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La Audiencia de Castellón anula una claúsula de un contrato bancario por el tamaño de la letra

21 de noviembre, 2017

Lunes, 20 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Castellón anula una claúsula de un contrato bancario por el tamaño de la letra

La tipografía es tan minúscula que para su lectura no basta con el uso de gafas sino que se precisa una lupa

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

En esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda (4.600 euros) pero no así los intereses (766 euros) ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas sino que se necesita una lupa.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

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La variación salarial media pactada en convenio hasta octubre se sitúa en el 1,40%

21 de noviembre, 2017

Estadística de Convenios Colectivos

La variación salarial media pactada en convenio hasta octubre se sitúa en el 1,40%

lamoncloa.gob.es
Viernes 10 de noviembre de 2017

La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta el 31 de octubre asciende al 1,40%, incremento que se sitúa en el 1,10 % para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza el 1,42%.

Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.737,6 horas al año por trabajador.

Para los convenios de empresa es de 1.721,0 horas, mientras que para los de ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.738,8 horas.

Del total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta octubre, 2.967, 2.251 son de empresa, y afectan a 433,3 miles de trabajadores. El resto, 716, corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran a 6,14 millones de trabajadores. En total estos convenios tienen efecto sobre 6,58 millones de trabajadores.

Inaplicaciones de convenios

En los nueve primeros meses de este año se han depositado en los registros de las distintas autoridades laborales un total de 939 inaplicaciones de convenios, que afectan a 18.298 trabajadores

La mayoría de inaplicaciones, el 88,8 %, se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores durante el período de consultas.

La mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones depositadas hasta el mes de octubre de 2017, se concentra en el sector servicios, un 60,6 %. Respecto al tamaño de las empresas, el 11,3 % de los trabajadores afectados están en empresas de 250 trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 43,8%, tienen plantillas con menos de 50 trabajadores.

La gran mayoría de las inaplicaciones presentadas, el 90,2%, indican que se han descolgado de la cuantía salarial pactada en convenio.

Del total de las 939 inaplicaciones, el 59,6 % muestra que sólo se ha descolgado de la cuantía salarial, en tanto que el 12,6 % además de hacerlo de la cuantía, lo ha hecho del sistema de remuneración.

En términos acumulados desde marzo de 2012 hasta octubre de 2017, se han producido un total de 10.187 inaplicaciones de convenios que afectan a un total de 375.297 trabajadores.

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Fallecimiento de la Presidenta del Consejo de Transparencia

20 de noviembre, 2017

19/11/2017  consejodetransparencia.es

Fallecimiento de la Presidenta
Esther Arizmendi

19 de noviembre de 2017.-  Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Después de una larga lucha contra la enfermedad, nuestra querida presidenta ya descansa en paz.

Nos invade una tristeza enorme. Esther deja un profundo vacío no solo en el ámbito profesional sino también en el personal. Con la muerte de la presidenta se pierde una de las figuras que más ha luchado por la transparencia pública en nuestro país. Quienes la conocieron saben de su compromiso con el servicio público, su lucha ante las adversidades, su espíritu combativo, su humanidad y la cercanía con la que trataba a todos y todas. Ante todo, siempre defendió los intereses de los ciudadanos. Esther siempre será una referencia para todos los que trabajamos en lo público.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lamenta esta irreparable pérdida y transmite sus condolencias a sus hijos, familiares, amigos y a todos los que la querían.

Esther Arizmendi

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UGT reclama un contrato de relevo que impulse el empleo joven

20 de noviembre, 2017

UGT reclama un contrato de relevo que impulse el empleo joven
UGT | lunes, 13 de noviembre de 2017  ugt.es
•El sindicato apuesta por aumentar las oportunidades de jubilación anticipada para los trabajadores de más edad y ofrecer formación y empleo de calidad a los jóvenes
•Aumentaría la empleabilidad de más de la mitad de los jóvenes en paro (600.000 menores de 30 años) que solo disponen de estudios básicos

La Unión General de Trabajadores reclama un contrato de relevo que impulse el empleo joven. El sindicato demanda recuperar e impulsar de manera inmediata un nuevo modelo de contrato de relevo que aumente las oportunidades de que los trabajadores accedan a la jubilación anticipada parcial y, a su vez, que ofrezca empleo de calidad y contenidos de formación y transmisión del conocimiento para el joven inscrito en la garantía juvenil.

Mientras las tasas de desempleo juvenil sean tan desorbitadas como en la actualidad, hacen falta fórmulas eficaces para aumentar la incorporación al empleo, especialmente de los jóvenes con mayores dificultades. Por ello, resulta fundamental fomentar el contrato de relevo y la jubilación parcial, anticipándola cuatro años a la edad ordinaria de cada trabajador y mejorando de forma notable las condiciones de aplicación vigentes desde 2013, utilizando para ello la financiación del fondo social europeo, con la finalidad de que se incremente la sustitución natural y la transmisión de conocimiento entre la generación que accede a la jubilación y su relevo generacional. De esta forma, se amplían simultáneamente las oportunidades de empleo de los jóvenes menos formados y de jubilación anticipada y progresiva de los mayores.

Para UGT, este contrato de relevo supone para los jóvenes contratación estable, de calidad y con derechos (contrato indefinido y con salarios de convenio), produciendo una sustitución eficaz y eficiente en el mercado de trabajo, de la que saldrían beneficiadas todas las partes, tanto los jóvenes como las empresas, que verían una solución a la pérdida de ese capital humano que se jubila inminentemente.

Además, se realiza una apuesta en firme por el empleo de calidad, en detrimento de la precariedad y temporalidad que existe hoy en nuestro mercado laboral, a través de contratos indefinidos y con derechos. De esta forma, el sindicato apuesta por la empleabilidad de más de la mitad de los jóvenes en paro (600.000 menores de 30 años) que solo disponen de estudios básicos y cuya incorporación al mercado laboral está sometida a grandes dificultades y a un altísimo riesgo de que se produzca en las condiciones más precarias.

UGT considera que este contrato de relevo, a diferencia de otras fórmulas de contratación de jóvenes, posibilita, por lo tanto, que los jóvenes no entren en el mercado laboral por la puerta de la temporalidad y la precariedad; y ofrece la igualdad de condiciones en el empleo y el salario del joven respecto al resto de trabajadores de la empresa y la posibilidad de desarrollarse en la misma.

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España se incorpora al proyecto europeo C-Roads

20 de noviembre, 2017

España se incorpora al proyecto europeo C-Roads

Dirección General de Tráfico

Tallín (Estonia), 09/11/2017 interior.gob.es
España se incorpora al proyecto europeo C-Roads
El proyecto pretende asentar las bases del uso de los sistemas inteligentes de transporte  cooperativo y sistemas de conducción autónoma, incluyendo el vehículo autónomo, y garantizar la interoperabilidad de estos sistemas a lo largo de toda Europa, con el objetivo final de mejorar la seguridad vial.

La DGT, en representación de España, ha participado en la ceremonia de incorporación a la plataforma

C-Roads Spain incluye el despliegue de sistemas inteligentes de transporte en cinco proyectos pilotos entre los que se encuentra DGT 3.0

El presupuesto del proyecto asciende a 17,9 millones de Euros y cuanta con un 50% de financiación por parte de la Unión Europea
España se incorpora al proyecto europeo C-Roads (Carreteras conectadas), proyecto impulsado y cofinanciado por la Unión Europea con el que se pretende asentar las bases del uso de los sistemas inteligentes de transporte  cooperativos y sistemas de conducción autónoma, incluyendo el vehículo autónomo, y garantizar la interoperabilidad de estos sistemas a lo largo de toda Europa, con el objetivo final de mejorar la seguridad vial.

Por este motivo, la subdirectora adjunta de Operaciones y Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ana Blanco, ha participado esta mañana en la ceremonia de firma de los nuevos proyectos incluidos en C-Roads en representación de España en el marco del encuentro Digital Transport Days que se celebra en Tallín, Estonia, del 8 al 10 de noviembre.

Con esta firma, España junto con Dinamarca, Finlandia, Hungría, Italia, Noruega, Portugal y Suecia, son los nuevos países que se adhieren a la plataforma C-Roads. Ya formaban parte de la misma Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Holanda, Eslovenia y Reino Unido.

Según, la Subdirectora de la DGT “España se une a iniciativas en torno a la conectividad y conducción autónoma que son clave para hacer nuestras carreteras más seguras, el tráfico más eficiente y reducir las emisiones nocivas del transporte”

Con el proyecto C-Roads Spain, España se vincula a la iniciativa de sistemas de transporte inteligente cooperativo con el objetivo de garantizar el despliegue de estos sistemas en toda Europa y para ofrecer servicios a los viajeros y transporte de mercancías. Además permitirá a España participar y decidir, a partir de las experiencias en el proyecto, en el desarrollo de especificaciones armonizadas al formar parte de los grupos de trabajo de la plataforma europea C-ROADS.

C-ROADS SPAIN

El proyecto C-Roads Spain incluye el despliegue de sistemas inteligentes de transporte en cinco proyectos piloto a lo largo de toda la geografía española: Galicia, Madrid, las costas Cantábrica y Mediterránea y el proyecto DGT 3.0 que abarca todo el territorio español.

Los pilotos que se llevarán a cabo son:
◾ DGT. 3.0 En este piloto se analizará la implantación de los servicios C-ITS a través de una plataforma de internet de las cosas (IoT) permitiendo la interconexión de todos los actores implicados en el ecosistema del tráfico y la movilidad. Una de sus principales ventajas es que abarca el territorio nacional.
◾ SISCOGA Extended. Este piloto usará una arquitectura híbrida que incluye tecnología de comunicaciones ITS-G5, LTE y LTE/V. Se desarrolla en 130 km de vías interurbanas y 30 km de vías urbanas.
◾ Madrid. Este piloto se desarrolla en Madrid Calle 30. Incluirá una solución para informar a usuarios de un aparcamiento en la ciudad y un sistema de gestión capaz de conectarse a diferentes fuentes de información para procesarla y que esté disponible para los usuarios de aplicaciones móviles.
◾ Corredor Cantábrico. Este proyecto se localiza principalmente a lo largo de la autopista  A8-E70 que conecta las provincias de la zona norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco)
◾ Corredor Mediterráneo. El piloto se ejecutará a lo largo del Corredor Mediterráneo en varias secciones de la autopista AP-7. Su principal interés es comprobar los servicios C-ITS en autopistas de peaje.

En todos estos proyectos piloto se testará desde un primer momento  servicios de alerta a los conductores sobre los riesgos potenciales que se pueden encontrar en las carreteras como obras en la vía, vehículo parado, condiciones meteorológicas adversa… para posteriormente evaluar la eficacia de estos servicios.

El presupuesto del proyecto asciende a 17,9 millones de Euros y cuenta con un 50% de financiación por parte de la Unión Europea.

La Dirección General de Tráfico -Ministerio de Interior- y la Dirección General de Carreteras- Ministerio de Fomento- coordinan conjuntamente este proyecto, que se desarrolla en el marco de un consorcio que está compuesto por 26 socios tanto de las administraciones públicas como de empresas privadas.

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Comunicado del Tribunal Supremo

19 de noviembre, 2017

Sábado, 18 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Comunicado del Tribunal Supremo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo quiere expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del Fiscal General del Estado, don José Manuel Maza Martín, Magistrado del Alto Tribunal en su Sala Segunda y dedicado servidor de la Justicia.

Cuantos hemos tenido la fortuna de compartir con él el servicio público, recordaremos su extraordinaria calidad humana, su lucidez y su integridad profundas y, sobre todo, su abnegado servicio a España.

Este Tribunal se une a las condolencias a su familia por su repentino fallecimiento que sentimos como propio. Su marcha constituye un penosísimo golpe, pero el enorme vacío que deja entre nosotros será siempre un espacio dedicado a su recuerdo.

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Comunicado del CGPJ

19 de noviembre, 2017

Sábado, 18 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Comunicado del CGPJ

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha acogido con profundo pesar el fallecimiento del Fiscal General del Estado, don José Manuel Maza Martín. Para el órgano de gobierno de los jueces, constituye un motivo de especial tristeza la repentina pérdida de un servidor público como Jose Manuel Maza, cuya trayectoria representa la plasmación de los valores de dedicación y entrega a la Justicia.

Merece ser destacada su honda vocación de servicio a lo largo de su trayectoria tanto en la Carrera Judicial como en la Fiscal, por lo que este Consejo se une al dolor de su familia por su fallecimiento, y le expresa sus más sinceras condolencias por su triste pérdida.

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CEOE lanza ‘Empresario’, una revista trimestral con entrevistas en profundidad, análisis y opinión

19 de noviembre, 2017

14 nov 2017

ceoe.es

CEOE lanza ‘Empresario’, una revista trimestral con entrevistas en profundidad, análisis y opinión

En el primer número ‘Empresario’ ofrece en portada la primera entrevista al nuevo director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde
CEOE ha lanzado la revista Empresario. Esta nueva publicación, que tendrá periodicidad trimestral, abordará en profundidad los temas que interesan al mundo empresarial a través de reportajes, entrevistas, análisis y artículos de opinión.

CEOE lanza la revista EMPRESARIO elempresario.com
Un año después del lanzamiento del diario digital elempresario.com, la nueva revista aportará a las empresas españolas un nuevo canal para poder explicar sus propuestas, con el objetivo de mejorar la economía y su competitividad. Empresario hará un seguimiento exhaustivo de las reformas, teniendo en cuenta que el país se encuentra en un contexto europeo y cada vez más global.

En el primer número de Empresario se incluyen entrevistas a directivos de distintos sectores como el director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, la presidenta de ADigital, Carina Szpilka, y la presidenta de HP para España o Portugal, Helena Herrero, entre otros. También se analizan temas de actualidad como la revolución digital, los nuevos obstáculos a la globalización, los cambios constantes que ha sufrido el impuesto de sociedades durante la crisis y se incluye información práctica para invertir o exportar a países como Argentina o Arabia Saudí.

La nueva publicación cuanta con la opinión del presidente de AENA, Jaime García-Legaz, que analiza los retos de la economía argentina; del profesor del IESE Universidad de Navarra, Eduardo Martínez Abascal, que analiza los datos y las soluciones para los problemas del gasto público, y de Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA, y Julián Cubero, economista de BBVA Research, que analizan la globalización y el proteccionismo poniendo el foco en EE. UU.

Primera entrevista al nuevo director general de Coca-Cola Iberia

El director general de Coca-Cola Iberia, Juan Ignacio de Elizalde, asegura en la entrevista de portada que “el 99% de lo que vendemos en España se fabrica aquí” y explica que su compañía tiene 4.500 empleados, 11 plantas productivas, una red de distribución y genera 80.000 empleos indirectos. “Trabajo con el equipo de España y el embotellador para que España siga siendo un líder, un icono para la compañía a nivel mundial”, dice.

El primer ejemplar de la revista Empresario cuenta con 140 páginas e incluye 10 entrevistas en profundidad, 10 artículos de opinión, 10 reportajes sobre la actualidad económica nacional e internacional, infografías que pueden ayudar a entender la economía española e internacional, el suplemento ‘En datos’ de 12 páginas con información gráfica y 23 páginas de fotografías en la sección de Actualidad Empresarial.

Editorial

En el editorial del primer número de la revista, el presidente de CEOE, Juan Rosell, explica que “a través de estos nuevos medios de comunicación seremos testigos directos de los momentos decisivos que afronta España”. Y señala que el nuevo proyecto editorial busca “contribuir mediante la transparencia y el análisis a que las pymes del siglo XXI tengan los medios necesarios para que también puedan transformarse en medianas y grandes empresas, adaptadas a un entorno internacional cada vez más competitivo, y con amenazas acuciantes como el proteccionismo”.

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La competitividad precio de la economía frente a la UE modera su caída en el tercer trimestre

19 de noviembre, 2017

08 de noviembre de 2017 mineco.gob.es

La competitividad precio de la economía frente a la UE modera su caída en el tercer trimestre

La competitividad precio de la economía española frente a la UE moderó su caída en el tercer trimestre del año, como consecuencia tanto de la contenida apreciación del euro como del mantenimiento de un diferencial positivo de crecimiento de los precios, según refleja el Índice de Tendencia de la Competitividad (ITC) calculado con el Índice de Precios de Consumo (IPC). En relación con la OCDE, la apreciación del euro frente a las principales monedas de esta zona produjo un incremento del ITC del 2,7%.

El ITC mide la competitividad de las exportaciones mediante el tipo de cambio y de los precios. Aunque el IPC es la referencia de precios más común, muchos de los productos y servicios que recoge o no son exportables o su peso en las exportaciones es muy residual. Por ello se usan también los Índices de Valor Unitario (IVUs), que computan solo precios de productos y servicios exportados, ponderados por su peso en el conjunto de las exportaciones. El cálculo de los IVUs se demora más y por ello se ofrecen datos del trimestre anterior. Se incorpora ahora la información sobre los índices medidos con Costes Laborales Unitarios (CLUs), indicador que permite analizar la evolución de la competitividad coste de la economía y que también se presenta con un trimestre de retraso respecto a la información publicada para el IPC. Incrementos en el Índice reflejan pérdidas de competitividad y viceversa.

ITC calculado con IPC

Los datos del tercer trimestre de 2017 reflejan que la competitividad-precio de España frente a la zona euro empeoró ligeramente, puesto que el ITC subió un 0,3%. El aumento del ITC fue inferior al del segundo trimestre (0,6%) y se debe a que el incremento de los precios en media de los países de la eurozona ha sido algo inferior al registrado por España. Este aumento del IPCA por encima del de nuestros socios es coherente con el escenario de mayor crecimiento de la economía española.

También se perdió competitividad frente a los países de la UE que no forman parte del euro, al registrar el ITC un crecimiento interanual del 0,8%. Esta evolución se justifica por la apreciación del euro frente a la media de las monedas de estos países (1,2%), fundamentalmente por la depreciación de la libra británica, en tanto que el índice de precios relativos descendió un 0,3%.

El comportamiento del ITC frente al conjunto de la UE muestra un deterioro de la competitividad del 0,5%, debido tanto al ligero aumento del índice de precios relativos como al del índice de tipos de cambio.

Frente a la OCDE, el ITC subió un 2,7%, que se fundamenta en la apreciación del euro en un 2,8% (sobre todo frente al dólar y el franco suizo), puesto que el índice de precios relativos apenas varió.

En relación con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el ITC aumentó un 3,3% interanual en el tercer trimestre. El deterioro de la competitividad frente a esta zona se debió sobre todo al aumento del tipo de cambio en un 3,4%, ya que el índice de precios sólo disminuyó un 0,1%.

En el acumulado enero-septiembre el ITC frente a la UE refleja pérdidas de competitividad superiores a las del tercer trimestre, por los mayores crecimientos del ITC en la primera mitad del año. Frente a la OCDE, los datos de los nueve primeros meses del año muestran pérdidas de competitividad inferiores a las del tercer trimestre. En relación a los BRICS, el ITC calculado con IPCs reflejó una mejora de competitividad del 1% en los tres primeros trimestres de 2017.

ITC calculado con IVUs

En el segundo trimestre de 2017, el ITC medido con IVUs mejoró frente a los países de la UEM-19, con un descenso del 0,5%, porque el aumento de los precios de exportación españoles fue inferior al de la media de la zona. Sin embargo, el indicador empeoró frente a los países de la UE no pertenecientes a la zona euro (2,3%), por el aumento del índice de tipos de cambio. En la UE-28, la pérdida de competitividad fue del 0,2%, porque la apreciación de la moneda fue parcialmente compensada por el menor crecimiento de los precios de exportación.

Frente a los países de la OCDE, el ITC muestra una ganancia de competitividad del 0,3%, debido fundamentalmente al descenso del índice de precios relativos, que compensó la apreciación del euro frente a la cesta de monedas de la zona. Esta ganancia de competitividad fue mayor frente a los países de la OCDE que no son parte de la UE-28.

En el primer semestre del año, la ganancia de competitividad que muestra el ITC medido con IVUs fue del 0,5% frente a la OCDE.

ITC calculado con CLUs

El ITC calculado con CLUs disminuyó un 1,7% en el segundo trimestre de 2017, lo que supone una vuelta al escenario de mejora de la competitividad coste, después del ligero empeoramiento del trimestre anterior. La causa de esta ganancia de competitividad fue el comportamiento del índice de costes laborales unitarios, que se aminoró un 2,4%, frente al incremento del 0,7% del índice de tipos de cambio.

Esta mejora de la competitividad fue superior respecto a la UEM-19, mientras que la apreciación del euro hizo que la reducción del ITC frente a los países europeos no pertenecientes a la UEM-19 fuera de tan sólo el 0,5%.

En el período acumulado enero-junio, la ganancia de competitividad reflejada por el ITC medido con CLUs fue del 0,8% para el conjunto de la UE-28 y algo superior para la UEM-19. Sin embargo, la fuerte apreciación del euro ha dado lugar a una pérdida de competitividad del 0,5% frente a los países europeos no pertenecientes a la UEM-19.

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La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia

18 de noviembre, 2017

Viernes, 17 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia Nacional abre juicio oral a Rodrigo Rato y otras 34 personas por la salida a bolsa de Bankia

Por los delitos de falsedad contable y fraude de inversores

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado la apertura de juicio oral del llamado “Caso Bankia” contra 35 personas físicas y jurídicas, entre otros el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato, ex consejeros, vocales o administradores de Bankia en los años 2010 y 2011, así como las personas jurídicas Banco Financiero de Ahorros, Bankia S. A. y la auditora Deloitte S.L. Se les juzgará por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art. 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art. 282 y 288 del C.P.) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de la entidad financiera.

Andreu explica en su resolución que un auto de apertura de juicio oral sirve para posibilitar que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación y para señalar el órgano competente para celebrar el juicio, que en este caso será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El hasta ahora instructor de la causa recoge en su auto todos los escritos de acusación presentados por el Fiscal y las 44 acusaciones particulares y populares. A la vista de esos escritos presentados, Andreu concluye que no concurre ninguno de los supuestos previstos en la Ley para acordar los sobreseimientos solicitados por algunas de las acusaciones.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última en representación del FROB, solicitan una pena de cinco años de cárcel para Rato, de cuatro años para José Luis Olivas, de tres para José Manuel Fernández Norniella y de dos años y siete meses para Francisco Verdú, todos ellos por un delito del artículo 282 bis del Código Penal.

El Ministerio Público pide que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los inversores minoristas personados en el procedimiento en el importe total de su inversión, con exclusión de quienes hayan sido indemnizados por Bankia, declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de esta última. La Abogacía del Estado, por su parte, considera que los acusados son responsables civiles directos y como tales deben indemnizar al FROB por las cantidades en que el patrimonio de BFA y Bankia se haya visto mermado como consecuencia de los procedimientos civiles instados por inversores que acudieron a la salida a bolsa de la entidad financiera.

El juez recuerda en su auto que a lo largo de estos cinco años de instrucción se han  recabado indicios racionales que demuestran que los administradores de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas sobre  la verdadera situación de las entidades que administraban, que no reflejaban la imagen fiel de las misma, de manera que no mostraban la verdadera situación económica de la Entidad, con el consiguiente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones de la mercantil cotizada, como para el Estado. Andreu concluye que “no existe ninguna razón de peso para excluir la responsabilidad penal del superior que conoce la ejecución del acto antijurídico del inferior, cometido tanto dentro del ámbito de las funciones de este último, como de las facultades de supervisión del superior, y, pudiendo hacerlo, no ejerce sus facultades de control o no actúa para evitarlo. O dicho con otras palabras: elige permanecer pasivo sin requerir más información y sin ejercer sus facultades superiores”.

El juez rechaza sobreseer la causa penal contra BFA y BANKIA como solicitaba el Fiscal en tanto que el Ministerio Público se basa en la actitud colaboradora que ha mantenido la entidad durante la tramitación de la causa, circunstancias que podrían afectar, según Andreu, “a una posible atenuación de la responsabilidad penal, pero nunca a una declaración de sobreseimiento, ni libre ni provisional”.

En relación con Deloitte, el juez recuerda que se debe considerar su presunta responsabilidad penal tal y como lo acordó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal al resolver los recursos presentados contra el auto de transformación y a la vista de los escritos de acusación formulados en su contra, “por cuanto si bien el legislador ha delimitado el ámbito de los autores o sujetos activos a los administradores de hecho o de derecho, no puede olvidarse que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados, conducta que está expresamente tipificada en distintas legislaciones penales de nuestro entorno, como los son la francesa, la alemana, o la italiana. Y se debe considerar dicha responsabilidad por cuanto y en su función de auditor procedió a analizar, verificar y dictaminar la corrección y veracidad de las cuentas de Bankia, S.A. que se presentaron en el folleto de emisión para su salida a Bolsa, siendo indudable que sin dicha revisión y verificación las autoridades reguladoras y supervisoras no hubieran permitido que la citada entidad bancaria operara en el parquet”.

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Media verdad

17 de noviembre, 2017

media verdad

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El TSJ de Galicia avala el decreto de la Xunta sobre el uso de apartamentos y viviendas turísticas

17 de noviembre, 2017

Jueves, 16 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJ de Galicia avala el decreto de la Xunta sobre el uso de apartamentos y viviendas turísticas

Según los magistrados, el decreto no “vulnera el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de los servicios de alojamiento”

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Primera- del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia contra el decreto de la Xunta por el que se regula el uso de viviendas y apartamentos turísticos.

Los magistrados del alto tribunal gallego entienden ajustados a derechos cada uno de los artículos de la regulación autonómica sobre los que la Asociación centra su impugnación.

De esta manera, entiende la Sala que el decreto no “vulnera el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector de los servicios de alojamiento”, como la recurrente había denunciado.

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El Tribunal de Justicia Europeo declara discriminatorio en España el acceso al desempleo desde un contrato a tiempo parcial

17 de noviembre, 2017

El Tribunal de Justicia Europeo declara discriminatorio en España el acceso al desempleo desde un contrato a tiempo parcial
Todas las personas con contratos a tiempo parcial deben ver equiparadas sus condiciones de acceso a la protección por desempleo.
09/11/2017. ccoo.es
Hoy 9 de noviembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una Sentencia, resolviendo una cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona.
En esa Sentencia, se resuelve la cuestión prejudicial planteada, estimando que el sistema de reconocimiento de la prestación por desempleo para las personas que trabajan a tiempo parcial en nuestro país supone una diferencia de trato injustificada, que vulnera el artículo 4 apartado 1 de la Directiva 79/7/CEE relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.
Concretamente, se aborda la situación de las personas que mantiene un contrato a tiempo parcial vertical, es decir, que no trabajan todos los días de la semana, al tener una distribución de jornada que se concentra en varios días a la semana, no todos pero, sin embargo mantienen una relación continuada y una base de cotización mensual, de forma idéntica a las personas que trabajan a tiempo completo o a las personas con contrato a tiempo parcial horizontal (aquellas que trabajan las mismas horas a tiempo parcial pero con una distribución de jornada que les lleva a trabajar todos los días de la semana).
En el caso de la relación a tiempo parcial vertical, el Servicio Público de Empleo, no había reconocido todos los días cotizados, haciéndolo solo con los efectivamente trabajados y, comoconsecuencia de ello, ante la pérdida involuntaria del empleo por parte de la trabajadora, había reconocido una prestación por desempleo de 420 días, en lugar de los 720 que
demandaba la trabajadora afectada al acreditar cotizaciones entre el 23.12.1999 y el 29.7.2013, es decir, superando con mucho los 6 años exigidos para acceder a una prestación por desempleo durante 720 días.
El Tribunal europeo considera acreditado que en España los contratos a tiempo parcial se concentran especialmente en mujeres por lo que declara la regulación legal española contraria a la Directiva mencionada al afectar de forma mayoritaria a mujeres que constituyen el grueso de las personas que mantienen relaciones laborales a tiempo parcial de carácter vertical y se ven perjudicadas por esa normativa.
CCOO saluda esta STJUE de 9 de noviembre de 2017 que debe concretarse en un cambio de criterio de actuación inmediato del SEPE y, en su caso, la correspondiente modificación normativa, equiparando las condiciones de acceso a prestaciones por desempleo a personas con contratos a tiempo parcial.
CCOO señala que esta sentencia pone en evidencia, una vez más, la necesidad de revisar y reformar el sistema de protección por desempleo en España para acometer diferentes retos: la equiparación en el acceso al mismo, sin discriminaciones, a todos los colectivos; el refuerzo de la protección por desempleo para cubrir a más personas y con mayor intensidad, corrigiendo la situación actual que ha llevado la tasa de cobertura al actual 54%, es decir, a que casi una de cada dos personas en desempleo no tienen ningún tipo de prestación económica.

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El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia

16 de noviembre, 2017

Miércoles, 15 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia

La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

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Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año

16 de noviembre, 2017

Lunes, 13 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año

Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias. El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre.

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

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El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

15 de noviembre, 2017

Lunes, 13 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

El Consejo estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados. El Ministerio de Justicia tomará una decisión sobre la continuidad del plan de urgencia una vez estudie la información facilitada por el órgano de gobierno de los jueces

Autor:Comunicación Poder Judicial

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 2018

El Consejo General del Poder Judicial ha informado hoy al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia de su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La estimación -calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil- es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados.

También serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada hoy a los representantes de las Administraciones en la reunión mantenida con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asistido hoy a la reunión de coordinación, ha anunciado que estudiará la información facilitada este lunes por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una “hoja de ruta” en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.

Más participación de los jueces titulares

Durante la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido el esfuerzo desarrollado hasta ahora por las Administraciones y ha destacado los efectos positivos que ha tenido el plan de urgencia, como la uniformidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos, la mayor productividad de los Juzgados y el “refuerzo indirecto” que la especialización de órganos ha supuesto para el resto de los de la jurisdicción civil.

También ha destacado que en el encuentro mantenido la semana pasada con una representación de los jueces decanos quedó de manifiesto su respaldo al plan y, en respuesta a la petición de éstos y de las Comunidades Autónomas, se ha comprometido a dotar de estabilidad a las medidas que se acuerden “como garantía para las Administraciones prestacionales”.

Lesmes también ha anunciado que el CGPJ se plantea un “cambio cualitativo importante” en relación con la participación de los jueces y magistrados titulares de los órganos especializados, mediante la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en aquellos Juzgados donde ya se han puesto en práctica.

También se fomentarán otras iniciativas con la finalidad de facilitar la unificación de criterios, como grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales y de éstos con letrados de la Administración de Justicia o un tesauro que el Centro de Documentación Judicial pondrá a su disposición.

Los asistentes a la reunión han coincidido en que el tipo de litigiosidad al que se enfrentan los Juzgados especializados “ha venido para quedarse” y han destacado la importancia que tendrán los pronunciamientos de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo sobre las cuestiones que hoy se están resolviendo en primera instancia y sobre asuntos como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que el alto tribunal examinará por primera vez el próximo día 22.

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El instructor de la causa en el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament pide informe a la juez Lamela antes de decidir si asume la causa contra el Govern

15 de noviembre, 2017

Martes, 14 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El instructor de la causa en el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament pide informe a la juez Lamela antes de decidir si asume la causa contra el Govern

Pablo Llarena pide a la magistrada que emplace a las partes personadas para que den su opinión sobre la acumulación de los procedimientos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica, ha solicitado este martes informe a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de resolver sobre competencia y acumulación de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3 contra los exmiembros del Govern de Cataluña y los expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

Llarena ha dictado una providencia en la que solicita a la juez Lamela, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en el plazo de cinco días le informe sobre los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos, así como para que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente a la Sala sobre la eventual acumulación de los procesos.

El artículo 21 de la LECrim establece que “el Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias, y ningún Juez, Tribunal o parte podrá promoverlas contra él. Cuando algún Juez o Tribunal viniere entendiendo en asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, ordenará éste a aquél, de oficio, a excitación del Ministerio Fiscal o a solicitud de parte, que se abstenga de todo procedimiento y remita los antecedentes en el término de segundo día para, en su vista, resolver. El Tribunal Supremo podrá, sin embargo, autorizar, en la misma orden y entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas. Contra la decisión del Tribunal Supremo no se da recurso alguno”.

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La juez Lamela rechaza los recursos contra la admisión a trámite de la querella por rebelión, sedición y malversación contra los exmiembros del Govern

15 de noviembre, 2017

Martes, 14 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La juez Lamela rechaza los recursos contra la admisión a trámite de la querella por rebelión, sedición y malversación contra los exmiembros del Govern

La magistrada también confirma la fianza de 6,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil impuesta a los querellados

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la admisión de la querella de la Fiscalía General del Estado por delitos de rebelión, sedición y malversación contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers del Govern, así como las responsabilidades civiles impuestas en su auto del pasado 31 de octubre por un total de 6,2 millones de euros.

En un auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 rechaza los recursos de reforma presentados por Junqueras, por los exconsellers Romeva, Bassa y Mundó, así como por el exmayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero y la intendente Teresa Laplana.

La resolución recuerda los argumentos utilizados para admitir la competencia del juzgado para conocer sobre estos hechos, que la juez unió a las diligencias que ya llevaba por un delito de sedición en relación con los hechos del 20 y 21 de septiembre y cuya competencia ya confirmó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal el pasado 6 de noviembre.

En relación con las responsabilidades civiles acordadas respecto de los querellados, explica la juez que, en la fase inicial en que nos encontramos, para acordar una medida cautelar que asegure la cobertura de las responsabilidades pecuniarias que de la causa puedan derivarse es condición suficiente y, a la vez necesaria, que de lo actuado se advierta la existencia de indicios de criminalidad contra una persona, lo cual no supone necesariamente que deba esperarse a concluir la instrucción de la causa para adoptar las medidas cautelares correspondientes.

Respecto a la cantidad concreta de 6.207.450 euros en que se fijó el importe de la fianza, indica que se partió de las partidas presupuestarias ordenadas en la Ley 4/2017 de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para garantizar los recursos con los que hacer frente a las necesidades derivadas de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de España (disposición adicional 40ª).

“El hecho de que el Tribunal Constitucional declarara nula e inconstitucional la citada disposición adicional cuadragésima, y que la Intervención General de la Generalitat de Catalunya haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria haya sido utilizada, no implica que no se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines”, indica el auto.

Confirma la juez igualmente la incoación de una pieza separada, donde se incluye la actuación de Josep Lluis Trapero y Teresa Laplana al frente de los Mossos, una medida que se ha acordado para procurar exclusivamente un correcto manejo y tramitación de la causa ante la existencia de una organización en la que “cada uno de sus componentes participantes efectuó su aportación al plan secesionista que habría de llevar a la declaración unilateral de independencia, lo que hace necesaria la investigación y enjuiciamiento conjunto, valorando los actos ejecutados por cada uno de ellos y la calificación jurídica que aquellos puedan merecer”.

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Entrega de premios a la excelencia financiera en Barcelona

14 de noviembre, 2017

Premis 2017 a exelencia financera
X edicio
Foment del Treball Nacional
Barcelona
a la foto de esquerra a dreta
premiat: sr. Aristóbulo de Juan , antic director general del Banc d’Espanya
Josep Soler , director general de Institut Estudis Financers
premiat: Antoni Brunet , director de assumptes publics i coorporatius de Cellnex
premiat: dr. Joaquin Trigo Portela , professor universitari i antic director executiu de Foment del Treball i del Instituto de Estudios Económicos
sr Pere Aragones , Secretari de economia del departament de la Vicepresidencia i Economia i Hisenda i President del patronat IEF
premiat: Albert Closas , director i presentador del programa ” valor afegit ” de TV3
foto Marti Fradera | giny

ieemadrid.es

PREMIS 2017 A EXELENCIA EXEL·LENCIA FINANCERA X EDICIO FOMENT DEL TREBALL NACIONAL BARCELONA A LA FOTO DE ESQUERRA A DRETA PREMIAT: SR. ARISTÓBULO DE JUAN , ANTIC DIRECTOR GENERAL DEL BANC D'ESPANYA JOSEP SOLER , DIRECTOR GENERAL DE INSTITUT ESTUDIS FINANCERS PREMIAT: ANTONI BRUNET , DIRECTR DE ASSUMPTES PUBLICS I COORPORATIUS DE CELLNEX PREMIAT: DR. JOAQUIN TRIGO PORTELS , PROFESSOR UNIVERSITARI I ANTIC DIRECTOR EXECUTIU DE FOMENT I IEE SR PERE ARAGONES , SECRETARI DE ECONOMIA DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDENCIA I ECONOMIA I HISENDA I PRESIDENT DEL PATRONAT IEF PREMIAT: ALBERT CLOSAS , DIRECTOR I PRESENTADOR DEL PROGRAMA " VALOR AFEGIT " DE TV3 FOTO MARTI FRADERA | GINY COMUNICACIO GINY.CAT 93 368 71 55

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Autorizadas las CCAA de La Rioja y de Cataluña a formalizar operaciones de deuda

14 de noviembre, 2017

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Gabinete de Prensa
minhafp.gob.es
Consejo de Ministros
Autorizadas las CCAA de La Rioja y de Cataluña a formalizar operaciones de deuda
10 de noviembre de 2017.- El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a renovar operaciones de deuda a corto plazo y a la Comunidad Autónoma de La Rioja a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública.
En ambos casos las autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2017. Cataluña y La Rioja deberán supeditar las operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de estas autorizaciones al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2017, fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2016.
Cataluña
En cuanto a la autorización a Cataluña, la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 15 de septiembre de 2017, por la que se publicó el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del mismo día, por el que se adoptaron medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, establecía que todas las operaciones de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, formalizadas por cualquiera de las entidades integrantes del sector público de dicha Comunidad Autónoma precisarán autorización del Consejo de Ministros.
En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 290,41 millones de euros, con el fin de refinanciar los vencimientos de préstamos o líneas de crédito con un vencimiento inmediato.
La Rioja
Por su parte, la autorización a La Rioja deriva del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece que las Comunidades Autónomas precisarán autorización del Estado para la emisión de deuda o cualquier otra apelación de crédito público.
En base al mismo, La Rioja ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a largo plazo hasta un importe máximo de 32,13 millones de euros, que se destinarán a financiar un 0,4 por 100 del PIB regional del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2017, fijado en un 0,6 por 100 del PIB regional en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016.

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La juez Lamela rechaza el recurso de los exconsellers Serret y Comín contra su orden europea de detención y entrega

14 de noviembre, 2017

Lunes, 13 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La juez Lamela rechaza el recurso de los exconsellers Serret y Comín contra su orden europea de detención y entrega

La magistrada mantiene su decisión de no permitir a la defensa personarse en la causa al haber optado los querellados por sustraerse a la acción de la justicia

Autor:Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado la Orden Europea de Detención y Entrega contra los exconsellers de la Generalitat de Catalunya Meritxell Serret y Antoni Comín. La magistrada rechaza el recurso de reforma que ambos presentaron contra el auto de 3 de noviembre en el que no admitía la declaración por videoconferencia de los dos querellados y acordaba su busca y captura, así como la OEDE. Lamela mantiene también su decisión de no permitir a la defensa personarse en las actuaciones, en tanto que los recurrentes han optado por sustraerse a la acción de la justicia y no han realizado designación expresa de profesionales que les defiendan.

En su recurso, el abogado que se presentó como representante de Serret y Comín invocaba, entre otros argumentos, que los actos que se les imputan son actos parlamentarios protegidos por la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria y que se encuentran ante una persecución de carácter político. También cuestionaba la competencia de la Audiencia Nacional y, en relación con la Orden Europea de Detención, alegaba vulneración del derecho al juez imparcial por haberse emitido por más delitos de los incluidos en la presente investigación.

Lamela rechaza todos los motivos esgrimidos por la defensa en su recurso. En primer lugar, la magistrada explica que a los dos recurrentes no se les persigue por hechos realizados como diputados, ni por defender sus ideas, ni por defender la independencia de Cataluña, sino que se les persigue por aprovecharse de su condición de diputados y consejeros para sus fines ilícitos, para tratar de cambiar totalmente al margen de las vías legales la forma de Gobierno, “participando decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un referéndum independentista para lograr en España la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su constitución en República Independiente”.

En relación con la posible falta de competencia de la Audiencia Nacional, Lamela recuerda a la defensa que cualquier discrepancia sobre la materia debe canalizarla a través del correspondiente recurso de reforma contra su auto de 31 de octubre, en el que se declaraba competente para instruir la querella de Fiscalía. La magistrada también rechaza la supuesta vulneración por falta de motivación de su auto. “Que los recurrentes no estén conformes con tal motivación y con la decisión adoptada, no significa que la resolución que se recurre carezca de motivación”, concluye Lamela.

La OEDE no incluye delitos nuevos

Los recurrentes también alegaban vulneración del derecho al juez imparcial por haber emitido la OEDE por más delitos que los que se investigan. “Olvidan los recurrentes con ello – señala Lamela- que el Ministerio Fiscal en su escrito de querella efectuaba la calificación provisional de los hechos a los que la misma se refería, como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación. Subsidiariamente consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de sedición y de un delito de malversación. Y no son otros delitos los que se recogen en la resolución recurrida y en la OEDE librada a las autoridades belgas”, concluye la magistrada para rechazar también este motivo .

Lamela reitera su rechazo a aceptar el acceso de Antoni Comín y Meritxell Serret a la causa en tanto que se encuentran en ignorado paradero y no se han puesto a disposición del juzgado: “y ello porque D. Antoni Comín y Dª Meritxell Serret, pese a tener conocimiento del procedimiento y de los presuntos delitos que se les imputan, han optado por sustraerse a la acción de la justicia y por no ponerse a disposición de este juzgado”. La juez recuerda que no han realizado designación expresa de abogados “por lo que ni tan siquiera consta que el letrado firmante de los escritos sobre los que se decide ostente efectivamente la defensa y representación consentida y aceptada por aquellos”.

El auto de Lamela es recurrible en apelación ante la Sala de lo Penal.

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La Audiencia de Cantabria excluye el impuesto de AJD de los gastos hipotecarios que debe asumir el banco

13 de noviembre, 2017

Jueves, 9 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia de Cantabria excluye el impuesto de AJD de los gastos hipotecarios que debe asumir el banco

Confirma que los gastos de notaría, gestoría y registro son por cuenta del prestamista, ya que la cláusula que establece que todos los asuma el cliente es nula en su totalidad, por su carácter onmicomprensivo y no negociado

Autor:Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

Santander, 9 de noviembre de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha resuelto el primer recurso contra una sentencia sobre gastos hipotecarios y ha determinado que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe asumirlo el cliente que solicita el préstamo.

 

En una sentencia que ha sido conocida hoy, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial declara nula en su totalidad la cláusula de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en la que se atribuía al prestatario la totalidad de los gastos derivados de la operación.

 

Resuelve así el recurso presentado por el prestatario contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Torrelavega que en enero de este años declaró la nulidad parcial de la cláusula en lo que a gastos de notaría, gestoría y registro se refiere y condenó a la entidad bancaria a indemnizar a su cliente en 718 euros.

 

El demandante solicitaba una indemnización mayor: 4.932 euros, al considerar que también debía ser resarcido por la prima del seguro y por el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

 

Ahora, la Audiencia estima parcialmente el recurso en el sentido de considerar que la nulidad de la cláusula no es parcial, sino total, de modo que todo lo que en ella consta se tiene que entender por no puesto.

 

En la misma, se atribuía al prestatario la totalidad, sin excepción, de los gastos de la operación: los previos de tasación, los generados como consecuencia de otorgar la escritura pública y su inscripción, y cualquier gasto futuro que pudiera surgir.

 

“La generalización de la cláusula es tal que permite imputar al prestatario todo tipo de arancel y también todo tipo de impuesto o tributo futuro”, añade la Audiencia, que considera que la citada cláusula que es impuesta por el banco de manera unilateral tiene un carácter “omnicomprensivo” que determina que sea “nula en su totalidad”.

 

Consecuencias de la nulidad total

 

Pese a la estimación total de la demanda, en el sentido de considerar que la cláusula es nula en su totalidad y no parcialmente, las consecuencias que se derivan de este hecho son las mismas: el banco solo indemnizará a su cliente por los gastos de notaría, registro y gestoría.
Y es que la Audiencia considera que el prestatario ha pagado el impuesto de Actos Jurídicos Documentados no en virtud de la cláusula, sino en virtud de la legislación tributaria, que se lo impone.

 

“La aplicación de las normas tributarias y de la jurisprudencia que interpreta dichas normas conduce a concluir que el impuesto abonado por el prestatario correspondía legalmente al mismo, por lo que no puede condenarse a la entidad demanda a su resarcimiento indemnizable frente a aquel”, señala la sentencia.

 

En cuanto a la obligación de contratar el seguro de daños por parte del prestatario, entiende la Audiencia que “no parece que esta previsión sea desproporcionada o abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal, habida cuenta que cualquier merma del bien incide directamente en la disminución de la garantía”.

 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

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Autorización a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo

13 de noviembre, 2017

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Gabinete de Prensa
minhafp.es
Consejo de Ministros
Autorización a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo
27 de octubre de 2017.- El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 80 millones de euros, con el fin de refinanciar los vencimientos de préstamos o líneas de crédito, con un vencimiento inmediato, de entidades sanitarias y universidades.
El Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña, establece que todas las operaciones de endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo, formalizadas por cualquiera de las entidades integrantes del sector público de dicha Comunidad Autónoma, precisarán autorización del Consejo de Ministros.
Las líneas de crédito a corto plazo corresponden a entidades del ámbito sanitario y universidades, y su renovación tiene por finalidad preservar la estabilidad financiera y el normal funcionamiento de los servicios públicos de dicha Comunidad Autónoma y sus entidades dependientes.
Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2017.
La Comunidad Autónoma de Cataluña deberá supeditar las operaciones de endeudamiento que formalice en ejecución de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2017, fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016.

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Mañana comienzan a denunciar 50 cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad

13 de noviembre, 2017

Mañana comienzan a denunciar 50 cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad

Dirección General de Tráfico

Madrid, 10/11/2017 interior.gob.es

Mañana comienzan a denunciar 50 cámaras que vigilan el uso del cinturón de seguridad

Después de dos meses

Durante dos meses se ha enviado una carta informativa a los conductores que han sido captados sin llevar puesto el dispositivo de seguridad,

El 60% de las cámaras están ubicadas en vías convencionales, carreteras en las que se registra mayor accidentalidad

Las imágenes pasan por un exhaustivo procedimiento de visión artificial y manual, de modo que sólo se envía la denuncia cuando no hay duda alguna.

Pese a que estas cámaras solo captan al conductor del vehículo, Tráfico recuerda la obligación y la importancia de que todos los ocupantes del vehículo lleven perfectamente puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención correspondiente
A partir de mañana, los conductores que circulen sin cinturón de seguridad y sean captados por alguna de las 50 primeras cámaras que la Dirección General de Tráfico tiene instaladas en carretera, para controlar el uso de dicho dispositivo, recibirán en su domicilio la correspondiente denuncia.

Esta medida es continuación de la acción llevada a cabo en los dos meses anteriores en los que la DGT ha enviado únicamente una carta informativa a los conductores de los vehículos que han sido captados sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Según el director de Tráfico, Gregorio Serrano, “estos dos meses han servido para que los ciudadanos conozcan que disponemos de estos instrumentos que captan de forma telemática la imagen, y han podido conocer dónde están colocadas las cámaras, ya que su ubicación es pública y puede consultarse en la web de  la DGT”. Además ha añadido que “El objetivo no es otro que salvar vidas, porque cada año alrededor de doscientos fallecidos viajan sin hacer uso del cinturón de seguridad, dispositivo que reduce a la mitad el riesgo de muerte”

En estos meses, se han enviado 331 cartas informativas a aquellos conductores que han sido  captados sin cinturón, ya que solamente se envían las fotos que no ofrecen duda alguna sobre el no uso de dicho dispositivo de seguridad lo que supone una garantía para el ciudadano.

Tratamiento de las imágenes

Las imágenes captadas por las cámaras están sometidas a un severo control de calidad. Éstas son enviadas diariamente al Centro de Tratamiento de  Denuncias Automatizadas, donde en un primer momento un software diseñado específicamente para ello revisará cada una de las fotografías, monitorizando automáticamente, mediante técnicas de visión artificial, el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor. El propio software descartará aquellas fotografías en las que detecte que el conductor sí hace uso del cinturón de seguridad.

Las imágenes en las que el software no identifica el cinturón de seguridad pasan a ser revisadas manualmente, por dos operadores que descartan todas aquellas fotografías sobre las que pudiera existir alguna duda sobre el uso de dicho dispositivo.

Después del visionado manual que se realiza en el Centro de Tratamiento de  Denuncias Automatizadas, la imagen es enviada a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, donde se vuelve a comprobar manualmente que efectivamente va sin cinturón para posteriormente iniciar el conveniente procedimiento sancionador.

El titular del vehículo recibirá en su domicilio un requerimiento para que identifique al conductor que aparece en las fotografías que se le adjuntan.  En caso de que en la fotografía aparezca un copiloto, se procede a pixelar la cara del mismo, de modo que dicha persona no sea identificada.

Una vez identificado el conductor, se procede al envío de la denuncia que supone una multa económica de 200 euros y la detracción de 3 puntos. En caso de que el titular no identifique a la persona que conduce, se genera un nuevo expediente sancionador por no identificar al conductor. El artículo 11 1 a) del Texto Refundido de la Ley de Seguridad Vial establece la obligación del titular de un vehículo de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. El incumplimiento del deber de identificar es una infracción muy grave artículo 77 j) cuya multa es el triple de la multa prevista para la infracción original que la motivó, es decir 600 euros.

Un total de  227 cámaras

Estas 50 cámaras son las primeras en funcionar, ya que progresivamente entrarán en funcionamiento el resto hasta un total de 227, en las que también se iniciará el plazo informativo de 2 meses previo a la denuncia.

El 60% de las cámaras están ubicadas en vías convencionales que son las que registran mayor accidentalidad y siniestralidad y el 40% restantes en vías de alta ocupación.

Pese a que las cámaras solo captan al conductor del vehículo, Tráfico recuerda la obligación y la importancia de que todos los ocupantes del vehículo lleven perfectamente puesto el cinturón de seguridad o el sistema de retención correspondiente

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

12 de noviembre, 2017

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación
mjusticia.gob.es
Nota de prensa
Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
Tiene como objetivo aumentar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a la evolución tecnológica
Regula la potestad de los herederos sobre la información de personas fallecidas
Se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018
10 de noviembre de 2017.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental en nuestro país.
Este Reglamento Europeo que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.
En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución, se recogen novedades tanto en el régimen de consentimiento como en los tratamientos y en la introducción de nuevas figuras y procedimientos.
Adelanta a los 13 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.
En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.
Además, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción, la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
Entre las novedades, destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Por su parte, la AEPD se configura como autoridad administrativa independiente cuyas relaciones con el Gobierno se realizan a través del Ministerio de Justicia. Se establece la necesaria cooperación y coordinación con las correspondientes autoridades autonómicas de protección de datos.
En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación tanto en el sector público como en el privado e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la AEPD) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la AEPD deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.
Este reglamento atiende a nuevas circunstancias provocadas fundamentalmente por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales como consecuencia de la actividad del mercado interior, teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la sociedad de la información.
Ante esta situación, han aumentado los riesgos inherentes a que las informaciones sobre los individuos se hayan multiplicado de forma exponencial siendo más accesibles y más fáciles de procesar, al tiempo que se ha hecho más difícil el control de su uso y destino.

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El juez acuerda la libertad de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, una vez depositada la fianza

11 de noviembre, 2017

Viernes, 10 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El juez acuerda la libertad de la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, una vez depositada la fianza

El auto de libertad advierte a Forcadell que el incumplimiento de cualquiera de las medidas cautelares a las que queda sometida ahora determinará su inmediato ingreso en prisión

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la querella de la Fiscalía contra la presidenta y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña por los delitos de rebelión, sedición y malversación, ha acordado la puesta en libertad de la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, una vez depositada la fianza de 150.000 euros que le fue exigida ayer.

Un funcionario del Tribunal Supremo se trasladará a la prisión de Alcalá Meco, donde Forcadell ingresó anoche, para hacerle el requerimiento de las medidas cautelares de comparecencias “apud acta” semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante el juzgado de su conveniencia, comparecencia ante el Tribunal Supremo siempre que sea llamada, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte, que ya ha sido entregado por su abogado en el alto tribunal.

En el auto se advierte a la presidenta del Parlament que el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones determinará su inmediato ingreso en prisión.

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El instructor de la querella contra la Mesa del Parlament de Cataluña acuerda prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell

10 de noviembre, 2017

Jueves, 9 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

El instructor de la querella contra la Mesa del Parlament de Cataluña acuerda prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena deja en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los exmiembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la querella que la Fiscalía interpuso por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra la presidenta y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, ha acordado este jueves la medida de prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell.

Respecto a los exmiembros de la Mesa Lluís Corominas, exvicepresidente primero del Parlament  y expresidente del grupo parlamentario Junts pel Sí ; Lluís Guinó, exvicepresidente primero del Parlament; Anna Simó, exsecretaria primera del Parlament; y Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta del Parlament, el instructor ha acordado su libertad bajo fianza de 25.000 euros y les ha dado una semana de plazo para depositarla.

Una vez abonada, les impone la obligación de presentarse semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Juzgado de su conveniencia, la prohibición de abandonar el territorio nacional. Además, deberán entregar el pasaporte antes de las 14:00 horas de mañana viernes. Estas mismas medidas se impondrán a Forcadell cuando deposite la fianza que le ha sido exigida a ella.

Por último, el también querellado Joan Josep Nuet, exsecretario tercero del Parlament, ha quedado en libertad provisional.

En un segundo auto notificado este jueves, el magistrado ha denegado la medida cautelar interesada por la Fiscalía de fijar a los querellados una fianza civil de 6,2 millones de euros, sin perjuicio de que pueda acordarla en vista de los resultados que arroje la instrucción.

Por otra parte, Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia catalán las diligencias previas 1/2016, seguidas contra los exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña por delitos de desobediencia y prevaricación.

En una providencia, el instructor explica que ha accedido así a la petición que incluyó la Fiscalía en su escrito de querella del pasado 30 de octubre, donde solicitaba al Tribunal Supremo la acumulación a la causa que se instruye en el alto tribunal de dichas diligencias seguidas hasta ahora ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña.

El juez Llarena indica que lo hace de conformidad al artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho artículo indica que cuando algún juez o tribunal estuviere entendiendo en un asunto cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, éste ordenará a aquél, de oficio o a instancia del fiscal o de parte, la remisión de la causa. Dicho artículo señala también que ningún tribunal puede promover causas de competencia contra el Supremo, y que contra la decisión del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno.

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La Audiencia Provincial de La Rioja declara abusiva la cláusula que repercute todos los gastos en el prestatario

10 de noviembre, 2017

Jueves, 2 de noviembre de 2017 poderjudicial.es

La Audiencia Provincial de La Rioja declara abusiva la cláusula que repercute todos los gastos en el prestatario

El Pleno del Tribunal dicta dos sentencias por las que obliga al banco a pagar los gastos registrales y el 50% de en la notaría

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los seis magistrados que componen el Pleno de la Audiencia Provincial han resuelto en dos sentencias declarar nula la cláusula relativa a los gastos que se derivan de una hipoteca, una de las sentencias se refiere a Caixbank y otra a Bankia. La cláusula en el caso de Caixbank dispone lo siguiente:

“Serán de cuenta de la parte prestataria todos los gastos que se devenguen como consecuencia del presente otorgamiento incluso los de inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad así como también los de cancelación en su día. Son también de cuenta y cargo de la parte prestataria los gastos y constas de cualquiera de los procedimientos que tuviera que emplear el banco para exigir su complimiento”.

Esta cláusula, según la sentencia, “presenta los caracteres propios de las cláusulas abusivas: se trata de una estipulación no negociada individualmente, es decir, predispuesta por el empresario que goza de una superior posición negociadora”. Se añade que “no se asegura una mínima reciprocidad al hacer recaer su totalidad sobre el prestatario, y por ello es susceptible de generar el desequilibrio importante del que hablan las normas de protección del consumidor frente a estipulaciones predispuestas. Y esta posibilidad es suficiente para declarar su nulidad”.

El Pleno de la Audiencia Provincial, una vez que declara nula la cláusula por ser abusiva entra a resolver sobre las consecuencias. Es decir, a quién corresponde pagar -al banco o al prestatario- los gastos de notaría, registrales y el tributo. Para ello, el tribunal aplica en cada caso la normativa específica que regula cada gasto.

El tribunal resuelve, atendiendo a la legislación vigente, que los gastos notariales deben ser abonados por ambas partes al 50%. En la resolución se fundamenta que tanto la entidad bancaria como el prestatario “pueden considerarse interesados en el otorgamiento de la escritura pública de préstamo hipotecario y que por lo tanto ambos serían deudores de la intervención notarial, por lo que si bien ambos están obligados solidariamente frente al Notario al pago de la totalidad de los gastos en cuanto ambos requirieron su intervención”.

En cuanto a los gastos registrales, la Audiencia Provincial falla a favor del prestatario, y condena al banco a abonarlos. Según se argumenta en las sentencias, “la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúa a favor del Banco prestamista, por lo que es éste quien debe correr con dichos gastos”.

Sobre el pago de impuestos. El tribunal es claro en sus sentencias, “solo el prestatario, como adquiriente, es sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados devengado por el solo hecho imponible del otorgamiento del préstamo hipotecario”.

Los fallos también recogen los gastos procesales que se pudieran derivar de eventuales procedimientos en caso de incumplimiento por parte del prestatario en el pago de la hipoteca. El banco hacía suya la decisión de que esos gastos procesales (costas y honorarios de abogados y procuradores) recayeran únicamente en el prestatario. El Pleno de la Audiencia Provincial dispone que es un aspecto que está sujeto a la normativa legal vigente sobre la que sólo los jueces y tribunales que intervienen en estos procedimientos deben decidir.

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El TC declara inconstitucional y nula la ley de “transitoriedad jurídica” de Cataluña y recuerda que el derecho a la autonomía “no es ni puede confundirse con la soberanía”

9 de noviembre, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa – tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 85/2017
El TC declara inconstitucional y nula la ley de “transitoriedad jurídica” de Cataluña y recuerda que el derecho a la autonomía “no es ni puede confundirse con la soberanía”
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, “de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Ricardo Enríquez, afirma que la norma impugnada contraría “de modo explícito, principios esenciales e indisociables de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de derecho y la propia supremacía de la Constitución, a la que están sujetos todos los poderes públicos y también, por tanto, el Parlamento de Cataluña”.
Asimismo, afirma que el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones que integran España “no es ni puede confundirse con la soberanía” y recuerda que un “derecho de autodeterminación”, entendido como derecho a “promover y consumar” la secesión unilateral del Estado, “’no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte’ ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional”.
En este caso, al igual que en relación con la “ley del referéndum de autodeterminación” (declarada inconstitucional por la STC 114/2017), el Tribunal aprecia que la norma impugnada incurre en vicios de inconstitucionalidad tanto desde una perspectiva sustantiva como en lo que se refiere a su tramitación parlamentaria.
La ley objeto de análisis “pretende suplantar, prescindiendo de los procedimientos de reforma expresamente previstos en el ordenamiento, el orden constitucional y estatutario vigente en Cataluña por un régimen normativo transitorio” que sería ulteriormente sustituido “por una futura constitución de la república de Cataluña”. Se trata de “una pretensión de ruptura total y absoluta de una parte del territorio del Estado con el orden constitucional y estatutario” que sitúa a la norma impugnada “en una resuelta posición de ajenidad respecto al ordenamiento constitucional vigente”.
El Tribunal afirma que la ley contradice “la supremacía de la Constitución” al pretender situarse por encima de la norma fundamental; advierte que, mediante la aprobación de la norma impugnada, el Parlamento autonómico ”ha olvidado ‘la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente formalizado en la Constitución y la actuación de los poderes públicos constituidos’”; y recuerda que éstos “nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas” por el poder constituyente.
Sobre la vulneración de la soberanía nacional, el Tribunal sostiene que en el actual sistema constitucional “sólo el pueblo español es soberano y lo es de manera indivisible y exclusiva”, por lo que “ningún otro sujeto u órgano del Estado o ninguna fracción de ese pueblo puede pretender, declarándose soberano, disponer o quebrantar la soberanía nacional”.
“El pueblo de Cataluña […] ‘no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación española constituida en Estado’ ni es ‘un sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional’”.
La constitución de Cataluña en estado independiente es, añade la sentencia, “inconciliable con la unidad de la Nación española en la que se fundamenta la Constitución”. La soberanía nacional reside en el pueblo español, explica el Tribunal, y “esta unidad del sujeto soberano ‘es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en estado social y democrático de Derecho”. Se trata de un Estado “común para todos y en todo el territorio”, pero con una “articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de las autonomías territoriales […]”.
Cataluña, según la definición contenida en el Estatuto de Autonomía, es una “nacionalidad [que] ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. En consecuencia, la Comunidad Autónoma de Cataluña “trae causa en Derecho de la Constitución Española y, con ella, de la soberanía nacional”.
Una vez más, el Tribunal recuerda que dentro de la Constitución caben “cualesquiera concepciones ideológicas”. Pero la conversión de todo proyecto político en norma “no es posible sino mediante los procedimientos de reforma constitucional cuya observancia ‘es, siempre y en todo caso, inexcusable’”. Cuando un poder público pretende alterar el orden constituido de forma unilateral, afirma la sentencia, “abandona” la senda del Derecho “con el consiguiente ‘daño irreparable para la libertad de los ciudadanos’”. Esto último es lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña.
Sobre el Parlamento autonómico, el Pleno afirma que aprobó la ley impugnada “con pleno desconocimiento de la lealtad constitucional”; que pretendió “cancelar de hecho en el territorio de la Comunidad Autónoma y para todo el pueblo catalán la vigencia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran a su nuda voluntad”; y que, al actuar de este modo, se situó al margen del derecho y puso “en riesgo máximo, para todos los ciudadanos de Cataluña, la vigencia y efectividad de cuantas garantías y derechos preservan para ellos tanto la Constitución como el mismo Estatuto”.
La sentencia analiza también el procedimiento legislativo seguido en el Parlamento de Cataluña para aprobar la ley impugnada. Reitera también en este punto los argumentos contenidos en la STC 114/2017 y afirma que, como la “ley del referéndum”, la ahora impugnada “se tramitó y aprobó […] al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados” en el Reglamento de la Cámara. También afirma que la mayoría arbitró para el caso “un ‘procedimiento’ inédito que concibió e impuso a su conveniencia”. Este modo de actuar no solo supuso la restricción de los derechos de la minoría, sino “la supeditación y consiguiente degradación de todo el derecho al imperio, fuera de norma alguna, de la mayoría”. Entre otras decisiones adoptadas por la mayoría parlamentaria, se prescindió del informe del Consejo de Garantías Estatutarias.
En conclusión, el Parlamento catalán incurrió “en muy graves quiebras del procedimiento legislativo” que afectaron “sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes”.
Madrid, 8 de noviembre de 2017

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La Audiencia Nacional confirma la competencia de la juez Lamela para investigar por sedición los hechos del 21 y 21 de septiembre en Cataluña

8 de noviembre, 2017

Martes, 7 de noviembre de 2017  poderjudicial.es

La Audiencia Nacional confirma la competencia de la juez Lamela para investigar por sedición los hechos del 21 y 21 de septiembre en Cataluña

La Sala Segunda señala que la competencia de este tribunal viene determinada porque, en este caso, el delito de sedición puede atentar contra la forma de Gobierno

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la competencia de la juez Carmen Lamela para investigar por un delito de sedición los sucesos acontecidos los días 20 y 21 de septiembre de Cataluña en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones de defensa del ordenamiento constitucional.

Cuatro de los cinco magistrados de la Sala, con el voto en contra del magistrado José Ricardo de Prada, rechazan en un auto los recursos de los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del pasado 5 de octubre, en los que solicitaban la inhibición del juzgado de la Audiencia Nacional en favor de los juzgados de Barcelona por falta de competencia en relación con esos hechos concretos.

El tribunal comparte íntegramente los “acertados razonamientos” justificativos de la competencia de la Audiencia Nacional que recoge la juez instructora en su resolución, en la medida, dicen, en que los hechos objeto del proceso pudieran ser constitutivos de un delito de sedición “entendido como delito contra la forma de Gobierno, toda vez que se enmarcan en un programa insurreccional para cambiar la organización del Estado, sustituir al Gobierno de la Nación, declarar la independencia o despojar a la Corona de sus prerrogativas o facultades en el territorio correspondiente a la comunidad autónoma de Cataluña”.

En este sentido, subrayan que la competencia corresponde al juzgado central no porque los delitos de sedición con carácter general sean competencia de la Audiencia Nacional, sino porque el delito de sedición que en el caso concreto se trata de investigar puede atentar también contra la forma de Gobierno.

“Pocas dudas podemos tener de que los hechos investigados, valorados provisionalmente, no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una estrategia diseñada por los máximos responsables institucionales del Gobierno y Parlamento catalán, en connivencia con los dirigentes de los movimientos y colectivos de la sociedad civil como ANC y Òmnium Cultural, para subvertir gravemente el orden constitucional, desobedeciendo sistemáticamente las resoluciones de los Tribunales, en especial, del Tribunal Constitucional, e incitando a los ciudadanos a la movilización pública y tumultuaria en favor del referéndum ilegal convocado para el día 1 de octubre de 2017 y en contra de las actuaciones ordenadas para impedirlo, sin que podamos ignorar que la celebración de dicho referéndum constituía un paso fundamental en la referida estrategia”, señalan los magistrados.

Explican que “se trata de un gravísimo desafío a las reglas del Estado de derecho, provocando una situación de inestabilidad política, social y económica con la pretensión última de alcanzar la independencia de Cataluña. Para conseguir tales objetivos no importaba provocar una profunda fractura de la sociedad y un grave deterioro de la situación económica, con gravísimas consecuencias para el interés general”.

Analizan los jueces el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y lo interpretan en el sentido de establecer la competencia de la Audiencia Nacional “siempre y cuando los hechos constitutivos del delito de sedición hayan sido cometidos en el marco y con el designio último de atentar contra la Corona, las Altas Instituciones del Estado o la forma de Gobierno”.

La Sala explica que no se trata, como afirman los recurrentes, “de que la finalidad del autor determine la competencia, sino de que concurren una serie de elementos objetivos y subjetivos que permiten considerar que las conductas investigadas constituyen una ofensa contra la forma de Gobierno, susceptible de lesionar bienes jurídicos que van más allá del mero orden público, o como reconoce uno de los recurrentes en su escrito, atendiendo “al potencial lesivo de la conducta desde el punto de vista objetivo”.

“Precisamente por ello, cuando el Ministerio Fiscal interpone denuncias a finales del año 2015 por delitos de rebelión o de sedición contra determinados ayuntamientos de Cataluña, ni los juzgados centrales a quienes correspondió el conocimiento de dichas denuncias, ni la Sección Tercera, que conoció por vía recurso, cuestionó la competencia, aceptando sin objeción alguna, tanto la competencia del Juzgado para el conocimiento de los hechos, como la de la propia Sala, separándose así de manera implícita del criterio adoptado en auto dictado por el Pleno de la Sala de fecha 2 de diciembre de 2008, en un supuesto que no remitía a un momento histórico muy diferente, como era la rebelión militar de 1936, que dio lugar al inicio de nuestra guerra civil”, explican los magistrados.

El auto cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que entiende que la instructora de la Audiencia Nacional debió inhibirse en favor del juzgado ordinario competente del territorio donde se produjeron los hechos ante su “manifiesta falta de competencia”.

Advierte este magistrado que “delitos tales como el alzamiento público con la finalidad de derogar, suspender o modificar totalmente la Constitución, declarar la independencia de una parte del territorio nacional o sustraer la Nación o parte de ella nunca han sido delitos contra la forma de Gobierno, por lo que nunca han sido competencia de la Audiencia Nacional, por no encontrarse dentro de los supuestos previsto por el artículo 65 de la LOPJ, ni lo pueden ser ahora por la misma razón”.

En otros dos autos, la Sala rechaza los recursos presentados contra varias diligencias acordadas por la juez Lamela, entre ellas la petición a diferentes organismos para que facilitaran todas las informaciones y datos que obren en sus archivos bancarios o sociedades de su corporación vinculados con ANC y Omnium Cultural. Estos autos también cuentan con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, remitiéndose al voto emitido en los recursos sobre la competencia.

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