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Hoguera Séneca. Alicante. 2018

24 de junio, 2018

Hoguera Séneca. Alicante. 2018

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Comienza la cuenta atrás para el Registro de titulares reales

24 de junio, 2018

Comienza la cuenta atrás para el Registro de titulares reales

Justicia debe diseñar el ‘Registro Central’ interconectado con la UE

Xavier Gil Pecharromán

Madrid 19/06/2018 eleconomista.es
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó hoy el texto de la conocida como Quinta Directiva, que modifica la regulación comunitaria en materia de prevención del blanqueo de capitales y que introduce la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que la información sobre la titularidad real de las sociedades se conserve en un Registro Central, que puede ser, por ejemplo, un Registro Mercantil, un registro de sociedades o un registro público.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado tiene que implementar el Registro Central con presteza, puesto que la Directiva debe entrar en vigor antes del 20 enero de 2020 y para 2019 está previsto un informe de Bruselas con las instrucciones técnicas para la interconexión de los registros de los Veintiocho.

La norma establece que toda la información sobre la titularidad real deberá estar en todos los casos a disposición de las autoridades competentes y las Unidades de Información Financiera (UIF) -en el caso de España el Sepblac-, sin restricción alguna; las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente; y toda persona u organización que demuestre un interés legítimo.

Protección de datos

En este último caso, que incluye por ejemplo a los periodistas, la norma señala que tendrán acceso, como mínimo, al nombre y apellidos, mes y año de nacimiento, la nacionalidad y el país de residencia del titular real, así como a la naturaleza y alcance de la participación real. El acceso a la información sobre la titularidad real se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y podrá estar sujeta a un registro en línea y al pago de una tasa.

Una novedad importante es que las tasas aplicadas por la obtención de información no deberán exceder de los correspondientes costes administrativos. El Registro Central tendrá que asegurar el acceso oportuno y sin restricción de las autoridades competentes y las UIF, sin alertar a la entidad afectada. También permitirá el acceso oportuno de las entidades obligadas.

Además, la información deberá estar a disposición del público a través de los registros nacionales y del sistema de interconexión de los registros al menos durante cinco años y durante un periodo no superior a diez años tras la cancelación registral de la sociedad.

En esta línea, desde junio de 2017, los registros mercantiles de todos los países de la UE están interconectados para que los ciudadanos puedan buscar información sobre las empresas registradas en cualquier país de la UE, Islandia, Liechtenstein o Noruega, al tiempo que los Registros puedan compartir información sobre sucursales extranjeras y fusiones transfronterizas de empresas.

Este sistema de interconexión de los registros empresariales (BRIS) impulsado por la Comisión Europea supone un esfuerzo conjunto por parte de los gobiernos de la UE.

En España, la Orden Ministerial JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a presentarlas, en vigor desde el 28 de marzo, obliga a los Registros Mercantiles a exigir este año, junto con el depósito de cuentas anuales una declaración de aquellas personas físicas que tengan una titularidad real a favor, de forma directa o indirecta, de más del 25 por ciento de su capital social.

El Consejo General del Notariado, por su parte, dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, desde marzo de 2012. La información contenida en ella procede del Índice Único Informatizado notarial. Este índice contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas durante estos años.

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Ninot indultat. Séneca. Hogueras 2018. Alicante

23 de junio, 2018

Ninot-Indultat-Hoguera-Seneca-2018

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Ábalos subraya que Vivienda será una prioridad política del Gobierno

23 de junio, 2018

Ábalos subraya que Vivienda será una prioridad política del Gobierno

Miércoles 20 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la toma de posesión de varios altos cargos de su Departamento, ha puesto de relieve que la Vivienda es una prioridad política del Gobierno.
Asimismo, el ministro destacó que el Ministerio de Fomento debe hacer un esfuerzo en materia de cohesión territorial y social, contribuir al crecimiento económico, mejorar la competitividad de nuestras empresas y el bienestar social de los ciudadanos.

Además señaló la necesidad de una gestión basada en la eficiencia que valore los recursos públicos y el control del gasto, unido al ejercicio del diálogo como punto de encuentro social.

Han jurado su cargo el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura García, el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo Roncero, Subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez García, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Javier Martín Ramiro y como jefe del gabinete del ministro, Sergio Vázquez Torrón.

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Ninot. Plaza del mar. Hogueras 2018. Alicante

22 de junio, 2018

Ninot-Plaza-del-Mar-Hogueras-2018

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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales

22 de junio, 2018

Miércoles, 20 de junio de 2018  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales

Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Lesmes confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”. “El Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”, dice en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del TS y del CGPJ pide que se atiendan las “legítimas reivindicaciones” de los miembros de la Carrera Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles y ha urgido a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”, ha señalado Lesmes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Poder Judicial, que ha dado cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, ha afirmado que el sistema de Justicia, “al menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años”.

“Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo”, ha señalado.

Lesmes también ha considerado “difícilmente soportables” las situaciones de colapso de buena parte de los órganos judiciales y ha recordado que, según un estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, “casi el 60 por ciento de nuestros Juzgados se encuentran claramente sobrecargados”, mientras que otros no alcanzan la carga de trabajo fijada como asumible.

“Esta situación de colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio en el conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo, puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”, ha concluido.

Reformas pendientes

Ante esta situación, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad”, ha dicho.

Lesmes también ha abogado por “seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra Justicia”, corrigiendo las deficiencias detectadas, y ha pedido no olvidar “la dotación de medios”.

“Hay que invertir en Justicia, y hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas Administraciones implicadas”, ha añadido.

Independencia judicial

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado durante su intervención en el Congreso que “distintos acontecimientos han exigido del Consejo que, hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses, haya hecho públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de Derecho proporciona a la propia sociedad”.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado durante este mandato varias solicitudes de amparo elevadas por miembros de la Carrera Judicial, “una vez constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.

Por todo ello, Lesmes ha instado a “prestar la máxima atención, siempre, a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional” y ha subrayado que “en nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de éstas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica”.

“Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de Derecho”, ha concluido.

Mejorar las condiciones de trabajo de los jueces

El presidente del TS y del CGPJ también ha dicho ante los miembros de la Comisión de Justicia que es necesario “prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la Carrera Judicial” y que les llevaron recientemente a convocar una jornada de paro.

“Hay que mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha citado, entre otras reivindicaciones, las retributivas y las relativas a la protección social, las cargas de trabajo o los medios materiales.

También ha hecho referencia a los permisos y licencias, recordando que se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos en ese ámbito y confiando en que salga adelante “porque, simplemente, es lo justo”.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha abogado por establecer un nuevo diseño de la Carrera Judicial –que deberá ser recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial- que favorezca y premie de manera real “la formación, la especialización y la excelencia, objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos”.

Renovación del CGPJ

Carlos Lesmes ha anunciado que en unas semanas se activará el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir un nuevo presidente.

“La renovación de las instituciones, señorías, es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley”, ha dicho el presidente del TS y del CGPJ ante los diputados que integran la Comisión de Justicia.

Ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, ha señalado que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía; y que ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas, como prueba la reducción de su presupuesto en el periodo 2013-2018 en un 8,21 por ciento –disminución que ha superado el 40 por ciento en las partidas destinadas a altos cargos-.

El presidente del TS y del CGPJ también ha recordado que el actual Consejo ha favorecido que el contacto con los miembros de la Carrera Judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible, manteniendo él mismo encuentros directos con más de 1.500 jueces y magistrados; y ha destacado el trabajo realizado en materia de protección social, con la puesta en marcha del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial; o la regularización de la situación de los casi 400 jueces –el 8 por ciento del total- que al inicio de su mandato se encontraban en expectativa de destino.

Lesmes ha hecho referencia asimismo a iniciativas como la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Estos avances se han conseguido “gracias a la implicación y entrega demostradas por los vocales del Consejo, a quienes es justo agradecer el trabajo realizado”, ha dicho el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado el alto nivel de acuerdo y consenso que ha existido en la institución, como demuestra que el 79 por ciento de los 1.202 acuerdos adoptados por el Pleno desde diciembre de 2013 lo hayan sido por unanimidad o asentimiento o que el 92 por ciento de los 216 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha lo fueran por unanimidad o mayoría cualificada.

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El precio medio del suelo urbano descendió un 2,6% en el primer trimestre de 2018 en tasa interanual

22 de junio, 2018

Estadística de Precios de Suelo correspondiente al primer trimestre de 2018

El precio medio del suelo urbano descendió un 2,6% en el primer trimestre de 2018 en tasa interanual
Viernes 15 de junio de 2018  lamoncloa.gob.es
Ministerio de Fomento

En este trimestre se realizaron 4.867 transacciones de suelo urbano, un 10,6% más que en el primer trimestre de 2017.
El precio medio del metro cuadrado del suelo descendió en el primer trimestre de 2018 un 2,6% en tasa interanual (primer trimestre de 2018/primer trimestre de 2017), al situarse en 163,1 euros. Frente al trimestre anterior, el precio medio del m2 experimentó un ascenso del 6,6%.
En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del m2 ha  descendido en tasa interanual un 7,8% tras situarse en 274,0 euros por metro cuadrado.

Los precios medios más elevados, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se registraron en las provincias de Madrid (Comunidad de) (477,8 €/m2), Barcelona (436,3 €/m2), Balears (Illes) (397,0 €/m2) y Valencia (337,5 €/m2). Los precios medios más bajos, dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes, se dieron en las provincias de Albacete (79,5 €/m2), Castellón/Castelló (93,2 €/m2) y Lleida (99,7 €/m2).

Transacciones de suelo. Superficie y valor trasmitidos

El número de transacciones realizadas en el primer trimestre de 2018 fue de 4.867, un 16,7% menos que las realizadas en el cuarto trimestre de 2017, que ascendieron a 5.845 y un 10,6% más que las realizadas en el primer trimestre de 2017, en el que se transmitieron 4.401 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente forma: en los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 273 transacciones, un 22,4% menos que en el mismo trimestre del año anterior; en los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes, se vendieron 860 solares, lo que representa un aumento del 8,9% en tasa interanual; en los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 840, un 12,3% más que en el mismo trimestre del año anterior; en aquellos municipios cuya población está comprendida entre 10.000 y 50.000 habitantes, las transacciones ascendieron a 1.842, un 17,0% más en tasa interanual.  Finalmente, en  los municipios con una población superior a  50.000 habitantes, el número de solares vendidos fue de 1.052, un 12,4% más que el primer trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el primer trimestre de 2018 asciende a 7,8 millones de metros cuadrados, por un valor de 770,6 millones de euros. Respecto al primer trimestre de 2017, las variaciones interanuales representan un 36,7% más de superficie transmitida y un 12,9% más del valor de las mismas.

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Puerta del Cielo. Hoguera Oscar Esplá. Alicante. 2018

21 de junio, 2018

Puerta al Cielo. Hoguera Oscar Esplá. Alicante. 2018

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Puerta del Infierno. Hoguera Oscar Esplá. Alicante. 2018

21 de junio, 2018

Hoguera Oscar Esplá 2018

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Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año

21 de junio, 2018

Lunes, 18 de junio de 2018 poderjudicial.es

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año

En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo. El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

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El Consejo General del Poder Judicial avala la idoneidad de María José Segarra para ser nombrada fiscal general del Estado

20 de junio, 2018

Lunes, 18 de junio de 2018 – poderjudicial.es

El CGPJ avala la idoneidad de María José Segarra para ser nombrada fiscal general del Estado

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución

Autor:Comunicación Poder Judicial

El CGPJ avala la idoneidad de María José Segarra para ser nombrada fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por unanimidad que la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, María José Segarra Crespo, reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado y ha avalado en consecuencia su idoneidad para el cargo, para el que fue propuesta el pasado viernes 15 por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

María José Segarra se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene acreditados más de 30 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó por oposición en 1987 y en la que ha ocupado destinos en la Fiscalía de la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y en la Fiscalía Provincial de Sevilla, de la que es fiscal jefe desde diciembre de 2004.

Especializada en Familia y Protección de Menores, ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios sobre esta materia organizados por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y otras instituciones.

Miembro del Consejo Fiscal entre los años 1990 y 1991, volvió a resultar elegida vocal de este órgano en las elecciones celebradas el pasado mes de marzo.

Examinada la trayectoria profesional de Segarra, el Pleno ha concluido que “se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada y que, teniendo en cuenta además los méritos reflejados en su currículum y a los efectos del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento para el que ha sido propuesta”.

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Los registradores conceden el premio Gumersindo de Azcárate 2018 a las Cortes Generales

19 de junio, 2018

Los registradores conceden el premio Gumersindo de Azcárate 2018 a las Cortes Generales
18 junio 2018  Notas de prensa – registradores.org

◾La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recoge el galardón con el que se reconocen cuarenta años de libertad, democracia y Estado de derecho

18.06.’18.-. En su VIII edición, y coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución Española, los registradores han otorgado  el Premio Gumersindo de Azcárate 2018 a las Cortes Generales, representación del pueblo español, en reconocimiento a cuarenta años de libertad, democracia y Estado de derecho. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha entregado el galardón a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en presencia de la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y de la decana autonómica de Madrid, Belén Merino. Al acto también han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas y la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola.

En la presentación del premio, María Emilia Adán ha resaltado el valor de la Constitución, “que ha permitido a los españoles el periodo más largo de convivencia en paz y libertad” y ha subrayado que la Carta Magna garantiza la seguridad jurídica, “que en su vertiente preventiva, cuenta con la Institución Registral para hacerla efectiva”, ha asegurado la decana, para quien “la institución es también un instrumento para el desarrollo material de otros preceptos constitucionales, como hacer efectivo el contenido social de la propiedad; dotar de transparencia a nuestras empresas; e incluso el principio de igualdad, al permitir el acceso a la información de todos los ciudadanos”.

En la entrega del premio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado ha destacado que “todos coincidimos en un denominador común, el reconocimiento del progreso y del desarrollo en todos los ámbitos, político, social y económico que trajo consigo la entrada en vigor de nuestra Carta Magna”.

Por último, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha agradecido el Premio Gumersindo de Azcárate, “que, al reconocer a las Cortes en el 40 aniversario de la Constitución española, celebra también el gran proyecto democrático y social que ha conseguido impulsar a la España de nuestro tiempo”.

Ediciones pasadas

Instituido en 2007, el premio Gumersindo de Azcárate que conceden el Colegio de Registradores de España y el Decanato Autonómico de Madrid, reconoce a las personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho y la institucionalidad y con ellos, el desarrollo económico y social.

En sus anteriores ediciones el premio ha sido concedido a Enrique Múgica Herzog, exministro de Justicia; a Luis Díez-Picazo, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Constitucional; a Mario Vargas Llosa, escritor y premio Nobel; a Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil; a Francisco González, presidente del BBVA; a José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea; y a los padres de la Constitución, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Gumersindo de Azcárate

El galardón adopta el nombre de Gumersindo de Azcárate, y a cada premiado se le entrega un busto en bronce del mismo, en memoria de quien fue gran jurista y político, letrado de la Dirección General de los Registros y del Notariado y catedrático, preocupado por la reforma del Derecho y la sociedad española.

Nacido en León en 1840, participó además, junto a Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón y otros catedráticos, en la creación de la Institución Libre de Enseñanza. Fue, así mismo, miembro del Consejo de Instrucción Pública, vicepresidente de la Junta de Ampliación de Estudios y presidente del IRS (Instituto de Reforma Social), así como Integrante de la Academia de la Historia y cofundador de la Fundación Sierra-Pambley, de cuyo patronato fue presidente hasta su muerte.

En 1886 fue elegido diputado por León del Partido Republicano, al que siguió representando hasta las elecciones de 1917.

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La ministra Delgado convoca a las asociaciones de jueces y fiscales para abrir el diálogo con el Gobierno

19 de junio, 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de comunicación – mjusticia.gob.es
La ministra Delgado convoca a las asociaciones de jueces y fiscales para abrir el diálogo con el Gobierno
Un próximo encuentro preparatorio el próximo 23 de julio fijará un calendario ordenado para abordar todas las reclamaciones de los profesionales de la Justicia
18 de junio de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha convocado a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales a una reunión a celebrar el próximo 23 de julio con el objetivo de retomar el diálogo que permita encontrar respuestas a las necesidades más urgentes del sector.
Este encuentro, de carácter preparatorio, debe servir para fijar un calendario ordenado de negociaciones en las que abordar las distintas reivindicaciones de los profesionales de la Justicia.
La intención de la ministra Delgado es que la recuperación del diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales sirva, entre otros extremos, para dotar de mayor transparencia a la administración de Justicia y reforzar los mecanismos que garantizan la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado o frente a cualquier tipo de presión o injerencia.
Las negociaciones también abordarán la manera de profundizar en el proceso de modernización de la Justicia, y buscarán fórmulas válidas para recompensar el esfuerzo que los profesionales de la Justicia han realizado durante la crisis económica, etapa que se tradujo en recortes de distintas clases vinculados al objetivo de estabilidad económica.
La ministra Delgado también abrirá en breve esta vía de diálogo con el resto de los colectivos judiciales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios, con el mismo objetivo de regenerar las instituciones, ganar en transparencia y compensarles por el esfuerzo realizado.

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La ministra de Justicia encarga a la Comisión General de Codificación que estudie una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género

19 de junio, 2018

Ministerio de Justicia
Gabinete de Comunicación – mjusticia.gob.es
La ministra de Justicia encarga a la Comisión General de Codificación que estudie una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género
Acuerda ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de los expertos hasta el próximo 15 de noviembre
15 de junio de 2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el objeto del análisis encomendado a la Comisión General de Codificación y, en consecuencia, también el plazo inicial para la finalización de sus trabajos hasta el próximo 15 de noviembre. La Sección de Derecho Penal deberá examinar si, desde una perspectiva de género, es necesaria una reforma más amplia del ordenamiento jurídico.
La Comisión General de Codificación recibió el pasado 28 de abril el encargo de examinar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar su corrección técnica para, en su caso, proponer la reforma del Código Penal; ahora deberá determinar también si resulta necesaria la modificación de otras normas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los expertos deberán asimismo dictaminar si, del análisis de la respuesta dada por Juzgados y Tribunales a este tipo de delitos, se advierten vacíos o imprecisiones en las normas aplicadas que impiden dar una respuesta adecuada y proporcionada a los hechos delictivos enjuiciados.
En tercer lugar, la Comisión General de Codificación ha recibido el encargo de estudiar la manera de integrar, tanto en el ámbito penal como en la actuación de los poderes públicos, las disposiciones sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres previstas por las normas internacionales, como el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014) y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.
La decisión de la Ministra de Justicia se produce después de que, el pasado día 5, el Pleno del Senado instase al Gobierno a ampliar el objeto de los trabajos de la Comisión.
El Ministerio de Justicia abordará también la propuesta del Senado para que se estudie la formación de los operadores jurídicos y se analicen los procesos de comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad. Ambas cuestiones se derivarán a otros órganos.

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Delgado reestructura su departamento para impulsar la modernización de la Justicia y promover los derechos humanos

18 de junio, 2018

Ministerio de Justicia
Delgado reestructura su departamento para impulsar la modernización de la Justicia y promover los derechos humanos
El ministerio recuperará la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, hasta ahora con rango de subdirección general
La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones asume nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y de memoria histórica
15 de junio de 2018.- mjusticia.gob.es
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha informado este viernes al Consejo de Ministros de su intención de acometer una reestructuración del departamento que dirige con el objetivo de potenciar aquellas unidades administrativas encargadas, por un lado, de acometer el proceso de modernización de la administración judicial y por otro aquellas cuya misión es promover los derechos humanos e incorporarlos a toda acción de cooperación jurídica internacional en la que participe el Estado español.
Una de las prioridades del ministerio en la presente legislatura es profundizar en el proceso de modernización y desarrollo tecnológico de la justicia española mediante los procesos, mecanismos e instrumentos necesarios para ello, que serán consensuados con las organizaciones profesionales de jueces y fiscales y los restantes operadores jurídicos.
Con ese objetivo, la ministra tiene la intención de recuperar la Dirección General de Modernización de la Justicia y Desarrollo Tecnológico, competencias que en la actualidad están repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general. La nueva dirección general ocupará el lugar de la actual Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que pasará a ser una división dependiente de la anterior.
Por otro lado, la ministra Delgado ha decidido reforzar la dimensión humana de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que asumirá nuevas competencias en materia de promoción de los derechos humanos y recuperación de la memoria histórica, sin perjuicio de las competencias de otros ministerios.
La creación de la futura Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Derechos Humanos y Relaciones con las Confesiones, de la que dependerán tres subdirecciones generales, no tendrá coste presupuestario alguno, y permitirá reforzar los mecanismos que tratan de garantizar el acceso a la verdad en casos relacionados con la dictadura franquista y su sistema represivo.
Esta reestructuración responde al compromiso de la ministra Delgado de acometer las reformas modernizadoras necesarias para conseguir una Justicia rápida, independiente y transparente al servicio de la ciudadanía y, sobre todo, de las víctimas.

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El Gobierno nombra secretario de Estado de Justicia a Manuel Dolz

18 de junio, 2018

El Gobierno nombra secretario de Estado de Justicia a Manuel Dolz

15 de junio de 2018 mjusticia.gob.es
Ministerio de Justicia

15 de junio de 2018.- El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha acordado hoy nombrar secretario de Estado de Justicia a Manuel Dolz, en sustitución de Carmen Sánchez-Cortés; subsecretaria de Justicia a Cristina Latorre en lugar de Áurea Roldán; y directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones a Ana Gallego, que sustituye en el cargo a Javier Herrera.

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El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

18 de junio, 2018

Viernes, 15 de junio de 2018 – poderjudicial.es

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

Al alto tribunal examina, en cuatro sentencias, los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes para liquidar dicho impuesto de las viviendas que adquirieron en el año 2012

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

El tribunal ha fijado esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde ha examinado los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de “El Pocero”.

Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

El Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”.

Añade que la aplicación de ese método de comprobación “no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no”, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Carga de prueba de la administración

Y además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno: “el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia”.

En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria vendedora llevó a cabo una drástica reducción de precios, ampliamente publicitada en la urbanización donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 2012, por lo que nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el escriturado.

La Sala III contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 57.1.b de la Ley´.

En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

También señala la sentencia que en el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y fija también la Sala que la decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación.

En relación a la orden de Castilla-La Mancha de diciembre de 2011, que establecía los diferentes coeficientes de las poblaciones, para valorar los bienes inmuebles, el TS indica que las explicaciones sobre la metodología usada para fijarlos es vaga, y “falta la expresión de una sola razón que permita comprender que en 2007 el coeficiente para Seseña fuera el 6,31 y cambiara a 1,88 en el año 2012, variación tan copernicana que habría merecido una mínima explicación a los ciudadanos, ausente en ambas órdenes autonómicas y en su acto de aplicación en la liquidación”.

Voto particular

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que la han dictado, Nicolás Maurandi, quien comparte el fallo de desestimar los recursos de la Junta en el caso concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes puede ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el contribuyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos singularizados del concreto bien inmueble que es objeto de comprobación.

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La ministra de Justicia traslada a los fiscales su compromiso para “transformar, regenerar y modernizar” la Justicia

17 de junio, 2018

La ministra de Justicia traslada a los fiscales su compromiso para “transformar, regenerar y modernizar” la Justicia
Jueves 14 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha mostrado su determinación para afrontar el “desafío” que supone “transformar, regenerar y modernizar la Justicia de nuestro país”. Lo ha hecho en una carta de despedida que ha enviado hoy a toda la Carrera Fiscal

Con los que hasta hace pocos días fueron sus compañeros, la ministra se compromete a “defender los intereses de la Justicia y, entre ellos, los de la Carrera Fiscal”, cuya fortaleza, independencia y transparencia constituyen una “garantía de una Justicia de calidad”.

La ministra de Justicia recuerda cómo hace solo unos meses se postuló como vocal del Consejo Fiscal y, para ello, recorrió numerosas Fiscalías por toda España; una experiencia que le sirvió para tratar de conocer las preocupaciones y dificultades de los aproximadamente 2.500 fiscales que componen el Ministerio Público.

El orgullo e ilusión que ellos le transmitieron “constituyen un estímulo para afrontar ahora como ministra de Justicia” el reto de mejorar el funcionamiento de un servicio público como es el de la Justicia.

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Santa Pola

16 de junio, 2018

Santa Pola

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza por fraude procesal la recusación planteada por los exconsellers Comin y Serret

16 de junio, 2018

Jueves, 14 de junio de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza por fraude procesal la recusación planteada por los exconsellers Comin y Serret

El magistrado señala que la demanda civil interpuesta contra él en Bélgica por los exconsellers no puede ser alegada para apartarle de la instrucción

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha inadmitido, por constituir un fraude procesal, la recusación presentada contra él el pasado 6 de junio por los exconsellers catalanes Antoni Comin y Meritxell Serret por la causa de tener un pleito pendiente con el magistrado, que se basaba en que han planteado hace unos días una demanda civil en Bélgica contra Llarena.

La causa del rechazo de plano de la recusación es que dicha causa no puede alegarse cuando el pleito que se dice pendiente se ha planteado después de la designación del juez recusado como instructor (lo que ocurrió hace más de seis meses), ya que ello dejaría en manos de la voluntad de las partes apartar a cualquier instructor cuando discrepen del contenido de su investigación, mediante la presentación de una demanda contra él después de iniciada la instrucción.

En un auto, el juez indica que la iniciativa responde a la discrepancia de los recusantes con el contenido de la instrucción penal desarrollada en España, y añade que “dado que la demanda únicamente se impulsa para que un tribunal extranjero que carece de competencia para ello emita un juicio valorativo de la actuación jurisdiccional española, se constata que el procedimiento civil se instrumentaliza para impulsar una recusación que permita eludir al juez ordinario predeterminado por la ley penal española”.

El juez recuerda la doctrina de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo, que señala que la causa de abstención de un juez consistente en “tener pleito pendiente” con alguna de las partes se refiere exclusivamente al “que exista con anterioridad a la designación y composición de la Sala para el enjuiciamiento (…), no entendiéndose por tal los pleitos que de futuro se puedan plantear por las partes una vez que se sabe la composición de dicha Sala a efectos de con ello no solo dilatar el procedimiento sino también apartar de su conocimiento al Juez ordinario predeterminado por la ley como derecho constitucional recogido en el artículo 24”.

Basándose en esa doctrina, el juez rechaza “la pretensión de los recusantes de excluir y sustituir al instructor predeterminado por la Ley”, consignando que incluyó a ambos como investigados en la causa en noviembre de 2017, les procesó el pasado mes de marzo, y ha dictado contra ellos órdenes europea e internacional de detención en el mismo mes de marzo, mientras que la demanda de ellos contra él en Bélgica se ha planteado este mes de junio.

Llarena indica que los recusantes centran su demanda civil en Bélgica en unas declaraciones del instructor y en una supuesta parcialidad y partidismo desplegado en el marco de la actuación judicial que desempeña, pero indica que “las declaraciones públicas que se invocan como ejemplo de la parcialidad del instructor no sólo son plenamente respetuosas con la presunción de inocencia y expresamente la enfatizan en dos pasajes de la alocución, sino que se limitan a reflejar la existencia de un pronóstico inicial de tipicidad para los hechos investigados”.

“La inadmisión de la recusación formulada –argumenta el auto– resulta así obligada, pues el procedimiento en el que se funda no existía con anterioridad a la designación de este instructor, sino que ha surgido por la voluntad de los procesados y por su discrepancia con el contenido de la investigación, lo que no puede servir de base para una recusación por existencia de pleito pendiente entre el juez y las partes”.

Concluye el magistrado que “admitir que la recusación pueda asentarse en pleitos impulsados por los justiciables con ocasión de un avance adverso del procedimiento y precisamente por la discrepancia de los recusantes con la actuación judicial, supondría dejar a la voluntad de las partes la posibilidad de apartar a un miembro del órgano judicial por su simple conveniencia procesal, lo que entraña un fraude procesal”.

Por otra parte, Llarena ha notificado este jueves varias providencias en las que da un plazo de tres días a las partes para que soliciten lo que a su derecho convenga, una vez que se han practicado todas las diligencias acordadas en su día; y cita de nuevo a declarar al exconseller Joaquim Forn, que lo había pedido, así como a seis testigos solicitados por Oriol Junqueras y Räul Romeva. Todos las declaraciones han sido señaladas para el día 26 de junio.

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se declara no competente para decidir sobre los traslados de prisión de los encausados

15 de junio, 2018

Jueves, 14 de junio de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se declara no competente para decidir sobre los traslados de prisión de los encausados

El magistrado deniega una nueva petición de libertad de los exconsellers Junqueras y Romeva y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado Pablo Llarena ha denegado una nueva petición de libertad de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, del exvicepresidente de la Generalitat de Catalalunya Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva al apreciar que, pese a la constitución de un nuevo gobierno en Cataluña, persiste el riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Por otro lado, recuerda a dichos procesados, en relación a su petición de medidas menos gravosas dentro de su situación penitenciaria, que no tiene competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer.

Los tres procesados habían solicitado su libertad o, subsidiariamente, el establecimiento de una medida cautelar menos gravosa, señalando en sus escritos la necesidad de su traslado a una prisión lo más cercana a su domicilio por razones personales y familiares. En síntesis, destacaban la nueva situación creada en Cataluña tras haberse constituido el gobierno autonómico y detallaban los perjuicios sufridos por su entorno familiar debido a la distancia existente entre el centro penitenciario y su lugar de residencia.

En su auto, el juez Llarena indica que el riesgo de reiteración delictiva no se ha conjurado por el hecho de que ellos no participen en el nuevo gobierno autonómico que se ha constituido en Cataluña. Recuerda que, como ya ha expresado en resoluciones anteriores, el riesgo de reiteración delictiva reside en que los procesados han compartido la determinación de alcanzar la independencia de Cataluña sirviéndose de un proceder que quebrantaba las normas prohibitivas penales, y que preveían continuar con la actuación ilícita tan pronto como se recuperara el control de las instituciones autonómicas, por más que se interviniera la autonomía de Cataluña.

“Esta determinación de persistir en la acción, frecuentemente revalidada en la actualidad en múltiples discursos públicos, permite apreciar un particular riesgo de reiteración en los procesados, por más que actualmente no ocupen cargos representativos en el Parlamento o el Gobierno autonómico”, concluye el magistrado. Sobre todo, añade, cuando han tenido un papel principal en el ejecución de los hechos y lo han desarrollado integrados en las agrupaciones políticas y sociales que prestaron soporte al proceso, asumiendo responsabilidades diferentes y en ocasiones cambiantes.

En ese contexto, asegura el juez, “sostener que por el hecho de haberse constituido el reciente gobierno autonómico sin su participación no es previsible que en situación de libertad pudieran coadyugar de manera personal y destacada con el proceso de implantación de la república que se declaró, cuando este es el objetivo que expresamente defiende el nuevo gobierno que se ha constituido con apoyo de los partidos secesionistas en los que los procesados se integran, supone desconocer los elementos de inferencia inicialmente expuestos, así como que el quebranto de la norma penal ha contado con la colaboración de diferentes esfuerzos, desde numerosos sectores de actuación política, administrativa o social”.

En relación con el riesgo de fuga, considera que la tentación de fugarse ante una pena de intenso gravamen aumenta a medida que lo hace también la proximidad legal y temporal del juicio. También destaca el comportamiento de los investigados de “desatención inclaudicante a las decisiones de la autoridad judicial y por su rechazo a someterse al ordenamiento jurídico para lograr sus objetivos de desvincularse de la soberanía del Estado”, lo que permite apreciar una actuación personal de desatender los llamamientos judiciales. Además, añade que los tres procesados forman parte de un colectivo con estructuras organizadas, asesoramiento legal, relevantes recursos económicos derivados de las aportaciones de sus asociados, así como un armazón internacional para la defensa de sus planteamientos que les presta un soporte eficaz. Por último, recuerda que otros siete copartícipes de los hechos investigados han optado por la evasión a diferentes países de Europa “sin que la cooperación judicial internacional haya restablecido el perjuicio que su actitud ha supuesto para el desarrollo del proceso”.

El juez dice que los traslados de cárcel no son de su competencia

El juez afirma que la prisión provisional es el único instrumento que garantiza la consecución de la finalidad de aseguramiento en la que se sustenta, debiendo considerarse que ni concurren los requisitos normativos y de atenuación del riesgo recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una prisión provisional domiciliaria, ni es competencia del instructor “definir el concreto centro penitenciario en el que deben quedar confinados”.

En relación con esta última cuestión, el juez recuerda que el artículo 79 LOGP dispone que “corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley, salvo respecto de las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria”. Este precepto, explica en su auto, entra en relación con el artículo 31 del Reglamento Penitenciario que indica en su apartado 1 que conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, “el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso”.

También señala que, según el apartado 2, el centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades competentes. Por último, recoge que el apartado 3 dice que “los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición se encuentren”.

Además de dichos preceptos, Llarena se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 138/1986, de 7 de noviembre) que destaca que «no se atribuye al Juez de Vigilancia Penitenciaria la competencia para conocer de los recursos contra las Resoluciones de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que afecten al traslado de los penados de un establecimiento a otro; traslado que es atribución de ese organismo, por lo que deberá, en su caso, dilucidarse por la vía administrativa y agotada ésta, por los correspondientes recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Y afirma que, recientemente, ha recordado (ATC 28 de febrero de 2017) que los constreñimientos personales que impone el ingreso y permanencia en un Centro Penitenciario, entre otros, el alejamiento de familiares, amigos y allegados, son consecuencia y no causa de la pena, por lo que no constituyen un acto autónomo de injerencia del poder público discernible del contenido de la relación de sujeción especial a la que se ve ordinariamente sujeto el ciudadano que ingresa en prisión. En este contexto -indica- las decisiones administrativas de asignación de Centro Penitenciario solo adquirirían relevancia constitucional y entrarían en la esfera competencial del juez de quien dependa el preso, en supuestos verdaderamente excepcionales en los que fuera detectable un ejercicio desviado de las potestades administrativas indicativo de una arbitrariedad constitucionalmente proscrita.

También cita a la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha dicho (STS de 5 de diciembre de 1986) que si a los órganos penitenciarios les corresponde organizar las instituciones, gestionar la total actividad penitenciaria y fijar la ubicación de los establecimientos, lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados entre aquéllos, máxime cuando habrán de ser especialmente tenidos en cuenta, tanto la naturaleza de los Centros, como el número de plazas existentes; circunstancias que no podrá realmente ponderar el órgano jurisdiccional. En la misma línea, se han pronunciado diversas resoluciones del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, en concreto las Sentencias 4/1995, 18/1998, 3/2002, 4/2004 y 10/2012.

Por último, el auto recoge que el fiscal, en un escrito de 30 de mayo de 2018, pidió que se mantuviera la situación de prisión provisional de los procesados y que no fueran trasladados a prisión próxima al domicilio, por más que sea competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

El magistrado acuerda dejar sin efecto las medidas cautelares personales acordadas en relación a los procesados en esta causa por un delito de desobediencia, tal y como había solicitado Anna Simó Castelló, y que son comparecencias semanales, prohibición de salida del territorio estatal con retirada de pasaporte y la imposición de una fianza. Considera que esta pretensión resulta acorde con el resultado de la investigación, con el contenido del auto de procesamiento y con las limitadas penas de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público que se recogen en el artículo 410 del Código Penal para el delito indiciariamente atribuido. Esta decisión afecta a Anna Simó Castelló, a Luís María Corominas i Díaz, Luis Guinó i Subirós y Ramóna Barrufet Santacana.

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La inflación aumenta en mayo hasta el 2,1% por los precios de la energía

15 de junio, 2018

La inflación aumenta en mayo hasta el 2,1% por los precios de la energía
Miércoles 13 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es
El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó en mayo de 2018 el 2,1% interanual, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tasa superior en una décima a la adelantada por el INE y en un punto a la registrada en abril (1,1%).
Esta evolución se explica, principalmente, por la aceleración de los precios energéticos y, en menor medida, de los servicios y de la alimentación, mientras que la inflación de los bienes industriales no energéticos se mantuvo estabilizada. En términos intermensuales, el IPC ha registrado un aumento del 0,9% en mayo de 2018, frente a la caída del 0,1% del mismo mes de 2017.

Los precios de los productos energéticos se incrementaron en mayo el 7,8% interanual, cinco puntos y medio más que en abril, debido, principalmente, a la aceleración de los precios de los carburantes y lubricantes, que intensificaron el ritmo de avance 7,1 puntos, hasta el 11%, y, en menor medida, a la subida del 4,8% de los precios de la electricidad, tras la caída del 0,8% de abril. Por su parte, los precios del gas disminuyeron el 0,4%, tras subir el 0,9% el mes previo.

La inflación de la alimentación se situó en mayo en el 2%, tasa superior en cuatro décimas a la del mes precedente. Los precios de la alimentación no elaborada aumentaron el 3,5%, un punto y medio más que en el mes anterior, debido, en gran medida, al aumento de los precios de las legumbres y hortalizas frescas (2,9%, tras la caída del 3,9% el mes previo), así como a la aceleración de los precios de las frutas frescas (3,2 puntos, hasta el 6,9%). Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron una décima, hasta el 1,3% interanual, destacando en esta evolución el aceite de oliva, cuyos precios pasaron de crecer el 6% en abril al 1,1% en mayo.

La inflación subyacente (que excluye la alimentación no elaborada y los productos energéticos, elementos más volátiles del IPC) aumentó en mayo tres décimas, hasta el 1,1%, debido fundamentalmente a los servicios, cuyos precios se aceleraron siete décimas, hasta el 1,8%. A esta aceleración ha contribuido principalmente el componente de turismo y hostelería y, en particular, los paquetes turísticos, cuyos precios han subido en mayo el 5,4% interanual, tras caer el 6,7% en abril, evolución que se explica, en parte, por la desaparición del efecto Semana Santa, que este año se ha celebrado en marzo, mientras que el año pasado se celebró en abril. Por su parte, los precios de los bienes industriales no energéticos (BINE) se mantuvieron estabilizados.

En términos intermensuales, el IPC ha registrado una tasa de variación del 0,9% en mayo de 2018, frente al descenso del 0,1% en el mismo mes de 2017, aumentando todos los componentes: el 4,2% la energía (-1,1% en mayo de 2017); el 0,7% los BINE, al igual que en el mismo mes del año anterior; el 0,6% la alimentación (0,3% un año antes); y el 0,3% los servicios (-0,4% en mayo del pasado año). Dentro del grupo de alimentación, los precios de los alimentos no elaborados aumentaron un 1,8% intermensual (0,3% en el mismo periodo del año anterior) y los de los elaborados un 0,1% (0,3% el año precedente).

La tasa interanual del IPC aumentó en mayo en todas las comunidades autónomas, destacando Asturias, donde repuntó 1,3 puntos, hasta el 2%, y Navarra y Castilla-La Mancha, donde lo hizo 1,2 puntos, hasta el 2,1% y el 2,4%, respectivamente.

La tasa interanual del IPC a impuestos constantes se situó en mayo en el 2,1%, al igual que la registrada por el IPC general.

El INE ha publicado asimismo el IPC armonizado (IPCA) correspondiente al mes de mayo, cuya tasa interanual se sitúa en el 2,1%, un punto superior a la de abril. Por su parte, la tasa adelantada por Eurostat para  el conjunto de la zona euro en mayo es del 1,9%.

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Los órganos judiciales ingresaron 308.505 asuntos en el primer trimestre del año, un 3,3 % menos que en el mismo periodo de 2017

14 de junio, 2018

Miércoles, 13 de junio de 2018 poderjudicial.es

Los órganos judiciales ingresaron 308.505 asuntos en el primer trimestre del año, un 3,3 % menos que en el mismo periodo de 2017

La entrada de asuntos se incrementó un 15,5% en la jurisdicción civil y descendió un 10,7% en la contencioso-administrativo, un 10,9% en la penal y un 12,4 en la social. Andalucía vuelve a ser una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de litigiosidad

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma andaluza en el primer  rimestre del año fue de 308.505, lo que representa un descenso del 3,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, según el informe “Situación de los órganos judiciales” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los órganos judiciales resolvieron 306.484 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 525.408 asuntos, un 7,9 por ciento más que en la misma fecha del año pasado.
La entrada de asuntos experimentó un incremento sólo en la jurisdicción civil –con una subida del 15,5 por ciento- mientras que descendió en la contencioso-administrativa, que bajó un 10,7 por ciento, en la penal, con una bajada de un 10,9 por ciento y la Social con un descenso del 12,4 por ciento.

Datos por jurisdicciones

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en el primer trimestre del año fue de 107.131, lo que supone un incremento del 15,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En ese tiempo se resolvieron 97.471 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 277.344.

En la jurisdicción penal entraron 173.414 asuntos, un 10,9 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017. El número de asuntos resueltos fue de 178.837 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 140.625. En la jurisdicción contencioso-administrativa ingresaron 11.107 asuntos entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, lo que representa una bajada interanual del 10,7 por ciento. Se resolvieron 12.575 asuntos y quedaron en trámite 42.385.

Por último, la jurisdicción social experimentó un descenso en la entrada de asuntos, ya que los 66.620 ingresados suponen un 12,4 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017. El número de asuntos resueltos en esta jurisdicción fue de 17.601 y el de los que quedaron en trámite al final del periodo de 65.054.

Canarias y Andalucía, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2018 fue de 32,2 asuntos por cada mil habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media fueron Canarias (41,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (36,1), Asturias (33,8), la Comunidad Valenciana (33,3), Madrid
(32,9), Cantabria (32,5), la Región de Murcia (32,4) y Baleares (32,3).

Mientras tanto, las Comunidades Autónomas con una tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (22,8), Navarra (24,1) y el País Vasco (25,4). Galicia también tuvo una tasa de litigiosidad excepcionalmente baja en el periodo analizado -22,1 asuntos por cada mil habitantes-, que en su caso obedece a la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia, que tuvo como efecto una disminución del 28,1 por ciento en el número de asuntos ingresados.

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Condenado el expresidente del Recreativo de Huelva a tres años de cárcel por administración desleal y falseamiento de cuentas sociales

13 de junio, 2018

Martes, 12 de junio de 2018 poderjudicial.es

Condenado el expresidente del Recreativo de Huelva a tres años de cárcel por administración desleal y falseamiento de cuentas sociales

El tribunal también le condena al pago de una multa de 3.240 euros por un delito de falseamiento de cuentas sociales, así como al pago de una indemnización de 646.516,21 euros al club

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a tres años de cárcel al expresidente del Recreativo de Huelva Pablo Comas por delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas sociales durante su gestión del club.

De este modo, la Audiencia condena al acusado a un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal y a un año y tres meses de cárcel y el pago de una multa de 3.240 euros por un delito de falseamiento de cuentas sociales, así como al pago de una indemnización de 646.516,21 euros al club, con la responsabilidad subsidiaria de las entidades Gildoy España S.L. y Poientose S.L..

La Sección Primera, asimismo, absuelve al expresidente del Recreativo del resto de delitos de apropiación indebida, administración desleal y corrupción de negocios por los que fue acusado por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

En la sentencia, el tribunal considera probado que, en noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Huelva publicó una convocatoria pública de licitación para la venta de 328.786 acciones nominativas del Recreativo mediante el procedimiento de subasta, tras lo que el Ayuntamiento adjudicó las acciones a la única ofertante, la entidad Gildoy España, por un importe de 3,2 millones de euros.

El acusado era administrador único de dicha entidad, siendo sus accionistas la entidad Poientose, de la que es a su vez socio único Pablo Comas, y Gildoy S.A., todo ello “aún cuando en la actualidad Pablo Comas tiene la práctica totalidad de las acciones, según manifiesta él mismo, careciendo de empleado y sin actividad social”.

El tribunal manifiesta que, a partir de la adquisición de las acciones, el acusado se constituyó en presidente del club, “siendo legal representante del mismo con capacidad de disposición de los bienes del mismo”.

De este modo, como presidente del Recreativo, administrador único de Gildoy España y de Poientose, realizó una serie de acciones y en concreto el 28 de noviembre de 2012, como legal representante de esta última entidad, suscribió una póliza de préstamo con garantía personal con una entidad bancaria a favor de Poientose por importe de 900.000 euros “a fin de destinarlo al último pago de las acciones adquiridas” del Recreativo.

Ese mismo día, y como presidente del Recreativo, el acusado constituyó una imposición a plazo fijo por un millón de euros que “sirvió para garantizar el préstamo mediante la pignoración de dicha imposición a plazo fijo, añadiendo una cláusula adicional al préstamo de la misma fecha en la que Pablo Comas intervenía en la doble condición de legal representante de Poientose y del Real Club Recreativo de Huelva”.

El tribunal considera probado que, para el abono del préstamo, el acusado “fijó también como garantía las nóminas que como presidente del Real Club Recreativo de Huelva percibiera, que se destinarían al pago de dicho préstamo, añadiendo una nueva cláusula adicional de la misma fecha al citado contrato de préstamo”.

A través de Poientose, el encausado “sólo amortizó 241.643 euros del préstamo solicitado a la entidad bancaria”, procediendo ésta a cancelar el préstamo el 26 de marzo de 2015, recobrando la entidad bancaria un total de 887.139,79 euros, de los cuales 645.496,21 euros, más 1.020 euros, procedían de la imposición a plazo fijo del Recreativo de Huelva, “operación que perjudicó al club en dicha suma”.

Asimismo, la Audiencia relata que, en las cuentas anuales del Recreativo de Huelva del ejercicio económico 2012/2013, el acusado incluyó como ‘Anticipos de inmovilizado’ en el balance un importe de 399.720 euros, “así como 83.941 euros registrados como crédito con la Hacienda Pública por IVA soportado pendiente de compensar, correspondientes a una serie de pagos a cuenta de un proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de la sociedad, a desarrollar y ejecutar en los próximos ejercicios, relativos a gastos del proyecto de una nueva ciudad deportiva” para el Recreativo de Huelva, “partida de la que no existen justificantes, lo que fue puesto de manifiesto por los Auditores de Cuentas que las auditaron”.

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El Tribunal Constitucional rechaza, por unanimidad, el recurso de súplica de Puigdemont contra la impugnación del Gobierno para que fuera designado candidato a la Presidencia de la Generalitat

12 de junio, 2018

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa  – tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 56/2018
El TC rechaza, por unanimidad, el recurso de súplica de Puigdemont contra la impugnación del Gobierno para que fuera designado candidato a la Presidencia de la Generalitat
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado, por unanimidad, el recurso de súplica interpuesto por Carles Puigdemont contra el Auto 49/2018, de 29 de abril, en el que se acordó admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
El auto rechaza que la impugnación del Gobierno tuviera un carácter preventivo.
Como ya declaró el Tribunal en dicha resolución “las dudas iniciales acerca de la viabilidad procesal de la impugnación quedaron objetivamente despejadas por la decisión del presidente de la Cámara de aplazar la sesión de investidura convocada ahora impugnada hasta que el Tribunal se pronunciara sobre la admisibilidad de la impugnación”. El Tribunal entendió que esta decisión del presidente del Parlamento ponía de relieve que la propuesta de candidato para la investidura impugnada podía no resultar compatible con las medidas cautelares que adoptó el Tribunal en el Auto 5/2018.
El recurso también alega que la resolución impugnada por el Gobierno se encuentra amparada por el artículo 23 de la CE. El Tribunal entiende que esta cuestión “no puede ser valorada en el trámite de admisión, ya que en este momento procesal no cabe analizar los motivos de fondo en los que se fundamenta el recurso ni decidir si las resoluciones impugnadas se encuentran o no amparadas por el artículo 23 de la CE”. Se trata, por tanto, de una cuestión de fondo. Estas mismas razones impiden examinar ahora la alegación en la que se sostiene que el candidato propuesto no incurre en ninguna causa de incompatibilidad.
Otro de los argumentos del recurso de súplica se refiere a que el Gobierno ha incurrido en abuso de derecho, desviación de poder y que ha actuado en contra de la buena fe al utilizar la acción impugnativa del artículo 162.1 de la CE. El auto desestima este razonamiento amparándose en el criterio jurisprudencial manifestado en autos anteriores en el sentido de que “un alegato de esta naturaleza tiene carácter sustancial y no puede aducirse como motivo para fundamentar la oposición a la admisión a trámite en los procesos constitucionales”. Por tanto, este Tribunal recuerda que “no puede entrar a analizar las intenciones de quien ejerce la cuestión de inconstitucionalidad”.
En definitiva, el auto redactado por el Magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, señala que la cuestión que ahora se plantea es la misma que la que se adujo en las alegaciones formuladas en el escrito de 12 de febrero pasado y que fueron desestimadas por el Auto 49/2018.
Por último, también se rechaza la alegación del recurrente que sostiene que el Gobierno ha actuado de forma desproporcionada al solicitar la suspensión. El Tribunal añade que el reproche formulado no tiene entidad suficiente para articular un vicio de inconstitucionalidad, dado el carácter debido de la suspensión acordada.
Madrid, 7 de junio de 2018

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Dolores Delgado y Rafael Catalá

11 de junio, 2018

Dolores Delgado y Rafael Catalá

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Dolores Delgado toma posesión como Ministra de Justicia

11 de junio, 2018

Dolores Delgado toma posesión como Ministra de Justicia

7 de junio de 2018  mjusticia.gob.es
Dolores Delgado toma posesión como ministra de Justicia

07/06/2018. La Ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha recibido de manos de su antecesor, Rafael Catalá, la cartera del Ministerio de Justicia.

A continuación. La ministra dirigió las siguientes palabras:

“Buenos días,

Soy Dolores Delgado nueva Ministra de Justicia. Es un verdadero honor estar aquí. Es un verdadero orgullo formar parte de la justicia. Esto es lo que he hecho durante toda mi vida y les aseguro que me encanta seguir haciéndolo.

Hay muchísimos retos por delante, va a ser difícil, pero empeño, ganas, ilusión y fuerza no nos van a faltar, y no nos va a faltar, porque creo que arrancamos una nueva etapa en que la transparencia tiene que ser muy importante. Tienen que ser muy importante los operadores jurídicos, tenemos que contar también con las asociaciones, tenemos que contar, desde luego, con las víctimas y por las víctimas, tenemos que ser solventes y eficaces y trabajar todos juntos para hacer de esta, una justicia del siglo 21, donde muchas mujeres y muchos hombres estamos implicados en ellos.

Ahora debo elegir un equipo. Hay muy buena gente ahí esperando y yo con ganas de que quieran y sobre todo lo que quiero que sea un Ministerio abierto, próximo, eficaz, donde militemos porque yo soy militante activa de la cooperación internacional, tanto con Europa como la cooperación con América Latina, tenemos que recuperar esa cooperación de igual a igual, de estados iguales frente a estados iguales. Creo que las confesiones religiosas son importantes porque a veces algunas de las soluciones a grandes problemas como puede ser el terrorismo y este, quizás sea mi fuerte, viene por comprender al otro, a lo diferente y lo diverso. Este va a ser un Ministerio que trabaje por esos valores democráticos y por esa sociedad que espera mucho de nosotros y que no van a faltar ilusión, ganas y fuerzas para intentar conseguirlo.

Les doy las gracias por estar aquí, gracias a los compañeros, gracias a los medios de comunicación, esa trasmisión tan importante de esta transparencia y de este futuro de Justicia. Gracias a mi familia que está aquí, que sufrirán seguramente, estos momentos de soledad, en los que se van a quedar de alguna manera pero vale la pena, esto es servicio público y así lo tomamos, somos servidores públicos y ahí está la sociedad a la que servir con todas nuestras ganas y así les hubiera gustado a mis padres que no pueden estar, uno porque no está aquí y la otra porque se está yendo, pero creo que de espíritu nos han dejado mucha decencia, honestidad y muchas ganas de trabajar, muchísimas ganas de trabajar.

Muchísimas gracias.”

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La reserva hidráulica española se encuentra al 72,4 por ciento de su capacidad

11 de junio, 2018

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente informa

La reserva hidráulica española se encuentra al 72,4 por ciento de su capacidad
Martes 5 de junio de 2018 lamoncloa.gob.es
La reserva hidráulica española está al 72,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.591 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 304 hectómetros cúbicos (el 0,5 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 91,8%
Cantábrico Occidental al 95,4%
Miño-Sil al 84,6%
Galicia Costa al 89,6%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 81,6%
Tajo al 74,8%
Guadiana al 64,6%
Tinto, Odiel y Piedras al 93,0%
Guadalete-Barbate al 75,7%
Guadalquivir al 66,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 63,0%
Segura al 31,1%
Júcar al 35,2%
Ebro al 87,7%
Cuencas internas de Cataluña al 91,9%

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Soria, con 98,4 mm (98,4 l / m2).

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza de plano la recusación planteada por Carme Forcadell por extemporánea y por ser “fraude procesal”

11 de junio, 2018

Miércoles, 6 de junio de 2018 poderjudicial.es

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza de plano la recusación planteada por Carme Forcadell por extemporánea y por ser “fraude procesal”

El magistrado dice que la expresidenta del Parlament pretendía sustituirle “a su conveniencia”

Autor:Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado la inadmisión a trámite ‘a limine’ (de plano) de la recusación presentada contra él, como instructor de la causa sobre el proceso independentista en Cataluña, por la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, al haberse planteado de forma extemporánea, más de seis meses después de iniciarse la investigación, y en “manifiesto fraude procesal”.

El juez cree que el incidente perseguía la inhabilitación de los integrantes de la Sala II del Supremo para el posterior juicio del caso, ya que, de tramitarse la recusación, dichos jueces hubieran tenido que revisar previamente casi toda la labor del instructor, lo que hubiera comprometido la imparcialidad de la mayoría del tribunal para el enjuiciamiento del caso. El resultado hubiese sido “una quiebra completa de la competencia enjuiciadora de la Sala”, dice el auto de Llarena.

El magistrado indica que la pretensión de Forcadell era “excluir y sustituir a su conveniencia al instructor predeterminado por la ley”, mediante una recusación planteada cuando la instrucción se ha prolongado ya más de seis meses pese a que la ley obliga a presentarla tan pronto como se tenga conocimiento de la causa por la que se solicita (en este caso, un interés indirecto del instructor en el procedimiento y los hechos investigados).

El incidente de recusación defendía la falta de imparcialidad objetiva del instructor al considerar que tiene un posicionamiento respecto del objeto del proceso que responde a sus previas concepciones políticas y personales y que no deriva del contenido específico de la investigación.

Forcadell decía que había apreciado la ausencia de imparcialidad del instructor cuando, con ocasión de las explicaciones orales que el juez dio el pasado 16 de mayo, al atribuir la condición de testigo protegido en el caso a la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona, justificó dicha decisión diciendo que su propia experiencia personal pasaba por haber sufrido la divulgación pública de las señas de su domicilio principal, así como la difusión de su imagen, lo que había supuesto que fuera objeto de escrutinio permanente en la vía pública y que contara actualmente con escolta policial.

El magistrado contesta que Forcadell ha tergiversado las razones con las que se argumentó procesalmente dicha decisión, ya que en el auto que resuelve la cuestión se expresa que son varios los jueces y fiscales que ejercen en Cataluña y que han precisado protección policial con ocasión de la difusión pública de su imagen o de la ubicación de su domicilio, y se añade que durante la instrucción de este procedimiento se habían producido varios episodios de captación del sonido correspondiente a las declaraciones que -a puerta cerrada- habían prestado los investigados o testigos.

Añade que “la conclusión a la que llega el escrito de recusación no identifica ninguna actuación, ninguna opinión, o ninguna manifestación personal del instructor que preste apoyo a lo que se afirma, algo que resulta particularmente llamativo si se considera que quien resuelve ha ejercido una larga actividad profesional de veinticinco años en Cataluña y ha desempeñado responsabilidades públicas e institucionales que, de ser como se afirma, hubieran permitido aportar alguna manifestación de pensamiento o alguna actitud que fuera reflejo del prejuicio que se reprocha”.

En todo caso, el juez analiza si la recusación se formuló en el plazo legalmente prescrito, y concluye que la referencia al acto procesal desarrollado el día 16 de mayo, “no es sino un mecanismo para defraudar el cómputo del plazo fijado por el legislador”. Agrega que, por más que la procesada expresa que fue esta concreta actuación judicial la que le evidenció la ausencia de imparcialidad del instructor, “lo cierto es que enumera además una larga lista de actuaciones procesales previas que le confirman esa convicción”.

No es asumible, explica el juez, “que las partes de un proceso puedan demorar su denuncia al momento en el que estratégicamente tengan por conveniente, aduciendo para ello que es la última resolución dictada la que les convence de lo que ya creían, pues de ese modo la parte selecciona libremente en qué momento de la investigación resulta conveniente intentar apartar al juez predeterminado por la ley, en función precisamente del resultado adverso o favorable de la investigación y de la naturaleza de las resoluciones procesales que deban seguir en cada momento”.

A lo largo del auto, el juez recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional y del propio Supremo que permite el rechazo ‘a limine’ de incidentes de recusación en caso de ser presentados de forma extemporánea o en fraude de ley.

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Ministra de Justicia

10 de junio, 2018

Dolores Delgado García

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