El 95% de los municipios de más de 500 habitantes que no disponían de servicios financieros cuentan ya con puntos de acceso

Economía, Comercio y Empresa – 15.7.2024

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado la necesidad de asegurar el acceso de los ciudadanos a servicios financieros personalizados en zonas de menor renta o más presencia de mayores.

Carlos Cuerpo ha mantenido una nueva reunión del Foro de seguimiento de inclusión y buenas prácticas financieras con las patronales de las entidades de crédito (AEB, CECA y UNACC), con representantes de los usuarios financieros y con el Banco de España. El encuentro ha contado también con la presencia del Defensor del Pueblo, que se incorporará de forma permanente a este foro.

El ministro ha destacado los buenos datos de avance en los ámbitos de inclusión financiera y rural a la vez que ha señalado la necesidad de seguir trabajando. En este sentido, ha puesto de manifiesto que “tenemos una hoja de ruta a la que vamos añadiendo elementos y un modelo de colaboración institucional eficaz. La aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiera va a ser fundamental para cerrar el marco de protección e inclusión de los clientes financieros”.

Inclusión rural

El ministro ha constatado los avances que se han producido en la hoja de ruta para la inclusión financiera en el ámbito rural, suscrita por las patronales en octubre de 2022.

Hasta la fecha, se ha logrado dar cobertura, a través de la instalación de cajeros u otras modalidades alternativas como los Ofibuses, al 95% de los 243 municipios de más de 500 habitantes que no disponían de punto de acceso a servicios financieros.

A la lista de municipios identificados originalmente se han sumado 10 más debido a los movimientos poblaciones. El 5% de municipios que no disponen de acceso a servicios financieros han declinado la provisión de soluciones específicas.

Asimismo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la provisión de soluciones para garantizar el acceso a los servicios financieros en los municipios de menos de 500 habitantes.

En este sentido, Carlos Cuerpo, ha recalcado la necesidad de disponer de información específica sobre la casuística de estas localidades, en cuanto a población y el uso y provisión de efectivo, para garantizar que se ofrecen las soluciones más adecuadas. Por ello, ha animado al Banco de España a continuar con sus trabajos en este ámbito y a las entidades financieras a participar de las soluciones.

Avances en inclusión financiera y atención personalizada: encuestas para conocer el grado de satisfacción y medidas adicionales

Respecto al Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, todos los participantes han valorado muy positivamente las medidas adoptadas para garantizar la inclusión financiera de los mayores y personas con discapacidad, que están dando lugar a una mejor atención, más cercana y adaptada.

A la luz de los datos presentados por las patronales bancarias, se han producido avances en la atención presencial, mejoras en los horarios de atención al público, con más del 80% de oficinas con horario ampliado; el incremento hasta más del 90% del número de cajeros adaptados y 660.000 personas mayores que han recibido formación financiera.

Se ha constatado, sin embargo, la necesidad de seguir avanzando en materia de inclusión financiera. Para garantizar la calidad de los servicios y el grado de satisfacción de los clientes, el Ministerio y el Banco de España trabajarán con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para realizar una encuesta sobre inclusión financiera

Análisis de la inclusión financiera en el entorno urbano

El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha presentado un informe preliminar sobre la distribución de oficinas bancarias en las 15 ciudades más pobladas de España realizado por el Ministerio, con el objetivo de disponer de un análisis riguroso sobre la distribución de oficinas en entornos urbanos.

En las conclusiones principales se puede observar que existe un cierto sesgo en la distribución de oficinas bancarias hacia las secciones de mayor renta. El ministro ha insistido en la necesidad de asegurar que el acceso a servicios financieros personalizados también se mantiene en los barrios de menor renta o mayor presencia de mayores.

Se prevé extender un año el Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad

En la reunión se ha tratado, igualmente, la aplicación de los Códigos de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios suscritos con el sector financiero. El Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad, puesto en marcha en enero de 2023, se planteó como una medida preventiva para dar una red de seguridad para los deudores vulnerables más afectados por la subida de los tipos de interés, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera.

El uso de las medidas que prevé el Código está siendo relativamente menor, lo que constituye una buena noticia y refleja la mejora en la posición financiera de los hogares españoles. No obstante, ante una reducción más lenta de lo anteriormente previsto en los tipos de interés, se ha anticipado la intención de prorrogarlo a finales de año durante un año más, hasta diciembre de 2025, por su utilidad para dar cobertura a los casos de familias vulnerables que todavía puedan necesitarlo.

Carta al Defensor del Pueblo

El Foro de seguimiento de buenas prácticas financieras ha contado con la participación del Defensor del Pueblo, que se incorporará a estas reuniones periódicas de forma permanente

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado el envío de una carta al Defensor del Pueblo en la que manifiesta su alineamiento con las recomendaciones efectuadas, destacando el trabajo que se viene efectuando en esta materia desde el Gobierno y con las patronales bancarias y asociaciones de usuarios, y la importancia de la aprobación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para dar cumplimiento a la mayor parte de las cuestiones planteadas

El ministro ha reiterado que se trata de un proyecto prioritario para el Gobierno, que actuará como colofón para completar el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros, prestando especial atención a los elementos destacados por el Defensor del Pueblo, como las cuentas de pago básicas, la atención a mayores y discapacitados y el acceso al efectivo en zonas rurales.

Adicionalmente, Carlos Cuerpo ha destacado las normas que actualmente están en tramitación dirigidas a proteger los intereses de los consumidores, como son la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (ley SAC), el Anteproyecto de ley de Administradores de Créditos y los compradores de créditos o la tramitación de una nueva Ley de Contratos de Crédito al Consumo que se iniciará en breve.

La Seguridad Social registra 2.801.255 afiliados extranjeros en junio, el 13,2% del conjunto de trabajadores

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 16.7.2024

En el último mes, se contabilizan 10.992 personas ocupadas más procedentes de otros países. El registro diario se ha mantenido por encima de los 2,9 millones de afiliados extranjeros entre los días 14 y 20 de junio.

La Seguridad Social registró 2.801.255 afiliados extranjeros en junio, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, tras sumar 10.992 ocupados. Se trata de la cifra más alta de ocupación entre los trabajadores foráneos, un récord que también se registra en la serie original.

Desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 638.856 trabajadores procedentes de otros países.

Esta cifra representó en junio el 13,2% del total de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados.

En términos medios y sin desestacionalizar, es decir, en la serie original, la Seguridad Social registró 2.899.003 afiliados procedentes de otros países, el registro más elevado de la serie tras sumar 16.036 afiliados en junio respecto al mes anterior.

El registro diario de afiliados extranjeros se ha mantenido por encima de los 2,9 millones entre los días 14 y 20 de junio, y el resto del mes, por encima de los 2,8 millones.

Afiliación media

La afiliación media ha sumado 16.036 ocupados en junio (0,56%) y 200.399 en los últimos doce meses (7,4%) y alcanza su máximo histórico. Así, el porcentaje de trabajadores extranjeros sobre el total de personas afiliadas a la Seguridad Social se sitúa en la serie original en el 13,6%.

El 32% son trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. Del conjunto de nacionalidades, Rumanía es el país del que proviene el mayor número de trabajadores, seguido por Marruecos, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Del total de personas afiliadas procedentes de otros países, son hombres cerca de 1,6 millones y el número de mujeres extranjeras se aproxima a los 1,3 millones, tras crecer un 38,6% desde antes de la pandemia, 4 puntos más que los hombres.

Más de 70.000 afiliados ucranianos

Entre otras nacionalidades, hay 71.642 afiliados procedentes de Ucrania, 24.383 más que en enero de 2022, cuando aún no había empezado la guerra, lo que representa un crecimiento de 51,6%.

La mayoría de los trabajadores procedentes de Ucrania, cerca del 85%, están en el Régimen General (son asalariados) y el 15,2% son trabajadores autónomos.

Regímenes y sectores

En conjunto, un 84,1% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General, con 2.437.229 trabajadores, que se incrementa un 0,5% respecto a mayo de 2024. La proporción es similar al conjunto de trabajadores, alrededor de un 84% está encuadrado también en este Régimen General.

En los últimos 12 meses, seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Actividades Administrativas (11,3%), Actividades Sanitarias (11,2%), Actividades Artísticas (10,3%) y Actividades Financieras (10,3%). También crecen especialmente otros sectores como Hostelería (10,3%), Transporte (10%), Suministro de Energía (9,6%) y Comercio (9,4%).

Actividades de alto valor añadido

Este crecimiento interanual es también muy destacable en actividades de alto valor añadido donde se observa un crecimiento notable en sectores como como Información y Telecomunicaciones, que aumenta un 8% y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con un incremento en el último año del 6,7%.

Por actividades, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en sectores como: Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,9%), Hostelería (28,4%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (25,2%), y Construcción (20,9%). En el Sistema Especial del Hogar, el 45% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, el 36,2%.

Por su parte, el Régimen de Autónomos contabilizó 455.778 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,5% del total de trabajadores autónomos. En el último año, los afiliados extranjeros en este régimen han aumentado un 7,3%.

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social en junio

La opción liquidatoria sigue siendo la predominante en el sistema concursal español

11/07/2024 Registradores

El año 2023 ha estado especialmente marcado por la entrada en vigor del libro tercero de la Ley 16/2022, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico los nuevos procedimientos especiales para microempresas como alternativa a los procedimientos concursales ordinarios o “tradicionales”. En el anuario 2023 se han registrado un total de 495 de estos procedimientos, en su gran mayoría (96,2%) de liquidación. El total de concursos de la muestra se ha reducido en 2023 en un 17,8% tras el gran incremento experimentado en 2022 (que fue del 26,7%), así como también lo han hecho los pasivos inmersos en estos procedimientos (ordinarios y especiales) en más de un 50%, superando levemente los 5.000 millones de euros (10.500 en 2022). La concursada típica continúa perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios) e inicia el procedimiento con once años de antigüedad. Este año sólo un 9,6% tendrían capacidad para cancelar sus deudas en 5 años, y el 66,3% han obtenido un resultado neto negativo.

Estas son algunas de las conclusiones extraídas del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores, con el asesoramiento científico de la UAB, cuyo estudio completo se puede consultar en https://www.registradores.org/actualidad/portal-estadistico-registral/estadisticas-concursales

La deteriorada situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento, sea ordinario o especial, y voluntario en el 97% de los casos, se ha convertido en una característica estructural más del mismo: dos terceras partes tienen resultados netos negativos y más del 50% ni tan siquiera generan recursos positivos para atender su deuda. Aquellas sociedades que inician el procedimiento en 2023 presentan fondos propios negativos en el 47% de los casos (53,6% en 2022), y tan sólo el 16,5% habría tenido capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal (13% en 2022).

En 2023 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción continuó estable alrededor del 20% (21,6%) manteniendo, por tanto, la distancia con el 27,3% de 2017. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 63,2% de las sociedades.

Reasignación de recursos y recuperación del crédito

En 2023, de las 1.514 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 90,8% (87,9 en 2022) fueron liquidaciones directas, y un 6,7% (6,6 en 2022) liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración. Por primera vez, las liquidaciones sobrepasan el 95% del total de fases sucesivas iniciadas (97,4%).

En más de 2.660 casos (2.800 en 2022 y 2.700 en 2021), se declaran concursos sin masa, es decir, sin recursos suficientes para atender los costes del procedimiento; y tan solo en 10 casos se inicia la fase de liquidación posterior, indicando así que finalmente sí disponían de recursos suficientes para sufragar el procedimiento concursal.

En relación con las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana de la expectativa de cobro de las deudas en 2023, 48,8%, fue ligeramente superior a años anteriores (47,7% en 2022, 47,5% en 2021 y 47,6% en 2020), siendo de un 58,7% para convenios aprobados en fase común (sin apertura de fase de convenio, y por tanto más ágiles). En un 25% de los casos esta expectativa de cobro es superior al 80,3% de las deudas (67% en 2022), y en un 5% de los mismos se devolvería más del 94,8% (96% en 2022) de las deudas.

Duración del concurso 

Con las novedades procesales introducidas por la Ley 16/2022 ha sido necesario realizar cambios metodológicos que afectan al análisis por tipo de tramitación (los procedimientos abreviados desaparecen), por lo que ahora se diferencia entre concursos de mayor y menor complejidad (por encima o por debajo de 5 millones de pasivos). Diferenciando por tipología, el 85,5% de los concursos de menor complejidad alcanzan la fase sucesiva (convenio o liquidación) en un año o menos, porcentaje sorprendentemente similar para los concursos de mayor complejidad (85,1%). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2023 se ha estimado que el concurso de menos complejidad típico (liquidatorio) tarda 351 días en concluir, 1.678 días (1.484 en 2022) si excluimos los concursos sin masa y exprés (aquellos con conclusión de concurso simultánea a la declaración); mientras que los de mayor complejidad requieren de 2.430 días (2,877 en 2022 y 2.716 en 2021). La mayor parte de este tiempo, de nuevo, se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

Por su parte, los concursos denominados “sin masa”, con y sin nombramiento de administrador concursal, y que han concluido en 2023, han tenido una duración media de casi 70 días; y poco más de un mes un el 5% de los casos.

En este anuario no se observa asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común (tiempo atribuible enteramente al procedimiento y no a operaciones societarias como la liquidación), pero sí se constata una mayor presencia de sociedades del sector de la construcción en aquellas fases comunes más lentas. Un año más, es en el grupo de concursos de mayor complejidad y duración donde encontramos el 5% de empresas de mayor tamaño de toda la muestra, con pasivos superiores a los 68 millones de euros, cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en los 7,3 millones de euros.

Ciclo de la Construcción

En 2023, pese a la disminución en el número de concursadas de la muestra analizada, aquellas pertenecientes al ciclo de la construcción mantienen su peso sobre el total en alrededor del 21%, lejos ya del 32,8% de 2015, o el 41,1% de 2013. Del total de pasivos afectados en 2023 (poco más de 5.000 millones, frente a los más de 10.500 millones de 2022 o los 3.400 millones de 2021) la participación de la construcción se situó en un 18,8% de ese importe. 

En 2023, de nuevo han sido las sociedades de la industria para la construcción las que reflejaron los peores niveles de viabilidad: en caso de generar recursos positivos (36,5% de los casos) requerirían 17 años para atender la totalidad de sus pasivos. Las dedicadas a las actividades inmobiliarias mantienen ese tiempo en 10 años, como en 2022 (frente a los 16 de 2021 y los 25 de 2020). La sociedad típica del subsector de la construcción con recursos generados positivos, alrededor del 45% del total, tardaría 14 años (16 en 2022, 10 en 2021) en atender todas sus deudas

El CGPJ considera necesario el ingreso de 350 nuevos jueces al año hasta 2033 para cubrir las vacantes por fallecimiento, jubilación y renuncia que se produzcan

jueves, 11 de julio de 2024

El CGPJ considera necesario el ingreso de 350 nuevos jueces al año hasta 2033 para cubrir las vacantes por fallecimiento, jubilación y renuncia que se produzcan
El Plan Estratégico 2024-2033 advierte de que esa cifra no sería suficiente para dar fin a la sobrecarga de trabajo que soportan juzgados y tribunales

Autor Comunicación Poder Judicial
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado hoy conocimiento del Plan Estratégico para el decenio 2024-2033, un informe que cifra en 350 las plazas de juez/a que deberían convocarse anualmente durante los próximos diez años con el fin de poder cubrir las vacantes por jubilación, fallecimiento y renuncia que se vayan produciendo.

Este informe, que actualiza el Plan Estratégico aprobado en junio de 2023 para el decenio 2023-2032, se basa en datos cualitativos y cuantitativos y estimatorios (obtenidos realizando proyecciones sobre los próximos años) a partir de los cuales se pueden identificar las necesidades de aumento de la plantilla de integrantes de la Carrera Judicial y, por tanto, el número de plazas que deberían convocarse en el futuro próximo.

Con el objetivo último de garantizar el correcto desarrollo del servicio público de la Justicia, el Plan Estratégico pretende aportar al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas la información necesaria para facilitar su planificación en la adopción de las decisiones que a cada institución corresponden.

Según las conclusiones del estudio, en 2033 se estima, por un lado, que el número de unidades judiciales alcance una cifra de 6.554 y, por otro, que la plantilla de jueces/as y magistrados/as llegue a los 4.458 efectivos, datos que implican que para ese año habría 2.096 vacantes. En consecuencia, y con el fin de alcanzar el número de miembros de la Carrera Judicial mínimo necesario para cubrir las vacantes fruto de las jubilaciones que se vayan produciendo, a partir del momento actual deberían convocarse 350 plazas de juez/a anuales. Esta cifra se ha calculado partiendo de la hipótesis de que al mismo tiempo se crearán 70 nuevas plazas judiciales cada año.

Ese ritmo de ingreso de nuevos jueces/as y de creación de nuevas plazas no daría fin a la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los órganos judiciales, ya que tal y como consta en un informe aprobado el pasado 4 de julio por el CGPJ, existe un déficit estructural de planta de los juzgados y tribunales que asciende a 421 unidades judiciales, cuya creación se considera imprescindible.

Elaboración del Plan Estratégico

Para la elaboración del Plan Estratégico se han tenido en cuenta diversas variables: número de plazas existentes en la actualidad, necesidad de incremento de unidades judiciales, creación anual estimada de plazas, número de plazas vacantes, convocatorias anuales de plazas tanto por el turno libre (jueces/as) como por el turno de juristas de reconocida competencia (magistrados/as) durante los últimos cinco años, jubilaciones por edad y por incapacidad, fallecimientos en la última década y situación de la justicia interina (sustitutos y suplentes).

A 24 de junio de 2024, el número de plazas en juzgados y tribunales asciende a 5.854, de las que 3.938 son plazas en órganos unipersonales (4 de las cuales no han entrado en funcionamiento aún) y 1.916 en órganos colegiados. Un número de plazas que se considera “manifiestamente insuficiente”, tal y como se desprende del hecho de que sumen 202 los órganos sobre los que se ha acordado alguna medida de refuerzo.

En los últimos años, el CGPJ ha venido señalando la necesidad de creación de unidades judiciales. Desde 2019 hasta 2023, se ha venido generando un déficit de unidades judiciales derivado de la diferencia entre el número de las necesarias y las creadas, tal y como se resume en el siguiente cuadro. Respecto a 2024, el CGPJ no tiene constancia de la previsión de creación de nuevas unidades judiciales.

Otra de las variables que el Plan Estratégico tiene en cuenta es la previsión de creación de nuevas unidades judiciales para el decenio analizado. El cálculo, realizado en base a los datos de ejercicios anteriores, arroja una estimación media de 70 nuevas unidades judiciales al año.

Respecto a las vacantes, a 3 de junio sumaban 277. A ellas deben sumarse las derivadas de la imposibilidad del CGPJ en funciones de realizar nombramientos discrecionales, tal y como establece la LO 4/2021 de reforma de la LOPJ: 16 vacantes en el Tribunal Supremo (sólo las que deben cubrirse entre miembros de la Carrera Judicial y no por el turno de juristas) y 22 vacantes generadas como consecuencia de renuncias, jubilaciones o fallecimientos de presidentes de sala de tribunales superiores de justicia, presidentes de sala de la Audiencia Nacional y presidentes de Audiencias Provinciales.

Se trata de 38 plazas de las que han quedado excluidas las causadas por finalización de mandato (pues siguen cubiertas en funciones hasta que pueda realizarse el nombramiento), las de magistrado/a autonómico/a y las correspondientes al 5º turno. Es decir, se contabilizan aquellas que han quedado efectivamente “vacías”.

Ingreso de nuevos jueces/as

El ingreso de nuevos jueces/as en las sucesivas convocatorias de plazas por el turno libre ha sido de 190 en 2018; 180 en 2019; 168 en 2020; 139 en 2021; 120 en 2022 y 120 en 2023. Por el turno de juristas (4º turno), ingresaron 12 en 2018; 50 en 2020 y 85 en 2023.

El Plan Estratégico tiene en cuenta también que los 137 alumnos de la 73ª promoción de la Escuela Judicial ingresarán en la Carrera Judicial a finales de este año o a principios de 2025; que la 74ª promoción, que estará integrada como máximo por 121 alumnos, lo hará a finales de 2025 o a principios de 2026; y que los alumnos de la 75ª promoción (que por acuerdo de la Comisión de Selección serán 120) podrán ingresar a finales de 2026 o principios de 2027. Es decir, el número de nuevos miembros de la Carrera Judicial ya está comprometido hasta 2027.

Por el turno de juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, serán 85 los ingresos como resultado de las tres convocatorias que actualmente están en curso.

Las bajas por jubilación y por fallecimiento constituyen otra de las variables que se ha tenido presente en el estudio. Para ello, se ha hecho un cálculo estimado de las que se producirán en los próximos años a partir de las que tuvieron lugar entre 2013 y 2023.

Del mismo modo, se ha tomado en consideración el incremento sucesivo y posterior estabilización de la llamada justicia interina, un aspecto que preocupa al CGPJ por cuanto se considera que el llamamiento de magistrados/as suplentes y jueces/as sustitutos/as debería tener un carácter excepcional y subsidiario. Sin embargo, para el ejercicio 2024/2025, las Salas de Gobierno de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia propusieron un total de 1.112 plazas.

“Era cuestión de tiempo: La Justicia madrileña supera por vez primera el millón de asuntos ingresados en los juzgados”

Jueves, 11 de julio de 2024

“Era cuestión de tiempo: La Justicia madrileña supera por vez primera el millón de asuntos ingresados en los juzgados”
El presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, desgrana los aspectos más relevantes de la actividad judicial en los juzgados y tribunales de la región durante la presentación de la Memoria del Alto Tribunal Madrileño correspondiente a 2023 haciendo hincapié en que se ha rebasado esa cifra histórica de nuevos asuntos

Autor Comunicación Poder Judicial
El presidente del TSJ de Madrid durante la presentación de la memoria de actividad de juzgados y tribunales de la comunidad durante el año pasado
El presidente del TSJ de Madrid durante la presentación de la memoria de actividad de juzgados y tribunales de la comunidad durante el año pasado
Los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2023 superó por vez primera en la historia el millón. “Era cuestión de tiempo que esto sucediera”, ha sentenciado el presidente del TSJ de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, al desgranar los datos recogidos sobre la actividad de los juzgados y tribunales de los veintiún partidos que componen el mapa judicial de la Comunidad de Madrid en la Memoria del Tribunal, documento que ha sido presentado a los medios de comunicación en la mañana de este jueves.

Como cada año, el máximo responsable de los jueces y magistrados madrileños ha abordado los aspectos fundamentales del documento en un encuentro mantenido en el salón de actos del propio tribunal ante un significativo número de representantes de los medios de comunicación, quienes, con posterioridad, han tenido la oportunidad de realizar las preguntas que han deseado para su mejor conocimiento de los datos contenidos en la Memoria.

El número de asuntos ingresados durante todo el año 2023, 1.023.755 en concreto, supone un incremento del cuatro por ciento con respecto al ejercicio anterior. Por su parte, y tal y como se recoge en el preámbulo de la propia Memoria y en el resumen de la misma que acompaña a esta nota informativa, los asuntos resueltos se incrementaron un 2,1 por ciento, al llegar a los 971.115. Los asuntos que quedaron pendientes ascendieron a 606.366, un notable 13,2 por ciento más que en al año anterior, en el que se rebasó por vez primera el medio millón en este apartado.

Urgente creación de 127 nuevas plazas de jueces

Tras exponer estos datos tan significativos, Rodríguez Padrón ha realizado una radiografía detallada de la situación de la Justicia en la Comunidad, que sirven 820 jueces, 755 de ellos titulares. En ese sentido, ha reclamado la urgente creación de 127 nuevas plazas de jueces para hacer frente al atasco que sufren muchos órganos judiciales, teniendo en cuenta que el año pasado sólo se crearon ocho.

En la misma línea, el presidente ha llamado de nuevo la atención sobre el hecho de que, una vez concluida la crisis derivada de la pandemia Covid-19, el sistema de teletrabajo se mantiene, situación –ha recordado- que no puede mantenerse como práctica habitual en los juzgados, así como el hecho de que no resulta lógico confiar la solución de la Justicia a la tecnología, sin solucionar antes el problema del envejecimiento de los jueces y la generación de vacantes. Además de mostrarse en desacuerdo con el teletrabajo y mostrarse a favor de la formación de los funcionarios interinos, ha añadido que éstos deberían pasar un curso de capacitación antes de incorporarse a la plantilla.

La constitución de sociedades aumentó el 5,8% en el segundo trimestre de 2024

09/07/2024  Registradores

El Colegio de Registradores presenta su estadística Mercantil correspondiente al segundo trimestre de 2024. Se incluye también información específica de avance del mes de junio para dar continuidad a los informes mensuales suministrados habitualmente.

Durante el segundo trimestre del año se han constituido en España 31.293 sociedades, un incremento del 5,8% respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos doce meses, de julio de 2023 a junio de 2024, se constituyeron 111.740 sociedades, un 5,6% más que en el mismo período acumulado del año anterior. Se vuelven a superar las 100.000 operaciones en el acumulado anual, manteniéndose en torno a esta cifra desde el segundo trimestre de 2021.

La Estadística Mercantil trimestral del Colegio de Registradores permite conocer información estructural básica de las empresas españolas y puede ser consultada, por meses, en el siguiente enlace Web

Por Comunidades Autónomas, en el segundo trimestre, con relación al mismo período de 2023, la creación de sociedades mercantiles se incrementó en la mayoría de los territorios, sobre todo en Cantabria (24,4%), Galicia (19,2%), Navarra (18,3%) y Asturias (16,7%). En sentido contrario, descendieron en La Rioja (-13,0%), y Andalucía y Canarias, ambas con una suave caída del 0,5%.

Constituciones societarias según actividad (Secciones de la CNAE)

Analizando la proporción que tienen los diferentes sectores de actividad en cuanto a los nuevos proyectos empresariales, se compara la dedicación de las empresas creadas en el segundo trimestre con las que se creaban en el mismo periodo de 2023, mostrando la evolución de su peso relativo según Secciones de la CNAE.

Destacan por su importancia: la Hostelería (Sección I de la CNAE), que ocupa al 11,9% de las empresas creadas, con un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior; la Construcción (Sección F), que representa el 14,7%, con un incremento de 0,2 p.p.; las Actividades Inmobiliarias (Sección L), el 10,6%, que se incrementan 0,3 p.p.; y el Comercio (Sección G), con el 18,1% de empresas creadas, que descienden en 0,2 p.p. Otros sectores destacables son: en la parte positiva, Financieras y seguros (Sección K), que se incrementa 0,6 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior; y las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, etc. (Secciones Q-R), que se incrementan 0,4 p.p.; en la parte negativa, Suministros de energía eléctrica, etc. (Secciones D-E), descienden en 1,3 p.p.

Operaciones de capitalización

En el segundo trimestre del año se contabilizaron 7.354 ampliaciones de capital, que supone un descenso del 2,6% frente al mismo trimestre de 2023. En términos de importe de capital aumentado se desembolsaron 4.960 millones de euros, incrementándose el 14,3% sobre el mismo período del año anterior.

Extinciones

Las extinciones de sociedades alcanzaron las 6.228 operaciones durante el segundo trimestre, un 4,0% menos que en el mismo trimestre de 2023. La proporción de extinciones sobre constituciones fue del 20%.

Concursos de acreedores

Las empresas con serias dificultades financieras, que inscribieron concurso de acreedores entre abril y junio fueron 1.180, incrementándose el 10,0% con relación al mismo trimestre de 2023

En datos anualizados, en los últimos doce meses, de julio de 2023 a junio de 2024, se declararon en concurso 4.141 sociedades, un 13,5% menos que en el acumulado del año anterior.

Traslados de sede social entre Comunidades Autónomas. 2T 2024.

Se indican en la siguiente tabla los datos sobre los traslados de sede social entre las diversas CC.AA. relativas al segundo trimestre de 2024. Dichos movimientos no corresponden a solicitudes de traslado sino a confirmaciones de traslado inscritas en el registro de destino.

Entre las Comunidades de las que se van empresas destaca Madrid, con 399 salidas, seguida de Cataluña, con 248, Andalucía, 117, y la Comunidad Valenciana, con 93. Si comparamos el saldo de entradas y salidas, los resultados son desiguales: en la parte positiva, la Comunidad Valenciana, registra un saldo a favor de 48 empresas, seguida de Madrid con 47 y Extremadura con 36. En la parte opuesta, Cataluña presenta un saldo negativo de 106 empresas, seguida a distancia por Murcia, con 22 empresas menos y País Vasco, con 20 menos.

MES DE JUNIO

Constituciones

Las constituciones descienden en junio por segundo mes consecutivo. Se han creado 9.610 empresas, frente a las 10.327 del mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del 6,9%. Las CC.AA. de Andalucía, Cataluña y Madrid, constituyeron conjuntamente casi seis de cada diez empresas creadas.

Por Comunidades Autónomas, los mayores descensos se producen en La Rioja (-38,5%), Extremadura (-28,3%) y Andalucía (-14,4%). Por otro lado, los incrementos se producen, sobre todo en Murcia (26,5%), Cantabria (17,5%), Castilla y León (14,4%) y Asturias (13,9%).

Ampliaciones de capital

Las operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM., que reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios en sus proyectos empresariales, alcanzaron las 2.208 operaciones en junio, disminuyendo un 10% respecto a un año antes, siendo el segundo descenso consecutivo.

Concursos de acreedores

Según los datos disponibles en junio, se inscribieron 405 concursos de acreedores de sociedades mercantiles, un 6,9% más que el mismo mes de un año antes. Después de doce meses consecutivos de importantes caídas, desde febrero cambia la tendencia, y comienzan a producirse incrementos anuales que en marzo y abril superaron el 50%, con la excepción de mayo, en el que se produjo un descenso del 16,4%.

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tramita su solicitud de jubilación voluntaria

lunes, 15 de julio de 2024

La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tramita su solicitud de jubilación voluntaria


Pilar de la Oliva, que preside el Alto Tribunal valenciano desde 2010, inicia el expediente para que la medida sea efectiva el 2 de enero de 2025

Autor Comunicación Poder Judicial


La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva Marrades, ha iniciado los trámites para solicitar su jubilación voluntaria a fin de que ésta sea efectiva el 2 de enero de 2025, tras su aprobación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como prevé la ley.

El artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los jueces y magistrados podrán jubilarse a partir de los 65 años siempre y cuando lo hayan manifestado con seis meses de antelación al órgano de gobierno de los jueces.

Pilar de la Oliva (Alzira, 1956) preside el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2010. Fue nombrada por el Pleno del CGPJ el 28 de octubre de ese año y reelegida en el cargo para un nuevo mandato de cinco años en enero de 2016. Desde enero de 2021 ocupa la Presidencia con el mandato prorrogado.

El presidente de CEOE pide moderación y generar confianza en la Asamblea General de los empresarios españoles

09 JUL 2024

El presidente de CEOE pide moderación y generar confianza en la Asamblea General de los empresarios españoles

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido volver a un clima de serenidad y moderación, así como generar confianza, para que las empresas puedan operar en un escenario propicio y garantizar así el buen funcionamiento de la economía.

Así lo ha recalcado durante su discurso de clausura de la Asamblea General 2024 de la Confederación, que se ha celebrado este martes en el auditorio de Mutua Madrileña en Madrid.

“Lo que más nos preocupa y nos ocupa en este momento es la confianza”, ha afirmado Antonio Garamendi, que ha añadido que “sin confianza no hay economía, y sin economía no hay país. Si no contamos con un entorno predecible, desde el punto de vista político y, sobre todo, legislativo, las empresas no podemos operar”.

El presidente de las empresas españolas ha planteado la fórmula que, en su opinión, da como resultado la confianza: “Estabilidad política + seguridad jurídica + estabilidad regulatoria + calidad de la norma = confianza”, ha concluido, al tiempo que añadía que “cambiar las reglas del juego en mitad del partido, como ha ocurrido al modificar la estructura de la negociación colectiva o como ha planteado el Ministerio de Trabajo con el límite máximo de la jornada legal, por cumplir pactos políticos, es sencillamente gobernar contra las empresas”.

La Asamblea, que tiene lugar anualmente, ha tenido la palabra ‘Confianza’ como leitmotiv de este encuentro empresarial, como punto de partida y condición necesaria para que las empresas puedan seguir realizando su aportación a la sociedad en términos de creación de riqueza, empleo y bienestar.

En relación con los temas en debate actualmente en el diálogo social, como es la reducción de la jornada máxima legal aludida, Antonio Garamendi ha asegurado que desde CEOE “seguimos dispuestos a dialogar en torno a una mesa de negociación, pero no a decir siempre sí”, y ha recordado el mandato constitucional que emana del artículo 7 de la Carta Magna tanto para los sindicatos como para las asociaciones empresariales, de contribuir a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

“Nosotros no tenemos que pedir un sitio en el diálogo social, porque nosotros hemos construido el diálogo social junto con los sindicatos”, ha recalcado el presidente de CEOE.

Antonio Garamendi ha reiterado que “la actividad privada es la principal fuente de creación de riqueza y de empleo”, y ha recordado la capacidad de las empresas “de hacer avanzar a nuestro país siempre que nos dejan”, asegurando que los empresarios se sienten “responsables de la construcción diaria de este país”.

“Somos el motor y la clave de la economía del país”

Antonio Garamendi ha puesto en valor los 47 años transcurridos desde la creación de CEOE en 1977, “coincidiendo con el nacimiento de nuestra democracia”, una organización que “aúna la voz de todos los que defendemos con pasión los intereses de las empresas”, y ha hecho un llamamiento a mantener la serenidad y la moderación “si queremos que el país funcione”. El presidente de CEOE ha insistido: “Somos el motor y la clave de la economía del país”.

Plan de Acción de CEOE 2024

Durante la Asamblea General, que ha estado precedida de una reunión ordinaria de la Junta Directiva de CEOE como marcan los Estatutos, se ha presentado el Plan de Acción de la Confederación correspondiente al presente ejercicio, que incluye los programas y planes de actuación de sus órganos consultivos y de estudio, un total de 26 comisiones y consejos con los que cuenta CEOE.

Asimismo, la Asamblea General ha aprobado la memoria de actividades del ejercicio 2023, así como las cuentas del pasado año y los presupuestos para 2024.

Las constituciones de empresas en mayo disminuyen el 6,5% anual

12/06/2024   Registradores

El Colegio de Registradores informa sobre la evolución de la actividad del Registro Mercantil en mayo, como avance sobre el informe trimestral.

Constituciones

Las constituciones inscritas descendieron en mayo el 6,5% sobre el mismo mes del año anterior. Se han creado 9.777 empresas, frente a las 10.458 del mismo periodo de 2023. Las CC.AA. de Andalucía, Cataluña y Madrid, constituyeron conjuntamente casi seis de cada diez empresas creadas.

Descendieron en la mayoría de los territorios, sobre todo en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Andalucía y Navarra.

Durante los últimos doce meses, los datos muestran una evolución general positiva en el número de constituciones, donde predominan los incrementos. En mayo se produce una moderada caída, después de que el mes anterior registrara el mayor porcentaje de crecimiento del periodo.

Ampliaciones de capital

El número de operaciones de ampliación de capital inscritas en los RR.MM. descienden el 20,1% anual en mayo. En los últimos doce meses se observa una evolución con altibajos. En mayo se produjo el mayor descenso en los últimos doce meses, después del importante incremento del mes anterior.

Por territorios, destacan por su mayor volumen, Madrid con 632 ampliaciones en mayo, un 15,4% menos que en el mismo mes del año anterior y Cataluña con 492, un 11,5% menos. Globalmente, descendieron más en Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y País Vasco.

Concursos de acreedores

Durante el mes de mayo, se inscribieron 337 concursos de acreedores en los Registros Mercantiles. Este número representa un descenso del 16,4% en comparación con el mismo mes de 2023. Se vuelve a los descensos ya observados en periodos anteriores, después de significativos incrementos de febrero a abril, que podían estar relacionados con el efecto “escalón” estadístico, debido a que en los mismos meses de 2023 comenzaron a producirse importantes caídas en el número de concursos inscritos (-42,7% en marzo, -25,6% en abril, y -22,5% en mayo de 2023).  

Las Comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, de forma conjunta, aglutinaron en mayo seis de cada diez concursos presentados.

En cuanto a su distinción entre concursos voluntarios y necesarios en mayo, los primeros sumaron 264 inscripciones, un 3,6% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras los necesarios fueron 73, con un descenso del 43,4% anual.

Isabel Rodríguez considera “necesario y urgente” regular los alquileres de temporada

Grupo de Trabajo sobre alquileres de temporada

Isabel Rodríguez considera “necesario y urgente” regular los alquileres de temporada

Vivienda y Agenda Urbana – 3.7.2024

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido la tercera reunión del Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada, creado y coordinado por su ministerio, a cuyos miembros ha trasladado la necesidad de “establecer los mecanismos necesarios para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar los alquileres de temporada que realmente lo son, como los de los estudiantes o los trabajadores temporales.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la reunión del Grupo de Trabajo La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la reunión del Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada
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En este sentido, la ministra ha destacado la “necesidad de proteger los alquileres de temporada para quienes realmente lo necesitan, desarrollar una norma con urgencia y regular este tipo de alquileres”. “No podemos quedarnos cruzados de brazos ni mirando hacia otro lado, hay que actuar con determinación, rigor y seguridad jurídica”, ha indicado.

“Tenemos que proteger del fraude a quienes realmente necesitan este tipo de contratos para desarrollar su vida laboral y proteger también a aquellas personas que necesitan residencia habitual y se están viendo forzadas a una situación de incertidumbre e inseguridad constante”, ha añadido.

Desarrollar el artículo 3 de la LAU
Durante la reunión de hoy, Isabel Rodríguez también ha trasladado al Grupo de Trabajo la necesidad de comenzar a trabajar en el desarrollo del artículo 3 de la LAU. “Tendrá que existir una causalidad para poder proceder a este tipo de contratos. Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley”, ha precisado.

Regulación específica
Asimismo, los contratos temporales (Temporada, Turísticos, Habitaciones o Embarcaciones Flotantes) deberán ser registrados para proceder al arrendamiento de corta duración a través de una Plataforma de Registro Único de Alquileres de Corta Duración, cumpliendo con el Reglamento mandatado por la Unión Europea (Reglamento 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración).

Grupo de Trabajo
Además de la ministra, a la reunión de hoy han asistido, por parte de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, junto a otros representantes de la Administración General del Estado: Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno.

Por parte de la sociedad civil han estado presentes los representantes del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas, Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, sindicatos (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores), Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.

La sesión constitutiva del Grupo tuvo lugar el pasado 22 de diciembre y su creación quedó recogida en la disposición adicional quinta de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda; mientras que los contratos de arrendamiento celebrados por temporada sobre fincas de uso vivienda están incluidos en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). En la segunda reunión, celebrada el pasado 18 de abril, se estudiaron las propuestas enviadas al Grupo de Trabajo para la regulación del alquiler de temporada y se convocó una nueva reunión para decidir las conclusiones, que es la que ha tenido lugar este miércoles.

Alojamientos turísticos
Aunque no ha sido objeto de la reunión de hoy, la ministra también se ha referido a la problemática de los alojamientos turísticos y a los avances, junto al Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para el desarrollo inminente y entrada en funcionamiento de un Registro Único Estatal “que aporte transparencia al sistema y nos permita la persecución del fraude y el abuso”.
Vivienda, además, en el marco de sus competencias, trabaja en una propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con el fin de “empoderar a los vecinos y vecinas para que puedan prohibir la implantación de estos alojamientos turísticos en sus fincas residenciales”. La ministra, de hecho, ya ha comenzado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a fin de asegurar los apoyos necesarios para esa modificación legislativa. Del mismo modo, “nos reuniremos con los sectores económicos y sociales para que todos participemos en la respuesta”, ha concluido Isabel Rodríguez.

Nueve de cada diez jóvenes emprendedores volverían a elegir ser empresario

04 julio 2024 CEOE
Nueve de cada diez jóvenes emprendedores volverían a elegir ser empresario
Casi el 60% de la población cree que la sociedad española tiene una visión positiva el emprendimiento.
CEOE y GAD3 presentan el primer informe ‘El Emprendimiento en España’ en el marco de la Comisión de Fomento de Vocaciones Empresariales de CEOE.
Los empresarios españoles piden incentivos fiscales, ayudas y formación para impulsar un marco más favorable al emprendimiento.

CEOE y la consultora GAD3 han presentado la primera edición del informe ‘El Emprendimiento en España’, cuyo objetivo es analizar el estado de la actividad emprendedora en el país, su potencial emprendedor y la valoración social de los empresarios y emprendedores. Como resultado de este estudio, se observa que nueve de cada diez jóvenes emprendedores de nuestro país volverían a elegir ser empresario como su salida profesional. Además, señala que casi el 60% de la población cree que la sociedad española tiene una visión positiva o muy positiva del emprendimiento.

La presentación de este informe ha contado con la inauguración del presidente de la Comisión de Fomento de Vocaciones Empresariales y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien ha destacado el importante papel que el empresario hace para el desarrollo económico y social de España: “Ser empresario en España es un desafío lleno de responsabilidades, pero también de enormes satisfacciones. Es una oportunidad para transformar ideas en realidades, para ver crecer proyectos desde sus cimientos hasta convertirse en pilares de nuestra economía”. En esta línea, el vicepresidente de CEOE ha querido destacar la visión que la sociedad tiene del tejido productivo, explicando que “las empresas son la institución en la que la sociedad más se confía”.

El presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, ha sido el encargado de presentar el resultado del informe, resaltando algunas cifras positivas del emprendimiento en España, como que el 20% de los jóvenes menores de 30 años ha emprendido una actividad empresarial por su cuenta o que seis de cada 10 emprendedores han tenido una experiencia positiva con su profesión. De hecho, según el estudio de GAD3 atribuyen a los empresarios adjetivos como ‘ilusión’, ‘voluntad’, ‘ganas’, ‘valentía’, ‘idealismo’ y ‘mentalidad analítica’.

Por otro lado, el estudio incluye las principales barreras a las que se enfrentan los emprendedores a la hora de comenzar su aventura empresarial como los impuestos, la financiación, los trámites burocráticos, el riesgo al fracaso o la inversión inicial. Así, el informe señala que los empresarios españoles animan a fomentar los incentivos fiscales, las ayudas y la formación para impulsar un marco más favorable al emprendimiento En esta línea, Michavila ha expresado que “vivimos en una época líquida con incertidumbre y ahí es donde trabaja el emprendedor. Necesitamos más referentes empresarios, tanto hombres como mujeres”.

España, país de emprendedores

Para conocer más sobre la realidad del emprendimiento, se ha celebrado también una mesa redonda con jóvenes empresarios españoles que han contado su experiencia profesional y los retos a los que se han enfrentado. Una mesa en la que han participado el fundador y CEO de Tax Down, Álvaro Falcones; la fundadora de BIMANI, Laura Corsini; el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo; y la directora adjunta al secretario general de CEOE, Susana Sanchiz.

Una mesa redonda en la que han analizado la situación del emprendimiento en España desde experiencias reales que han puesto en valor la “valentía” de los emprendedores y la falta de una “cultura emprendedora en España”. “Ha existido un estigma con el emprendimiento en nuestro país, pero creo que esa visión está cambiando y ahora los jóvenes ven distinto a un emprendedor, como a un rockstar”, ha explicado Álvaro Falcones. Una idea que ha compartido Laura Corsini añadiendo que “tenemos que cambiar esa mentalidad social, debemos hacer un ejercicio de transparencia desde la formación y volver a coger cariño a ese empresario que es el que da trabajo a todos”.

Además, el presidente de los jóvenes empresarios, Fermín Albaladejo, ha animado a poner en marcha más ayudas para impulsar proyectos empresariales y ha afirmado que “cuando un país no apuesta por sus empresarios es un país que está predispuesto al fracaso”. “El Gobierno tiene que apostar por ese cambio de paradigma desde la escuela porque serán los próximos líderes”, ha concluido.

El 78% de las empresas tiene dificultades a la hora de incorporar perfiles ESG

03 julio 2024 CEOE
El 78% de las empresas tiene dificultades a la hora de incorporar perfiles ESG
La alianza Nodo Talento, en la que participan CEOE, Fundación Telefónica, KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia, refuerza su compromiso con el fomento de la empleabilidad en su primer aniversario con la suma de proyectos ya existentes y otros nuevos para reducir la brecha existente en el mercado laboral.
En una jornada inaugurada por el secretario de Estado de Educación, se ha presentado el informe ‘Talent Forecast’, liderado por KPMG, en el que se analizan las necesidades de las empresas en cuanto a los perfiles en materia ESG.
Las entidades de Nodo Talento han abordado en este evento los retos del talento y cómo impulsar la colaboración público-privada para adaptar la formación e incrementar la competitividad de las empresas.
Fundación Telefónica trabaja en fomentar la capacitación digital para recualificar personas desempleadas o trabajadores en riesgo de exclusión social, así como impulsar las capacidades tecnológicas de los más jóvenes. Por su parte, “Event in a box”, guiada por Microsoft, también tiene el mismo objetivo: actualizar los perfiles profesionales.
El primer Foro Nodo Talento, organizado por CEOE, Fundación Telefónica, KPMG, LinkedIn, Microsoft y Universia, y que ha contado con la participación del secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha puesto de manifiesto la importancia de impulsar la colaboración y abordar medidas efectivas para mejorar la empleabilidad del país y reducir la brecha de talento actual, al tiempo que se mejora la competitividad y productividad de las empresas.

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, ha afirmado que “el talento, y especialmente en los temas ESG, no solo sirve para mejorar la productividad, sino para mejorar la sociedad en el sentido de hacerla más sostenible y también para cerrar las brechas sociales y tecnológicas”.

Según el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, “las empresas están empezando a incluir la escasez de talento y perfiles adecuados a las nuevas realidades en su mapa de riesgos. En ese sentido, tenemos que tejer alianzas como esta y trabajar en la formación continua. Las empresas estamos trabajando muchísimo en ello y lo vamos a seguir haciendo”.

Por su parte, Juanjo Cano, presidente de la alianza NODO Talento y de KPMG en España, ha aprovechado su intervención para destacar la urgencia de “actuar” para “adaptar la formación a las transformaciones que estamos viviendo, con un mayor peso del aprendizaje práctico y de competencias como el liderazgo, la innovación o el trabajo en equipo”. Aunque ha recordado que ha de hacerse desde la colaboración. “Tenemos ante nosotros un desafío que no podemos solucionar de forma unilateral: solo juntos, intercambiando ideas y opiniones, encontrando puntos y sumando fuerzas podremos realmente alcanzar la sociedad del talento que queremos”, ha subrayado.

Informe ‘Raíces para un futuro sostenible’

En el evento se ha presentado el estudio de la primera edición de ‘Talent Forecast’, que pretende analizar la brecha de talento existente entre las necesidades de las organizaciones, los perfiles en búsqueda de empleo y la oferta educativa actual. De este modo, ‘Talent Forecast: Raíces para un futuro sostenible’ analiza la necesidad de capacidades ESG (medio ambiente, social y gobernanza, por sus siglas en inglés) de las organizaciones y la falta de formación en estas capacidades, además de proponer medidas y soluciones para estrechar esta brecha.

El informe, elaborado en base a una encuesta a más de un centenar de directivos de áreas de recursos humanos y sostenibilidad, pone de manifiesto un aumento de necesidad de estos perfiles. El 85% de empresas reconoce que la demanda de profesionales especializados en ESG se ha intensificado y el 95% prevé que continúe haciéndolo en los próximos años.

Sin embargo, el 78% de los encuestados reconoce encontrar dificultades a la hora de incorporar estos perfiles ante una oferta académica escasa y poco alineada con sus necesidades. Por este motivo, este mismo porcentaje está apostando por poner en marcha iniciativas de upskilling y reskilling de sus profesionales, con el objetivo de superar esta limitación y contar con el conocimiento en materia ESG que requieren sus empresas.

Ante este contexto, el informe, elaborado por KPMG en colaboración con el resto de los miembros de NODO y con la aportación de Fundación SERES, desarrolla un total de 12 acciones específicas, como la creación de itinerarios formativos en la empresa y el sistema educativo o el desarrollo de un KIT ESG para mayor involucración de las pymes, todas ellas enfocadas a impulsar la colaboración público-privada con el objetivo de abordar la brecha del talento y alinear la oferta y la demanda de los profesionales ESG.

Un año de proyectos para impulsar la empleabilidad

Cumplido el primer año de la Alianza Nodo Talento, Fundación Telefónica sigue impulsando, a través de iniciativas de este tipo, la capacitación profesional para cubrir la demanda de perfiles cualificados en el mercado de trabajo actual.

Por su parte, la iniciativa ‘Event in a Box’, dirigida por Microsoft, ha ayudado a guiar a personas en la búsqueda de empleo de calidad, impulsando sus capacidades tecnológicas y fomentando el desarrollo de las vocaciones de cada una de ellas. Asimismo, este proyecto prevé triplicar su impacto para el año 2025.

Al mismo tiempo, desde Universia se han coordinado iniciativas para el impulso del empleo del talento joven, como la gestión de mesas de trabajo formadas por universidades y empresas para entender las necesidades del mercado y generar microcredenciales adecuadas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Estos encuentros, denominados ‘Universia Jobs Together’, tienen como objetivo promover el análisis y debate sobre los temas que impactan en la incorporación del talento joven al mercado laboral.

De igual modo, Nodo Talento se sumó en España al proyecto europeo Reskilling for Employment (R4E), iniciativa impulsada por la European Round Table for Industry (ERT), que tiene como objetivo mejorar la competitividad del talento español para hacer frente al reto de ajustar las necesidades de cualificación que necesita el tejido productivo, ofreciendo a los desempleados y a las personas en riesgo de desempleo la posibilidad de reciclarse en profesiones con alta demanda y promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

CEOE pide certidumbre para estimular la inversión y el crecimiento del empleo

02 julio 2024

CEOE

Madrid, 2 de julio de 2024

El mes de junio finaliza con 71.095 cotizantes más de media y un descenso del desempleo en 46.783 personas. Se registran mejoras generalizadas de la afiliación en todos los territorios y sectores de actividad en un mes en el que tradicionalmente las actividades vinculadas al turismo tiran de la economía y el empleo. El sector de educación se resiente coincidiendo con el final del curso escolar.

Se alcanza un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social, con cerca de 21,4 millones de personas afiliadas en media mensual de junio, donde las mujeres superan los 10,1 millones de afiliadas, lo que supone el 47,28% del conjunto de los trabajadores, con un crecimiento por encima de la media al igual que ocurre con el empleo juvenil.

Igualmente, crecen los autónomos en más de 9.200 en junio, destacando las actividades profesionales científicas y técnicas, con un incremento en los últimos 12 meses en 11.989 personas, frente a la caída del comercio en 7.813 personas respecto al mismo mes de 2023. Así, el régimen de autónomos se acerca a los 3,4 millones, la cifra más alta de la serie desde julio de 2008.

En desempleo son destacables los descensos en el sector servicios, seguido a distancia por los producidos en industria, construcción y agricultura, y también en el colectivo sin empleo anterior, alcanzando a todos los territorios y franjas de edades. Se sitúa en más de 2,5 millones de personas, la cifra más baja desde agosto de 2008, marcando los niveles más bajos de paro juvenil y femenino desde ese año.

Pese a lo alentador de los datos, nos movemos aún en cifras elevadas de desempleo, con un evidente carácter estructural, y reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo resulta prioritario y, en especial, la formación permanente que será más relevante si cabe con la transformación digital y ecológica y la carencia de profesionales en diferentes sectores, para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

En cuanto a las condiciones laborales, la temporalidad se mantiene en niveles significativamente bajos, con especial descenso en las mujeres y claramente en los jóvenes, situándonos en el entorno de los 14 millones de ocupados con contratos indefinidos, de los que más de 9,6 lo son a tiempo completo.

Pese a la resiliencia y fortaleza de nuestro mercado laboral y el esfuerzo y compromiso de las empresas con la economía y el empleo, nuestro tejido productivo, especialmente las pymes y micropymes, que componen la inmensa mayoría de nuestro tejido empresarial, está fuertemente afectado por el incremento de los costes, el exceso de burocracia y la incertidumbre derivada de los continuos anuncios sobre cambios normativos. De hecho, la gran empresa está compensando la caída de trabajadores en las microempresas, donde el peso del empleo sobre el total ha descendido del 21,6% en 2019 al 18,7% en mayo de 2024.

En este contexto la predictibilidad es esencial para estimular la inversión y avanzar en la senda del crecimiento y la creación de empleo, los únicos que pueden garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social.

El presidente del CGPJ pide que el nuevo Consejo siga defendiendo “con ahínco” la independencia judicial

Martes, 2 de julio de 2024

El presidente del CGPJ pide que el nuevo Consejo siga defendiendo “con ahínco” la independencia judicial
Ha participado en la inauguración de la XXVI edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial. Vicente Guilarte desea a los nuevos vocales que eludan la politización

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, p.s., Vicente Guilarte, ha pedido, durante su intervención en el acto de inauguración de la XXVI edición de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que el nuevo Consejo siga defendiendo “con ahínco” la independencia judicial.

“Estamos en un momento que sigue siendo difícil”, ha dicho Guilarte en referencia a las críticas a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por su decisión de considerar no amnistiado el delito de malversación por el que fueron condenados varios de los líderes del “procés” y por el que otros siguen investigados.

El presidente del CGPJ ha señalado que “cualquier crítica debe respetar siempre la independencia de la que siempre ha hecho gala la Sala Segunda y su presidente, Manuel Marchena”, a quien ha expresado su “gratitud y lealtad”, para añadir que espera que el nuevo Consejo “siga defendiendo con ahínco su actuación”.

Guilarte también se ha referido al acuerdo para la renovación del CGPJ, del que ha dicho que tiene “luces y sombras”: “Era necesario porque era imprescindible renovar el Consejo y también es de agradecer que haya cierto equilibrio político, porque puede ayudar a que no se atribuya a la institución el predominio de ningún sector, como ha ocurrido con el actual”. En este sentido, ha deseado que el nuevo Consejo “eluda la politización”.

Además, ha insistido en que debe avanzarse en la objetivación de los nombramientos de altos cargos judiciales y ha señalado que la prevista creación de una comisión de calificación “no es suficiente” y que se necesitarían comisiones especializadas para evaluar los méritos de los candidatos.

En la inauguración, el vocal del CGPJ, presidente del Consejo Rector y uno de los directores de la Escuela de Verano, Juan Manuel Fernández, ha celebrado que estas jornadas se hayan consolidado como “punto de encuentro para centenares de miembros de la carrera judicial”.

En la apertura del curso, al que asisten jueces y juezas de toda España, también han intervenido el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso. Al acto han asistido el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, vocales del CGPJ y miembros de la Sala de Gobierno del TSXG, entre otras autoridades judiciales, civiles y militares.

La competitividad como oportunidad para la mejora de nuestro bienestar

  Las previsiones del IEE para la economía española han sido revisadas al alza y se estima un crecimiento del 2,3% de media para 2024, en el que la primera mitad de año se caracteriza por un mayor dinamismo, mientras que en la segunda parte se estima una cierta moderación de la actividad, que va a condicionar el escenario de 2025. Así, para el próximo año se anticipa un avance del PIB del 1,8%.
–   La economía española tiene asignaturas pendientes relacionadas con el bajo potencial de crecimiento, como es la debilidad de la inversión en bienes de equipo que está lastrando la productividad. También preocupan los bajos niveles de la inversión empresarial, que está un 6,4% por debajo del último trimestre de 2019, mientras que en Europa dicha variable se sitúa un 3,3% por encima.
–   Según el Índice de Competitividad del International Institute for Management Development (IMD), en 2024 se ha experimentado una llamativa caída al puesto 40 de entre 67 países, frente al puesto 36 del año anterior. Dentro del ámbito europeo, España ocupa el lugar 19 de 30 países europeos, frente al 18 en 2023.
– Los desafíos que debemos abordar son reducir la carga impositiva; asegurar un marco regulatorio estable para las empresas; invertir los fondos europeos de forma eficiente, reforzando la productividad; y configurar una economía más resiliente. Así mismo, España debe incrementar sus esfuerzos para impulsar la digitalización de las empresas, adaptar el marco educativo a las nuevas necesidades del tejido productivo y aumentar la inversión en I+D.

Instituto de Estudios Económicos

Madrid, 25 de junio de 2024. El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el informe semestral de Coyuntura Económica del Instituto de Estudios Económicos titulado “La competitividad como oportunidad para la mejora de nuestro bienestar”. El informe señala que la economía mundial ha sorprendido positivamente durante la primera mitad del presente año, a pesar de las tensiones geopolíticas existentes y de políticas monetarias restrictivas en la mayoría de las economías avanzadas. De hecho, los principales organismos internacionales están revisando al alza sus previsiones de crecimiento para el presente año, hasta tasas similares a las de 2023, entre el 3,1% y el 3,2%, aunque no deja de ser un crecimiento históricamente débil.

Respecto a España, su economía mostró a lo largo de 2023 y en los primeros meses de 2024 un notable dinamismo, por la evolución de las exportaciones de servicios, especialmente turísticos, y el aumento del consumo público. En cambio, han mostrado un comportamiento más negativo de lo esperado las exportaciones de bienes y la inversión. Las previsiones del IEE para la economía española han sido revisadas al alza y se estima un crecimiento del 2,3% de media para 2024, en el que la primera mitad de año se caracteriza por un mayor dinamismo, mientras que en la segunda parte se estima una cierta moderación de la actividad, que va a condicionar el escenario de 2025. Así, para el próximo año se anticipa un avance del PIB del 1,8%.

Los elementos que van a apoyar el crecimiento de la economía española en 2024 son la mejora de la renta familiar y el aumento del ahorro, que van a sustentar el consumo; unas condiciones financieras menos restrictivas; el buen comportamiento del sector exterior; el impacto de los fondos europeos en la inversión; y la resiliencia del mercado laboral ante crecimientos del PIB moderados. La evolución del empleo apunta a una continuación del dinamismo del mercado laboral en el segundo trimestre, con la afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos, superando los 21 millones de afiliados. Según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos, los afiliados a la Seguridad Social desestacionalizados efectivos (excluyendo trabajadores en ERTE) mostrarán un crecimiento alrededor del 0,8% en el segundo trimestre de este año, una décima más que en el primer trimestre y el doble que en el cuarto trimestre de 2023.

A pesar del dinamismo del empleo, nuestros niveles de paro continúan siendo elevados, con casi 3 millones de desempleados y una tasa de paro que repuntó hasta el 12,3% en el primer trimestre, siendo la tasa más elevada de la Unión Europea, prácticamente el doble de la media europea. La nota positiva es que sigue bajando la tasa de temporalidad en el sector privado, que se sitúa en el 12,3%, lo que supone un mínimo histórico, diez puntos porcentuales menos que hace dos años y menos de la mitad de la correspondiente al sector público, que se encuentra alrededor del 30%.

Estos buenos resultados de la ocupación reflejan que las empresas siguen esforzándose por mantener y reforzar sus plantillas de trabajadores, en un contexto de costes más elevados. Así, el tejido empresarial está soportando mayores costes laborales unitarios que en los últimos años, de forma que en el primer trimestre de 2024 se sitúan un 20% por encima de los niveles de finales de 2019. Al mismo tiempo, la productividad por ocupado continúa disminuyendo, de forma que su nivel en los tres primeros meses de 2024 se sitúa un 4,1% por debajo de los niveles precrisis.

Dentro de los costes laborales, hay que destacar la notable subida de las cotizaciones obligatorias, que en el primer trimestre son un 22,6% superiores a las del mismo periodo frente a 2019. En este sentido, España sigue siendo uno de los países europeos con mayores cotizaciones sociales pagadas por las empresas en porcentaje del PIB. En concreto, se sitúa en el 9,5% del PIB en 2022, por encima del 7,1% de promedio en la UE.

De este modo, el IEE estima que el aumento de la ocupación será en torno al 2,3% para 2024, mientras que en 2025 dicha tasa podría ser del 1,5%. Con esta pérdida de intensidad en el ritmo de creación de empleo, la tasa de paro se estabilizará en el 11,6% este año y en el 11,2% en 2025. Así, el diferencial de tasa de paro con Europa apenas se reduce, puesto que, según la Comisión Europea, se mantendrá en el 6% en estos dos ejercicios.

En lo transcurrido en 2024, la inflación está mostrando cierta resistencia a la baja y se mantiene en tasas alrededor del 3%. El componente energético no sólo ya no resta, sino que ha pasado a contribuir positivamente a la inflación general. Y, aunque los alimentos han moderado significativamente el ritmo de avance de sus precios, la inflación subyacente ha frenado su ritmo de descenso, e incluso ha registrado un ligero repunte. Tanto en el caso de los alimentos como en el caso de los bienes industriales no energéticos, se espera una continuación en la senda de desaceleración de precios actual. Sin embargo, el dinamismo de la demanda de servicios y el aumento de los costes de producción, sobre todo los salariales, podrían ser factores que dificulten la contención de precios en este sector. Desde el IEE, se espera que la inflación se mantenga en el 3,5% de media en 2024, a pesar de la desaceleración del componente subyacente (3%). De cara a 2025, la inflación general y subyacente podrían situarse en el 2,1% y el 2,3%, respectivamente.

También se anticipa que continúe el superávit del sector exterior, aunque el saldo de la balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB será inferior al 2% en 2024 y 2025. El desequilibrio macroeconómico de mayor magnitud es el déficit y la deuda del sector público. El saldo de las cuentas públicas en 2024 podría situarse en el -3,4% del PIB y, si no se produce un cambio de orientación de la política presupuestaria y fiscal, se prevé un déficit público del -3,1% en 2025. El próximo año hay que tener en cuenta que previsiblemente entre en vigor la nueva regla de política fiscal para reconducir los elevados niveles de déficit y deuda públicos e iniciar una senda de sostenibilidad fiscal.

La economía española también tiene otras asignaturas pendientes y que están relacionadas con el bajo potencial de crecimiento, como es la debilidad de la inversión en bienes de equipo que está lastrando la productividad. Otro de los ámbitos que preocupan son los bajos niveles de la inversión empresarial, que está un 6,4% por debajo del último trimestre de 2019, mientras que en Europa dicha variable se sitúa un 3,3% por encima, y la escasez de vivienda en algunas zonas de la geografía española, que puede reducir la movilidad laboral y el potencial de entrada de trabajadores extranjeros, al tensionar los precios. También es prioritario mejorar el capital humano, adaptar las políticas activas del mercado laboral a un entorno cambiante y aumentar el tamaño empresarial, reduciendo los obstáculos para su crecimiento y rotación.

La competitividad de la economía española como la última frontera para sostener el crecimiento

La economía y la sociedad española, tras la crisis financiera y de deuda pública, registró una profunda transformación de sus estructuras productivas que conllevó una mejora de competitividad y, por ende, una recomposición de determinados desequilibrios que impedían a la economía española mantener sus tasas de crecimiento a largo plazo. No obstante, en estos últimos años, la reversión del proceso de convergencia con Europa, en términos de renta per cápita y de productividad, podría mostrar un deterioro competitivo y comprometer el potencial de crecimiento futuro, pese a que, en la actualidad, se presentan tasas de crecimiento del PIB y de empleo superiores a la media de los países de nuestro entorno.

El impulso procedente tanto del consumo privado y público como de la actividad externa de los servicios podría empezar a dar síntomas de agotamiento si no se acometen reformas para reactivar el crecimiento de nuestra productividad y no se corrigen los elevados niveles de desempleo y déficit y endeudamiento público.

Según el Índice de Competitividad del International Institute for Management Development (IMD), en 2024 España ha experimentado una llamativa caída al puesto 40 de entre 67 países (en 2023 estábamos en la posición 36), ocupando el lugar 19 de 30 países europeos (la 18 en 2023). Una situación preocupante, porque, lejos de atajarse, vemos cómo se viene agravando año tras año.

Entre 2020 y 2023, los tipos de cambio efectivo real basados en precios de bienes y servicios destinados a la exportación muestran una pérdida significativa de competitividad. La participación de manufacturas industriales dentro de estas exportaciones muestra las dificultades competitivas de este sector, en el que la estructura de costes se ve más afectada por el encarecimiento de los precios de los bienes intermedios y de capital.

Tras la crisis de la covid-19 y la consecutiva derivada de los distintos conflictos geopolíticos, nuestros costes laborales unitarios se han encarecido en términos relativos con respecto a los países de la eurozona, como resultado de una peor evolución de la productividad, lo que ha supuesto una pérdida de competitividad medida a través del tipo de cambio efectivo real de este indicador en dicho periodo (2020-2023). Además, la competitividad de una economía se ve plenamente influenciada por el contexto económico e institucional.

De esta forma, el análisis de indicadores como el Índice de Competitividad Fiscal, la eficiencia del gasto público, la estabilidad monetaria o la facilidad de acceso a la financiación, entre otros, concluyen con que estos indicadores sintéticos, junto con el detrimento de la inversión durante el último periodo y, en particular, un menor nivel de gasto en I+D al realizado por nuestros principales competidores, serían algunos de los principales causantes de la clara desaceleración experimentada en los niveles de competitividad de la economía española.

Los principales desafíos que deberá abordar la economía española son reducir la carga impositiva, asegurar un marco regulatorio estable para las empresas, invertir los fondos europeos de forma eficiente, reforzando la productividad y configurando una economía más resiliente. Además, ante el contexto globalizado actual, España debe incrementar sus esfuerzos por impulsar la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes, adaptar el marco educativo a las nuevas necesidades de las empresas y aumentar la inversión en I+D, fortaleciendo la coordinación entre los diferentes actores y promoviendo la transferencia de conocimiento.

Por lo tanto, la competitividad de España afronta varios desafíos cruciales que deben abordarse para asegurar su posición en el ámbito internacional. En este análisis específico de indicadores de la competitividad, se puede comprender cómo, para mejorar nuestra competitividad, hay que ir más allá de los precios y los costes. En consecuencia, es crucial abordar los principales desafíos, para poder recuperar y aumentar la productividad y la renta per cápita en España, contribuyendo al bienestar general de la sociedad.

Uno de cada cuatro hogares cambió de oferta de electricidad en los últimos dos años

28 Jun 2024 CNMC

  • El 30 % de los consumidores que cambiaron de oferta de electricidad lo hicieron por su cuenta con la ayuda de un comparador, como el Comparador de ofertas de energía de la CNMC.
  • Los hogares en el mercado regulado gastaron un 28,3 % menos en las facturas de electricidad del último trimestre de 2023. La factura media mensual de los clientes en el PVPC se situó en 27,6 €, mientras que en 2022 superó los 38 €. 
  • El 63 % de los hogares tenían contratada más potencia de la necesaria en el periodo punta, el más caro.

Según los datos del Panel de Hogares de la CNMC sobre servicios de electricidad y gas natural la factura media mensual de electricidad para los hogares en el mercado regulado (que incluye a los hogares con bono social eléctrico) a finales de 2023 fue de 27,6 € frente a los 38,5 € que costó en el mismo periodo de 2022, un 28,3 % menos. El consumo correspondiente fue de 210,9 kWh, mientras que en 2022 se cifró en 184,4 kWh.

Por otro lado, los consumidores que tenían contratada su tarifa en el mercado libre tuvieron una factura mensual media de 55,6 €, cuando un año antes fue de 61,3 €. El consumo de estos hogares fue de 218,9 kWh, una cifra ligeramente superior a los 213,3 kWh que se alcanzaron en el cuarto trimestre de 2022. 

Gastos en la factura de electricidad (euros al mes) (IVT-2023)

Universo: Hogares que contratan cada tipo de suministro, en el caso del mercado regulado el universo incluye a hogares con bono social. No incluye hogares con facturas duales (de gas natural y electricidad) y aquellos que contratan potencias por encima de los 10 kW. El gasto en el mercado libre incluye además del suministro eléctrico, otros servicios adicionales facturables como servicios de mantenimiento y seguro eléctrico. Fuente: CNMC.

Tipo de tarifa

En cuanto al tipo de tarificación eléctrica, el 33,9 % de los hogares tenían el mismo precio en todas las horas del día, un 16,6 % precios con dos o tres tramos horarios y un 9,4 % un precio distinto en cada hora. Además, poco más de uno de cada cinco hogares –el 21,3 %– no conocía qué tarifa eléctrica tenía contratada con su comercializadora.

Tipo de tarificación eléctrica (porcentajes de hogares) (IVT-2023)
 
Universo: Hogares. Fuente: CNMC.

Asimismo, un 32,7 % de los hogares tuvo bastante en cuenta la diferencia de precios en distintas horas del día en sus hábitos de consumo. Hay que considerar que, dependiendo de la tarifa contratada, el precio de la luz puede variar según la hora o tramo horario, tanto en el mercado libre como en el regulado. En cambio, un 23,1 % tuvo los precios solo un poco en cuenta, y casi un 44 % ni siquiera pensó qué hora era en el momento de realizar sus principales consumos de electricidad (como poner la lavadora, la calefacción o el aire acondicionado).

¿Tiene en cuenta la diferencia de precios en distintas horas del día en sus hábitos de consumo, por ejemplo, para poner la lavadora o encender la calefacción eléctrica o el aire acondicionado? (porcentaje de hogares) (IVT – 2023). 
 
Universo: Hogares. Fuente: CNMC.

Potencia contratada

Otro factor destacado en la factura de la luz, por el que se paga un importe fijo, es el término de potencia contratada (es decir, los kW que puede soportar la instalación eléctrica del hogar, que determinan la cantidad de equipamientos eléctricos que se pueden tener encendidos simultáneamente). 

Desde junio de 2020 los consumidores pueden contratar potencias distintas según el tramo horario (punta: de 8h a 24h de lunes a viernes, y valle: de 24h a 8h de lunes a viernes, además de sábados, domingos y festivos nacionales). A finales de 2023, un 2,5 % de los hogares contrató una potencia diferente según el tramo horario, mientras que el 97,5 % restante contrató la misma potencia en los dos tramos. 

Asimismo, según el Panel de Hogares de la CNMC, el 63 % de los hogares tenía, de media, un 1,1 kW más de potencia contratada de la que realmente utilizaron en las horas punta. Además, el 67 % de los hogares tenían contratado un excedente de 1,6 kW en las horas valle.

Excedente de potencia contratada (punta y valle) durante el último año. (IVT-2023). 

Universo: Hogares. No incluye hogares con facturas duales (de gas natural y electricidad) y aquellos que contratan potencias por encima de los 10 kW. Fuente: CNMC.

Cambio de oferta

Algo más de seis de cada diez hogares –el 63,5 %– con servicio de gas natural permanecieron en la misma comercializadora y tarifa en los últimos dos años. Por su parte, un 66,5 % de los consumidores de electricidad se mantuvieron en su misma oferta y comercializador.

Cambio de oferta de electricidad y/o gas natural en los últimos dos años (porcentaje de hogares) (IVT – 2023).
 
Universo: Hogares con servicio. Fuente: CNMC.

Por otro lado, el 30,7 % de los consumidores que cambiaron de oferta de electricidad lo hicieron por su cuenta con la ayuda de un comparador, como el Comparador de ofertas de energía de la CNMC. Esta opción también fue utilizada por un porcentaje similar de los consumidores de gas natural que cambiaron de oferta, un 32,9 %. Las búsquedas en Internet ayudaron a un 25,1 % de los hogares que cambiaron de oferta de electricidad, y a un 28,2 % de los que cambiaron de oferta de gas natural. 

Por último, según los datos del Panel, un 19,1 % de los hogares que cambiaron de oferta eléctrica lo hicieron después de que la empresa comercializadora se dirigiera a ellos por teléfono sin que lo hubieran solicitado previamente. En el caso del gas natural, este porcentaje fue del 14,1 %.

Situación que describe cómo el usuario contrató la última oferta de electricidad y/o gas natural (porcentaje de hogares) (IVT – 2023).

Universo: Hogares con servicio que cambiaron de oferta en los últimos dos años. Fuente: CNMC.

Metodología

Estos resultados forman parte del Panel de Hogares de la CNMC, una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC pretende recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros. La encuesta de esta oleada se llevó a cabo en el cuarto trimestre de 2023 e incluyó a 5.148 hogares y 8.601 individuos. Esta herramienta aporta una información amplia y diversa, y permite a la CNMC conocer mejor el punto de vista de los consumidores.

Un centenar de funcionarios de la administración y mediadores analizan herramientas para reducir los recursos y agilizar los servicios públicos

Viernes, 28 de junio de 2024

Un centenar de funcionarios de la administración y mediadores analizan herramientas para reducir los recursos y agilizar los servicios públicos

La Escuela de Formación de la Administración Pública y la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia organizan una jornada formativa en la Ciudad de la Justicia

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, y el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, han inaugurado esta mañana en la Ciudad de la Justicia las II Jornadas de mediación contencioso-administrativa, una oportunidad para las administraciones públicas. “La administración pública debe aplicarse a sí misma las mismas recomendaciones con las que exhorta a los ciudadanos para que recurran a medios colaborativos de resolución de conflictos”, ha subrayado Pasqual del Riquelme durante su intervención, recordando las ventajas para los organismos públicos de la búsqueda consensuada y participativa de soluciones con los administrados, reduciendo posibles recursos y resolviendo de forma definitiva cuestiones pendientes.

Por su parte, Ortuño, quiso agradecer el compromiso de los asistentes, funcionarios públicos, en su mayoría, por su participación. “Su presencia aquí es una muestra clara de su voluntad de mejorar el servicio público en beneficio del ciudadano”.

El objetivo de las jornadas, organizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública, es que “se identifique la mediación como instrumento útil y efectivo para abordar numerosos asuntos en las administraciones públicas, simplificando su resolución, con un menor coste tanto económico como social y personal, ofreciendo un mejor servicio público, más cercano y eficiente”.

La presidenta de la Sala Contencioso Administrativa, María Consuelo Uris Lloret, acompañada del secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Parra García, y la coordinadora del Punto Neutro de Promoción de la Mediación de Murcia y magistrada del juzgado Contencioso 2 de Murcia, Maria Luisa González Campo, han explicado que la mediación ofrece un espacio de diálogo, donde explorar todas las soluciones posibles, respetando el principio de legalidad. “Contamos con destacadas experiencias en mediación intrajudicial que han permitido dar respuesta a conflictos judiciales muy enconados y de muy difícil solución en asuntos de urbanismo, responsabilidad patrimonial o en ejecución de sentencias”, ha destacado Uris.

Además, se ha contado con la participación de mediadores expertos en litigios de carácter administrativo que a través de casos prácticos han explicado a los asistentes técnicas y herramientas para generar esos espacios de diálogo que permitan soluciones alternativas a la vía judicial.

En el curso, dirigido a empleados públicos de los servicios jurídicos y técnicos de la administración local y autonómica, así como aquellos con habilitación de carácter nacional como la Secretaría General, Intervención, Tesorería y Asesoría Jurídica o miembros de la Abogacía del Estado y de otras administraciones públicas con funciones en materia de integridad y ética pública ha contado con un centenar de participantes funcionarios de las distintas administraciones y mediadores profesionales.

Entre los perfiles profesionales de los inscritos se encuentran letrados, personal directivo de los servicios jurídicos de las consejerías y organismos autónomos, asesores jurídicos, jefes de servicio, personal técnico, interventores y secretarios generales de los ayuntamientos o policías locales.

La clausura ha corrido a cargo de la letrada directora de la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia (UMIM), Carmen Marín Álvarez, y la directora de la EFIAP, Caridad de la Hera Orts.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social asciende a 1.254,6 euros en este mes, un 5% más que hace un año

Protección social. Inclusión, Seguridad Social y Migraciones – 25.6.2024

La pensión media del sistema de la Seguridad Social asciende a 1.254,6 euros en este mes, un 5% más que hace un año. Esta media corresponde a la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares

La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 12.751,5 millones de euros el pasado 1 de junio, que equivale al 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Además, en junio, junto a la nómina ordinaria, se abona a los pensionistas la paga extraordinaria, cuyo importe alcanza este año 12.420 millones de euros, un 6,2% más que en 2023.

Más de 10,1 millones de pensiones (10.142.040) perciben la paga extra, con una cuantía media de 1.224,6 euros, un 4,9% más que en la misma fecha del año pasado.

La paga extraordinaria se abona al conjunto de las pensiones con la excepción de las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en 12 pagas, ya que las extras se prorratean en las mensualidades ordinarias.

Por clase de pensión

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 9.322,3 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.106,2 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.117,4 millones; la de orfandad, a 171,5 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,1 millones.

De los 10,2 millones de pensiones contributivas abonadas, 6,5 millones son de jubilación, 2,3 millones son de viudedad, y el resto corresponden a pensiones de incapacidad permanente (961.167), orfandad (341.262) y en favor de familiares (46.088). El número de pensiones crece a un ritmo interanual del 1,2%.

En junio, el número de pensionistas ha sido de 9,2 millones. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres. La proporción de pensiones por pensionista se mantiene en 1,1 prestaciones por persona.

La pensión de jubilación es la principal para 6,4 millones de personas. De ellas, el 60% son hombres; en el caso de la pensión de viudedad, de los 1,5 millones de personas que la perciben como principal prestación, el 96% son mujeres. Por otra parte, hay 956.679 perceptores de incapacidad permanente, 323.278 de orfandad y 45.500 en favor de familiares.

Pensión media

Como se ha mencionado al inicio, la pensión media del sistema se sitúa en 1.254,6 euros al mes, un 5% más que hace un año.

La pensión media de jubilación, por su parte, es de 1.441,8 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.601 euros mensuales, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, con 962,8 euros. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.803,5 euros, y es de 1.598 euros en el Régimen del Mar. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2024 (último dato) a 1.531,9 euros mensuales.

En junio, la pensión media de viudedad, por su parte, alcanzó los 896,5 euros al mes.

Crecen las jubilaciones demoradas y bajan las anticipadas

De las nuevas altas en los primeros meses del año (138.196), la cifra de jubilaciones anticipadas se reduce considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (29,3%), son 41.398; mientras que en el 2019 eran el 40%. El 70% fueron con edad ordinaria (96.761). Además, un 10,2% de las altas corresponden a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Hay que recordar que desde 2022 están en vigor unos nuevos incentivos de demora

La media de tiempo de resolución de los expedientes en abril (último dato disponible) fue de 8,45 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,61 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Con complemento de brecha de género

En junio, 773.783 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 90% sus titulares son mujeres (693.727). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 71 euros. De total de pensiones complementadas, el 24% corresponde a pensionistas con un hijo (186.032); el 47% de los beneficiarios, con dos hijos (363.864); el 18,9% lo percibe por tres hijos (145.939), y por cuatro hijos, el 10,1% (77.948).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija, tras la revalorización aplicada en 2024, de 33,20 euros al mes por hijo. Se solicita al mismo tiempo que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.577,8 millones de euros en el mes de mayo (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 105,5 millones de euros respecto a la del año anterior, un 7,2% más.

El número de pensiones en vigor fue de 710.591, 15.753 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,3% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-450/22 | Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas)

Luxemburgo, 4 de julio de 2024

curia.europea

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-450/22 | Caixabank y otros (Control de la transparencia en acciones colectivas)

Préstamos hipotecarios: es posible controlar la transparencia de las cláusulas suelo en el marco de una acción colectiva que comprenda a todo el sistema bancario de un país

Al llevar a cabo ese control, el juez puede tomar en consideración la evolución de la percepción que el consumidor medio tiene de esas cláusulas

Las conocidas como cláusulas suelo son cláusulas tipo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable celebrados con consumidores por un número considerable de entidades financieras en España.

Estas cláusulas fijaban un umbral (o suelo) por debajo del cual no podía situarse el tipo de interés variable, aun cuando el tipo de referencia (generalmente el Euribor) fuera inferior a ese mínimo. En España se presentaron miles de demandas en las que se alegaba la ilegalidad de las cláusulas suelo a la luz de la Directiva sobre las cláusulas abusivas 1 2.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) ejercitó una acción colectiva contra ciento una entidades financieras que operan en España. Dicha Asociación pretende que esas entidades cesen en el uso de las cláusulas suelo y que se devuelvan las cantidades pagadas en aplicación de esas cláusulas. Tras los llamamientos hechos en medios de comunicación de difusión nacional, ochocientos veinte consumidores se personaron en apoyo de la acción colectiva.

Al haber visto desestimadas sus pretensiones en dos ocasiones, los bancos recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo. Dicho Tribunal alberga dudas acerca de la adecuación del procedimiento colectivo para llevar a cabo un control de la transparencia de las cláusulas suelo con el fin de apreciar si revisten carácter abusivo, habida cuenta, en particular, de los numerosos consumidores y entidades financieras afectados. Ese mismo Tribunal hace también referencia a la dificultad de utilizar el criterio del consumidor medio para llevar a cabo el control de transparencia en este caso, ya que las cláusulas suelo se dirigían a diferentes categorías específicas de consumidores.

El Tribunal de Justicia señala que ninguna disposición de la Directiva indica que el control judicial de transparencia queda excluido en el marco de una acción colectiva. Ese control debe simplemente adaptarse a las particularidades de las acciones colectivas y concentrarse en las prácticas contractuales y precontractuales estándar del profesional con respecto al consumidor medio.

El Tribunal de Justicia observa que, en el presente caso, se cumple el primero de los dos requisitos a los que se supedita el ejercicio de una acción colectiva contra varios profesionales, ya que esta se dirige contra profesionales del mismo sector económico (el de las entidades de crédito). Las dificultades organizativas planteadas por la complejidad del asunto –debida al elevado número de entidades y de consumidores– no pueden menoscabar la efectividad de los derechos subjetivos reconocidos por la Directiva a los consumidores.

El Tribunal de Justicia señala que parece que se cumple también el segundo requisito, ya que, a salvo de las comprobaciones que deberá efectuar el Tribunal Supremo, las cláusulas suelo en cuestión parecen similares. El Tribunal de Justicia añade que el mero hecho de que los contratos en los que estas figuran hayan sido celebrados en momentos diferentes o bajo diferentes regímenes normativos no permite excluir esta similitud.

A continuación, el Tribunal de Justicia destaca que es precisamente la heterogeneidad del público afectado la que hace necesario recurrir a la figura del consumidor medio, cuya percepción global es pertinente a efectos del control de transparencia. No obstante, esta percepción puede haber evolucionado, de modo que el Tribunal
Supremo deberá comprobar si la caída de los tipos de interés, característica de los años 2000, o el pronunciamiento de su sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que se declaró que las cláusulas suelo no eran transparentes, pudieron provocar un cambio, a lo largo del tiempo, del nivel de atención y de información del consumidor medio en el momento de la celebración de un contrato de préstamo hipotecario.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Más de 38.600 millones de euros del Plan de Recuperación han llegado ya a más de 674.000 adjudicatarios, sobre todo microempresas y pymes

24 junio 2024 mineco.gob.es

Más de 38.600 millones de euros del Plan de Recuperación han llegado ya a más de 674.000 adjudicatarios, sobre todo microempresas y pymes

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, el ministro Carlos Cuerpo ha actualizado los datos de adjudicación de licitaciones y subvenciones del Plan de Recuperación a 31 de mayo, que pueden consultarse en la página web con la plataforma ELISA.

24 de junio de 2024.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha comparecido ante la Comisión Mixta para la Unión Europea en el Congreso de los Diputados, donde ha actualizado los datos de adjudicación de licitaciones y subvenciones del Plan de Recuperación a fecha de 31 de mayo.

Según los datos que pueden consultarse en la página web del Plan de Recuperación, a través de la herramienta ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, de 67.228 millones convocados se han desembolsado ya 38.604 millones, lo que supone una tasa de resolución del 57,4%, alcanzando ya un total de 674.189 adjudicatarios.

“En términos de nivel de desembolso estamos más o menos a mitad de la ejecución del Plan y se han ejecutado ya más del 50% de esos fondos. Se mantiene también un ritmo progresivo y consolidado tanto en las convocatorias como en las ejecuciones”, ha afirmado Cuerpo.

En tan sólo el mes de mayo de 2024 se han resuelto convocatorias por valor de 900 millones de euros y se han lanzado nuevas por valor de 2.000 millones de euros adicionales. Además, ha crecido el número de beneficiarios en 12.000 adicionales.

“Ya prácticamente hemos alcanzado la convocatoria del total de los fondos asignados en esta primera fase y estamos avanzando a un buen ritmo para ser capaces de ejecutar estos fondos a tiempo de aquí a mediados del año 2026”, ha añadido Cuerpo.

El ministro ha señalado que microempresas y pymes siguen siendo los principales adjudicatarios de las convocatorias resueltas, suponiendo un 36% del total, reflejando la granularidad en la llegada de los fondos y su respuesta ante las necesidades del tejido productivo.

Buen desempeño de la economía española

En su comparecencia, el ministro ha informado a diputados y senadores del “buen desempeño de la economía española”. “España no solo lideró el crecimiento entre las principales economías de la zona euro en 2023, sino que el pulso de crecimiento se mantiene también en 2024 en el corto y medio plazo”, ha indicado.

“Estamos teniendo un modelo de crecimiento equilibrado. Las buenas cifras de PIB vienen acompañadas con una robusta creación de empleo y está siendo compatible con una moderación progresiva de los precios, con un sector exterior pujante, un refuerzo de la cohesión social, descarbonización progresiva de nuestra economía y una dimensión esencial como es la responsabilidad fiscal, con reducción progresiva de nuestras ratios tanto de déficit como de deuda pública”, ha destacado Cuerpo.

Tanto organismos nacionales como internacionales han ido revisando de manera sistemática en el último año y medio al alza sus previsiones de crecimiento, poniendo de manifiesto que la evolución de la economía española sigue superando expectativas, de tal forma que, como ha informado el ministro, el Gobierno actualizará próximamente su previsión de crecimiento para este año.

“El Informe de Situación Económica es el primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y ahí vamos a hacernos eco de la buena evolución de la economía en este inicio de año, actualizar también nosotros al alza nuestras previsiones y acercarnos a ese consenso que está en el entorno del 2,5. Estaremos por tanto más cerca de ese 2,5% que del 2%, que es nuestra previsión actual para el año 2024”, ha asegurado.

Accede a la presentación empleada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa en su comparecencia en este enlace.