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El Corte Inglés y Alibaba firman un acuerdo para desarrollar una colaboración global

15 de diciembre, 2018

El Corte Inglés y Alibaba firman un acuerdo para desarrollar una colaboración global

• Dentro de este acuerdo de intenciones entre el líder europeo de grandes almacenes y la compañía global de tecnología, ambos grupos desarrollarán nuevas oportunidades de negocio en el entorno del “nuevo comercio online” y la mejora de la propuesta omnicanal.
• Ambas compañías podrán colaborar en distintos proyectos de comercio global, cloud computing e innovación, y el pago por móvil, así como aprovechar las ventajas de las tiendas e infraestructuras físicas.

elcorteingles.es

Madrid (España) y Hangzhou (China), 29 de noviembre de 2018: El Corte Inglés, líder europeo de grandes almacenes, y Alibaba Group, líder mundial en tecnología, han firmado un acuerdo de intenciones para desarrollar una estrecha colaboración en las áreas de comercio minorista y distribución, servicios de cloud computing, innovación digital y pagos a través del móvil. Ambas compañías han puesto en marcha esta colaboración con el fin de aprovechar sus respectivas fortalezas y las de sus distintas unidades de negocio y empresas asociadas, incluyendo Tmall, Alibaba Cloud, Alipay y AliExpress, que podrán colaborar en el desarrollo de las iniciativas correspondientes.
Como parte de este acuerdo global e impulsados por la transformación digital, El Corte Inglés y Alibaba han acordado explorar una serie de oportunidades de colaboración, con el fin de mejorar sus respectivas propuestas omnicanales, y aprovechar lo mejor del mundo físico y del online.
Entre las principales iniciativas y proyectos de colaboración se incluyen:
Cloud computing e innovación
• El Corte Inglés tendrá la oportunidad de acceder a un paquete integral de soluciones tecnológicas proporcionado por Alibaba Cloud, el área de cloud computing de Alibaba Group, que incluye el análisis de big data para la toma de decisiones empresariales en tiempo real; y herramientas de inteligencia artificial que ofrecen la personalización de la oferta para una mejor atención al cliente.
Comercio
• El Corte Inglés tendrá la oportunidad de aprovechar las plataformas B2C de Alibaba, incluyendo Tmall y AliExpress, con el fin de ofrecer a los usuarios de Alibaba en China y en el resto del mundo sus marcas y productos, incluidas las marcas propias de El Corte Inglés. El objetivo final sería permitir a los consumidores de Alibaba acceder a una gama más amplia de grandes marcas españolas e internacionales que se venden en las tiendas de El Corte Inglés, incluyendo la posibilidad de dar a conocer nuevos productos made in Spain.
• Por su parte, AliExpress podrá desarrollar corners y otros espacios físicos en los centros comerciales de El Corte Inglés que permitan recrear nuevas y atractivas experiencias de compra así como dar a conocer al mercado español los últimos productos lanzados en la plataforma. Estas iniciativas vienen tras otro hito a principios de noviembre cuando AliExpress abrió una pop up en el centro comercial de El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid). Se trataba de una iniciativa pionera, ya que era la primera tienda temporal que la plataforma de origen chino inauguraba en un centro comercial en España con motivo de la celebración del 11.11, el Día del Soltero, cada vez más conocido como el Festival Mundial de las compras.
• Ambas compañías se han propuesto también trabajar estrechamente en la utilización de infraestructuras y canales logísticos. En este sentido, Alibaba se podrá beneficiar del conocimiento y capacidades logísticas de la empresa española, y utilizar sus centros físicos como puntos de recogida para compras online a través de AliExpress.
Medios de pago
• El Corte Inglés ya firmó el pasado mes de marzo un acuerdo con Alipay, la plataforma de pago móvil inteligente operada por Ant Financial, compañía asociada al grupo Alibaba, para hacer más fáciles y seguras las compras a los turistas chinos que visitan España. Ahora, tras este acuerdo, dicha alianza cobra mayor relevancia ya que podrán desarrollarse iniciativas conjuntas que permitan crear nuevas experiencias de compra para los turistas chinos.

Para Víctor del Pozo, consejero delegado de El Corte Inglés, “este acuerdo nos va a permitir aunar el mundo físico y el online, ofreciendo la mejor experiencia de compra al cliente. Juntos estamos escribiendo el futuro y situándonos a la vanguardia de la tecnología y del comercio. El Corte Inglés posee grandes almacenes en las mejores ubicaciones de las principales ciudades españolas y portuguesas, y cuenta con la confianza de los consumidores españoles e internacionales. Esto, unido a la tecnología de Alibaba, nos permitirá ofrecer una propuesta de valor imbatible”.
Rodrigo Cipriani Foresio, director de Alibaba Group para España, Italia, Portugal y Grecia , señala que “estamos encantados de haber firmado esta carta de intenciones con un grupo de distribución líder en el mercado internacional como El Corte Inglés, que involucra a cuatro de nuestras unidades de negocio. Esperamos unir fuerzas con ellos para ofrecer a los consumidores en China y en todo el mundo los mejores productos y experiencias. Como compañía global de tecnología, la transformación digital y la innovación en todos los campos son los impulsores fundamentales de la misión de Alibaba de facilitar los negocios en cualquier lugar, con el objetivo de servir mejor a nuestros clientes en todo el mundo, hoy y en el futuro. Por lo tanto, confiamos en que la experiencia y las habilidades aportadas por ambas compañías generarán un valor y unas oportunidades únicas a medida que la cooperación se materialice.”

Sobre Alibaba Group
La misión del Grupo Alibaba es facilitar los negocios en cualquier lugar. La compañía aspira a crear la infraestructura comercial del futuro. Su visión es que los clientes conozcan, trabajen y vivan en Alibaba y ser una empresa que perdure al menos durante 102 años.

Acerca de El Corte Inglés
El Grupo El Corte Inglés es la mayor cadena de grandes almacenes en Europa y un referente del comercio en España. Su estrategia de diversificación y su empeño por adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del cliente le ha llevado a crear diferentes formatos comerciales. El Corte Inglés sustenta su relación con el cliente en cinco principios básicos: calidad, surtido, especialización, servicio y garantía. Todo ello en un marco de innovación y adecuación continua a las nuevas necesidades de la sociedad.

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Luz verde al pago de 84 millones de euros en ayudas para la compensación de costes de CO2

14 de diciembre, 2018

Luz verde al pago de 84 millones de euros en ayudas para la compensación de costes de CO2

Miércoles 12 de diciembre de 2018  lamoncloa.gob.es
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha firmado las autorizaciones para el abono de 83,7 millones de euros a empresas de determinados sectores industriales dentro del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en base al Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, modificado por el Real Decreto 655/2017, de 23 de junio.

El objeto de estas ayudas es la compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad, que soporta el consumidor industrial. Están dirigidas a aquellas instalaciones pertenecientes a determinados sectores expuestos a un riesgo significativo de ‘fuga de carbono’, es decir, que puedan decidir trasladar su producción a otros países debido a los costes de las políticas climáticas en la Unión Europea

Las ayudas aprobadas hoy se dividen en las correspondientes a la convocatoria ordinaria de concesión de 5,99 millones de euros para costes de 2017 y en la concesión directa de 77,7 millones de euros para complementar hasta el 100% de la ayuda máxima establecida de los costes del año 2016.

Los 151 beneficiarios de las ayudas de la convocatoria ordinaria, regulada por Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 30 de julio de 2018, desarrollan su actividad mayoritariamente en Galicia, con el 25% del total de las ayudas concedidas, seguida de Asturias con el 18% y de Cataluña con el 16%. Por sectores, la mayor cuantía corresponde al sector siderúrgico del acero, con el 38% de las ayudas recibido, seguido del aluminio con el 22%, el sector químico con el 16% y el papel con el 11%.

Con respecto a la concesión directa de 77,7 millones de euros, los 136 beneficiarios de las ayudas se encuentran de nuevo mayoritariamente en Galicia, con un porcentaje del 26% del total de las ayudas, seguida de Asturias con el 18% y Cataluña con el 16%. Por sectores, el sector del acero recibe el 32% del total, seguido del aluminio con un 23% y el sector químico con un 18%.

A estas ayudas se han acogido sociedades mercantiles del sector privado, incluidas o no en régimen de comercio de emisiones, que realizan una o varias actividades en los sectores enumerados en el Anexo II de las Directrices comunitarias. Entre ellas, se encuentra la producción de aluminio, la fabricación de prendas de cuero, la fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones, la fabricación de papel y cartón, el hilado de fibras de algodón y la extracción de mineral de hierro y de minerales para abonos y productos químicos.

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En el 155

13 de diciembre, 2018

155.

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La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%

13 de diciembre, 2018

Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2015
Tercer trimestre de 2018
ine.es
La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%
Los precios de la vivienda suben un 2,2% respecto al trimestre anterior
Evolución anual de los precios de vivienda
La variación anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el tercer trimestre de 2018 aumenta cuatro décimas y se sitúa en el 7,2%.
Por tipo de vivienda, la tasa de los precios de vivienda nueva es del 6,1%, cuatro décimas superior a la del trimestre anterior.
Por su parte, la variación anual de la vivienda de segunda mano sube tres décimas, hasta el 7,3%.

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La Sanidad afronta el invierno con 52.258 puestos de trabajo menos en toda España desde agosto

12 de diciembre, 2018

La Sanidad afronta el invierno con 52.258 puestos de trabajo menos en toda España desde agosto
CSIF exige agilizar las ofertas de empleo público y el acuerdo acuerdo para estabilizar plazas interinas

04 de Diciembre de 2018 csif.es

 

El sector sanitario ha perdido 52.258 puestos de trabajo desde el verano, concretamente a lo largo de septiembre, octubre y noviembre (-14.038, -35.816 y -2.404, respectivamente), coincidiendo con el inicio de la campaña de la gripe, la bajada de temperaturas en toda España y incremento de la presión asistencial, según los datos de la Seguridad Social publicados hoy.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de que estas cifras reflejan además el abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo de nuestras Administraciones Públicas.

Esta precariedad también se refleja este mes, en términos generales del mercado de trabajo, con la pérdida de 47.000 empleos, en la afiliación de la Seguridad Social.

Para CSIF, las cifras de interinidad en la sanidad pública no son razonables, dado que se trata de un ámbito fundamental de nuestro Estado del Bienestar. Además, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar el plan de estabilización en el empleo que se firmado en marzo del año pasado con el Ministerio de Hacienda y las ofertas de empleo público, que llevan un retraso de hasta dos años, en función de las comunidades autónomas.

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El Gobierno aprueba medidas urgentes para el impulso de la industria española

11 de diciembre, 2018

El Gobierno aprueba medidas urgentes para el impulso de la industria española
El Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio ha sido aprobado hoy en Consejo de Ministros
Industria | 07/12/2018 mincotur.gob.es

Su objetivo es fomentar la competitividad del sector industrial a través de acciones como la mejora de la productividad laboral, la reducción del coste energético o el refuerzo de la seguridad industrial
• El Real Decreto regula la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo para la industria manufacturera, de especial incidencia en el sector de automoción
• La creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y de la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada, principales medidas de apoyo a las empresas electrointensivas
• El paquete normativo se inscribe en el Marco Estratégico para la España Industrial 2030 del Gobierno y en las Agendas Sectoriales que lo desarrollan
• Se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial, como la limitación de la venta con pérdida y la supresión de los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia
El Gobierno ha aprobado hoy el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en el Sector de la Industria y el Comercio en España, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, de la Ministra para la Transición Ecológica y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Real Decreto-Ley aborda aspectos inaplazables que afectan a la competitividad de los sectores industrial y comercial. Según figura en el texto normativo aprobado hoy, “el cambio de paradigma hacia un modelo de economía circular y un modelo energético sostenible requiere un esfuerzo de transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su competitividad”. Así, el Marco Estratégico para la España industrial 2030 del Gobierno y las Agendas que lo desarrollan contemplan medidas a corto y medio plazo con el fin de alcanzar, en este ámbito, un crecimiento sostenible, justo e integrador, con los objetivos de incrementar la competitividad del tejido industrial español, favorecer e impulsar la adopción de la Industria Conectada 4.0,impulsar el crecimiento y desarrollo de las pymes industriales y profundizar en la generación de talento y puestos de trabajo de calidad.

Estas actuaciones deben acometerse sin demora para evitar una pérdida de competitividad que conduzca a la industria española a una situación de desventaja en los mercados internacionales y con respecto del resto de socios europeos, y que le permita hacer frente a los retos de la digitalización y globalización que la economía mundial está experimentando de manera cada vez más acelerada.

Dado que la industria es, además, el sector que genera empleo de más calidad en el conjunto de la economía española, con estas medidas se pretende con estas medidas anclar el tejido industrial en el territorio y evitar ajustes innecesarios en las plantillas.

En materia de industria, los apartados principales son:

• Regulación del contrato de relevo en la industria manufacturera, con impacto positivo en el sector del automóvil y en el empleo de trabajadores jóvenes.

• Disminución de los costes energéticos para consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un Estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

• Se prorroga la vida útil de instalaciones de cogeneración que benefician especialmente a la industria.

• Seguridad industrial: Régimen Sancionador de Homologación de Vehículos y Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

Con este conjunto de medidas, el Gobierno apuesta decididamente por la industria como sector generador de crecimiento y de cohesión social. Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “el Real-Decreto Ley establece un nuevo marco de relación con la industria española. Este Gobierno ha puesto a la industria en la agenda política; además de resolver crisis, como se ha demostrado en el caso de Vestas, también estamos trabajando para que no vuelva a repetirse una situación como la que estamos viviendo, a causa de la dejación de funciones del Gobierno anterior”.

Este paquete regulatorio se complementa con medidas que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se regula la limitación de la venta con pérdidas, adaptando la regulación española a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia.

Medidas en materia de industria

Medidas de fomento de la competitividad industrial

• Contrato de relevo:

Se prorroga hasta el 1 de enero de 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria 4ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos requisitos.

Es necesario y urgente alargar su período de aplicación para lograr los objetivos de esta modalidad de jubilación parcial: Procurar el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentar la contratación indefinida e incrementar la productividad de las empresas. La medida también contribuirá a asegurar la transición ecológica de la industria, manteniendo su actividad y sus empleos.

A través de esta medida, la industria española renovará su plantilla y tendrá capacidades adicionales para abordar su necesaria digitalización y eficiencia energética. Se espera poder asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años gracias a esta prórroga.

• Régimen sancionador de homologación de vehículos

Se modifica la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria en lo que se refiere al régimen sancionador de homologación de vehículos, al objeto de estar en condiciones de adaptar las reglamentaciones estatal y autonómica, al marco comunitario de reglamentos en materia de homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.

Se refuerza la supervisión y control del sistema de homologación europeo y se imponen obligaciones estrictas en cuanto a la vigilancia de los productos comercializados en el mercado.

• Instalaciones Frigoríficas:

El Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas impone una serie de requisitos administrativos que hacen que, en la práctica, el coste de una instalación con gas refrigerante de categoría 2-L sea inviable. Para evitar esta traba, se ha iniciado una reforma reglamentaria, pero mientras se concluye, es urgente llevar a cabo una actuación de carácter transitorio que elimine unos trámites y requisitos tan exigentes como los actuales (sin comprometer la seguridad), de manera que los fabricantes obtengan la certidumbre jurídica sobre la aceptación en España de estos equipos frigoríficos, en tanto no se apruebe el nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Medidas de apoyo para la transición justa de la industria electrointensiva

• Redes de distribución de energía eléctrica cerradas:

Se modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, que permitirán una reducción de costes de la energía eléctrica para la mediana y gran industria concentrada en ámbitos territoriales reducidos, garantizando unas condiciones de conexión a la red pública de manera que esta no quede afectada.

El Real Decreto-Ley establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de estas redes, y fija un plazo máximo de seis meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

• Estatuto de Consumidores Electrointensivos:

El Real Decreto contempla la figura del Consumidor Electrointensivo y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un Estatuto que reconozca las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible, y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación en el sistema y los mercados de electricidad.

Para estas empresas el precio de la electricidad es uno de los principales factores de producción, y con este Estatuto podrán mantener competitividad y cuota de mercado.
La creación y regulación de esta figura permitirá proporcionar a estos consumidores de escenarios predecibles para sus costes energéticos, reduciendo la volatilidad inherente a los mercados energéticos globales y dotando de seguridad a las inversiones industriales.

• Cogeneración:

En la Disposición Transitoria 3ª se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con fecha posterior al 1 de enero de 2018 podrán percibir el término de retribución a la operación correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo de dos años.

Medidas en materia de comercio sobre precios en la distribución comercial minorista y registros específicos

• Venta con pérdida:

La nueva regulación de la venta a pérdida –mediante la modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista- establece limitaciones, conforme a lo dispuesto por la Directiva sobre prácticas desleales de las empresas a los consumidores.

Las ventas con pérdida se reputarán desleales cuando sean susceptibles de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento; tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o formen parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. Vender un producto por debajo de coste no es ilícito mientras no se den uno de estos tres supuestos mencionados, esto es, una venta a pérdida engañosa, denigratoria, o predatoria.

Con esta medida no sólo se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, sino que también se incorpora certeza y protección al conjunto de prácticas comerciales.

• Registro de Franquiciadores y Registro de Empresas de Ventas a Distancia

Se modifican los artículos 38 y 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para suprimir ambos registros, ya que suponen una traba, sin aportar beneficios a consumidores y empresas. Con la eliminación de trabas administrativas innecesarias se persigue el objetivo de promocionar la actividad comercial.

Otros

El Real Decreto-Ley incluye sendas modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria, necesarias ambas a afectos de adecuar el ordenamiento jurídico estatal a los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la materia.

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El TSJ de Galicia confirma la sentencia que ordena la demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

10 de diciembre, 2018

Martes, 4 de diciembre de 2018 poderjudicial.es

El TSJ de Galicia confirma la sentencia que ordena la demolición de las 52 viviendas de una urbanización de O Grove

Situada en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas

Autor:Comunicación Poder Judicial

La sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG ha confirmado la orden de demolición de las 52 viviendas de la urbanización Raeiros, situada en San Vicente do Mar (O Grove), en una zona clasificada como suelo no urbanizable de especial protección de costas. El tribunal ha desestimado, de esta forma, el recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra dictada el 7 de abril de 2017.

Los magistrados concluyen en el fallo que el estado actual de la urbanización “conculca la legalidad urbanística” y subrayan que la orden de demolición “se erige en la única medida posible a disposición de la Administración para eliminar la parcelación ilegal”.

El TSXG recalca en el fallo que las obras ejecutadas no están “amparadas por la licencia”, obtenida en 1993 para construir un apartahotel de uso turístico, pues resulta “clara” la existencia de los apartamentos “como fincas independientes y de propietarios individuales, en el marco de un complejo inmobiliario privado sometido al régimen de propiedad horizontal, de naturaleza residencial”. Por ello, los magistrados señalan que “la única alternativa a la pervivencia de esa situación es la de su demolición”.

Los jueces consideran acreditado en la sentencia que los compradores de las viviendas eran “conocedores de sus obligaciones de restitución de la legalidad”, pues fueron anotadas por la Xunta de Galicia en el Registro de la Propiedad. En 2007 la Administración autonómica requirió a los dueños del complejo la implantación de uso hotelero en la zona y la disolución de la parcelación mediante la unificación de todas las casas en una sola propiedad, pero ignoraron la orden.

En 2010 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ordenó el derribo y volvió a exigirlo en 2014. “Ante el incumplimiento de la resolución de abril de 2007, y ante el mantenimiento de la parcelación ilegal y del uso residencial prohibido, los inmuebles siguen contraviniendo la legalidad urbanística, y como no han realizado en el plazo concedido las actuaciones de ajuste a las autorizaciones y licencia concedidas (que era para un único establecimiento hotelero), la forma de restaurar la legalidad pasa por la demolición, ya ordenada en el año 2010, obligación en la que se subrogan en cada momento quienes sean los titulares de los inmuebles a demoler”, destaca el tribunal.

Contra el fallo cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la sala correspondiente del TSXG.

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El poco empleo que se crea sigue siendo precario

9 de diciembre, 2018

El poco empleo que se crea sigue siendo precario

4 diciembre 2018   ugt.es

Sólo un 6,2% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo
Según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el mes de noviembre finaliza con 3.252.867 parados registrados, una cifra que supone un leve descenso intermensual con respecto a octubre de 1.836 personas (-0,06%) y que mantiene la tendencia de reducción interanual (-6,37%, 221.414 parados menos). En términos desestacionalizados baja el paro en 26.258 personas. Por otra parte, la Seguridad Social perdió en noviembre una media de 47.449 afiliados (-0,25%).

UGT quiere llamar la atención sobre el hecho de que, tras dos años de ascensos del paro en este mes, 2018 vuelve a recoger el comportamiento estacional que muestran los meses de noviembre por el inicio de la campaña navideña, con un aumento de afiliación en las actividades de comercio.

Sin embargo, la mejora relativa del desempleo esconde una elevada precariedad y parcialidad debido al tipo de empleos que se están creando, fundamentalmente temporales y a tiempo parcial –la mayoría involuntarios-, con remuneraciones más bajas. De hecho, sólo un 6,2% de los contratos firmados en noviembre son indefinidos a tiempo completo.

Trabajar para frenar el deterioro del mercado de trabajo

En este sentido, la Unión General de Trabajadores insta al Gobierno a seguir avanzando con los interlocutores sociales para frenar el deterioro del mercado de trabajo, apostando por un empleo de calidad. Para ello será necesaria una reforma del sistema de prestaciones que de una vez mejore la cobertura y la empleabilidad de las personas que más lo necesitan ya que con casi 3,3 millones de personas en paro, sólo un 57,14% recibe protección por desempleo.

Asimismo, UGT cree imprescindible potenciar las políticas activas de empleo desde el ámbito público, dado que han sufrido las tijeras de la austeridad de manera especialmente acusada desde 2010 y subraya que hay que poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad y la formación, y lograr la inserción permanente de los desempleados.

Datos
• En el pasado mes aumentó el desempleo masculino (2.751 parados más, un 0,21%), mientras el femenino descendió levemente (un 0,24%, 4.587 desempleadas menos). Desde noviembre de 2017 se han reducido ambos, en mayor medida entre los hombres (-8,37%) que entre las mujeres (-4,91%). El 58,7% de las personas en paro son mujeres, una tendencia estructural que se mantiene.
• En noviembre estaban registrados como desempleados 264.590 jóvenes. Ha decrecido en el mes el desempleo entre los menores de 25 años un 3,55% (-9.739 parados jóvenes menos), y son 26.885 menos en términos anuales (un -9,22%).
• Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, la tendencia mensual es al alza: el número de desempleados crece en el mes un 2,98%, hasta alcanzar la cifra de 401.837 personas, si bien en la variación anual se observa un descenso del 4,66%.
• Por sectores de actividad, el paro registrado en el mes se reduce en todos los sectores excepto en servicios. En industria un 0,51%, un 0,25% en agricultura y un 0,06% en construcción. Destaca el descenso del paro en el colectivo sin empleo anterior (-2,75%). En cambio, suben las cifras en el sector terciario (con 8.092 desempleados más en el mes, un 0,36%). En términos anuales, desciende el desempleo en todos los sectores: en la agricultura un 9,01%, en la industria un 7,79%, en la construcción un 11,88%, en los servicios un 5,04% y en el grupo sin empleo previo un 8,48%.
• El número total de contratos registrados en el mes se reduce un 16,77% respecto al mes anterior, situándose la cifra total en 1.867.172 contratos firmados. Disminuye un 18,47% el volumen de contratos indefinidos y un 16,57% el de temporales. Si lo comparamos con los registrados en el mismo mes del año anterior, el global de los contratos registrados se incrementa un 2,69%; en este caso el aumento de la contratación indefinida (del 15,72%) es superior al de la temporal (1,33%). No obstante, la proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en un 10,58%.
• Destaca en la evolución anual el aumento de la contratación indefinida a tiempo completo (15,88%) y también a tiempo parcial (12,71%). No obstante, del total de contratos registrados, más del 31% son temporales a tiempo parcial y sólo un 6,2% son indefinidos a tiempo completo.
• Se han registrado 23.548 contratos para emprendedores, mostrando una subida anual del 2%, una constante en la evolución del mercado de trabajo que alerta sobre el avance de la precariedad en la contratación indefinida desde la reforma laboral de 2012.
• La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 18.945.624 cotizantes, un 2,87% más que en noviembre de 2017. Sin embargo, en el mes se han perdido 47.449 afiliaciones (un -0,25%), fundamentalmente por su descenso en el sector de la hostelería (cae un 7,93% en el mes), y contrarrestando el avance mensual de las actividades de comercio y de educación (18.072 y 31.503 afiliados más, respectivamente).
• El número de beneficiarios de prestaciones desciende de nuevo en octubre de 2018 frente a octubre de 2017 (un 2,9%). La tasa de cobertura llega al 57,14%, 3,3 puntos más que un año atrás. El gasto total del sistema de protección por desempleo ha aumentado levemente un 0,8% respecto a noviembre de 2017, con un cambio en cuanto a la calidad de la cobertura. Aumenta el porcentaje de prestaciones contributivas y desciende notablemente el de prestaciones asistenciales.

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Virgen de la Inmaculada. Patrona de España y de su Infantería

8 de diciembre, 2018

Patrona de España

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CCOO exige a los gobiernos más compromiso para financiar el desarrollo bajo en carbono

8 de diciembre, 2018

CCOO exige a los gobiernos más compromiso para financiar el desarrollo bajo en carbono
CCOO participa en la Cumbre del Clima que se desarrolla entre el 3 y el 14 de diciembre en Katowice, en el marco de la delegación de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Los sindicatos abogan por impulsar un acuerdo sobre transición justa para trabajadores y trabajadoras, la creación de trabajo decente y empleos de calidad, así como un mayor compromiso de los gobiernos para financiar el desarrollo bajo en carbono.
04/12/2018. ccoo.es

Cumbre del clima
El informe especial del IPCC presentado el pasado mes de octubre ha dejado claro que se precisa más ambición para conseguir que el valor de las emisiones globales sea de un neto cero tan pronto como sea posible. Además, el informe “Brecha de Emisiones 2018” presentado el 27 de noviembre en París por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que menos de una tercera parte de los países están en el camino de reducir sus emisiones a partir de 2030 y, por tanto, deben triplicar la ambición de sus compromisos climáticos para poder limitar el calentamiento global en 2ºC a finales de siglo, como establece el Acuerdo de París. En este contexto de máxima urgencia, los sindicatos demandan aumentar la ambición en los compromisos adquiridos en dicho Acuerdo: “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5ºC con respecto a los niveles preindustriales”.

Esta cumbre de Katowice, número 24 de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 24), se centrará en definir los procesos para el seguimiento de las medidas y objetivos a los que están comprometidos los países firmantes del acuerdo de París y avanzar en definir una transición justa. Los sindicatos exigimos que las Partes se comprometan con la iniciativa del Gobierno polaco, la “Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa”, para impulsar un acuerdo sobre una transición para los trabajadores y trabajadoras así como la creación de trabajo decente y empleos de calidad. Así, la creación de empleos, la reducción de la pobreza, el desarrollo de competencias, el apoyo al empleo, la protección social, el desarrollo sostenible y la renovación de la comunidad deben tenerse en cuenta en la preparación y ejecución de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), los planes nacionales de adaptación, estrategias de adaptación y estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo.

Los sindicatos exigimos también más ambición y compromiso en financiar el desarrollo bajo en carbono. Es necesario realizar la transición baja en carbono tanto en el hemisferio norte como en el sur. Es esencial apoyar a los países en vías de desarrollo para que sigan una vía baja en carbono. La financiación climática es un imperativo para gestar estrategias de desarrollo de baja emisión y resistentes al clima, y procesos de planificación de la adaptación que creen empleos de calidad. Por tanto, deben comprometerse nuevos medios financieros, incluida la reposición del “Fondo Verde para el Clima”.

CCOO participará en varias reuniones sindicales y técnicas de la Cumbre, donde trasladaremos nuestra visión y las medidas que se están implementando en nuestro país para conseguir los objetivos de París, así como las políticas necesarias para la transición justa.

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El Pleno del CGPJ avala el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad

7 de diciembre, 2018

Jueves, 29 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Pleno del CGPJ avala el anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal que reconoce plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad

El informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces considera que el texto recoge de forma adecuada las exigencias de la Convención de Nueva York. La reforma propugna la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica y la eliminación de toda discriminación por razón de discapacidad, exigencias derivadas de la dignidad inherente a la persona

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy un informe que avala el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia para reformar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. El dictamen, que ha obtenido el voto unánime de los 21 vocales que integran el Pleno, contiene un juicio favorable en términos generales a esta reforma legislativa, especialmente desde el punto de vista del respeto a los principios y valores contenidos tanto en la Constitución como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006. La reforma, concluye el informe, permitirá hacer efectivos los derechos que la Convención reconoce a las personas con discapacidad con el fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación.

El CGPJ considera que la efectividad de la reforma y el pleno cumplimiento de los fines perseguidos con la misma demanda la introducción de mejoras en la planta judicial, al ser necesarios más órganos para dar una respuesta adecuada a la carga de trabajo que se derivará de aquella, así como seguir avanzando en la especialización de los mismos. Al mismo tiempo es preciso proveer a estos órganos de los recursos necesarios para hacer el diseño personal de las medidas de apoyo que el nuevo sistema demanda.

El objeto del anteproyecto de ley es llevar a cabo las reformas sustantivas y procesales necesarias para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias contenidas en el art. 12 de la Convención de Nueva York. Este precepto proclama que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados a poner en marcha medidas apropiadas que permitan a las personas con discapacidad tener acceso al apoyo necesario en cada caso para ejercer de forma plena su capacidad jurídica.

El anteproyecto diseña un nuevo régimen jurídico civil y procesal de la discapacidad cuyo eje central es la consideración de que las personas que tienen alguna discapacidad, física, psíquica, intelectiva, sensorial o funcional “son verdaderos sujetos de derechos y obligaciones, con capacidad jurídica y capacidad de obrar en igualdad de condiciones que las demás personas”. Para el pleno y adecuado ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar, debe garantizarse su acceso a medidas de apoyo adecuadas a sus necesidades.

Para adaptar el ordenamiento jurídico interno a las exigencias de la Convención, el anteproyecto acomete una profunda reforma de los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil consistente en la desaparición de la declaración judicial de incapacidad y de la modificación judicial de la capacidad, por considerar que son mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad. Desaparecen, asimismo, los términos “incapaz” e “incapacitación” del lenguaje jurídico.

Prioridad de la voluntad de las personas con discapacidad

El anteproyecto prioriza el autogobierno y la autonomía de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como su voluntad, deseos y preferencias.

La intervención judicial se mantiene, pero no para modificar la capacidad sino para establecer “el régimen de guarda legal adecuado y las medidas de apoyo precisas para asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar”. Con la reforma, la curatela se convierte en el sistema de guarda legal adecuado para aquellos casos en que no exista una medida de apoyo adecuada o suficiente para la persona con discapacidad, teniendo carácter representativo solo de forma excepcional.

El dictamen considera que el anteproyecto “sirve adecuadamente” al objetivo de adaptar la legislación civil y procesal a las exigencias contenidas en el Convenio. Las reformas que contiene, añade, permitirán “hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención”, en particular “el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, con el fin de “promover la igualdad y eliminar la discriminación por motivos de discapacidad”. Por todo ello, desde esta perspectiva la valoración es favorable,

La reforma “supone la consagración de la discapacidad no como una limitación excluyente, sino como una realidad que requiere del tratamiento normativo adecuado para lograr la definitiva y plena participación e inclusión social de las personas con discapacidad”, una realidad que requerirá un “esfuerzo por parte de todas las instituciones y poderes públicos, de los operadores jurídicos, de los intérpretes y aplicadores del ordenamiento jurídico y, en fin, de la sociedad en su conjunto”.

El informe advierte, sin embargo, de las consecuencias que puede tener la desaparición del sistema de tutela de autoridad, pues puede generar situaciones incompatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, al dejar espacios ajenos al control de los jueces.

Por esta razón, el CGPJ recomienda “conjugar el régimen de protección basado en el autogobierno y la autoorganización” de la persona con discapacidad “con el debido control judicial, que permita asegurar la protección y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las personas con discapacidad”.

La tensión entre el principio orientado hacia el autogobierno y primacía de la voluntad de la persona con discapacidad y el derecho fundamental a la tutela judicial de sus derechos e intereses debe resolverse buscando el equilibrio entre ambos extremos. El informe recomienda que la intervención judicial ante medidas de carácter voluntario no se conciba como algo excepcional, sino que se permita “en términos claros” el control judicial de la adecuación, idoneidad y suficiencia de dichas medidas, así como su efectiva puesta en marcha.

Adaptar la Administración de Justicia a un sistema nuevo

Asimismo, considera que la implantación de un sistema de autorregulación no debe significar necesariamente una disminución de la intervención judicial. Al contrario, la determinación de los apoyos necesarios en cada caso conlleva una serie de incidencias y trámites que deberían venir acompañados de “un aumento, cuantitativo y cualitativo, de la intervención judicial y de la estructura auxiliar de la Administración de Justicia”, especialmente en las primeras fases de implantación del nuevo sistema, donde deberán revisarse las medidas adoptadas con la legislación vigente.

El órgano de gobierno de los jueces alerta también de la necesidad de redimensionar y reorganizar la estructura judicial y la de la Administración de Justicia para poner en práctica el nuevo sistema, pues la reforma implica un “nuevo paradigma de la discapacidad” que, a su vez, requiere de “un cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad por parte de todos los sectores, profesionales y sociales, implicados en su tratamiento, y en la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, que cabalmente cabe suponer”.

Asimismo, se requerirá “un mayor grado de especialización de los órganos judiciales”; un mayor número de órganos y personal especializados; un nuevo diseño de distribución territorial de competencia, de acuerdo con el mapa territorial del tratamiento judicial de la discapacidad que suponga una mayor cercanía del órgano judicial a la persona con discapacidad; y la adopción de medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en el proceso y ver plenamente satisfecho su derecho a la tutela judicial efectiva.

En cuanto al desarrollo de las medidas de apoyo, el CGPJ señala que debe evitarse que resulte gravoso para quien las ejercita y que suponga un gasto difícilmente asumible para la persona con discapacidad. Por ello, con el fin de dotarlo de eficacia, recomienda “la articulación de mecanismos asistenciales, predominantemente públicos”.

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Manuel Azaña

6 de diciembre, 2018

Manuel Azaña. Biografía

cervantes.es

Manuel Azaña Díaz. (Alcalá de Henares, 10 de enero de 1880 – Montauban, Francia, 3 de septiembre de 1940). Escritor y político español.

Estudia en el Colegio Complutense, en el Instituto Cisneros y en los Agustinos de El Escorial; licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1897, se doctora en 1900.

En 1909 ingresa como funcionario en la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Dos años después viaja a París con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, experiencia que queda reflejada en su primer libro, Estudios de política francesa contemporánea, la política militar (1919). Es secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920 y presidente de esta institución en 1930.

Desde el punto de vista político, milita desde 1913 hasta 1923 en el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, pero hasta 1925 no hace explícita su vocación republicana al crear la formación Acción Republicana, que agrupa al republicanismo ilustrado y burgués. Como representante de este partido, y tras caer la dictadura de Primo de Rivera en 1930, forma parte del Comité Revolucionario que contribuye a la instauración de la República el 14 de abril de 1931, en cuyo gobierno provisional ocupa la cartera de Guerra, primero, y la Presidencia, después. Las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931 le confirmaron como Jefe del Ejecutivo, puesto del que dimitiría en septiembre de 1933.

En abril de 1934, ya en la oposición, consigue la unidad de los partidos republicanos dando lugar a Izquierda Republicana, organización política de la que es elegido presidente. En octubre del mismo año es detenido bajo la falsa acusación de estar implicado en los sucesos revolucionarios de Asturias y Cataluña. Tras su liberación en enero de 1935, inicia una campaña política que da lugar a la creación del Frente Popular, coalición que obtiene la victoria en las elecciones de febrero de 1936. En mayo de aquel año es elegido Presidente de la República, cargo que ocupa durante todo el desarrollo de la Guerra Civil española. Dimite de ese cargo en febrero de 1939, se exilia a Francia y fallece en Montauban en 1940.

Relevante escritor y periodista, colabora en los diarios El Imparcial y El Sol y dirige las revistas La Pluma y España entre 1920 y 1924. Recibe el Premio Nacional de Literatura en 1926 por su obra Vida de Juan Valera. Autor de novelas como El jardín de los frailes (1927) y la inacabada Fresdeval, también realiza incursiones en el teatro con obras como La Corona (1930).

Es también un relevante traductor y un gran ensayista, recogiéndose su producción en este campo en los volúmenes Plumas y palabras (1930) y La invención del Quijote y otros ensayos (1934). Su obra La velada en Benicarló, compuesta por una serie de diálogos sobre la guerra de España, puede considerarse como la más importante reflexión acerca de la década de los años treinta en nuestro país. De igual modo dejó escritas unas memorias que constituyen un destacado reflejo de la Segunda República Española.

 

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Manuel Portela Valladares

5 de diciembre, 2018

Manuel Portela

 

Manuel Portela Valladares (Pontevedra, 31 de enero de 1867 – Bandol,29 de abril de 1952) fue un político español de ideología liberal centrista Fue ministro durante el reinado de Alfonso XIII y llegó a ser presidente del gobierno durante la Segunda República Española.
Hijo de Juan Portela Dios y Teresa Valladares Rial, quedó huérfano de padre con sólo diez años. Fue acogido por su tía, Juana Portela Dios, mujer del impresor José Villas. Este matrimonio disfrutaba de una situación económica desahogada, lo que le permitió estudiar en el colegio de jesuitas de Camposancos en La Guardia, para posteriormente seguir la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.

Se graduó en1889 en la universidad compostelana. Hasta 1899 residió en la ciudad de Pontevedra, donde trabajó como redactor del Diario de Pontevedra, ejerció de juez municipal y fue decano del Colegio de Abogados.

En 1898, con solo 31 años, consiguió plaza como registrador de la propiedad en Madrid.

Instalado en Madrid, entró en el mundo de la política de la mano de Montero Ríos siendo elegido diputado a Cortes en 1905. En 1910 lo fue de nuevo por el distrito lugués de Fonsagrada. En 1909 fue fundador, junto con otros intelectuales y políticos, de la Liga Agraria de Acción Gallega que lideraría Basilio Álvarez, a quien le unió una gran amistad.

Hombre de confianza de José Canalejas, fue nombrado en 1910 Gobernador Civil de Barcelona y dos años más tarde fiscal del Tribunal Supremo. En 1923 ejerció como ministro de Fomento del último gabinete liberal de García Prieto anterior a la dictadura de Primo de Rivera.

En 1924 fundó en Vigo El Pueblo Gallego, periódico democrático que abrió las puertas a intelectuales republicanos y galleguistas e hizo campaña a favor de una regeneración de la vida política española.
En 1930, Portela Valladares fue uno de los firmantes del llamado Pacto de Barrantes, en el que participaron los más destacados líderes republicanos y nacionalistas del momento en Galicia, entre ellos Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con quien compartía la necesidad de autonomía para Galicia y la quien lo uniría una mutua relación de amistad y confianza.
En 1931 contrajo matrimonio con la aristócrata catalana Clotilde Puig i Mir, que le dio el título de conde de Brías y le proporcionó una importante fortuna.
Durante la República fue desde 1931 a 1933 parlamentario por Lugo y en1936 salió elegido por la provincia de Pontevedra.

En 1935, bajo el gobierno derechista de Alejandro Lerroux, fue gobernador general de Cataluña (marzo-abril 1935) y ministro de la Gobernación en dos ocasiones.

A finales de año,el presidente de la República Alcalá Zamora le encomendó la presidencia del Gobierno.

El gobierno centrista que presidió ejerció sus funciones hasta la toma de posesión en febrero de 1936 del gobierno resultante de las elecciones generales. A pesar de las presiones golpistas de los grupos derechistas, reconoció la victoria del Frente Popular y entregó el poder a los vencedores legítimos el 19 de febrero.

Tras estallar ese mismo año la Guerra Civil, Portela Valladares permaneció leal a la República, siendo fiel a su ideología liberal y reformista. Desde Barcelona, donde lo cogió la sublevación del 18 de julio, se retiraría a Niza, para posteriormente retornar a España y ofrecer sus servicios al gobierno republicano de Juan Negrín. Participó en las cortes de Valencia reunidas en octubre de 1937.

Finalizada la contienda en 1939, se vio obligado a salir de nuevo para Francia, donde fue apresado por la Gestapo. Aunque el régimen franquista instalado en España solicitó su extradición, esta no fue concedida.

Falleció en el exilio en Bandol, cerca de Marsella, en 1952.

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El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7% anual durante el tercer trimestre

4 de diciembre, 2018

El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7% anual durante el tercer trimestre

Noviembre 15, 2018  Notas de prensa registradores.org

◾Entre julio y septiembre se inscribieron 133.295 compraventas, un 11,9% más que en el mismo trimestre de 2017
◾Las compras por extranjeros se frenan ligeramente, pasando del 12,9% en el segundo trimestre al 12,1% en el tercero

El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España) ha presentado una ligera reducción intertrimestral (-0,3%), produciendo una moderación en la tasa interanual, que se ha situado en el 6,7%. El IPVVR muestra como, desde los precios mínimos registrados a finales de 2014, el precio de la vivienda se ha incrementado un 26,5%, por lo que el ajuste acumulado desde los máximos de mediados de 2007 se encuentra en poco más del -18%, habiendo llegado a superar el -35%.

Compraventas inscritas

Según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al tercer  trimestre, entre julio y septiembre se inscribieron en los registros de la propiedad 133.295 compraventas de vivienda, un 0,7% menos que en el trimestre anterior, habiéndose registrado el segundo mayor número de compraventas trimestrales desde mediados de 2008. Con relación al mismo trimestre de 2017, se produce un aumento del 11,9%. En los últimos doce meses se han inscrito 508.402 compraventas, cifra que no se alcanzaba desde 2008.

El aumento del precio de la vivienda se modera hasta el 6,7%
Número de compraventas registradas. Tercer trimestre 2018

En vivienda nueva se registran en el tercer trimestre 23.420 compraventas, un 3,4% más que en el trimestre anterior, con lo que se intensifica el crecimiento del segundo trimestre (1,6%). En vivienda usada, sin embargo, se han registrado 109.875 compraventas, con un descenso del 1,5% sobre el segundo trimestre, resultado que contrasta con el crecimiento del trimestre anterior, que fue del 4,5%.

Compras de extranjeros

La demanda extranjera desciende en términos porcentuales y absolutos. El 12,1% de las compras del tercer trimestre han sido realizadas por extranjeros, frente al 12,9% del trimestre precedente, lo que ha supuesto algo menos de 16.000 operaciones inscritas, mientras que en el segundo trimestre se registraron algo más de 17.100. Las nacionalidades con mayor actividad de compra por extranjeros han sido británicos con un 16,2%, seguidos de franceses (7,7%), alemanes (6,8%), belgas (5,9%) y rumanos (5,9%). En los últimos doce meses, los extranjeros han registrado más de 65.500 compras de vivienda, el 12,9% del total.

Las comunidades autónomas que durante el trimestre han registrado un mayor número de compras de vivienda por ciudadanos extranjeros han sido Baleares, donde el 27,9% de las compraventas de la región han sido efectuadas por extranjeros, Canarias (25,3%) y Comunidad Valenciana (25%).

Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda continúa la tendencia al alza de los últimos trimestres y se ha visto incrementado un 3% durante el tercer trimestre con relación al segundo,alcanzando un resultado medio de 125.592 €. El incremento sobre el mismo trimestre de 2017 ha sido del 5,2%.

La contratación a tipo de interés fijo se incrementó hasta alcanzar el 40,7% de los nuevos créditos hipotecarios, desde el 39,7% del trimestre anterior, quedando la contratación a tipo de interés variable en el 59,3%, que casi en su totalidad (58,4% del total) utilizó como índice de referencia el Euríbor.

La duración media de los nuevos créditos hipotecarios se estabilizó durante el tercer trimestre,  alcanzando los 23 años y 4 meses, misma cifra que el trimestre anterior.

Los indicadores de accesibilidad se han deteriorado de nuevo en el tercer trimestre del año. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 577,6 € (563,1€ en el segundo trimestre) y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha sido del 30,3%. Con relación al trimestre anterior, la cuota hipotecaria mensual media se incrementa un 2,6% y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial aumenta en 0,7pp. Estos resultados son consecuencia de que el aumento del endeudamiento hipotecario por vivienda (3%), no se ha compensado por la leve reducción de los tipos de interés (-0,04 pp) y el ascenso de los salarios (0,1%), permaneciendo sin modificación los plazos de contratación.

Impagos hipotecarios

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html), las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del tercer trimestre han sido 4.831, con un incremento del 7,8% sobre el mismo trimestre de 2017. El peso de personas físicas sigue descendiendo y marca un nuevo mínimo histórico, con el 33,8%, con lo que el peso de las personas jurídicas sube hasta  el 66,2%. En cuanto a la nacionalidad, el 3%, ha correspondido a extranjeros, frente al 97% de nacionales.

Las daciones en pago han sido 1.560 con un descenso del 2,3% sobre el mismo trimestre de 2017. El 86% afectó a personas físicas, frente al 14% de personas jurídicas. Con respecto a la nacionalidad, el 11% de las daciones en pago han correspondido a extranjeros, frente al 89% restante de nacionales.

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El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el interés de demora en préstamos con consumidores tras el respaldo del TJUE a su doctrina

3 de diciembre, 2018

Tribunal Supremo
Sala Civil
Gabinete técnico
Sentencia del Pleno 671/2018, de 28 de noviembre  – poderjudicial.es
Criterios y efectos de la abusividad de las cláusulas de interés de demora en préstamos hipotecarios tras la confirmación por el TJUE de la doctrina de la Sala Primera.
La sentencia 671/2018, dictada en el día de hoy, aborda por primera vez la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre esta materia.
Esta sala había estudiado desde el año 2015 el control de abusividad de los intereses de demora en los préstamos personales e hipotecarios firmados por consumidores. En las sentencias dictadas a partir de ese año había considerado que, ante la falta de una previsión legal que fijara el criterio aplicable para el control de su abusividad, el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si se superaba este porcentaje, la cláusula se consideraba abusiva y la consecuencia era la supresión total del recargo que el interés de demora supone respecto del interés remuneratorio. Sin embargo, este seguía devengándose por el capital pendiente de devolución.
Esa doctrina jurisprudencial fue cuestionada por diversas resoluciones en las que se pretendía que el TJUE declarara que no era conforme con el Derecho de la Unión Europea. El TJUE decidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajusta al Derecho de la Unión y, en particular, a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El recurso de casación que ahora se resuelve versa sobre un préstamo hipotecario en el que el interés remuneratorio era del 4,75% y el de demora del 25%. La sentencia del Pleno confirma la abusividad de este último, ya que, una vez que el TJUE ha despejado cualquier duda sobre la conformidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo con el Derecho de la Unión Europea, no es correcta la solución de la sentencia recurrida, que había sustituido el interés de demora abusivo por el triple del interés legal del dinero. Pero tampoco puede aceptarse la pretensión del recurrente de no abonar interés alguno, porque el interés remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución, por lo que continúa su devengo. Por ello, el recurso de casación ha sido parcialmente estimado.
Gabinete Técnico. Área Civil
Noviembre, 2018

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Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)

2 de diciembre, 2018

Nota informativa sobre ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema bancario español (2009-2017)
El Banco de España ha publicado periódicamente desde 2013 notas informativas sobre las ayudas financieras aportadas en el proceso de reestructuración del sistema bancario español. La presente nota tiene por objeto actualizar la información teniendo en cuenta los datos públicos disponibles a 31 de diciembre de 2017, proporcionados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC).
Desde 2009, las ayudas en forma de apoyo de capital han ascendido a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del FGDEC. Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.150 millones de euros —de los cuales, el FROB ha recuperado 4.477 millones y el FGDEC 673 millones—.
Además de las aportaciones de capital, se estiman los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta, cuyos importes actualizados se cifran en 11.590 millones de euros en el caso de los EPA y 2.026 millones para otras garantías (algunas de ellas ya ejecutadas).
En sentido contrario, sería necesario deducir el valor de los activos propiedad del FROB y cuya venta o resolución podrán generar ingresos en un futuro, cuyo valor estimado a finales de 2017 era de 9.857 millones. Como se ilustra en el cuadro, el ajuste por estos conceptos llevaría a una estimación de los recursos netos destinados al apoyo del sistema financiero que se sitúa en 42.017 millones aportados por el FROB y 22.332 millones por el propio sector a través del FGDEC. Lógicamente, este concepto de coste no incorpora las pérdidas que han soportado los antiguos accionistas, ni las de los tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos realizados como parte del acuerdo de asistencia financiera firmado con el MEDE. Tampoco incorpora los intereses obtenidos, ni los gastos incurridos.

BDEnov2018

a) En estos importes no se incorporan las pérdidas soportadas por los antiguos accionistas, ni las de tenedores de preferentes y deuda subordinada, como resultado de los ejercicios de gestión de híbridos, ni los intereses y comisiones obtenidos y/o pagados ni los gastos incurridos
b) El concepto de híbridos corresponde a preferentes y CoCo.
c) El valor de los EPA y otras garantías se corresponden con el valor estimado al cierre de 2017 por expertos independientes.
d) Estas cifras se basan en estimaciones y ejercicios de valoración. Las estimaciones se basan en las cantidades reconocidas por el FROB en sus cuentas anuales.
e) En CEISS, de los 1.129 millones de euros de ayudas en capital e híbridos, 604 millones de euros son CoCo que se
amortizaron, estando actualmente CEISS integrado en Unicaja Banco.
En Banca Cívica, los 977 millones de euros son preferentes que fueron devueltos en su integración en CaixaBank.
En Caja3, los 407 millones de euros son CoCo, que actualmente están pagados en su totalidad.
En Liberbank, los 124 millones de euros son CoCo que se amortizaron.
f) El FGDEC participaba en el FROB con 2.250 millones de euros. Esta inversión se perdió cuando el FROB redujo su capital a cero en 2012 (atendiendo al patrimonio neto resultante de las cuentas del FROB en 2011). Por tanto, parte de las ayudas otorgadas por el FROB se ha financiado con la aportación del FGDEC.
g) El FGDEC dotó de liquidez a los tenedores minoristas de las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB recibidas en el marco de la gestión de híbridos. A este respecto, el FROB otorgó una garantía al FGDEC valorada en 115 millones de euros.
h) El FROB aportó 2.192 millones de euros a la Sareb (parte en acciones y parte en deuda subordinada). En las cuentas del FROB esta inversión se registra por 550 millones de euros, habiendo registrado pérdidas por 1.642 millones (la Sareb acordó reducir su capital a cero y capitalizar el 60 % de la deuda subordinada).
i) En estas entidades, el FGDEC llegó a ser titular de participaciones en su capital social, hecho derivado de la aplicación del mecanismo de liquidez ofrecido por este organismo a los inversores minoristas que, en su día, adquirieron instrumentos híbridos de la entidad.

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El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia financiera

1 de diciembre, 2018

23 de noviembre de 2018 mineco.gob.es

El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia financiera

El Real Decreto-Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera transpone varias directivas europeas con plazo vencido y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios
La adaptación de la normativa europea permitirá, entre otras cosas, mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, aumentar la eficacia supervisora para garantizar la protección de los inversores ante posibles conductas de abuso de mercado e incrementar la eficacia del marco de supervisión y resolución de entidades financieras

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley (RDL) de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Este RDL transpone una serie de directivas europeas, con plazo de transposición vencido y procedimiento de infracción abierto, y adapta el ordenamiento jurídico interno a algunos reglamentos comunitarios ya en vigor.

Con la aprobación de este Real Decreto-Ley, el Ministerio de Economía y Empresa continúa avanzando en el proceso de transposición y adaptación de nuestro ordenamiento interno a la normativa europea y a las recomendaciones de los principales organismos internacionales.

Directivas

El RDL incluye la transposición parcial de la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior, cuyo plazo de transposición venció en enero de 2018.

El objetivo de esta Directiva es crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los servicios de pagos, en particular los realizados con tarjeta, internet y móviles, para garantizar la seguridad de las transacciones.

La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español permite mejorar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de pago, con el objetivo de que puedan realizar transacciones más seguras, a la vez que fomenta la innovación.

De forma específica, se refuerzan los derechos de los clientes, al reducirse a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas como consecuencia del robo o sustracción de un instrumento de pago. Asimismo, se reducen los plazos de resolución de reclamaciones a 15 días y se refuerzan los requisitos de seguridad en la autentificación de clientes, con el fin de evitar la suplantación de identidad o el robo de claves.

Por lo que respecta al fomento de la innovación, se amplía el ámbito de la regulación para dar cabida a dos nuevos servicios de pago: los iniciadores de pagos, intermediarios que garantizan el pago del consumidor al comerciante como alternativa a los pagos con tarjeta; y los agregadores de cuentas, que consolidan toda la información de las diversas cuentas que tiene abiertas un usuario en diferentes entidades y la clasifican por categorías.

Asimismo, se completa la transposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado, al contemplar la posibilidad de denunciar a la CNMV de forma anónima determinados incumplimientos contemplados en el Reglamento europeo de abuso de mercado. El plazo de transposición de esta Directiva venció en julio de 2016.

En el RDL se completa la transposición de la Directiva de requisitos de capital, conocida como CRD IV, y cuyo plazo de transposición venció en 2013. Aunque esta Directiva ya se consideraba transpuesta, la Comisión Europea inició el año pasado un procedimiento de infracción por considerar que estaba incompleta.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva se incluye un canal de denuncias (whistleblowing) en el Banco de España dirigido a comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. Asimismo, se incorporan determinadas obligaciones de la CNMV y del Banco de España en materia de intercambio de información y se mejora la cooperación y coordinación entre distintas autoridades competentes de la Unión Europea.

Reglamentos

Adicionalmente, mediante este Real Decreto-Ley se adapta el ordenamiento jurídico español a una serie de reglamentos comunitarios que, por su propia naturaleza, son de aplicación directa desde su entrada en vigor, con el fin de mejorar la seguridad jurídica de los operadores de mercado y la eficiencia de su funcionamiento.

Con este objetivo se procede a la adaptación de la normativa interna para adecuarla al Reglamento de abuso de mercado, incorporándose a la Ley del Mercado de Valores las disposiciones necesarias para atribuir a la CNMV las competencias de supervisión, inspección y sanción y detallándose las infracciones y sanciones aplicables.

Se adapta también la Ley del Mercado de Valores para incorporar las disposiciones necesarias sobre supervisión, inspección y sanción de los incumplimientos del Reglamento sobre índices de referencia, así como del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros y del Reglamento sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, atribuyendo las correspondientes competencias a la CNMV.

Finalmente, se adecua la normativa española para la correcta aplicación del Reglamento sobre fondos del mercado monetario, mediante la inclusión de una modificación en la Ley 35/2003 de instituciones de inversión colectiva, que permitirá establecer el régimen sancionador de los incumplimientos del Reglamento y cuya competencia será también de la CNMV.

Otros contenidos

El Real Decreto-Ley incluye una serie de mejoras y ajustes técnicos con el fin de asegurar la correcta ejecución de otro conjunto de Directivas ya transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico.

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Aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales

30 de noviembre, 2018

Aprobada la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales
La normativa ha obtenido un apoyo parlamentario del 93% y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado

aepd.es

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales ha sido aprobada con un 93% de apoyo parlamentario. La nueva normativa, que adapta el derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), introduce novedades mediante el desarrollo de materias contenidas en el mismo.

La Ley facilita que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos al exigir, en particular, que los medios para hacerlo sean fácilmente accesibles. Además, se regula el modo en que debe informarse a las personas acerca del tratamiento de sus datos optándose, específicamente en el ámbito de internet, por un sistema de información por capas que permita al ciudadano conocer de forma clara y sencilla los aspectos más importantes del tratamiento, pudiendo acceder a los restantes a través de un enlace directo.

Otro de los aspectos novedosos incluidos en la nueva normativa es que se reconoce específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran vinculación con personas fallecidas por razones familiares o de hecho y a sus herederos. La medida limita el ejercicio de estos derechos cuando el fallecido lo hubiera prohibido.

En cuanto a los menores, la Ley fija en 14 años la edad a partir de la cual se puede prestar consentimiento de manera autónoma. También se regula expresamente el derecho a solicitar la supresión de los datos facilitados a redes sociales u otros servicios de la sociedad de la información por el propio menor o por terceros durante su minoría de edad.

La Ley refuerza, como propuso la Agencia, las obligaciones del sistema educativo para garantizar la formación del alumnado en el uso seguro y adecuado de internet, incluyéndola de forma específica en los currículums académicos y exigiendo que el profesorado reciba una formación adecuada en esta materia. A tal efecto, el Gobierno deberá remitir en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley un proyecto de ley dirigido específicamente a garantizar estos derechos y las administraciones educativas tendrán el mismo plazo para la inclusión de dicha formación en los currículums.

El texto regula, asimismo, el derecho al olvido en redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes. Se exceptúa la supresión cuando los datos hubieran sido facilitados por terceros en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

Por otra parte, la Agencia ha propuesto que se recogieran en la Ley los sistemas de denuncias internas anónimas, a través de los cuales puede ponerse en conocimiento de una entidad privada la comisión de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa. Estos sistemas son imprescindibles para que las personas jurídicas puedan acreditar la diligencia necesaria para quedar exentas de responsabilidad penal. De este modo, la Ley dota a las empresas de un mecanismo que les permite conciliar su propio derecho con el derecho a la protección de datos de las personas.

Además, la Ley actualiza las garantías del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Asimismo, refuerza las garantías del derecho a la intimidad en relación con el uso de dispositivos digitales puestos a disposición de los empleados, complementando la regulación del derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, de los que deberán ser informados.

Otra novedad es la referida a la regulación de los sistemas de información crediticia (los conocidos como ficheros de morosos), que reducen de 6 a 5 años el periodo máximo de inclusión de las deudas y en los que se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incorporación de las deudas a dichos sistemas. Con la anterior Ley, no existía una cantidad mínima.

Por último, se modifica la Ley de competencia desleal, regulando como prácticas agresivas las que tratan de suplantar la identidad de la Agencia o sus funciones y las relacionadas con el asesoramiento conocido como ‘adaptación a coste cero’ a fin de limitar asesoramientos de ínfima calidad a las empresas.

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Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

30 de noviembre, 2018

Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)

aepd.es

(Madrid, 23 de noviembre de 2018). La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales incluye una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En relación con el contenido de este artículo, la AEPD −que tiene entre sus competencias aplicar e interpretar la normativa de protección de datos con arreglo a las garantías establecidas en el RGPD− ha señalado que no se permitirá a los partidos políticos perfilar datos ideológicos, sexuales, de religión o de cualquier otro tipo que se puedan obtener de los ciudadanos en las redes sociales u otros servicios de internet.

Tampoco se permitirá a los partidos el envío de publicidad o propaganda electoral basada en un perfil ideológico a partir de información obtenida en los citados servicios. El envío de propaganda debe identificar, en cualquier caso, su naturaleza electoral, garantizando asimismo que los ciudadanos puedan ejercitar de forma sencilla y gratuita del derecho de oposición.

En este contexto, la AEPD ha manifestado su iniciativa para coordinarse con la Junta Electoral Central, señalando que, en el ejercicio de sus competencias, vigilará con especial diligencia y rigor el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Además, la Agencia ha precisado que en el listado de tratamientos que están obligados a realizar una evaluación de impacto, que va a presentar próximamente al Comité Europeo de Protección de Datos, estarán incluidos los realizados por partidos políticos que vayan a utilizar datos de las redes sociales u otros servicios de internet amparándose en esta modificación de la LOREG.

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SS.MM. los Reyes reciben al Presidente de la República Popular China

29 de noviembre, 2018

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El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio

28 de noviembre, 2018

Viernes, 23 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio

Para la Sala de lo Civil, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.

La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.

Según el alto tribunal, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar

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El Congreso convalida el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras

27 de noviembre, 2018

El Congreso convalida el Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras

Jueves 22 de noviembre de 2018 lamoncloa.gob.es
El Congreso de los Diputados ha convalidado, por amplia mayoría, el Real Decreto-ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, y que introduce varias modificaciones, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general, en la Ley de Carreteras.
En su intervención ante el Pleno del Congreso, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha recalcado que, entre otras cuestiones, con su aprobación “se pretende facilitar y dotar de una mayor cobertura legal a actuaciones cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial, así como garantizar la prestación del servicio de las autopistas de peaje, ofreciendo el mejor nivel de servicio posible a los usuarios”.

Además, según Ábalos, “lo que hacemos es tratar de perfeccionar la gestión que llevó el Partido Popular y hacer posible que estas acciones las podamos hacer sin que nadie nos pueda denunciar u objetar algún problema legal, como está ocurriendo ahora mismo con los desvíos de los vehículos a su paso por la AP-7”.

El Real Decreto-ley, que el Congreso ha decidido tramitar como proyecto de ley, introduce, en primer lugar, la tipificación de una nueva infracción muy grave, para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando estas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente.

Se trata de reforzar el régimen sancionador de las infracciones graves y para que sea más proporcional al daño causado. El carácter de urgencia de esta medida legal se debe a la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal por parte de las sociedades concesionarias y para, según Ábalos, “dar proporcionalidad a las infracciones graves y no tengan una sanción tan leve como las que vimos respecto a las nevadas del último invierno”.

Vehículos pesados

En segundo lugar, las reformas incluidas en este Real Decreto-ley permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales obligándolos a circular por las autopistas. Estas medidas, que se desarrollan posteriormente mediante convenios o reales decretos, se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas, algo que ya ha demostrado su eficacia en los tramos donde, hasta la fecha, ya han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos.

En este sentido, Ábalos ha expuesto que dentro de la Red de Carreteras del Estado existen carreteras convencionales que soportan un elevado tráfico de vehículos, lo que provoca en ocasiones graves problemas de congestión y seguridad a su paso por distintas comarcas y localidades.

“Dicha problemática consideramos que puede ser mejorada si el tráfico de vehículos pesados se desplaza a las autopistas, cuyas características en cuanto a trazado y capacidad son superiores a las de las carreteras convencionales”, expresó el ministro.

El balance que se desprende del desarrollo de este tipo de medidas, en aquellos puntos donde se han aplicado, se ha revelado según Ábalos “muy eficaz con un impacto positivo, inmediato y significativo sobre la explotación de las carreteras afectadas”:
•Desde hace años en la N-II en Girona.
•Otro ejemplo sería en La Rioja. Desde el inicio del desvío de pesados de la N-232 y la N-124 a la AP-68, en vigor desde el 2 de diciembre de 2017, hasta hoy no ha habido ningún accidente mortal en esas carreteras. En idéntico periodo del año anterior se produjeron 9 accidentes mortales con 11 personas fallecidas.
•Así mismo, desde el pasado día 2 de septiembre, han comenzado a aplicarse en Cataluña y la Comunidad Valenciana desvíos obligatorios a vehículos pesados en diversos tramos de la N-240 y N-340, para dirigirlos a los tramos próximos de la AP-2 y AP-7, respectivamente.

“No se trata de sacar a los camiones de las carreteras” ha dicho Ábalos, sino “una medida excepcional, justificada y puntual que conlleva las bonificaciones correspondientes y que trata de dar cobertura a una medida que implantó el anterior Gobierno”. El ministro ha añadido que “esta modificación tiene mucha importancia pues, como he indicado en anteriores ocasiones, para el Gobierno es prioritaria la seguridad”.

La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida.

“Quiero advertirles que todas estas actuaciones las emprendió el anterior Gobierno y lo que se pretende ahora es darle cobertura legal necesaria”, concluyó Ábalos.

Autopistas radiales

Además, se introducen cambios en la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), que ha asumido la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido anticipadamente al Estado, “las que conocemos coloquialmente como ‘autopistas rescatadas'”, ha apuntado el ministro. Hasta ahora, el cobro de estos peajes estaba amparado por contratos de concesión que ya se han extinguido, por tanto, la continuación de esta explotación necesita una norma legal que ampare a SEITTSA para la percepción de los nuevos peajes.

El ministro de Fomento ha indicado que “como saben, el Gobierno español ha venido analizando diferentes posibilidades para la gestión de las autopistas concursadas, que fueron promovidas por Gobiernos anteriores”.

Hasta que se definan las acciones a desarrollar, el Estado ha asumido el control de la operación a través de SEITTSA, en virtud del Convenio de Gestión Directa, suscrito en agosto de 2017 con la Administración General del Estado, excepto en el caso de la AP-41, para la cual se espera que asuma su gestión a principios de 2019.

La urgencia de esta medida se justifica en que no es posible la tramitación de un proyecto de ley de forma que esté en vigor antes del fin de la vigencia del convenio de gestión suscrito con la Sociedad, el 31 de diciembre de 2018.

Para Ábalos, “más allá de precisiones técnicas, el único cambio que podría haber por parte de SEITTSA sería positivo, ya que estamos planteando una bajada generalizada de los peajes en las autopistas radiales, las llamadas rescatadas, para estimular el tráfico y así conseguir mayores incrementos de seguridad y contribuciones económicas”.

Ejecución de obras sin demora

Por último, este Real Decreto-ley que modifica la Ley de Carreteras permitirá que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Con ello, se pretende no demorar la realización de las obras, en particular, la ejecución de obras de menor envergadura económica, pero destinadas a mejorar la seguridad vial: mejoras de trazado, actuaciones en tramos de concentración de accidentes, etcétera.

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El CGPJ aprueba una instrucción relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial

25 de noviembre, 2018

Jueves, 22 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

El CGPJ aprueba una instrucción relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial

La instrucción, que se publicará en el BOE, establece los requisitos que deben satisfacer los medios técnicos para que la obligatoriedad de su uso sea exigible a jueces y magistrados

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una instrucción, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, relativa a la obligatoriedad del uso de medios informáticos por los miembros de la Carrera Judicial.

El artículo 230.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los Juzgados y Tribunales están obligados a utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que las Administraciones pongan a su disposición para el ejercicio de sus funciones, pero es al Consejo General del Poder Judicial al que corresponde –según el apartado segundo del mismo precepto- dictar las instrucciones generales y particulares que hagan exigible esa obligatoriedad a jueces y magistrados.

La instrucción aprobada hoy determina, por tanto, las condiciones técnicas que deben reunir los programas y medios técnicos que se implanten en los Juzgados y Tribunales para que su uso sea obligatorio y, en segundo lugar, establece las condiciones que se deben satisfacer en relación con la formación en la utilización de esos programas y las políticas de prevención de salud profesional relativas al uso de pantallas de visualización de datos, conforme a la normativa vigente y al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.

El texto aprobado hoy fija también los procedimientos para verificar que los programas cumplen las condiciones que permiten imponer su obligatoriedad a jueces y magistrados y las consecuencias derivadas de la no superación del test de requisitos técnicos, de gestión y de formación mínima para que el programa pueda imponerse como obligatorio.
Así, “mientras los programas y herramientas procesales no sean obligatorios para los jueces y magistrados, se les deberá garantizar el acceso a expedientes en papel, bien sea porque su tramitación se lleva a cabo de dicha forma o bien porque se establezca un expediente paralelo o duplicado en papel”, señala la instrucción.

A modo de ejemplo, entre los requisitos que se exigen a los Sistemas de Gestión Procesal (SGP) que se implanten figuran la posibilidad de acceder a todas las funcionalidades que el juez precisa para ejercer su función en la misma herramienta, sin necesidad de cambiar de aplicación; de realizar búsquedas a texto completo sobre todo el expediente con un solo clic; o de contar con un índice asociado que permita el acceso rápido a cualquier documento.

La instrucción también establece que, para que el uso de los medios informáticos pueda considerarse obligatorio, las Administraciones deberán proporcionar a los jueces y magistrados medios adecuados para trabajar en un entorno digital: pantallas con un tamaño suficiente para presentar varios entornos de trabajo o, en su defecto, doble pantalla; impresora para uso personal, lectores de tarjetas criptográficas y de discos ópticos, altavoces para la audición de grabaciones, etcétera; así como los medios necesarios para trabajar en remoto.

Por último, dice que “los servidores de aplicaciones y herramientas centralizados estarán accesibles mediante líneas de comunicaciones de altas prestaciones, con altos anchos de banda, para permitir el acceso a información multimedia sin merma de calidad. Asimismo, tendrán la potencia suficiente para evitar bloqueos o lentitud en las respuestas y la alta disponibilidad que evite la pérdida del servicio”.

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Las previsiones de la OCDE y la Comisión Europea constatan que España mantendrá un crecimiento robusto en 2019

24 de noviembre, 2018

21 de noviembre de 2018  mineco.gob.es

Las previsiones de la OCDE y la Comisión Europea constatan que España mantendrá un crecimiento robusto en 2019

Ambas instituciones coinciden en que el Plan Presupuestario contempla una reducción del déficit público.
La evaluación de la Comisión del Plan español está en línea con las realizadas a Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.

La Comisión Europea ha hecho pública hoy su opinión sobre el Plan Presupuestario enviado por el Gobierno español. También la OCDE ha publicado el Informe sobre Perspectivas económicas, en el que se incluye una ficha de España con las previsiones macroeconómicas para el periodo 2018-2020.

Las previsiones de ambos organismos sobre la economía española están alineadas con las del Gobierno. Tanto la Comisión Europea como la OCDE prevén que España mantendrá un crecimiento robusto, superior al de la media de la Unión Europea, del 2,6% para este año y del 2,2% para el próximo, apenas una décima menos que la previsión del Gobierno.

Ambos organismos prevén una sensible disminución del déficit en 2019. La previsión de la OCDE coincide con la del Gobierno al estimar una reducción de 9 décimas y un déficit del 1,8% del PIB. Por su parte, la Comisión prevé que el déficit se reduzca 6 décimas, hasta el 2,1% del PIB. En ambos casos se trata de reducciones muy superiores a las de otras grandes economías comunitarias.

Como la propia Comisión ha reconocido, su previsión es “cautelosa” porque España no ha presentado todavía los Presupuestos Generales del Estado. Hay que tener en cuenta que en esta fase ex ante de la supervisión fiscal lo que se evalúan son planes, lo que justifica la prudencia de su análisis.

Las cifras contenidas en el Plan remitido por el gobierno español están dentro del margen de flexibilidad previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Como el propio Vicepresidente Dombrovskis ha señalado hoy la diferencia de cálculo se debe al hecho de que “no se ha podido tomar en consideración todas las medidas sobre las que no se ha legislado.” En este mismo sentido, el Comisario Pierre Moscovici señaló cuando se publicaron las previsiones de otoño que en esta fase del ciclo de supervisión fiscal es absolutamente normal que existan divergencias entre las estimaciones de los diferentes organismos.

En cualquier caso, España saldrá del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019, es decir, abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo. La evaluación de la Comisión Europea del Plan Presupuestario español responde a la mayor exigencia de este brazo preventivo y está en línea con las realizadas a otros países como Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.

Finalmente, la cooperación entre el Gobierno español y la Comisión Europea ha sido muy buena y basada en la transparencia, como ha confirmado hoy el Comisario Moscovici.

Previsiones OCDE

Las previsiones de la OCDE coinciden con las del Gobierno no sólo en relación con crecimiento y déficit, sino también en los objetivos en materia de política económica.

La OCDE considera prioritarias la reducción de la elevada deuda pública y el impulso de medidas que aumenten la productividad. Recomienda actuaciones que reduzcan la temporalidad, mejoren la formación profesional dual, incrementen la participación de las mujeres en el mercado laboral y fomenten la educación infantil de 0 a 3 años. Son objetivos compartidos por el Gobierno y alineados con el Plan Presupuestario adoptado el 15 de octubre, que combina la necesaria disciplina presupuestaria con una política social que reduzca las desigualdades en nuestro país.

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La Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y MWCapital crean el Observatorio Nacional de 5G

23 de noviembre, 2018

20 de noviembre de 2018

mineco.gob.es

La Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y MWCapital crean el Observatorio Nacional de 5G

Contribuirá a la estandarización e innovación para compartir conocimiento sobre 5G en todo el territorio
El Observatorio prestará asistencia a la Oficina Técnica del Plan Nacional de 5G en la coordinación de sinergias público-privadas
Podrán incorporarse al convenio otras instituciones, fundaciones o empresas que compartan el objetivo de fomentar el despliegue 5G en España

El Ministerio de Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital; la entidad pública Red.es y la Fundación Mobile World Capital Barcelona (en adelante MWCapital) han firmado un convenio para la creación del Observatorio Nacional de 5G.

El observatorio tendrá sede compartida en las instalaciones de la MWCapital en Barcelona y Madrid, y contará con un presupuesto inicial de un millón y medio de euros durante los próximos tres años. Las actividades que desarrolle permitirán complementar y asistir a aquellas puestas en marcha por la Oficina Técnica del Plan Nacional de 5G, en su labor de coordinación de las sinergias público-privadas en el despliegue de redes y servicios 5G.

El Observatorio Nacional de 5G contribuirá a la estandarización y la innovación, la alineación de estrategias y la compartición de conocimiento en torno a la tecnología móvil 5G en todo el territorio nacional. Entre otras actividades, este ente producirá estudios e informes relacionados con la tecnología 5G, sus nuevos usos y su impacto potencial en la sociedad y la economía, e incentivará la colaboración público-privada y del sector investigador. Se prevé de igual modo que organice un evento con carácter anual para la difusión del 5G orientado a su aplicabilidad en sectores productivos. Además, desde este Observatorio se impulsará la formación y la capacitación en las tecnologías 5G a través de jornadas, cursos online y talleres.

Esta iniciativa actuará en coordinación con el Plan Nacional 5G y complementará la estrategia España Nación Emprendedora avanzada el pasado 5 de octubre por el Presidente del Gobierno de España. Así, desde el observatorio se promoverá también el emprendimiento y la internacionalización alrededor del nuevo paradigma de las telecomunicaciones.

Podrán adherirse al convenio otras instituciones, fundaciones o empresas, públicas o privadas, que compartan el objetivo de fomentar el despliegue 5G en España, compartiendo experiencias y fomentando la estandarización e innovación.

Presentación oficial
El Observatorio 5G será presentado oficialmente el próximo 29 de noviembre en Madrid, en un evento que tendrá lugar en el espacio ‘La Enredadera’ de Red.es.
La tecnología 5G será el componente tecnológico esencial en la transformación digital. Su despliegue permitirá el desarrollo del Internet de las Cosas, el big data, la robótica o la realidad virtual, con un efecto transversal sobre la sociedad y la economía durante la próxima década, siendo un catalizador de la atracción de inversión y palanca de un crecimiento inclusivo.

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El ICO participará en la financiación de proyectos de inversión realizados por Administraciones Territoriales

22 de noviembre, 2018

16 de noviembre de 2018

mineco.gob.es

El ICO participará en la financiación de proyectos de inversión realizados por Administraciones Territoriales

La participación del Instituto de Crédito Oficial tendrá carácter complementario e impulsará la movilización de recursos del sector privado

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del reinicio por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de su actividad financiera con las Administraciones Públicas Territoriales. El ICO volverá a financiar proyectos de inversión realizados por Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos dependientes en sectores de especial interés, como el tratamiento de aguas, la mejora de la eficiencia energética de edificios, planes de rehabilitación urbana y rural, vivienda social para alquiler o movilidad sostenible.

Esta medida es relevante porque apoya la entrada de las Administraciones Territoriales en los mercados financieros de forma gradual. Asimismo, impulsará la movilización de recursos del sector privado o instituciones financieras internacionales, puesto que el papel del ICO en la financiación de estos proyectos tendrá siempre un carácter complementario, favoreciendo el desarrollo de esquemas de colaboración público-privada. El ICO participa en estas operaciones en condiciones de mercado.

El marco de financiación aprobado fija el importe máximo de esta actividad en 250 millones de euros anuales, ampliables a 500 millones.

El acuerdo deja sin efecto la restricción de financiación a Administraciones Territoriales que estaba en vigor desde 2012.La puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de financiación durante la crisis –Fondo de Pago a Proveedores y Línea de Financiación directa a CCAA-  produjo un incremento muy significativo del peso relativo de las Administraciones en el balance de ICO. Actualmente, la ausencia de saldos vivos de estas operaciones deja sin efecto esta restricción.

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Comunicado del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

21 de noviembre, 2018

Martes, 20 de noviembre de 2018 poderjudicial.es

Comunicado del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

20 de noviembre de 2018

Autor:Comunicación Poder Judicial

Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1. –Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2. Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3. El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como Magistrado del Tribunal Supremo -de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados-, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4. Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

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El indicador de estrés de los mercados financieros se mantiene en niveles bajos

20 de noviembre, 2018

El indicador de estrés de los mercados financieros se mantiene en niveles bajos
18 de noviembre de 2018 cnmv.es
A finales de octubre el indicador de estrés de los mercados financieros que elabora la CNMV se situaba próximo a 0,20 puntos, manteniéndose en niveles bajos
La Nota sobre Estabilidad Financiera de la CNMV analiza trimestralmente los riesgos que afectan a los mercados españoles
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha hecho pública la Nota de estabilidad financiera correspondiente al mes de octubre de 2018, que refleja que el nivel de estrés de los mercados financieros españoles se mantenía a finales de octubre próximo a 0,20 puntos, dentro de lo que se considera un nivel de estrés bajo. Ello hay que situarlo en un año, 2018, en el que se han observado ligeros repuntes, como el de febrero (hasta 0,27), debido a las turbulencias protagonizadas por las bolsas estadounidenses o, más recientemente, los de junio y octubre (hasta 0,24 y 0,22 respectivamente), que hay que relacionar con las dudas sobre las finanzas públicas en Italia y, en menor medida, con otras fuentes de incertidumbre (la denominada “guerra comercial”, las tensiones en economías emergentes, la incertidumbre regulatoria, etc….). Por segmentos, los niveles de estrés más altos correspondían al mercado de deuda y a los intermediarios financieros, área esta última afectada por la caída de las cotizaciones de los bancos.
La Nota describe la evolución reciente de la economía española, que continúa siendo positiva, con un crecimiento del PIB que se mantiene en el 2,5%. Sin embargo, se observa cierta desaceleración de la actividad, algo menos intensa que en la zona euro, por lo que el diferencial de crecimiento se ha incrementado hasta ocho décimas.
Las fuentes de incertidumbre sobre la economía española son diversas. Las más importantes se derivan de las consecuencias de las restricciones sobre el comercio mundial, de las dificultades que atraviesan en algunas economías emergentes y, en consecuencia, su repercusión en los negocios de las empresas españolas con intereses en estas economías y de las características del contexto político actual. También cabe señalar la necesidad de avanzar en el proceso de consolidación fiscal de la economía, especialmente en momentos en que el giro de la política monetaria puede estar cercano.
Este contexto de múltiples incertidumbres se ha reflejado en la evolución de los mercados financieros nacionales en los últimos meses. En el caso de la renta variable, el Ibex 35 muestra un retroceso en el año (hasta el 31 de octubre) similar al de los índices europeos con un comportamiento más desfavorable (Ibex 35 –11,5%, Dax 30 –11,4%, Mib –12,8%). Sin embargo, se observa una mayor discriminación de los inversores entre compañías en función de sus expectativas y riesgos, por lo que las caídas no han afectado a todos los sectores. Así, se han revalorizado las empresas de los sectores petróleo y energía, tecnología y farmacia, mientras que han caído las cotizaciones de los bancos –que se han visto afectados por incertidumbres de carácter económico-financiero, político y regulatorio-, las empresas inmobiliarias y las de los sectores de bienes y servicios de consumo.
En los mercados de renta fija, los tipos de interés a corto plazo han permanecido en niveles muy reducidos, en consonancia con el tono de la política monetaria adoptada por el BCE, y los tipos a largo, que disminuyeron en las primeros meses del año como consecuencia de la mejora de la calificación crediticia de la deuda soberana española, han mostrado leves y transitorios repuntes asociados a la crisis de la deuda en Italia. En relación con el último episodio de incertidumbre de esta crisis, producido en octubre, el efecto contagio sobre la prima de riesgo de la deuda española ha sido muy limitado. Los riesgos de mercado y de liquidez siguen siendo relevantes en algunos segmentos de este mercado.
La Nota de Estabilidad Financiera presenta un amplio panel de indicadores, entre los que destacan el indicador de estrés de los mercados financieros españoles y los denominados mapas de color (también conocidos como mapas de calor). El primero proporciona una medida en tiempo real del riesgo sistémico en el sistema financiero español, que oscila entre 0 y 1 y se obtiene mediante agregación ponderada de los niveles de estrés estimados en los seis segmentos siguientes: renta variable, renta fija, intermediarios financieros, mercados monetarios, derivados y mercado de cambios. Las variables de estrés se corresponden, en términos generales, con volatilidades, primas de riesgo, indicadores de liquidez y pérdidas abruptas de valor. Los mapas de color permiten visualizar la evolución de las categorías de riesgo.
Documento completo: Nota de Estabilidad Financiera Nº8. Octubre 2018

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El Consejo General del Poder Judicial publica por primera vez el tiempo medio estimado de resolución de todos los órganos judiciales

19 de noviembre, 2018

Martes, 13 de noviembre de 2018   poderjudicial.es

El CGPJ publica por primera vez el tiempo medio estimado de resolución de todos los órganos judiciales

Las tablas, elaboradas por el servicio de Estadística Judicial y publicadas en el Portal de Transparencia, ofrecen datos comparativos de los últimos diez años. Los datos se han obtenido a partir de la estimación de la duración media de los procesos judiciales concluidos en cada uno de los ejercicios analizados

Autor:Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial hace públicos por primera vez los datos correspondientes al tiempo medio estimado que cada órgano judicial tarda en resolver los procedimientos. Las tablas, que pueden consultarse en el Portal de Transparencia del CGPJ, han sido elaboradas por el servicio de Estadística Judicial a partir de la estimación de la duración media de los procesos judiciales concluidos cada año, independientemente de cuál haya sido la forma de terminación.

Esta nueva herramienta permite consultar el tiempo estimado de respuesta, que se expresa en meses, tanto por órgano y orden jurisdiccional, como por año, tipo de procedimiento o materia y ámbito geográfico. Para efectuar el cálculo del plazo medio estimado, se ha utilizado un modelo matemático a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo de cada periodo en cada órgano judicial.

Las tablas incluyen también información correspondiente a otras circunstancias –como por ejemplo la movilidad del personal dentro del órgano judicial o la aplicación de medidas de refuerzo-, por la influencia que esas variables tienen sobre la duración de los procedimientos. De hecho, es previsible que los tiempos de respuesta sean más largos en los juzgados y tribunales con mayor movilidad del personal adscrito a los mismos y que, por el contrario, mejoren cuando el órgano judicial cuenta con una medida de refuerzo y tiene estabilidad en su composición.

El plazo de resolución de los procesos judiciales puede verse afectado también en función de la existencia de factores externos, como pueden ser la complejidad de los asuntos, la entrada extraordinaria de determinados procedimientos, los efectos de la crisis económica o las reformas procesales.

Las tablas publicadas por el CGPJ muestran datos correspondientes a los últimos diez años y, dentro de cada órgano judicial, ofrecen el tiempo estimado de respuesta según el tipo de procedimiento de que se trate. Así, por ejemplo, en los juzgados de instrucción y en los de primera instancia e instrucción, el tiempo estimado de resolución de los asuntos será diferente según se trate de diligencias previas, diligencias urgentes, “Habeas Corpus”, juicios de faltas, juicios de faltas rápidos, juicios sobre delitos leves, juicios sobre delitos leves de señalamiento rápido, procedimientos con Jurado, procedimientos abreviados, resto de juicios sobre delitos leves, resto de juicios de faltas o sumarios. La herramienta permite buscar la información referida a los tiempos medios de respuesta a nivel estatal y también por Comunidades Autónomas.

Con la publicación de estos datos, el CGPJ cumple con uno de los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración suscrito el pasado 7 de septiembre con Transparencia Internacional España, que tiene como objetivo profundizar en la política de transparencia en la Justicia iniciada por el órgano de gobierno de los jueces desde el inicio del actual mandato.

* Consulte las tablas en la nota de prensa adjunta.

Puede acceder a los datos sobre tiempos estimados de respuesta de los órganos judiciales en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Estimacion-de-los-tiempos-medios-de-duracion-de-los-procedimientos-judiciales/ .

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analiza las nuevas prestaciones sanitarias que se incluirán en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud

18 de noviembre, 2018

La CNMC analiza las nuevas prestaciones sanitarias que se incluirán en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud

16 noviembre 2018  cnmc.es
nota de prensa Promoción de Competencia

◦El Proyecto de Orden Ministerial incluirá nuevas prótesis distintas a las de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos.
◦Se fijarán los importes máximos que podrán ser financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud.
◦La CNMC no cuestiona la justificación ni las razones médicas y sanitarias previstas en este proyecto.
◦Sin embargo, recomienda que los procedimientos de licitación pública para proveer estos servicios respeten las normas de competencia.
◦A la hora de actualizar el catálogo de algunos productos, debe evitarse que los operadores coordinen sus estrategias.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), a solicitud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha emitido el informe sobre la disposición por la que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización[i]. (IPN/CNMC/028/18).

Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud incluyen las técnicas, procedimientos y tecnologías incluidos en la cartera de servicios comunes. El contenido concreto de esta cartera se encuentra en diferentes anexos del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre y será modificado próximamente con nuevas prestaciones.

Algunas de esas prestaciones se realizan en centros sanitarios o socio-sanitarios y están cubiertas íntegramente por financiación pública. Otras se refieren a la prestación de productos ortoprotésicos. Concretamente, a prótesis distintas a las prótesis de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos, y que están sujetas a dispensación ambulatoria y aportación del usuario.

Catálogo común de productos

Por primera vez, el proyecto incluye para este conjunto de prótesis un catálogo común (o productos que como mínimo deben ofertar los responsables de la prestación ortoprotésica) y sus Importes Máximos de Financiación, con la consiguiente fijación de sus precios.

Para proponer esos Importes Máximos financiables por la Seguridad Social se comparan con los importes financiables en otros catálogos (CCAA, sobre todo) y con los precios dados por las empresas Con esta información, se propone un importe que representa la ponderación media de los datos indicados anteriormente.

La CNMC, sin cuestionar la justificación ni la racionalidad médico sanitaria de las previsiones del proyecto, subraya el efecto que desde el punto de vista de la competencia tienen las nuevas prestaciones sanitarias en las empresas dedicadas a la producción y distribución mayorista y minorista de estos productos, y en los ciudadanos.

Recomendaciones de la CNMC

En general, la CNMC recuerda que los procedimientos de licitación pública para que el sistema nacional de salud se provea de estos productos y servicios deben llevarse a cabo respetando las normas de la libre competencia (libertad de acceso a las licitaciones, transparencia o no discriminación entre operadores).

En cuanto a la cartera común de prestación, recomienda que para actualizar el catálogo de las prótesis se utilicen mecanismos que minimicen el riesgo de comportamientos coordinados de los operadores.

Además, a la hora de fijar los Importes Máximos que pueden ser financiados, se debería atender en mayor medida a los precios de los productos de operadores eficientes y evitar usar la información que únicamente procede de operadores que ya existen en el mercado.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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