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Archivo del 29 de agosto de 2008

Culpables de la crisis

Viernes, 29 de agosto de 2008

Francisco Rodríguez Barragán. Siglo XXI

Hace unos meses, en una conversación sobre la situación económica, expresé mis temores de que se avecinaban tiempos difíciles, pero otros contertulios mostraron su confianza en que todo se arreglaría porque “no podíamos ir hacia atrás ni descender del nivel de vida alcanzado”. Mantuve que ninguna situación está garantizada y que podríamos ir a peor, opinión que no fue acogida por los demás.

Ahora cuando vemos que los precios aumentan, que muchos quedan en paro, que las ventas no cubren las expectativas de los comerciantes, que no es fácil conseguir un crédito, que los intereses de las hipotecas aumentan, que grandes empresas acuden al concurso de acreedores y otras pequeñas van desapareciendo, ha comenzado el miedo y se alza el clamor de que el Gobierno tiene que tomar medidas.

El Gobierno, primero negó que hubiera problemas y nos aseguró que estábamos en una situación envidiable para resolverlos. Después habló de que se trataba de dificultades puntuales que se resolverían en breve plazo. Luego amplió los plazos y echó la culpa de los problemas al precio del petróleo, a la administración norteamericana y, como no podía ser de otra manera, al partido de la oposición y al gobierno anterior.

Lo que se dice medidas del Gobierno no hemos visto ninguna, si acaso algunas ocurrencias escasamente meditadas. El primer partido de la oposición propone un amplio recetario, que el gobierno ni siquiera lee y los ciudadanos, me temo, que tampoco. El presidente Zapatero se dedica a repetir, como un disco rayado, que no va a dar ni un paso atrás en el “gasto social como querría la derecha”, para convencer a la gente que la izquierda es buena y la derecha mala, malísima.

El gasto social en sanidad y enseñanza dejó hace tiempo de estar en manos del Gobierno central y pasó a las Comunidades Autónomas. Las prestaciones de jubilación, invalidez, viudedad o desempleo, no transferidas a las CC.AA., están reguladas por Ley y no cabe ninguna medida discrecional sobre ellas. La ley de dependencia no parece fácil de llevar a la práctica y menos aun en esta situación. No sabemos realmente a qué gasto se refiere el Presidente.

Todos siguen esperando que el Gobierno tome medidas, pero hay quienes se organizan para que las medidas que tome les beneficien a ellos y buscan la colaboración de “conseguidores” relacionados con la Moncloa y de los altavoces mediáticos que convenzan a la gente de la bondad de las medidas que proponen, como pueden ser que el Gobierno les compre el suelo o los edificios que no consiguen vender. Es probable que se salgan con la suya. Los políticos creen que pueden hacer lo que quieran con el dinero que pagamos los contribuyentes. Los votos en las elecciones o en el parlamento legalizan todas las conductas, aunque no legitiman ninguna.

En este desaguisado todos tenemos nuestra parte de culpa aunque resulte difícil que alguien lo reconozca. Creímos que comprando una o varias viviendas nos haríamos ricos sin esfuerzo, que se revalorizarían perpetuamente, que el mejor ahorro y la mejor inversión era el ladrillo. Ahora sobran viviendas y las inmobiliarias cierran porque no venden ninguno.

La construcción ha sido como las estafas piramidales en las que todos creen que pueden ganar. Todo empezó cuando alguien puso en manos de los ayuntamientos una varita mágica con la que decidían, sobre el mapa, dónde y cómo construir. El suelo enriqueció, sin esfuerzo, a muchos propietarios de terrenos de cultivo. Esta riqueza fácil podía ser compartida con sus benefactores municipales. Aumentó el precio del suelo y las viviendas se encarecieron. Autorizar diez plantas en una playa, ¡menudo negocio!

Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas encontraron en este trapicheo de la construcción una fuente de ingresos, que creyeron inagotable, para sus presupuestos y los sustanciosos sueldos de los políticos y el aumento imparable de una clase clientelar de funcionarios. ¿Podrá seguir manteniéndose este tinglado?

Después de los años ochenta, en que los créditos bancarios tenían unos intereses hasta del catorce por ciento o más, llegó el dinero barato. Mucha gente se convenció de que era mejor deber un préstamo que ahorrar y las entidades financieras se lanzaron a prestar dinero para construir, vender y comprar viviendas. Si no había ahorro suficiente para tanto préstamo, se compraba dinero fuera de España. No había problema. La automática y milagrosa revalorización de los inmuebles todo lo resolvería. La parte de culpa de las entidades financieras ¿quién la pagará?

El precio de las viviendas se anunciaba públicamente, pero a la hora de formalizar la escritura de compraventa el que se consignaba era muy inferior al real, aunque el comprador no pagaba nada sino que, al mismo tiempo, recibía de una entidad financiera un préstamo por la totalidad del precio de la vivienda más gastos, que garantizaba con hipoteca sobre el piso que acababa de comprar por un precio mucho menor que el préstamo. El importe de este préstamo pasaba íntegramente a manos de la promotora o constructora. ¿Por qué importe contabilizaría la venta de la vivienda?

El mecanismo defraudatorio es bastante claro y la Administración Tributaria, que revisa tanto la escritura de compra como la de hipoteca, mira para otro lado y los notarios, a quienes se les impuso la obligación legal de luchar contra el fraude y el blanqueo de dinero, nunca han denunciado a nadie, que yo sepa. Si la Administración Tributaria no actua, ¿por qué habría de hacerlo el notario?

¿Para qué seguir? El afán de lucro de unos y otros, de todos, nos ha llevado a esta situación. Aceptemos cada cual la parte de culpa que nos toque y desconfiemos siempre de las ganancias sin esfuerzo y de las promesas de los políticos. Por favor, que cuando lleguen otras elecciones nuestros votos no legitimen a ningún político incompetente y mentiroso del color que sea.

Los fraudes más habituales con las VPO

Viernes, 29 de agosto de 2008

Los servicios de inspección de los departamentos de Vivienda de las distintas comunidades autónomas tienen mucho trabajo. Los fraudes y engaños para vender, alquilar, no habitar o utilizar como segunda residencia una VPO son cada vez más habituales
Goizeder Lamariano . PAMPLONA Diario de Navarra.es Jueves, 28 de agosto de 2008
No ocupar la vivienda protegida, cederla a otra persona, vender el piso sin que supere el período necesario para descalificarlo o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las administraciones públicas. Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas elevadas y las más graves implican la pérdida de la VPO.
Ante un fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia, como Navarra, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar la inspección.
Muchos demandantes desconocen que cuando se les otorga la VPO tienen que pagar como entrada el 20% del coste total porque sólo se financia el 80% mediante hipoteca, mientras que en la vivienda libre el porcentaje financiable puede ascender al 100%. No hacer frente a esta cantidad es una de las causas que provocan que el piso se conceda a otra persona.
Para atajar el fraude en las viviendas de protección, las comunidades autónomas están creando servicios especiales que se dedican exclusivamente a la inspección de las mismas. El objetivo es garantizar que ninguna de las VPO que se entregan sea ocupada por personas distintas a las adjudicatarias, que no se vendan o alquilen de manera irregular, o que permanezcan vacías.
Entre los compromisos que adquiere la persona que compra una VPO se encuentra el de vivir en ella de manera habitual y utilizarla como primera residencia. Solamente se pueden pasar fuera tres meses al año, aunque dependiendo de la región en que se habite este período puede variar. Es más común de lo que se piensa que el titular del piso de protección oficial tenga otras residencias adquiridas posteriormente (a su nombre o al de otras personas) y que utilice la primera como lugar de vacaciones, lo que constituye una falta muy grave.
También se puede dar el caso de que la VPO permanezca vacía. Cuando se firma el contrato, las cláusulas reflejan la obligación de entrar a vivir en el piso en un período de tiempo determinado. Si el titular no cumple, puede perder la propiedad. Tirando de una persiana bajada durante un mes, el buzón lleno de correspondencia o el contador de la luz, el agua o el gas a cero, los inspectores pueden preguntar a los vecinos y visitar en varias ocasiones la casa hasta llegar a la conclusión de que está vacía. Muchos pisos ya han sido retirados por esto.
Otro fraude es vender la vivienda protegida sin estar autorizado. No se puede transferir una VPO a otro dueño hasta que pase un período de tiempo determinado. Para venderla, ha de solicitar previamente su descalificación y que ésta se lleve a cabo. El fraude consiste en poner a la venta la vivienda por el precio máximo que permite la comunidad autónoma y añadir un importe que el comprador paga en negro. Suele ser una cantidad bastante elevada pero que, sumada a lo que cuesta el piso, no asciende a lo que se paga en el mercado libre. De este modo, tanto el comprador como el vendedor resultan beneficiados. La venta del piso de forma fraudulenta es una de las prácticas más graves según la normativa. La VPO puede ser expropiada si permanece vacía y si se cede o alquila de manera fraudulenta.
Es muy común que los titulares de la vivienda protegida la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o recibiendo dinero mediante fórmulas que se alejan de la legalidad. Muchas veces esta ilegalidad se advierte a través de las facturas de la luz, el gas o la correspondencia certificada que llega al buzón con el nombre de personas que no son titulares de la casa. Tampoco se puede alquilar un piso protegido sin un permiso previo. En todo caso, si el arrendamiento se permite, ha de ser a precio de VPO y no del mercado, ya que el titular no puede lucrarse con esta vivienda ni utilizarla para especular.