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El BOE publica las bases de la segunda convocatoria del examen de acceso a la abogacía de 2019

21 de julio, 2019

El BOE publica las bases de la segunda convocatoria del examen de acceso a la abogacía de 2019
El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española firman un convenio de colaboración que agilizará la preparación de la prueba
mjustica.gob.es
18 de julio de 2019.- El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía correspondiente a 2019, examen que convocan conjuntamente los ministerios de Justicia y el de Ciencia, Innovación y Universidades, y cuya fecha se dará a conocer próximamente. Además, esta semana, Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un protocolo para impulsar la colaboración entre ambas instituciones en la preparación de la prueba para una mayor agilidad en el desarrollo de la misma.
Podrán concurrir a este examen quienes estén en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho, así como de otro título universitario de grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador. Los aspirantes con titulaciones de origen obtenidas en el extranjero deberán tener convalidados sus títulos.
Además, los interesados tendrán que haber superado previamente los cursos de formación especializada y las prácticas tuteladas que se requieren para el ejercicio de la abogacía.
Las solicitudes de inscripción en esta prueba de aptitud se presentarán digitalmente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia, si bien podrá hacerse presencialmente o por correo postal cuando, por causa justificada y acreditada, no sea posible utilizar medios electrónicos. Se impulsa, por tanto, la tramitación telemática del examen, en consonancia
con la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La evaluación consistirá en una prueba escrita teórico-práctica con respuestas múltiples, cuyo contenido fijará el Ministerio de Justicia de acuerdo a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado. Su finalidad es medir los conocimientos de los participantes acerca del ejercicio de la abogacía, así como de las normas deontológicas y profesionales. El examen tendrá una duración de cuatro horas y podrá realizarse en castellano o en la lengua cooficial autonómica del lugar de celebración de la evaluación.
La calificación final del candidato será el resultado de la media ponderada entre el 70% de la nota obtenida en esta prueba y el 30% de la nota del curso de formación especializada.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, los abogados y los procuradores deben superar esta prueba de aptitud, como requisito previo al ejercicio de su actividad.

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Congreso de los Diputados. Madrid

20 de julio, 2019
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El debate de investidura de Pedro Sánchez comenzará el 22 de julio, lunes, a las 12h

20 de julio, 2019

El debate de investidura de Pedro Sánchez comenzará el 22 de julio, lunes, a las 12h

18/07/2019

congreso.es

La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha convocado el Pleno del Congreso de los Diputados el lunes, 22 de julio, a las 12:00 horas, para celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez, candidato a la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con el art. 99.1 Constitución Española, CE, Su Majestad el Rey, Felipe VI, a través de la presidenta del Congreso, propuso al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la ronda de consultas mantenida con los representantes de las formaciones políticas que obtuvieron escaño en las elecciones del pasado 28 de abril.

En aplicación del artículo 170 del Reglamento de la Cámara, el Pleno de investidura comenzará el lunes a las 12:00 horas con la intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno, que expondrá ante la Cámara el programa del Ejecutivo que pretende formar y solicitará al Congreso la confianza para hacerlo.

Una vez concluida la intervención del candidato la sesión se suspenderá para reanudarse por la tarde, a las 16:00 horas, cuando comenzará el debate con los representantes de los grupos parlamentarios. Los diputados que designe cada grupo parlamentario tomarán la palabra de mayor a menor, salvo el grupo al que pertenece el candidato a la Presidencia, que lo hace en último lugar. El candidato puede responder a los portavoces uno a uno o de manera agrupada.

El orden de intervenciones será: Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Parlamentario Republicano, Grupo Parlamentario del PNV, Grupo Mixto – Junts Per Catalunya, EH Bildu, Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, Navarra Suma, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria- y Grupo Parlamentario Socialista.

El debate se prolongará la mañana del martes, desde las 9:00 horas, con los portavoces de los grupos que no hayan tomado la palabra en la primera jornada, y finalizado el mismo se realizará la primera votación, en la que Sánchez necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, 176 escaños, para obtener la confianza como presidente del Gobierno.

En caso de no obtenerla, se realizará una segunda votación 48 horas después, el jueves 25 de julio, en la que se entenderá otorgada la confianza si Pedro Sánchez obtiene el apoyo de la mayoría simple de los diputados: más votos a favor que en contra.

Desarrollo de la sesión

§ Lectura, por uno de los secretarios de la Mesa (art. 171.1 RC) de la propuesta de candidato firmada por el Rey.

§ El candidato propuesto expondrá, sin limitación de tiempo, el programa político del Gobierno y solicitará la confianza de la Cámara (art. 99.2 CE y art. 171.2 RC).

§ Tras el tiempo de interrupción decretado por la Presidencia, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario que lo solicite (de mayor a menor, salvo el G.P. Socialista), por 30 minutos (art. 171.3 RC).

§ El candidato propuesto podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo pida. Cuando conteste individualmente a uno de los intervinientes, éste tendrá derecho de réplica por 10 minutos. Si el candidato contestara en forma global a los representantes de los grupos, éstos tendrán derecho a una réplica por 10 minutos (art. 171.4 RC).

§ El debate se reanudará el martes por la mañana con los grupos que no hayan tomado la palabra el día anterior. La votación se efectuará al a la hora fijada por la Presidencia y será pública por llamamiento (art. 85.2 RC). Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente.

§ De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 48 horas después, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple (art. 99.3 CE). Antes de esta votación, el candidato podrá intervenir por tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos cada uno para fijar posición (art. 171.5 RC).

§ Otorgada la confianza al candidato, la presidenta del Congreso lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno (art. 171.6 RC).

§ Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores (art. 99.4 CE).

§ Si transcurridos 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza, la presidenta del Congreso someterá a la firma del Rey el Decreto de disolución de ambas Cámaras, convocará nuevas elecciones y lo comunicará al presidente del Senado (art. 99.5 CE y 172.2 RC).

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Juntos podemos.

19 de julio, 2019

La segunda edición de este libro es de febrero de 2014.

Podemos nació como partido político en marzo de 2014.

En las últimas elecciones de 2019 concurrió como Unidas podemos.

Yes we can. Sí se puede. Fue el slogan del senador Barak Obama en el año 2008

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El sector asegurador incrementa un 2,16% el volumen de primas en 2018

18 de julio, 2019

17 de julio de 2019
El sector asegurador incrementa un 2,16% el volumen de primas en 2018

mineco.gob.es

El sector asegurador incrementa un 2,16% el volumen de primas en 2018

Esta mejora se debe al aumento del 5,42% de las primas en los ramos de No Vida
El sector asegurador mantiene un sólido nivel de solvencia sectorial, que se sitúa en el 239% y continúa avanzando en el desarrollo de los requerimientos de sistema de gobierno y transparencia
En el marco de la creación de la Autoridad Macroprudencial en 2018 se ha dotado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de nuevas herramientas macroprudenciales dirigidas a prevenir y mitigar posibles riesgos en el sector asegurador

El volumen de primas devengadas por el sector asegurador experimentó un crecimiento del 2,16% en 2018, hasta los 65.909 millones de euros, según los datos que se recogen en el Informe Anual de Seguros y Pensiones que ha publicado la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Este incremento de primas ha permitido que el peso del sector asegurador se situara a cierre del año en el 5,46% del Producto Interior Bruto (PIB).

La mejora del negocio se debe al incremento del volumen de actividad de los ramos de No Vida, que con un peso en el sector del 55,8%, han experimentado un crecimiento en las primas del 5,42%, confirmando la tendencia de los últimos años. Por su parte, el ramo de Vida continúa la trayectoria a la baja iniciada en 2017, aunque con menor intensidad, registrando un descenso del 1,67%.

El resultado técnico-financiero se reduce ligeramente respecto al año anterior, tanto para el ramo de Vida (8,01% frente al 10,22%) como para No Vida (9,89% frente a 9,94%), en ambos casos con mejoras en los resultados técnicos del negocio asegurador, y con empeoramientos en los resultados financieros por el entorno de bajos tipos de interés.

En relación a las inversiones, se mantiene la composición de la cartera, siendo la renta fija la categoría de activos con mayor peso en el total (53,61%), seguida de la renta fija privada (20,22%), con un ligero incremento de la inversión en renta variable (5,79%) y en instituciones de inversión colectiva (7,52%).

Hay que destacar que en 2018 se ha producido una mejora de la calidad crediticia de la cartera, derivada del incremento de la calificación crediticia del Reino de España y del peso de la Deuda Pública del Estado dentro de la estructura de inversiones.

Por lo que respecta a los sistemas de previsión social complementaria la totalidad del ahorro gestionado en 2018 ascendió a 152.022 millones de euros. El grueso de fondos gestionados correspondió a planes y fondos de pensiones, con un total de 105.889 millones de euros, un 4,38% menos que en el ejercicio anterior. El patrimonio en seguros colectivos se situó en 25.774 millones de euros; en Planes de Previsión Asegurados (PPA) 11.902 millones; en Planes de Previsión Social Empresarial, 458 millones y en seguros de dependencia, 22 millones de euros.

En 2018, tercer año de aplicación de Solvencia II, el sector asegurador ha mantenido un sólido nivel de solvencia sectorial, con una ratio que se ha situado en el 239% al cierre del ejercicio, y ha continuado avanzando en el desarrollo de los requerimientos de sistema de gobierno y transparencia.

Finalmente hay que destacar que, en 2018, en el marco de la creación de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), se dotó a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de nuevas herramientas macroprudenciales dirigidas a prevenir y mitigar posibles riesgos en el sector asegurador. Así se le habilitó para establecer límites a la exposición a determinados sectores de actividad económica y categorías de activos y a las operaciones de transferencia de riesgos y carteras de seguros.

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Depósito de agua del Canal de Isabel II. Madrid

17 de julio, 2019
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La reserva hidráulica española se encuentra al 53,8 por ciento de su capacidad

17 de julio, 2019

El Ministerio para la Transición Ecológica informa

La reserva hidráulica española se encuentra al 53,8 por ciento de su capacidad

Martes 16 de julio de 2019 lamoncloa.gob.es

La reserva hidráulica española está al 53,8 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 30.181 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última en 564 hectómetros cúbicos (el 1,0 % de la capacidad total de los embalses).

​La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 84,9%
Cantábrico Occidental al 82,4%
Miño-Sil al 74,7%
Galicia Costa al 84,2%
Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
Duero al 59,4%
Tajo al 46,5%
Guadiana al 45,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 74,7%
Guadalete-Barbate al 55,5%
Guadalquivir al 45,0%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,9%
Segura al 27,1%
Júcar al 37,6%
Ebro al 72,2%
Cuencas internas de Cataluña al 76,4%

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Pío Baroja

16 de julio, 2019
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La Audiencia Nacional legitima el Registro de Titularidades Reales

16 de julio, 2019

La Audiencia Nacional legitima el Registro de Titularidades Reales
Determina que la Orden que lo regula es resultado de una Directiva previa
Xavier Gil Pecharromán
9/07/2019 – eleconomista.es
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) -propiedad del Consejo General del Notariado- contra la Orden Ministerial que encomienda la gestión del Registro de Titularidades Reales a los Registros Mercantiles.

La sentencia, de 26 de junio de 2019, a la que ha tenido aceso elEconomista, determina que «la Orden Ministerial impugnada no crea la obligación de declarar la titularidad real ni de identificar al titular real, ambas obligaciones son previas y tienen base legal, en normas con rango de ley, siendo que la Orden Ministerial simplemente viene a implementar unos nuevos formularios en el que determinadas sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real».

La ponente, la magistrada García García-Blanco, razona que «la Orden Ministerial recurrida, en su preámbulo, viene a reconocer que «la principal novedad que se contiene en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y se centran en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada identificación del titular real de la sociedad».

Por ello, determina que «es en esta novedad resultante no de la OM recurrida sino de una Directiva cuyo plazo de transposición finalizó el 26 de junio de 2017, donde, de fondo, viene a suscitarse la controversia, en un sistema que, a fecha de la presente, ha sido consolidado por el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto».

La sentencia rechaza que Ancert tenga legitimación activa para plantear al demanda contra la OM, porque «no basta un mero interés en la defensa de la legalidad, como argumentaba Ancert, sino que la norma impugnada ha de afectar a interés efectivo del sujeto recurrente».

No basta un mero interés de la defensa de la legalidad para poder recurrir
Recuerda la ponente, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la legitimación activa, comporta que la anulación del acto o disposición impugnada, produzca un efecto positivo (beneficio) o evitar uno negativo (perjuicio), actual o futuro pero cierto.

Considera la magistrada que se pretende construir artificiosamente una legitimación activa sobre «meras hipótesis acerca de que la base de datos que gestionan y soportan los notarios se va a ver afectada negativamente, en su existencia misma y en su rentabilidad, con la implementación de los modelos para cumplimentar por terceros la obligación de declaración de titularidad real vinculada al depósito de las cuentas anuales en el Registro de la Propiedad (esto es lo único que hace la OM)».

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El Registro debe exigir el permiso judicial de la venta del inmueble de un concursado

15 de julio, 2019

El Registro debe exigir el permiso judicial de la venta del inmueble de un concursado
El registrador tiene que ejercer el control sobre la autorización del juez
Xavier Gil Pecharromán
8/07/2019 – eleconomista.es
El registrador tiene la obligación de exigir, cuando se produce una venta directa de bienes de un concursado, que junto con la escritura de compraventa se presente la resolución del juez concursal que la autoriza, ya sea expresa para esa venta o bien general de aprobación del plan de liquidación que lo comprende.

Así lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de junio de 2019, que el control del registrador afecta a la existencia de esta autorización judicial, pero no alcanza al cumplimiento de otros requisitos o condiciones que pudieran haberse previsto en el plan de liquidación.

Por ello, el ponente, el magistrado Sancho Gargallo, estima que la calificación negativa del registrador, que suspende la inscripción mientras no se aporte el plan de liquidación o una resolución específica que autorizara la venta directa en ese caso, se acomoda a lo previsto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria.

A los efectos previstos en el art. 40.7 de la Ley Concursal, le correspondía al registrador controlar, para que pueda tener acceso al Registro, que la escritura de venta haya sido otorgada como vendedora por la administración concursal, en atención a la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor como consecuencia de la apertura de la liquidación.

Este control no se suple por el que pudiera haber realizado el notario al autorizar la escritura y revisar las facultades de disposición de la vendedora. Se trata de un control que alcanza también a las contradicciones que directamente se desprendan de las prescripciones legales, respecto de los asientos registrales.

Con carácter general, la apertura de la liquidación levanta la prohibición de disponer bienes del concursado prevista en el artículo 43 de la LC. La realización de los activos del deudor concursado viene regulada en los artículos 146bis y ss de la LC.

En concreto, señala el ponente, existen unas reglas generales en el artículo 149 de la LC, que operan en defecto de las específicamente aprobadas por el juez en el plan de liquidación (artículo 148 de la LC). El actual artículo 149.2 de la LC prevé que «los bienes o derechos del concursado se enajenaran, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio».

De la normativa sobre liquidación concursal, afirma Sancho Gargallo, se desprende que, en el caso referido a los bienes inmuebles, salvo que el juez del concurso haya autorizado, ya sea al aprobar un plan de liquidación ya sea de forma específica para ese propio acto, la venta directa, la enajenación debe realizarse por la vía de apremio, mediante la celebración de una subasta.

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Palabras para el funeral de la Tía Angelina

14 de julio, 2019

Palabras para el funeral de la Tía Angelina

Angelina Portela Vicente
(*Salcidos – La Guardia, 28/IX/1925 – † Madrid, 1/VII/2019)

Parroquia de San Bruno
Madrid, 12 de julio de 2019

Muchas gracias a todos por acompañar a la Familia… En realidad, diría que por formar parte de nuestro núcleo y agrandarlo… La “familia nuclear”, la “familia extensa”… y los sociólogos todavía no han encontrado la denominación mayor… Porque en momentos como éste es cuando tomamos conciencia de lo que es ser una Familia en toda su amplitud, ésa que se extiende y se prolonga con todos los que queremos y que comparten nuestra pena de hoy como comparten las alegrías de otros momentos… Que, con mi Tía Angelina, fueron, afortunadamente, muchos… Por su cordialidad al recibir, por su discreción, y por estar siempre dispuesta a echar una mano a quien la necesitaba…

Sus muletillas habituales eran “Tranquilitos, tranquilitos. Si precisáis de algo, ya sabéis, aquí me tenéis…”

Querida y admirada Tía Nena,

Sentenciaba tu madre – nuestra abuela Isolina – (y se lo achacaba al abuelo) que “en esta Familia nunca hubo ni feos ni tontos”. Lo decía contestando a quienes le comentaban lo guapos e inteligentes que eran sus nietos… Vosotros erais demasiado discretos para aceptar semejante sentencia y jurábais que vuestro padre jamás había dicho tal cosa… Pero reconóceme ahora que os encantaba oírlo, que os sonreíais con esa media sonrisa picarona que también es marca de la casa… Las cejas enarcadas, los hoyuelos en la cara y una satisfacción que se os salía por los poros…

Pues ahora que no me lo vas a discutir, quiero añadir algo “Ni feos, ni tontos, ni /Tampoco/ malas personas”. “Ah, eso sí que no” – me contestarías… A vosotros os tocaba por todas partes ser un ejemplo de reserva, de prudencia, de ayudar si se necesitaba y de discreción si no erais necesarios… y eso es lo que deberíamos haber heredado, la herencia más valiosa que os debemos… Porque, además, supisteis escoger con quienes compartir vuestras vidas, y difícilmente se os pilló en un mal ejemplo… Si no os seguimos, la culpa es nuestra… Y para ello estaban vuestro silencio y vuestras oraciones…

Cuentan las crónicas familiares que tú, tan joven y tan guapa que te llamaban en La Guardia “el bombón envuelto en tela”, cuidabas a la Tía Mariana, hermana de tu abuelo, soltera y enferma, que vivía con vosotros. Muy fina y delicada, y muy bonita – dicen quienes la conocieron… Dependía de ti. Pero tú te casaste y tuviste que dejarla… Ese día, al despedirse, Mariana te dijo: “Tienes que tener mucha suerte en la vida, porque te la mereces… y vas a tener suerte hasta el final.” Tú saliste llorando y diciendo que, sin ti, Mariana se moriría pronto. Vivió una semana, tú aún en tu viaje de novios, con nuestro querido tío Joaquín, compartiendo el primer pan de unas bodas eternas… Pero su presagio se cumplió: has tenido suerte de las de verdad.

En la Iglesia de Salcidos (ésa en la que están los santos a los que tú rezabas) te habían dicho “Que veáis a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación, y después de una venerable y feliz ancianidad… lleguéis a la Vida Eterna…”. Una parte se ha cumplido al pie de la letra… La otra, confiada a la Misericordia de Dios, nos dice la Fe que también.

Un clásico habría dicho que Um bel morir tutta la vita honora. Pues tu despedida reafirma a los clásicos y cumple el vaticinio de Mariana. Mucha suerte en la vida, hasta el final, porque te la merecías…

Querida Tía Nena, si precisamos de algo, ya sabemos en dónde estás: Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos… los que vengan… porque la genética funciona también para el espíritu, estoy segura… y si se lo preguntase a tus padres me darían la razón…

Y sí, precisamos que pidas por nosotros, para que nunca dejemos de “salir a la casta” y de ser buenas personas… Tú da la lata ahí Arriba, insiste, con tus pasitos apresurados y menuditos, y – como terquiña también eres un poco – estamos seguros de que lo vas a conseguir: que nunca os dejemos quedar mal, que nunca dejemos de teneros presentes… y que, cuando nos toque, merezcamos estar a vuestro lado…

Eso precisamos, Tía Angelina. Ya sabemos que estás ahí… Y ya sin riesgo de tropezar ni de caerte.

María Tecla Portela Carreiro

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Calle de San Bruno

13 de julio, 2019
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El Banco de España publica la “Guía de archivos históricos de la banca en España”

13 de julio, 2019

Departamento de Comunicación
Nota de prensa Madrid, 8 de julio de 2019 bde.es
El Banco de España publica la “Guía de archivos históricos de la banca en España”

El Banco de España acaba de publicar la “Guía de archivos históricos de la banca en España”, una obra que promueve la recuperación de los archivos bancarios españoles y ofrece a sus lectores el “Mapa de bancos y cajas de ahorros”, documento que compendia todos los procesos de concentración bancaria a lo largo de su historia.

Los investigadores, estudiosos y cualquier persona interesada en este tema pueden acceder a una información de la que hasta ahora carecían: una relación detallada de los principales archivos bancarios españoles y de la evolución del sistema bancario español a lo largo del siglo XX. La profunda transformación de la industria bancaria durante ese siglo, la multitud de actores que han intervenido en ese cambio y las series documentales que componen los archivos más representativos de la banca española ya están al alcance de todos.

Esta iniciativa, que pretende proteger y difundir el legado histórico de nuestro sistema financiero, ha contado con la colaboración de los representantes de los principales bancos de nuestro país.

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Pinar en Sardiñeiro. A Coruña

12 de julio, 2019
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Notarios y Registradores ¿Juntos o revueltos en la Ley de Crédito Inmobiliario?

12 de julio, 2019

Notarios y Registradores ¿Juntos o revueltos en la LCI?
pildoraslegales.com
Siempre he considerado que Notarios y Registradores somos dos caras de una misma realidad: el sistema de seguridad jurídica preventiva que, con sus vaivenes, funciona con un alto nivel de calidad en interés del ciudadano. En este sentido, recuerdo cuando Don Fernando Trigo, entonces Registrador de Alicante, persona que no dejaba indiferente a nadie, en los casos en los que yo me quejaba de alguna de sus calificaciones, me decía:
“Antonio, es el sistema, se lo dices al cliente y debería entenderlo: usted tiene dos grandes profesionales a su servicio”.
La cita anterior a alguno de mis compañeros, Notarios, y también Registradores, seguro que le saca más de una sonrisa, aunque sea agridulce y le hace recordar alguna anécdota. Sin embargo, al margen de cómo se resolviesen las cosas al final, en tal observación. no faltaba razón a Fernando.
Muchos notarios o registradores lo somos por azar, pues bien, las circunstancias, una mala combinación de exámenes, una enfermedad… podrían habernos hecho recalar en el cuerpo hermano. Sin embargo, parece que muchas de esas personas acaban de olvidarse de donde vinieron o dónde podían haber acabado en el momento en el que se ponen al otro lado de la mesa.
Recién aprobado, en función de quién te haya preparado tienes un talante más integrador y conciliador o menos. Yo siempre he pensado que debía defender mis criterios, sin embargo, rectificar es de sabios. Al final de la historia, que acaba con cada asunto de cada cliente, se trata de defender los derechos del ciudadano, no incurrir en responsabilidad profesional y moverse siempre dentro del ámbito de la Ley. Esto último especialmente, ni notarios ni registradores, en mi opinión, debemos movernos en el mundo valorativo, salvo en aquellos casos en los que la Ley nos deja ese margen, por ejemplo, en las actas de notoriedad o en los juicios de suficiencia y equivalencia de los poderes. No somos jueces, no estamos para valorar el resultado final, si perjudica a alguien o si utilizar un atajo no legal genera o no algún perjuicio.
Nuestras funciones deberían ser convergentes en aquellos aspectos de la realidad que el Legislador ha decidido que vayamos de la mano. Pues es cierto que en la notaría no solo se hacen documentos para que se inscriban, existen cosas fuera del Registro, al igual que no todo lo que llega al paraíso tabular procede de la notaría.
Recuerdo en mi primer destino, los intercambios de opinión que tenía con mi compañero Registrador, en una ocasión, me mandó unas fotocopias de un libro y me dijo:
“Antonio, no vayas a pensar que la negativa es por llevarte la contraria, hay quien respalda mi opinión”
Es una anécdota que recuerdo con cariño, si bien ni compartía ni comparto su punto de vista, creo que no se trata de buscar respaldos para decir no, sino que, siendo razonable, dentro de la Ley, el sistema funciona cuando la escritura está bien hecha y accede al Registro.
En ambos cuerpos existen casos patológicos, hay notarios y registradores que son más laxos, en ocasiones en exceso ¿a quién beneficia? Cada cual que haga su lectura. En el caso de los notarios, un mal entendimiento, por parte del cliente, de nuestra función, puede llevar a buscar al notario que te firme lo que quieras. A veces eso puede resultar un problema, pues las cosas deben estar bien hechas, no por vestirlas de la forma notarial se evitan los problemas, es cierto, no obstante, que se traslada la responsabilidad al profesional. Otros notarios y registradores se conducen bajo una especie de miedo a asumir la responsabilidad que conlleva firmar una determinada escritura o inscribir un determinado documento.
En el día a día del ejercicio profesional, a mi me resulta enriquecedor intercambiar opiniones con los Registradores. Al final, se trata de solucionar el problema de quien recurre a nosotros.
En este contexto, no acabo de entender como se está desarrollando la “botadura” de la Ley de Crédito al Consumo. Esta misma semana, se quejaba un empleado de notarías de que deberían haberse organizado más reuniones, más formación… a fin de estar preparados en el momento de entrada en vigor de la Ley. Cierto es que la Ley no ha desplegado sus bienintencionados efectos en el mejor de los escenarios. El tiempo de vacación legal ha sido corto, se podrá decir que por desidia de los actores del proceso que se han esperado hasta el final; sin embargo, eso no es ni cierto ni justo. Lo que sí que se ha hecho esperar es el total armazón tecnológico, la interconexión de los distintos operadores y, especialmente, el testeo de dichas herramientas. Tampoco parece muy estético, aunque haya sido necesario, el continuo goteo de textos de valor normativo, en mayor o menor medida, que se han ido precipitando entada en vigor la Ley.
Lo que yo realmente he echado en falta es un enfoque más a largo plazo por parte de Notarios y Registradores. Está bien hablar de la independencia de cuerpos; igualmente, hablar de la independencia de cada uno de los profesionales en el ejercicio de su función. Sin embargo, ir por separado no beneficia a nadie. Mientras notarios se plantean como autorizar el acta previa, controlar la legalidad de los préstamos no deja de mirarse de reojo a los compañeros de viaje, sobre hasta dónde llegan las funciones de uno y empiezan las competencias de otro. Al mismo tiempo, los Registradores, al parecer, en lugar de pensar en cómo hacer que el sistema funcione, han circulado una serie de notas sobre defectos que se van a poner a las escrituras.
Personalmente, tal panorama, por ambos lados, me parece desolador. Siempre he pensado que el Registrador debería pasar desapercibido, entiéndase en el mejor de los sentidos, porque las escrituras deberían hacerse bien. El afán que a veces se observa, bien, desde el punto de vista notarial, en conseguir la inscripción a cualquier precio y de la manera más fácil posible, que no la más adecuada; bien por devolver escrituras, desde el punto de vista registral, como si de poner muescas en la culata de la pistola de Billy “El Niño” se tratase, creo que queda, manifiestamente, al margen no solo de lo conveniente y deseable, también queda fuera del sistema.
El sistema español está construido sobre la existencia de estos dos profesionales, es nuestra obligación entendernos. Con la Ley de Crédito Inmobiliario se está perdiendo una oportunidad, otra más, de que eso se produzca. ¿A quien beneficia que entregado el dinero no se inscriba la hipoteca cualesquiera que sean los argumentos que unos u otros esgriman?
¿Para cuando un trabajo conjunto e integrador por parte de notarios y registradores para hacer más fácil a todos la aplicación de la Ley de Crédito Inmobiliario?
Mientras Notarios y Registradores discuten si son galgos o podencos ¿quién se beneficia?

Antonio Ripoll Soler

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Bocana del puerto de Fisterra. A Coruña

11 de julio, 2019
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Conducta de mercado y reclamaciones

11 de julio, 2019

Conducta de mercado y reclamaciones
bde.es
El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones asume las funciones del Servicio de Reclamaciones e incorpora competencias en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera y resolución de conflictos.
Acreditación de conocimientos y competencia exigidos por la nueva normativa de crédito inmobiliario
El Banco de España tiene asignada la labor de la acreditación de las entidades o empresas certificadoras del cumplimiento de los requisitos de conocimientos y competencia exigibles al personal de entidades financieras que comercialice, diseñe o asesore a personas físicas sobre préstamos hipotecarios que afecten a inmuebles residenciales, en virtud de lo previsto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Para ser acreditadas y reconocidas como tales por el Banco de España, estas empresas o entidades deberán cumplir una serie de requisitos que se contienen en la Orden ECE/482/2019, de 26 de abril.
Requisitos y procedimientos (113 KB).
Formulario Empresas Certificadoras (Art. 32 quáter 2) (1 MB)
Universidades Públicas o Privadas, títulos oficiales. No se publica formulario, remitir la documentación tal y como se establece en el documento “Requisitos y procedimientos” (Art. 32 quáter 4)
Entidades o empresas certificadoras emisoras de títulos o certificaciones. No se publica formulario, remitir la documentación tal y como se establece en el documento “Requisitos y procedimientos” (Art. 32 quáter 4)
Listado de entidades certificadoras y títulos acreditativos (515 KB)
Educación financiera
En este ámbito, y en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), desarrolla el Plan de Educación Financiera, cuyo objetivo es la mejora de los conocimientos prácticos sobre finanzas de la población. Su fin es el de que los ciudadanos estén en condiciones de afrontar, con un mayor conocimiento, sus decisiones económicas y reforzar así la sostenibilidad del sistema financiero.
Portal Finanzas para Todos
Consultas
Atiende las consultas que pueden formular los usuarios financieros sobre las normas aplicables en materia de transparencia y protección a la clientela, así como sobre los cauces legales existentes para el ejercicio de sus derechos.
Cómo realizar una consulta
Reclamaciones y quejas
Resuelve las reclamaciones y quejas que presentan los usuarios de las entidades supervisadas por el Banco de España con la pretensión de obtener la restitución de sus intereses y derechos legalmente reconocidos, como consecuencia de presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.
No admite aquellas reclamaciones que:
No se han formulado previamente ante el servicio de atención al cliente/defensor del cliente de la entidad.
Pretenden un pronunciamiento sobre el carácter abusivo de una determinada cláusula contractual.
Plantean controversias sobre la valoración económica de los daños y perjuicios que eventualmente se hayan podido ocasionar a los usuarios financieros.
No se refieren a operaciones concretas. No compete a este Departamento realizar una auditoría completa de todos los movimientos registrados en las cuentas de los clientes y que se reflejan en los extractos periódicos o documentos de liquidación emitidos por las entidades.
Su actuación concluye con un informe motivado que no tiene carácter vinculante para ninguna de las partes.
En el Portal del Cliente Bancario se ofrece un detalle de los procedimientos a seguir en la presentación de consultas, quejas o reclamaciones, así como de otros aspectos que pretenden contribuir a mejorar el conocimiento de los consumidores sobre las disposiciones que les afectan. No obstante, puede acceder directamente a los procedimientos en el siguiente enlace:
Presentación de reclamaciones y quejas
Si desea conocer la red creada por la Comisión Europea que agrupa a las organizaciones nacionales de los distintos estados miembros responsables de resolver por vía extrajudicial las reclamaciones de los clientes de servicios financieros puede consultar los siguientes enlaces:
Sitio web de FIN-NETf
Video explicativo sobre FIN-NET (77 MB)

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Playa de Quenxe en Corcubión, con el monte Pindo al fondo. A Coruña

10 de julio, 2019
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El pleno del Tribunal Constitucional avala por unanimidad la aplicación del art. 155 Constitución Española en Cataluña que permite al estado la limitación de la autonomía en circunstancias extraordinarias

10 de julio, 2019

Tribunal Constitucional
Gabinete del Presidente
Oficina de prensa
Nota informativa nº 89/2019 tribunalconstitucional.es
El pleno del TC avala por unanimidad la aplicación del art. 155 ce en Cataluña que permite al estado la limitación de la autonomía en circunstancias extraordinarias
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la aplicación del art. 155 de la CE en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Tribunal en dos sentencias aprobadas por unanimidad desestima en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el Parlamento de Cataluña todos ellos contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 mediante el que se aprueban medidas requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 CE.
Han sido ponentes la Vicepresidenta Encarnación Roca y el Magistrado Pedro González-Trevijano. Las sentencias analizan el sentido y alcance del art. 155 CE. Destacan que, con este precepto, la Constitución ha otorgado al Estado un poder de coerción sobre las comunidades autónomas que permite la limitación de su autonomía en circunstancias extraordinarias. El art. 155 CE es un remedio excepcional, subsidiario y temporal, y una vía de último recurso; por ello, solo cabe utilizarla cuando se esté ante una actuación autonómica que incumpla la Constitución, el Estatuto de Autonomía u otras leyes o atente gravemente al interés general de España.
Se trata de un procedimiento excepcional a utilizar para hacer frente a situaciones ante la que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La limitación de la autonomía que se deriva de la aplicación del art. 155 CE ha de ser temporal, pues no cabe ni la supresión de la autonomía ni su suspensión indefinida, ya que el fin de la intervención no es otro que restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden.
El Tribunal analiza a continuación, el cumplimiento de los requisitos para la aplicación del art. 155 CE. Así estima que el requerimiento del Gobierno al presidente de la Generalitat se formuló adecuadamente, pues se identificaban correctamente las actuaciones de las instituciones de la comunidad autónoma que habían dado lugar a aplicar el art. 155 CE, actuaciones que cuestionaron “el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones”, y “atentaron contra el interés general de España, en cuanto se discutió la preservación misma del Estado español, intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y constitucional”.
También se aprecia que el requerimiento formulado fue efectivamente desatendido en las dos respuestas dadas por el presidente de la Generalitat. En cuanto a la tramitación en el Senado, el Tribunal rechaza que se incurriera en defecto alguno, destacando que el Senado pudo formar adecuadamente su voluntad, así como que se ofreció al presidente de la Generalitat intervenir ante la Cámara, ampliando así las garantías de la comunidad autónoma, posibilidad que no fue aceptada.
Ambas sentencias incluyen una serie de consideraciones generales acerca del alcance y límites del art. 155 CE. El Tribunal resalta que el precepto constitucional no especifica las medidas que pueden adoptarse, otorgando así al Gobierno y al Senado un amplio margen de apreciación respecto a cuáles sean las que estimen necesario aplicar.
Estas medidas pueden referirse a cualesquiera órganos o autoridades de la comunidad autónoma, siempre que sus actuaciones guarden relación con el supuesto que, a juicio del Gobierno y del Senado, ha determinado la aplicación de lo previsto en el art. 155 CE. El Gobierno actúa aquí “como órgano constitucional garante de la integridad de la norma suprema del ordenamiento y del orden territorial que de ella deriva y con la finalidad de reconducir la actuación de una comunidad autónoma cuyos órganos han infringido gravemente obligaciones constitucionales o legales o han atentado contra el interés general de España”.
De lo anterior resulta que el Gobierno puede adoptar “las medidas necesarias” y que tales medidas, que han de ser temporales y adecuadas para hacer frente a la situación, pueden también referirse al Parlamento autonómico, siempre que no impliquen su supresión o la suspensión indefinida de la actividad parlamentaria.
El Tribunal analiza también algunas de las concretas medidas aprobadas por el Senado que habían sido impugnadas en los dos recursos de inconstitucionalidad.
En particular, por lo que respecta al cese “del Presidente de la Generalitat, del Vicepresidente y de los Consejeros que integran el Consejo de Gobierno”, se considera que tal medida está justificada, dada la voluntad de la presidencia y del gobierno de la Generalitat “de situarse al margen de la Constitución, del propio Estatuto de Autonomía y del ordenamiento en su conjunto, a fin de constituir, a lo largo de un proceso al margen de cualquier norma y con menosprecio de toda lealtad constitucional, un estado independiente en forma de república”.
Estima también que no era posible considerar que el gobierno autonómico responsable de unas decisiones lesivas para el interés general de España y vulneradoras del ordenamiento constitucional y estatutario, fuera, en el marco del art. 155 CE, el encargado de restablecer la legalidad constitucional y estatutaria.
En cuanto a la disolución del Parlamento acordada por el Presidente del Gobierno en aplicación de lo decidido por el Senado, el Pleno recuerda que “si un parlamento autonómico llevase a cabo actuaciones que incumpliesen obligaciones constitucionales o legales o atentasen gravemente al interés general de España, la concreción de lo necesario para retornar al cumplimiento constitucional o restablecer el interés general puede también referirse a la asamblea legislativa”. Y en el caso concreto, el Tribunal, citando sentencias y autos dictados en relación a actos y decisiones de la cámara autonómica, constata que “el Parlamento de Cataluña no ha resultado en absoluto ajeno a los hechos que han desencadenado la aplicación del procedimiento del art. 155 CE”.
También destaca que “la previsión de una disolución anticipada del Parlamento de Cataluña, con simultánea convocatoria electoral, se orienta objetivamente a la más pronta constitución de una nueva asamblea que diera lugar a la conclusión de la intervención”.
Por último se consideran adecuadas a la Constitución todas las medidas aprobadas en relación con la Administración de la Generalitat, con la única excepción de la regla que privaba de efectos a la publicación oficial de disposiciones normativas o actos, sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por este.
Son también ajustadas a la norma fundamental las medidas relativas a la asunción por órganos estatales del mando de los Mossos d`Esquadra, así como las aprobadas en relación con la actividad del Parlamento, en tanto se mantuviera la vigencia del art. 155 CE, pues tienen por objeto limitar determinadas atribuciones de la cámara cuando se ejerzan sobre actuaciones de las autoridades designadas para la ejecución de las medidas aprobadas en aplicación del citado precepto constitucional.
Madrid, 5 de julio de 2019.

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Playa de Quenxe con el puerto de Brens al fondo. Corcubión. A Coruña

9 de julio, 2019
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El Tribunal Supremo establece que el «bitcoin» no se puede equiparar al dinero a efectos de responsabilidad civil

9 de julio, 2019

Jueves, 4 de julio de 2019 poderjudicial.es

El Tribunal Supremo establece que el «bitcoin» no se puede equiparar al dinero a efectos de responsabilidad civil

La Sala explica que se trata de un activo inmaterial de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el bitcoin no es dinero, ni puede tener esa consideración legal, a los efectos de responsabilidad civil al considerar que se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten.

En su primera sentencia por una estafa en esta criptomoneda, el tribunal confirma una condena de dos años de prisión al administrador único de la empresa Cloudtd Trading&DEVS LTD que firmó contratos de gestión con cinco personas que le entregaron los bitcoins en depósito para que, a cambio de una comisión, reinvirtiera los dividendos y entregara las ganancias obtenidas. Sin embargo, según los hechos probados, cuando se firmaron dichos contratos el condenado tenía intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir con sus obligaciones.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impuso al acusado el pago a las víctimas de la estafa de una indemnización en el valor de la cotización de los bitcoins en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determinaría en ejecución de sentencia, y declaró, además, la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

Como no estaban de acuerdo con ello, los estafados presentaron recurso de casación en el Tribunal Supremo en el que alegaron que lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenara al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder entonces a su valoración y acordar la devolución de su importe.

El bitcoin es un activo patrimonial inmaterial

La Sala responde que aunque su propia jurisprudencia ha expresado la obligación de restituir cualquier bien objeto del delito, incluso el dinero, las víctimas de la estafa no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que “el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero”.

En su sentencia, con ponencia del magistrado Pablo Llarena, explica que el bitcoin es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre y que a partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada.

De este modo -señala la Sala- “el bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin”.

Los magistrados recuerdan que, aunque el precio de cada bitcoin se fija al costo del intercambio realizado, y no existe por tanto un precio mundial o único del bitcoin, el importe de cada unidad en las diferentes operaciones de compra (por las mismas reglas de la oferta y de la demanda), tiende a equipararse en cada momento.

Añaden que este coste semejante de las unidades de cuenta en cada momento permite utilizar al bitcoin “como un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”.

Así, concluye la Sala, por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia “no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño), con un incremento como perjuicio que concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de las unidades bitcoin entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos”.

El tribunal desestima no solo el recurso de casación presentado por las cinco personas estafadas sino también el interpuesto por el condenado contra la sentencia recurrida, que ha sido confirmada en su integridad.

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Calle de Barcelona en Madrid

8 de julio, 2019
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¿Qué ocurre tras presentar una reclamación ante el Banco de España?

8 de julio, 2019

¿Qué ocurre tras presentar una reclamación ante el Banco de España? bde.es

¿Has seguido las instrucciones que te contábamos en Cómo presentar una reclamación contra tu banco? En ese caso, continúa leyendo…

Si la reclamación o queja contiene toda la documentación necesaria, recibirás una notificación indicándote que ha sido admitida a trámite. No olvides que existen algunos supuestos tasados en que resultaría inadmitida. Después, se solicitarán alegaciones a tu banco, que te enviarán a casa. Podrás leerlas y, en caso de que así lo consideres, mostrar tu acuerdo o desacuerdo con estas.

Una vez recabada toda la documentación, el Banco de España emitirá un informe que incluirá conclusiones claras sobre las cuestiones planteadas en el plazo legalmente previsto. Dicho informe podrá ser:
A favor del reclamante, por considerarse que la conducta de la entidad:
1.Se habría apartado de los criterios de buenas prácticas financieras, o
2.Habría supuesto un quebrantamiento de las normas de transparencia y protección a la clientela.

A favor de la entidad, al considerar que la actuación de la entidad no vulnera ni las buenas prácticas financieras ni las normas de transparencia y protección a la clientela.

Recuerda que una vez emitido el informe, no cabe recurso y el trámite ante el Banco de España se da por finalizado. Como particular seguirías teniendo derecho a acudir a defender tus intereses ante la jurisdicción competente.

Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este asunto. Reclama, que algo queda.

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Plaza de Cascorro. Madrid

7 de julio, 2019
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Cómo presentar una reclamación contra tu banco

7 de julio, 2019

Cómo presentar una reclamación contra tu banco bde.es

¿No estás de acuerdo con las comisiones que te cobra tu banco, quieres devolver un recibo, han utilizado tu tarjeta fraudulentamente para realizar compras, la transferencia que has realizado no llega a su destinatario? Actúa.

Lo primero es presentar tu reclamación ante la entidad, y si en un mes (si eres consumidor) o en dos meses (si eres no consumidor), no la resuelven o no te responden, puedes acudir al Banco de España.

¿Cómo y dónde debo gestionar mi reclamación? Muy sencillo:
Recopila toda la documentación que puedas aportar. Por ejemplo, el contrato del que deriva tu reclamación, extractos, recibos bancarios donde figuren los apuntes con los que no estás conforme, correspondencia mantenida con la entidad.
Con la información y documentación que tengas, tienes dos caminos (cualquiera de los dos es válido):

1º camino: dirígete a tu banco, intenta solucionar el problema allí mismo y, si no es posible, desde la misma oficina o en cualquier otra sucursal, rellena el formulario de reclamaciones. Si no, un folio cualquiera con tu nombre y apellidos, número del DNI, la entidad y el motivo de la reclamación te sirve. Es importante que te sellen la documentación, así que guarda una copia para poder demostrar que ya diste este paso.

2º camino: haz un escrito exponiendo tu reclamación y envíala por correo certificado, con acuse de recibo, o burofax a la entidad. Aunque no es imprescindible, se recomienda dirigirlo al Servicio de Atención al Cliente de la entidad o ante su Defensor del Cliente. Todos los bancos están obligados a contar con uno de estos servicios, pero la figura del defensor es voluntaria. En este link Abre en ventana nueva puedes encontrar la dirección a la que podrías dirigir tu escrito de reclamación:
Escribe de forma clara y breve el motivo de la reclamación.
Si no estás de acuerdo con su respuesta, o ha pasado un mes desde que presentaste tu reclamación sin respuesta, puedes presentarla en el Banco de España.

¿Cómo se envía la reclamación al Banco de España? Dos formas son válidas:

1.Por escrito: Abre en ventana nueva Mediante su entrega presencial en el Registro General del Banco de España o en cualquiera de sus sucursales, o bien remitirla por correo al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.

2.Por vía telemática: Abre en ventana nueva Se debe acceder a la Oficina virtual. En este caso se requiere, como paso previo para posibilitar dicho acceso, poseer un certificado digital válido y aceptado por el Banco de España.

No olvides que debes adjuntar la copia de la reclamación interpuesta ante tu entidad (y la respuesta, en su caso) y toda la documentación que puedes aportar. Si hiciera falta documentación adicional, el Banco de España te la solicitará por carta.

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Cascorro

6 de julio, 2019
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La Guardia Civil y la CNMV firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero

6 de julio, 2019

La Guardia Civil y la CNMV firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero
1 de julio de 2019 cnmv.es
• Se articulan mecanismos específicos para la lucha contra el fraude financiero relacionado con personas o entidades no autorizadas
• Una Comisión de Seguimiento promoverá la máxima cooperación entre ambas partes
El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han firmado hoy un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero y de las personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión.
En un contexto en el que las nuevas tecnologías y canales de comunicación digitales están propiciando cambios significativos en la industria de los servicios financieros, ambas instituciones consideran necesario profundizar en los mecanismos que garantizan la protección de los inversores.
El acuerdo establece un marco de colaboración que refuerza la cooperación y coordinación entre ambas instituciones y favorece el intercambio de información entre las partes.
Entre estos mecanismos de colaboración destaca el establecimiento de canales de comunicación ágiles y directos entre las dos instituciones. Así, la Dirección General de la Guardia Civil, a través de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, informará a la CNMV de las entidades o personas físicas no autorizadas que detecte que pudieran estar cometiendo infracciones de normas de los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con la prestación ilegal de servicios de inversión.
Se establecerá como Punto de Coordinación Nacional la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil que centralizará las investigaciones relacionadas con el objeto del convenio y las solicitudes de información a la CNMV.
Por otro lado, la CNMV comunicará a la Jefatura de Policía Judicial informaciones relativas a indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores y prestará asesoramiento para facilitar las investigaciones.
El convenio prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento para promover una adecuada coordinación y entendimiento entre las partes. Esta comisión estará integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos por parte de la Dirección General de la Guardia Civil. Las dos partes desarrollarán actividades de formación conjunta sobre las materias que se contemplan en el documento.
En marzo de este año la CNMV firmó un convenio de colaboración similar con la Dirección General de Policía para luchar contra el fraude financiero.
Actuaciones contra chiringuitos financieros
Tal y como se indica en Informe anual de la CNMV de 2018 recientemente publicado, la CNMV ha realizado un total de 620 advertencias (un 24% más que en 2017) sobre entidades que no están autorizadas para prestar los servicios de inversión.
Entre las principales operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en este ámbito, destacan:
OP. MIFOREX: Investigación con motivo de denuncia presentada por estafa en la plataforma www.stocksforex.com. Perjuicio causado 1.200.000 euros.
OP. BINARY: Querella interpuesta por un supuesto delito de estafa mediante el sistema de chiringuito financiero. 107.000 euros estafados. Los estafadores era brokers financieros de Reino Unido, simulan un mercado de financiación a través de la utilización de sofisticadas herramientas informáticas – software -, a través de la página web denominada www.optionsxo.com.
OP. BRONCO:Investigación con motivo de denuncia presentada por estafa. Cantidad estafada 142.000€.
El denunciante está recibiendo numerosas llamadas telefónicas en las que empleados de las dos empresas denunciadas, Capital Market Banc e Investint Pro, le presionan y amenazan para que realice más ingresos de dinero, bajo la amenaza de perder todo lo invertido hasta la fecha.
OP. QUIRINO: Estafa financiera en portal de Internet: “Briton Price”. Cuenta bancaria receptora situada en República Checa. Cantidad estafada: 10.000 euros.
OP. WATERMARK: Falsas inversiones con rentabilidades de hasta un 50 % de lo invertido. Empresa “INVERTRADE SYSTEM GROUP, LTD” situada en Barcelona. Cuenta bancaria receptora del dinero situada en Suiza. Inversión mínima por cada persona 10.000 euros. Multitud de afectados. La cantidad total estafada supera los 450.000€.
OP. INVERSIONIS: Investigación llevada a cabo como consecuencia de varias estafas en la compra/venta de valores que cotizan en el mercado XETRA. Más de 50 millones de euros estafados.

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Eloy Gonzalo

5 de julio, 2019
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Se desestima la demanda de medidas provisionales de D. Carles Puigdemont y de D. Antoni Comín para que se ordene al Parlamento Europeo permitirles tomar posesión de sus escaños

5 de julio, 2019

curia.europa.eu
Press and Information
Tribunal General de la Unión Europea
Comunicado de prensa n.º 85/19
Luxemburgo, 1 de julio de 2019
Auto del Presidente del Tribunal General en el asunto T-388/19 R
Carles Puigdemont i Casamajó y Antoni Comín i Oliveres/Parlamento Europeo
Se desestima la demanda de medidas provisionales de D. Carles Puigdemont y de D. Antoni Comín para que se ordene al Parlamento Europeo permitirles tomar posesión de sus escaños
Los demandantes, D. Carles Puigdemont i Casamajó y D. Antoni Comín i Oliveres, se presentaron como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019.
El 26 de mayo de 2019, la coalición Lliures per Europa (Junts), liderada por los demandantes, obtuvo 1.018.435 votos y consiguió dos escaños en el Parlamento Europeo. El 13 de junio de 2019, la Junta Electoral Central española adoptó un Acuerdo, publicado el 14 de junio de 2019, por el que se procedía a la proclamación de los Diputados electos, siendo dicha proclamación susceptible de recurso contencioso-electoral. La Junta también fijó en ese Acuerdo la fecha de la sesión en la que los candidatos electos debían prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución.
El 15 de junio de 2019, el Juez Instructor del Tribunal Supremo se negó a retirar las órdenes de detención que pesan sobre los demandantes. El 17 de junio de 2019, la Junta Electoral Central se negó a aceptar la solicitud de los demandantes de acatar la Constitución española mediante una declaración escrita hecha ante notario o mediante representantes legales designados en un documento notarial. Según los demandantes, el 21 de mayo de 2019 el Senado español había aceptado una declaración escrita hecha ante notario como un medio válido de prometer acatar la Constitución española.
El 17 de junio de 2019, la Junta Electoral Central notificó al Parlamento Europeo una lista de los candidatos electos en España, en la cual no figuraban los demandantes. El 20 de junio de 2019, la Junta Electoral Central española envió una carta al Parlamento Europeo notificándole una resolución adoptada por dicha Junta e informándole de que los demandantes no adquirirían el estatuto de miembros del Parlamento Europeo […] hasta que no juraran o prometieran acatar la Constitución española.
El Presidente del Parlamento Europeo envió una carta a los demandantes el 27 de junio de 2019, poniendo en su conocimiento el contenido de la carta remitida por las autoridades españolas e informándoles de que, hasta que no recibiera ulteriores noticias de dichas autoridades, no podría tratar a los demandantes como futuros miembros del Parlamento Europeo.
El 28 de junio de 2019, los demandantes interpusieron una demanda de medidas provisionales en la que solicitaban al Presidente del Tribunal General que –hasta que se resolviera sobre el fondo del recurso principal interpuesto ese mismo día– suspendiera la ejecución de una serie de decisiones del Parlamento Europeo relativas a los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019 oficialmente declarados por España, y que ordenara a dicha institución adoptar todas las medidas necesarias para permitir que los demandantes tomaran posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo desde la sesión constitutiva que debía celebrarse tras las elecciones, el 2 de julio de 2019.
Por consiguiente, el Presidente del Tribunal General considera que la demanda de medidas provisionales no puede prosperar, de modo que queda desestimada.

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Velero en la bahía

4 de julio, 2019
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