Por provincias, con los mayores incrementos se encuentran Álava (26,6%), Barcelona (25,3%), Baleares (22,3%), Lleida (21,7%), Salamanca (21,5%), Valladolid (20,3%), Toledo (20,2%) y Tarragona (18,1%). Por el lado contrario, solo dos provincias registraron descensos anuales, Teruel (-10,9%) y Lugo (-0,4%).

Entre las capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes destacaron, por crecimiento en 2016, Girona (38,7%), Reus (34,5%), Algeciras (33,8%), Santa Coloma de Gramenet (33,5%), San Cristóbal de la Laguna (33,4%), Jaén (33,3%), Sabadell (31,6%), Palma de Mallorca (31,5%) y Getafe (31,5%).

Por lo que respecta al cuarto trimestre de 2016, y frente al mismo periodo de 2015, quince comunidades autónomas registraron incrementos en el número de compraventas de viviendas, mientras en tres se contabilizaron caídas. Entre las mayores subidas destacaron Cataluña (21,0%), Cantabria (19,4%), Castilla-La Macha (17,2%), Comunidad Valenciana (13,4%) y Baleares (13,2%). Las comunidades en las que se observaron caídas fueron Navarra (-11,7%), Ceuta y Melilla (-7,9%) y Aragón (-7%).
Por municipios, los que registraron un mayor número de compraventas en el cuarto trimestre fueron Madrid (10.236), Barcelona (4.738), Valencia (2.698), Sevilla (1.839), Zaragoza (1.606), Málaga (1.549) y Palma de Mallorca (1.508).

En lo que se refiere al régimen de protección, las transacciones de vivienda libre durante el cuarto trimestre de 2016 ascendieron a 120.813, lo que representó un 95,5% del total.

Por su parte, las transacciones de vivienda protegida ascendieron en dicho periodo a 5.703, un 4,5% del total.

En cuanto a la tipología, 13.268 transacciones correspondieron a vivienda nueva, lo que representó un 10,5% del total. Por su parte, la vivienda de segunda mano con 113.248 supuso el 89,5%. Este dato supone el mejor trimestre para la vivienda de segunda mano desde el segundo de 2007.

En relación a la nacionalidad del comprador, las transacciones realizadas por extranjeros residentes en España experimentaron un crecimiento interanual por vigésimo segundo trimestre consecutivo, en concreto un 9,5% frente al cuarto trimestre de 2015, totalizando 19.922 compraventas. Asimismo, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes ascendieron a 884 en el trimestre.

En su conjunto, las compraventas realizadas por extranjeros (residentes y no residentes) supusieron 20.806, es decir, el 16,4% del total.

Por provincias, las que registran mayor número de compraventas por extranjeros residentes, correspondieron a Alicante (4.391), Málaga (2.286), Barcelona (1.801), Madrid (1.600), y Baleares (1.531).

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Los notarios en Croacia no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», ni a efectos del Reglamento relativo al título ejecutivo europeo ni de la aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico»

14 de marzo, 2017

www.curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 25/17
Luxemburgo, 9 de marzo de 2017
Sentencias en los asuntos C-484/15 y C-551/15
Ibrica Zulfikarpašić / Slaven Gajer y
Pula Parking d.o.o./Sven Klaus Tederahn
Los notarios en Croacia no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», ni a efectos del Reglamento relativo al título ejecutivo europeo ni de la aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico»
Por consiguiente, en principio, los mandamientos de ejecución que expiden no pueden ser certificados como títulos ejecutivos europeos ni deben ser reconocidos y ejecutados como resoluciones judiciales en los demás Estados miembros
Hechos relativos al asunto C-484/15
El Sr. Ibrica Zulfikarpašić es un abogado croata que presentó ante un notario una solicitud de ejecución forzosa contra uno de sus clientes, el Sr. Slaven Gajer, alegando que éste no había abonado la contraprestación de los servicios jurídicos que se le habían prestado. Basándose en esa solicitud, el notario emitió un mandamiento de ejecución, que adquirió firmeza al no haberse opuesto el cliente.
El Sr. Zulfikarpašić solicitó entonces a un notario que, con arreglo al Reglamento relativo al título ejecutivo europeo, 1 certificara ese mandamiento de ejecución como título ejecutivo europeo. En efecto, según dicho Reglamento, las resoluciones procedentes de «órganos jurisdiccionales» sobre créditos no impugnados pueden certificarse como títulos ejecutivos europeos, que deben ser reconocidos y ejecutados en todos los Estados miembros.
No obstante, el notario se negó a certificar el mandamiento alegando que el crédito controvertido no era un crédito que se considerase no impugnado a efectos del Reglamento. De conformidad con el Derecho croata, transmitió el asunto al Općinski sud u Novom Zagrebu — Stalna služba u Samoboru (tribunal municipal de Novi Zagreb — Sección permanente de Samobor, Croacia). Ese tribunal pregunta al Tribunal de Justicia si el concepto de “órgano jurisdiccional” empleado en el Reglamento comprende también a los notarios en Croacia (primera parte de la cuestión prejudicial) y si pueden expedirse títulos ejecutivos europeos basados en tales mandamientos de ejecución (partes segunda y tercera de la cuestión prejudicial).
Hechos relativos al asunto C-551/15
Pula Parking, sociedad propiedad del Ayuntamiento de la ciudad de Pula (Croacia), se encarga de la gestión de los aparcamientos públicos de pago de dicha localidad. Esta sociedad reclama al Sr. Sven Klaus Tederahn, domiciliado en Alemania, el pago de un tique de estacionamiento que le expidió. Basándose en documentos contables que acreditan la existencia de un crédito vinculado a la cantidad indicada en ese tique, un notario emitió un mandamiento de ejecución contra el Sr. Tederahn.
Sin embargo, tras la oposición formulada por el Sr. Tederahn contra ese mandamiento, el asunto fue remitido al Općinski sud u Puli-Pola (tribunal municipal de Pula, Croacia). Éste pidesustancialmente al Tribunal de Justicia que dilucide si tal procedimiento de ejecución forzosa está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 2 (primera cuestión prejudicial) y si los notarios en Croacia están comprendidos en el concepto de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho Reglamento, cuando actúan en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico» (segunda cuestión prejudicial).
Respuestas del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la calificación de los notarios en Croacia como «órganos jurisdiccionales» a efectos de los Reglamentos antes citados, el Tribunal de Justicia señala en sus sentencias de hoy que la observancia del principio de confianza recíproca entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil exige que las resoluciones de las autoridades nacionales de un Estado miembro cuya ejecución se solicita en otro Estado miembro se dicten en un procedimiento judicial que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad y respete el principio de contradicción. Pues bien, el Tribunal de Justicia declara al respecto que el procedimiento mediante el cual los notarios en Croacia expiden un mandamiento de ejecución en virtud de un «documento auténtico», como la minuta emitida por el Sr. Zulfikarpašić a su cliente o los documentos contables presentados por Pula Parking, no tiene carácter contradictorio.
En efecto, por una parte, la solicitud del acreedor para que se expida tal mandamiento no se comunica al deudor y, por otra, el propio mandamiento sólo se notifica al deudor una vez adoptado. En consecuencia, en Croacia, los notarios no pueden calificarse de «órgano jurisdiccional», a efectos de los dos Reglamentos antes citados, cuando actúan en el marco competencial que les atribuye el Derecho nacional en los procedimientos de ejecución forzosa en virtud de un «documento auténtico».
Por lo que respecta a las partes segunda y tercera de la cuestión prejudicial del asunto C-484/15, el Tribunal de Justicia declara que, aunque los notarios están facultados para formalizar documentos públicos que también pueden servir de base para la expedición de títulos ejecutivos europeos, siempre que se refieran a créditos no impugnados, los mandamientos de ejecución que emiten esos notarios sólo podrán certificarse como tales si se acredita que el deudor ha aceptado expresamente el crédito que figura en los mismos. Pues bien, en el presente litigio, el notario emitió un mandamiento de ejecución en virtud de una minuta redactada unilateralmente por el acreedor sin que el deudor haya aceptado expresamente el crédito.
Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial del asunto C-551/15, el Tribunal de Justicia precisa que, aunque las facultades de Pula Parking le han sido conferidas por un acto de una autoridad pública, ni la determinación del crédito de estacionamiento impagado ―de naturaleza contractual― ni la acción para cobrarlo ―que tiene por finalidad salvaguardar intereses privados y que se rige por las disposiciones nacionales de Derecho común aplicables en las relaciones entre los particulares― parecen requerir el ejercicio de prerrogativas de poder público. Del mismo modo, dicho crédito no parece ir acompañado de sanciones cuya imposición guarde relación con el ejercicio del poder público y, por el contrario, sí parece constituir la mera contrapartida de la prestación de un servicio. En consecuencia, el procedimiento de ejecución forzosa instado por Pula Parking contra el Sr. Tederahn tiene naturaleza de Derecho privado, de manera que está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
El texto íntegro de las sentencias C-484/15 y C-551/15 se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento
1 Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15).
2 Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

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La Audiencia de Alicante rechaza la petición de archivo del exalcalde Díaz Alperi en el caso Brugal por el Plan General

14 de marzo, 2017

Lunes, 13 de marzo de 2017  cgpj.es

La Audiencia de Alicante rechaza la petición de archivo del exalcalde Díaz Alperi en el caso Brugal por el Plan General

La Sala confirma el auto de Instrucción 5, que encuentra indicios de delito en el pago de Enrique Ortiz al exalcalde y a Castedo a cambio de información del PGOU

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso presentado por el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, contra el auto de procedimiento abreviado, dictado por Instrucción 5, que pone fin a la instrucción y deja el caso preparado para el juicio por supuestas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La Sala desestima la petición y considera que el auto, en el que el instructor encuentra indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada facilitada por autoridad, está “suficientemente motivado”.

La Audiencia confirma así la resolución, en la que el instructor establecía que Díaz Alperi pudo facilitar datos del PGOU a otros investigados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, antes de que estos se hicieran públicos, “facilitando con dicha conducta los intereses del citado empresario en la aprobación del plan”.

El auto también encontraba indicios de la comisión del delito de cohecho, por las entregas de dinero y el pago de un viaje a Creta valorado en 35.000 euros, que supuestamente Ortiz le abonó a Díaz Alperi a cambio de la información privilegiada.

La investigación sobre las irregularidades en la gestión del Plan General es una pieza separada del conocido como “Caso Brugal”. En ella figuran como investigados, además de Díaz Alperi y Ortiz, la exalcaldesa, Sonia Castedo, técnicos municipales y responsables de la redacción del Plan.

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Economía lanza una herramienta para impulsar la digitalización de las empresas industriales españolas

13 de marzo, 2017

07 de marzo de 2017 mineco.gob.es
Economía lanza una herramienta para impulsar la digitalización de las empresas industriales españolas
La Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA) ofrecerá un informe sobre el grado de madurez digital de las compañías
La información servirá para construir el Barómetro Industria 4.0 que medirá la situación por sectores, tamaños y localización
Las empresas obtendrán un informe sobre su grado de madurez digital a través de un servicio gratuito y accesible por Internet
La Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado la Herramienta de Autodiagnóstico Avanzado (HADA), dentro de la estrategia de Industria Conectada 4.0. HADA tiene como objetivo servir de punto de partida a toda aquella empresa industrial española, independientemente de su tamaño y sector de actividad, que desee iniciar el proceso de transformación digital.

Con esta herramienta, de uso gratuito y accesible a través de Internet, las empresas obtendrán un informe en el que se determinará su grado actual de madurez digital en base a 6 estadios definidos: estático, consciente, competente, dinámico, referente y líder. A la empresas industriales se le ofrecerá, además, diversas comparativas de su grado de madurez en función de su tamaño, sector y área geográfica. Con esta información, se construirá un Barómetro Industria 4.0.

HADA es un nuevo paso en la Iniciativa Industria Conectada 4.0, que puso en marcha la SGIPYME en julio de 2015 en el marco de la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial. Los objetivos de esta iniciativa son:

Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el sector industrial.

Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, con el fin de potenciar los sectores industriales de futuro de la economía española y aumentar su potencial de crecimiento, desarrollando a su vez la oferta local de soluciones digitales.

Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer la industria española e impulsar sus exportaciones.

La SGIPYME ha desarrollado una completa metodología que permite definir cómo tiene que ser y operar una empresa que se vaya a transformar en una Industria 4.0. En el desarrollo de este modelo de transformación digital se ha buscado una aproximación adaptada a la realidad de la empresa española. Así, se ha definido el modelo Industria 4.0 contemplando las cinco dimensiones fundamentales de la empresa (estrategia y modelo de negocio, procesos, organización y personas, infraestructuras y productos y servicios) e identificando un total de 16 palancas de digitalización.

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El TSJ de Madrid anula el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela

12 de marzo, 2017

Lunes, 6 de marzo de 2017  cgpj.es

El TSJ de Madrid anula el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela

Recurrido por los Ecologistas en Acción, los jueces entienden que el plan es arbitrario y vulnera los principios de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Pedrezuela del año 2015, recurrido por la Asociación Ecologistas en Acción Madrid-AEDENAT al entender que el acuerdo gubernativo que lo hizo posible debía declararse nulo al no estar debidamente justificado, ser arbitrario y vulnerar los principios de sostenibilidad del desarrollo territorial urbano y de distribución de beneficios y cargas, así como por la falta de acreditación de la disponibilidad de los recursos hídricos.

Pese a que el Ayuntamiento de Pedrezuela consideraba que el PGOU está basado en el crecimiento de la población en los últimos años y en la creación de tres sectores industriales que generarían miles de puestos de trabajo, y que el modelo de crecimiento propuesto se sitúa junto al núcleo urbano donde no existen valores medioambientales, los magistrados han estimado el recurso de Ecologistas en Madrid-AEDENAT al entender que la Memoria que acompaña el Nuevo Plan General es insuficiente para sostener que éste cumple con el principio de que la ocupación del suelo debe ser eficiente, los usos deben combinarse de modo funcional e implantarse realmente para cumplir una función social que asegure un resultado equilibrado.

Además, los jueces dan también la razón a la organización ecologista cuando alega que el Plan vulnera el principio de distribución de beneficios y cargas por tratarse de una ordenación inviable económicamente para los propietarios del suelo urbanizable, porque la propia memoria no se sostiene en un estudio económico-financiero que avale los precios expresados ni para vivienda protegida ni para vivienda libre ni para uso industrial. Y les dan igualmente la razón cuando apuntan que no hay mención alguna en el proyecto de las distintas alternativas de planeamiento consideradas.

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Los lanzamientos hipotecarios en Asturias bajan el 6,8 % respecto al año pasado

11 de marzo, 2017

Viernes, 3 de marzo de 2017  cgpj.es

Los lanzamientos hipotecarios en Asturias bajan el 6,8 % respecto al año pasado

Es el porcentaje más reducido desde 2008

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en 2016 en Asturias fue de 1.144, lo que supone una bajada del 6,8% respecto a 2015 y el segundo ejercicio de descensos, según los datos hecho público hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual y hacen referencia a los procedimientos iniciados en los juzgados para exigir el pago de las deudas garantizadas por hipoteca.

El informe también apunta que Asturias registró el pasado año 761 ejecuciones hipotecarias, el 16,8 por ciento menos que en 2015, siendo la cifra más reducida desde 2008.

En el conjunto del país, el número total de lanzamientos hipotecarios o desahucios fue de 63.037, un 6,4% menos que un año antes, en tanto que las ejecuciones de inmuebles iniciadas se redujeron un 29%, hasta 48.410.
La estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales muestra que de más de la mitad de los desahucios, un 54,2% equivalente a 34.193, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 26.397 -un 41,9%- se produjeron tras una ejecución hipotecaria, y los 2.447 restantes, por otras causas.

Los procesos iniciados por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2% el pasado año, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron el 9,7%.

Por comunidades autónomas, Cataluña -con 14.069, el 22,3% del total nacional- fue donde se practicaron el año pasado más lanzamientos; seguida por Andalucía, con 9.998; y Valencia, con 9.635.

Si se tienen en cuenta sólo aquellos provocados por la ley de arrendamientos urbanos, también Cataluña encabeza la clasificación, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364.

De los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Valencia se registraron 5.398; en Andalucía, 5.193; y en Cataluña, 4.452.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, que suman la cifra más baja desde 2008, La Rioja y el País Vasco son las únicas comunidades en las que no se registró un descenso el año pasado, con incrementos del 9 % y del 5,6 %, respectivamente.

En Valencia el descenso fue del 39,6%, en Galicia se redujeron un 39,2 %, en Navarra, un 38,8%, y también por encima del 30% en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

Por otra parte el número de concursos presentados en 2016 fue de 7.040, un 12 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 1.579 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 5.461 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Las demandas por despido disminuyen un 5,3 por ciento en le territorio nacional y los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 537.054, lo que supone una disminución del 18 % respecto a 2015.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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La bolsa española negocia en febrero 45.279 millones de euros

10 de marzo, 2017

La bolsa española negocia en febrero 45.279 millones de euros

•El volumen acumulado en Renta Variable en los dos primeros meses asciende a 101.613 millones de euros
•El efectivo negociado en ETFs durante el mes de febrero supera en un 10,7% las cifras del mes precedente
•El volumen negociado en Futuros y Opciones sobre Acciones en febrero aumenta un 180% y un 7%, respectivamente, respecto al mismo mes de 2016
•Las admisiones acumuladas hasta febrero registradas en MARF se sitúan en 529 millones de euros, 18 veces más que hace un año

 

Renta Variable

 

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante los dos primeros meses del año un efectivo de 101.613 millones de euros, un 24,6% inferior al del mismo período del año anterior, dentro de un entorno global de bajos volúmenes de negocio. El volumen de contratación en febrero se ha situado en 45.279 millones de euros, con un descenso del 19,6% respecto al mes precedente y un 25,1% por debajo del mismo mes de 2016.

 

El número de negociaciones acumuladas hasta febrero asciende a 7,8 millones, con un retroceso del 27% sobre el mismo período del ejercicio pasado. El número de negociaciones de febrero se ha situado en 3,8 millones, un 2% inferior al mes precedente y un 29,5% menos interanual.

 

El efectivo acumulado hasta febrero en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) ha sido de 538 millones de euros, con un descenso en los dos primeros meses del 64,6%. En febrero, el volumen negociado se ha situado en 283 millones de euros, un 10,7% por encima del mes precedente y un 62,6% inferior a hace un año.

 

La cifra acumulada de negociaciones en ETFs hasta febrero se sitúa en las 14.738, de las que 6.964 corresponden al último mes, lo que representa un descenso 10,4% respecto al mes precedente.

 

La actividad del mercado de warrants y certificados hasta febrero alcanza los 91,3 millones de euros, un 38,4% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de febrero, el efectivo negociado ha alcanzado 45,8 millones de euros, un 0,6% más que en el mes precedente. El número de emisiones de warrants y certificados admitidas a negociación en los dos primeros meses de 2017 asciende a 562.

 

Futuros y Opciones

 

El volumen de negocio registrado en febrero en el mercado de Derivados se ha situado en 2,5 millones de contratos, un 9,9% inferior al registrado en el mismo mes de 2016.

 

En febrero ha destacado la negociación en Futuros y Opciones sobre Acciones. Se han negociado 297.230 contratos de Futuros y 1,4 millones de contratos de Opciones, lo que supone un aumento del 180% y 7%, respectivamente, sobre el mismo mes del año anterior.

 

La negociación en Futuros sobre Índice se mantiene respecto al mes anterior. Se han negociado 495.399 Futuros IBEX 35 y 119.232 Futuros Mini IBEX, lo que representa un descenso del 0,3% en Futuros IBEX 35 y un aumento del 1,5% en Futuros Mini IBEX.

 

En el mes de febrero cabe destacar el aumento de posición abierta en los Futuros IBEX 35 y Futuros Mini IBEX respecto al mismo periodo del año anterior. La posición abierta se ha situado en 100.294 y 7.813 contratos, respectivamente, un 13,6% y 8,3% superior al registrado en febrero 2016.

 

Renta Fija

 

La negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija durante el mes de febrero fue de 8.176 millones de euros, un 27,2% inferior al mes anterior. El número de operaciones creció un 10%.

 

La negociación de Deuda Pública registrada en febrero en SENAF, la plataforma electrónica de Deuda Pública para mayoristas de BME, se situó en 15.989 millones de euros, un 45,2% más elevada que en febrero de 2016. En los dos primeros meses del año la negociación alcanzó los 31.310 millones de euros (+52,2%).

 

Las nuevas emisiones listadas en el mercado de Deuda Privada durante el mes de febrero registran una cifra de 2.612 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 16,2% en el acumulado del año con relación al mismo periodo de 2016.

 

En el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) las admisiones a negociación registradas en el mes de febrero se sitúan en 319 millones de euros, ligeramente superior al mismo mes del año pasado (+1,3%), pero que eleva el acumulado del año hasta los 529 millones de euros, una cifra que es 18 veces superior a la correspondiente al mismo periodo de 2016. El saldo en circulación a cierre de febrero del Mercado Alternativo alcanza los 1.903 millones de euros, con aumento del 46,4%, con relación a la misma fecha del año pasado.

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El Fondo Social de Viviendas ha adjudicado más de 9.000 pisos para colectivos vulnerables

9 de marzo, 2017

28 de febrero de 2017 mineco.gob.es
El Fondo Social de Viviendas ha adjudicado más de 9.000 pisos para colectivos vulnerables
Más de 78.600 familias se han acogido a las distintas medidas que puso en marcha el Gobierno frente al problema de los desahucios
La suspensión de los lanzamientos se prorroga dos años más y se amplía la protección a las familias con hijos menores de edad
El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha adjudicado 9.020 viviendas al cierre de 2016, lo que representa más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables. Desde su creación en 2013, el FSV ha ido aumentando la dotación, hasta un total de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras. Su vigencia se ha prorrogado un año más, hasta el 17 de enero de 2018. Está previsto, además, extender dos años más la suspensión de los lanzamientos (hasta enero de 2019) que vencía este año y ampliar las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis, a las familias con menores de edad a su cargo (no solo hasta tres años).

El conjunto de instrumentos que puso en marcha el Gobierno en 2012 para paliar los efectos de la crisis frente a la problemática de los desahucios han beneficiado a más de 78.600 familias hasta la actualidad. En concreto, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos; más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago, y se han adjudicado 9.020 viviendas a través del FSV.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución pero el Gobierno lo ha prorrogado en dos ocasiones, en la actualidad hasta enero de 2019. Se constituyó por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

Con la ampliación a 9.866 viviendas acordada en septiembre de 2015, el FSV cubre un mayor número de situaciones que requieren una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas. Se incluyeron además nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda del FSV. En concreto pueden solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos.

Estos requisitos se añadieron los ya vigentes que, en conjunto, hacen que ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida. Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores de edad a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

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La Comunidad Valenciana lidera el descenso de ejecuciones hipotecarias presentadas en 2016

8 de marzo, 2017

Viernes, 3 de marzo de 2017  cgpj.es

La Comunidad Valenciana lidera el descenso de ejecuciones hipotecarias presentadas en 2016

Caen un 39,6% respecto al año 2015. Los lanzamientos practicados bajan un 4% en 2016, respecto del año anterior

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 en la Comunidad Valenciana fue de 6.741, lo que supone un descenso del 39,6% respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Se trata de la cifra más baja de las registradas en el territorio valenciano desde 2008, cuando se iniciaron 10.591 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 16.290; en 2010, 18.102; en 2011, 14.868; en 2012, 16.157; en 2013, 11.596; en 2014, 13.893; y en 2015, 11.166.

Los datos sitúan a la Comunidad Valenciana a la cabeza del país en reducción de demandas por impago de hipoteca, por delante de Galicia, con un descenso del 39,2% y de Navarra, donde cayeron un 38,8% respecto a 2015.

Por provincias, el descenso fue especialmente significativo en la de Valencia, en la que se redujeron más de la mitad (50,4%) el número de ejecuciones hipotecarias respecto al año anterior. En Alicante la caída fue del 32,8% y en Castellón del 31,7%.

Cuarto trimestre de 2016

Durante el cuarto trimestre de 2016 las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Comunidad Valenciana fueron 1.577, un 26,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Con estas cifras, el territorio valenciano fue el tercero del país en el que más demandas por impago de las cuotas de la hipoteca se iniciaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, solo por detrás de Andalucía, con 2.609, y de Cataluña, con 1.676.

9.635 lanzamientos practicados en 2016

El número de lanzamientos practicados el año pasado en la Comunidad Valenciana fue de 9.635, lo que la sitúa en la tercera posición en número de lanzamientos de todo el país, solo por detrás de Cataluña, con 14.069, y Andalucía, con 9.998.

Pese a ello, los 9.635 lanzamientos de 2016 suponen un descenso del 4 % respecto a los 10.037 de 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

De estos 9.635 lanzamientos, 4.056 fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.398 se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 181 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un incremento del 0,5% en 2016, mientras que los derivados de demandas por impago de hipoteca bajaron el 6,4 %.

La Comunidad Valenciana es la primera del país en número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias en 2016, con 5.398 casos, por delante de Andalucía, con 5.193 y Cataluña, con 4.452.

Por provincias, el número de lanzamientos practicados en Valencia en 2016 fue de 4.353, lo que supone una reducción del 6,1% respecto a 2015. En Alicante se practicaron 4.112, un 2,5% menos, y en Castellón 1.170, un 1,3% menos que el año anterior.

Los concursos presentados suben un 8,2 %

El número de concursos presentados en 2016 fue de 1.045, un 8,2 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 255 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 790 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Estos datos colocan a la Comunidad Valenciana en la tercera posición respecto del resto de autonomías, en número de concursos presentados, -tanto en los presentados de personas físicas, como en los presentados en Juzgados de lo Mercantil-, solo por detrás de Cataluña y Madrid.

Bajan las demandas por despido y los procedimientos monitorios

Las 10.510 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de la Comunidad Valenciana en 2016 supusieron un descenso del 3,7 % respecto a las registradas el año anterior.

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la Comunidad Valenciana fueron 71.641, lo que supone una disminución del 19,5% respecto a 2015.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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