La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria anula el proyecto del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera

Viernes, 24 de junio de 2022

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria anula el proyecto del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera
Estima el recurso presentado por la asociación Ecologistas en Acción, porque el proyecto causaría perjuicios en la integridad del LIC y la ZEC de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre.

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

No respalda el argumento de la administración de que para proteger la zona no hay otra alternativa que construir el puerto, que ordenaría el caos actual de tránsito y fondeo desregulado de embarcaciones

La Sala cree que no se han hecho estudios suficientes sobre el riesgo que el futuro puerto tendría en los espacios protegidos

Santander, 24 de junio de 2022.-

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado la resolución por la que en enero de 2019 se aprobó el nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera.

La Sala estima de este modo el recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Ecologistas en Acción, al considerar acreditado que la construcción del puerto causa perjuicios en la integridad del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre y en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del mismo nombre.

No obstante, la decisión mayoritaria del tribunal cuenta con un voto particular de la magistrada Esther Castanedo, quien considera que la prueba pericial practicada no ha sido suficiente.

Para la mayoría de los magistrados de la Sala, la resolución del consejero de Obras Públicas y Vivienda que aprobó el proyecto del nuevo puerto contraviene la Directiva de Hábitats, y también el vulnera el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Oyambre y el Plan de Gestión de la ZEC de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre.

Según la citada Directiva, a la hora de abordar un proyecto como el impugnado hay que comprobar la probabilidad de afección a los lugares protegidos y, si tal afección existe, verificar si el mismo causa perjuicio en la integridad de los mismos.

De existir tal afección y perjuicio en la integridad, la regla general que establece la Directiva es la de no autorizar el proyecto, con la excepción de que concurra un interés público de primer orden y de que no existan soluciones alternativas.

Daño a dos hábitats

Pues bien, en el presente caso la Sala da por acreditada la existencia de perjuicios a la integridad del LIC y la ZEC, con el daño de dos hábitats concretos: los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, y los llanos fangosos o arenosos que quedan descubiertos con marea baja.

Explica el tribunal que “el porcentaje en que se ven afectados, en comparación con su presencia en otras partes del LIC y la ZEC, no es criterio para descartar el perjuicio”, ya que “el LIC y la ZEC han de considerarse, a los efectos de conservación, como un todo que protege cada uno de los hábitats que lo integran, sin consentir pérdida de parte alguna de los mismos”.

Junto a ello, añade la resolución que los hábitats que se ven afectados son “elementos claves de la ordenación de la ZEC, es decir, elementos en torno a cuya protección se configura el correspondiente plan de gestión, lo que hace que su conservación no pueda relajarse por consideraciones cuantitativas”.

Para la Sala, estos perjuicios “ya son, de por sí, fundamento para la desaprobación del proyecto”, con lo que “la administración para consentirlo debería acreditar y declarar la concurrencia de un interés público de primer orden, cuya realización necesitara, por inexistencia de otras alternativas, la culminación del proyecto”.

Pero la administración demandada “no ha declarado, ni siquiera ha alegado específicamente, un interés de tal naturaleza, pues ha detenido su alegato en la inexistencia de perjuicio”.

El estado de deterioro obliga a medidas de recuperación

En este sentido, señala la Sala que lo que hace la demandada, “paradójicamente, es presentar el estado actual deficiente de conservación, a causa del tránsito y fondeo incontrolado de embarcaciones y de la influencia contaminante de la proximidad del casco urbano, como un argumento en apoyo de su tesis de que el proyecto no perjudica la integridad del LIC y la ZEC”.

“La administración sostiene que, a los efectos de la protección medioambiental que la normativa comunitaria, estatal y autonómica exigen, no hay otra alternativa que construir un nuevo puerto deportivo, dado que el mismo reducirá al orden el caos que en la actualidad produce el tránsito y fondeo desregulado de embarcaciones”, relata la sentencia.

Sin embargo, frente a este razonamiento, la Sala señala que “ese estado de deterioro a lo que obliga es a tomar medidas de recuperación, de regeneración y, desde luego, el proyecto de nuevo deportivo no es una medida con esa virtualidad, pues a la mala situación actual de los hábitats añade una excavación de 200.000 metros cúbicos, que causa la desaparición en esa parte del LIC y la ZEC de los hábitats” señalados.

Para el tribunal, existen alternativas a la situación en que se encuentra la zona: “Actuar en el marco infranqueable de la Ley y el Derecho contra ese fondeo incontrolado, impedirlo si, como se afirma por la propia administración, está deteriorando los hábitats, lo que conllevaría la vulneración de la Directiva de Hábitats, el Plan de Gestión de la ZEC y de la normativa del PORN de Oyambre”.

Exigencia de una evaluación adecuada

Finalmente, señala la Sala que no se han realizado estudios suficientes sobre la afección del proyecto, y es que una evaluación adecuada “no se mide por la realización de una EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) con una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) favorable, ni por el número de informes posteriores y complementarios que se emitan”.

Una adecuada evaluación “se cifra en los aspectos, cuestiones, riesgos, posibilidades de afectaciones que se hayan estudiado, en la profundidad de dichos estudios y en la plasmación argumentativa de su resultado”.

Y esa evaluación sobre las repercusiones del proyecto en el lugar protegido “solo será adecuada si permite adquirir razonable seguridad sobre la carencia de perjuicios a la integridad de aquel”, insiste.

Pues bien, en este caso la Sala señala que “no se han hecho estudios suficientes como para descartar” que la afección a varios hábitats por causa del flujo de los sedimentos que el dragado removerá “causará perjuicios a la integridad del lugar, con la proximidad a la seguridad científica que la protección del LIC y la ZEP requiere”.

En definitiva, el tribunal acepta como “equilibrada y ecuánime la consideración de la perito de designación judicial de que no se han hecho estudios suficientes para conocer el potencial del referido riesgo, lo que conlleva que la evaluación no pueda tenerse por adecuada”.

El Gobierno aprueba la posibilidad de extender las garantías de las Líneas de Avales ICO para la financiación empresarial

21 de junio de2022

El Gobierno aprueba la posibilidad de extender las garantías de las Líneas de Avales ICO para la financiación empresarial

Ministerio de asuntos económicos y transformación digital

?Los autónomos y empresas podrán solicitar la ampliación del plazo de amortización de los préstamos avalados hasta 8 o 10 años después del 30 de junio, una vez expirado el Marco Temporal de la Unión Europea.
Hasta el pasado mes de mayo el ICO ha desplegado avales que han permitido movilizar más de 140.000 millones de euros en financiación a pymes y autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se permite la extensión del plazo de las garantías concedidas a autónomos y empresas con cargo a las Líneas de avales ICO COVID, después del 30 de junio, una vez expirado el plazo del Marco Temporal de ayudas de estado aprobado por la Comisión Europea. La aplicación efectiva de la medida está sujeta a la aprobación previa de la Comisión Europea.

La extensión del plazo de los avales permitirá que las empresas y autónomos, previa aprobación por la entidad financiera, puedan ampliar hasta 8 o 10 años el plazo de amortización de sus préstamos. De esta forma, se facilita el mantenimiento de empresas viables que tengan dificultades una vez finalizado el Marco Temporal, mediante el alargamiento del plazo de su préstamo avalado, concediéndoles un mayor margen para hacer frente a sus obligaciones.

Esta medida se añade a las adoptadas en el Código de Buenas Prácticas, que regula el marco de renegociación de las condiciones de la financiación de clientes con préstamos con aval público y que estará vigente hasta junio de 2023 para la solicitud de transferencias.

Financiación que llega al tejido productivo

Desde su puesta en marcha por el Gobierno en 20?20 hasta el pasado mes de mayo, las Líneas de Avales de Liquidez e Inversión que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO) han desplegado avales por importe de 107.102 millones de euros que han permitido movilizar 140.627 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% han sido suscritas por pymes y autónomos.?

El Tribunal General confirma la revocación de la autorización para operar como entidad de crédito concedida a AAB Bank

Luxemburgo, 22 de junio de 2022

curiaeuropea

Sentencia del Tribunal General en el asunto T-797/19 | Anglo Austrian AAB y Belegging-Maatschappij «Far-East» / BCE

El Tribunal General confirma la revocación de la autorización para operar como entidad de crédito concedida a AAB Bank

Esa retirada por el BCE se justifica, en particular, por las infracciones graves cometidas por AAB Bank contra las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Desde 2010, la Österreichische Finanzmarktbehörde (Autoridad austriaca de Supervisión de los Mercados Financieros; en lo sucesivo, «FMA») adoptó numerosas órdenes conminatorias y sanciones contra AAB Bank, una entidad de crédito con domicilio social en Austria. Sobre esta base, en 2019, la FMA presentó al Banco Central Europeo (BCE) un proyecto de decisión con el fin de revocar la autorización que ostentaba AAB Bank para acceder a actividades propias de las entidades de crédito. Mediante su Decisión, (1) el BCE revocó dicha autorización. En esencia, consideró que, sobre la base de las constataciones de la FMA, efectuadas en el marco del ejercicio de su tarea de supervisión prudencial y relativas al incumplimiento continuo y reiterado por parte de AAB Bank de las exigencias relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y al gobierno corporativo interno, dicha entidad carecía de la idoneidad necesaria para garantizar una gestión adecuada de sus riesgos.

El recurso por el que se solicitaba la anulación de la Decisión del BCE es desestimado por la Sala Novena ampliada del Tribunal General. En su sentencia, el Tribunal General se pronuncia, por primera vez, sobre la revocación de la autorización de una entidad de crédito por infracciones graves de la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por incumplimiento de normas sobre gobierno corporativo de las entidades de crédito.

Apreciación del Tribunal General

En primer lugar, el Tribunal General observa que, en el caso de autos, se cumplían los requisitos que justifican la revocación de la autorización previstos en la Directiva 2013/36 (2) y transpuestos al Derecho nacional.

Por una parte, en cuanto a la declaración del BCE de que AAB Bank era responsable de infracciones graves de las disposiciones nacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo adoptadas en virtud de la Directiva 2005/60, (3) (4) el Tribunal General considera que el BCE no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación.

Con carácter preliminar, el Tribunal General observa que, al ejercer su competencia en materia de revocación de las autorizaciones de las entidades de crédito, el BCE está obligado a aplicar, entre otras, las disposiciones de Derecho nacional por las que se transpone la Directiva 2013/36.

En el caso de autos, el Tribunal General señala que, al tener en cuenta, en particular, las decisiones de la FMA y las sentencias de los órganos jurisdiccionales austriacos, el BCE estimó que AAB Bank venía incumpliendo desde hacía varios años las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36. En efecto, no disponía de ningún procedimiento apropiado de gestión de riesgos para evitar el blanqueo de capitales y se la había declarado responsable de incumplimientos graves, reiterados o sistemáticos de la legislación nacional sobre lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Tribunal General estima que, habida cuenta de la importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una entidad de crédito puede ser declarada responsable de infracciones graves sobre la base de resoluciones administrativas adoptadas por una autoridad nacional competente que sean suficientes, en sí mismas, para justificar la revocación de su autorización. El hecho de que las infracciones sean antiguas o se hubieran subsanado no influye en la existencia de tal responsabilidad. En efecto, el Derecho nacional pertinente no impone un plazo que deba observarse para tener en cuenta las resoluciones anteriores que constatan la responsabilidad. Tampoco exige que las infracciones graves no se interrumpan o sigan existiendo en el momento de la adopción de la decisión de revocación de la autorización, tanto más cuanto que, en el caso de autos, las infracciones se constataron solo unos años antes de la adopción de la Decisión impugnada. En cuanto a la posición de AAB Bank de que las infracciones hubieran sido subsanadas y, por consiguiente, ya no pudieran justificar la revocación de la autorización, el Tribunal General precisa que tal enfoque pondría en entredicho el objetivo de salvaguardar el sistema bancario europeo, ya que permitiría a las entidades de crédito que hubieran cometido infracciones graves continuar sus actividades mientras las autoridades competentes no demostraran la comisión de nuevas infracciones. Además, una entidad de crédito declarada responsable de infracciones graves mediante una resolución que ha adquirido firmeza no puede invocar la eventual prescripción de tales infracciones.

El Tribunal General rechaza asimismo las alegaciones de AAB Bank dirigidas a cuestionar la gravedad de las infracciones constatadas.

A este respecto, subraya, en particular, que la gravedad de las infracciones no puede cuestionarse en la fase del procedimiento administrativo seguido ante el BCE, ya que, en las resoluciones anteriores a la propuesta de revocación de la FMA, que en la fecha de la Decisión impugnada ya habían adquirido firmeza, las autoridades competentes consideraron a AAB Bank responsable de dichas infracciones. Además, habida cuenta del objetivo de garantizar la salvaguarda del mercado bancario europeo, no puede reprocharse al BCE haber considerado que las vulneraciones sistemáticas, graves y continuadas de la legislación nacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debieran calificarse de infracciones graves que justificaban la revocación de la autorización.

Por otra parte, el Tribunal General confirma la postura del BCE de que AAB Bank no instauró los mecanismos de gobierno corporativo exigidos por las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la 2013/36. (5) En ese contexto, el Tribunal General desestima las alegaciones de AAB Bank de que, en la fecha de la Decisión impugnada, no estuviera cometiendo infracciones de la legislación vigente en materia de mecanismos de gobierno corporativo. El Tribunal General señala que la interpretación según la cual las infracciones pasadas o que han sido atenuadas no pueden justificar una revocación de la autorización no se desprende ni de la Directiva 2013/36 ni del Derecho nacional pertinente.

A continuación, el Tribunal General concluye que, al negarse a suspender la aplicación de la Decisión impugnada, el BCE no incurrió en error alguno. Observa, en particular, que la negativa del BCE a suspender la aplicación inmediata de dicha Decisión no impidió a AAB Bank interponer un recurso de anulación y una demanda de medidas provisionales. Además, el Presidente del Tribunal General ordenó la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada seis días después de su adopción, hasta que se resolviera sobre la demanda de medidas provisionales.

Así pues, no podía apreciarse ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Después, el Tribunal General declara que la Decisión impugnada fue adoptada garantizando el respeto del derecho de defensa de AAB Bank. En ese contexto, precisa que en la adopción de la Decisión impugnada se dio audiencia en tiempo y forma a AAB Bank. En efecto, AAB Bank tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones sobre el proyecto de dicha Decisión. En cambio, el BCE no estaba obligado a comunicar a AAB Bank el proyecto de decisiónde la FMA y permitir así que se pronunciara sobre el mismo.

Además, el Tribunal General observa que, en el caso de autos, el BCE no dejó sin determinar, examinar y apreciar detenida e imparcialmente ninguna de las circunstancias materiales pertinentes para la revocación de la autorización.
Concretamente, el BCE declaró válidamente, tras su propia evaluación, que estaba de acuerdo con las constataciones de la FMA sobre la comisión de infracciones por parte de AAB Bank, confirmada tanto por las resoluciones administrativas de la FMA como por las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales. Al término de su propia evaluación, el BCE consideró que los hechos controvertidos demostraban que AAB Bank había sido declarada responsable de una infracción grave de la legislación nacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Asimismo, no se limitó a reproducir las constataciones realizadas por la FMA en cuanto a que AAB Bank no hubiera instaurado los mecanismos necesarios de gobierno corporativo. Por el contrario, el BCE se basó en su propia apreciación del cumplimiento de las disposiciones nacionales pertinentes a este respecto.

Por último, el Tribunal General desestima el motivo de AAB Bank según el cual la Decisión impugnada destruyó el valor económico de las acciones que su accionista poseía en su capital y menoscabó la esencia del derecho de propiedad de dicho accionista. En efecto, AAB Bank no es titular de este derecho de propiedad, por lo que no puede invocarlo en apoyo de su recurso de anulación.

1 Decisión ECB-SSM-2019-AT 8 WHD-2019 0009, de 14 de noviembre de 2019.
2 Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
3 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO 2005, L 309, p. 15).
4 Criterio que lleva a la revocación de la autorización, previsto en el artículo 67, apartado 1, letra o), de la Directiva 2013/36.
5 Criterio que lleva a la revocación de la autorización, previsto en el artículo 67, apartado 1, letra d), de la Directiva 2013/36.

La prueba de acceso a la abogacía convoca a 6.731 aspirantes

La prueba de acceso a la abogacía convoca a 6.731 aspirantes

22/06/2022 Ministerio de Justicia

La prueba de acceso a la abogacía convoca a 6.731 aspirantes

Este examen de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía se realizará online, de forma simultánea, a través de la plataforma AvEX de la UNED.

22 de junio de 2022.- Un total de 6.731 aspirantes han sido convocados mañana, jueves 23 de junio, a la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía, correspondiente al año 2022, que se celebrará de manera online.

El examen está enfocado a comprobar que los aspirantes cuentan con la formación práctica suficiente y conocen debidamente las normas deontológicas y profesionales. Así lo establece la Ley 34/2006 de 30 de octubre, que regula el acceso a las profesiones de la abogacía abogado y la procura y contempla esta evaluación como requisito imprescindible, previo al ejercicio de ambas profesiones.

La prueba se desarrollará online, de forma simultánea, a través de la plataforma AvEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La plataforma ya fue testada el pasado día 14 de junio, a través de una prueba mock que simulaba los tiempos reales del examen. Además, durante los dos días siguientes, la plataforma permaneció abierta para que los aspirantes pudieran familiarizarse con ella.

También estuvo previamente disponible, en la página web del Ministerio de Justicia, el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones necesarios para el acceso a la plataforma AvEX de la UNED, así como para la realización del examen y la ayuda técnica precisa.

En esta prueba, los 6.731 candidatos han solicitado realizar el examen en cuatro idiomas diferentes: castellano, catalán, gallego y valenciano. Las personas que han solicitado algún tipo de adaptación por capacidades diferentes han sido 18.

Características de la prueba

El examen comenzará a las 9:00, hora peninsular, y se prolongará durante tres horas, si bien se prevé la finalización a las 15:30 horas, teniendo en cuanta las ampliaciones de tiempo necesarias para las adaptaciones.

Consta de una prueba objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, en la que habrá que responder a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes. La primera parte se compone de 50 preguntas relativas a materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte contará con 25 preguntas acerca de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral.

El viernes, 24 de junio, estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la página web del Ministerio de Justicia. Igualmente, el Ministerio de Justicia informará, a través de su web y de los cauces habituales, de los resultados de la prueba.

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-700/20 | London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association

Luxemburgo, 20 de junio de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-700/20 | London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association

Naufragio del Prestige: el arbitraje entablado en el Reino Unido no puedebloquear el reconocimiento de la sentencia española que condena a la aseguradora a reparar los daños causados por la marea negra
Una sentencia que confirma un laudo arbitral solamente puede impedir el reconocimiento de resoluciones judiciales de otros Estados miembros si el contenido de dicho laudo también habría podido ser objeto de una resolución judicial dictada con observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento n.º 44/2001

En noviembre de 2002, el M/T Prestige, un petrolero que enarbolaba pabellón de las Bahamas, se partió en dos durante una fuerte tempestad y naufragó frente a las costas gallegas cuando transportaba 70 000 toneladas de fuelóleo pesado, que se derramaron y causaron importantes daños en playas, pueblos y ciudades del litoral norte de España y del litoral occidental de Francia. Comenzaba así una prolongada disputa jurídica entre la aseguradora del buque [The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited (en lo sucesivo, el «London P&I Club»)] y España planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros.
Por un lado, entre otros perjudicados por los daños, el Estado español ejercitó una acción civil ante los tribunales españoles. Esta acción dio lugar a que se condenara al London P&I Club a reparar los daños causados hasta el límite de 1 000 millones de dólares estadounidenses (USD) (unos 900 millones de euros) estipulado en el contrato de seguro.

Por otro lado, con posterioridad a que se hubiera ejercitado dicha acción civil, el London P&I Club entabló un procedimiento arbitral en Londres sobre la base de una cláusula del contrato. Este procedimiento dio lugar a un laudo arbitral en el que se declaró que las pretensiones indemnizatorias de España ante los tribunales españoles deberían haberse formulado en tal procedimiento arbitral. En el laudo arbitral se concluyó además que, conforme a otra cláusula del contrato de seguro (cláusula «pay to be paid»), el London P&I Club no podía incurrir en responsabilidad frente a España si antes los propietarios del buque no habían pagado a este los daños.
Como contempla la Arbitration Act 1996 (Ley de Arbitraje de 1996), el London P&I Club solicitó y obtuvo una sentencia de la High Court of Justice (England and Wales), Queens Bench Division (Commercial Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Sala de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo (Sección de lo Comercial), Reino Unido] dictada en los términos del laudo arbitral. Dicha sentencia fue confirmada a raíz del recurso de apelación que contra ella interpuso España.

Por su parte, España solicitó a los tribunales británicos que reconocieran la resolución española que ordenaba la ejecución de la condena judicial del London P&I Club a reparar los daños causados. El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales accedió a esa solicitud en mayo de 2019. A raíz del recurso interpuesto por el London P&I Club contra tal reconocimiento, dicho Tribunal decidió plantear al Tribunal de Justicia determinadas cuestiones prejudiciales de interpretación del Reglamento n.º 44/2001. (1) Preguntó esencialmente al Tribunal de Justicia si podía denegarse el reconocimiento por existir, en el Reino Unido, una sentencia dictada en los términos del laudo que tiene efectos inconciliables con los de la referida condena judicial impuesta en España.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una sentencia dictada por un tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral no puede impedir el reconocimiento, en ese Estado miembro, de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando un tribunal de ese primer Estado miembro no habría podido dictar una resolución con un resultado equivalente al de dicho laudo sin contravenir las disposiciones y los objetivos fundamentales de este Reglamento, en particular el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia. El Tribunal de Justicia vela así, en esencia, por que estas disposiciones y objetivos fundamentales no puedan eludirse a través de un procedimiento arbitral que va seguido de un procedimiento judicial destinado a transcribir los términos del laudo arbitral en una resolución judicial.

Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que el Reglamento excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación. Una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral se encuadra, por tanto, en la exclusión del arbitraje y no puede gozar del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros.

Dicho esto, tal sentencia puede tener la consideración de resolución, a los efectos del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.º 44/2001, que impide reconocer resoluciones judiciales de otros Estados miembros cuando sean inconciliables con ella.

Sin embargo, cosa distinta sucede cuando el laudo arbitral en cuyos términos se ha dictado la sentencia se emitió, como en el presente caso, en unas circunstancias en las que no habría sido posible dictar, con observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales de este Reglamento, una resolución judicial comprendida en su ámbito de aplicación.
Por lo que atañe al efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro, el Tribunal de Justicia recuerda que un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre un asegurador y un tomador del seguro no puede vincular a la persona perjudicada por el daño asegurado que, allí donde el Derecho nacional lo permita, desee entablar una acción directa por responsabilidad delictual o cuasidelictual contra el asegurador ante el tribunal del lugar en que se produjo el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar de su domicilio. (2) Admitir que semejante sentencia dictada en los términos de un laudo, mediante el que un tribunal arbitral se declaró competente sobre la base de tal cláusula compromisoria, pueda impedir el reconocimiento de una resolución recaída en otro Estado miembro sobre una acción directa de responsabilidad que ha ejercitado el perjudicado privaría a este de la reparación efectiva del daño sufrido.

En lo que respecta a la litispendencia, el Tribunal de Justicia observa que los dos procedimientos considerados, a saber, el procedimiento relativo a la acción civil en España y el procedimiento arbitral en Londres, no solo enfrentaban a las mismas partes, sino que además tenían el mismo objeto y la misma causa: la eventual incursión en responsabilidad del London P&I Club frente al Estado español, en virtud del contrato de seguro suscrito entre el London P&I Club y los propietarios del Prestige, por los daños causados por el naufragio.

El Tribunal de Justicia subraya que incumbe al tribunal al que se ha solicitado que dicte una sentencia en los términos de un laudo arbitral comprobar la observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento para prevenir elusiones de estos, como la consistente en llevar a cabo un procedimiento arbitral contraviniendo el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia establecidas en el Reglamento.

1 Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1). Este es el Reglamento aplicable al litigio de que conoce el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales. En la actualidad se encuentra derogado y ha sido sustituido por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 (DO 2012, L 351, p.1).
2 Sentencia de 13 de julio de 2017, Assens Havn, C-386/16.

Más subidas de precios, menos convenios firmados y más pérdida adquisitiva

Más subidas de precios, menos convenios firmados y más pérdida adquisitiva

10 junio, 2022 USO

La inflación vuelve a subir y se sitúa en el 8,7 % anual, aupada por los carburantes y los productos alimenticios más básicos
Mientras tanto, la negociación colectiva vive un parón desconocido, mayor incluso que en 2020, y una subida media del 2,40 %, lo que desembocará en mayor conflictividad laboral
El IPC sigue apretando los bolsillos de los hogares y sube de nuevo, hasta el 8,7 % anual con el que cerró mayo. Una diferencia de cuatro décimas con respecto a abril y una subida mensual del 0,8 %.

Los carburantes continúan desbocados, y “será necesario un control exhaustivo de las ayudas que se han dado a las gasolineras, porque esa bajada subvencionada, en la mayoría de los casos, ya se la han comido y la han vuelto a repercutir en el usuario”, considera Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Así, la subida mensual de los transportes es del 14,9 %, debido principalmente a los carburantes. También la energía del hogar sube, un 17,5 %. Pero, con todo, “y siendo productos muy básicos, aún hay productos que nos preocupan más. La alimentación se ha disparado, la propia estadística destaca que no había registros de una subida tan drástica. Urge revitalizar el campo, y también que esas ayudas a los costes de producción lleguen a los agricultores y ganaderos. Ante la amenaza de hambruna mundial, no nos podemos permitir que un campo como el nuestro se abandone por no poder trabajarlo”, advierte Pérez.

El pan y los cereales; la leche, el queso y los huevos; y la carne son los productos que más suben, disparando los precios de la alimentación un 11 %.

Con todos estos datos, el cruce con los de salarios es inevitable. Y ahí “nos encontramos una negociación colectiva estancada, con solo 145 convenios firmados en el primer cuatrimestre del año. Un ritmo que no se corresponde siquiera con el peor año de la pandemia, cuando la imposibilidad de reunirse rebajó la firma a 927 anuales. Nuestros representantes sindicales no quieren firmar subidas irrisorias, y el estancamiento de la negociación colectiva, con una subida media del 2,40 % en los que se firman, nos llevarán inevitablemente a un aumento de la conflictividad laboral, como ya estamos viendo durante las negociaciones de convenios históricos, como los del Metal en el norte del país”, anuncia el secretario general de USO.

UGT y CCOO comparecerán en el Tribunal Constitucional para defender la reforma laboral de 2021

UGT y CCOO comparecerán en el Tribunal Constitucional para defender la reforma laboral de 2021

17 junio 2022

El lunes, 20 de junio, Pepe Álvarez y Unai Sordo registrarán una solicitud en la sede del Alto Organismo para ser parte contra el recurso de Vox a la reforma

Los 52 diputados de Vox han presentado un recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 32 /2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes de la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, con la intención de anular y dejar sin efecto los derechos que esta norma asegura a las trabajadoras y trabajadores del país.

Los diputados y diputadas de la formación ultraderechista pretenden negar a este Gobierno la competencia, frecuentemente utilizada por todos los Gobiernos de la democracia, de dictar disposiciones legislativas de urgencia convalidadas posteriormente por el Congreso de los Diputados, a pesar de que reiterada doctrina del Tribunal Constitucional ha avalado el uso de esta fórmula en contextos menos imperiosos que el que afrontaba la norma recurrida. Cuestionan que existiera, que exista, una urgente necesidad en España de acabar con el desempleo y la temporalidad. Cuestionan también la urgencia de acabar con la precariedad, como inquietante realidad que da lugar a malas condiciones de empleo, priva a nuestro sistema productivo de desplegar toda su capacidad y dificulta una ciudadanía plena en el trabajo.

Tampoco les parece pertinente a los recurrentes que el Gobierno afrontara mediante el Diálogo Social las reformas comprometidas con las autoridades europeas, entre las que se encontraban todas las materias abordadas por el Decreto-ley; y que lo hiciera con la urgencia necesaria para cumplir el plazo establecido por Bruselas, 31 de diciembre de 2021, de lo que dependía la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación. Los proyectos que constituyen dicho Plan permiten la realización de reformas estructurales, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de nuestra economía, con beneficios tanto para las empresas españolas, como a las personas trabajadoras ocupadas o en búsqueda de empleo.

La reforma laboral de 2021, fruto del acuerdo del Gobierno y las organizaciones que recoge la Constitución Española en el art. 7 de su Título Preliminar –los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales–, pone en valor la concertación social con un resultado histórico en el que por primera vez una ley laboral sirve para recuperar derechos de las personas trabajadoras al mismo tiempo que se robustecen nuestras empresas. El acuerdo que impugna la ultraderecha demuestra que es posible consensuar entre empresas y personas trabajadoras y allanó el camino para que una cantidad importante de fondos europeos, 140. 000 millones de euros, los llamados Next Generation EU, lleguen a España para ayudar a nuestras empresas y autónomos a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia.

En 5 meses que llevamos de reforma laboral se han suscrito más de 2 millones y medio de contratos fijos alcanzado cifras récords de contratación indefinida nuca vistos hasta ahora en nuestro país. La contratación indefinida supone uno de cada dos contratos de trabajo desde la entrada en vigor del texto consensuado por los interlocutores sociales.

UGT y CCOO conscientes del papel constitucional en defensa de los intereses de la clase trabajadora que le otorga el art. 7 de la Constitución Española y en desarrollo pleno de los artículos 28 y 37 de nuestra norma fundamental va a personarse ante el Tribunal Constitucional para defender jurídicamente y legamente el texto pactado atacado por VOX en defensa de los millones de puestos de trabajo estable y de los derechos de las personas trabajadoras.

El próximo lunes, 20 de junio, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Alvarez y Unai Sordo, registrarán un escrito en la sede del Tribunal Constitucional.

El TSJ de Extremadura acuerda devolver el suelo expropiado para la fotovoltaica de Usagre

Jueves, 16 de junio de 2022

El TSJ de Extremadura acuerda devolver el suelo expropiado para la fotovoltaica de Usagre
La Sala de lo Contencioso-Administrativa estima que no cabía expropiación cuando había un contrato de arrendamiento sobre 525 hectáreas del proyecto

Autor Comunicación Poder Judicial
La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado en parte el recurso presentado por la empresa Natura Mananger, dueña de parte del suelo donde se ubica la fotovoltaica de Usagre (Badajoz), contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Badajoz, que fijó el justiprecio de sus 525 hectáreas en 3,4 millones de euros.

La compañía amplió posteriormente el procedimiento contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas que concedió la declaración de utilidad pública al proyecto, lo que permitió iniciar la expropiación, que también ha sido declarado su nulidad por la Sala.

La estimación es parcial porque el TSJ de Extremadura no ha accedido a la petición de indemnización por los daños y perjuicios causados durante el tiempo que no pudo disponer del suelo. La sentencia no es firme, y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El fallo de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx se centra en la validez del contrato, que se firmó inicialmente en 2012 y que había sido renovado en 2016, unos meses antes de que se solicitaran las autorizaciones para la planta y la declaración de utilidad pública.

La sentencia señala que “carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de 25 años”, es decir, “la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad”.

La sentencia subraya que la empresa dispuso en todo momento de título hábil para construir la planta sin necesidad de expropiación, “y pese a ello ha llevado a cabo todas las actuaciones que dependían de su voluntad para conseguir que se iniciara el procedimiento expropiatorio, cuando no había razón justificativa alguna para ello”.

La inflación subyacente de mayo refleja el esfuerzo de las empresas para contener los precios en pleno aumento de costes

La inflación subyacente de mayo refleja el esfuerzo de las empresas para contener los precios en pleno aumento de costes

CEOE

En mayo, el IPC se aceleró de nuevo en cuatro décimas hasta el 8,7%. El encarecimiento de los productos energéticos continúa siendo el principal elemento inflacionista, si bien comienzan a observarse aumentos de precios notables en otros componentes, como los alimentos.

La inflación subyacente aumenta cinco décimas, situando su tasa de variación en el 4,9% interanual en mayo, casi 4 puntos por debajo del IPC general, lo que estaría reflejando el esfuerzo del tejido productivo, en una situación todavía muy delicada para muchos sectores, para no repercutir todo el aumento de costes en sus precios finales de bienes y servicios. No obstante, preocupa la evolución ascendente que viene registrando este componente.

Durante los próximos meses la inflación se verá muy condicionada por la evolución en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia, que pueden tener repercusiones significativas sobre el precio de algunas materias primas, entre otras, gas, petróleo, cereales o aceites, que a su vez repercuten sobre la composición del precio de otros muchos productos. A esto se unen otros factores que ya estaban impulsando la inflación, como las dificultades de aprovisionamiento o el intenso crecimiento de los precios de algunos bienes intermedios. Todo ello mantendrá elevada la inflación en el corto plazo.

En este contexto, resulta especialmente relevante evitar un escenario en el que los aumentos de los precios y salarios se retroalimenten entre sí, para no producir efectos de segunda ronda que nos lleven a una espiral inflacionista.

En términos de comparación con Europa, el IPCA en mayo alcanzó una tasa del 8,5%, mientras que en la Unión Monetaria esta tasa se situó en el 8,1%, con lo que se acorta ligeramente el diferencial de los últimos meses.

Dentro del componente subyacente, los precios de los Servicios aumentan su ritmo interanual en una décima hasta el 3,4%; los precios de los bienes industriales sin productos energéticos incrementan en tres décimas su tasa de variación hasta el 3,6%; y los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco aceleran su tasa interanual 1,3 puntos hasta el 10,0%, destacando el aumento de aceites y grasas (44,7%).
Los precios de los alimentos sin elaboración minoran ligeramente su tasa de variación interanual en cuatro décimas hasta el 10,1%. Destaca el incremento de los precios de productos tan básicos como los cereales, el pan, la leche, la carne de ovino, de vacuno o de ave, todos ellos con crecimientos ligeramente por encima del 10%, o de los huevos (25,3%).

Los precios de los productos energéticos moderaron su tasa interanual hasta el 34,2% en mayo, ligeramente por encima de la tasa de abril, debido al aumento del precio de las materias primas energéticas. En mayo el precio del petróleo volvió a retomar las subidas, situándose la media mensual en 114 $/barril, un 8,9% mayor que en abril y con aumentos interanuales del 64% en dólares y del 84% en euros. Las menores restricciones por Covid en China y las tensiones geopolíticas han hecho que en los primeros días de junio el precio continúe aumentando, fluctuando alrededor de los 129 dólares/barril. De mantenerse en estos niveles conllevaría incrementos cercanos al 95% en tasas interanuales en euros, por lo que seguirá presionando la inflación al alza.

Consecuencias del Brexit: tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, los nacionales británicos que disfrutaban de los derechos inherentes a la ciudadanía europea ya no disponen del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-673/20 | Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques

Luxemburgo 9 de junio de 2022

Consecuencias del Brexit: tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, los nacionales británicos que disfrutaban de los derechos inherentes a la ciudadanía europea ya no disponen del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia

EP es una nacional británica que reside en Francia desde 1984 y que está casada con un ciudadano francés. No ha solicitado ni obtenido la nacionalidad francesa. A raíz de la entrada en vigor del acuerdo de retirada vinculado alBrexit, el Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 1 suprimió a EP del censo electoral del municipio de Thoux (Francia). Por esta razón, EP no pudo participar en las elecciones municipales celebradas en Francia el 15 de marzo de 2020.

El 6 de octubre de 2020, EP formalizó una solicitud de reinscripción en el censo electoral especial para ciudadanos no franceses de la Unión Europea. Al día siguiente, el alcalde del municipio de Thoux denegó dicha solicitud. El 9 de noviembre de 2020, EP presentó una demanda ante el tribunal judiciaire d’Auch (Francia) con objeto de impugnar dicha resolución.
Ante ese tribunal, que es el órgano jurisdiccional remitente, EP alegó, en particular, que ya no disfrutaba del derecho de sufragio activo y pasivo en el Reino Unido debido a la regla británica denominada «de los 15 años», en virtud de la cual un nacional británico que resida desde hace más de 15 años en el extranjero ya no tiene derecho a participar en las elecciones organizadas en el Reino Unido. De este modo, EP se encuentra privada del derecho de sufragio activo y pasivo tanto en Francia como en el Reino Unido
.
El órgano jurisdiccional remitente desea saber si los nacionales británicos que, como EP, hayan trasladado su residencia a un Estado miembro antes del final del periodo transitorio previsto por el Acuerdo de Retirada siguen disfrutando del estatuto de ciudadano de la Unión y, más concretamente, del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia. En caso contrario, ese órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que aprecie la validez del Acuerdo de Retirada 2 a la luz del principio de proporcionalidad.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia responde que, desde la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el 1 de febrero de 2020, los nacionales de ese Estado que hayan trasladado su residencia a un Estado miembro antes del final del período transitorio ya no disfrutan del estatuto de ciudadano de la Unión ni, más concretamente, del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia, incluso cuando también se vean privados, en virtud del Derecho del Estado del que son nacionales, del derecho de voto en las elecciones organizadas por este último Estado.

El Tribunal de Justicia recuerda que la ciudadanía de la Unión requiere la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro. Esta ciudadanía confiere a los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no sean nacionales el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, pero ninguna disposición de los Tratados consagra, en cambio, este derecho a favor de los nacionales de terceros Estados.

Por consiguiente, la circunstancia de que un particular haya trasladado su residencia a otro Estado miembro cuando el Estado del que es nacional era un Estado miembro no le permite conservar el estatuto de ciudadano de la Unión y todos los derechos que el Tratado FUE atribuye a este estatuto si, a raíz de la retirada de su Estado de origen de la Unión, ya no posee la nacionalidad de un Estado miembro.

Puesto que, desde el 1 de febrero de 2020, los nacionales del Reino Unido son nacionales de un Estado tercero, han perdido, desde esa fecha, el estatuto de ciudadano de la Unión. En consecuencia, ya no disfrutan del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia.

Se trata de una consecuencia automática de la mera decisión adoptada soberanamente por el Reino Unido de retirarse de la Unión.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que la Decisión 2020/135 por la que se aprobó el Acuerdo de Retirada no es inválida porque este Acuerdo no confiera a los nacionales británicos que hayan trasladado su residencia a un Estado miembro antes del final del período de transición el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales de su Estado miembro de residencia.

1 El INSEE es competente para suprimir del censo electoral a los electores fallecidos y a aquellos que hayan perdido el derecho de sufragio activo.
2 Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 1).

El TSJ de Murcia anula la Orden de la Consejería que autoriza el vertido fortuito de la red de drenajes del campo de Cartagena al Mar Menor

Lunes, 13 de junio de 2022

El TSJ de Murcia anula la Orden de la Consejería que autoriza el vertido fortuito de la red de drenajes del campo de Cartagena al Mar Menor

“Se convirtió lo que debía ser excepcional -parada técnica, avería- en una autorización regular durante cuatro años”. Estima el recurso de Ecologistas en Acción que alegó que, si “es inevitable, no puede ser objeto de autorización”

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJMU, en sentencia notificada hoy, anula la Orden de la Consejería de Agua de septiembre de 2020 por la que se concedía a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) autorización para el vertido fortuito de la tierra al mar en la explotación del sistema de drenajes del campo de Cartagena y bombeos del Albujón, Los Narejos y El Mojón “por no ser conforme a derecho”.

Las magistradas estiman así el recurso contencioso administrativo interpuesto por Asociación Ecologistas en Acción de la Región de Murcia contra la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 7 de septiembre de 2020, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 8 de abril de 2020. Entienden que el vertido para el que se ha obtenido autorización no precisaba de ésta, ya que como alegó la parte actora, si se trata de un vertido fortuito “es inevitable” y “no puede ser objeto de autorización”.

En el caso enjuiciado, la CHS solicitó autorización sectorial ambiental “para vertido fortuito tierra-mar” en base al artículo 22 del Decreto Ley 2/2019 de Protección Integral del Mar Menor, para las estaciones de bombeo del Albujón y Los Narejos, “en caso de parada técnica o incidencias en la capacidad de laminación de tales instalaciones”.

Como se desprende de la propia Memoria Técnica aportada por CHS, explica la resolución, las aguas que se verterían al mar serían las provenientes de la red de drenajes del campo de Cartagena y las aguas superficiales de la rambla del Albujón y rambla de Miranda, “el vertido de aguas captadas del subsuelo y que son conducidas, a través de la Sistema de red de drenajes del Campo de Cartagena y bombeos del Albujón, Los Narejos y El Mojón, hasta el Canal del Trasvase del Campo de Cartagena”.

En cuanto a los caudales máximos a evacuar, “se advertía que no se pueden cuantificar de manera exacta” puesto que el agua que capta la red de drenajes varía en función de la época del año, según sea la carga del acuífero. No obstante, como orden de magnitud se adoptaba “el caudal que dejaría de elevar las bombas verticales que elevan el agua captada a los depósitos de las instalaciones, para después ser impulsadas hacia el canal del Postrasvase Tajo-Segura”.

Centrada así la naturaleza de las aguas, “y sin perjuicio de que ocasionalmente en los vertidos pudieran incluirse aguas procedentes de lluvia, es decir, de escorrentías”, trata de dilucidar si ese vertido fortuito de aguas freáticas, no pluviales, tiene encaje en la norma aplicada por la Administración. Aclarando, no obstante, que “lo que procede examinar no es si las instalaciones para las que se pide autorización de vertido son o no adecuadas, correctas o precisaban de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sino si esa autorización es conforme a derecho”.

Recapitulando, la sentencia explica que el artículo 21 del Decreto, prohibía, con carácter general, los vertidos desde tierra al Mar Menor de cualquier tipo o naturaleza, exceptuando únicamente los de aguas pluviales y evacuación de aguas freáticas a través de conducciones de desagüe, sólo cuando “no exista alternativa técnica, económica y ambientalmente viable para su eliminación por otros medios”. Que el artículo 22 regulaba los vertidos de aguas pluviales, y exigía “autorización de la Consejería”, de acuerdo con la Ley de Costas, con la excepción de los vertidos que se produzcan de manera fortuita”. Y, finalmente, el artículo 23 regulaba los vertidos de aguas freáticas, “no contemplando los vertidos fortuitos”.

“Por tanto, de conformidad con la norma de aplicación, no procedía la autorización de vertido fortuito tierra-mar de aguas freática”, concluye la Sala.

No desconoce la Sala que la Ley 4/2021, de 16 de septiembre, ha modificado los artículos 21, 22 y 23, según se expone en su Preámbulo, por ser necesario “impulsar aún más las medidas de protección del Mar Menor”, considerando “fundamental la continua vigilancia de las diferentes clases de vertido que le llegan”.

Aunque, como añade la resolución, “la autorización que aquí se impugna tampoco sería conforme con las determinaciones de la Ley 3/2020, en su redacción vigente tras la modificación, pues no se admiten vertidos de aguas freáticas, con carácter general, más allá de tres años desde su entrada en vigor, es decir, que la fecha límites sería el día 2 de agosto de 2023, mientras que en el presente caso la autorización se ha otorgado por un plazo de cuatro años, es decir, hasta 8 de abril de 2024”.

No es objeto del presente recurso si mediante esta infraestructura no se logra el objetivo de vertido cero al Mar Menor, aclara la sentencia; “pero en ningún caso cabe la autorización de vertidos con fundamento en esa causa”, pues además “no cabe confundir vertido fortuito con vertido inevitable por no existir otra solución técnica, económica o ambientalmente viable”.

En consecuencia, la autorización ambiental sectorial otorgada no es conforme a derecho, pues no estaba previsto en la norma aplicada por la Administración ese vertido fortuito. “Con dicha autorización se convirtió lo que debía ser excepcional -parada técnica, avería- en una autorización regular durante cuatro años de vertidos al Mar Menor cada vez que se produjeran tales circunstancias que, al parecer, -y según se desprende del expediente administrativo-no tienen ese carácter de excepcionalidad”.

“No debiendo olvidarse, como se ha expuesto, que el esfuerzo de las Administraciones implicadas se centra en la actualidad en el proyecto vertido cero al Mar Menor”, concluye la sentencia.

La sentencia no es firme, es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en mayo, como avance sobre el informe trimestral.

Las constituciones de empresas en mayo disminuyen el 3,9% anual

13/06/2022 Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en mayo, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

Las constituciones en mayo vuelven a descender por segundo mes consecutivo, después de cinco meses anteriores de incrementos. Se crearon 9.260 empresas, un 3,9% menos que en el mismo periodo de 2021. Las CC.AA. de Madrid, Cataluña y Andalucía, conjuntamente constituyeron seis de cada diez empresas creadas.

En mayo disminuyó la creación de empresas en doce territorios, con descensos por encima del 20% en País Vasco, Extremadura, y Murcia. En la parte positiva, se incrementaron en seis territorios, destacando Ceuta y Melilla y Baleares.
El descenso de las constituciones durante abril y mayo, podría anticipar un cambio de tendencia durante el segundo trimestre, de confirmarse el descenso una vez finalice el actual mes de junio.

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. han acelerado su descenso hasta el 2,1% durante el mes de mayo, por lo que acumulan varios meses consecutivos de caídas, aunque moderadas, pero contrarias a la tendencia positiva que mostraron en 2021.

Por CC.AA., destacan por su mayor volumen, Madrid con 622 ampliaciones, un 5,5% menos que en 2021 y Cataluña con 559, un 7,5% más.

Globalmente, se han incrementado sobre todo en Asturias, Aragón y La Rioja, y las mayores caídas fueron en Ceuta y Melilla, Navarra y Murcia.

Concursos de acreedores

Los concursos de acreedores, en este avance de mayo fueron 521, con un incremento del 5,3% sobre el mismo mes de 2021, con fuerte influencia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que constituyeron conjuntamente seis de cada diez concursos presentados.
Desde el tercer trimestre de 2021, los crecimientos de concursos se han moderado paulatinamente hasta entornos de ligera subida, como la mostrada en el primer trimestre. En abril, con un descenso del 16,8%, cayeron de forma importante. Esta situación positiva no se ha confirmado, por tanto, en mayo. Hasta la finalización de la moratoria concursal vigente hasta junio, los concursos no podrán mostrar con precisión la tendencia real.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en mayo 419 inscripciones (aumento del 40,1% frente al mes anterior), mientras los concursos necesarios se incrementaron el 10,9%, habiéndose inscrito 102 en mayo frente a los 92 del mes de abril.

El Gobierno crea el Observatorio Global del Español para maximizar el valor de las lenguas oficiales en el proceso de transformación digital

7 de junio de 2022

El Gobierno crea el Observatorio Global del Español para maximizar el valor de las lenguas oficiales en el proceso de transformación digital

mineco.gob.es
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Será un centro de análisis y prospectiva que identificará los proyectos con más impacto a desarrollar en el marco del Proyecto Estratégico (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua del Plan de Recuperación.
Entre sus actividades están analizar la situación del español y de las lenguas cooficiales en el mundo, en particular en la nueva economía digital, fomentar el conocimiento y prestigio de la lengua y las culturas hispánicas, coordinar la actuación de los observatorios del español ubicados en diferentes países y desarrollar estudios con propuestas de gran valor para hacer de la lengua un elemento tractor del crecimiento económico.
El Observatorio Global del Español tendrá su sede en La Rioja.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la creación del Observatorio Global del Español, un centro de análisis y prospectiva que identificará los proyectos con más impacto para maximizar el valor de nuestras lenguas en el proceso de transformación digital que está impulsando el Gobierno a través del Plan de Recuperación.

Se trata de la segunda iniciativa que se pone en marcha con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de la Nueva Economía de la Lengua, tras el impulso a la creación de corpus lingüísticos amplios para la Inteligencia Artificial, junto con la Real Academia Española y el Centro Nacional de Supercomputación.

El Observatorio Global del Español será presidido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y estará formado por representantes de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte, Ciencia e Innovación, además del Gobierno de la Rioja, región en la que se ubicará su sede.

El Observatorio dependerá del Instituto Cervantes, y su director presidirá la Comisión ejecutiva permanente. Bajo su liderazgo, el Observatorio se ocupará de:

Analizar la situación del español y de las lenguas cooficiales en el mundo, en particular en la nueva economía digital.
Fomentar el conocimiento y prestigio de la lengua y las culturas hispánicas.
Coordinar la actuación de los observatorios del español ubicados en diferentes países.
Desarrollar estudios y hacer propuestas de gran valor para hacer de la lengua un elemento tractor del crecimiento económico.
El PERTE Nueva Economía de la Lengua, en el que se enmarca el Observatorio Global del Español, tiene como objetivo impulsar toda la cadena de valor de la economía del conocimiento y de la inteligencia artificial, que están en el centro de la transformación digital. Cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros de inversión pública, de los que al menos 30 millones se destinarán en exclusiva a apoyar proyectos en lenguas cooficiales.

Con este proyecto, el Gobierno refuerza su apuesta por situar a España como un agente dinámico y referente del español a nivel mundial, generand?o beneficios para toda la comunidad hispanohablante.

Protección Civil y Emergencias alerta por altas temperaturas en amplias zonas de la Península y por riesgo generalizado de incendios forestales

Protección Civil y Emergencias alerta por altas temperaturas en amplias zonas de la Península y por riesgo generalizado de incendios forestales

Dirección General de Protección Civil y Emergencias

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, 10/06/2022

Fin de semana

En áreas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha hay previstas temperaturas máximas incluso por encima de los 40 ºC, así como mínimas también excepcionalmente elevadas para esta época de año.

Límite su exposición al sol y evite la actividad física prolongada en las horas centrales del día. Beba abundante agua o líquidos y tome comidas ligeras y regulares. Utilice ropa de colores claros y protéjase la cabeza.

Interésese por la población en mayor riesgo como niños, ancianos y personas enfermas.

Respetemos el monte y evitemos conductas que puedan provocar un incendio forestal como arrojar colillas, dejar basura o utilizar maquinaria porque las negligencias son el origen de la mayor parte de los fuegos. Si vemos una columna de humo, hay que avisar inmediatamente al 112.

Sanidad mantiene activado el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas para reducir sus efectos asociados, coordinar a las instituciones de la Administración del Estado y proponer acciones que puedan ser realizadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Más información actualizada en Protección Civil, AEMET y Ministerio de Sanidad

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alerta por altas temperaturas en amplias zonas de la Península y por riesgo generalizado de incendios forestales.

Mañana sábado, las provincias más afectadas por el intenso calor serían Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Badajoz. El domingo, se sumarán a las anteriores Ciudad Real, Toledo y Cáceres. En estas zonas hay previstas temperaturas máximas incluso por encima de los 40 ºC, así como mínimas también excepcionalmente elevadas para esta época de año.

Existe riesgo de incendios forestales muy alto o extremo en la mayor parte del país. Es muy importante extremar las precauciones para evitar su aparición.

También, habrá riesgo por fuertes vientos costeros en el área del Estrecho y litoral gaditano.

Además, durante el sábado, hay previsión de lluvias y tormentas en Castilla y León y en La Rioja.

Recomendaciones

Ante altas temperaturas

Limite la exposición al sol.
Manténgase en lugar bien ventilado.
Ingiera comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas.
Beba frecuentemente agua o líquidos.
Vístase con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza.
Evite ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día.
Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.
Tenga en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.
Para prevenir incendios forestales

Preste especial atención a las normas de la Comunidad Autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos.
Evite arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol. Las negligencias provocan gran parte de incendios forestales.
Se prohíbe encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos próximos.
Acampe sólo en zonas autorizadas, puesto que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.
Si descubre el fuego en su inicio, avise al 112 inmediatamente.
En caso de verse sorprendido por un incendio, evite penetrar en el monte o bosque. Vaya siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible.
En caso de emergencia por incendio forestal, atienda siempre las indicaciones de las autoridades competentes.
Ante vientos costeros

Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.
Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.
En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar.
No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.
Ante lluvias intensas

Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.
Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.
En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.
Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.
Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.
No obstante, el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos.
Ante el riesgo de tormentas

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto. No obstante, en los núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Si va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.
Si la tormenta le sorprende en el campo, evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. No se refugie bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.

Se publican las bases reguladoras de las ayudas para impulsar el despliegue 5G en carreteras, ferrocarriles y zonas rurales

6 de junio de 2022

mineco.gob.es

Se publican las bases reguladoras de las ayudas para impulsar el despliegue 5G en carreteras, ferrocarriles y zonas rurales

?El BOE publica las bases que regulan la concesión de ayudas para acelerar el establecimiento de infraestructuras 5G a operadores de telecomunicaciones debidamente habilitados
Permitirán el desarrollo de emplazamientos 5G por todo el territorio nacional distribuido en cuatro zonas geográficas y atendiendo a determinadas condiciones de cobertura
El programa UNICO 5G Redes – Pasivas, incluido en el Plan de Recuperación, cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros, financiado por los fondos Next Generation EU
Estas ayudas, en concurrencia competitiva, se dirigen a reducir la brecha digital y fomentan la vertebración territorial, así como la cohesión económica y social
La orden de bases se puede consultar en este enlace
El Boletín Oficial del Estado ha publicado las bases que regulan la concesión de las ayudas del Programa UNICO 5G Redes – Pasivas para impulsar y acelerar el despliegue de la tecnolog?ía 5G en carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales que cumplan unos requisitos. Esta orden de bases establece el marco para el lanzamiento de las convocatorias.

Estas infraestructuras pasivas (torres, mástiles, infraestructura backhaul…) son necesarias para la prestación de servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no hay cobertura y no está previsto que se proporcione en los próximos años. Es el primer paso para extenderla a todos los ámbitos territoriales, con atención especial a las zonas rurales’.

El programa cuenta con un presupuesto de 150 millones de euros para impulsar el despliegue en carreteras y ferrocarriles nacionales y transfronterizos y zonas rurales y permitirá la actualización de emplazamientos existentes y el desarrollo de nuevos emplazamientos 5G por todo el territorio nacional con una cobertura no adecuada.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con una intensidad máxima del 95%, atendiendo a cuatro zonas geográficas:

Zona 1: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y Castilla y León. (52,9 M€)

Zona 2: Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja. (33,0 M€)

Zona 3: Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. (30,0 M€).

Zona 4: Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla (34,5 M€)

El programa UNICO 5G Redes – Pasivas está destinado a operadores de telecomunicaciones debidamente habilitados. Las bases establecen que los beneficiarios tendrán la obligación de permitir el acceso a las infraestructuras pasivas subvencionadas al menos a cuatro operadores de servicios de comunicaciones electrónicas.

Para más información, consultar la orden en este enlace

La reserva hídrica española se encuentra al 49 por ciento de su capacidad

La reserva hídrica española se encuentra al 49 por ciento de su capacidad

Mapa de la reserva hídrica

Los embalses almacenan actualmente 27.489 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 325 hectómetros cúbicos (el 0,6 por ciento de la apacidad total actual de los embalses).

La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 87,7%
Cantábrico Occidental al 64,5%
Miño-Sil al 54,7%
Galicia Costa al 68,3%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 56,3%
Tajo al 48,0%
Guadiana al 30,8%
Tinto, Odiel y Piedras al 77,7%
Guadalete-Barbate al 34,7%
Guadalquivir al 30,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 51,6%
Segura al 44,6%
Júcar al 65,5%
Ebro al 74,2%
Cuencas internas de Cataluña al 58,8%
Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Lugo con 69,2 mm (69,2 l/m²).

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

Tabla con la reserva total embalsada por cuencas hidrográficasReserva total embalsada por cuencas hidrográficas

Tabla con la reserva total embalsada por cuencas hidrográficas

Justicia inicia el despliegue del Sistema de Dictado Jurídico

Justicia inicia el despliegue del Sistema de Dictado Jurídico

06/06/2022

Se trata de una tecnología avanzada de Inteligencia Artificial que permitirá a los profesionales de la Administración de Justicia transcripciones mediante el reconocimiento de voz, de forma rápida y precisa.

Para la puesta en marcha, el Ministerio de Justicia ha adquirido 2.960 licencias, que serán distribuidas en cuatro fases por las comunidades autónomas y órganos del territorio Ministerio.

6 de junio de 2022.- El Ministerio de Justicia inicia hoy el despliegue del Sistema de Dictado Jurídico, una tecnología avanzada que permitirá la realización rápida y precisa de transcripciones especializadas de textos jurídicos, mediante el reconocimiento de voz, contribuyendo a agilizar y aumentar la eficacia en el sistema de Justicia.

Para la puesta en marcha de este servicio inscrito dentro del proceso de transformación digital de la Justicia que lleva a cabo el Ministerio que dirige Pilar Llop se llevó a cabo una experiencia piloto, que finalizó el pasado mes de abril.

En ella participaron letrados de la Administración de Justicia, fiscales, jueces y magistrados de distintos órganos de Madrid, Cáceres, Valladolid y Palma de Mallorca. La experiencia, satisfactoria para los participantes, ha dado paso a este despliegue masivo del Sistema de Dictado Jurídico por el resto del territorio Ministerio.

El Sistema de Dictado Jurídico, que utiliza el software de reconocimiento de voz y traducción, DigaLaw X, es una herramienta de gran utilidad para todos los profesionales de la Administración de Justicia, en especial para los magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales. Permite, también, la transcripción automática de notas de voz desde cualquier dispositivo y en diferentes aplicaciones y es posible formatear, hacer búsquedas, navegar por la web y cumplimentar formularios. Es capaz de transcribir 160 palabras por minuto, con un alto porcentaje de precisión. Además, es posible utilizar la terminología jurídica específica, lo que proporciona al usuario una mejor adaptación y precisión

Este sistema emplea tecnologías punteras de Inteligencia Artificial y redes neuronales profundas. Gracias a estas, el sistema está siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva, sin que sea necesario algún entrenamiento o adaptación a la voz del usuario.

Para el despliegue, el Ministerio de Justicia ha adquirido 2.960 licencias para jueces, magistrados, fiscales y letrados, que se irán distribuyendo según una planificación por fases. Así, desde hoy, día 6 de junio, en la fase I, se repartirán licencias en Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares, para 862 usuarios. En la fase 2, que se inicia el 13 de junio, serán 828 los usuarios que dispongan de licencia, en las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha. Desde el 20 de junio, ya en la fase III, Castilla y León recibirá 791 licencias. Por último y desde el 27 de junio, en la fase IV del despliegue, serán 524 los usuarios, entre el Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, Audiencia Nacional y órganos de Gobierno.

El sistema supone una serie de ventajas, como el ahorro de tiempo y esfuerzos en el dictado, con una creación de documentos cuatro veces más rápida; un aumento de la productividad; una consistencia documental que facilita su búsqueda en bases de datos; y mayor precisión, con ausencia de errores ortográficos.

Se ralentiza el crecimiento anual de compraventas e hipotecas inscritas durante el mes de abril

Se ralentiza el crecimiento anual de compraventas e hipotecas inscritas durante el mes de abril

07/06/2022 Registradores

El Colegio de Registradores incluye en esta nota informativa, un avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al mes de abril, relativa a compraventas e hipotecas inscritas, mediante la comparación de datos con el mismo mes del año anterior.
Con relación al número de compraventas totales, que se ha incrementado significativamente en los últimos meses, se observa una mayor ralentización en el último mes, aunque todavía con datos positivos si se compara con el mismo mes del año anterior. De las 85.510 operaciones realizadas en abril de 2021, se pasaron a las 90.617 en abril de este año, un aumento de más de 5.000 operaciones.

Esta situación también se observa en las compraventas de vivienda, después de los importantes incrementos de los últimos meses, manteniendo todavía una evolución de signo positivo en el sector inmobiliario durante el mes de abril. De las 40.186 operaciones realizadas en abril del año pasado, se han pasado a las 45.019 en abril de este año, casi 5.000 operaciones más.
La evolución de las constituciones de hipoteca muestra también una tendencia de ralentización del crecimiento, similar a lo ocurrido con las compraventas, pero incluso más acusada en las hipotecas. No obstante, los incrementos persistentes que se han venido produciendo en el último año se mantienen todavía en abril, aunque más moderados. En número de hipotecas totales, se han registrado 42.314 operaciones, frente a las 41.258 en abril de 2021, lo que supone el incremento más suave de los últimos meses, con algo más de 1.000 operaciones. En cuanto a las hipotecas de vivienda, se han incrementado en más de 1.300 operaciones, pasando de las 30.202 en abril del año pasado, a las 31.554 de abril de este año.

Si se mide la evolución mediante la tasa de variación de las compraventas inscritas en abril frente al mismo mes de 2021, las totales se han incrementado el 6,0%, siendo mayor el incremento en las de vivienda, con un 12,0%. En cuanto a las hipotecas totales, se incrementaron un 2,6%, mientras las de vivienda las superaron, con un incremento del 4,5%.
Con relación a la evolución anual de las compraventas totales por Comunidades Autónomas, aunque todavía destacan los incrementos, se observan ya descensos en algunos territorios, destacando Madrid por su volumen, que descendió ligeramente el 2,3%, siendo más fuertes las caídas en la Ciudad Autónoma de Melilla (-76,5) La Rioja (-12,7) y País Vasco (-5,8%). Por otro lado, se, incrementan más en la Ciudad Autónoma de Ceuta (48,3), Asturias (18,8%), Canarias (18,0%) y Baleares (14,4%), destacando por su peso Andalucía (10,6) y Cataluña (8,4%). Con relación a las hipotecas totales constituidas respecto a abril del año pasado, disminuyeron sobre todo en las Ciudades Autónomas (-49,1% en Melilla y -38,9% en Ceuta), seguidas de La Rioja (-19,2%) y la Comunidad Valenciana (-14,6%). En la parte positiva, aumentan más en Murcia (60,4%), Baleares (29,7%) y Aragón (22,0%), destacando, por su volumen, Cataluña con un crecimiento del 13,3% en el total de hipotecas y del 14,9% en las correspondientes a vivienda.

Por último, el análisis mensual de la evolución anual de compraventas e hipotecas inscritas en los registros de la propiedad durante los últimos doce meses, de mayo de 2021 a abril de 2022, mediante la comparación con el mismo mes del año anterior, muestra los siguientes resultados:
En mayo de 2021 se produjo el mayor incremento en la evolución anual, al coincidir la comparativa con los meses del primer estado de alarma y las restricciones económicas que llevó aparejadas. El incremento se fue ralentizando paulatinamente en los meses siguientes hasta alcanzar valores en torno al 20-30% de octubre a marzo de este año. En abril se observa un cambio de tendencia, con incrementos más moderados.
Contrariamente a lo que sucedió en la comparativa con los meses más duros de la pandemia, en los últimos diez meses se ha producido un incremento anual mayor de compraventas de vivienda frente al de compraventas totales.

En cuanto a las hipotecas totales durante los últimos doce meses, hasta el mes de julio de 2021 se registraron intensas subidas anuales, entre el 30% y el 40%, agudizándose dichos incrementos en agosto y septiembre, para estabilizarse alrededor de crecimientos anuales en torno al 25-30% hasta enero, similar a lo que sucedió con las compraventas. Desde febrero de este año se registran incrementos anuales más moderados, siendo el dato de abril el más bajo de los últimos doce meses, con un incremento del 2,6% para las hipotecas totales, y del 4,5% para las de vivienda.
Al igual que sucedió con las compraventas de vivienda, las hipotecas para la misma finalidad han mostrado en líneas generales durante los últimos meses, crecimientos superiores a las hipotecas totales.

El Tribunal Supremo avala que una comunidad de propietarios prohíba el uso de la piscina a los dueños de garajes que no tienen vivienda

Lunes, 6 de junio de 2022

El Tribunal Supremo avala que una comunidad de propietarios prohíba el uso de la piscina a los dueños de garajes que no tienen vivienda


La sentencia parte de la consideración de que una piscina, por su propia naturaleza, está al servicio de los propietarios que tengan en el edificio su residencia y que los titulares de los garajes son propietarios de los mismos, “pero no por ello son residentes, sino usuarios de una plaza de estacionamiento.

Autor Comunicación Poder Judicial


La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha considerado válido el acuerdo de una comunidad de propietarios en Santa Ponsa (Mallorca) que prohíbe el uso de la piscina y la barbacoa a los propietarios de garajes que no dispongan de vivienda en el complejo. El Supremo destaca que no consta autorización para ello ni en los estatutos ni en el título constitutivo de la comunidad, por lo que el acuerdo impugnado no constituye una restricción de los derechos de los titulares de los garajes sino una mera constatación o reproducción de lo que ya podía deducirse de los actos constitutivos de la comunidad, y agrega que los dueños de las plazas de garaje estarán exentos de los gastos que generen esas zonas.

La sentencia parte de la consideración de que una piscina, por su propia naturaleza, está al servicio de los propietarios que tengan en el edificio su residencia y que los titulares de los garajes son propietarios de los mismos, “pero no por ello son residentes, sino usuarios de una plaza de estacionamiento”.

La Sala estima el recurso de casación interpuesto por la comunidad de propietarios del edificio La Flor del Golf 1 de Santa Ponsa (Calviá) contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que confirmó la dictada por un juzgado de Primera Instancia de la misma ciudad. Estas sentencias dieron la razón a un propietario de varias plazas de garaje, sin vivienda en el edificio, y anularon el acuerdo de la comunidad que le prohibía el uso de la piscina y la barbacoa (zona deportiva).

La comunidad explicaba que el acuerdo impugnado, adoptado por mayoría, arrancaba de una petición por la utilización indiscriminada de esas zonas por un grupo de adolescentes, unas 15 personas, que había hecho un uso abusivo de la piscina y que, tras algunas averiguaciones, se supo que todos eran invitados del propietario de un garaje.

Además, en el acuerdo impugnado se sugirió la posibilidad de exonerar a los dueños de las plazas de garaje de los gastos de la zona deportiva, pero la propuesta, que exigía unanimidad para salir adelante, fue rechazada por la oposición de este propietario.

La Sala señala que la comunidad de propietarios “estaba facultada para prohibir expresamente el uso de la piscina por los titulares de los garajes que no fuesen titulares de viviendas, dado que no constaba autorización para ello en los estatutos ni en el título constitutivo, por lo que el acuerdo impugnado no constituía una restricción de los derechos de los titulares de los garajes sino que el acuerdo era una mera constatación o reproducción de lo que ya podía deducirse de los actos constitutivos de la comunidad de propietarios (…)”.

Añade que de acuerdo con el artículo 394 del Código Civil cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino, lo que debe complementarse conforme al artículo 396, cuando determina que los diferentes pisos y locales de un edificio llevarán inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute.

La piscina en cuanto elemento común -aclara la Sala- no tiene como destino natural servir de disfrute a los titulares de los aparcamientos, los cuales los adquieren para estacionar un vehículo y no por las particularidades recreacionales de la edificación. Subraya que “el uso de la piscina es extraño, por ello, a la propia naturaleza y finalidad de adquisición de un garaje”.

Asimismo, el tribunal se pronuncia sobre la petición de la comunidad recurrente para que estos propietarios quedaran exonerados de los gastos comunitarios que generase el uso de ese elemento común.

A la vista del acuerdo impugnado, según el tribunal, en el que la comunidad de propietarios aceptaba la propuesta de distribución de los gastos de la piscina y barbacoa (zona deportiva) exclusivamente entre las viviendas, excluyendo a los propietarios de los garajes (a la que únicamente se opuso el ahora demandante), y habida cuenta que en el recurso de casación, como hemos transcrito, la comunidad de propietarios mantiene la exoneración de gastos comunitarios (piscina) con respecto a los garajes, la Sala desestima la acción subsidiaria, en cuanto resulta pacífico que la comunidad de propietarios negó desde el principio el uso de la piscina, por los propietarios de garajes que no lo fuesen de viviendas, al tiempo que intentó exonerar de los gastos de zonas deportivas.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de un puerto del Mar Menor para conseguir un reequilibrio económico por la eutrofización o ‘sopa verde’

Martes, 7 de junio de 2022

El Tribunal Supremo desestima el recurso de un puerto del Mar Menor para conseguir un reequilibrio económico por la eutrofización o ‘sopa verde’

La Sala destaca que el fenómeno de eutrofización del Mar Menor no es un caso de ‘fuerza mayor’ de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público que obligue a la Administración al restablecimiento del equilibrio contractual

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por el puerto deportivo ‘Mar de Cristal’, en aguas del Mar Menor, para conseguir el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión de obra pública de acondicionamiento, mejora y explotación de dicha infraestructura, ante el descenso drástico de la contratación de amarres debido al fenómeno de la eutrofización, coloquialmente conocido como ‘sopa verde’.

El Supremo, que confirma un pronunciamiento anterior del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, destaca que el fenómeno de eutrofización del Mar Menor no es un caso de ‘fuerza mayor’ de los previstos en la Ley de Contratos del Sector Público que obligue a la Administración al restablecimiento del equilibrio contractual: “No nos encontramos ante un ‘fenómeno natural’ sino ante una catástrofe medioambiental desencadenada por la acción del hombre y que no puede considerarse un suceso ni imprevisible ni inevitable”, señalan los magistrados.

Indica el Supremo que “la eutrofización, coloquialmente conocida como “sopa verde”, designa un proceso de enriquecimiento excesivo de nutrientes en un ecosistema acuático. La aportación excesiva de nutrientes produce una proliferación descontrolada de algas que forman una capa en la superficie que impide el paso de la luz solar y la fotosíntesis por debajo de ellas”. Y añade que no existe controversia en que esta catástrofe ecológica “tuvo en su origen una conexión directa y relevante con la acción del hombre, debido al vertido de nutrientes al mar menor a lo largo de años, lo que, a la postre, desencadenó esta reacción y el desastre ecológico consiguiente”.

La sentencia ha examinado como cuestión de interés casacional si en el concepto de fuerza mayor del artículo 231 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (actual artículo 239 de la Ley 9/2017), pueden comprenderse aquellos fenómenos medioambientales catastróficos en los que tiene incidencia la acción humana.

El tribunal considera que dicha norma se refiere a “fenómenos naturales”, esto es, cambios en la naturaleza no provocados directamente por la acción humana, y que, aunque pueden existir casos en los que la acción del hombre influya de forma meramente circunstancial en los acontecimientos naturales, o que su intervención sobre el medio ambiente contribuya, aun de forma indirecta o mediata, a la producción de estas catástrofes naturales sin que por ello dejen de ser considerados supuestos de fuerza mayor (piénsese en el calentamiento global por la acción humana que motiva fenómenos atmosféricos catastróficos), “lo que se excluye en la norma son los desastres medioambientales en cuya causación y con una conexión directa y relevante intervenga la acción del hombre”, concluye la sentencia.

El Índice Registral Inmobiliario presenta un crecimiento elevado en todos sus indicadores referentes a compraventas e hipotecas.

El Índice Registral Inmobiliario presenta un crecimiento elevado en todos sus indicadores referentes a compraventas e hipotecas.

01/06/2022 Registradores

El Colegio de Registradores elabora el Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) único que conjuga transacciones e hipotecas inmobiliarias inscritas en los registros de la propiedad (enfoque desde la demanda) con la actividad mercantil del sector de la construcción e inmobiliario (enfoque desde la oferta), dando por tanto una estimación completa de la actividad del sector.

El valor del índice se situó en 124,8 (116,8 el trimestre anterior) y el índice suavizado, libre de factores estacionales, en 114,6 (111,5 el trimestre anterior). Desde el 2º trimestre de 2020, que marcó 96,4, se viene produciendo una recuperación de la actividad inmobiliaria, a excepción del ligero descenso del 4ª trimestre de 2021. Esta evolución favorable se debe, sobre todo, a la tendencia positiva de la parte de propiedad (8,7% trimestral), mientras que en la parte mercantil del IRAI, esencialmente más constante en los últimos trimestres, el crecimiento ha sido más moderado (1,7% trimestral).

Evolución anual del IRAI con base 2003 durante el 1er trimestre

La evolución anual del IRAI durante el primer trimestre obtiene una subida del 11,1% frente al mismo trimestre de 2021, similar al último trimestre de 2021, aunque inferior a los grandes incrementos anuales registrados durante el segundo y tercer trimestres del año pasado, afectados todavía en la comparación con los mismos períodos de 2020, debido al gran impacto de la crisis sanitaria sobre la economía, que provocó en aquel momento caídas del 12,4% en el segundo y del 6,0% en el tecero. Continúa, por tanto, de forma más moderada pero robusta, el crecimiento de la actividad iniciado en el segundo trimestre de 2021. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la evolución anual ha compensado ya claramente los descensos de 2020, y el crecimiento de los cuatro últimos trimestres, aunque matizado por la comparación con los peores momentos de la pandemia en 2020, sigue consolidando crecimientos muy importantes de la actividad inmobiliaria global.

Con relación a los componentes de la evolución del IRAI mostrada en los datos anuales al término del primer trimestre, el crecimiento se produjo fundamentalmente por el incremento en el área de propiedad (15,6%), nuevamente debido al gran aumento del número de compraventas (27,7%) y del incremento del número de hipotecas (18,5%), acompañados del precio de las compraventas (6,6%) y también del importe de las hipotecas (7,2%).

En el área de las sociedades mercantiles se produjo un ligero incremento del 0,3%, aportado sobre todo por el sector inmobiliario (1,4%), mientras que el sector de la construcción permanece inalterado.

Los detalles se ven en la tabla siguiente:

Paro mayo. Las mujeres salen más lentamente de la cola del paro

Paro mayo. Las mujeres salen más lentamente de la cola del paro

USO

2 junio, 2022 Notas de prensa

El dato de parados mejora al anterior a la crisis, pero el desempleo femenino pesa más que antes

De la contratación indefinida, el 60 % es a jornada parcial o discontinua

El paro ha bajado de los 3 millones de personas en mayo, tras un descenso mensual de casi 100.000. Un dato que mejora el previo al covid, el mismo mes de 2019, pero que esconde matices. “Menos gente sin trabajo es siempre una buena noticia, pero debemos fijarnos también en qué trabajo tienen aquellos que consiguen empleo. La tasa de contratación indefinida es la más alta en años; sin embargo, solo el 40 % de ellos son a jornada completa. El resto son a tiempo parcial o discontinuos”, advierte Joaquín Pérez, secretario general de USO.

En este sentido, “nos preocupa que el fijo discontinuo pierda su esencia, estabilizar el empleo estacional, para convertirse en un cheque en blanco por el que pueden llamar a un trabajador de un día para otro para trabajar una semana o dos días. De poco sirve que se blanquee el nombre del contrato si, finalmente, los contratos siguen durando lo mismo que antes de establecer el indefinido por defecto”, continúa Pérez.

Bajar de los 3 millones no puede esconder, considera el secretario general de USO, “que mejoramos a velocidades diferentes. El paro entre las mujeres se recupera más lentamente que el de los hombres. La crisis ha supuesto un grave retroceso en cuanto a roles tradicionales y empleabilidad, y la relación de mujeres en paro sigue siendo aún más alta que en 2019, rozando el 60 %”.

Velocidades que, en relación con los países de nuestro entorno, “nos siguen situando en el último carril. España continúa con la tasa de paro más alta de Europa, y nuestros jóvenes solo tienen menos futuro que los griegos. El principal problema sigue siendo crear actividad y contratos en los mismos sectores que nos llevan a crisis tras crisis. Recuperar el empleo anterior al covid o el turismo anterior al covid significa que, ante cualquier otro golpe, ese empleo débil y dependiente del exterior se destruirá de un mes para otro de nuevo. Es necesario apostar por el cambio productivo y el empleo en sectores de valor, de innovación o de bienestar social”, apura Joaquín Pérez.

La Bolsa negocia 32.237 millones de euros en mayo

La Bolsa negocia 32.237 millones de euros en mayo

Balance mensual de los mercados operado por BME

•El volumen contratado en Renta Variable crece un 16% en lo que va de año
•La negociación en el mes en Renta Fija es un 41% superior a la de abril
•El volumen en los contratos de Futuro sobre el IBEX 35® sube un 16,4% hasta mayo

La Bolsa española negoció en Renta Variable 32.237,2 millones de euros en mayo, un 0,6% más que en el mismo mes del año pasado y un 12,6% menos que el mes anterior. En los cinco primeros meses del año, el volumen contratado creció un 16%. El número de negociaciones en mayo fue de 3,4 millones, lo que supone una subida del 7,4% respecto a abril y una caída del 1,5% frente a mayo del año anterior.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 65,54%. La horquilla media durante este mes fue de 7,11 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 5,3% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 9,42 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 27,8% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix, disponible en este enlace: www.bmerv.es/esp/Miembros/MIFID_II.aspx. Estas cifras incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

El volumen contratado en mayo en los mercados de Renta Fija alcanzó los 12.241,8 millones de euros, un 41% más que en abril. Las admisiones a negociación, incluyendo emisiones de Deuda Pública y de Renta Fija Privada, ascendieron hasta los 24.537,8 millones de euros, lo que implica una bajada del 12,6% respecto al mismo mes del año anterior.

El saldo vivo se situó en 1,76 billones de euros, con un aumento del 2,4% en lo que va de año y del 3,4% respecto a mayo de 2021.

El mercado de Derivados Financieros negoció en mayo dos millones de contratos, con un volumen en efectivo de 41.134 millones de euros.

La negociación aumentó en el año un 16,4% en Futuros sobre IBEX 35® y un 17% en Futuros Mini IBEX. Por su parte, se registró un incremento del 32,4% en la negociación de Opciones Mini IBEX y del 28,6% en Opciones sobre Acciones, en ambos casos, respecto al mismo mes del año anterior.

La posición abierta aumentó un 5,8% en Futuros sobre IBEX 35®, un 16,4% en Futuros sobre Mini IBEX, un 28,5% en los contratos de Opciones Mini IBEX y un 3,2% en los contratos de Opciones sobre Acciones respecto a abril.

El déficit del Estado se sitúa en el 0,50% del PIB en abril y se reduce un 67,6% respecto al mismo periodo del año anterior

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Gabinete de prensa

30 mayo 2022

Publicación de los datos de ejecución presupuestaria

El déficit del Estado se sitúa en el 0,50% del PIB en abril y se reduce un 67,6% respecto al mismo periodo del año anterior

Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo

En marzo el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 0,34% del PIB al reducirse un 78,4%, excluida la ayuda financiera, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior

Las CCAA presentan en el primer trimestre de 2022 un superávit que asciende a 220 millones, frente al déficit de 3.416 millones registrado el año anterior

Los Fondos de Seguridad Social registran en el tercer mes de 2022 un déficit del 0,08% del PIB, lo que supone un descenso del 47,8% respecto a marzo de 2021

30 de mayo de 2022.- El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy en su web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria de las Administraciones Publicas en 2022.

La evolución hasta abril muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo impulsadas por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los cuatro primeros meses del año de 2022 se ha reducido un 67,6%.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha publicado hoy en su web los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo en términos de contabilidad nacional, que también se ha reducido un 78,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Déficit del estado abril

Hasta marzo, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 0,50% del PIB, frente al 1,68% existente en abril de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 6.553 millones, lo que supone un descenso del 67,6% respecto a los 20.249 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un sólido incremento de los ingresos no financieros del 16,7%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen a un ritmo del 4%.
Recursos no financieros del Estado

Los recursos no financieros se sitúan en 72.617 millones, lo que supone un 16,7% más respecto al mismo periodo de 2021. Los impuestos alcanzan los 62.638 millones, el 86,3% del total de los recursos, y crecen un 16,7% respecto a abril de 2021.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 16,9%. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 19,4%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 18,6% debido al IRPF, que se incrementa un 29,2%. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se eleva un 51,4%.

Asimismo, los impuestos sobre el capital aumentan 115 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior y los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 2,7%.

Las rentas de la propiedad aumentan un 0,6% respecto a 2021 debido a que los ingresos por dividendos y otras rentas se incrementan un 21,1% hasta situarse en 1.124 millones. Este resultado es consecuencia, principalmente, del aumento en un 10,4% del ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España. Por su parte, los ingresos por intereses descienden un 24,8%.

Los otros recursos no financieros aumentan un 17,3%, lo que se debe, en parte, a la transferencia del Servicio Público de Empleo Estatal por 393 millones, para la gestión por el Estado de las competencias asumidas en materia de formación profesional (RD 498/2020), sin correspondencia en 2021 hasta el mes de septiembre.

Empleos no financieros del Estado

Hasta abril, los empleos no financieros del Estado se han situado en 79.170 millones, cifra inferior en un 4% a la registrada en los cuatro primeros meses de 2021.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 59,2% sobre el total de empleos no financieros. En concreto, ascienden hasta el cuarto mes del año a 46.870 millones, cuantía que incluye la compensación del SII-IVA, hecha efectiva en el mes de marzo.

La remuneración de asalariados crece un 4,1%. Esta rúbrica, que se sitúa en 6.034 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 2% frente a un incremento salarial del 0,9% en 2021.
Los consumos intermedios han ascendido a 2.083 millones, un 31,3% más de gasto que en el mismo periodo de 2021, mientras que las transferencias sociales en especie se incrementan un 1,5%.
Por su parte, los intereses devengados crecen un 8,9% hasta situarse en 7.921 millones, mientras que las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 6,9%, cifra que incorpora una revalorización de las pensiones de Clases Pasivas del 2,5% con carácter general y del 3% en las mínimas.

Las transferencias corrientes diversas aumentan un 13%, hasta 1.060 millones, las cuales se destinan en su mayor parte al sector hogares.

El resto de empleos corrientes asciende a 1.953 millones, lo que supone 463 millones más que el año anterior. Por su parte la cooperación internacional corriente se incrementa en un 64,7%, incluyendo 85 millones de aportación al FED frente a 114 millones en 2021 y 187 millones de vacunas donadas a terceros países.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 19,2% en 2022 hasta los 1.622 millones, mientras que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital han ascendido en conjunto a 531 millones.
Déficit conjunto de la administración central, comunidades autónomas y seguridad social (marzo)

En el primer trimestre de 2022, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 4.412 millones, equivalente al 0,34% del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 221 millones, el déficit supone el 0,35% del PIB.

Administración Central

El déficit de la Administración Central se sitúa en 3.525 millones a finales de marzo de 2022, el 0,27% del PIB.

  • El déficit del Estado en marzo en términos de PIB equivale al 0,39%, lo que supone5.143 millones, un 64,9% inferior al registrado en marzo de 2021.

-Los Organismos de la Administración Central registran en marzo de 2022 un superávit de 1.618 millones.

Comunidades Autónomas

La Administración regional registra un superávit en marzo de 2022 de 220 millones, lo que equivale al 0,02% del PIB. Se trata de un descenso de 3.636 millones respecto a marzo de 2021. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 2,5%, mientras los ingresos crecen a un ritmo mayor del 11%.

Los impuestos han crecido un 12,5%, es decir, 2.019 millones más. Destacan los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 33,7% alcanzando la cifra de 4.623 millones, con un crecimiento de ITP y AJD de un 35,5%.
También aumentan los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio un 7,2% hasta los 12.824 millones. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascienden a 764 millones de euros.

Las transferencias entre AAPP crecen en un 11,4% hasta los 27.019 millones, a consecuencia, principalmente, del aumento de las transferencias procedentes del Estado, que han pasado de 21.128 millones en 2021 a 23.356 millones en 2022. De esa cantidad, 3.086 millones se han recibido en el mes de marzo en concepto de compensación por los ingresos por IVA dejados de percibir como consecuencia de la implementación en 2017 del Suministro Inmediato de Información (SII-IVA). Además, las entregas a cuenta por el sistema de financiación han aumentado un 5,6% respecto a 2021 sin incluir anticipos, es decir, 982 millones más.

Por su parte, los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 3.673 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,3% respecto a marzo de 2021.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 3,7% debido, sobre todo, al incremento salarial del 2% fijado para 2022 frente al 0,9% de 2021. Los consumos intermedios crecen en un 7,9% hasta situarse en 9.266 millones, de los cuales 5.674 millones corresponden al ámbito de la sanidad, con un aumento del 9,9%.

Las subvenciones aumentan un 33,8% hasta los 943 millones, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 12,1% hasta 688 millones. Por su parte, las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,9% hasta los 7.648 millones y la inversión también crece un 3,7% respecto a 2021, alcanzando los 3.310 millones.

Fondos de la Seguridad Social

Los Fondos de la Seguridad Social en marzo de 2022 registran un déficit de 1.107 millones, frente a los 2.120 millones del mismo periodo de 2021, es decir un 47,8% menos. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,08% del PIB.

Este comportamiento es consecuencia de una muy leve disminución de los ingresos del 0,1% (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,7%) frente al descenso registrado en los gastos de un 2,2%.
Desde marzo de 2020 las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social han estado directamente afectadas por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19. No obstante, los avances en el control de la misma, sobre todo con el proceso de vacunación, han motivado una reducción de su impacto económico. A finales del primer trimestre de 2022 dicho impacto estimado ha sido de 1.165 millones, lo que supone reducir en un 72,1% el que tuvo en el mismo período de 2021.

En relación a las medidas normativas con incidencia en el ejercicio destaca el Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas, que establece una revalorización del 2,5% para pensiones contributivas y de un 3% para pensiones no contributivas, ingreso mínimo vital y pensiones mínimas; el Real Decreto 2/2022, de 28 de febrero, por el que se prorrogan los ERTES hasta el 31 de marzo y se recogen una serie de medidas urgentes para continuar la protección de los trabajadores autónomos y el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros, con efectos desde el 1 de enero, incrementándose en el mismo porcentaje la base mínima de cotización.

El Sistema de Seguridad Social registra en marzo de 2022 un déficit de 1.606 millones. Los recursos han ascendido a 39.505 millones, registrándose un crecimiento del 4,5% de las cotizaciones sociales. Por su parte, el gasto se sitúa en 41.111 millones, lo que corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 6,7%.

Al igual que ya ocurrió en 2021 destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha obtenido un superávit de 473 millones. Lo anterior supone una mejora del resultado registrado de 1.229 millones de euros respecto a marzo de 2021. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso en un 83,9% del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID que alcanzan los 400 millones, mientras que en 2021 el gasto se elevó en este periodo a los 2.485 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 6,4% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de marzo disminuye un 21,1% en tasa interanual.

El FOGASA presenta un superávit de 26 millones, frente a los 6 millones de déficit registrados en el mismo periodo de 2021.

Para más información sobre la ejecución presupuestaria del Estado puede consultar el documento de “Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado”, publicados en el siguiente enlace:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmCentral/Paginas/imdatoscaja.aspx

Para un mayor detalle de la ejecución presupuestaria de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social consulte el “Informe mensual (datos consolidados en contabilidad nacional)” en el este enlace:

Llop: “Democratizar el acceso a las profesiones jurídicas es dotar de mayor calidad a nuestro sistema”

Llop: “Democratizar el acceso a las profesiones jurídicas es dotar de mayor calidad a nuestro sistema”

30/05/2022

?La ministra de Justicia ha inaugurado la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado.

Imagen de detalle

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 1,6 millones de euros para un total de 245 becas.

En la jornada también han intervenido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y la directora del Centro de Estudios Jurídicos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado la jornada de presentación del programa de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras judicial, fiscal, al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y al cuerpo de abogados del Estado, que se ha celebrado hoy en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

“Con esta medida facilitamos el acceso a estas profesiones jurídicas a quienes tengan la capacidad necesaria para acceder a las mismas, con independencia de su situación socioeconómica”, ha señalado Llop.

La ministra se ha referido al elevado coste que, según las encuestas realizadas por el CEJ, supone para estos profesionales y sus familias sacar la oposición, por ello, se ha introducido como criterio principal de concesión el de menos renta familiar. “Democratizar el acceso a estos cuerpos es dotar de una mayor calidad a nuestro sistema”, ha asegurado Llop.

La titular de Justicia ha mostrado su satisfacción por este programa de becas porque cree “firmemente” en la igualdad de oportunidades, y un Gobierno progresista “debe pensar, antes que nada, en las personas, y así lo hacemos; es una cuestión social y de justicia”, ha declarado.

Llop también se ha referido a la transformación digital en la que está inmersa la Administración de Justicia, que permite, según ha explicado, que esta preparación pueda impartirse en régimen de semipresencialidad, reduciendo la brecha territorial.

Compromiso con la igualdad

En la jornada, también han intervenido el secretario general para la Innovación y Calidad el Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora del CEJ, Abigail Fernández.

“Creemos que es necesario llevar a cabo una reflexión profunda sobre los mecanismos de acceso a la función pública para adaptarlos a la sociedad actual, que ha cambiado profundamente en las últimas décadas”, ha expuesto el secretario general.

Olmedo ha asegurado que, para el Ministerio de Justicia, este proyecto es una prioridad para mejorar el sistema de acceso a las profesiones públicas de Justicia. Además, este programa de becas demuestra el compromiso “claro” de este Ministerio y del Gobierno con la igualdad de oportunidades, “porque el talento no puede verse coartado por motivos socioenonómicos”, ha dicho.

Por su parte, la directora del CEJ ha explicado cómo ha sido el proceso para diseñar y constituir este programa, en el que han trabajado “paralela y simultáneamente” en tres ámbitos de actuación: el normativo, el digital y el de recursos humanos, “siempre teniendo en cuenta las mejores prácticas”.

Fernández ha destacado la importancia que en este proceso ha tenido la colaboración, tanto entre unidades dentro del Ministerio de Justicia, como con otros ministerios y órganos que han prestado su orientación y ayuda, como es el caso del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o la Secretaría General de la Administración Digital.

En este sentido, en el marco de la jornada, ha tenido lugar una mesa redonda sobre la colaboración institucional en el diseño del programa de becas, con intervención de representantes del CEJ, de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En definitiva, según la directora del CEJ, este programa de becas “es el fruto del compromiso social y democrático del CEJ con la ciudadanía y la sociedad como centro de formación de funcionarios de Justicia”.

Programa de becas

El programa contempla un total de 245 becas, con una dotación global de 1,6 millones de euros. De ellas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes destinadas a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con un total de 6.611 euros anuales.

Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, con la posibilidad de ser renovadas hasta en otras tres ocasiones, consistirán en ayudas económicas directas a los beneficiarios para dar cobertura a los gastos vinculados a la preparación de la oposición. Será necesario estudiar bajo la dirección de un centro especializado o mediante preparadores privados, siempre y cuando no sean familiares del solicitante y sean miembros de las carreras o cuerpos citados, o bien juristas de una comprobada trayectoria profesional.

CAF y el Ministerio de Asuntos Económicos impulsarán la educación financiera

26 de mayo de 2022

CAF y el Ministerio de Asuntos Económicos impulsarán la educación financiera

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el presidente ejecutivo de CAF –banco de desarrollo de América Latina-, Sergio Díaz-Granados, acordaron trabajar conjuntamente para impulsar la alfabetización financiera y digital de personas mayores en España y América Latina y el Caribe.

España celebra el 20 aniversario de su incorporación en CAF y renueva su compromiso con la internacionalización de empresas españolas y con una agenda de desarrollo que priorice la transición energética, la digitalización y la lucha contra el cambio climático.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño Santamaría, y el presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina-, Sergio Díaz-Granados, firmaron este miércoles una carta de intenciones para apoyar a España y a los países de América Latina y El Caribe a desarrollar e implementar estrategias nacionales relacionadas con la educación financiera.

Teniendo en cuenta que el citado Ministerio forma parte del equipo de promotores del Plan de Educación Financiera de España (PEF) junto al Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en el texto suscrito ambas instituciones muestra el interés por trabajar de forma conjunta para abordar el problema de la alfabetización financiera y digital en las personas mayores, las mujeres y la población rural, y evitar que queden excluidos del sistema financiero debido a sus bajas capacidades digitales. Para ello, desarrollarán un programa piloto en el que se identifique esta problemática y se busquen las soluciones.

La vicepresidenta primera del Gobierno reafirmó el compromiso y vínculo de España con la CAF y Latinoamérica para “impulsar una recuperación y un crecimiento económico más sostenible desde el punto de vista financiero, medioambiental y social”.

“Fortalecer la inclusión financiera en la región es un aspecto fundamental para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de la población. Con este propósito hemos suscrito este acuerdo con el Gobierno de España, el cual nos permitirá impulsar aún más nuestro trabajo en materia de educación económica y financiera, principalmente en los sectores más vulnerables”, dijo Sergio Díaz-Granados.

XX aniversario de España como accionista de CAF

España cumple 20 años como accionista de CAF con una agenda centrada en apoyar la internacionalización de empresas españolas, canalizar nuevos recursos financieros hacia la región y aumentar la cooperación en distintos ámbitos del desarrollo latinoamericano, como son la transición energética, la sostenibilidad, la digitalización y la lucha contra el cambio climático.

Como parte de este aniversario, hoy se ha celebrado en Madrid la Conferencia CAF “Relaciones Europa – América Latina”, inaugurada por Díaz-Granados y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, un espacio de encuentro para reflexionar sobre el estado de la relación transatlántica y las oportunidades y retos futuros.?

CAF ha desarrollado proyectos que han contribuido a la integración regional; a la puesta en marcha del Mecanismo de Desarrollo Limpio; a la concesión de un crédito (2013) por 300 millones de dólares en favor del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a la escasez de liquidez del sector financiero español; o a la inversión patrimonial por 1,6 millones de dólares en la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), entre otras.

Adicionalmente, CAF ha creado plataformas y espacios de diálogo para promover los intercambios entre España y América Latina y el Caribe y promover las oportunidades existentes en la región.

CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 20 países -18 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en la ?web de CAF

El presidente del TC defiende en la universidad de Granada que la constitución de 1978 nos introdujo por la puerta grande en la modernidad constitucional

Tribunal Constitucional

Gabinete del Presidente

Oficina de Prensa

Nota informativa Nº 50/2022

El presidente del TC defiende en la universidad de Granada que la constitución de 1978 nos introdujo por la puerta grande en la modernidad constitucional

El Presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha defendido esta mañana que la Constitución de 1978 es la síntesis jurídica de un proceso de reconciliación nacional, la Transición Política, con lo que sus notas definitorias son el consenso, el compromiso compartido y el acuerdo. Se trata además de una “Constitución de verdad”, que incluye de forma prolija un extenso catálogo de derechos y libertades fundamentales así como la separación de poderes: “Nos introdujo por la puerta grande en la modernidad constitucional”, Universidad de Granada, con motivo del seminario inaugural de la Fundación Peter Häberle.

“Se dice que la Constitución española de 1978 es pétrea, pero eso es matizable.

La Constitución define las ideas generales. Es fruto del consenso por lo que es imprecisa y está abierta al desarrollo del legislador y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, ha reflexionado durante su ponencia “La Constitución española: contexto, vigencia y reforma”, al tiempo que ha destacado la importante labor del Tribunal para dotar a los derechos fundamentales de contenido esencial, garantías y protección.

Por otro lado, el Presidente del TC, que ha estado acompañado en el acto por la Magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Balaguer, sin entrar en el fondo de los aspectos que habría que reformar, ha apelado a que las generaciones jóvenes tienen derecho a decidir el modelo jurídico y político con el que quieren convivir, acomodando así el texto constitucional a cada tiempo pero preservando los principios y valores constitucionales vigentes y relevantes. Eso sí, ha insistido, la hipotética reforma compete a los operadores políticos y en todo caso, es necesario que exista consenso y distensión política.

Por su parte, la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez, ha abordado el importante tema de la Conferencia sobre el Futuro de Europaque fue presentada por la Comisión Europea el 9 de mayo de 2020, Día de Europa. Dos años después, el 9 de mayo de 2022 se presentaron las “Conclusiones” alcanzadas por la Conferencia como resultado de los trabajos realizados durante ese periodo.

La profesora Yolanda Gómez ha señalado los objetivos de esta Conferencia, principalmente, escuchar a la ciudadanía y profundizar en los mecanismos de participación y consolidación de una Europa de los ciudadanos. Ha destacado igualmente, la importancia de la creación de múltiples grupos de trabajo temáticos y la aplicación de la metodología en la que mediante una plataforma digital multilingüe los ciudadanos han podido compartir ideas y enviar contribuciones en línea, que se han recopilado, analizado y publicado durante toda la Conferencia.

En el seminario también han intervenido el Decano de la Facultad de Derecho, José Luis Pérez-Serrabona y el Vicerrector de Política Institucional y Plantificación Universidad de Granada, Pedro Mercado.

Madrid, 30 de mayo de 2022

Dayana Trigo Ramos. La Habana. Cuba

De su obra “testigo sólido”, 3

Dayana Trigo Ramos was born on March 7, 1990, in Cuba, Havana City. She lives and works in Havana City. She graduated from the National School of Fine Arts “San Alejandro” (2009) and Visual Arts Faculty of Higher Institute of Art (2014). Her first installation Metropolis (2006) was part of the collateral projects of the IX Biennial of Havana. She participated in S-T, a collective exhibition in May, 2009, at Cultural Center of Stockholm, Sweden. She was a member of the 4th Pragmatic and educational project of the artist René Francisco Rodríguez. During the period of 2010-2013 in the 4th Pragmatic, she made exhibitions such as CLASSPOOL, BANKRUPTCY and TRUST, including her participation in the 1st TRIENNIAL “OFFSIDE EFFECT”, in Georgia (May, 2012) and in CARTOGRAPHY OF THE IMPOSSIBLE, at the Center of Contemporary Art Wilfredo Lam (April, 2013). With the 4th Pragmatic, she was invited to the XI Biennial of Havana with the GENEROUS CITY project. Her first solo exhibition was THE SICKNESS OF OBLIVION (2013). In 2014 she presented the solo exhibition PERPETUAL CIRCULATION, research to get her Bachelor Degree of Fine Arts. She participated in the Can Serrat Art Residency, Barcelona, Spain in 2018, where developed the Personal Project: Concentric Horizons. She was invited to the XIII Havana Biennial with the project THE LEEDSKALNIN MACHINE AND OTHERS STORIES. She has been nominated to the CIFO’s Grants and commissions programs. She was selected as part of the Artistic Practices Residency program of Azkuna Zentroa (Bilbao) in collaboration with the Artist X Artist program that will take place in September 2022. She is currently benefited by the Carolina Foundation with a grant for the MiAC program of the Faculty of Fine Arts of the Complutense University of Madrid.

Dayana Trigo Ramos nació en Cuba, Ciudad de La Habana, el 7 de marzo de 1990. Reside y trabaja en Ciudad de La Habana. Graduada de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro (2009) y de la Facultad de Artes Visuales del Instituto Superior de Arte (2014). Su primera instalación URBE (2006) fue parte de los proyectos colaterales de la IX Bienal de La Habana. Participó en la muestra colectiva S-T en mayo de 2009, en el Centro Cultural de Estocolmo, Suecia. Fue integrante del grupo 4th pragmática y proyecto pedagógico del artista René Francisco Rodríguez. Como parte de este proyecto realizó una serie de exhibiciones como CLASSPOOL, BANCA ROTA y TRUST, incluyendo la participación en la 1st TRIENAL “OFFSIDE EFFECT”, en Tiblisi, Georgia (mayo del 2012) y en la curaduría CARTOGRAFÍA DE LO IMPOSIBLE, en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam (abril del 2013). Junto al grupo, fue invitada a la XI Bienal de La Habana con el Proyecto CIUDAD GENEROSA. Su primera exhibición personal fue ENFERMEDAD DEL OLVIDO (2013). En el 2014 realizó la exhibición personal CIRCULACIÓN PERPETUA, investigación para obtener la licenciatura. Realizó la Residencia de Arte Can Serrat en el 2018 donde desarrolló el proyecto personal Horizontes Concéntricos. Fue invitada a la XIII Bienal de La Habana con el proyecto LA MÁQUINA DE LEEDSKALNIN Y OTROS RELATOS. Ha sido nominada al programa de Becas y Comisiones de la Fundación CIFO. Fue seleccionada como parte del programa de Residencia de Prácticas Artísticas de Azkuna Zentroa (Bilbao) en colaboración con el programa Artista X Artista que tendrá lugar en septiembre del 2022. Actualmente es beneficiada por la Fundación Carolina con una beca de estudios para el programa MiAC de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

El XVIII Foro Medcap concluye tras más de 1.000 reuniones entre pequeñas y medianas empresas e inversores

El XVIII Foro Medcap concluye tras más de 1.000 reuniones entre pequeñas y medianas empresas e inversores

26 mayo 2022

BME

•Miogroup, EiDF, LLYC y Ecoener, candidatos a los European Small and Midcap Awards que concede cada año la Federación Europea de Bolsas (FESE)

•Cerca de 800 personas han asistido de forma presencial y más de 350 han seguido vía streaming los distintos paneles del Foro

La decimoctava edición del Foro Medcap ha concluido hoy después de tres días de intensa actividad. El evento ha contado con la presencia de 110 empresas y más de 150 inversores, el 20% internacionales, que han mantenido más de un millar de reuniones. También se han celebrado paneles públicos y presentaciones rápidas (discovery meetings) en las que las compañías de menor tamaño han podido presentar a los inversores sus planes de negocio.

El Foro Medcap, que ha vuelto a ser presencial este año después de dos ediciones online a causa de la pandemia, ha contado con cerca de 800 asistentes en la Bolsa de Madrid y más de 40 periodistas acreditados, mientras que más de 350 personas han seguido vía streaming los paneles.

Durante el cóctel con el que se ha puesto punto final al evento se han anunciado las candidaturas españolas a los European Small and Midcap Awards, los premios para pequeñas y medianas empresas cotizadas que concede cada año la Federación Europea de Bolsas (FESE). Miogroup es candidata en la categoría de Star of Innovation; EiDF, en la de Rising Star; LLYC, en la de Star of 2021 y Ecoener, en la de International Star.

Estos galardones, que se entregarán a finales de noviembre en una ceremonia en Praga, destacan el papel crucial de las pequeñas y medianas compañías, que representan un 98% del tejido empresarial de la Unión Europea, dos tercios del empleo y en torno al 60% del PIB de la región.

“Estamos muy satisfechos con cómo se ha desarrollado esta edición del Foro Medcap, en la que empresas e inversores han podido reencontrarse en persona en el Palacio de la Bolsa. Este evento cumple desde su creación hace ya 18 años una función necesaria, al ofrecer a las pequeñas y medianas cotizadas una mayor visibilidad y recordar a los inversores que los mercados financieros están abiertos a todo tipo de compañías, independientemente de su sector o tamaño”, afirma Jesús González Nieto-Márquez, director gerente de BME Growth.

Entre otras cuestiones de actualidad, el Foro ha abordado en sus distintos paneles a lo largo de estos tres días asuntos como los efectos de la crisis geopolítica en sectores estratégicos, las soluciones para una estrategia ESG eficiente para empresas e inversores, el papel de la Renta Fija como aliada para la financiación empresarial, los retos de la transición energética, la capacidad de la tecnología, la digitalización y el Big Data para impulsar a las empresas de menor tamaño a competir a gran escala o el salto de dimensión que la Bolsa supone para las pequeñas y medianas compañías.

El Foro Medcap ha vuelto a contar con Deloitte como patrocinador principal, mientras que Renta 4 Banco, Norbolsa, GVC Gaesco, EthiFinance Ratings, Morningstar, World Television (WTV) y Vadevalor han sido patrocinadores e Instituto BME, CFA Society Spain, IEAF y Atribus, colaboradores.

Puedes encontrar todas las imágenes del evento aquí y también puedes volver a ver los paneles del Foro y encontrar toda la información en este enlace.

Raquel Sánchez anuncia en Palma la firma de un convenio que facilitará el acceso a la vivienda a más de 800 familias

Raquel Sánchez anuncia en Palma la firma de un convenio que facilitará el acceso a la vivienda a más de 800 familias

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – 27.5.2022

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, ha visitado Baleares para anunciar un acuerdo sobre el Cuartel de Son Busquets y para poner la primera piedra de 25 viviendas sociales en alquiler en Palma.

La ministra Raquel Sánchez ha mantenido una reunión, en la sede del Gobierno balear, con la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol, tras la que ha anunciado que Mitma y el Ministerio de Defensa han llegado a un acuerdo respecto al Cuartel de Son Busquets por el que se redactará un convenio, que será firmado a finales de este año, y que facilitará la construcción de viviendas para más de 800 familias.

La ministra Raquel Sánchez y la presidenta de Illes Balears, Francina ArmengolLa ministra Raquel Sánchez (derecha) y la presidenta de Illes Balears, Francina Armengol

La titular de Mitma, que ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha valorado el trabajo conjunto realizado desde el Gobierno, el Govern y el impulso decidido del alcalde Palma, José Hila, para llegar a este acuerdo que supone la constatación del compromiso del Ministerio con la vivienda en esta comunidad autónoma, a través de proyectos ambiciosos sobre alquiler asequible, rehabilitación y regeneración urbanas.

Inversiones de Mitma para vivienda en Baleares
Durante su intervención, la ministra ha puesto de manifiesto la apuesta de Mitma por la vivienda en Baleares, con unos objetivos muy marcados y para lo que se van a invertir este año 8 millones de euros del Plan Estatal 2022-2025. A esto, hay que sumar otros 4,8 millones del Bono de Alquiler Joven.

Durante el repaso de temas con la presidenta balear, Raquel Sánchez también ha expuesto la aplicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de los que el Ministerio ya ha transferido más de 52 millones a Baleares con los objetivos de rehabilitar 8.737 viviendas para la recuperación económica y social en entornos residenciales y, además, construir 492 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Un esfuerzo de coordinación y cooperación administrativa que, según la ministra, también va a hacer realidad las 25 viviendas del plan de alquiler asequible del edificio de la calle Lope de Vega, 3, en Palma, cuyo inicio de obras han visitado hoy.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el desbloqueo del proyecto en Can Escandell, en Ibiza, donde serán una realidad 532 viviendas protegidas de las que 464 serán aportadas por Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo del Ministerio, y cuyas obras se espera empezar a principios de 2023.

Mitma garantiza la movilidad y la conectividad del archipiélago
Por otra parte, Raquel Sánchez ha anunciado que el Gobierno de España va a apoyar y financiar el proyecto del Tranvía de la Bahía de Palma, una infraestructura que es clave para transformar la movilidad urbana y el transporte público en Palma y de gran trascendencia para una ciudad cuyo aeropuerto puede llegar a mover 41 millones de pasajeros al año.

Según ha afirmado la ministra, el Ministerio lo valora positivamente por su importancia para la movilidad cotidiana y su ayuda a la descarbonización.?

En la reunión con la presidenta de Baleares, la ministra ha mostrado la firme determinación del Ministerio para garantizar la conectividad del archipiélago, como ya se concretó desde junio de 2018 cuando se solventaron las dificultades para aplicar el descuento del 75% al transporte de los residentes no peninsulares con el resto del territorio nacional y que, en los actuales presupuestos, se refleja la continuidad de este compromiso con la dotación de 270 millones de euros.

Raquel Sánchez, por último, ha asegurado que el compromiso del Ministerio es el de garantizar una vivienda digna y asequible, garantizar su movilidad, garantizar oportunidades y garantizar las inversiones necesarias para conseguirlo con Baleares.

Para ello, Mitma dispone este año de unos presupuestos que superan los 500 millones de euros y que ya se están materializando y ejecutando, dado que en los tres primeros meses del año ya se han ejecutado más de un tercio de las inversiones previstas y, las cifras de licitación en Baleares, superan en un 8% las realizadas en el mismo periodo del pasado año.

Primera piedra de 25 viviendas en Palma
La ministra Raquel Sánchez en el acto de puesta de la primera piedra de 25 viviendas en PalmaLa ministra Raquel Sánchez en el acto de puesta de la primera piedra de 25 viviendas en Palma

Durante su visita a Palma, Raquel Sánchez también ha presidido el acto de puesta de la primera piedra para la construcción de 25 viviendas asequibles de protección pública en la ciudad, acompañada por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio, David Lucas. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con discapacidad y el edificio será levantado siguiendo un modelo sostenible.

El edificio se ubicará en la calle Lope de Vega de la ciudad y se edificará con la técnica de la minería urbana del siglo XXI que utiliza y recicla los materiales de los edificios demolidos para construir los nuevos. Este tipo de actuaciones, tal y como ha remarcado la ministra, sitúa a las Illes Balears en la vanguardia del nuevo modo de concebir la producción sostenible en el ámbito de la construcción.

Asimismo, ha reivindicado acciones concretas como esta construcción para promover el acceso a una vivienda asequible, especialmente en las zonas más tensionadas. Al respecto, ha apuntado que hacerlo en zonas como las Illes Balears es una prioridad para el Ministerio.

Plan de Vivienda para Alquiler Asequible
La construcción de estas 25 viviendas en este edificio forma parte del acuerdo firmado con el Consell de Mallorca y el Govern Balear que supondrá la financiación de 10 promociones de vivienda en esta Isla y la construcción de 177 viviendas para el alquiler asequible o social, en el marco del Plan de vivienda para el alquiler asequible.

En este contexto, la ministra ha recordado que el objetivo del Gobierno es poner a disposición de las familias 100.000 viviendas a través de diversas fórmulas como los Planes Estatales, los convenios con las entidades locales y el impulso directo a la construcción de viviendas en suelo público con colaboración de Sepes.

En esta línea, ha anunciado que Son Busquets, una de las actuaciones largamente anheladas de este Plan, muy pronto comenzará a ser una realidad. Que esto suceda, tal y como ha remarcado Raquel Sánchez, es gracias al esfuerzo, al trabajo y al diálogo entre el Estado, Illes Balears y Ayuntamiento de Palma.

Ley de Vivienda, Planes Estatales y Plan de Recuperación
Además del Plan de alquiler asequible, la ministra ha mencionado otras medidas en materia de vivienda, como la Ley de Vivienda, los planes estatales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Respecto a la futura Ley de Vivienda que se está tramitando, la ministra ha dicho que se configurará como una herramienta fundamental al ser la primera norma que regula las políticas de vivienda como servicio público de interés general y que blinda dicha función.

Por su parte, ha explicado que los planes estatales de vivienda se han convertido en un mecanismo decisivo que permite afrontar, a través de las comunidades autónomas, numerosas situaciones con un marcado carácter social.

De hecho, ha concretado que el Plan Estatal 2018-2021 ha permitido financiar la construcción en Illes Balears de 61 viviendas destinadas al alquiler asequible, 97 al fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad y la rehabilitación de 96 viviendas, entre otras actuaciones.

Respecto al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, ha remarcado que cuenta con una aportación del Estado que superará los 32 millones de euros en las Islas y que irá destinado sobre todo al fomento del alquiler asequible.

PRTR: 52 millones para rehabilitación y alquiler asequible en Baleares
Sobre el Plan de Recuperación, la ministra ha asegurado que en las Illes Balears ya se han distribuido unos 52 millones de fondos europeos destinados a los programas de rehabilitación de barrios y edificios, incluida la de edificios públicos, y a proyectos de construcción de viviendas para el alquiler asequible o social en edificios energéticamente sostenibles.

Con todo, la responsable de Mitma ha incidido en que desde el Ministerio se está impulsando, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, una política muy ambiciosa para garantizar el alquiler asequible, la rehabilitación y la regeneración urbana, así como la Agenda Urbana Española como guía para la sostenibilidad social, económica y medioambiental de las ciudades.

El IPC sigue en cifras escandalosas y se acerca cada vez más al subyacente

Sindicato USO

El IPC sigue en cifras escandalosas y se acerca cada vez más al subyacente

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13 mayo, 2022 Notas de prensa

Los precios relacionados con vivienda y transporte siguen soportando subidas inasumibles, a las que se suma la alimentación

El IPC de abril sube un 8,3% y la tasa subyacente sube hasta el 4,4 %. “Y hemos visto que la lectura que se hace de ello es que sube un punto y medio menos que en marzo, y que los grupos de vivienda y transporte también suben menos que en marzo. En USO nos parece una burla decir que, con un alza de precios del 8,3 % nos tengamos que alegrar de que sube punto y medio menos que en marzo. No, la inflación está en el 8,3 % y eso es escandaloso, para la economía en su globalidad, pero, especialmente, para los trabajadores y los hogares”, manifiesta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

El alza en los precios relacionados con la vivienda se sitúa en el 18,8 %; y la del transporte, en el 12,8 %. “Datos que se destacan como buenos, por su bajada con respecto a marzo, pero que, repetimos, son escandalosos”, incide Pérez.

A esto hay que sumarle “el aumento en los precios de la alimentación, 10,1 % anual y 3 puntos por encima de marzo, pero también el ocio y los cafés y restaurantes. Los altos precios de la energía y el transporte están ya repercutiéndose en el resto de productos, como se observa en que la inflación subyacente haya subido un punto y esté más cerca de la inflación real. Ya no sirve ni la excusa de que hay que observar ese indicador porque es el más fiable. O se actúa sobre la política energética, o los precios se desbocarán, usemos el indicador que usemos”, advierte el secretario general de USO.

Por ello, Joaquín Pérez vuelve a pedir “ligar los salarios a la inflación, al IPC real, no al subyacente o a cualquier otro invento, como se hizo con las pensiones. La cláusula de revisión salarial tiene que servir para, como mínimo, no perder poder adquisitivo. Hablar de 1, 2 %, productividad completamente subjetiva… es asumir que la subida de precios la volveremos a pagar los trabajadores. Vale ya de tanta pasividad, llevamos ya demasiados meses de empobrecimiento de la sociedad”.

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

25/05/2022

La Oferta de Empleo Público para 2022 contempla 7.677 plazas para la Administración de Justicia

Un total de 1.732 plazas corresponden a la OEP ordinaria, mientras que las restantes 5.945 pertenecen a la OEP extraordinaria de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado

.Estas plazas, que serán convocadas en los próximos meses, se distribuyen entre el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de personal.

25 de mayo de 2022.- Las Ofertas de Empleo Público (OEP) ordinaria y extraordinaria de estabilización de empleo temporal de 2022 en el ámbito de la Administración General del Estado contemplan un total de 7.677 plazas para la Administración de Justicia, según se recoge en los Reales Decretos 407/2022 y 408/2022 publicados hoy en el BOE.

Estas plazas, que se distribuyen entre el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia y entre las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de personal, serán convocadas en los próximos meses.

De este conjunto de 7.677 plazas, 1.732 corresponden a la OEP ordinaria para este año. De ellas, 940 plazas serán de turno libre y las otras 792 se destinarán a la promoción interna, en una muestra de la decidida apuesta del departamento que dirige Pilar Llop por potenciar este sistema.

En esta misma línea, el pasado mes de marzo se convocaron otras 985 plazas de estas características, correspondientes a ofertas pendientes de ejercicios anteriores.

Reparto

Del total de plazas recogidas en la OEP ordinaria para la Administración de Justicia, 328 corresponden al territorio Ministerio, mientras que a las comunidades autónomas con competencias transferidas se reservan 1.404 plazas. El reparto final de todos estos puestos de trabajo será fijado en las convocatorias concretas de los procesos selectivos correspondientes.

Por otra parte, 5.945 plazas se destinan a la OEP extraordinaria de estabilización de empleo temporal en la Administración de Justicia. De ellas, 1.776 corresponden al territorio Ministerio, mientras que las 4.169 restantes se reservan a las comunidades autónomas con competencias asumidas. Estas plazas deberán estar convocadas antes de finalizar este año, como se prevé en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que responde a un compromiso adquirido con la Comisión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los procesos selectivos tendrán que estar finalizados antes del fin de 2024, con lo que se conseguirá reducir la temporalidad en la Administración de Justicia por debajo de un 8% respecto al total del personal.

Novedades

A nivel general, las OEP ordinaria y extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado cuentan con un total de 44.787 plazas. De ellas, 34.151 corresponden a la oferta ordinaria, y las 10.636 restantes, a la oferta de estabilización. También, se acumularán todas las OEP de 2020 y 2021 que aún no hayan sido convocadas a las de la OEP 2022.

Además, el Real Decreto que regula la OPE ordinaria introduce algunas novedades en cuanto a la selección. Estas novedades derivan del documento de Orientaciones presentando en mayo de 2021, fruto de las aportaciones realizadas por los sectores más representativos del empleo público, como son todas las administraciones públicas (incluida la UE), organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y personas que preparan oposiciones.

Se introducen, así, medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Entre ellas, destacan la elaboración y puesta a disposición de manera gratuita de materiales de ayuda a la preparación de las oposiciones, como los códigos normativos elaborados por el BOE.

También se contempla la elaboración de un estudio de ayudas económicas, siguiendo el camino emprendido por el Ministerio de Justicia en sus ayudas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado.

Un juez de Pamplona plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma foral que grava la plusvalía municipal

Miércoles, 25 de mayo de 2022

Un juez de Pamplona plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma foral que grava la plusvalía municipal
Considera que el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995, modificada por la Ley 19/2017, regula el método para determinar la base imponible del impuesto de idéntica forma al método establecido en los artículos ya declarados inconstitucionales de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Autor Comunicación Poder Judicial

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pamplona ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, modificada por la ley 19/2017, “por su eventual oposición a la prohibición de confiscatoriedad contenida en el artículo 31.1 de la Constitución Española”.

En el auto, contra el que no cabe recurso, el juez explica que la duda de inconstitucional sobre la norma foral que grava la plusvalía reside en dos aspectos. En primer lugar, “en la medida en que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo que media entre su adquisición y transmisión, con independencia de que efectivamente haya existido ese incremento de valor”.

Y, en segundo término, añade el magistrado, en que “en aquellos casos en que existe incremento de valor, fija la base imponible del impuesto con total desconexión de la cuantía real de ese incremento”.

En este sentido, el juez cita una sentencia del Tribunal Constitucional —182/2021—, cuya redacción es análoga a la establecida en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995. “Y a juicio del Tribunal Constitucional, la relación existente entre la cuota tributaria resultante a raíz de aplicar las reglas de determinación de la base imponible y aplicar el tipo impositivo, y el efectivo incremento de valor experimentado, supone una carga fiscal excesiva, hasta el punto de incurrir en la prohibición de confiscatoriedad que opere a modo de límite al gravamen”, indica.

Es decir, en el presente caso, argumenta el magistrado, el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995 regula el método para determinar la base imponible del impuesto de idéntica forma al método establecido en los artículos declarados inconstitucionales de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por lo tanto, resulta contrario al principio de capacidad económica, por lo que procede plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del citado artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 en línea con la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021.

Este pleito tiene su origen en un recurso contencioso administrativo interpuesto contra una resolución del Ayuntamiento de Pamplona de 17 de septiembre del 2021 relativa a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Admitido a trámite el recurso, la vista oral se celebró el pasado 10 de marzo. La parte recurrente se ratificó en la demanda, mientras que el Ayuntamiento de Pamplona se opuso. El asunto quedó visto para sentencia.

Sin embargo, el 1 de abril el juez dictó una providencia (resolución judicial) en la que advertía de la posible existencia de un supuesto de inconstitucionalidad en los artículos 175 y 176 de la citada ley foral. Dio traslado al Ministerio Fiscal y al Ayuntamiento de Pamplona para que presentaran alegaciones, tras lo cual ha dictado este auto en el que plantea al Tribunal Constitucional esta cuestión.