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Edificio obra de Javier González de Riancho

16 de junio, 2019
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La Bolsa negocia 40.137 millones de euros en mayo

16 de junio, 2019

La Bolsa negocia 40.137 millones de euros en mayo

bolsamadrid.es

•Supone un descenso del 18,2% respecto a abril, aunque el número de negociaciones sube un 4,5%
•El volumen en Renta Fija se incrementa un 36,7% en el mes frente a mayo de 2018, hasta los 29.637 millones de euros
•La negociación en Derivados Financieros aumenta un 9% en los cinco primeros meses del año

La Bolsa española negoció en Renta Variable 40.137 millones de euros en mayo, un 18,2% menos que en abril y un 22,3%* menos que en el mismo mes del año anterior. El número de negociaciones en mayo fue de 3,04 millones, lo que supone un incremento del 4,5% respecto a abril y un descenso del 22,7% frente a mayo del pasado ejercicio.

La Renta Fija siguió registrando elevados volúmenes. En mayo la negociación ascendió a los 29.637 millones de euros, un 36,7% más que en el mismo mes del año anterior. El volumen total acumulado en los cinco primeros meses del año alcanza los 158.209 millones de euros, con un crecimiento interanual del 78,1%.

El mercado primario también mantuvo una alta actividad. Las emisiones admitidas a negociación aumentaron un 14,9% desde principios de año, con una cifra agregada en los cinco primeros meses de 165.446 millones de euros. El saldo vivo se incrementó un 2,7% en comparación con el cierre de diciembre 2018.

La negociación del mercado de Derivados Financieros aumentó un 9% en el acumulado del año 2019 respecto al mismo periodo de 2018. Este incremento se debe al aumento en la negociación de un 85,9% en los Futuros sobre Acciones. La contratación subió un 14,1% en los contratos de Futuros sobre IBEX 35 y un 45,1% en los Futuros Mini Ibex con respecto al mes de abril.

La posición abierta en Futuros sobre IBEX 35 se elevó un 4,8%, y en Futuros sobre acciones, un 56,7%.

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New York. Calatrava,s Oculus

15 de junio, 2019
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Justicia aclara el régimen transitorio del trámite de información al ciudadano sobre las hipotecas previsto en la Ley de Crédito Inmobiliario

15 de junio, 2019

Justicia aclara el régimen transitorio del trámite de información al ciudadano sobre las hipotecas previsto en la Ley de Crédito Inmobiliario

Viernes 14 de junio de 2019 lamoncloa.gob.es

El Ministerio de Justicia, a través del director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, ha emitido dos instrucciones que clarifican el régimen transitorio para el trámite de información que deben cumplimentar los notarios con los clientes de las entidades de crédito antes de que estos formalicen sus contratos de préstamo.

​La primera instrucción tiene por objetivo que no se paralicen las operaciones de préstamo al no haberse completado la conexión informática de las plataformas telemáticas de algunas entidades de crédito para la remisión de la información precontractual a las notarías.

La nueva ley obliga a las entidades a remitir sus ofertas vinculantes de crédito a los notarios «por medios telemáticos seguros» que deben permitir al fedatario público la «comprobación fehaciente de la fecha en la que se incorporaron a la aplicación».

Desde el domingo 16 de junio hasta el próximo 31 de julio, estas comunicaciones se podrán efectuar sin hacer uso de esas plataformas telemáticas previstas en la ley, empleando otros medios alternativos, como la entrega de la documentación en papel, su remisión por correo o incluso por medios informáticos que reúnan las debidas medidas de seguridad. De esta forma, con carácter transitorio y durante un mes y medio desde el próximo domingo, fecha de entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario aprobada el pasado 15 de marzo, se admitirá el uso de tales medios alternativos.

Todo ello, sin embargo, debe hacerse salvaguardando las nuevas obligaciones que establece la ley. En primer lugar, la libertad de elección de notario por parte del cliente deberá quedar garantizada.

La instrucción también establece, de forma ejemplificativa, los medios por los que, durante las próximas semanas, los bancos podrán asegurar la fehaciencia de la fecha de entrega de sus ofertas vinculantes, un requisito de importancia primordial, ya que la escritura pública solo puede firmarse una vez transcurrido un plazo de 10 días desde esa fecha. En ese plazo, el notario deberá asesorar pormenorizadamente al prestatario sobre las cláusulas del contrato que se dispone a firmar y hacerlo constar en acta.

Garrido también ha aprobado una segunda instrucción en la que explica cómo se deben firmar las operaciones cuya oferta vinculante se haya entregado con los requisitos de la normativa todavía vigente, pero que vayan a elevarse a escritura pública tras la entrada en vigor de la nueva ley, el próximo domingo 16 de junio.

En este caso, solo podrán formalizarse con efectos de la normativa anterior los contratos en los que se haya acreditado que el prestatario ha aceptado la oferta vinculante sin modificaciones antes de esa fecha. Si no se acredita el acuerdo previo, se aplicará la nueva normativa y será necesario el otorgamiento del acta notarial de información previa.

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New York. One World Trade Center.

14 de junio, 2019
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Los países del G20 prevén una recuperación del crecimiento mundial en el segundo semestre de 2019 y acuerdan seguir trabajando para una fiscalidad internacional justa, sostenible y moderna

14 de junio, 2019

10 de junio de 2019

mineco.gob.es

Los países del G20 prevén una recuperación del crecimiento mundial en el segundo semestre de 2019 y acuerdan seguir trabajando para una fiscalidad internacional justa, sostenible y moderna

España impulsa con los países europeos participantes en la Reunión ministerial del G20 de Fukuoka (Japón) una declaración que destaca el valor del comercio como motor para el crecimiento y la creación de empleo
La Ministra de Economía y Empresa en funciones señala la necesidad de abordar los retos de la fiscalidad digital con el fin de mantener la confianza en el sistema internacional y favorecer una imposición justa.
Nadia Calviño aprovechará su estancia en Japón para reunirse en Tokio con inversores internacionales

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha participado en la reunión ministerial del G20 celebrada durante el fin de semana en Fukuoka (Japón). El encuentro ha servido para preparar la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el 28 y 29 de junio en otra ciudad japonesa, Osaka. Japón es el país encargado de la presidencia del G20 durante 2019.

Los ministros de Economía y de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos centrales de los estados miembros han analizado la situación de la economía global y han debatido sobre la fiscalidad internacional, los desequilibrios globales, la estabilidad financiera, así como financiación al desarrollo, inversión en infraestructuras y los cambios demográficos. En un comunicado conjunto, los países del G20 han reafirmado su compromiso de utilizar todos los instrumentos de política económica en favor de un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo.

Los países del G20 han constatado que el crecimiento global se está estabilizando, con la previsión de una recuperación moderada a partir del segundo semestre de 2019.

La amenaza principal para ese crecimiento son las tensiones comerciales y geopolíticas que se han intensificado. Así se reconoce en el comunicado final suscrito por los participantes en la reunión, que se declaran dispuestos a tomar acciones conjuntas para fortalecer la cooperación internacional. En el comunicado se reitera que el comercio y la inversión internacional son motores del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo.

Los ministros del G20 han expresado su voluntad de seguir trabajando para lograr un sistema fiscal internacional, justo, sostenible y moderno, y promover políticas fiscales favorables al crecimiento. Han valorado de forma positiva los progresos en el marco de la OCDE en el tratamiento de los retos fiscales que surgen de la digitalización y acordado avanzar también en la hoja de ruta sobre erosión de bases imponibles y traslado de beneficios (BEPS), para garantizar una tributación mínima internacional. Se comprometen a redoblar esfuerzos para lograr una solución de consenso en ambos terrenos, con un informe final para 2020.

“Resulta prioritario abordar de manera conjunta los retos especiales que plantea la fiscalidad de los nuevos modelos de negocio de las plataformas digitales con el fin de asegurar la igualdad de condiciones de competencia en el mercado global así como una fiscalidad justa y equitativa”, ha planteado la Ministra Calviño en su intervención.

El comunicado señala igualmente que la movilización de una financiación sostenible y el fortalecimiento de la inclusión financiera son importantes para el crecimiento global. Y aboga por maximizar el impacto positivo de las infraestructuras para lograr un crecimiento y desarrollo sostenibles, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas, aumentando la eficiencia y teniendo en cuenta consideraciones ambientales y de género.

La ministra de Economía y Empresa en funciones ha aprovechado las reuniones del G20 para mantener distintos encuentros bilaterales con el presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Portugal, Mario Centeno, el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, y la directora general del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

Su estancia en Japón concluye con un viaje a Tokio donde este lunes se reúne con inversores. La ministra les trasladará el compromiso de España con la disciplina presupuestaria y las sólidas perspectivas de nuestra economía, con un crecimiento superior al de la zona euro. En las últimas emisiones celebradas por el Tesoro se ha constatado un interés creciente de inversores asiáticos en la deuda pública española.

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One World Trade Center

13 de junio, 2019
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En Polonia, los notarios, que expiden un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial, no son «tribunales» en el sentido del Reglamento en materia de sucesiones y, por consiguiente, dicho certificado no es una «resolución» en esa materia

13 de junio, 2019

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 67/19
Luxemburgo, 23 de mayo de 2019
Sentencia en el asunto C-658/17 WB
En Polonia, los notarios, que expiden un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial, no son «tribunales» en el sentido del Reglamento en materia de sucesiones y, por consiguiente, dicho certificado no es una «resolución» en esa materia
Ese certificado es, en cambio, un «documento público»
El padre de WB, fallecido el 6 de agosto de 2016, tenía nacionalidad polaca y residía habitualmente en Polonia. WB era una de las partes del procedimiento relativo a la sucesión de su padre, iniciado ante la Sra. Przemysława Bac, notaria de Słubice (Polonia). Dicha notaria expidió un certificado de título sucesorio el día 21 de octubre de 2016. El difunto era un empresario que ejercía una actividad económica cerca de la frontera entre Polonia y Alemania. WB deseaba saber si se habían invertido sumas de capital en uno o varios bancos alemanes y, en caso de que así fuera, que se le comunicase qué parte del importe de esos capitales podía verterse al caudal hereditario. Para ello, WB solicitó que se le facilitara una copia del certificado de título sucesorio expedido por dicha notaria y una certificación de que ese documento constituye una resolución en materia de sucesiones, en el sentido del Derecho de la Unión. En caso de que su solicitud fuera rechazada, WB pedía que se le facilitara una copia del certificado de título sucesorio y una certificación que confirmara que ese certificado constituye un documento público en materia de sucesiones.
Mediante acta de 7 de junio de 2017, un oficial de la notaría de la Sra. P. Bac rechazó dichas solicitudes observando, fundamentalmente, que el certificado de título sucesorio era una «resolución», en el sentido del Derecho de la Unión y que, al no haber notificado Polonia a la Comisión la lista de las autoridades y de los profesionales del Derecho, le resultaba imposible extender la certificación en la forma prescrita por el Derecho de la Unión. En relación con la segunda solicitud formulada por WB, el oficial de la notaría señaló que calificar el certificado de título sucesorio de «resolución» impedía calificarlo de «documento público», de forma que no resultaba posible expedir la certificación correspondiente, en la forma prescrita por el Derecho de la Unión.
WB presentó un recurso ante el Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunal Regional de Gorzów Wielkopolski, Polonia). Ese tribunal solicita que se dilucide si un notario polaco, competente para expedir un certificado de título sucesorio, ejerce funciones jurisdiccionales y si el documento que redacta es un documento público, del cual puede expedirse una copia acompañada del formulario al que se refiere el Reglamento n.º 650/2012, (1) a petición de cualquier interesado en utilizar ese documento en otro Estado miembro.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia comienza señalando que, con arreglo al citado Reglamento, el concepto de «tribunal» designa a cualquier autoridad judicial y al resto de autoridades y profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que dichas autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y siempre que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que desempeñan sus funciones, puedan ser objeto de recurso o de revisión ante un órgano judicial, y tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.
Tras apreciar que la falta de notificación por parte de Polonia del ejercicio de funciones jurisdiccionales por los notarios reviste un valor meramente indicativo y no excluye la posibilidad de que puedan recibir la calificación de «tribunales» siempre que cumplan los requisitos establecidos por dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia analiza si el notario que redacta un certificado de título sucesorio a petición de todas las partes del procedimiento notarial ejerce funciones jurisdiccionales en el sentido del citado Reglamento. El Tribunal de Justicia destaca que el ejercicio de funciones jurisdiccionales implica disponer de la facultad de resolver en virtud de su propia potestad sobre los posibles puntos controvertidos que existan entre las partes. Para que se considere que, habida cuenta de la naturaleza específica de la actividad que lleva a cabo, una autoridad ejerce una función jurisdiccional, esta autoridad debe tener reconocida la facultad de resolver un eventual litigio. No es éste el caso cuando la competencia del profesional en cuestión depende exclusivamente de la voluntad de las partes. Dado que las actividades notariales relativas a la expedición de certificados de título sucesorio se ejercen a petición de todas las partes interesadas, quedando intactas las prerrogativas del juez en caso de falta de acuerdo de las partes, cabe concluir que los notarios no ejercen ninguna competencia resolutoria. Los certificados de título sucesorio no son expedidos por un tribunal, de modo que no constituyen una «resolución» en materia de sucesiones, en el sentido de dicho Reglamento.
Por último y en relación con la cuestión de si un certificado de título sucesorio, como el certificado polaco, expedido por un notario a solicitud de todas las partes de un procedimiento notarial, constituye un «documento público», el Tribunal de Justicia señala que, en virtud del Derecho polaco, los notarios están facultados para expedir documentos relativos a una sucesión y que el certificado de título sucesorio queda registrado formalmente como documento público. Asimismo, el Tribunal de Justicia destaca que ese certificado surte los mismos efectos que un auto firme de declaración de título sucesorio. Por otra parte, el notario realiza las comprobaciones que pueden llevarle a negarse a redactar el certificado de título sucesorio, de forma que la autenticidad de dicho documento se refiere tanto a su firma como a su contenido. Por consiguiente, el certificado de título sucesorio constituye un documento público en el sentido del citado Reglamento.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107).
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Palacio de la Magdalena. Santander

12 de junio, 2019
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Los lanzamientos practicados por impago de alquiler en el primer trimestre de 2019 aumentaron un 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior

12 de junio, 2019

Lunes, 10 de junio de 2019 poderjudicial.es

Los lanzamientos practicados por impago de alquiler en el primer trimestre de 2019 aumentaron un 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior

Disminuyeron un 19,2 por ciento los derivados de ejecuciones hipotecarias, que mantienen la tendencia a la baja por decimoquinto trimestre consecutivo. Durante los tres primeros meses del año se presentaron 5.092 ejecuciones hipotecarias, un 26,2 por ciento menos que en 2018

Autor:Comunicación Poder Judicial

El número de lanzamientos practicados durante el primer trimestre de 2019 alcanzaron la cifra de 15.559, lo que supone un descenso global del 2,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. El 65,9 por ciento de ellos (10.224) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 27,9 por ciento (4.341) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 994 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.

Estos y otros datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 19,2 por ciento. De este modo, son ya 15 los trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios. Por su parte, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos mantienen su tendencia al alza al aumentar un 5,2 por ciento en relación con el primer trimestre de 2018.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.499), la Comunidad Valenciana (con 2.119) y Madrid (con 1.730).

Lanzamientos por CC.AA.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.335, el 22,8 por ciento del total), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826), Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).

Lanzamientos solicitados a los servicios comunes

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2019 fue de 19.913, cantidad que refleja un incremento del 5,6 por ciento respecto del mismo trimestre de 2018. De ellos, 11.625 terminaron con cumplimiento positivo, con un incremento interanual del 3,6 por ciento.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas, han arrojado la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2006. Durante los primeros tres meses del año, se contabilizaron 5.092, un 26,2 por ciento menos que las iniciadas hace un año.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña con 1.092, dato que representa el 21,4 por ciento del total nacional; le siguieron Andalucía, con 1.065; la Comunidad Valenciana, con 706; Madrid, con 415; y Murcia, con 291.

Incremento global de los concursos

El número total de concursos presentados durante el primer trimestre de 2019 -tanto los registrados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción- ascendió a 2.796. Esto ha supuesto un incremento del 29,3 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. De esa cifra total, 1.113 (que equivale al 39,8 por ciento) correspondieron a personas físicas no empresarios.

En el primer trimestre del año, los juzgados de lo mercantil registraron 1.683 concursos, un 17,7 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. Cataluña ha sido la comunidad donde más concursos se presentaron en los órganos mercantiles: en total, 520, lo que supone el 30,9 por ciento del total y casi el doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 265. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 254, y Andalucía, con 169.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, han sumado un total de 1.113, cifra que representa un incremento del 52 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados, en total 367, que representan el 33 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 171; Madrid, con 163, y Andalucía, con 137.

Concursos declarados

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el primer trimestre de 2019 un total de 1.004 concursos, con un incremento del 22,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 408 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 120 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 678, un 4,4 por ciento menos que en el primer trimestre de 2018.

Los datos referidos a expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), muestran un descenso del 31,3 por ciento, pues en los primeros tres meses del año se presentaron 121 expedientes, frente a los 176 del mismo periodo de 2018.

Concursos consecutivos

Por primera vez, se incluyen en el informe los concursos consecutivos. Regulados por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, son concursos que pueden afectar a personas físicas (empresarias o no) y a determinadas personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean inferiores a cinco millones de euros y haya menos de 50 acreedores) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y no lo hayan conseguido o, si aprobado éste, el deudor no lo cumple.

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 27 concursos consecutivos en el primer trimestre de 2019, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fueron 31. Se han declarado 265 concursos consecutivos (123 lo fueron en el primer trimestre de 2018), de los cuales 199 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Las demandas por despido aumentan un 6,1 por ciento

El número de demandas por despido ascendió en este primer trimestre de 2019 a 29.511, la cifra más alta desde el mismo periodo de 2014. Con respecto al primer trimestre de 2018, las demandas por despido han experimentado un incremento del 7 por ciento.

Madrid (con 5.869, el 19,9 por ciento del total nacional) y Cataluña (con 5.625 demandas, el 19,1 por ciento) han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía (con 4.422 demandas, el 15 por ciento del total nacional) y la Comunidad Valenciana (con 2.903, el 9,8 por ciento).

Más de 34.000 reclamaciones de cantidad

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social fue de 34.203, un 9 por ciento más alto que el de las presentadas en el primer trimestre de 2018. De ellas, 7.062 se presentaron en Madrid, lo que representa el 20,6 por cien del total; 5.732, en Andalucía y 4.013, en Cataluña.

Importante aumento de los procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios presentados durante el primer trimestre de 2019 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 194.715, lo que supone un incremento interanual del 28,1 por ciento. Si bien la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía (40.679), seguida de Madrid (30.235) y Cataluña (28.656), se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia.

En cuanto a los monitorios europeos, a lo largo de 2018 ya se había apreciado un importante aumento: de los 655 presentados durante 2017 se pasó a los 5.884 presentados en 2018. En el primer trimestre de 2019, ya se han presentado 2.852, de ellos 793 en Madrid y 603 en Cataluña.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2019, han ingresado 901 demandas, de las que se han resuelto 647. El mayor número de ellas (265, que representan el 29,4 por ciento del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (134), Comunidad Valenciana (122) y Madrid (100).

(*) Puede consultar los datos estadísticos correspondientes al primer trimestre de 2019 y las series completas desde 2007 en este enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/

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Desde la península de la Magdalena. Santander

11 de junio, 2019
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La justicia canaria aclarará qué administración puede poner multas de disciplina urbanística

11 de junio, 2019

Viernes, 7 de junio de 2019 poderjudicial.es

La justicia canaria aclarará qué administración puede poner multas de disciplina urbanística

La Sala de casación autonómica admite un recurso de una empresa sancionada por la A.P.M.U.N. ante las dudas sobre qué organismo es el competente

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sección especial con competencias en materia casacional de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha admitido a trámite un recurso de casación autonómico contra la sentencia de la Sección Segunda del mismo órgano en su sede de Las Palmas que el 16 de marzo 2018 confirmó una multa de 3.000 euros impuesta por la Agencia de Proteccion del Medio Urbano y Natural (A.P.M.U.N.) canaria a la empresa Canguro Las Palmas por la ampliación de una edificación en suelo rústico de protección natural, concretamente en el término municipal de la Vega de San Mateo y en el Espacio natural Protegido denominado Paisaje Protegido de Las Cumbres C-25.

Lo que acepta la sala con competencias casacionales (lo que se podría denominar el Tribunal Supremo canario, un órgano creado en 2017 de conformidad con la reforma de la Ley jurisdiccional), es debatir y resolver qué administración es la competente para incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística, ya que actualmente la normativa parece confusa: a los ayuntamientos les corresponde las infracciones contra la ordenación urbanística; a los cabildos, las infracciones en materia de protección del medio ambiente y la gestión y consevación de Espacios Naturales Protegidos cuya gestión le hubiere sido atribuida; a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural cuando las infracciones tengan carácter grave o muy grave y en Ayuntamiento y el Cabildo no hayan incoado expediente, y de nuevo a la A.P.M.U.N. cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la compatencia municipal o insular y de la A.P.M.U.N.

El auto de admisión a trámite del recurso apunta que la mayor dificultad sobre competencias reside en su distribución entre los ayuntamientos y la Agencia.

El tribunal precisa que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar la competencia para incoar, instruir y resolver expedientes sancionadores en materia de disciplina urbanística de las distintas administraciones, conforme al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios naturales de Canarias, e igualmente identificar como normas jurídicas que en principio deben ser objeto de interpretación, los artículos 190, 202, y 229.2 del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo.

La resolución que dicte la Sala tendrá carácter de jurisprudencia del Supremo.

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Neptuno niño. Playa del Camello. Santander

10 de junio, 2019
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Presentación del primer Estudio del Spending Review: Estrategia y procedimiento en la concesión de Subvenciones

10 de junio, 2019

Nota de prensa
03/06/2019
airef.es
Presentación del primer Estudio del Spending Review: Estrategia y procedimiento en la concesión de Subvenciones
LA AIReF detecta una clara falta de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones
• La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal propone crear un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria con indicadores de resultados, dentro de un proceso de fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas y el incremento de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas
• La institución considera necesario impulsar las Conferencias Sectoriales como una red de órganos especializados donde compartir y evaluar iniciativas
• Sugiere modificar la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar su ámbito de aplicación, simplificar las cargas administrativas, aumentar la transparencia de las subvenciones directas y resolver las deficiencias de procedimiento detectadas
• En cuanto a los sistemas de información, se inclina por mejorar la información y capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó hoy el primer Estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como Spending Review, que ha realizado por primera vez en España un organismo independiente basándose en datos, la evidencia empírica y las experiencias más exitosas a nivel nacional e internacional. Este primer proyecto se ha centrado en la evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas y sirve de marco de referencia para los otros 6 de la primera fase. El Estudio se ha estructurado en tres ejes: planificación estratégica, mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento.
El primer eje trata de responder a la pregunta de si existe una planificación estratégica de las subvenciones y, en caso afirmativo, si es pertinente, coherente y consistente. En este sentido, el análisis de la AIReF detecta una clara falta de vinculación entre políticas públicas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de subvenciones. Esta desconexión viene motivada porque la estrategia, que tendría que ser el hilo conductor desde el diseño de la política pública hasta su aplicación, cualquiera que sea el instrumento utilizado, solo entra al final del proceso.
De ahí que la institución proponga la creación de un nuevo marco de planificación estratégica y presupuestaria. Además, sugiere la creación de un sistema integrado de información e indicadores que permita la evaluación de resultados, el fomento activo de una cultura de evaluación de políticas públicas y el incremento de la transparencia para favorecer la rendición de cuentas.
El segundo eje del Estudio aborda el análisis de los mecanismos de coordinación interadministrativa, valorando su eficacia a la hora de cumplir sus funciones de coordinación y su relevancia respecto a la definición de las políticas públicas. En este sentido, el análisis de la AIReF concluye que las Conferencias Sectoriales, principal mecanismo de coordinación entre administraciones, presentan unas características muy heterogéneas: suman un número muy elevado pero, sin embargo, se reúnen pocas veces. En general, tienen un enfoque centralista y una visión parcial de las políticas públicas que, en muchos casos, se limita al reparto de fondos de la Administración Central a las comunidades autónomas.
Para mejorar los mecanismos de coordinación, la AIReF propone posicionar al sistema de Conferencias Sectoriales como una red de órganos especializados donde compartir y evaluar iniciativas; crear un secretariado técnico para cada Conferencia Sectorial formado por funcionarios estatales y autonómicos y definir criterios de reparto según indicadores objetivos y susceptibles de revisión según la evidencia de los resultados.
Finalmente, el tercer eje se centra en los procedimientos mediante la evaluación del entorno institucional, el ordenamiento jurídico aplicable y los sistemas de información. En este caso, el análisis de la AIReF concluye que la normativa vigente es insuficiente en su cobertura y está desactualizada, generando en algunas ocasiones cargas administrativas excesivas para gestores y beneficiarios. Asimismo, los controles están únicamente centrados en el control de legalidad, dejando de lado la evaluación de eficacia y eficiencia que también contempla la normativa vigente. Por último, se aprecia margen para mejorar la transparencia en el proceso subvencional y para aprovechar todo el potencial que ofrece una base nacional de subvenciones.
Las medidas propuestas por la AIReF para la mejora de los procedimientos se centran en clarificar y ampliar del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones (LGS), desarrollar el contenido y alcance de los principios rectores del establecimiento y concesión de subvenciones y ayudas públicas, mejorar la regulación de las subvenciones de concesión directa, simplificar los procedimientos de gestión de las subvenciones y corregir las deficiencias de los procedimientos de control, reintegro y sancionador. En cuanto a los sistemas de información, las propuestas se centran en la mejora de la información y capacidad de explotación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
El Spending Review
Este primer Estudio sirve de marco de referencia parar los otros seis de la primera fase, que analizan en detalle determinadas políticas de gasto:

  • Gasto en medicamentos dispensados con receta médica
  • Las políticas activas de empleo
  • Las becas universitarias
  • Las ayudas a la investigación
  • El apoyo al sector industrial
  • El servicio postal universal que presta Correos
    Los resultados se irán poniendo a disposición de todos los ciudadanos a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de compartir los principales hallazgos y propuestas que, a la vista de la evidencia empírica, permitirían mejorar el impacto de las políticas analizadas.
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El Gobierno aumenta el nivel de protección legal de 27 especies de fauna y flora amenazadas en España

9 de junio, 2019

El Gobierno aumenta el nivel de protección legal de 27 especies de fauna y flora amenazadas en España

Miércoles 5 de junio de 2019

lamoncloa.gob.es

Ministerio para la Transición Ecológica

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden Ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011 que desarrolla el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas, para incluir en estos registros a 27 especies de fauna y flora amenazadas en España.

​De esta forma, el Gobierno aumenta el nivel de protección legal de estas especies, tal y como se recoge en la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad para aquellas especies de fauna y flora que, por su valor ecológico, singularidad, rareza, o grado de amenaza, o por estar incluidas en tratados internacionales o normas comunitarias, deben ser objeto de una atención especial y requerir medidas de conservación activas.

En este sentido, hay que destacar que la inclusión de una especie en este listado y catálogo obliga a las administraciones a realizar un seguimiento de su estado de conservación y de las amenazas que les afectan. Para las especies incluidas en el catálogo, además, se deben ejecutar planes concretos de actuación para su conservación o recuperación.

Entre estas nuevas 27 especies hay terrestres y marinas. En relación a las especies marinas, se incluyen en el listado las poblaciones mediterráneas de la esponja negra, de siete especies de coral (el negro, el negro ramificado, negro anaranjado, negro mediterráneo, coral blanco duro y frágil y el coralito débil), dos de gorgonias (la abanico y la candelabro) y la madrépora mediterránea. Estos invertebrados revisten un alto interés ecológico pues a lo largo de los años sus grandes colonias forman complejos hábitats que son muy importantes como refugio de otras muchas especies marinas.

También se incluye en el listado la tortuga marina olivácea, especie presente en las Islas Canarias y también citada en el Mediterráneo; la pardela cenicienta atlántica, ahora también en el Mediterráneo, y la población mediterránea del charrán bengalí.

Por su parte y siguiendo con las especies marinas, se incluye en el catálogo «en peligro de extinción», la nacra común, y en la categoría «Vulnerable», las poblaciones canarias de tres especies de algas marinas (el mujo amarillo, rojo y negro), este último endémico de estas islas.

Tres especies de tiburones

También se incluyen tres especies de tiburones: el angelote, el pez ángel y el angelote espinoso, todos ellos «en peligro de extinción». Los angelotes son tiburones planos de hábitos nocturnos que se reproducen en las bahías y aguas someras de nuestras costas y se entierran en la arena. Prácticamente han desaparecido de nuestras aguas peninsulares y constituyen el segundo grupo de tiburones más amenazado del mundo. Las graves amenazas que sufren por el cambio climático, la destrucción de su hábitat, la contaminación o la pesca de arrastre ilegal justifican su protección especial.

Finalmente se incluye en el Catálogo en la categoría «Vulnerable», el zifio de Cuvier, una especie de ballenato adaptado a vivir en grandes profundidades que ha sufrido una importante reducción poblacional en los últimos años, por lo que se hace necesario incrementar su protección.

En cuanto a las especies terrestres, se incluye en el catálogo «en peligro de extinción» la mariposa azufrada ibérica, una rara mariposa exclusiva de España localizada únicamente en dos poblaciones pequeñas y aisladas (Los Monegros, Aragón y la Hoya de Baza, Andalucía); y la lagartija batueca, uno de los reptiles continentales más raros de Europa, de la cual se estima que no sobreviven más de 1.500 individuos y únicamente en Las Batuecas y la Peña de Francia (Salamanca-Cáceres). También se incluye en el catálogo, pero en la categoría «vulnerable», la lagartija leonesa.

En el grupo de los mamíferos, se incluye en el catálogo en la categoría «vulnerable» el topillo de Cabrera, un roedor exclusivo de la Península Ibérica, que vive en prados bajos de hierbas y juncos, un tipo de hábitat en fuerte regresión por el aumento de la intensificación de la agricultura y la frecuente ubicación de infraestructuras.

Lobo al sur del Duero, protección especial

Finalmente, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, se incluyen en el Listado todas las poblaciones del lobo ibérico existentes en España al sur del Duero.

En la Directiva Hábitats las poblaciones españolas de lobo se hallan incluidas en dos anexos, con dos regímenes de protección distintos, debido a su diferente estado de conservación: las situadas al norte del Duero en el anejo V (especies que pueden ser objeto de gestión); y las situadas al sur del Duero (Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha), en el anejo IV (estrictamente protegidas).

Hasta la fecha solo las poblaciones del lobo al sur del río Duero de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha se hallaban incluidas en el Listado. Con la aprobación de esta orden ministerial todo el rango de distribución de la especie al sur del río Duero goza ya de protección especial.

Según el último censo del lobo en España, realizado en 2014 por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y las comunidades autónomas, había alrededor de 300 manadas de lobos, lo que supone entre 2.000 y 2.500 lobos, distribuidos fundamentalmente por el norte del Duero, mientras que al sur se estimaron en 30 manadas.

El MITECO junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las comunidades autónomas trabajan activamente para promover la coexistencia de las actividades humanas y la conservación del lobo y otros carnívoros. Entre esas iniciativas estatales destaca la elaboración por parte del MITECO de un catálogo de medidas preventivas destinadas a mitigar el conflicto entre el lobo y la ganadería extensiva. Por su parte, el MAPA dispone de un Plan de Seguros Agrarios que cubre las indemnizaciones por daños causados para aquellos ganaderos que hayan suscrito las correspondientes pólizas.

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El paro registrado se ha reducido en 84.075 personas en el mes de mayo

8 de junio, 2019

Datos de desempleo de mayo

El paro registrado se ha reducido en 84.075 personas en el mes de mayo

Martes 4 de junio de 2019

lamoncloa.gob.es

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha bajado en mayo en 84.075 personas en relación con el mes anterior. En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 20.073 personas.

Respecto a mayo de 2018 el paro se ha reducido 172.639 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 5,31%. Así, la cifra total de parados registrados es de 3.079.491, el nivel más bajo en un mes de mayo de los últimos 10 años.

El desempleo masculino se sitúa en 1.250.812 personas, al bajar en 47.896, y el femenino en 1.828.679, al reducirse en 36.179 personas respecto al mes de abril. Si lo comparamos con mayo de 2018, el desempleo masculino baja en 96.328 personas y el femenino desciende en 76.311.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en mayo en 11.287 personas respecto al mes anterior, mientras el paro de 25 y más años baja en 72.788.

El paro registrado ha bajado en todas las comunidades autónomas, entre las que destacan: Andalucía (-17.981), Cataluña (-10.507) y la Comunidad Valenciana (-8.744).

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en todos ellos: Agricultura y pesca, en 7.864, Industria en 8.085, Construcción en 9.040, Servicios en 54.762, y el colectivo de personas sin empleo anterior en 4.324.

Número de contrataciones

En mayo se registraron 2.075.741 contrataciones. De ese total, 184.161 son contratos de trabajo de carácter indefinido, 1.883.367 contratos temporales y 8.213 de carácter formativo.

Los contratos indefinidos de abril se dividen, en cuanto a la duración de jornada, en 106.602 a tiempo completo y 77.559 a tiempo parcial.

Prestaciones

La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo de abril de 2019 ha sido del 59,1%, lo que supone un incremento de 2,8 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior.

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de abril han sido 1.764.110 un 0,3% menos respecto al mismo mes del año anterior.

El importe de la nómina de abril ha sido de 1.468,9 millones de euros, un 5% más que en el mes de 2018.

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Torre de Pisa

7 de junio, 2019
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El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,134 % en mayo

7 de junio, 2019

Banco de España. Eurosistema.
Departameto de comunicación
Nota de prensa – bde.es
Madrid, 3 de junio de 2019 de 2018
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja hasta el -0,134 % en mayo
El índice euríbor, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, bajó en mayo hasta el -0,134 % desde el -0,112 % del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 0,054 puntos.
El euríbor se calcula con los datos de las principales entidades de la zona del euro y consiste en el tipo de interés medio de contado que ofrecen las entidades para las operaciones de depósito de euros a plazo de un año.
Los datos correspondientes al mes de mayo muestran también un descenso, hasta el -0,134%, del míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000.
Estos índices de referencia para el mercado hipotecario son válidos a partir de su publicación en el BOE, lo que normalmente se produce unos días después de su difusión por el Banco de España.
Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda (1)
Mayo de 2019
Rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años 0,066 %
Referencia interbancaria a un año (euríbor)
-0,134 %
Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco años
-0,023 %
Tipo interbancario a un año (míbor)
-0,134 %
El resto de los tipos de referencia oficiales para el mercado hipotecario (tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España y tipo medio de los préstamos hipotecarios entre 1 y 5 años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro) (2) se actualizarán, en torno al día 20 de este mes, en el cuadro 19.1 del capítulo 19 del Boletín Estadístico. Desde el 1 de noviembre de 2013, el Banco de España ha dejado de publicar el Tipo activo de referencia de cajas de ahorros -Indicador CECA- y los tipos medios de préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre de bancos y cajas de ahorros de conformidad con la legislación vigente (3). Las referencias a estos tipos serán sustituidas (4), con efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato. En el caso de que no exista un tipo sustitutivo en el contrato, o en caso de que este fuera alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustitución se realizará por el tipo de interés oficial denominado «tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial equivalente a la media aritmética de las diferencias entre el tipo que desaparece y el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo. El diferencial aplicable en cada caso puede calcularse utilizando el simulador publicado a tal efecto en el Portal del Cliente Bancario.
1 y 2 Calculados según la definición de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios
3 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
4 Según lo dispuesto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización;

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Volcán visto desde La Antigua. Guatemala.

6 de junio, 2019
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La Seguridad Social alcanza 19.442.113 personas afiliadas, la cifra más alta en la serie histórica de mayo

6 de junio, 2019

Balance mensual

La Seguridad Social alcanza 19.442.113 personas afiliadas, la cifra más alta en la serie histórica de mayo

Martes 4 de junio de 2019

lamoncloa.gob.es

La afiliación media a la Seguridad Social se ha situado en los 19.442.113 ocupados en el último mes, la cifra más alta en la serie de los meses de mayo. De hecho, se trata del segundo mayor registro de la serie histórica desde que se tienen datos, solo superado en julio de 2007 (19.493.050).

La ocupación en el mes creció en 211.752 trabajadores (1,10%), y en los últimos 12 meses el sistema aumenta en más de medio millón (526.446), un 2,78%.

Este mes de mayo registra por primera vez una cifra de mujeres ocupadas por encima de los 9 millones (9.043.749). En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.398.364.

El Régimen General alcanza 16.097.438 personas afiliadas; se trata del registro más alto de la serie histórica.

Respecto a 2018

En relación al año pasado, el Sistema ganó 526.446 ocupados, el 2,78%. Destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 510.814 trabajadores (3,28%). Dentro del Régimen General, el Sistema Especial Agrario prácticamente se mantiene, aunque computa 530 personas ocupadas menos (-0,07%), mientras que el Sistema Especial del Hogar registra 13.282 afiliados menos (-3,16%).

El número de afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimentó un incremento interanual de 16.457 ocupados (0,50%). El Régimen del Mar bajó en 0,15% (98) y el Carbón registró un descenso de 728 trabajadores (-32,15%).

En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Madrid (3,50%), la Comunidad Valenciana (3,38%); Castilla-La Mancha y Región de Murcia (3,28%).

Respecto a abril

El sistema de la Seguridad Social registró un incremento de 211.752 afiliados medios en el último mes.

El Régimen General protagonizó esta subida con 200.386 afiliados más (1,26%), hasta situarse en 16.097.438 trabajadores. Se trata del registro es el más elevado de toda la serie histórica. En este régimen, la afiliación creció en términos absolutos en la mayoría de los sectores de actividad, principalmente en Hostelería, que suma 76.591 ocupados en este mes (5,72%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (23.157), Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (16.193) y Comercio; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas (12.528). Desciende ligeramente en Actividades Financieras y de Seguros (-120).

El Sistema Especial de Empleados del Hogar disminuyó en 1.140 personas ocupadas (-0,28%) y ahora alcanza los 406.865. En cuanto al Sistema Especial Agrario, ganó 25.894 afiliados de media (3,31%), hasta situarse en 808.255.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.277.855 personas, tras aumentar en 11.114 (0,34%) en el último mes. El Régimen Especial del Mar, por su parte, sumó 272 ocupados (0,42%) hasta situarse en 65.284 ocupados. Finalmente, el Carbón se sitúa en 1.537 afiliados medios (-21).

En mayo, la afiliación ha subido en casi todas las comunidades autónomas, y con especial intensidad en Islas Baleares, que suma 52.528 personas (10,40%). Únicamente baja en Canarias (-478)

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución de la afiliación, muestra un crecimiento de 26.549 trabajadores respecto al mes de abril.

Destaca la relación afiliado/pensionista, que se sitúa en 2,32.

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Vista de Copenhage

5 de junio, 2019
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Confirmada la sanción 300.000 euros al expresidente de Bankinter por incumplir el deber comunicación a CNMV de participaciones en la entidad

5 de junio, 2019

Martes, 4 de junio de 2019 poderjudicial.es

Confirmada la sanción 300.000 euros al expresidente de Bankinter por incumplir el deber comunicación a CNMV de participaciones en la entidad

El Supremo desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de enero de 2018, que constató la comisión de la infracción muy grave, si bien redujo la cuantía impuesta por el Ministerio de Economía en julio de 2015, que fue de 500.000 euros, a 300.000 euros

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de 300.000 euros a J.B. por infracción muy grave prevista en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, por el incumplimiento del deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter S.A (artículo 99.p en relación al artículo 53 de dicha Ley).

El Supremo desestima el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 11 de enero de 2018, que constató la comisión de la infracción muy grave, si bien redujo la cuantía impuesta por el Ministerio de Economía en julio de 2015, que fue de 500.000 euros, a 300.000 euros.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, se fija como doctrina que el artículo 99 p) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que tipifica como infracción muy grave la inobservancia del deber de información previsto en los artículos 35 bis, 53, 53 bis y 83 bis.4 de esta Ley “cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido, debe interpretarse en el sentido de que se trata de una información de carácter permanente, de modo que el plazo de prescripción de cinco años, a que se refiere el artículo 101 bis del citado texto legal, debe comenzar a contarse desde el día en que finalizó el incumplimiento del deber de comunicación en que consiste la conducta infractora”.

Añade la resolución que “el artículo 53 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, debe interpretarse en el sentido de que impone al adquirente o transmisor de una participación significativa en una sociedad cuyos títulos están sometidos a negociación en mercados regulados, que comporte una modificación de la estructura de los derechos de voto, una obligación positiva de comunicar dichas operaciones al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que determina que en tanto no se cumpla, aún transcurrido el plazo reglamentariamente previsto, subsista la comisión de la conducta infractora, hasta que se ponga por el obligado fin a ella, debiendo tenerse en cuenta la demora en el cumplimiento a los efectos de graduar la sanción”.

En consecuencia con lo razonado, la Sala rechaza las pretensiones deducidas en relación con la interpretación del artículo 99 p) de la Ley en relación con el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 101 bis del citado texto legal, y declara “no haber lugar al recurso de casación” interpuesto por J.B., que reclamaba dicha prescripción de la sanción.

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora confirmada consideró probado que el recurrente había incumplido la obligación de notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la participación significativa en Bankinter, a la que estaba obligado dada su doble condición de Presidente de la citada entidad bancaria (que desempeñó desde noviembre de 1989 hasta marzo de 2002) y de Consejero y Vicepresidente de la sociedad Cartival, S.A. (desde 1997; compañía a la que se traspasa el paquete accionarial del 7’85 % del capital social de Bankinter).

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En Serrano Jover. Madrid

4 de junio, 2019
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CCOO alerta de que se están poniendo los mimbres de una nueva burbuja inmobiliaria

4 de junio, 2019

CCOO alerta de que se están poniendo los mimbres de una nueva burbuja inmobiliaria

El incremento de los precios de vivienda nueva, situados tan sólo un 0,8% de los máximos de 2008, nos hacen presagiar una nueva burbuja inmobiliaria. El sindicato llama al Banco de España a cumplir con su papel de vigilancia del buen funcionamiento y la estabilidad del mercado hipotecario español. A su vez, emplaza al nuevo gobierno que debe conformarse tras las elecciones del 28-A, a liderar de una nueva política de Estado en materia de Vivienda que garantice a los ciudadanos el derecho a un alojamiento digno a un coste asequible.

30/05/2019. ccoo.es

¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos aprendido de nuestros errores? Desde CCOO observamos con preocupación cómo actualmente se anudan los mimbres del cesto para otra burbuja de precios de la vivienda: precios muy elevados, concesión de hipotecas bajo prima y aumento del endeudamiento de los hogares.

El Banco de España en su papel de supervisor del mercado financiero español -fuertemente apalancado-, y dado su interés público en proteger el buen funcionamiento, eficiencia y estabilidad del citado mercado, debería vigilar los factores que pudieran provocar, nuevamente, que el contribuyente pague los costes de una hipotética e indeseable crisis financiera. Así, en vez de mostrar su excesivo e injustificado celo por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el regulador bancario podría poner su empeño en limitar el reparto de dividendos de la banca hasta que ésta alcance un ratio de solvencia que evite que, nuevamente, el contribuyente pague los costes de la siguiente crisis financiera.

Parece evidente que el derecho a la vivienda no se va a garantizar, en ningún caso, con vivienda nueva a precios de mercado vista la distancia con la capacidad económica de las familias. Por ello, en CCOO pensamos que el objetivo principal en esta materia, que debe ocupar un papel central en la acción política del nuevo Gobierno, debe orientarse a la rehabilitación y el alquiler social para garantizar el derecho a un alojamiento digno a un coste asequible a todos los ciudadanos.

Para ello es necesario que la vivienda recupere su valor de uso residencial en detrimento de su carácter de bien sujeto a continua especulación. El sindicato pone el foco en actuar sobre las viviendas ya construidas y dar un uso residencial al enorme parque de inmuebles vacíos que existe (3,44 millones en 2011) a través de un ambicioso plan de alquiler social que permita movilizar estas construcciones.

Esas dos guías básicas deberían concretarse en una batería de propuestas que CCOO concreta así:

1.- Dar un uso residencial al enorme parque de viviendas vacías que existe (3,5 millones en el último censo existe, de 2011) a través de un ambicioso plan de alquiler social que permita movilizar estas viviendas

2.- Gravar las viviendas vacías de grandes propietarios: Hablamos del establecimiento de un impuesto disuasivo para propiciar la incorporación de viviendas a la oferta del mercado de alquiler, moderando el alza de los precios

3.- Rehabilitación y mejora del parque de vivienda con criterios de accesibilidad y ecoeficiencia energética debe ser el eje de la actividad constructora

4.- Dotar de equilibrio a la relación entre arrendador y arrendatario que las reformas de las últimas décadas han disuelto en beneficio del propietario arrendador

5.- Carácter permanente de la vivienda pública. El parque público o subvencionado no puede ser enajenado ni malvendido, como ha ocurrido en el caso de fondos buitres.

6.- Consolidar un parque público de vivienda en el medio y largo plazo

7.- El Plan Estatal de Vivienda plurianual debe aumentar su dotación presupuestaria, que no ha dejado de menguar bajo los gobiernos del Partido Popular y debe reorientar sus prioridades presupuestarias y de actuación.

En suma, CCOO espera que un nuevo Gobierno progresista atienda las necesidades de la mayoría social, también en materia de vivienda, como mandata nuestro ordenamiento jurídico.

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Torre del Pretorio. Tarragona

3 de junio, 2019
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Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de alquiler asequible con el «Plan 20.000»

3 de junio, 2019

Fomento impulsa la vivienda pública en régimen de alquiler asequible con el «Plan 20.000»

Jueves 30 de mayo de 2019 lamoncloa.gob.es

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA 2019) , donde ha visitado el estand de Sepes. La Entidad Pública Empresarial de Suelo ha presentado las primeras promociones que está realizando en el marco del «Plan 20.000».

El Ministerio de Fomento promueve el «Plan 20.000» para paliar y corregir los desajustes del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este régimen es creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia, por el incremento de precios.

El ministro de Fomento en funciones en el stand de Sepes con otras autoridadesMinisterio de FomentoSe trata de incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto: Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana, Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares, Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.

El «Plan 20.000» financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes con la colaboración de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Gracias a este Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán licitaciones del derecho de superficie (sobre suelo siempre de titularidad pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas puedan acceder a la construcción de las viviendas y a la explotación de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más años.

Las primeras actuaciones del «Plan 20.000» se llevarán a cabo sobre suelo de Sepes:
•Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
•Valencia: Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería (hasta 600 viviendas).
•Sevilla: Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
•Málaga: Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
•Madrid: Campamento (hasta 1.800 viviendas).
•Ceuta: Loma Colmenar (90 viviendas protegidas).
•Melilla: Cuesta de la Viña (21 viviendas protegidas).

Sepes

Con 60 años de experiencia, Sepes se consolida como el primer operador de suelo público. Dispone de 42 millones de metros cuadrados brutos y 16 millones de metros cuadrados de superficie neta.

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Hortensias. Madrid

2 de junio, 2019
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El Banco de España publica el procedimiento para acreditar los conocimientos y competencia del personal que comercialice préstamos inmobiliarios

2 de junio, 2019

Departamento de Comunicación
Nota de prensa bde.es
Madrid, 31 de mayo de 2019
El Banco de España publica el procedimiento para acreditar los conocimientos y competencia del personal que comercialice préstamos inmobiliarios
La nueva ley de contratos crédito inmobiliario (ley 5/2019, de 15 de marzo) establece, entre otras medidas orientadas a reforzar la protección del cliente que solicita una hipoteca, que el personal de las entidades financieras que comercialice estos productos debe cumplir con una serie de requisitos de conocimientos y competencia, con el objetivo esencial de asegurar que el deudor recibe una información adecuada y ajustada a sus necesidades e intereses.
El contenido de esos requisitos se ha desarrollado a través de la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril, que atribuye al Banco de España el reconocimiento de entidades o empresas certificadoras que deben evaluar y acreditar los conocimientos y competencia. También le otorga la posibilidad de publicar un listado de títulos o certificaciones, emitidos por universidades públicas o privadas o por entidades o empresas certificadoras, cuya posesión acreditará que el personal que comercializa crédito inmobiliario cumple con la exigencia legal.
Para cumplir esta atribución, el Banco de España ha publicado en su página web bde.es el procedimiento que deben seguir y las condiciones de que deben cumplir las entidades o empresas interesadas en ser reconocidas como certificadoras de los conocimientos y competencia de los empleados, así como las universidades, entidades o empresas que deseen solicitar que sus títulos o certificaciones sean incluidos en el listado que publicará el Banco de España.
Los interesados pueden remitir sus solicitudes acompañadas de la información detallada en el procedimiento:
• de forma presencial, a través de las ventanillas del Registro del Banco de España; o
• de forma electrónica, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: acreditacionesLCCI@bde.es

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La Audiencia de Castellón comienza a archivar las ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas abusivas de vencimiento anticipado

1 de junio, 2019

Miércoles, 29 de mayo de 2019 poderjudicial.es

La Audiencia de Castellón comienza a archivar las ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas abusivas de vencimiento anticipado

Levanta la suspensión sobre estos procesos para sobreseerlos con el visto bueno de los deudores en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón ha comenzado a archivar procedimientos de ejecución hipotecaria basados en cláusulas abusivas de vencimiento anticipado siempre que los consumidores que contrajeron la deuda den su consentimiento. Esta cláusula permite al banco reclamar todo el dinero del préstamo e instar el desahucio si el consumidor no paga una sola cuota.

Con esta decisión, adoptada por primera vez en un auto el pasado 13 de mayo, el tribunal castellonense aplica la sentencia dictada el pasado 26 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Sala Civil del Tribunal Supremo.

La Audiencia ha acordado levantar la suspensión que había decretado sobre los recursos de apelación donde se cuestionaban estas cláusulas a la espera de conocer el dictamen del órgano judicial europeo.

La Sala ha comenzado ahora a dar trámites de audiencia a los deudores para conocer si están de acuerdo con el sobreseimiento del proceso o se oponen a dicha medida por considerarla más perjudicial para sus intereses.

El presidente de la Sección Tercera y de la propia Audiencia de Castellón, José Manuel Marco Cos, ponente del auto del 13 mayo, calcula en 150 los procedimientos de ejecución hipotecaria cuya suspensión va a levantar el tribunal y que podrían ser archivados en los próximos meses con el visto bueno de los deudores.

El auto estima el recurso de apelación de una consumidora contra la decisión de un juzgado de Primera Instancia de Vila-real de rechazar la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo.

La Sala considera nula esa cláusula por su carácter abusivo, ya que no contiene una modulación de la gravedad de los incumplimientos contractuales por parte del consumidor prestatario.

El auto establece sin embargo que el contrato de préstamo puede subsistir sin la cláusula anulada, por lo que “permanece y pervive la obligación del prestatario de devolver capital e intereses”.

En cualquier caso, una vez archivado el procedimiento, la entidad financiera ya no puede instar de nuevo la ejecución hipotecaria y ha de reclamar la deuda en un procedimiento ordinario, en el que el consumidor tiene más medios de defensa y no se ve abocado al desahucio de forma inmediata.

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Vista lateral de la Catedral de León

31 de mayo, 2019
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El pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad declara inconstitucional el art. 58 bis. 1 de la ley electoral general que permite a los partidos políticos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos

31 de mayo, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa
Nota informativa Nº 74/2019 tribunalconstitucional.es
Adelanto de parte dispositiva
El pleno del TC por unanimidad declara inconstitucional el art. 58 bis. 1 de la ley electoral general que permite a los partidos políticos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos
El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019.
La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido:
“En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la constitución de la nación española, ha decidido.
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”.
La sentencia se notificará en los próximos días con una nota de prensa más amplia.
Madrid, 22 de mayo de 2019

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El TSJ de Galicia declara revocada la condición de heredero en un testamento por estar separados los cónyuges

30 de mayo, 2019

Miércoles, 29 de mayo de 2019 poderjudicial.es

El TSJ de Galicia declara revocada la condición de heredero en un testamento por estar separados los cónyuges

El fallo explica que en este caso concreto el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil y Penal del TSXG ha emitido una sentencia en la que declara que los testamentos a favor de los cónyuges son ineficaces cuando en el momento de fallecer estén separados o divorciados, legalmente o de hecho. En el fallo, cuyo ponente es el magistrado Pablo A. Sande García, se explica que en el caso concreto sobre el que se pronuncia, el fallecido nombró heredera en 2010 a su entonces esposa, de quien posteriormente se separó.

En el testamento, según el TSXG, el marido “reveló la razón por la que la nombraba como su heredera, sin que nada haga concluir que, de no ser su esposa, la hubiera instituido heredera universal”. Así, los magistrados destacan que, una vez que los cónyuges se separaron de hecho, en 2012, esa disposición testamentaria “quedó privada de causa o motivo”. En el momento de la apertura de la sucesión del testador, cuando falleció, en 2015, “persistía la separación, sin que haya sido acreditada reconciliación alguna entre ambos”, indican.

El TSXG precisa en la sentencia, interpretando el artículo 208 de la Ley de Derecho Civil de Galicia que, salvo que se especifique en el testamento que aún en los supuestos de ruptura o crisis matrimonial el cónyuge es el heredero, esta disposición quedará sin efecto en esos casos. La Sala subraya que la ineficacia “no exige ni requiere declaración alguna de voluntad del testador que la complete o ratifique al tiempo de su fallecimiento” y concluye que el legislador gallego parte del entendimiento de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge se efectúan “en su condición de tal y en tanto en cuanto lo sea”, de manera que quedarán sin efecto si al fallecer los cónyuges se encontraran, entre otros supuestos, divorciados o separados, legalmente o de hecho.

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Catedral de Pisa

29 de mayo, 2019
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Las fiscalías alemanas no ofrecen garantías de independencia frente al poder ejecutivo suficientes para poder emitir órdenes europeas de detención

29 de mayo, 2019

curia.europa.eu
Prensa e Información
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 68/19
Luxemburgo, 27 de mayo de 2019
Sentencias en los asuntos acumulados C-508/18 OG (Fiscalía de Lübeck) y C-82/19 PPU PI (Fiscalía de Zwickau) y en el asunto C-509/18 PF (Fiscal General de Lituania)
Las fiscalías alemanas no ofrecen garantías de independencia frente al poder ejecutivo suficientes para poder emitir órdenes europeas de detención
En cambio, el Fiscal General de Lituania sí ofrece esa garantía de independencia
Dos nacionales lituanos y otro rumano se oponen ante los tribunales irlandeses a la ejecución de unas órdenes europeas de detención emitidas por dos fiscalías alemanas y por el Fiscal General de Lituania a fin de sustanciar acciones penales contra ellos. Se les imputan hechos calificados de homicidio voluntario y agresión con lesiones graves (OG), robo a mano armada (PF) y robo organizado o a mano armada (PI).
Los tres reclamados alegan que las fiscalías alemanas y el Fiscal General de Lituania no son competentes para emitir órdenes europeas de detención porque no son «autoridades judiciales» en el sentido de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea. (1) Por lo que se refiere a las fiscalías alemanas, OG y PI alegan, concretamente, que no son independientes frente al poder ejecutivo, ya que forman parte de una jerarquía administrativa dirigida por el Ministro de Justicia, de modo que hay riesgo de injerencia política.
En este contexto, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) y la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) solicitan al Tribunal de Justicia que interprete la Decisión Marco. Habida cuenta de que PI se halla privado de libertad en Irlanda en virtud de la orden de detención europea emitida en su contra, el Tribunal de Justicia accedió a la solicitud de la High Court (Tribunal Superior) de que la petición de decisión prejudicial referida al mismo se tramitase por el procedimiento prejudicial de urgencia.
Mediante sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal de Justicia declara que el concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en la Decisión Marco no comprende las fiscalías de un Estado miembro, como las de Alemania, expuestas al riesgo de estar sujetas, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un Ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea.
En cambio, este concepto comprende al Fiscal General de un Estado miembro, como el de Lituania, que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y goza en ese Estado miembro de un estatuto que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea.
El Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que la orden de detención europea es la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en el principio de confianza recíproca entre los Estados miembros. Estos dos principios tienen una importancia fundamental, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores.
El principio de reconocimiento mutuo presupone que sólo deben ejecutarse las órdenes europeas de detención que cumplan los requisitos establecidos en la Decisión Marco. Pues bien, puesto que una orden de detención europea constituye una «resolución judicial», resulta necesario que sea emitida por una «autoridad judicial».
Si bien, conforme al principio de autonomía procesal, los Estados miembros pueden designar en su Derecho nacional la «autoridad judicial» competente para dictar órdenes europeas de detención, el sentido y el alcance de este concepto no pueden dejarse a la apreciación de cada Estado miembro, sino que deben ser uniformes en toda la Unión.
Es cierto que el concepto de «autoridad judicial» no se limita a designar a los jueces o tribunales de un Estado miembro, sino que debe entenderse que designa, más ampliamente, a las autoridades que participan en la administración de la justicia penal en ese Estado miembro, a diferencia, en particular, de los ministerios o de los servicios de policía, que forman parte del poder ejecutivo.
Según el Tribunal de Justicia, puede considerarse que tanto las fiscalías alemanas como el Fiscal General de Lituania, cuyos cometidos son esenciales para el desarrollo de los procedimientos penales, participan en la administración de la justicia penal.
No obstante, la autoridad encargada de emitir una orden de detención europea debe actuar de manera independiente en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando esa orden se base en una orden de detención nacional dictada por un juez o un tribunal. Así, debe estar en condiciones de ejercer estas funciones con objetividad, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo, y sin estar expuesta al riesgo de que su potestad decisoria sea objeto de órdenes o instrucciones externas, en especial del poder ejecutivo, de modo que no haya ninguna duda de que la decisión de emitir la orden de detención europea corresponde a esa autoridad y no, en definitiva, a dicho poder.
Por lo que respecta a las fiscalías alemanas, el Tribunal de Justicia hace constar que la ley no descarta que su decisión de emitir una orden de detención europea pueda estar sujeta en un caso individual a instrucción del Ministro de Justicia del Land en cuestión. En consecuencia, estas fiscalías no cumplen una de las exigencias requeridas para poder tener la consideración de «autoridad judicial emisora» en el sentido de la Decisión Marco: presentar a la autoridad judicial de ejecución de la orden de detención europea la garantía de actuar con independencia a la hora de emitir dicha orden.
En cambio, el Fiscal General de Lituania puede ser calificado de «autoridad judicial emisora», en el sentido de la Decisión Marco, ya que el estatuto del que goza en ese Estado miembro no sólo garantiza la objetividad de sus misiones, sino que le confiere asimismo una garantía de independencia frente al poder ejecutivo a la hora de emitir órdenes europeas de detención. Ahora bien, los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si las decisiones de este Fiscal de emitir una orden de detención europea pueden ser impugnadas a través de un recurso que se ajuste plenamente a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, extremo que corresponde comprobar a la Supreme Court.
1 Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24).

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San Gimignano. Italia

28 de mayo, 2019
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El Gobierno reitera que garantizará los intereses de los ciudadanos y las empresas ante un ‘Brexit’ sin acuerdo

28 de mayo, 2019

Consejo de Ministros – lamoncloa.gob.es

El Gobierno reitera que garantizará los intereses de los ciudadanos y las empresas ante un ‘Brexit’ sin acuerdo

La Moncloa, Madrid, viernes 24 de mayo de 2019

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha manifestado, al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la dimisión de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunciada para el próximo 7 de junio, es «una mala noticia para quienes deseamos una retirada ordenada de ese país de la Unión Europea».

Celáa ha señalado que el Parlamento británico es el responsable único de una salida no pactada, en ningún caso el resto de los países de la Unión Europea, y su decisión «anticipa un periodo de dificultades». «El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar», ha dicho.

Ante esta situación, la portavoz ha reiterado que el Gobierno de España tiene preparadas todas las medidas de contingencia que son de su responsabilidad para garantizar los intereses de los ciudadanos y empresas españolas con intereses en el Reino Unido.

Además, ha aclarado que todos los asuntos relacionados con Gibraltar están salvaguardados: «Cualquier cuestión que afecte a Gibraltar, España tendrá que decidirla junto con la Unión Europea y el Reino Unido».

Celaá ha añadido que, a dos días de la celebración de las elecciones europeas, los acontecimientos «empujan a progresar y no retroceder». En este sentido, ha apostado por robustecer la Unión Europea mediante acuerdos y consensos.

El nuevo Gobierno de España, ha subrayado, quiere contribuir al fortalecimiento y a la federalización de Europa, «a una Europa diversa sí, pero fuerte institucional, política y económicamente, y, sobre todo, a una Europa social que piense en sus ciudadanos».

La portavoz ha expresado su convencimiento en que la Unión Europea «sabrá coger el timón y aprovechar los aires de regeneración de las políticas de progreso».

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Plaza del Grano. León

27 de mayo, 2019
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La CNMV advierte sobre la actividad de recovery room

27 de mayo, 2019

La CNMV advierte sobre la actividad de recovery room. cnmv.es
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha tenido conocimiento de un nuevo tipo de fraude realizado por empresas denominadas “recovery room” que contactan con personas que han sido víctimas de chiringuitos financieros (entidades no autorizadas) para gestionarles la recuperación de las pérdidas o para recomprar acciones o valores adquiridos a través de empresas no habilitadas.
Este tipo de actuaciones puede provenir del chiringuito financiero que realizó el fraude inicial o de otras personas o empresas que hayan adquirido las listas de afectados. En este sentido la CNMV recomienda a cualquier consumidor que reciba estas ofertas sin haberlo solicitado que considere los siguientes aspectos:
 Ser consciente de que pueden volver a intentar que invierta dinero o, incluso, que sus datos se vendan a otras empresas.
 Identificar los nuevos indicios de fraude: Si la empresa contacta con usted sin haberlo solicitado y le piden dinero por adelantado en concepto de pago de impuestos, honorarios o pólizas de seguro como requisito previo para prestar el servicio ofrecido, es un indicio de que se trata de una «Recovery room».
 Desconfiar si le contactan en nombre de la CNMV con el fin de recuperar las pérdidas sufridas, ya que ni la CNMV ni sus empleados contactarán directamente con los posibles afectados, ni autorizan el uso de su identidad, imagen corporativa o dominio cnmv.es con el fin de recuperar las pérdidas.
 ¿Ha sido víctima de un fraude en el pasado a través de un chiringuito financiero?
 ¿Una compañía con la que usted no ha contactado se ofrece para recuperar los importes perdidos pidiéndole dinero por adelantado?
 Si es así, desconfíe porque probablemente se trate de otro fraude, conocido como recovery room
 No responder a ofertas de recompra de acciones o de recuperación de pérdidas sin antes cerciorarse de que se trata de empresas con referencias positivas o fiables, con independencia de que la actuación de estas empresas de “Recovery room” no está supervisada por la CNMV. (La competencia de la CNMV sobre la actividad de las empresas que operan en el sector financiero se vincula al desarrollo o no de una actividad reservada conforme con la normativa del mercado de valores y/o sometida a autorización o registro en este organismo. Por lo tanto, si no se ofrecen servicios de inversión u otras de las actividades reservadas contempladas en la normativa del mercado de valores, no se trataría de sociedades sometidas a la supervisión de la CNMV).
La CNMV publica regularmente advertencias sobre entidades no habilitadas (chiringuitos financieros), entidades que contactan con los potenciales inversores, a menudo por teléfono, ofreciendo operar con acciones u otros productos financieros sin contar con la debida autorización para hacerlo, con una elevada probabilidad de perder el dinero invertido.
Si ya ha sido víctima de una actuación como la descrita denuncie los hechos a la Policía.
Para más información sobre estos temas, se puede consultar la sección del inversor de la web de la CNMV.

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Cámara de España y Secretaría de Estado de Comercio impulsarán la transformación digital del pequeño comercio

26 de mayo, 2019

Cámara de España y Secretaría de Estado de Comercio impulsarán la transformación digital del pequeño comercio

22 de Mayo 2019 cámara.es

El Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista ayudará este año a 38.000 comercios

Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. –

Madrid, 22/5/19. La Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España impulsarán la transformación digital del comercio minorista, a través del Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, cuya puesta en marcha se incluye en el convenio que han firmado hoy la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.

A través de las actuaciones contempladas en el Programa se mejorará la competitividad de 38.000 comercios en toda España con un presupuesto de 6 millones de euros. De esta cifra, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad aportará 2 millones de euros y la Cámara de España un total de 4 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El desarrollo del Programa se realiza de manera coordinada con las Comunidades Autónomas y se ejecuta en colaboración con Diputaciones, Ayuntamientos y asociaciones del sector.

Actuaciones

La prioridad en 2019 es impulsar la digitalización del comercio como elemento clave para mejorar la competividad del sector.

Las actuaciones a desarrollar tienen como objetivo el fomento de la innovación empresarial y la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en habilidades comerciales, la dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales, la revitalización comercial de áreas y equipamientos comerciales, la promoción del turismo de compras y el impulso al comercio electrónico.

El Programa se desarrollará en torno a cuatro tipos de actuaciones:

  1. Programa de Innovación Comercial

Realización de diagnósticos individualizados a pequeños comercio mediante un análisis sistematizado del establecimiento comercial, con el fin de proporcionar al comerciante una serie de recomendaciones de carácter estratégico, innovador y digital, para la renovación y optimización de la gestión de su establecimiento.

  1. Programa de Capacitación de innovación

Celebración de acciones colectivas de capacitación, con el objeto de incentivar y mejorar las habilidades de las pymes comerciales en diferentes áreas o materias estratégicas como el cliente digital, comercio electrónico, marketing digital, turismo de compras o técnicas de venta.

  1. Programa de Dinamización de las ventas en zonas comerciales

Desarrollo de acciones promocionales innovadoras dirigidas a incentivar el consumo y las ventas en los diferentes subsectores de actividad, en los ejes comerciales, en los centros comerciales abiertos, en los mercados municipales con especial incidencia en visitantes y turistas y en campañas de promoción de ventas en el pequeño comercio con eventos orientados a promover sus valores de interés comercial.

  1. Mejora de la competitividad de las áreas comerciales urbanas y equipamientos comerciales

Convocatoria pública para otorgar ayudas a los ayuntamientos para la realización de proyectos de inversión e incorporación de soluciones tecnológicas que conlleven transformación en los equipamientos singulares minoristas.

Desde 2013, año en el que se inició el programa, se han dedicado un total de 26,8 millones de euros a la modernización del pequeño comercio, cifra que ha permitido apoyar a un total de 177.000 establecimientos incrementando sus ventas y su nivel de competitividad.

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Sirenita. Copenhage

26 de mayo, 2019
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