AIRE

El Confidencial Digital. 3 octubre 2008

Los empleados públicos advierten del riesgo de ”˜pensionazo”™ que entrañan los Presupuestos Generales del Estado presentado por Pedro Solbes. Este borrador incluye una “rebaja histórica” de 25-40% en las pensiones de jubilación por enfermedad o incapacidad.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, son muchos los funcionarios que se preguntan cómo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puede “por un lado, asegurar que no van a recortar derechos sociales, mientras por otro están intentando aprobar en los presupuestos generales el pensionazo”.
Con esta particular denominación, miembros de este colectivo han querido denunciar en estas páginas las similitudes entre esta nueva norma y el ”˜decretazo”™ o Real Decreto-Ley 5/2002, aprobado unilateralmente por el Partido Popular en mayo de 2002 y que desembocó en una huelga general durante la presidencia española de la Unión Europea.
Su preocupación viene motivada por dos aspectos muy concretos del borrador presupuestario para 2009, presentado por el vicepresidente Económico Pedro Solbes y pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados.
El texto recoge dos disposiciones adicionales de los presupuestos -13 y 16 del tomo ”˜Articulado de la Ley”™- referentes a la Ley de Clases Pasivas del Estado, que, a juicio de varios funcionarios consultados por este confidencial, suponen “modificar esta legislación sin abrir debate alguno”.
La aprobación de este texto legal “tal y como está ahora”, supondrá una reducción significativa de la pensión que perciben los funcionarios que se han tenido que acoger a la jubilación por enfermedad o incapacidad definitiva para desarrollar su actividad laboral.
Tal y como recoge la primera de esas disposiciones, a partir del próximo 1 de enero de 2009 y con vigencia indefinida, “las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad que se causen al amparo del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, tendrán una cuantía del 75 por ciento del importe que resulte de la aplicación de las normas”.
Además, desde enero de 2009, no será compatible para estos trabajadores públicos percibir pensiones de jubilación o retiro mientras ejerzan cualquier otra actividad por cuenta propia o ajena, que de lugar a la inclusión de su titular en cualquier régimen público de Seguridad Social.
No obstante, hay excepciones. Si el trabajador en cuestión no está incapacitado para toda profesión u oficio, podrá compatibilizar “el percibo de la pensión con el desempeño de dicha actividad siempre que sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado”.
En este caso, y mientras dure dicha situación, el importe de la pensión reconocida, se reducirá al 75% de la correspondiente cuantía, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.
Quienes tendrán que tomar una decisión sobre sus ingresos en los próximos meses son aquellos funcionarios que hayan disfrutado de este tipo de pensiones hasta la entrada en vigor de esta normativa.
En estos casos, los afectados por la nueva legislación tendrán de plazo hasta el 31 de julio del año que viene para elegir entre cobrar la pensión por jubilación que les ofrece Hacienda o la retribución de sus otros servicios profesionales prestados.

Strauss-Kahn: ‘Hay que actuar rápido y de forma concertada’
Finlandia considera ‘una mala idea’ que sólo se reúnan los poderosos
04/10/2008 Agencias
París.- Los líderes de los cuatro miembros europeos del G-8 (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) pidieron este sábado a Bruselas “flexibilidad” sobre las reglas que limitan las ayudas públicas a las empresas para afrontar la crisis financiera.
Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi y Gordon Brown se reunieron en el Palacio del Elíseo, en París, para abordar las turbulencias de los mercados y buscar una respuesta coordinada.
Al encuentro asistieron también el presidente de la Comisión Europea, José Manuel DurÍ£o Barroso, y los presidentes del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, y del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
El gobernante francés, como anfitrión, fue el encargado de explicar los acuerdos alcanzados en la ‘minicumbre’, entre ellos apoyar a las entidades bancarias y financieras ”””cada Gobierno con sus propios medios, pero de manera coordinada””” y, si se procede a una intervención pública, sancionar a los directivos responsables de las empresas en quiebra.
De especial relevancia ””dada la postura intervencionista que ha adoptado Estados Unidos para amortiguar el impacto de la crisis”” resulta el deseo, expresado por el cuarteto europeo del G-8, de que Europa “dé muestras de flexibilidad en sus decisiones en materia de ayudas estatales”, aunque “manteniendo los principios del mercado único y del régimen de ayudas de Estado”.
También piden que la ortodoxia macroeconómica representada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que obliga a los países que lo han suscrito a mantener el déficit público por debajo del 3%, se aplique “teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos”, explicó Sarkozy.
Los mandatarios respaldaron la convocatoria “lo antes posible” de una cumbre internacional para la “refundación del sistema bancario internacional”. En ella, según los líderes europeos, deberá acordarse regular y supervisar a todos los actores del mercado, no sólo a los bancos comerciales sino también a las agencias de calificación de riesgos, los ‘hedge funds’ y los bancos de inversión.
Coordinación contra individualismo
También acudió a la capital francesa el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, quien se reunió con Sarkozy. El ex ministro francés advirtió de que “hay que actuar rápido y de forma concertada” ante la “muy preocupante” situación de los mercados.
Strauss-Kahn animó a los líderes europeos a unirse para hacer frente a la peor crisis financiera desde 1930. “Lo que cuenta es la coordinación y no la actuación individual de cada uno”, añadió. Dada la actual situación, Kahn anunció que el FMI va a publicar previsiones “muy sensiblemente a la baja” con respecto a lo que había anunciado, y que además en el sector financiero “las pérdidas se revelan más importantes” de lo anticipado en abril.
La ‘minicumbre’ parisina ha sido criticada por Finlandia, cuyo ministro de Finanzas, Jyrki Katainen, considera “una mala idea” que sólo los países más poderosos negocien la forma de resolver la crisis.

El impacto que está teniendo la crisis económica en el mercado inmobiliario se está reflejando en aspectos como el aumento de la subasta de viviendas, que en dos años se ha multiplicado por tres. Detrás de este incremento está la mayor tasa de morosidad y los altos precios de los inmuebles. Tanto particulares como promotores y bancos están optando por este mecanismo.

Libertad Digital (EFE) En declaraciones a Efe, el secretario de la Asociación Nacional de Expertos en Gestión de Enajenaciones y Subastas (ANEGES), Javier Zapatero, explicó que cuando la economía va a la baja, las subastas ganan peso como mecanismo de venta, al tiempo que lamentó que no están saliendo tan bien como sería deseable por las dificultades de financiación que hay en la actualidad, lo que complica las compras.

Apuntó que en los últimos años se ha incrementado el uso de las subastas para vender viviendas tanto por parte de particulares como de promotores y bancos porque las posibilidades de vender algo al mejor postor superan a las de colocar algo a un precio fijo.

“Hace dos años prácticamente no había gestión de subasta en España”, aseveró Zapatero, que dijo que desde entonces las subastas no judiciales se han triplicado y estimó que de cada cien casas que se venden, veinte se colocan a través de subastas.

El secretario de ANEGES subrayó que habitualmente las subastas ofrecen descuentos del 15 ó 20 por ciento respecto a los precios de la vivienda en el libre mercado, a lo que añadió que actualmente estos ratios se superan. Agregó que en el caso de los bancos, muchos no están sacando “toda la morosidad” a los juzgados porque, dada la dificultad para obtener un préstamo, faltan compradores.

En este sentido, recordó que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la adjudicación en subasta judicial tiene que hacerse, como mínimo, por el 70 por ciento del valor de tasación del inmueble.

Como en los últimos años los valores de tasación están “algo altos”, el tener que comprar por encima de ese 70 por ciento hace que las subastas judiciales no resulten ventajosas.

Los bancos y cajas, cuyo negocio es financiero y no inmobiliario, recordó Zapatero, prefieren que los propietarios saquen a la venta sus viviendas al mercado o intentan venderlas a través de empresas de gestión de subastas.

Beatriz Corredor asegura que la restricción del crédito no afecta a la financiación de la vivienda protegida como lo demuestra el incremento en un 86% en las VPO iniciadas en el segundo trimestre
El nuevo plan recomienda que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere la tercera parte de sus ingresos
Se persigue la consecución de un parque público de VPO a disposición de todos los españoles, para lo cual se mantendrá la protección de las viviendas un mínimo de 30 años
El alquiler representará el 40% de las actuaciones durante los próximos diez años
El registro de demandantes de vivienda protegida permitirá un conocimiento real de sus necesidades y aportará transparencia a todo el proceso
Los adjudicatarios de una vivienda pública podrán optar por un tipo fijo o uno variable en sus hipotecas
La rehabilitación también llegará a los núcleos pequeños del medio rural

30 de septiembre de 2008.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada para debatir con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en calidad éstos de invitados, los pormenores del futuro Plan Estatal de Vivienda 2009-2012.
El borrador del Plan que hoy ha presentado la ministra “permitirá que los ciudadanos de todos los tramos de renta puedan optar por el sistema de acceso a una vivienda que mejor se adapte a sus circunstancias porque se establecen los mismos niveles de renta tanto para el alquiler como el alquiler con opción a compra y la compra en las tres categorías de VPO que se establecen, régimen especial, general y de precio concertado” ha explicado Beatriz Corredor. Así, se establece una nueva categoría, la de régimen especial (para ingresos familiares inferiores a 2,5 IPREM, 17.500 euros anuales), también para el alquiler cuando en el Plan vigente se limitaba a la compra. Las familias con rentas de hasta 4,5 veces IPREM (31.500 euros anuales) podrán acceder a una vivienda de régimen general (en cualquiera de las tres modalidades) y las que tengan ingresos de hasta 6,5 IPREM (45.400 euros anuales)a una de precio concertado.
“El Plan -ha asegurado la ministra- vuelca sus recursos en la atención a los colectivos preferentes por su especial vulnerabilidad”. Aparece la figura del alojamiento para estos colectivos sobre suelos dotacionales, se mantienen las ayudas directas al inquilino con ingresos de hasta 2,5 IPREM, que serán compatibles con el hecho de alojarse en una vivienda protegida y se amplia la percepción de la Ayuda Directa Estatal a la entrada a los colectivos con ingresos inferiores a 4,5 IPREM (antes sólo hasta 3,5 IPREM). A modo de recomendación, se establece que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda no supere la tercera parte de sus ingresos
Otro de los grandes objetivos del Plan es que el alquiler represente el 40% de todas las actuaciones en vivienda protegida durante los próximos diez años.
Asimismo, se persigue que la vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva promoción como por la reconversión del parque ya existente. En este sentido, la ministra ha anunciado dos medidas que facilitarán la salida del actual stock de viviendas sin vender: el Plan prorrogará al menos por un año la posibilidad de calificar viviendas libres no vendidas como viviendas de precio concertado y flexibilizará aún más la posibilidad de considerar como viviendas usadas las casas libres terminadas sin necesidad de esperar un año.
Registros de demandantes: mayor conocimiento y más transparencia
El Plan establece que todos los demandantes de vivienda protegida deberán estar inscritos en un registro público que crearán las CCAA que aún no lo han hecho. De esta forma, ha argumentado la ministra “se conocerán mejor las necesidades y circunstancias económicas de los demandantes y es el mejor sistema para garantizar los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia controlados por la administración pública que deben de presidir todo el proceso”.
El Ministerio persigue además la consolidación de un parque público de vivienda a disposición de todos los españoles de la generación actual pero también de las venideras. “Es un principio de justicia y solidaridad que las viviendas que conllevan ayudas públicas y que representan un esfuerzo de toda la sociedad, permanezcan el mayor tiempo posible al servicio de los colectivos más necesitados” ha dicho Beatriz Corredor. Por eso, el Plan mantiene la calificación de vivienda protegida un mínimo de 30 años.
El Plan también establece como objetivos, la colaboración de los Ayuntamientos contribuyendo, entre otras cosas con suelos dotacionales para construir alojamientos para colectivos específicos o vulnerables. También participando en los acuerdos sobre ́reas de rehabilitación, áreas de urbanización prioritaria de suelo y de renovación de tejidos residenciales.
En materia de rehabilitación, se pretende reforzar la actividad de mejora en aquellas áreas o zonas que presentan mayores elementos de debilidad, como los centros históricos, los barrios con edificios afectados por problemas estructurales y como novedad una línea específica de actuación en núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes en los que se ampliará el porcentaje de los recursos que se pueden destinar a obras de urbanización en las ́reas que se trate.
Financiación de vivienda protegida
En el transcurso de la reunión mantenida hoy se ha hablado igualmente de la restricción de crédito por parte de las entidades financieras para vivienda de protección oficial y de si esta circunstancia puede dificultar el acceso a una VPO. Sobre este aspecto, la ministra se ha mostrado tajante al afirmar que “el plan que estamos debatiendo va a tener la financiación correspondiente”. La ministra ha recordado que la VPO se sigue financiando y ha puesto como ejemplo que las viviendas protegidas iniciadas crecieron casi un 86% en el segundo trimestre de este año con respecto al periodo enero-marzo. Asimismo, la ministra ha recordado los avales del ICO por importe de 5.000 millones de euros este año y otros 5.000 anuales hasta 2010 para que se pueda financiar la construcción de vivienda protegida. En relación con los mismos, ha concluido “la restricción del crédito no tiene que afectar a las viviendas protegidas, que tienen detrás la garantía de las administraciones públicas y tienen la demanda asegurada”.

La banda intentó escapar al detener a uno de sus cabecillas

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Alicante han detenido, en una Operación Policial, a nueve ciudadanos de origen rumano acusados de falsificar documentos de identidad y mercantiles, informaron fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Uno de los arrestados, presuntamente el cabecilla del grupo, tiene antecedentes por delitos similares. La banda intentó huir al ser uno de ellos detenido.

Panorama-Actual – 04/10/2008

Los nueve detenidos (cinco hombres y cuatro mujeres) tienen entre los 22 y los 50 años de edad, además, el cabecilla del grupo está también reclamado por un delito de estafa cometido con uno de los nombres falsos encontrados en el registro efectuado.

La investigación se inició hace dos meses al tener conocimiento los policías adscritos a la Brigada Provincial de extranjería y Documentación (UCRIF III) de la Comisaría Provincial de Alicante, de la existencia de un grupo delincuencial organizado dedicado presuntamente a la confección, venta y distribución de documentos falsificados para su utilización en comercios de toda España.

Según explicaron, los detenidos realizaban documentos de identidad extranjeros, nominas, documentos notariales y mercantiles todos ellos falsificados para utilizarlos en comercios de la Comunidad y realizar compras y financiaciones fraudulentas de los productos adquiridos, usando la documentación falsificada.

La Policía consiguió la localización del piso donde se realizaban estas falsificaciones y pudo ir identificando unos tras otro a todos los presuntos miembros del grupo delincuencial investigado.

Posteriormente, se procedió en Alicante a la detención de uno de los cabecillas del grupo, siendo trasladado a la Comisaría de Alicante, momento en el que al tener conocimiento el resto del grupo de la detención iniciaron el desalojo del piso y de los objetos que allí se encontraban, llegando a formar una “verdadera cadena humana” para sacar todos los objetos del lugar con la máxima rapidez y celeridad, cargándolos en dos vehículos marca BMW adquiridos por la organización, momento en el cual la Policía procedió a la detención de todos ellos.

Seguidamente se realizó el registro domiciliario de dicho lugar en el que se intervino entre otros muchos objetos, ordenadores portátiles, escáneres, impresoras a color, papel de notariado, sellos húmedos, sellos falsos de notarios, papel timbrado del Estado, contratos de trabajo, pasaportes falsos, nominas falsas, útiles para la manipulación de documentos, destructoras de papel, 19 teléfonos móviles, GPS de vehículos, cámara fotográficas, y demás artículos.

Con esta operación policial se ha logrado la desarticulación de un grupo delincuencial organizado “muy activo” en la provincia de Alicante, pasando todos sus miembros a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción competente.