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21 de septiembre, 2017

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Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes

21 de septiembre, 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 103/17 curia.europa.eu
Luxemburgo, 20 de septiembre de 2017
Sentencia en el asunto C-186/16
Ruxandra Paula Andriciuc y otros/Banca Românească SA
Cuando una institución financiera concede un préstamo denominado en divisa extranjera, debe facilitar al prestatario la información suficiente para que éste pueda tomar decisiones fundadas y prudentes
Por lo tanto, el profesional debe comunicar al consumidor afectado toda la información pertinente que le permita valorar las consecuencias económicas de una cláusula sobre sus obligaciones financieras
En 2007 y 2008, la Sra. Ruxandra Paula Andriciuc y otras personas, que percibían entonces sus ingresos en leus rumanos (RON), celebraron con el banco rumano Banca Românească préstamos denominados en francos suizos (CHF) con el fin de adquirir bienes inmuebles, refinanciar otros créditos o satisfacer necesidades personales.
Según los contratos de préstamo celebrados entre las partes, los prestatarios estaban obligados a reembolsar las cuotas mensuales de los créditos en CHF y aceptaron asumir el riesgo vinculado a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio del RON con respecto al CHF.
Posteriormente, el tipo de cambio en cuestión varió considerablemente en perjuicio de los prestatarios. Éstos acudieron a los tribunales rumanos para que se declarara que la cláusula en virtud de la cual el crédito debe reembolsarse en CHF sin tener en cuenta la posible pérdida que los prestatarios pueden sufrir como consecuencia del riesgo del tipo de cambio constituye una cláusula contractual abusiva no vinculante, de acuerdo con lo establecido por una Directiva de la Unión. 1 Los prestatarios afirman, en particular, que en el momento de la celebración de los contratos el banco presentó su producto de manera engañosa, poniendo únicamente de relieve los beneficios que los prestatarios podrían obtener, sin mostrar sus riesgos potenciales ni la probabilidad de que éstos se materializaran. Según los prestatarios, la cláusula controvertida debe declararse abusiva a la luz de esta práctica del banco.
En este contexto, el Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) pregunta al Tribunal de Justicia sobre el alcance de la obligación de los bancos de informar a sus clientes del riesgo del tipo de cambio vinculado a los préstamos denominados en divisa extranjera.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que la cláusula de que se trata forma parte del objeto principal del contrato de préstamo, por lo que su carácter abusivo únicamente podrá examinarse con arreglo a la Directiva en el supuesto de que no haya sido redactada de manera clara y comprensible. En efecto, la obligación de reembolsar un crédito en una determinada moneda constituye un elemento esencial del contrato de préstamo, puesto que no se refiere a una modalidad accesoria de pago, sino a la propia naturaleza de la obligación del deudor.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible obliga también a que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate. En su caso, el contrato también debe indicar la relación entre ese mecanismo y el
1 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
www.curia.europa.eu
prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. El tribunal rumano debe examinar esta cuestión a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo.
Más concretamente, incumbe al juez nacional verificar si se han comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su préstamo.
En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. Así, esta información debe referirse no sólo a la posibilidad de apreciación o de depreciación de la divisa del préstamo, sino también a los efectos en las cuotas de las variaciones del tipo de cambio y de una apreciación del tipo de interés de la divisa del préstamo.
De este modo, por una parte, el prestatario deberá estar claramente informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que percibe sus ingresos. Por otra parte, la entidad bancaria deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto de que el prestatario no perciba sus ingresos en esta divisa.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que, en el supuesto de que la entidad bancaria no haya cumplido estas obligaciones y pueda examinarse, en consecuencia, el carácter abusivo de la cláusula controvertida, incumbe al juez nacional evaluar, por una parte, el posible incumplimiento por parte del banco de la exigencia de buena fe y, por otra parte, la existencia de un posible desequilibrio importante entre las partes del contrato. Esta evaluación deberá realizarse en relación con el momento de la celebración del contrato en cuestión, teniendo en cuenta especialmente la experiencia y los conocimientos del banco en lo que respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que una cláusula contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes que sólo se manifieste mientras se ejecuta el contrato.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

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Mexico lindo y querido. Luz Rios

20 de septiembre, 2017

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El juzgado de cláusulas suelo y gastos hipotecarios de Navarra dicta las dos primeras sentencias

20 de septiembre, 2017

Martes, 19 de septiembre de 2017 poderjudicial.es

El juzgado de cláusulas suelo y gastos hipotecarios de Navarra dicta las dos primeras sentencias

El juez anula la cláusula de gastos pero exime al banco de abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, la notaria y la tasación. En la demanda por cláusula suelo, el juez impone las costas procesales a la entidad bancaria, que se allanó antes del juicio

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado especializado en Navarra en los asuntos de cláusulas suelo y gastos hipotecarios, que entró en funcionamiento el 1 de junio, ha dictado las dos primeras sentencias relativas a ambas materias.

En la primera resolución dictada por cláusula suelo, en la que la entidad bancaria —Banco de Sabadell— se allanó antes del juicio pero reclamó las costas (los honorarios del abogado y procurador), el juez se las ha impuesto al banco demandado al apreciar mala fe, ya que hizo caso omiso del requerimiento previo del demandante y presentó una contraoferta una vez interpuesta la demanda.

Por su parte, en la primera sentencia sobre gastos hipotecarios del Juzgado de Primera Instancia número 7 bis de Pamplona, con competencia exclusiva sobre toda la Comunidad foral, el juez ha anulado la cláusula de gastos al considerarla abusiva, pero ha eximido a la entidad —CaixaBank— de reintegrar las cantidades abonadas por el impuesto de actos jurídicos documentados (2.199,38 euros), la tasación del inmueble (232 €) y los aranceles del notario (410,28 €).

En este asunto, el juez condena al banco a devolver los gastos originados por el Registro de la Propiedad (141,77 euros) y los honorarios de la gestoría (168,20 €). En total, el demandante reclamaba 3.151,63 euros. Al ser una estimación parcial de la demanda, el juez establece que cada parte abone sus costas.

Respecto de la cláusula anulada, el juez explica que la generalidad, imprecisión e imputación indiscriminada al prestatario de cada una de las partidas de gastos denunciadas (impuesto de actos jurídicos documentados, notario, registro, gestoría y tasación) “contribuyen a formar la convicción de que la cláusula de gastos provoca un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor”.

No obstante, al desgranar en la sentencia cada una de las partidas, el juez considera que debe ser el demandante quien abone los gastos del referido impuesto—“porque en la concesión de préstamos garantizados con hipoteca corresponde al prestario”—, de la notaría —porque es el prestatario el interesado, sustantiva y fiscalmente, en que el notario despliegue sus funciones— y de la tasación, porque el demandante es el primer interesado en acreditar la suficiencia de la garantía que ofrece al prestamista y, además, pudo haber elegido otra entidad tasadora.

Las dos sentencias pueden ser recurridas ante la Sección Tercera de la Audiencia de Navarra.

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El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla declara la nulidad del 31% de las acciones del Betis

19 de septiembre, 2017

Lunes, 18 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla declara la nulidad del 31% de las acciones del Betis

Anula la suscripción de 30.869 acciones, propiedad originariamente de la entidad Familia Ruiz Avalos S.A.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla ha declarado la nulidad del 31 por ciento de las acciones del Real Betis Balompié en una sentencia en la que estima parcialmente la demanda interpuesta contra FARUSA y el Real Betis Balompié, entre otros. El juzgado, en una sentencia de 76 folios, declara la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones de la entidad Real Betis Balompié S.A.D., propiedad originariamente de la entidad Familia Ruiz Avalos S.A. (FARUSA).

También declara la nulidad de la suscripción de 6.000 acciones de la entidad Real Betis Balompié S.A.D. numeradas de la 55.351 a 58.350 y de la 61.667 a 64.666 actualmente tituladas por FARUSA.

Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

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Según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, los divorcios privados no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento «Roma III»

18 de septiembre, 2017

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 98/17
Luxemburgo, 14 de septiembre de 2017 curia.europa.eu
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-372/16
Soha Sahyouni / Raja Mamisch
Según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, los divorcios privados no entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento «Roma III»
Considera que, en todo caso, dicho Reglamento, relativo a la ley aplicable al divorcio, no permite reconocer la validez de un divorcio de este tipo cuando la ley extranjera designada es discriminatoria
El Sr. Raja Mamisch y la Sra. Soha Sahyouni, que poseen tanto la nacionalidad siria como la nacionalidad alemana, residen actualmente en Alemania.
En 2013, tras haber manifestado el Sr. Mamisch la intención de divorciarse de su esposa, un representante suyo pronunció la fórmula requerida ante un tribunal religioso situado en Siria, el cual declaró el divorcio de los cónyuges. Se trata de un divorcio «privado», que no se basa en una resolución de carácter constitutivo de un órgano jurisdiccional o de otra autoridad pública, sino en una declaración de voluntad de los cónyuges, en este caso, unilateral y seguida de una intervención de índole meramente declarativa de una instancia extranjera. A continuación, la Sra. Sahyouni firmó una declaración en la que reconocía haber recibido la compensación íntegra que, según la legislación religiosa, le correspondía de acuerdo con el contrato matrimonial y debido a la disolución del matrimonio mediante divorcio por deseo unilateral de su marido, y eximía a éste de cualquier obligación que pudiera tener frente a ella.
A continuación, el Sr. Mamisch solicitó en Alemania el reconocimiento del divorcio, solicitud que fue aceptada por el Presidente del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Múnich, Alemania) por considerar, concretamente, que el Reglamento «Roma III», relativo a la ley aplicable al divorcio, ( 1 ) cubría este tipo de demandas, y que en virtud de dicho Reglamento el divorcio en cuestión estaba sometido al Derecho sirio.
La Sra. Sahyouni impugnó el reconocimiento del divorcio ante el Oberlandesgericht München, que ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento Roma III.
En sus conclusiones de hoy, el Abogado General Henrik Saugmandsgaard Øe observa, en primer lugar, que el Reglamento Roma III determina las normas de conflicto de leyes aplicables en materia de divorcio en los Estados miembros participantes, ( 2 ) pero no regula el reconocimiento de las resoluciones de divorcio ya dictadas. No obstante, este Reglamento se aplica indirectamente en el caso examinado, y su interpretación resulta por tanto útil, toda vez que el Derecho alemán se remite a dicho texto a fin de determinar la ley aplicable en los procedimientos judiciales relativos al reconocimiento de divorcios privados declarados en el extranjero.
Sin embargo, el Abogado General estima que, en contra de lo que presumió el legislador alemán, el Reglamento Roma III no cubre los divorcios declarados sin que medie la adopción de una resolución de efectos constitutivos por un órgano jurisdiccional o una autoridad pública, como un divorcio resultante de la declaración unilateral de un cónyuge registrada por un tribunal religioso. A esta conclusión llega, en particular, analizando los trabajos preparatorios de dicho Reglamento y teniendo en cuenta que la intención del legislador de la Unión era que el ámbito de aplicación de este último fuera coherente con el del Reglamento «Bruselas II bis», relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial. ( 3 )
En caso de que el Tribunal de Justicia declare que los divorcios privados están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma III, el Abogado General se pronuncia sobre la interpretación del artículo 10 de dicho Reglamento, según el cual los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro participante deben aplicar su propio Derecho nacional cuando la ley extranjera en principio aplicable establezca que el acceso al divorcio varía por razón del sexo del cónyuge de que se trate. A este respecto el Abogado General observa que, según el Oberlandesgericht München, el Derecho sirio no ofrece a la esposa las mismas condiciones de acceso al divorcio que las que se ofrecen al marido.
El Abogado General estima, en primer término, que la cuestión de si el acceso al divorcio previsto por el Derecho extranjero entraña una discriminación debe apreciarse de manera abstracta, y no de manera concreta a la luz de las circunstancias del caso en examen. Así, basta con que la ley extranjera aplicable sea discriminatoria por su contenido para que sea descartada. En efecto, el legislador de la Unión ha considerado que la discriminación en cuestión –la basada en el sexo de los cónyuges– reviste tal gravedad que debe ocasionar la exclusión absoluta, sin posibilidad de excepciones puntuales caso por caso, de la totalidad de la ley que, en otro caso, se habría aplicado.
A continuación, el Abogado General examina si el hecho de que el cónyuge discriminado haya prestado eventualmente consentimiento al divorcio permite al órgano jurisdiccional nacional no descartar la ley extrajera a pesar de su carácter discriminatorio, y aplicar en consecuencia esa ley.
Según el Abogado General, procede responder negativamente a esta cuestión. En efecto, la norma establecida en el artículo 10 del Reglamento Roma III, que se basa en el respeto de valores considerados fundamentales, está dotada de carácter imperativo y, en consecuencia, ha sido situada, por voluntad del legislador de la Unión, fuera del ámbito en el que las personas interesadas pueden renunciar libremente a la protección de sus derechos.
NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
1 Reglamento (UE) n.º 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010, L 343, p. 10).
2 Dado que el Reglamento Roma III establece una cooperación reforzada, a día de hoy sólo se aplica en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.
3 Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).

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CCOO y UGT suscriben el Pacto por un Sistema Nacional de Salud público y universal

17 de septiembre, 2017

CCOO y UGT suscriben el Pacto por un Sistema Nacional de Salud público y universal
CCOO y UGT firman hoy, en el Congreso de los Diputados, el “Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal”. Dicho Pacto supone un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad. Ambos sindicatos vienen reclamando desde 2012 la retirada del Real Decreto Ley que afecta también al aseguramiento, la cartera de servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios.
12/09/2017. ccoo.es
CCOO y UGT suscriben el “Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal” presentado en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. El documento recoge dos de las reivindicaciones centrales de ambas organizaciones sindicales en materia sanitaria: la defensa del acceso universal a la salud y la suficiencia presupuestaria del SNS.

1.- La defensa del acceso universal a la salud, para UGT y CCOO, se enmarca en una estrategia de mayor alcance:

La derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de su desarrollo reglamentario y de la normativa relacionada con el espíritu de esta reforma. Como primera medida deberá garantizarse la restitución del derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad, a todas las personas que viven en España.La evaluación de los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el Real Decreto-ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial, las restricciones presupuestarias, la colaboración público-privada y los modelos de gestión y organización.

2.- De igual forma, para CCOO y UGT, la suficiencia presupuestaria del SNS se logrará con:

El establecimiento de un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA, además de asegurar la equidad y recuperar los recursos económicos perdidos a lo largo de la crisis.La recuperación del Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigualdades, y dotarlo del presupuesto adecuado para ello.

Para ambos sindicatos son fundamentales, además, la recuperación del empleo destruido y la creación de nuevos puestos de trabajo en función de las necesidades actuales, incrementando, entre otras, las plazas de personal de formación sanitaria especializada.

Desde 2012, CCOO y UGT han venido exigiendo la retirada del Real Decreto-ley 16/2012 –que también afecta al aseguramiento, la Cartera de Servicios, los recursos humanos y los presupuestos sanitarios– mediante distintas iniciativas, entre ellas, la firma, en diciembre de 2015, del Manifiesto “En defensa de la sanidad pública: por la derogación de la reforma sanitaria, la mejora de la financiación y la recuperación del empleo”, junto con FADSP, FAECAP y FAISS.

Las centrales sindicales valoran este Pacto como un nuevo impulso a la lucha en defensa de la sanidad pública sobre la base de la calidad, la equidad, la solidaridad y la accesibilidad

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Aprobada la Estrategia de Internacionalización 2017-2027 y el Plan Integral de Competitividad del Comercio Minorista para este año

16 de septiembre, 2017

08 de septiembre de 2017 mineco.gob.es
Aprobada la Estrategia de Internacionalización 2017-2027 y el Plan Integral de Competitividad del Comercio Minorista para este año
La Estrategia de Internacionalización pretende aumentar la aportación del sector exterior al crecimiento y al empleo
El Plan de Comercio Minorista impulsará la incorporación al mundo digital
El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y el primer Plan de Acción Bienal (2017-2018) incluido en la misma. El objetivo de la Estrategia es asegurar que la contribución positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en un fenómeno estructural y revierta en creación de empleo, como ocurre desde el año 2014. El Consejo ha aprobado igualmente el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017, que busca potenciar la competitividad del sector y ayudar especialmente a los formatos tradicionales a renovarse para trabajar en el nuevo escenario digital.

La Estrategia de Internacionalización incorpora una amplia variedad de campos de actuación e identifica áreas y sectores con gran potencial de expansión exterior, con el consiguiente efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. La elaboración, por primera vez, de una estrategia a 10 años responde a la necesidad de contar con un marco que permita una planificación a más largo plazo, instrumentada luego en planes bienales, que se adaptan a las circunstancias que impactan en el comercio mundial en cada momento. Estos incorporan un conjunto de medidas concretas para apoyar a los exportadores y atraer inversión hacia España, en colaboración con otras instituciones y con el sector privado.

El programa a 10 años incluye un análisis de la situación de la economía española en materia de internacionalización e identifica seis áreas de actuación en las que se centrarán los esfuerzos del sector público:

1. Apoyo cada vez más adaptado a las necesidades y perfil de las empresas, propiciando su aumento de tamaño.

2. Incorporación de la innovación, la tecnología, la marca y la digitalización en los procesos de internacionalización.

3. Desarrollo del capital humano.

4. Aprovechamiento de oportunidades derivadas de la política comercial común y de las instituciones financieras y organismos multilaterales.

5. Captación y consolidación de inversión extranjera de alto valor añadido.

6. Refuerzo de la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores públicos y privados relevantes.

Además, recoge medidas para aumentar la base de empresas que exportan regularmente (actualmente en torno a 50.000). Para ello se harán diagnósticos más ajustados de las necesidades de las empresas y se elaborarán programas en consonancia; se potenciará el programa ICEX NEXT de iniciación a la exportación; se actualizará el catálogo de servicios personalizados; y se reforzará el programa ICEX Capacita, en colaboración con las Cámaras de Comercio y los institutos autonómicos de promoción comercial, entre otras actuaciones.

Se pretende también diversificar y consolidar los mercados de destino y asegurar el apoyo financiero a las operaciones de internacionalización mediante diversas actuaciones relacionadas con los fondos FIEM, con CESCE, COFIDES y el ICO.

La Estrategia incorpora un conjunto de acciones dirigidas específicamente a startups, como misiones directas e inversas específicas para este tipo de compañías y otras en las que vayan de la mano de empresas ya consolidadas. Para pymes, incluye la adaptación de los instrumentos de financiación de la internacionalización; acciones de sensibilización sobre la importancia de salir al exterior y el fomento de la colaboración entre ellas para abordar mercados internacionales.

Para empresas de tamaño mediano, propone, entre otras acciones, el refuerzo del Programa del ICEX Cre100do, la determinación de las causas de interrupción de sus ventas al exterior o la identificación de aquellas compañías con potencial para la internacionalización. En el caso de las grandes empresas, la Estrategia apuesta por potenciar los  programas del ICEX Integra, Gran Distribución y Sourcing.

El sector exterior ha sido decisivo en la salida de la crisis, con un máximo histórico de exportaciones en 2016 (254.530 millones de euros) y una reducción del déficit comercial entre 2007 y 2016 de 81.000 millones de euros, consecuencia, principalmente, del aumento de las exportaciones (68.000 millones), y, en menor medida, del abaratamiento de la factura energética (13.000 millones). Esta evolución ha permitido que en los últimos cuatro años España haya tenido superávit corriente (equivalente al 2% del PIB en 2016).

Todo ello ha impulsado el grado de internacionalización de la economía española en casi 8 puntos (las exportaciones de bienes y servicios han pasado de representar el 25% del PIB en 2008 al 33% en 2016). Además, en este tiempo España ha mantenido su cuota exportadora en el comercio mundial y ello a pesar de la fuerte irrupción de China.

La elaboración de la Estrategia corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española. Ha contado con una amplia participación de los distintos ministerios así como de agentes económicos y sociales. El Gobierno aspira a contar también con un amplio consenso político puesto que el sector exterior es capital en tanto que uno de cada cuatro puestos de trabajo en España depende de la actividad internacional de las empresas.

El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017 da continuidad a los impulsados desde 2013 para hacer frente a la crisis que atravesó este sector, especialmente el pequeño comercio tradicional, desde finales de 2007 como consecuencia del retraimiento del consumo. Desde 2013 se han beneficiado de estos planes más de 300.000 comercios, con una dotación de 33 millones de euros. El comercio minorista supone en torno al 5% del PIB español y da empleo a más de 1,9 millones de personas (10,2% del total de ocupados).

El Plan 2017 –que se financia con cargo a los presupuestos de 2017 y no implica gasto adicional- se orienta al nuevo escenario comercial, a la necesaria renovación del sector, a la adaptación al mercado digital y a facilitar el relevo generacional. Se pretende dar un impulso a la modernización del comercio minorista tradicional y para ello apuesta por combinar la apertura de tiendas físicas con las estrategias on line. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2016 el comercio electrónico facturó en España 24.185 millones de euros, un 20,8% más que el 2015.

Contempla diez líneas estratégicas, que se plasman en más de 40 medidas, a desarrollar con la colaboración de 12 ministerios, las  comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones del sector:

1.- Innovación para adaptarse a los nuevos hábitos de compra y de venta. Formación en nuevas tecnologías para configurar comercios modernos e innovadores sin que ello suponga perder su singularidad.

En este punto, destaca la convocatoria junto con la FEMP de un concurso de ideas para aunar tecnología y actividad comercial y aportar soluciones innovadoras.

2.- Fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales para mantener la actividad en las calles y en los centros de las ciudades.

3.- Apoyo financiero a las empresas, para facilitar la inversión y la modernización (mejora de la gestión empresarial, ahorro de costes y  optimización de los  recursos).

4.- Promoción comercial y reactivación de la demanda para aumentar las ventas y dar sostenibilidad a los negocios.

5.- Respaldo a los emprendedores para impulsar la creación de empresas  del sector comercial, a través de la reducción de cargas administrativas y la provisión de información útil para el inicio y desarrollo de la actividad (ayudas, incentivos o propiedad intelectual e industrial, entre otros).

6.- Desarrollo de las sinergias entre comercio y turismo. Promoción del turismo de compras.

7.- Mejora de la seguridad de los establecimientos comerciales y de los productos así como de la protección de las marcas.

8.- Seguimiento de los efectos de la aplicación de las medidas legislativas en la eliminación de trabas al ejercicio de la actividad comercial.

9.- Impulso a la internacionalización como estímulo para ampliar mercados y reforzar la imagen de calidad de los productos españoles en otros países.

10.- Desarrollo del empleo y la formación para dignificar la profesión. Destaca la colaboración que desarrollarán la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Secretaría de Estado de Comercio para  implementar acciones de formación en Experiencia de Cliente, así como el análisis de la problemática del relevo generacional en el sector.

El Plan fue presentado a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado 21 de abril y ha contado en su elaboración con una amplia participación, tanto de ministerios como de comunidades, entidades locales, Cámaras de Comercio y organizaciones empresariales, entre otros.

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Comunicado de las Asociaciones Judiciales sobre la situación en Cataluña

15 de septiembre, 2017

Comunicado AAJJ sobre la situación en Cataluña

Publicado por apmnacional  el 14 Septiembre, 2017   Comunicados
apmnacional.es

Las Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente,  han aprobado el siguiente comunicado en relación con la situación de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Comunicado

Cuando se pretende desconocer lo evidente, es preciso comenzar por recordar lo básico.

Los ciudadanos y los poderes públicos, todos sin excepción, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico que la misma ampara. Solo el respeto a la Constitución y a los principios y valores que propugna garantiza la convivencia democrática. Fuera de la Constitución y de los cauces que prevé no hay legalidad ni Estado de Derecho.

La Justicia, como Poder del Estado, emana del conjunto del pueblo español, único sujeto de la soberanía nacional, y se administra por jueces y juezas, magistrados y magistradas independientes y sujetos únicamente a la Constitución y a la ley.

No corresponde a los miembros del Poder Judicial interpretar la historia ni resolver conflictos políticos, pero sí ejercer la función jurisdiccional, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y la ley, para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas.

La aprobación por el Parlamento de Cataluña de las denominadas Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación y Ley de 7 de septiembre de 2017, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, suspendidas por el Tribunal Constitucional,  carece por tanto de eficacia alguna para alterar el sistema constitucional descrito al situarse fuera del marco que sustenta su propia autoridad, como recuerda el propio Tribunal.

 

En consecuencia, las mencionadas normas no tienen valor vinculante alguno y nuestro deber, como Poder Judicial, es no aplicarlas, como tampoco las disposiciones reglamentarias o administrativas que pudieran derivarse de ellas.

Los ciudadanos y ciudadanas no están obligados a cumplir dichas Leyes ni las normas dictadas en su desarrollo. Por su parte, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y a la legalidad constitucional, cumpliendo las resoluciones judiciales y prestando la colaboración requerida para su ejecución. Unos y otros encontrarán amparo y respuesta en los Juzgados y Tribunales ante cualquier actuación encaminada a aplicar o imponer disposiciones suspendidas o declaradas nulas.

Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario.

En el desarrollo de su difícil labor, los jueces y juezas que ejercen la potestad jurisdiccional en la Comunidad Autónoma de Cataluña cuentan con todo el apoyo y cobertura institucional, material y moral del conjunto de la Judicatura española de la que forman parte.

En Madrid, a 14 de septiembre de 2017.

APM Manuel Almenar Belenguer                       AJFV Raimundo Prado Bernabéu

JpD Ignacio González Vega                                 FJI. Concepción Rodríguez González

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El juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado 41 sentencias desde su especialización

15 de septiembre, 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El juzgado para cláusulas suelo de Asturias ya ha notificado 41 sentencias desde su especialización

Se han recibido 1028 asuntos y ya se han señalado vistas hasta primeros de octubre. Instancia 6 de Oviedo cuenta con una jueza de adscripción territorial para agilizar la resolución de los procedimientos

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, que desde el pasado día 1 de junio atiende en exclusiva todas las demandas presentadas en el Principado de Asturias vinculadas a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (reclamación de cláusulas suelo abusivas, gastos de tramitación de hipotecas, etc), ya ha notificado cuarenta y una sentencias.

Concretamente el Juzgado, que hasta el pasado viernes 7 de septiembre ha recibido 1028 demandas, ha comunicado cuarenta resoluciones favorables a los intereses de los demandantes, la mayoría con imposición de costas, y sólo en una se le ha dado la razón a la entidad bancaria.

El juzgado viene señalando una media de quince audiencias cada uno de los tres días previstos para celebrar, tanto por parte del magistrado titular como para la juez de adscripción territorial que desde el 19 de junio presta servicios de refuerzo en el Juzgado. Desde del 1 de septiembre ambos celebren un mínimo de 45 audiencias a la semana y ya han señalado vistas hasta el 5 octubre, con previsión de que se sigan completando fechas.

Teniendo en cuenta que el Juzgado ha recibido en estos dos meses el quíntuple de los procedimientos ordinarios de cualquier temática que antes recibía en todo un año, hay que destacar la rapidez con la que está tramitando las demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El procedimiento ordinario es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros y otras en función de la materia, cualquiera que sea su cuantía: condiciones generales de la contratación, derechos fundamentales, retractos, publicidad, competencia desleal, propiedad intelectual o industrial, impugnación de acuerdos sociales, arrendamientos, propiedad horizontal, etc.

Plan de urgencia del CGPJ

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consistía en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que desde entonces conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

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La CNMC interpone recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas

14 de septiembre, 2017

La CNMC interpone recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas

06 Sep 2017
Promoción de Competencia nota de prensa  cnmc.es
◦La CNMC formuló sendos requerimientos previos contra los Decretos Turísticos de Galicia y de Castilla y León, por resultar contrarios a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, con el fin de evitar recurrirlos en vía contencioso-administrativa.
◦Ambas Comunidades Autónomas, a pesar de responder a la CNMC, no modificaron su normativa.
◦Ante esta situación, la CNMC ha interpuesto los correspondientes recursos contencioso-administrativos en julio.

La CNMC ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra los Decretos de Galicia y de Castilla y León que regulan los apartamentos y viviendas turísticas. El motivo ha sido que la legislación aprobada en dichas autonomías es contraria a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente.

La CNMC está legitimada para impugnar ante los Tribunales las disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

En virtud del artículo 5.4 de su Ley de creación y con objeto de mejorar la norma evitando la impugnación, la CNMC remitió el pasado 7 de abril sendos requerimientos previos a la Xunta de Galicia y a la Junta de Castilla y León. En dichos requerimientos se argumentaban los diversos artículos contrarios a la competencia y a la regulación económica eficiente tanto  en el Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma de Galicia, como del Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León.

Entre los obstáculos injustificados impuestos por la norma de Galicia destacan la obligatoriedad de ceder la vivienda en su totalidad, la limitación del alquiler a tres meses, la exigencia de un catálogo de requisitos técnicos y servicios mínimos a incluir en el alquiler (apartamentos y viviendas turísticas). También el que los Ayuntamientos puedan limitar el número de viviendas, la prohibición de cesión de habitaciones, la imposición de cargas a la declaración responsable y la obligatoriedad de contar con unos requisitos y servicios mínimos (viviendas de uso turístico).

En el caso de Castilla y León, se solicita al Tribunal que elimine por injustificados y perjudiciales a la competencia: la inclusión de los precios en catálogos, directorios, guías o sistemas informáticos, la posible intervención de la Administración para realizar recomendaciones de precios que pueden ser empleados como precios de referencia, además de la existencia de un catálogo exhaustivo de requisitos técnicos y servicios mínimos, la exigencia de un distintivo en el inmueble, la obligatoriedad de asistencia telefónica 24 horas (sin permitir vías alternativas de atención a los usuarios), la prohibición de cesión por habitaciones y la fijación de criterios temporales para limitar la estancia.

Con los requerimientos de abril se pretendía argumentar la necesidad de mejorar las normas y evitar la vía contencioso-administrativa. En el tiempo transcurrido entre los requerimientos y la interposición efectiva del recurso judicial, los Gobiernos Autonómicos de Galicia y de Castilla y León pudieron mejorar o anular las restricciones injustificadas puestas de relieve por la CNMC, en beneficio de los consumidores y usuarios. Al no haberse realizado, la CNMC ha procedido a interponer los oportunos recursos contencioso-administrativos dentro del plazo señalado por la ley, en julio 2017.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Las acciones referidas se ejercen en virtud de la legitimación activa reconocida a la CNMC en el artículo 5.4 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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El rescate bancario ha costado 82.000 empleos y 40.078 millones de euros

14 de septiembre, 2017

El rescate bancario ha costado 82.000 empleos y 40.078 millones de euros
FeSMC-UGT | viernes, 8 de septiembre de 2017 ugt.es
El Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT señala que el rescate bancario ha supuesto la pérdida de 82.000 puestos de trabajo, el cierre de más de 16.000 oficinas y 40.078 millones de euros que el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad española no va a recuperar. Tras la cifras, hay familias que ha sufrido las consecuencias de los “errores de previsión” de los reguladores, eufemismo con que se ha despachado el ex subgobernador del Banco de España, para no decir que fueron consentidores de las decisiones indebidas e irresponsables de los altos directivos. Además, son más de 40.000 las mentiras del Gobierno, pues no olvidamos la aseveración de su presidente y de su ministro de Economía: “El rescate no costará ni un euro a los españoles”.

La cifra económica supera los 120.000 millones, si se tiene en cuenta que el Fondo de Garantía de Depósitos puso otros 9.745 millones de euros y si al montante en cash se le suman otros riesgos asumidos por el Estado en concepto de avales, etc.

FeSMC-UGT considera que el fiasco económico es histórico, pues a fecha de hoy no se ha recuperado el 92,9% de lo desembolsado directamente por el erario público. Manifiesta el Banco de España que se espera la recuperación de hasta otros 10.416 millones, si bien esa es una expectativa incierta.

También nos preocupa el coste no cuantitativo de la restructuración bancaria que tan mal se está realizando en nuestros país, particularmente por la altísima concentración bancaria que se ha producido, de la que se deviene un oligopolio financiero de hecho, con graves repercusiones para los clientes y para el empleo en el sector.

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La CNMC recomienda mejoras en la contratación centralizada de papel por parte de la Administración

13 de septiembre, 2017

La CNMC recomienda mejoras en la contratación centralizada de papel por parte de la Administración

28 Ago 2017
Promoción de Competencia nota de prensa  cnmc.es

◦La contratación pública debe orientarse a la eficiencia y a la competencia, mejorando la calidad, la transparencia en la información y el análisis económico.
◦Aconseja utilizar Sistemas Dinámicos de Adquisición, no limitar el número de adjudicatarios y diseñar la contratación en función del patrón de consumo más probable de papel.
◦Este informe se emite a petición del Ministerio de Hacienda que se dirige a la CNMC como organismo independiente para verificar si el Acuerdo para la compra de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras respeta las normas de competencia y así mejorar la contratación pública.

 

Madrid, 28 de agosto de 2017-. La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha analizado los Pliegos del Acuerdo Marco para el suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras y multicopiadoras INF/CNMC/112/17. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que se ha dirigido a un organismo independiente para que  verifique si el acuerdo que ha diseñado respeta las normas de competencia.

 

La Administración selecciona a los futuros adjudicatarios que estarán encargados de suministrarle ciertos bienes o servicios, en este caso el papel, durante un periodo de tiempo y en unas condiciones prefijadas a través de los Acuerdos Marco (AM). La finalidad de dichos acuerdos es  racionalizar y centralizar la contratación para garantizar ahorros sustanciales.

 

La CNMC, como organismo independiente regulador de los mercados, tiene que emitir un informe que no vinculante de acuerdo con el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, con el fin de que dichos Acuerdos garanticen y promuevan una competencia efectiva en la contratación pública.

 

En su informe, la CNMC valora de forma positivamente los Acuerdos Marcos,  siempre que se diseñen respetando una serie de principios como garantizar el libre acceso, no se discrimine a licitadores, se minimicen los riesgos de concentración y se prevengan comportamientos anticompetitivos. La finalidad de todo ello es contribuir a un uso más eficiente de los recursos públicos y mejorar los procesos de contratación pública.

 

Establecidas dichas cautelas, los ahorros que genera la compra centralizada podrían compensar los costes que origina reducir temporalmente la competencia. Por esta razón, la CNMC realiza una serie de recomendaciones para el diseño de Acuerdo Marco desde el punto de vista de la regulación económica eficiente y de la promoción de la competencia.

 

Así, la Comisión valora positivamente las mejoras que ha introducido la Administración en el diseño de este Acuerdo Marco, como son la tramitación íntegramente electrónica, la reducción parcial de los criterios de solvencia y la exigencia de una segunda licitación para  determinados contratos.

 

No obstante, la CNMC recomienda introducir mejoras adicionales:
Reforzar la transparencia, la accesibilidad, el tratamiento y la integración de la información de contratos públicos previos, en ejecución y en licitación.

Dar mayor profundidad a los análisis de mercado que deben preceder a toda licitación. Así, deben abarcar con detalle la estructura y dinámicas del mercado y las variables del Acuerdo Marco en vigor. Las consultas a los operadores deben garantizar la mínima afectación a la competencia.

Implantar, aún de forma experimental, Sistemas Dinámicos de Contratación (SDC) en lugar de Acuerdos Marco. Se trata de una fórmula que no cierra el mercado a un número limitado de suministradores, sino que está abierto a que entren nuevos operadores (incluso a nuevos órganos de contratación). Además, el riesgo de manipulación de ofertas con efectos anticompetitivos es menor.

Fijar la división en lotes y el valor estimado del contrato atendiendo a la evolución previsible en los patrones de consumo de papel, tanto en cantidad como en calidad. En este mercado no se considera eficiente replicar el patrón histórico de consumo y los precios del acuerdo marco en vigor.

Revisar el plazo de duración del contrato, interpretar la posibilidad de prórroga de forma restrictiva y no extender más allá de 4 años su duración total.

No limitar el número de adjudicatarios del acuerdo marco y, en todo caso, no fijar el límite en sólo 5, dado que restringe la competencia de forma especialmente severa si se tiene en cuenta la estructura de mercado ejecutada en el último Acuerdo Marco (4 adjudicatarios copan el 86% del suministro, con cuotas de mercado muy similares).

Explorar el uso de indicadores alternativos de solvencia económica y técnica. En el caso de mantener los previstos, se recomienda fundamentar mejor las cuantías exigidas. No deben suponer una barrera de entrada injustificada a licitadores.

Aumentar la ponderación del criterio precio en la adjudicación, en especial en el lote 2. Cabría reconsiderar la ponderación del precio por tipo de producto en función del consumo histórico, así como la forma de valorar los criterios medioambientales.

Optar de forma generalizada por segundas licitaciones en los contratos basados en el Acuerdo Marco, dadas las ganancias de eficiencia que conllevan.

Evitar el riesgo de colusión, haciendo alusión a la normativa de competencia en los Pliegos y reforzando el grado de compromiso de los operadores frente a comportamientos ilícitos.

 

Para consultar el contenido íntegro del informe pincha aquí INF/CNMC/112/17.

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La bolsa española negocia 33.644 millones de euros, un 9,5% más que hace un año

13 de septiembre, 2017

01-Septiembre-2017 bolsademadrid.es
La bolsa española negocia 33.644 millones de euros, un 9,5% más que hace un año

•Durante el período enero-agosto el volumen de contratación se sitúa en 450.719 millones de euros
•El número de negociaciones en agosto crece un 6,4% respecto al pasado año
•El total de emisiones incluidas a negociación en el MARF al finalizar agosto superan en un 105% las de hace un año

Renta Variable

La Bolsa española ha negociado en Renta Variable durante el mes de agosto 33.644 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,5% sobre las cifras de hace un año. El volumen de contratación en los ocho primeros meses del año se ha situado en 450.719 millones de euros, un 4,2% inferior al del mismo periodo de 2016.

El número de negociaciones en agosto se ha situado en 3,3 millones, con un crecimiento del 6,4 por ciento respecto al mismo mes del pasado año. El número de negociaciones acumulado en los ocho meses asciende a 34,8 millones, un 7,7% inferior al registrado en el mismo período de 2016.

En agosto, el volumen negociado en el segmento de Fondos Cotizados (ETF) se ha situado en 218,6 millones de euros, un 0,4% inferior al mes precedente y un 15,3% menos que hace un año. El número de negociaciones en ETFs en agosto se ha situado en 6.532, lo que representa un aumento del 13% respecto al mismo mes de 2016.

La actividad en el mercado de warrants y certificados hasta agosto alcanza los 304,3 millones de euros, un 38,2% menos que en el mismo periodo de 2016. Durante el mes de agosto, el efectivo negociado ha alcanzado 33,9 millones de euros, un 26,3% superior al mes precedente.

Futuros y Opciones

El volumen de negociación acumulado (27,3 millones de contratos) en el año en el Mercado de Derivados se mantiene respecto al año anterior.

En agosto, se han negociado 471.127 contratos de Futuro IBEX 35 y 121.835 contratos de Futuro IBEX Mini, lo que supone un aumento del 3,6% y del 2,3% respecto a los volúmenes de julio. En cuanto a la posición abierta en estos contratos, los aumentos son de un 16% y un 6%, respectivamente, respecto a agosto de 2016.

La negociación en Opciones sobre IBEX 35 en agosto disminuye respecto al mismo mes del año anterior en un 5,3%, habiéndose negociado un volumen de 160.879 contratos. Sin embargo, la posición abierta aumenta un 0,5% al situarse en 643.723 contratos.

En Futuros sobre Acciones tanto la negociación como la posición abierta aumentan respecto a agosto del año anterior un 11,4% y un 22,6%, respectivamente.

La negociación en Opciones sobre Acciones aumenta tanto respecto al mismo mes del año anterior como en el acumulado anual en un 40,2% y en un 4,4%, respectivamente. Los contratos negociados en el mes de agosto ascienden a 1,3 millones y el acumulado anual a 13 millones. La posición abierta aumenta un 6,8% respecto al mes anterior.

Renta Fija

La negociación de Renta Fija ha sido de 3.657 millones de euros, alcanzando un volumen acumulado durante los primeros ocho meses del ejercicio de 70.368 millones de euros (-41,4%).

Las nuevas emisiones admitidas a cotización en el mercado de Deuda Privada durante el mes de agosto también registraron el mínimo del año con 1.145 millones de euros, lo que supone un volumen acumulado de 80.488 millones de euros (-15,3%).

En el MARF el total de  emisiones incluidas a negociación al cierre de agosto se sitúan en 2.658 millones de euros, un 105% superior al mismo mes del pasado año. El saldo vivo en circulación a 31 de agosto en este mercado fue de 2.358 millones de euros, con aumento del 54,7% en relación a las cifras de hace un año.

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Un juzgado de Madrid dicta la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y anula varias cláusulas abusivas de un contrato hipotecario

12 de septiembre, 2017

Lunes, 11 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

Un juzgado de Madrid dicta la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y anula varias cláusulas abusivas de un contrato hipotecario

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid anula la cláusula relativa al vencimiento anticipado, la del interés de demora y las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, encargado en exclusiva de las demandas por ‘cláusulas abusivas’ en la región, ha dictado la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y declara la nulidad, y por tanto su total expulsión del contrato, de la cláusula relativa al vencimiento anticipado, en virtud de la cual la entidad financiera podía dar por vencido el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes ante cualquier tipo de incumplimiento de los prestatarios, por ínfimo o esencial que fuera el incumplimiento.

En la misma línea, también ha declarado la nulidad relativa a los intereses de demora, al considerar que eran abusivos, pues contemplaban un interés de demora superior en cuatro puntos porcentuales al interés remuneratorio.

Esta declaración de nulidad se ha efectuado teniendo en cuenta no sólo parámetros legales –como el previsto en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria-, sino también jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Además, y en relación a la cláusula que imponía los gastos de hipoteca a cargo de los prestatarios, ha declarado nulas las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro. En la sentencia, el juzgado argumenta que es la entidad demandada (Bankia S.A.) quien está obligada al pago de los mismos pues es quien ostenta un interés en la constitución de la garantía real de la hipoteca, mientras que el prestatario únicamente está interesado en la obtención de un préstamo.

La constitución de garantía real -señala la resolución que se acompaña íntegra en archivo adjunto-, sólo beneficia a la entidad bancaria, pues es ella la que obtiene un título ejecutivo para acudir al procedimiento de ejecución especial y un crédito preferente en caso de que los prestatarios incurran en concurso de acreedores, ya que el crédito garantizado con hipoteca ostenta un privilegio especial para su cobro al ser ejecutivo. El prestatario, concluye la sentencia, tiene interés en la obtención de un préstamo -que no requeriría escritura pública-, y no en la constitución de una garantía real hipotecaria.

Por último, en la sentencia no se considera que sea nulo el inciso de la cláusula que impone a los prestatarios el pago de los tributos que se deriven del préstamo hipotecario, en consonancia con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la normativa legal y reglamentaria, que obliga al pago de dichas cantidades a éstos.

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Cataluña continua incrementando la presión fiscal con seis impuestos nuevos aprobados en el Parlament el 2017

11 de septiembre, 2017

Catalunya continua incrementando la presión fiscal con seis impuestos nuevos aprobados en el Parlament el 2017

Es la autonomía con más tributos propios y tipos impositivos más altos
4 de septiembre de 2017 | foment.com

◾Los impuestos elevados y el marco normativo imprevisible no ayuda a la captación y retención del talento, ni atrae a las nuevas inversiones.
◾La aplicación de los nuevos impuestos genera elevados costes administrativos y crea tensiones y conflictos entre contribuyentes y administración. Genera también un permanente conflicto institucional entre las administraciones y requiere, incluso, la intervención del Tribunal Constitucional.
◾Foment entiende que, en un momento de crecimiento económico como el actual, es necesario revertir de forma gradual el incremento de la fiscalidad que se justificó por la situación de crisis.
◾Actualmente hay un notable incremento de la recaptación. La Agencia Tributaria de Catalunya ha aumentado en el 1er semestre del 2017 un 13,7% más.
El Comité Ejecutivo de Foment del Treball ha considerado hoy que la continua actividad legislativa del Parlament de Catalunya para la creación de nuevos impuestos –durante este año 2017, hasta el mes de agosto, un total de seis tributos nuevos– es contraproducente para la actividad económica de Catalunya, para los contribuyentes y para las empresas. La normativa y aplicación de los nuevos impuestos comporta conflictos entre contribuyentes y administraciones, y proyecta una imagen de incertidumbre y poca previsión normativa que no fomenta la captación y retención del talento. El Comité Ejecutivo de Foment considera, en definitiva, que es un obstáculo más para la atracción de nuevas inversiones y la creación de lugares de trabajo. Catalunya es la comunidad autónoma con más tributos propios de todo el Estado y con los tipos impositivos más altos en las otras figuras tributarias. Hasta el 31 de diciembre del 2016 Catalunya contabilizaba un total de 14 tributos propios, entre los cuales hay que añadir los 6 nuevos impuestos aprobados hasta el mes de agosto del 2017.

Es por este motivo que Foment del Treball solicita que la aplicación de los impuestos debería ser entendida para crear una situación que haga compatible el mantenimiento del Estado del Bienestar, con una gestión eficiente de los impuestos y revertir de forma gradual el incremento continuado de la presión fiscal, que se justifica a partir del año 2008 como consecuencia de la crisis económica. La economía crece y los principales organismos internacionales prevén mejoras de los principales indicadores.

Nuevos impuestos en el 2017
1.El Impuesto de las bebidas azucaradas se aprobó a principios del año y está en vigor desde el 1 de mayo. En julio empezó el primer periodo de autoliquidación.
2.Impuesto sobre los activos no productivos de personas jurídicas, que se devengó el pasado 30 de junio. A día de hoy aún no se ha aprobado ni el reglamento ni los parámetros de liquidación, previstos a partir del año que viene.
3.A la ley de medidas fiscales aprobada el pasado 28 de marzo se introdujeron nuevos impuestos como el referido a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, y el de elementos radiotóxicos que entrará en vigor el próximo 1 de enero, mediante la ley 5/2017, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de la creación y regulación de los impuestos de grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas y sobre las emisiones de dióxido de carbono.
4.El Parlament de Catalunya ha aprobado –DOGC de 3 de agosto– la Ley 16/2017 de cambio climático, que modifica el impuesto aprobado por la ley de medidas del pasado 28 de marzo, y además se anuncian dos nuevos impuestos:
◾El primero sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono. El Govern tiene que presentar al Parlament el proyecto de ley del impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero, de manera que el Parlament pueda aprobar la ley correspondiente y el impuesto pueda entrar en vigor en 2019, con el agravio añadido para las empresas sujetas al mercado europeo de derechos de comercio de derechos de emisiones.
◾El segundo sobre las emisiones portuarias de grandes barcos, de acuerdo con su articulo 39 y las disposiciones finales Undécima y Duodécima de esta ley.
◾Adicionalmente, hay el Anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que en su artículo 25 se crea una nueva figura tributaria “el canon de explotación de actividad”, con un tipo impositivo del 3% de los beneficios netos anuales, que ya se encuentran grabados en el IRPF o el Impuesto de Sociedades por los rendimientos de las actividades económicas, ya sea por las personas físicas o bien jurídicas, respectivamente.

Catalunya destaca por ser la comunidad autónoma con más tributos propios. Antes de la aprobación de estos nuevos impuestos, Catalunya disponía, a finales del año pasado, de 14 tributos propios, siendo la comunidad autónoma con un mayor número.

Tipos impositivos más altos: IRPF, Patrimonio…

Catalunya tiene también los tipos impositivos más altos respecto a la media estatal. Si analizamos el IRPF observamos que es la Comunidad Autónoma con uno de los tipos, tanto mínimo como máximo, más elevados. Respecto del Impuesto sobre Patrimonio, en algunas de las comunidades autónomas está bonificado, pero en Catalunya, conjuntamente con Aragón y Extremadura es donde más se paga por este concepto.

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Catalunya está situada dentro de la media española. Cabe recordar, que en una comunidad como la de Madrid, el importe de Patrimonio no opera y el de Sucesiones y Donaciones tiene un carácter testimonial por los supuestos más comunes.

Finalmente, si analizamos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Catalunya fue pionera en subir los tipos impositivos, logrando actualmente los valores más elevados.

Todo ello, en un contexto donde se están aplicando revisiones de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos en ciudades, como Barcelona o Terrassa, con efectos del próximo 1 de enero. Estos cambios, aparte de un incremento en el IBI, tendrán un impacto directo sobre el Impuesto de Patrimonio, entre otros.

Ante esta realidad hay que tener en cuenta, como mínimo, tres reflexiones:
1.La realidad actual fomenta la imagen de Catalunya como la de un territorio con impuestos altos, al menos comparativamente con el resto del Estado tanto por número de impuestos como por los tipos nominales. La imagen de impuestos elevados y el marco normativo imprevisible no fomenta ni la captación ni la retención de talento ni de inversión, y por tanto de empleo.
2.Un tema no menor es el revuelo que provoca la aplicación de estos nuevos impuestos, tanto para las empresas como para el resto de contribuyentes, para comprender el diseño y su aplicación. Aparte de los elevados costes administrativos, este hecho crea tensiones y conflictos entre los contribuyentes y la administración.
3.Dada la contradicción de los tributos propios con los impuestos estatales, se deriva en un constante conflicto institucional entre las administraciones, con necesidad de la intervención del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, con el Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas (canon digital) o el Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, entre otros.
4.Todas estas nuevas figuras tributarias se dan en un contexto en el que la recaudación de la Agencia Tributaria de Catalunya ha subido el 13,7% en el primer semestre de 2017. Destaca el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que lo ha hecho en un 17,5%.

ANEXO

Tributos Propios de Catalunya el 2016:
◾Canon del agua.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos municipales.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales.
◾Canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción (suspendida su aplicación).
◾Canon sobre la incineración de residuos municipales.
◾Gravamen de protección civil.
◾Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
◾Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
◾Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (declarado inconstitucional).
◾Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.
◾Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria.
◾Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.
◾Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la difusión de la cultura digital.
◾Impuesto sobre las viviendas vacías.

Tributos Propios de Catalunya creados el 2017:
◾Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
◾Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
◾Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxico.
◾Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica (entrada en vigor a 1 de enero de 2018).
◾Impuesto sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero.
◾Impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.
◾Canon de explotación de actividad (anteproyecto de ley de ordenación del litoral).

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Correos empeora los tiempos de entrega de las cartas y paquetes del Servicio Postal Universal (SPU) durante 2016

10 de septiembre, 2017

Correos empeora los tiempos de entrega de las cartas y paquetes del Servicio Postal Universal (SPU) durante 2016

07 Sep 2017
nota de prensa Postal  cnmc.es
◦La   CNMC  publica el informe con los resultados del control y medición de los indicadores de calidad del Servicio Postal Universal.
◦Se confirma la tendencia del descenso en la calidad del servicio de Correos en comparación con los años anteriores.
◦Los peores resultados se registran en la entrega de paquetes de hasta 20 Kg, con un desvío del 9,5% con respecto a los objetivos fijados por la  normativa.

 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha hecho público su informe anual sobre el control y medición de los indicadores de calidad del servicio postal universal (SPU) prestado por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos) durante el ejercicio 2016.

En este informe, la CNMC verifica y analiza, como en años anteriores, el cumplimiento de los indicadores de calidad que Correos, el operador designado para prestar el Servicio Universal Postal (SPU), debe cumplir según la normativa vigente.

En el caso de los plazos medios de entrega tanto de la carta ordinaria como del paquete postal nacional, los resultados confirman la tendencia al empeoramiento en la calidad de los servicios que ofrece Correos en el ámbito del SPU.
◦Así en el ejercicio 2016, Correos entregó el 92,66% de las cartas ordinarias en tres días o menos y el 97,84% en cinco días o menos, lo que supone un ligero incumplimiento del –0,34% con respecto al objetivo de  D+3 (Día de depósito de la carta + 3) fijado en el 93% y una desviación de -1,16% respecto al objetivo D+5 (Día de depósito de la carta + 5) establecido en el 99%. Estos resultados son inferiores a los de los ejercicios 2013 y 2014 y muy similares a los del año 2015.
◦En el caso del paquete postal nacional de hasta 20 kg (paquete azul)[1], el porcentaje de envíos entregados en D+3 fue del 70,41%, un 7,01% inferior respecto a 2015. Este dato supone un desvío del -9,59% con respecto al objetivo del 80% que marca la actual normativa. El porcentaje de envíos entregados en D+5 fue en 2016 del 85,03%, lo que implica una bajada respecto a 2015 del 3,49% y una desviación del -9,97% respecto del objetivo legal del 95%.

A la vista de los resultados obtenidos la CNMC considera que Correos debe adoptar las medidas necesarias para frenar esta tendencia negativa en los resultados del plazo de entrega.

 

Tiempos de espera en oficinas y reclamaciones

Con respecto a otros indicadores que miden la calidad del Servicio de Correos, la CNMC ha detectado los siguientes aspectos:
◦El tiempo medio de atención ordinaria al usuario en las oficinas y locales de Correos ha sido en 2016 de 7,3 minutos, lo que representa una mínima mejoría respecto a 2015 (-0,2 minutos).
◦El grado de fiabilidad de los servicios postales en 2016 fue del 0,15 % muy similar al del año 2015 (0,17%). Las reclamaciones recibidas por Correos aumentaron un 4% con respecto a 2015, por lo que la CNMC señala que Correos debe analizar y mejorar aquellos aspectos que han generado más reclamaciones por parte  de los usuarios.
◦Del estudio realizado sobre 475 oficinas de Correos, la valoración de aspectos como la limpieza, luminosidad y trato dado a los clientes fue buena.
◦En todo caso, la CNMC ha detectado puntos en los que Correos podrían mejorar su relación con los clientes como la disponibilidad de información sobre el horario de recogida en buzones y oficinas postales o la disponibilidad y visibilidad de las hojas de reclamaciones y tarifas disponibles en sus oficinas.

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El TSJ de Cataluña registra dos querellas de la Fiscalía contra Govern y Mesa Parlament

9 de septiembre, 2017

Viernes, 8 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El TSJ de Cataluña registra dos querellas de la Fiscalía contra Govern y Mesa Parlament

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha recibido dos querellas de la Fiscalía Superior de Catalunya. Las querellas han sido registradas y repartidas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos. Sus ponencias respectivas serán debatidas en la denominada Sala de Admisiones, tal como exige el procedimiento.

Una de las querellas está dirigida contra la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ésta, registrada con el número 40/2017, ha sido repartida, siguiendo el turno establecido, al magistrado Carlos Ramos, quien actuará como ponente ante la Sala de Admisión.

La segunda de las querellas está dirigida contra el Consell Executiu, el Presidente Puigdemont y las otras doce personas que lo integran, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, y malversación de caudales públicos. Ésta, registrada con el número 41/2017, ha sido repartida, siguiendo el turno establecido, al magistrado José Francisco Valls, quien actuará como ponente ante la Sala de Admisión.

La Sala de Admisión tiene previsto iniciar sus sesiones de debate esta misma tarde.

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El juzgado de ‘cláusulas abusivas’ de Madrid tramita ya el 21 por ciento de los 8.123 asuntos presentados

9 de septiembre, 2017

Martes, 5 de septiembre de 2017 poderjudicial.es

El juzgado de ‘cláusulas abusivas’ de Madrid tramita ya el 21 por ciento de los 8.123 asuntos presentados

El juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid, el órgano provincial especializado en demandas relativas a litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, tiene prevista la celebración de 159 vistas previas este mes de septiembre, 512 en el mes de octubre y 1.108 a lo largo de noviembre

Autor:Comunicación Poder Judicial

El juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid, el órgano judicial provincial especializado en ‘cláusulas abusivas’, tramita a fecha de 31 de agosto, dos meses y medio después de su puesta en funcionamiento, 1.705 demandas de las 8.123 que han tenido entrada en este órgano, lo que representa el 20,98 por ciento del total registrado.
De las 8.123 demandas, ya se han resuelto 35 -bien por decreto de los letrados de la administración de justicia o por auto-, y respecto al procedimiento por el que se celebró la primera vista previa en este juzgado el pasado 27 de julio (el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil) ya hay sentencia, que se acompaña en archivo adjunto a esta nota, junto con un breve comentario acerca de su contenido.

A lo largo del mes de septiembre, el juzgado tiene previsto, después de que hoy, 5 de septiembre, se celebre la segunda vista previa señalada, la celebración de otras 158 vistas previas por asuntos de la misma naturaleza. De éstas, 49 ya están señaladas.

Para el mes de octubre está previsto que se celebren otras 512 vistas previas y 1.108 en el mes de noviembre, sin perjuicio de que con las acciones de mejora que se estudia implementar en esta unidad judicial –integrada actualmente por dos magistradas, dos letradas de la administración de justicia y diez funcionarios/as-, pueda ampliarse el número de audiencias previas los meses mencionados.

En esta línea de mejoras, cabe señalar que por iniciativa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira Morante, se ha remitido una comunicación, a fecha de 31 de julio, a las entidades bancarias más importantes del país, a fin de que faciliten una dirección de correo electrónico para las notificaciones y emplazamientos.

A fecha de hoy, han contestado de forma positiva Banco de Sabadell, BBVA, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Ibercaja y Banco de Santander.

Esta medida facilitará la tramitación procesal de los asuntos, ya que una vez que las entidades bancarias estén emplazadas, tendrán veinte días hábiles para contestar a la demanda y el juzgado tiempo suficiente para señalar audiencia previa sin otras dilaciones.

También, y en la misma dirección, está previsto que a la mayor brevedad las demandas que atiende el juzgado de Primera Instancia 101, competente para las demandas relativas a litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, puedan tramitarse mediante el expediente digital, para lo que se cuenta con el compromiso de las administraciones públicas con competencias en Justicia de poner a disposición los medios materiales y humanos necesarios para atender la carga de trabajo de este órgano judicial, que requerirá de la asistencia de más jueces, letrados, personal e instalaciones para sacar adelante los miles de asuntos bajo su competencia exclusiva.

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Los órganos judiciales gallegos resolvieron el año pasado 342 000 asuntos

9 de septiembre, 2017

Jueves, 7 de septiembre de 2017  poderjudidial.es

Los órganos judiciales gallegos resolvieron el año pasado 342 000 asuntos

El número de causas ingresadas en los juzgados y tribunales de la comunidad en 2016 fue de 334 410. Quedaron en trámite al finalizar el año 123 770 asuntos, lo que supone un descenso interanual del 10 %

Autor:Comunicación Poder Judicial

Los órganos judiciales de la comunidad resolvieron el año pasado 341 982 asuntos, por encima del número de casos ingresados, que fue de 334 410. Cada órgano resolvió de media 1331 casos, según se refleja en la Memoria de Actividad de los Tribunales y Juzgados de Galicia correspondiente al año 2016. El número de procedimientos que quedaron en trámite al final del año en Galicia fue de 123 770, frente a los 136 466 del año anterior, lo que supone un 10 por ciento menos.

El número de nuevos casos disminuyó un 25,6 % con respecto a 2015. El descenso más acusado en cuanto a la entrada se dio en la jurisdicción penal, con un 36,5 % menos de nuevos asuntos en 2016. Esta importante reducción en el número de nuevos asuntos obedeció en gran medida a la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que reformó el artículo 284.2 de esta norma en el sentido de establecer que, con carácter general, no se remiten a los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado. La reforma legal tuvo también reflejo en el número de asuntos resueltos por los tribunales de la comunidad, que descendió con respecto al año anterior, cuando la LECrim aún no había sido modificada y se contabilizaban los asuntos que han dejado de ingresar y antes se resolvían de forma inmediata con un auto de archivo por falta de autor conocido. También descendió el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil, pero aumentó en social y contencioso.

La provincia de Pontevedra es la que registra un mayor número de asuntos ingresados —124 088—, lo que supone 1349 causas de media por órgano judicial. Le sigue A Coruña, con 116 651 (1190 de media por órgano), Lugo, con 35 760 (1192 por órgano) y Ourense, con 33 090 (1067).

Datos por jurisdicciones

En la comunidad descendió también el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil. El año pasado se registraron 116 308 casos, lo que representa una disminución interanual del 10,6 %. La cifra de asuntos resueltos fue de 114 374 y la de asuntos en trámite al final del periodo de 53 942, un 1,2 % menos que el año pasado.

En la jurisdicción penal, el número de nuevos asuntos fue de 177 470, un 36,5 por ciento menos que en 2015. En esta jurisdicción se resolvieron
183 861 asuntos y quedaron en trámite al final del periodo otros 37 616, un 21 % menos que al inicio del periodo.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, frente a la tendencia a la baja en el conjunto del Estado, en Galicia se registró en 2016 un aumento en la entrada de asuntos. Los juzgados y tribunales recibieron 9985 casos nuevos, lo que supone un 2,8 % más con respecto a 2015. El número de asuntos resueltos fue de 11 586 (un 3,8 % más que en el año anterior) y el de asuntos en trámite al final del año de 6349, lo que supone un descenso del 14,2 %.

Aumentaron también los asuntos ingresados en la jurisdicción social. El año pasado se recibieron 30 647 nuevos casos, que representan un crecimiento del 1,6 % respecto a 2015. En esta jurisdicción se resolvieron 32 161 asuntos y quedaron en trámite 25 863, lo que supone un 6,7 por ciento menos que el año anterior. La tasa de litigiosidad en Galicia (123) se situó ligeramente por debajo de la media estatal en 2016, que fue de 125 asuntos por cada mil habitantes.

Tribunal Superior

En la memoria se pone de relieve la muy positiva evolución de la pendencia en las salas de lo social y contencioso-administrativo del TSXG, “que tanto venía preocupando en años precedentes”. Los magistrados de lo contencioso tenían pendientes de resolver al inicio del año 3155 asuntos, cifra que se redujo a los 2470 al final del periodo. En 2016 la sala ingresó 3026 asuntos y resolvió 3725. La sala de lo social, que disfrutó de un plan de refuerzo durante parte del año pasado, resolvió 7406 asuntos, lo que permitió que la pendencia descendiese desde los 4486 casos a comienzos del año a los 2627 al finalizar. El número de asuntos ingresados en la sala de lo social del TSXG aumentó el año pasado, al pasar de 5142 el año anterior a 5547.

Audiencia Provinciales

Las secciones penales de la Audiencias Provinciales gallegas resolvieron el año pasado 10999 asuntos. Las de A Coruña y Lugo fueron las secciones que registraron un mayor número de casos. Las secciones civiles resolvieron 7321 y fueron las tres de la provincia de Pontevedra las que asumieron un mayor número de asuntos.

Juzgados unipersonales

Con respecto a los juzgados de lo social de la comunidad, a lo largo del año pasado ingresaron 25 100 asuntos. Todos los juzgados de A Coruña, Vigo y Lugo de esta jurisdicción ingresaron más de 1000 asuntos. Esto supone que los juzgados coruñeses cerrasen 2016 con un volumen de entrada un 45 % por encima de módulo, lo de Vigo con un 34 % y los de Lugo con un 19%.

Los juzgados de instrucción gallegos resolvieron el año pasado 86 228 asuntos, frente a los 82 003 ingresados. De esta manera, el número de asuntos pendientes pasó de 18 014 al inicio del año a 12 549 al final.

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EL Tribunal Constitucional, por unanimidad, admite a trámite los recursos sobre la convocatoria y preparativos del referéndum, los cuales suspende de forma cautelar

8 de septiembre, 2017

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de Prensa tribunalconstitucional.es
Nota informativa Nº 62/2017
EL TC, POR UNANIMIDAD, ADMITE A TRÁMITE LOS RECURSOS SOBRE LA CONVOCATORIA Y PREPARATIVOS DEL REFERÉNDUM, LOS CUALES SUSPENDE DE FORMA CAUTELAR
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad, admitir a trámite los cuatro recursos presentados en el día de hoy por el Gobierno en relación con las actuaciones del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña referidas a la celebración de un referéndum de autodeterminación el próximo 1 de octubre. En concreto:
1. El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/ 2017, del referéndum de autodeterminación;
2. La impugnación de la Resolución 807/XI del Parlamento de Cataluña por el que se designan los miembros de la sindicatura electoral;
3. La impugnación del decreto de la Generalitat de Cataluña por el que se aprueban las normas complementarias para la celebración del referéndum;
4. La impugnación del decreto de la Generalitat de convocatoria del referéndum el próximo 1 de octubre.
Como consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del art. 161.2 de la Constitución, el Pleno acuerda la suspensión de todas las disposiciones impugnadas.
El citado precepto constitucional establece lo siguiente: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Asimismo, el Tribunal ha iniciado la tramitación del incidente de ejecución de sentencia presentado también hoy por la Abogacía del Estado en relación con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña por el que se admite a trámite la proposición de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
A mayor abundamiento, las providencias dictadas por el Pleno afirman lo siguiente:
1) Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. Además de la suspensión cautelar, el Pleno acuerda dar traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Cataluña, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.
Acuerda notificar personalmente la presente resolución al Presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al Secretario del Gobierno de Cataluña, a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a todos los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, al Letrado Mayor del Parlamento de Cataluña, al Secretario General del Parlamento de Cataluña, al Jefe del Departamento de Publicaciones y a la Técnica de coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones, todos ellos del Parlamento de Cataluña.
Les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, de que deben abstenerse de “iniciar tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicatura electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Todo ello, con “las advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento”.
Se acuerda también notificar personalmente la presente resolución a los miembros (titulares y suplentes) de la sindicatura electoral de Cataluña. A todos ellos les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, de que deben abstenerse “de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesarios para la celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 18 de la Ley 19/2017, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley del referéndum, o que promuevan o tramiten norma alguna dirigida a tal fin”. Se les apercibe “de la nulidad radical” de las actuaciones que realicen y “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento”.
2) Impugnación de la designación por el Parlamento de Cataluña de los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña. Además de la suspensión cautelar, el Tribunal da traslado del recurso al Gobierno de la Generalitat para que, en el plazo de 20 días, aporte cuantos documentos y alegaciones considere oportunos.
Asimismo, acuerda notificar personalmente la presente resolución al Presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al Secretario del Gobierno de Cataluña, a los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat, al Director de la Entidad Autónoma del Diario Oficial de Publicaciones (EADOP); al Subdirector General del Diario Oficial y de la Administración, de la EADOP, al Subdirector General de Publicaciones de la EADOP, a la Jefa del Área de Publicación Oficial de la EADOP, y a los responsables de los boletines oficiales provinciales.
El Pleno les advierte de su deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En concreto, señala que deben abstenerse de “iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la Ley objeto de la presente impugnación y de
poner a disposición de la sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Todo ello, con la advertencia “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
El Pleno acuerda notificar personalmente la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la Mesa del Parlamento, al Secretario General, al letrado Mayor, al Jefe del Departamento de Publicaciones y a la Técnica de Coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones, todos ellos del Parlamento de Cataluña.
A todos ellos, les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, “de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la Ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicaturas electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones”. Se les apercibe “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
3) Impugnación del decreto de la Generalitat de Cataluña de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación. Además de la suspensión cautelar, el Tribunal da traslado del recurso a la Generalitat de Cataluña para que, en el plazo de veinte días, pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime convenientes.
Acuerda notificar personalmente la presente resolución al Presidente de la Generalitat de Cataluña, a todos los miembros del Consejo de Gobierno, al Secretario del Gobierno de Cataluña, así como a otros 60 altos cargos de la Generalitat y a los Alcaldes de todos los municipios de Cataluña.
El Pleno les advierte de su deber “de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, de que deben abstenerse “de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación”. Se les apercibe “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
4) Impugnación del decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Además de la suspensión cautelar, el Pleno acuerda dar traslado del recurso al Gobierno de la Generalitat, que dispone de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.
Acuerda también notificar personalmente la presente resolución al Presidente de la Generalitat, a todos los miembros del Consejo de Gobierno y al Secretario del Gobierno.
Les advierte de su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga
ignorar o eludir la suspensión acordada”. En particular, “de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación”. Se les apercibe “de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.
5) Por otro lado, en el incidente de ejecución de sentencia referido a la tramitación por el Parlamento de Cataluña del proyecto de ley de Transitoriedad Jurídica, el Tribunal acuerda tener por personada en el procedimiento a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, a los solos efectos de que en este incidente pueda defender sus derechos e intereses legítimos a título particular, sin perjuicio de la personación del Parlamento de Cataluña a través de sus servicios jurídicos.
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Madrid, 7 de septiembre de 2017.

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El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

8 de septiembre, 2017

Lunes, 4 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación

La Sala Segunda interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el recurrente, que deberá interponer el recurso que corresponda

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El alto tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.

Según explica el Supremo en un auto, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenó al acusado a 12 años y medio de prisión por delito continuado de agresión sexual; y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclamó un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.

Ante la solicitud del condenado para recurrir, se designó abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designación a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.
“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, dice la Sala.

Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempeñada mediante la organización de los colegios de abogados, “que sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma”.

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía. Por ello, las autoridades nacionales competentes están obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.-

La resolución destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacción del interés público que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Además, subraya que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidad disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

También indica el auto que, por más que la misión de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligación de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo éstos quienes están en condiciones de examinar si la defensa fue intrínsecamente adecuada o idónea.

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Banderas autonómicas de España

7 de septiembre, 2017

banderas autonomicas

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El Tribunal Supremo declara nulo un ERE porque empresa no aportó las cuentas del resto de sociedades del grupo

7 de septiembre, 2017

Viernes, 1 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El Tribunal Supremo declara nulo un ERE porque empresa no aportó las cuentas del resto de sociedades del grupo

Para la Sala de lo Social, esa información era necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para llevar a cabo el despido colectivo

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo ha declarado nulo un despido colectivo por causas económicas porque la empresa no aportó en el periodo de consultas las cuentas de las otras sociedades del grupo del que formaba parte. Para el Supremo, la ausencia de tal comunicación fue trascendente y relevante, ya que era información necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para llevar a cabo el despido colectivo.

En la sentencia, el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo declara nulo el despido colectivo acordado en 2016 en la empresa de compraventa de coches Nuasa, que afectaba a la totalidad de la plantilla, 21 trabajadores, distribuidos en los centros de trabajo de Badajoz, Don Benito y Mérida. La empresa alegó que arrastraba pérdidas desde hacía varios ejercicios, y que había perdido la concesión de la marca SEAT que detentó hasta febrero de 2016, por lo que había decidido el cese de su actividad, previo despido de toda la plantilla. El despido se acordó tras cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo.

Los representantes de los trabajadores presentaron demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reclamando la nulidad de los despidos. El TSJ extremeño desestimó la demanda y declaró ajustado a derecho el despido colectivo, entre otros motivos al descartar la existencia del grupo mercantil de empresas del que formaría parte Nuasa, cuya existencia sostenían los recurrentes.

Sin embargo, al examinar el recurso de casación de los trabajadores contra la sentencia del TSJ de Extremadura, que destaca que de los documentos obrantes en autos se deducía la existencia del grupo, el Supremo les da la razón y reconoce la existencia del grupo mercantil de empresas. Así, acepta la petición del recurso de añadir un nuevo hecho probado, que señala que Nuasa está integrada en un grupo de empresas conformado con otras cinco sociedades, todas domiciliadas en España y pertenecientes al mismo sector de actividad, con saldos acreedores o deudores con Nuasa, “sin que se aportasen en el periodo de consultas del despido colectivo ni en ningún otro momento antes del mismo las cuentas de dichas empresas”.

A continuación recuerda que el artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012, por el que se aprueba el Reglamento de los Despidos Colectivos, establece que la documentación económica de la empresa que inicie el procedimiento deberá acompañarse de las cuentas de las demás empresas del grupo, cuando estas últimas tengan domicilio en España, pertenezcan al mismo sector de actividad, y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que pretende el despido colectivo.

La principal finalidad que del periodo de consultas, según el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, es la de que los representantes de los trabajadores tenga una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. Y, para el Supremo, “esa finalidad de proporcionar la información necesaria para abordar con mínimas garantías el periodo de consultas o, de manera aún más elemental, de conocer documentalmente la situación económica real de la empresa sobre la que se justifican los despidos no se llevó a cabo”, ya que dejó de aportarse por la empresa la documentación que con carácter preceptivo exige el artículo 4.5 del Real Decreto 1483/2012.

Dicha documentación, resalta la sentencia, “resulta relevante sin duda, por cuanto que cuando se trata de empresas encuadradas en un grupo mercantil, y se dan los requisitos que exige la norma (…), habrán de aportarse las cuentas de las demás empresas del grupo, precisamente para conocer la verdadera situación de la que adopta la decisión de despido colectivo ante la posible existencia de saldos deudores o acreedores, o de relaciones económicas diversas entre ellas que tengan reflejo en las cuentas que han de aportarse”.

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El presidente del TS y del CGPJ garantiza que los jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte de España

6 de septiembre, 2017

Martes, 5 de septiembre de 2017  poderjudicial.es

El presidente del TS y del CGPJ garantiza que los jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte de España

En el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Carlos Lesmes señala que la unidad de la Nación española que proclama la Constitución es un “mandato jurídico directo” de inexcusable cumplimiento para todos los Poderes del Estado. “Las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución son inaceptables y violentan la propia democracia”, asegura el presidente del Poder Judicial. Lesmes recuerda a las víctimas de los atentados de Barcelona y de Cambrils y destaca la ejemplar respuesta de la sociedad española frente al terror. El presidente del TS y del CGPJ dice que la sociedad “también debe cuidar de sus jueces” y subraya que ha llegado el momento de ofrecer respuesta a sus necesidades e inquietudes. “Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, afirma el presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Autor:Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha recordado hoy que corresponde a los jueces “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional” y que, frente a las “inaceptables” voluntades unilaterales que solo contemplan la ruptura o la separación como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, “nadie sufrirá por cumplir la Ley”.

Durante el discurso pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo con motivo del acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey, Lesmes ha afirmado que la indisoluble unidad de la Nación española que proclama el artículo 2 de la Constitución es un “mandato jurídico directo” que corresponde garantizar al Poder Judicial “junto al resto de los Poderes del Estado. En definitiva, un deber para todos nosotros de inexcusable cumplimiento”.

El presidente del Poder Judicial ha añadido que ese mandato de unidad no expresa, sin embargo, una voluntad uniformadora en lo que se refiere a cuestiones como la lengua, la cultura o la religión, sino que se caracteriza “por su voluntad de respeto a la diversidad existente en nuestra sociedad, y que además es propia de las naciones avanzadas”.

“Por ello, las voluntades unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y que solo contemplan como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio la ruptura o la separación son inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga del todo”, ha dicho.

Lesmes ha concluido recordando que los jueces deben asegurar los derechos reconocidos en la Constitución y en las leyes, “especialmente con relación a aquellos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el legítimo ejercicio de esos derechos”, y que también les corresponde “amparar a todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional”, y ha señalado que un Poder Judicial único, fuerte e independiente “es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles”.

Recuerdo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils

El presidente del TS y del CGPJ ha comenzado su intervención en el acto de apertura del Año Judicial con un recuerdo a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados en Barcelona y en Cambrils el pasado 17 de agosto.

“La libertad no se negocia, no está en venta”, ha dicho Lesmes, que ha asegurado que todos debemos sentirnos orgullosos de las ejemplares respuestas de la sociedad española frente al terror: “Unidad frente al miedo, firmeza institucional y solidaridad”.

Durante su discurso, el presidente del Poder Judicial ha señalado que “ninguna creencia, cultura o credo puede justificar el terror ni alumbrar apóstoles o mártires de la violencia”, y ha añadido que atentados como los de Cataluña o los ocurridos en Londres, Bruselas, Berlín, Niza o Estocolmo “no admiten margen interpretativo alguno”.

“Matar no es cultura; sembrar el terror, el miedo, es absolutamente injustificable. Solo es eso, oscuridad y terrorismo. Y quienes pretenden ofrecer explicaciones historicistas o sociológicas sobre tan graves sucesos no hacen sino alentar el terror convirtiéndose en cómplices de quienes desprecian la vida”, ha manifestado.

Atender a las demandas de los jueces

Carlos Lesmes ha destacado durante su discurso la necesidad de que las autoridades competentes presten la debida atención a las demandas de los miembros de la Carrera Judicial, recordando que, en los últimos años, los jueces han sufridos mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales.

“Ha llegado el momento de que la sociedad, a través de sus representantes, mire a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e inquietudes legítimas, pues la dimensión colectiva de sus funciones lo reclama en beneficio de la propia sociedad”, ha dicho.

Además, como presidente del órgano de gobierno de los jueces, Lesmes ha dejado patente de manera expresa el compromiso de esta institución “de prestar la debida atención a estas demandas” y su exigencia de que así lo hagan también el resto de las autoridades competentes.

Lucha contra la corrupción

El presidente del TS y del CGPJ se ha referido a “la persistencia del fenómeno de la corrupción en nuestra sociedad, fenómeno que produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna de nuestras instituciones”.

Frente a este tipo de delitos, “la justicia española sigue proporcionando la más eficaz y contundente respuesta, siempre con pleno respeto a las garantías de los justiciables”, ha dicho Lesmes, que ha recordado que en 2016 los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública en los que se dictó auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 659 personas.

El presidente del Poder Judicial ha ofrecido también los datos correspondientes a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales correspondiente a 2016.

Ésta refleja que el año pasado ingresaron en los órganos judiciales españoles un total de 5.813.137 asuntos y se resolvieron un total de 6.010.185, quedando en tramitación al final del periodo otros 2.234.476.

El número de sentencias dictadas fue de 1.443.896.

En cuanto al Tribunal Supremo, ha destacado que, tras poco más de un año desde la entrada en vigor de las importantes reformas introducidas en sede de casación, las Salas de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo ya han dictado las primeras sentencias, tras apreciar el interés casacional de un importante número de recursos, con la consiguiente utilidad para la comunidad jurídica.

Custodiar sin ambigüedades la Constitución

El presidente del TS y del CGPJ ha concluido su intervención mostrando su convencimiento de que la Justicia española sabrá afrontar la gran responsabilidad a la que se enfrenta: ser instrumento para la paz social en un mundo caracterizado por la globalización, la multiculturalidad, la progresiva expansión de las nuevas tecnologías, la crisis de valores derivada de las grandes dificultades económicas de los últimos años y las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los ciudadanos hacia sus gobernantes y sus instituciones.

Pero esa paz social, ha advertido Lesmes, “no será posible si no garantizamos que la Ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto, premisa que constituye condición esencial de la propia democracia y presupuesto necesario de unos valores de convivencia que no cabe desconocer en el marco de nuestro Estado de Derecho”.

“Como jueces, hoy más que nunca, nos corresponde custodiar sin ambigüedades la Constitución y la Ley”, ha finalizado.

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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de grandes empresas

5 de septiembre, 2017

01 de septiembre de 2017 mineco.gob.es
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de grandes empresas
Las compañías deberán acompañar su informe anual con detalles sobre sus políticas medioambientales y de diversidad, entre otras
Con la futura aprobación de la Ley se transpondrá la directiva europea que persigue medir el impacto social de las empresas
El Consejo de Ministros ha aprobado el  primer borrador del Anteproyecto de Ley para la trasposición la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales. El texto será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria.

Con esta transposición se modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252  y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

Aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. El objetivo es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
Ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación a los derechos humanos, se incluirá información sobre  prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. De acuerdo con la Directiva, las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que reúnan los siguientes requisitos:

– Número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a 500

– Que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias:

Que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros
Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250
Por otro lado, se ha  aprobado la adaptación a la normativa comunitaria la regulación sobre compensación, liquidación y de registro de valores. El objetivo de estos cambios es permitir la adaptación de Iberclear, la plataforma española de pagos y liquidación de valores, a Target2-Securities, la plataforma paneuropea de la que formará parte desde septiembre de este año y reforzar la protección de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores.

La reforma se estructura en dos fases. Una primera, ya completada, en la que las operaciones sobre valores de renta variable se compensan en una cámara de contrapartida central y pasan a liquidarse en dos días hábiles utilizando un sistema de saldos. Y una segunda, en la que se adapta la plataforma de liquidación de  la renta fija española (CADE) al nuevo sistema y se realiza la migración del conjunto del sistema a Target-2 Securities en septiembre de 2017. Para esta segunda fase, procede ahora modificar el Real Decreto 878/2015 para concretar la aplicación de éste a los valores de renta fija, señalar la fecha de aplicación de la reforma para la renta fija y flexibilizar algunos aspectos operativos

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El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNET sufre una oleada de ciberataques

4 de septiembre, 2017

El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNET sufre una oleada de ciberataques
El objetivo del ataque ha sido intentar colapsar y hace inaccesible LexNET a los usuarios legítimos del mismo
mjusticia.gob.es
Los protocolos de seguridad han funcionado permitiendo que los profesionales pudieran presentar hasta las 14:00 horas un 31% más de escritos de trámite y un 41% más de escritos iniciadores que el mismo día del año pasado pese a las demoras en el acceso
1 de septiembre de 2017.- El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNET ha sufrido esta mañana una serie de ciberataques que ha afectado temporalmente al acceso al sistema de los usuarios a través de la red. El ataque no ha afectado a los usuarios de órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni a hospitales, que han podido trabajar con normalidad con el soporte de sus propias redes internas.
Sobre las 11:00 horas se ha detectado un primer intento de bloqueo del acceso a LexNET a través de Internet provocado por un ataque consistente en el envío de cientos de miles de peticiones de acceso de usuarios no registrados. El objetivo del ataque ha sido intentar colapsar y hacer inaccesible LexNET a los usuarios legítimos del mismo.
Desde el Ministerio se ha contactado inmediatamente con la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contratante del servicio, así como con los servicios técnicos de Telefónica, para activar el protocolo de seguridad ante este tipo de ataques. Dicho protocolo, entre otras medidas, filtra y bloquea aquellos intentos de acceso a LexNET cuyo objetivo final es colapsar la vía de acceso al sistema.
Desde las 12:00 horas y hasta las 15:00 horas se han producido otros cuatro ataques que han afectado a la disponibilidad del servicio en distinta medida.
El Ministerio de Justicia ha tomado la decisión de bloquear el tráfico de Internet proveniente de fuera de España, una vez ha tenido conocimiento a través de Telefónica de que parte de los ataques proviene de servidores ubicados fuera de nuestro país utilizando redes de ocultación del origen real.
Los protocolos de actuación previstos ante incidentes de seguridad como el sufrido hoy han permitido, no obstante, que hasta las 14:00 horas de este viernes los profesionales hayan podido presentar a través de LexNET un 31% más de escritos de trámite y un 41% más de escritos iniciadores que el mismo día del año pasado, aunque se han producido demoras en el acceso al servicio.

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La economía crece el 3,1% en el segundo trimestre y eleva en 480.000 la creación de puestos de trabajo

3 de septiembre, 2017

La economía crece el 3,1% en el segundo trimestre y eleva en 480.000 la creación de puestos de trabajo
Jueves 24 de agosto de 2017 lamoncloa.gob.es

Ministerio de Economía y Competitividad

La economía española encadena casi cuatro  años de crecimiento tras aumentar el 0,9% el PIB en el segundo trimestre y el 3,1% en los últimos doce meses, según los datos de la Contabilidad Nacional publicados por el INE. El dato supone una aceleración de una décima tanto en tasa anual como trimestral, lo que mantiene un diferencial de crecimiento favorable a España en relación a la media de la zona euro.
Se trata de un crecimiento equilibrado, con una mejora de la aportación de la demanda nacional, mientras se mantiene por quinto trimestre consecutivo la contribución positiva del sector exterior. El empleo crece a una tasa anual del 2,8%, tres décimas más que en el primer trimestre, lo que supone la creación de 480.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año.

Con estos resultados, la economía española recupera en el segundo trimestre el nivel de renta previo a la crisis; es decir, desde el máximo alcanzado en el segundo trimestre de 2008. En relación a finales de 2007, el PIB suma un 1%, aunque aún debe recuperar lo que se ha dejado de crecer durante los cinco años de recesión de la economía española, entre un 15% y un 20% más. El ritmo del 3,1% en el segundo trimestre supone acelerar ese proceso y permite asegurar que se alcanzará con holgura la previsión del 3% como media del ejercicio. Se mantiene además el diferencial positivo de España respecto de la media de la Unión Europea y de la zona euro, que han registrado un crecimiento del 2,3% y el 2,2% en el segundo trimestre, respectivamente.

La composición del crecimiento se mantiene equilibrada, con una ligera mejora de una décima en la contribución de la demanda nacional, que alcanza los 2,4 puntos porcentuales. El crecimiento del consumo de los hogares se mantiene en el 2,5% en los últimos doces meses y la inversión sigue como el componente más dinámico con un crecimiento del 3,4%, si bien se desacelera medio punto. Dentro de la inversión, la destinada a bienes de equipo es también la más activa, con un crecimiento del 4,1% en el último año, 1,3 puntos menos que en el primer trimestre. La tasa de crecimiento de la inversión en construcción aumenta una décima, hasta el 3% en el último año.

La demanda externa mantiene en 0,7 puntos la aportación al crecimiento económico, lo que suma cinco trimestres seguidos en positivo. Pese al fuerte crecimiento de la economía española, el sector exterior no resta al crecimiento sino al contrario. Este es un hecho que no se había producido en la economía española en anteriores etapas de crecimiento, lo que refleja que el modelo actual es sostenible y equilibrado. Tanto las exportaciones como las importaciones se desaceleran en torno a tres puntos, si bien las ventas de bienes y servicios al exterior crecen con más fuerza (4,5%) que las importaciones (2,8%).

Prácticamente todo el crecimiento económico se traslada al empleo, que crece un 2,8% en los últimos doce meses. Esta tasa supone una aceleración de tres décimas respecto de la registrada en el primer trimestre de este año. La creación de empleo se cifra en 480.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el último año. El número de horas efectivamente trabajadas sigue en aumento, el 1,7%, una décima menos que el trimestre anterior.

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La AEPD lanza un espacio web con consejos para evitar recibir publicidad no deseada

2 de septiembre, 2017

La AEPD lanza un espacio web con consejos para evitar recibir publicidad no deseada

La creación de esta sección trata de fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y qué pasos deben seguir para ejercerlos.
• Inscribirse en la Lista Robinson, retirar el consentimiento, ejercer ante las empresas los derechos de oposición o cancelación, o solicitar la exclusión de las guías telefónicas son algunas de las recomendaciones prácticas que se incluyen
• La AEPD inició 282 expedientes por spam y 414 por publicidad realizada mediante otros medios en 2016, materias que se encuentran entre las cinco áreas en las que se declaran un mayor número de infracciones por protección de datos

(Madrid, 28 de julio de 2017). agpd.es La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado un espacio web con consejos prácticos para ayudar a los ciudadanos a evitar la recepción de publicidad no deseada, incluyendo tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos.

La AEPD inició 282 expedientes por spam y 414 por publicidad realizada mediante otros medios en 2016, y estas materias se encuentran entre las cinco áreas en las que se declaran un mayor número de infracciones de la normativa de protección de datos. Con la creación de este espacio, estructurado en ocho secciones, la Agencia quiere ofrecer al ciudadano una información clara y completa para conocer qué pasos puede seguir para impedir la recepción de publicidad que, en el caso de las llamadas telefónicas, son calificadas habitualmente por los ciudadanos como las más molestas.

Para evitar recibir llamadas publicitarias o publicidad a través de otros medios la Agencia recomienda en primer lugar inscribirse en la Lista Robinson, el único fichero común de exclusión publicitaria que existe en España y que está gestionado de forma independiente por la Asociación Española de Economía Digital. En este servicio, gratuito para el ciudadano, este puede seleccionar el medio o medios (teléfono, publicidad postal, etc.) a través de los que no quiere recibir publicidad de las entidades que utilizan datos personales obtenidos de fuentes públicas o de bases de datos de terceros. Estarían excluidos los casos en los que el propio ciudadano haya autorizado a una empresa a enviarle publicidad, y para ello en la sección se ofrecen consejos como evitar dar el consentimiento, retirarlo en caso de que ya se haya dado o ejercer el derecho de oposición o cancelación ante la empresa.

El espacio web también recoge qué pasos seguir para que los datos personales no aparezcan en las guías telefónicas o, aunque aparezcan, que no sean utilizados para enviar publicidad y, por último, se indica cómo actuar si el ciudadano sigue recibiendo publicidad no deseada tras poner en práctica los pasos anteriores. Así, se recoge qué documentación mínima debe presentar ante la Agencia para acreditar los hechos si desea presentar una denuncia o a qué organismo debe dirigirse en caso de acoso telefónico. La AEPD recuerda que, en el caso de presentar una reclamación o denuncia, la tramitación será más ágil cuantas más pruebas o indicios pueda aportar el ciudadano.

La creación de esta sección forma parte del conjunto de iniciativas adoptadas por la Agencia para fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y qué pasos deben seguir para ejercerlos, y se suma al espacio web publicado el pasado marzo para ayudar a los ciudadanos a reclamar sus derechos en materia de telecomunicaciones.

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Catalá defiende la funcionalidad de LexNET y garantiza que las incidencias del mes de julio no mermaron los derechos ciudadanos

1 de septiembre, 2017

Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

Catalá defiende la funcionalidad de LexNET y garantiza que las incidencias del mes de julio no mermaron los derechos ciudadanos
Jueves 31 de agosto de 2017 lamoncloa.gob.es
Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha garantizado durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que la parada de casi 52 horas experimentada en los servicios de LexNET durante los últimos días del pasado mes de julio no produjo indefensión o merma en los derechos de los ciudadanos y ha reafirmado su confianza en las potencialidades de un servicio que solo en el último año y medio ha facilitado la realización electrónica de cerca de 140 millones de comunicaciones.
En este sentido, el ministro de Justicia, que ha criticado la desproporción en las reacciones surgidas ante ese problema en LexNET que han originado artificialmente sombras, dudas y sospechas infundadas que dañan la credibilidad y confianza en la Justicia, ha reafirmado el objetivo de transformación tecnológica de este servicio como uno de los proyectos estratégicos de su departamento.

Catalá ha explicado ante los diputados de la Comisión de Justicia las incidencias registradas en julio y las medidas adoptadas para su resolución, a la vez que ha desmentido la afirmación de que a través de LexNET es posible acceder a todos los expedientes y documentos contenidos en los expedientes judiciales. El ministro ha explicado que LexNET es exclusivamente un instrumento electrónico que transmite los documentos desde el profesional hasta el juzgado, siendo estos borrados automáticamente en un plazo de 60 días, y ha aclarado que no se trata de un archivo de expedientes, grabaciones de vistas u otros documentos judiciales.

Así, el ministro ha recordado que el uso de la plataforma está muy delimitado, reservándose a los profesionales de la Justicia, principalmente abogados, procuradores y graduados sociales, que acceden a su propio buzón mediante tarjeta criptográfica y una clave personal, así como al resto de colectivos obligados por ley a comunicarse electrónicamente con los órganos judiciales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hospitales, centros penitenciarios y los funcionarios de la oficina judicial. Esto hace que, según Catalá, LexNET sea un sistema consolidado y seguro en el que es imposible acceder a información que no sea propia si se hace un uso legal y ético.

En ese sentido, el ministro ha explicado que los defectos detectados durante el 27 de julio se justifican en el despliegue de una nueva versión de LexNET que se lanzó siete días antes.

Catalá ha desmentido cualquier información referente a la exposición de los documentos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intercambian con los juzgados ya que estas comunicaciones se producen a través de sus propios sistemas de gestión y el error solo afectó a los accesos a través de Internet.

Una vez alertados del fallo, los técnicos del Ministerio trabajaron intensamente en su resolución y consiguieron solventarlo durante la tarde del propio jueves 27 de julio. Ese mismo día se constituyó en el Ministerio un Comité de Seguimiento que abrió una auditoría interna para aclarar las circunstancias del incidente, al tiempo que se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos y posteriormente al Consejo General del Poder Judicial y se requirió la asistencia del Centro Criptológico Nacional.

El viernes 28 de julio, se decidió por razones preventivas trabajar durante el fin de semana en la revisión de la seguridad del sistema. Así, se suspendió el servicio desde las 16:30 horas de ese viernes ante la existencia de una escasa actividad de conexión, hasta las 20:25 horas del domingo 30 de julio, cuando el sistema volvió a estar completamente operativo y con todas las garantías de seguridad.

Esa interrupción del servicio, ha explicado el ministro, no causó indefensión ni merma en los derechos de los ciudadanos puesto que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la posterior presentación de documentos en la oficina judicial con el justificante de esa parada.

Por otro lado, el mismo viernes 28 de julio se detectó un ataque a una página web del Ministerio por parte de una persona ajena al ámbito de la Justicia. Fue bloqueada e identificada en el momento y denunciada el martes 1 de agosto ante la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía. Si bien no consiguió hacerse con información sensible, sino obsoleta, pública y en la que no se incluyen datos personales, judiciales o confidenciales, accedió a un servidor sin autorización y descargó y difundió información.

Una vez restablecida la normalidad del sistema, durante el lunes 31 de julio la aplicación funcionó de forma correcta, acreditando casi 233.000 notificaciones y cerca de 51.000 escritos presentados, cifras que suponen un incremento superior al 50% respecto al último día hábil del mismo mes de 2016. Además, como muestra de la mínima influencia de esta incidencia, durante todo el mes de julio se realizaron un 11,3% de notificaciones más que en el mismo periodo del año anterior (casi 5,7 millones), presentándose un 35,9% más de escritos (cerca de los 1,7 millones).

Rafael Catalá ha explicado que LexNET empezó a funcionar en el año 2004, si bien ya se recogía en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito en 2001, cuando se consideró conveniente que los profesionales de la Justicia utilizaran medios electrónicos en su relación con la Administración de Justicia.

La necesidad de apostar por la digitalización con más convicción y firmeza que se había hecho hasta el momento, hizo que el Ministerio de Justicia se dispusiera a impulsar dos líneas de actuación prioritarias que suponían por un lado, la culminación de la implantación de las comunicaciones electrónicas entre profesionales y por otro, garantizar que juzgados y tribunales del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia pudieran llevar a cabo una tramitación procesal electrónica.

En este contexto se incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estableció la obligación de utilizar medios electrónicos entre los profesionales de la Justicia y los juzgados a partir del 1 de enero de 2016. Para ello, durante 2015 se emprendieron una serie de actuaciones como facilitar el desarrollo de LexNET en el orden penal y lanzar la aplicación LexNETAPP, aumentar la capacidad de 6Mb a 10Mb, dotar a las sedes judiciales de dobles pantallas y escáneres, lanzar un total de 1.127 acciones formativas para 9.874 funcionarios, poner en marcha nuevos canales de atención e información y mantener más de 31 reuniones con las comunidades autónomas con las que se creó la Comisión Justicia Digital.

Durante los primeros meses de 2016, la actividad en LexNET se multiplicó por diez, por lo que en marzo de ese mismo año se emprendió un plan de choque destinado a la optimización y mejora del sistema que  consiguió mejorar los tiempos de respuesta en un 30%, simplificando el acceso e incorporando nuevas funcionalidades demandadas por los propios profesionales. De esta forma, se llegó a una nueva infraestructura con mayores niveles de seguridad y rendimiento y se amplió la capacidad del sistema para que fuera posible enviar documentos de hasta 15Mb, más del doble que dos años antes, cumpliendo una demanda de los profesionales.

Durante estos últimos años el servicio ha sido razonablemente estable. Concretamente, en el último año y medio LexNET ha estado disponible 13.600 horas, un 98,21% del total del tiempo, y sólo se vio interrumpido por causas sobrevenidas durante 107 horas, el 0,75%. Se han conseguido reducir los tiempos de presentación y notificación en los juicios ordinarios de 60 a 19 días. Catalá ha expuesto que el coste total de los diferentes desarrollos del sistema en casi 14 años de funcionamiento asciende a 11,8 millones de euros. A lo largo de ese periodo se han realizado 340 millones de comunicaciones con un coste unitario de 0,034 euros, muy inferior por ejemplo, a los 4,7 euros que supone un certificado postal con acuse de recibo.

No obstante, el ministro ha manifestado la intención de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema y la incorporación de nuevos colectivos profesionales e instituciones. Con ese fin, se está trabajando en un nuevo Escritorio Profesional que ampliará la capacidad de relación y gestión del usuario con la Justicia y supondrá una evolución de LexNET en el futuro sistema de gestión procesal común.

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