AIRE

I.- A través de sus distintos órganos ejecutivos, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) decidieron convocar en fecha 7 de octubre una jornada de paro de tres horas con la mira puesta en hacer saber a la ciudadanía las necesidades y las carencias con las que trabajamos diariamente y ante las que tenemos que redoblar esfuerzos para prestar un servicio público de calidad, habiéndonos impulsado a tomar esta decisión la noticia de la sanción impuesta por el Ministro de Justicia a nuestra compañera del Juzgado de lo Penal nº1 de Sevilla, Juana Gálvez, utilizándola para encubrir la ausencia de reformas modernizadoras de la Justicia a las que está obligado el Ministerio desde la Ley Orgánica del 2003, hace cinco años, y la ausencia de inversiones y de prestación de medios materiales y personales adecuados. Por ello, concluimos en su día el comunicado pidiendo el cese del Ministro de Justicia por no asumir sus responsabilidades.
Esta convocatoria de paro ha tenido el respaldo unánime de todo el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, manifestado en las innumerables Asambleas celebradas a lo largo y ancho del territorio nacional durante los días que han transcurrido desde su convocatoria. Y que hoy se ha plasmado en un seguimiento masivo del mismo, a pesar de los intentos de boicot del propio Ministerio de Justicia, que ha establecido unos servicios mínimos como nunca en la historia de la democracia se habían impuesto, y que nos ha obligado a denunciar ayer ante los tribunales por agresión a un derecho fundamental.
El objetivo de este paro, durante el menor y corto espacio de tres horas, ha sido la cesación de las actividades que diariamente desarrollan los Secretarios Judiciales, en las deplorables condiciones en las que trabajamos.

II.- El alcance de esta medida se extiende a lo largo de todo el territorio nacional, a través de las distintas asambleas provinciales y locales constituidas a tal efecto, cuya finalidad es debatir y poner de manifiesto la lamentable situación en la que hoy en día nos encontramos los que formamos parte de este Cuerpo Superior. Se considera necesario que la ciudadanía conozca la situación actual en la que se encuentran numerosos Juzgados, las competencias reales que corresponden al Secretario Judicial, figura ésta desconocida para la opinión pública, para que así se dé la posibilidad al ciudadano de determinar claramente a quien debe de atribuírsele la responsabilidad del mal funcionamiento de la Administración de Justicia en este país, y para finalmente poder impulsar desde nuestra posición la modernización de la Justicia que merece el ciudadano.

III.- Por ello se fijaron como objetivos del paro, los siguientes:
a) El rechazo ante la insuficiencia de los medios organizativos, personales, materiales e informáticos de los que se dispone para la realización de nuestras funciones, y en general de la Administración de Justicia, al haber sido la verdadera causa de lo ocurrido”. Debe iniciarse de inmediato una inversión económica sostenida en la mejora de los medios para el desarrollo de las funciones que nos son propias y para poder dar un servicio público con garantías y tecnológicamente moderno.
b) Desarrollo de la regulación de la Oficina Judicial prevista en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada por la LO 19/03, de 23 de Diciembre de 2003, y al efecto de su definitiva implantación con la creación de los correspondientes servicios comunes dirigidos en exclusiva por Secretarios Judiciales, ya que la competencia en cuanto a su diseño, creación e implantación corresponde al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas que tengan las competencias en materia de justicia transferidas.
c) Reforma de las Leyes Procesales, con una correcta división de funciones entre la Carrera Judicial y el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, quedando a los primeros la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado señalada constitucionalmente y con respecto a los Secretarios Judiciales desarrollar procesalmente el art 456 de la LOPJ.

IV.-Por último, asumiendo como siempre lo hemos hecho nuestras responsabilidades colectiva e individualmente, quisimos apoyar, tanto legal, como profesional y económicamente a nuestra compañera del Juzgado de lo Penal nº1 de Sevilla, en la idea de que ejerciendo las acciones legales que le competen en impugnación de la sanción impuesta, se esclarezca la verdad de las conductas y responsabilidades, evitando el que sirva de cortina de humo de las reales carencias de esta Administración, como ha pretendido el Ministro de Justicia, y que hace que en cualquier lugar pueda reproducirse lo que ha ocurrido.

Enlace a nota de prensa

Comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura de apoyo a las Juntas
Lunes 20 de Octubre de 2008 08:26

En Madrid, a 16 de octubre de 2008
El Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en reunión celebrada el día de la fecha con carácter extraordinario y urgente, ha decidido, por unanimidad, emitir el siguiente comunicado:
Nadie, en mayor medida que la APM, ha defendido la dignidad y esfuerzo extraordinario de los Jueces y Magistrados españoles en el ejercicio de su función, no obstante la precariedad con que se desarrolla, y denunciado lo intolerable de las injerencias e intromisiones que en los ámbitos jurisdiccional y de gobierno del Poder Judicial se han venido produciendo a lo largo de los últimos meses hasta alcanzar cotas de intensidad extraordinarias y hasta ahora desconocidas.
Nuestra posición al respecto, y a las pruebas, que las hay sobradas, nos remitimos, ha sido, en el seno del colectivo judicial, no sólo la más rotunda y reiterada, sino también la más difundida en los medios y, por ello, la más expuesta a las críticas de la opinión en general, en la que no han faltado las voces de quienes nos han acusado de considerarnos irresponsables, de defender posturas corporativistas y de olvidarnos del interés de los ciudadanos. Lo que hemos sobrellevado con respeto y tolerancia, pero sin retroceder un milímetro en la defensa de nuestros principios o sucumbir a la tentación de acomodar o rebajar, por razones tácticas o estratégicas, el contenido de nuestro discurso.
Nos hemos hartado de repetir, y lo hemos manifestado en numerosísimas instancias, tanto públicas como privadas, poniendo nuestra opinión al alcance de cuantos han querido escucharnos, que la mayor parte de los órganos judiciales del país presenta un estado cuyas características más predicables y definitorias serían: la saturación, las disfuncionalidades, la descoordinación -cuando no desorganización-, las carencias de todo tipo y la vetustez y obsolescencia en los medios. Así como, que esta falta de modernidad y puesta al día de la organización judicial, que tan negativamente repercute en la prestación del servicio público de la Justicia y que tanto desalienta y desanima a los Jueces, obligados a desarrollar constantes sobreesfuerzos sin estímulo ni reconocimiento alguno, sólo puede intentar superarse a partir de un compromiso político serio, decidido y sincero que, más allá de las buenas palabras y la retórica interesada, a la que tan acostumbrados nos tienen los políticos, sea capaz de traducirse en un sólido y duradero consenso y obtener reflejo suficiente y adecuado en el presupuesto.
Y refiriéndonos al expediente disciplinario incoado a D. Rafael Tirado, amén la elaboración de un exhaustivo y argumentado informe de defensa obrante en el expediente disciplinario, hemos manifestado, desde el primer instante y sin variación que la oficina judicial está basada, entre otros, en el principio de división de funciones, lo que significa reparto claro de cometidos, distribución concreta y específica de tareas y responsabilidad individual derivable por acción u omisión en el ejercicio de lo que a cada cual corresponde. Que los Jueces no constituyen en los órganos judiciales seres omnipotentes y omnipresentes, por lo que su función no anula ni por supuesto les atribuye el deber de control o vigilancia de las que corresponden al personal, dado que actualmente carecen de competencias de organización, gestión, inspección y jefatura, habiéndoseles sustraído la facultad de superior dirección que con anterioridad ostentaban, no correspondiéndoles estar al tanto y pendientes de todo y por todo, sumando a lo propio lo que resulta ajeno. Que actuar impulsivamente o con una razón disminuida o anulada por la emoción cuando se trata de definir lo disciplinariamente relevante o de determinar el contenido y alcance de las sanciones susceptibles de llegar a imponerse resulta, incluso en las situaciones más trágicas y que generan más conmoción o indignación, absolutamente improcedente. Y que las manifestaciones efectuadas por el Presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición sugiriendo la conveniencia de incrementar la sanción impuesta al Sr. Tirado, y muy especialmente las de la Vicepresidenta del Gobierno manifestando expresamente su esperanza de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con ocasión de la resolución del recurso de alzada, impusiera a aquél una sanción de suspensión de 3 años, suponían una grosera e intolerable injerencia en el ámbito de actuación del órgano de gobierno de un poder separado; eran demostrativas de una irresponsabilidad insuperable, y debían provocar la inmediata reacción del CGPJ en defensa vigorosa, indubitada y difundida públicamente de los principios de independencia judicial y separación de poderes.
Es este contexto, en cuanto a la estructura y organización judiciales innegablemente deficitario y, por ello, clamorosamente necesitado de acciones políticas de mejora y modernización impulsadas sobre la base de una inversión sostenida y suficiente; y en cuanto a las relaciones institucionales salpicado de incidentes descorteses y declaraciones irrespetuosas que han ido in crescendo; es este contexto decíamos, el que explica todas nuestras acciones y el que subyace al malestar y enfado generalizado que ha venido arraigando en el colectivo judicial y que ha terminado por provocar, al llegarse a cotas ya insoportables, y a impulso de los acuerdos adoptados en la última reunión de Jueces Decanos celebrada en la ciudad de Cádiz, la convocatoria masiva de Juntas de Jueces previstas en su celebración para el próximo martes día 21.
Por ello precisamente, y en plena coherencia con todo cuanto habíamos venido haciendo hasta entonces, decidimos días atrás, instar la convocatoria urgente de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP); solicitar, con la misma urgencia, audiencia al Presidente del CGPJ; mostrar nuestro más firme apoyo a la decisión adoptada por los Jueces Decanos y adherirnos sin matices y suscribir de forma plena todos y cada uno de sus acuerdos.
Y por lo mismo consideramos ahora que, sin perjuicio de proseguir con todas y cada una de nuestras iniciativas y sin renunciar a ninguna de las que podamos como Asociación adoptar en el futuro, debemos animar a todos los Jueces, estén asociados o no, a que concurran a las Juntas que han sido convocadas. Y también, a que participen de forma protagonista y activa en cuantas finalmente se celebren contribuyendo, a través de un profundo y ponderado análisis de la situación y en el marco de un proceso deliberativo respetuoso, sereno y desarrollado desde la racionalidad, a la adopción, con prudencia y responsabilidad, de cuantos acuerdos procedan. En la seguridad de que contarán con el más firme apoyo de la APM de cara a conseguir la mejora del servicio público prestacional de la Justicia, así como la dignificación del ejercicio de la función jurisdiccional, y el fortalecimiento y profundización en el principios de independencia, separación de poderes y lealtad y respeto institucional.
Ese es el camino que a nuestro juicio debemos recorrer entre todos. Y como siempre ha defendido y defenderá la APM, dando ejemplo de sensatez y sentido común; evidenciando nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos; demostrando altura ética y profesional, y manifestando sentido institucional y del Estado.
Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura

JpD ante las Juntas de jueces del día 21
15 de octubre de 2008

Con motivo de las convocatorias de Juntas de Jueces en toda España, que tendrán lugar el día 21 de octubre, fruto de la reunión de Jueces Decanos celebrada en Cádiz, y a la vista de las numerosas manifestaciones realizadas por miembros del colectivo judicial, Jueces para la democracia quiere dejar constancia de lo siguiente:
1.- Reiteramos nuestro más firme rechazo a las injerencias reiteradas que desde el Poder Ejecutivo se vienen realizando en el órgano de gobierno del Poder Judicial, tratando así de condicionar su actuación en el ámbito disciplinario.
2.- Reclamamos que la exigencia de responsabilidad de los jueces y magistrados se realice en condiciones de independencia e imparcialidad, conforme a criterios de estricta legalidad, y que la misma no sea utilizada demagógicamente para ocultar las responsabilidades políticas en las deficiencias crónicas de la Administración de justicia.
3- Instamos al recién renovado Consejo General del Poder Judicial a fin de que defienda con contundencia su propia independencia y, sobre todo, la del Poder Judicial, reivindicando la dignidad de jueces y magistrados, y respondiendo de forma clara y decidida ante las descalificaciones gratuitas. El órgano de gobierno del Poder Judicial debe ser el primero en denunciar la utilización populista del comprensible dolor de las víctimas de los desgraciados sucesos acaecidos recientemente, pues esta estrategia tiene por objeto centrar la atención mediática en las responsabilidades personales de los titulares de los órganos judiciales, ocultando así otras responsabilidades políticas de carácter colectivo.
4.- Los Jueces y Magistrados y las Asociaciones Judiciales debemos tomar conciencia de la necesidad de ser muy activos en defensa de la independencia judicial, garantía básica de un Estado de Derecho. La reivindicación de un Poder Judicial independiente no es sólo un deber respecto a nuestro propio colectivo sino además y por encima de todo un deber para con los ciudadanos a los que servimos.
5.- Reiteramos el compromiso de JUECES PARA LA DEMOCRACIA con la Justicia como servicio público. Los ciudadanos deben saber que el ejercicio adecuado y responsable de nuestra función requiere, como soporte básico, de una Administración de justicia ágil, moderna y eficaz, y por ello debemos denunciar las deficiencias estructurales que la aquejan, concretadas en una injustificable carencia de medios y falta de racionalidad en su utilización, sobre todo en los juzgados de pueblo. La oficina judicial no responde a las actuales necesidades que demanda la sociedad. Su estructura organizativa es antigua y está anquilosada, a remolque del cambio social, funcionando con las mismas pautas que hace decenios. La modernización de la sociedad española, merced al cambio político y al desarrollo económico, ha conllevado un considerable aumento de la litigiosidad y de la complejidad de los asuntos pero, sin embargo, se da la paradoja de que la organización judicial apenas ha cambiado. Por todas estas razones, es imprescindible que los responsables políticos del Estado y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, apuesten decididamente por un nuevo diseño de la Administración de justicia, acometiendo las reformas legales que sean necesarias. Jueces para la Democracia considera prioritarias las siguientes actuaciones:
- Desarrollar e implantar definitivamente una nueva oficina judicial, diferenciando nítidamente los ámbitos de decisión y, por ende, de responsabilidad.
- Aprobar las reformas de leyes procesales que sean necesarias.
- Adecuar la planta judicial al volumen real de trabajo, posibilitando así un mayor control de los procedimientos y una mejor calidad de la respuesta judicial.
- Suprimir el ascenso forzoso, factor permanente de inestabilidad de los juzgados de pueblo, incompatible además con la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral.
- Revisar la política de nombramientos judiciales discrecionales.
- Proponer a través de la CIP un calendario concreto de actuaciones.
6.- Apoyamos la iniciativa de los Jueces Decanos de convocar Juntas de Jueces a nivel nacional para el día 21 de octubre, así como el contenido íntegro de la declaración conjunta del día 8 de octubre.
7.- Rechazamos que la celebración de las Juntas de Jueces supongan la paralización de la actividad en los órganos judiciales o cualquier tipo de paro encubierto o suspensión de señalamientos. Es necesario desvincular la convocatoria de Juntas de Jueces de la iniciativa de paros convocados por las asociaciones de secretarios judiciales.
Madrid, a 15 de octubre de 2008.

Reunión 20 de octubre 2008 Consejo
Asociación Francisco de Vitoria , 20/10/08, 14:33 h
La AJFV os detalla el resultado de la reunión mantenida hoy en la sede del CGPJ con todas las asociaciones judiciales.
Estimados compañeros:
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, os detallamos a continuación el resultado de la reunión mantenida en el día de hoy en la sede del Consejo General del Poder Judicial con todas las asociaciones judiciales.
A dicha reunión han asistido representantes de las cuatro asociaciones judiciales, y por parte del Consejo General del Poder Judicial han asistido el Vicepresidente de CGPJ y, entre otros, los vocales D. Manuel Torres Vela Doña Inmaculada Montalbán y D. Miguel Collado integrantes de la Vocalía de Relaciones con las asociaciones judiciales.
En la reunión se ha transmitido la importancia de las Juntas de Jueces convocadas para mañana día 21 que revelan el trato injusto y crítica desproporcionada por parte de algunos responsables políticos frente a las carencias con que se desarrolla el trabajo en los órganos judiciales. Se he pedido al Consejo General del Poder Judicial que se convierta en la voz de la carrera y reafirme su voluntad en defensa de la independencia, interna y externa, del Poder Judicial así como que asuma el liderazgo para resolver los problemas que afectan a la Administración de Justicia, promoviendo ante los distintos responsables las variadas y urgentes medidas de reforma, estableciendo una hoja de ruta y el compromiso de objetivos concretos y plazos temporales de ejecución.
Los distintos intervinientes del Consejo ha pedido que no se les haga responsables de todas las deficiencia anteriores y un voto de confianza en la labor recién iniciada si bien manifiestan que son conscientes de los problemas antes referidos y que desean asumir ese liderazgo y representación de la Carrera, en aras a la mejora de la Justicia como servicio público. Piden un esfuerzo coordinado, se comprometen a actuar en positivo en el futuro estableciendo reuniones de trabajo con todos los portavoces de la asociaciones para detallar objetivos y resolver los problemas que afectan a la Carrera y a la Administración de Justicia.
En el curso de la reunión, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho saber que ratifica su rotundo y total apoyo a las juntas de jueces convocadas en todo el territorio del Estado para el día de mañana, reiterando de esta forma lo que ya hicimos público ante toda la carrera judicial el mismo día 8 de octubre en la extranet del CGPJ, y repetimos en el comunicado del día 13 de octubre, en el que pedíamos a todos nuestros asociados la máxima participación en este movimiento, a la vez que anunciábamos la necesidad de adoptar medidas más intensas de movilización como sería la convocatoria de una huelga, apoyando igualmente en este extremo el sentir general de toda la carrera judicial al respecto.
En nuestra página web queda recogido por escrito y garantizado públicamente, este firme compromiso de la asociación con tales movilizaciones.
Aprovechamos la reunión para transmitir a los representantes del Consejo General del Poder Judicial el enorme malestar existente en la carrera judicial, por las continuas injerencias de los representantes políticos en materias que forman parte de las funciones constitucionales que corresponden en exclusiva a dicho organismo, a lo que además se aúna la demagógica manipulación que están haciendo esos mismos representantes políticos del luctuoso suceso del que pretenden responsabilizar injustamente ante la sociedad a jueces, secretarios y funcionarios judiciales, cuando saben perfectamente que es precisamente a ellos a los que les corresponde la máxima responsabilidad, por las históricas carencias de medios materiales y humanos de la administración de justicia.
Pedimos en la reunión, a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se sustraigan a las presiones que vienen recibiendo desde las altas instancias del Gobierno de la Nación, para adoptar con total libertad e independencia las decisiones que solo a ellos les competen, y restituir de esta forma el prestigio y la dignidad que corresponde al poder judicial, devolviendo algo de esperanza a la carrera judicial.
Y de forma expresa, planteamos a los miembros del Consejo General del Poder Judicial la exigencia de que se pongan al frente de este movimiento en defensa de la independencia y dignidad del poder judicial, rechazando con verdadera dureza las injerencias de los partidos políticos, así como su intolerable actuación que persigue confundir a la ciudadanía sobre quienes son los verdaderos responsables de estos problemas, denunciando públicamente ante toda la sociedad la situación insostenible en la que se encuentra la administración de justicia como consecuencia del secular abandono de la que sigue siendo objeto por su escasa rentabilidad electoral, exigiendo a los gobernantes la dotación de los medios precisos para desempeñar con dignidad nuestras funciones en servicio de los ciudadanos a los que nos debemos y en garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que a todos ellos ampara.Como medidas concretas que deben adoptarse, pedimos al Consejo General del Poder Judicial: 1º) La puesta en funcionamiento de una vez por todas de la oficina judicial, prevista para 2007 y de la que nada sabemos. Que se establezca un programa de puesta en marcha y un compromiso para su cumplimiento, contando con la colaboración de los jueces y magistrados, salvando las disfunciones que pudieren generar el hecho de que haya CCAA con las competencias transferidas, para conseguir la implantación de un único y solo modelo de oficina judicial y la necesaria coordinación entre todas ellas.; 2º) Herramientas informáticas adecuadas al momento actual, con interconexiones entre programas informáticos y la uniformidad o compatibilidad de los sistemas informáticos en todo el territorio nacional; 3º) Porque las guardias se retribuyan conforme a la responsabilidad y disponibilidad que requieren; 4º) Por un sistema de sustituciones adecuadamente retribuido. 5º) Para que a los funcionarios interinos de les nombre sin demoras y que estén formados para poder desempeñar su trabajo con garantías; 6º) Por una distribución racional de la carga judicial. Basta ya de juzgados sin asuntos y otros saturados, ampliación del número de juzgados previstos y planes dotación presupuestaria para planes de refuerzo; 7º) Que por el servicio de inspección se lleve a cabo una auditoria de la situación de la justicia en España por orden jurisdiccional y se informe a la sociedad de la realidad de la administración de justicia en España.
Somos conscientes de que el camino que nos queda por recorrer no va a ser nada fácil, pero la voluntad y firmeza que hemos demostrado los integrantes de la carrera judicial en este movimiento nos va a permitir sin duda alcanzar todas esas metas, y mañana vamos a dar el primer paso, demostrando al Gobierno, al CGPJ y a toda la sociedad, el nivel de compromiso, entrega y responsabilidad de todos los jueces y magistrados de este país para conseguir una administración de justicia verdaderamente eficaz al servicio de los ciudadanos.

En Madrid a 20 de octubre de 2008.

Comité Nacional

Propuesta que tambien defiende el PP, CIU y la AHE

Admite que esta decisión no es competencia de Vivienda y sí de Economía y Hacienda
En España, según los datos de Hacienda, había 230.745 de estos depósitos en 2006
20/10/2008 Elmundo.es Madrid.-

Con el mercado casi congelado y los bancos con el grifo de la financiación abierto a cuenta gotas, parece que el plazo para la ejecución de las cuentas vivienda de cuatro años se queda bastante corto. En este sentido, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha sido la última en dar su opinión al respecto y se ha alineado con la Asociación Hipotecaria Española, CiU y PP. Corredor considera “razonable” prorrogar los plazos de vencimiento de estos despósitos dada la actual situación del sector inmobiliario, aunque también ha dejado claro que esta decisión “no es una cuestión que entre en la competencia del Ministerio de Vivienda” sino al de Economía.
Lo que en un principio era un simple consejo mandado por Gregorio Mayayo, presidente de la AHE, parece que va tomando cuerpo. Mayayo indicó en su intervención en la Comisión de Expertos en Vivienda en el Congreso que sería conveniente “la posible prórroga, ampliación y mejora de las actuales cuentas vivienda en vigor” por las grandes dificultades que existen en la actualidad para acceder a un préstamo hipotecario.
Por lo general, las cuentas ahorro vivienda tienen un plazo de vencimiento de cuatro años, a excepción de algunas comunidades autónomas, y una deducción fiscal del 15% en la declaración de la Renta, hasta un máximo de 9.015 euros (ingresando el máximo, el beneficiario se puede deducir en la declaración de la renta más de 1.200 euros anuales). Cumplido este periodo, el beneficiario está obligado a adquirir una vivienda que debe ser su residencia habitual. De no cumplir este requisito, el titular del depósito debe devolver todo el dinero que le ha sido ingresado por Hacienda en ese tiempo más los intereses que éste le ha reportado.
De esta manera, y con el debate en su punto más álgido, la última voz oficial en pronunciarse ha sido la de la ministra Corredor, que se ha mostrado personalmente a favor de ampliar los plazos, aunque ha dejado claro que no es una decisión que le toque tomar a su cartera. “No me corresponde a mí pronunciarme, lo tendrían que decidir los que tienen competencia en ello: el Ministerio de Economía y Hacienda y las entidades financieras, que son las que facilitan las cuentas ahorro vivienda”, señala Corredor.
PP y CiU, a favor de la iniciativa lanzada desde la AHE
El grupo parlamentario de CiU fue el primero en recordar, tras la propuesta realizada por la AHE, que esta iniciativa ya la había planteado con anterioridad. “El grupo parlamentario catalán, haciéndose eco de esta petición, ya presentó una moción en la cual, entre otras cuestiones, apelaba a la necesidad de modificar el régimen fiscal aplicable a las cuentas vivienda para que se tenga en cuenta el efecto pernicioso sobre las mismas de la actual crisis financiera”, afirmó su portavoz en la materia, Pere Macias, a Su Vivienda.
En 2003, el Gobierno ya rechazó la posibilidad de prorrogar estas cuentas de cuatro a siete años propuesta por CiU
“Es evidente que hay que prorrogar el plazo para efectuar la inversión, de manera que la actual etapa no afecte a los ciudadanos que no pueden cumplir con su objetivo de adquisición de vivienda. Ésta, y otras medidas de alcance parecido, deberían ser atendidas por el Gobierno, en línea con el objetivo de mantener la confianza de los ahorradores en el sistema financiero. No hacerlo constituiría un síntoma de preocupante falta de atención al pequeño ahorrador”, apuntó Macias. En 2003, el Gobierno ya rechazó la posibilidad de prorrogar estas cuentas de cuatro a siete años propuesta por CiU. También es verdad que entonces el panorama económico e inmobiliario era muy distinto.
En la misma dirección apunta el Partido Popular en una de las 40 enmiendas que ha presentado al proyecto de ley que suprime el Impuesto sobre el Patrimonio. El grupo ‘popular’ ha propuesto aumentar el plazo de las cuentas de ahorro vivienda de cuatro a seis años para aliviar a los que se les acaba el plazo y a los que no pueden obtener una hipoteca. Aunque suene raro, por una vez, todos los partidos que se han pronunciado al respecto comulgan con la misma propuesta. Ahora sólo toca esperar cuál es la postura de Economía. Según los últimos datos disponibles en Hacienda, en España había 230.745 cuentas vivienda en 2006.

Habrá juntas de jueces en toda España y llueven peticiones para ir al paro del día 21 _ Los funcionarios también se suman
M. B. /A. F. C. Sevilla ABC 09-10-08
El paro lo convocan los secretarios pero gran parte del estamento judicial también quiere dejar de trabajar el día 21 en protesta por la injerencia del Gobierno. Ayer los jueces decanos de toda España decidieron en Cádiz rechazar el expediente abierto al juez Rafael Tirado y criticar las «constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias» que competen exclusivamente al CGPJ. «Entendemos intolerables las indicaciones sobre la sanción concreta que debería imponerse según su particular criterio», dijeron en un comunicado en el que piden que el CGPJ «esté ala altura y garantice la independencia judicial». «El poder político está acusándonos de todo a nosotros, hasta de la muerte de Mari Luz», decía ayer la decana de los jueces de Cádiz y organizadora del encuentro, Nuria Orellana.
Pero los jueces, que consideran que las críticas únicamente pretenden «ocultar la responsabilidad del poder político en la secular carencia de medios personales y materiales para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados», también estudian movilizarse. De momento convocarán juntas de jueces en toda España el día 21 mientras que las webs de jueces no paran de recibir correos pidiendo sumarse al paro. Según explicó, Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, hay más de 300 correos de toda España pidiendo ir al paro. De hecho el Foro tiene previsto contactar hoy con otras asociaciones judiciales para organizar paro en toda España.
La sensación de indignación, que ayer no ocultaban muchos magistrados de Sevilla, también llega a los funcionarios. En penal 1, se pusieron ayer en contacto con los sindicatos para secundar un paro que quieren que sea de todos los juzgados de Sevilla.
En cuanto a los secretarios, se reunían en la capital hispalense más de 75 para mostrar su «apoyo unánime» a Juana Gálvez, la funcionaria a la que Justicia ha sancionado con dos años de suspensión. En la reunión, a la que acudió Gálvez, se insistió en las tesis del Colegio Nacional: que Gálvez es una «víctima» que ha sido «criminalizada» por el ministro de Justicia para ocultar que no se ha puesto en marcha la Oficina Judicial desde 2003. También la falta de medios, de funcionarios o de un sistema informático en condiciones. «Lo que ocurrió con Mari Luz puede volver a pasar», dijo el portavoz en Sevilla, Luis Fernández Toribio.
Además, según el portavoz, el paro será el inicio «de una cadena de medidas» porque el gremio está «absolutamente indignado y escandalizado por la actuación del ministro» que, a su juicio, debe ser cesado. Los secretarios, que están recibiendo correos de apoyo de los jueces y que afirman que algunos juzgados ya han suspendido los juicios del 21, piden también a abogados y procuradores que se sumen al paro.
Y mientras en las sedes judiciales el personal echa humo, el ministro de Justicia, Mariano Bermejo atiza la caldera. Ayer vino a Sevilla y mientras con una mano prometía nuevos juzgados y medios para la justicia andaluza, con la otra y sin pelos en la lengua volvía a arremeter contra el CGPJ por dejar en una «simple multa» la sanción del Tirado y defendía la justicia de la suspensión por dos años a la secretaria del juzgado, eso sí, matizando que si al colectivo de secretarios les parece injusta es sólo en comparación con la del magistrado porque «la responsabilidad es primero del órgano judicial, del juez, y en segundo lugar de la secretaria del juzgado. Por ese orden» remachó. En este sentido pidió a los secretarios «que reflexionen» sobre el asunto.
Bermejo rechazó las acusaciones de injerencia en el poder judicial alegando que «yo me abstengo incluso de criticar las resoluciones de los jueces» y matizando que «cosa distinta es el órgano que gobierna a los jueces y que es un órgano constitucional y que toma decisiones que se pueden y se deben criticar». Y Bermejo ejerció con contundencia ese derecho a crítica que se atribuye asegurando que las decisiones tomadas «como despedida» por los componentes de la comisión disciplinaria «hay razones para criticarlas» porque «para muchos fueron una provocación».
Sobre si el Gobierno está usando al juez y a la secretaria como «chivos expiatorios» para eludir su responsabilidad por las carencias del sistema, Bermejo también fue contundente. Reconoció que hay fallos y que «nos preocupan» pero aseguró que lo ocurrido con el presunto asesino de Mari Luz es «excepcional». Dijo que esos fallos «no se dan todos los días» y que lo ocurrido en el caso de Mari Luz es resultado de «un cúmulo de negligencias» y que «en todas partes no se cuecen las mismas habas». Asimismo, Bermejo exoneró de culpa a la Fiscalía y a la acusación particular, ejercida por la Junta, que no reclamaron la encarcelación de Del Valle, por la razón de que la secretaria del Juzgado «no llegó a trasladar la sentencia a las partes».

Huelga en los juzgados / A raíz del ”˜caso Mari Luz”™
14/10/2008 Tribuna.net Salamanca
La Justicia será ciega, pero ni los secretarios judiciales ni los jueces ”˜calzan venda”™ o reparten cupones. Hartos de que les tape la visión más allá del cactus de su mesa la montaña de expedientes apilados ante la falta de medios, reclaman la modernización de una Justicia que no sólo conserva como rémora secular la peluca hortera y la toga, por lo que los primeros han convocado una huelga que paralizará la actividad judicial durante el próximo martes 21, con un paro de 10 a 13 que, en la práctica, convertirá ese día en un día sin Justicia, sin juicios. El caso Mari Luz es el detonante, aunque no el motivante. Una chispa trágica para desatar un fuego que parece eterno.
Carlos Mateos

Su tragedia reveló al gran público una “realidad que llevamos reivindicando desde 2003, al menos, fecha en la que se aprobó una Ley de modificación de las reglas procesales que sigue sin ponerse en marcha” lamentan fuentes judiciales. Cinco años sin cumplir la Ley, desde el Ministerio de Justicia. Según esta reforma, se “definirían las funciones de jueces, secretarios… que ahora están diluidas. La sanción a la compañera Juana Gálvez, (dos años en comparación con los 1.500 euros de multa con los que penará el famoso juez Tirado, por el retraso en ejecutar el ingreso en prisión del asesino Santiago del Valle), nos moviliza, pero el problema es mucho mayor que un caso concreto”. La ley recoge sustituir la estructura actual del juzgado, como tal, por una oficina judicial con un equipo mínimo de trabajo directo con el juez como máximo responsable de la tramitación de las sentencias, pero derivando otros trabajos a unos servicios comunes que se encargarían de citaciones, ejecuciones… La lógica de la división eficaz del trabajo, pura revolución industrial, a la que la justicia llega dos siglos tarde. La huelga está amparada por las dos asociaciones del ramo, tanto la Unión de Secretarios Progresistas como el Colegio de Secretarios, pero podrían tener unos aliados más. Los jueces, también quizá para no dejar tirado a Tirado, y haciendo de él su bandera, están planteando movilizaciones similares a un problema que les ha puesto en el punto de mira de la ciudadanía soliviantada por la impunidad de Del Valle. Los jueces valencianos, por ejemplo, ya han anunciado que se unirán al paro de tres horas organizado en el ámbito nacional para protestar por las “injerencias políticas del Gobierno” y por la falta de medios humanos y materiales que colapsan los juzgados. Este movimiento, nacido en Internet, aboga incluso por abrir las puertas de los juzgados “de verdad” para mostrar las condiciones en las que trabajan, los armarios llenos de papeles casi ya papiros, y los ordenadores de cuando los disquetes y el Súper Mario eran la última moda. “Todos podemos ser el juez Tirado” es el lema espontáneo de un movimiento que se agrupa bajo el sugerente nombre de ”˜Movimiento 8 de octubre”™, y que surge al margen de las asociaciones profesionales. Las togas, a las barricadas. Cosas de internet, y de una reivindicación de medios que se ahoga en montañas de papel y en una opacidad frente a la sociedad que exige eficacia a su Justicia mientras ignora en qué condiciones trabaja.

Lógicamente, la suspensión efectiva de estas actividades no supone la anulación de ningún proceso, pero si usted iba a entrar en la cárcel ese día, está de suerte. Se le asignará una nueva fecha, con demoras que podrían superar varios meses. A alguien, al menos, le vendrá bien esto.

20.10.08 (Periodista Digital).-

Están hartos de que el Gobierno insista en un irresponsable acoso al Poder Judicial buscando el aplauso fácil de un público mal informado. Desde la medianoche del pasado 8 de octubre, el correo electrónico interno de la carrera judicial ha sido el instrumento de una movilización histórica que empezará a visualizarse esta semana. Cientos de jueces se reunirán a partir de las 10.00 horas en todos los partidos judiciales de España para proclamar su independencia frente al Ejecutivo.
Desbordado por la dimensión de la protesta, el CGPJ ha convocado precipitadamente para hoy a los dirigentes de las asociaciones judiciales y a los jueces decanos. La decisión ha sido interpretada como un «intento de amedrentamiento» por los miembros del colectivo judicial, cuya opinión sobre su órgano de gobierno ya era suficientemente negativa. Intento, por lo demás, inútil: el nivel de hartazgo y frustración de los jueces que se refleja en los miles de mensajes cruzados en su correo corporativo es de tal entidad que no parece que las indicaciones de un Consejo históricamente desacreditado vayan a ser capaces de neutralizar la movilización de mañana, según informa El Mundo.
La movida arrancó a las 0.43 del 8 de octubre. En ese instante, los 4.600 miembros de la carrera judicial recibieron un correo electrónico enviado por un juez de 31 años, titular de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Extremadura y sobrino de Rafael Tirado, el magistrado de Sevilla para quien el Gobierno, por boca de la vicepresidenta Fernández de la Vega y del ministro de Justicia Fernández Bermejo, reclama una sanción de suspensión de tres años por el retraso en ejecutar una sentencia de cárcel impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés.
Unas horas antes, las dos asociaciones de secretarios judiciales habían anunciado la convocatoria de un paro de tres horas para el 21 de octubre en protesta por la decisión de Bermejo de suspender durante dos años a la secretaria judicial de Tirado. El ministro había cuadruplicado la sanción propuesta por la instructora del expediente.
«¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e insultan? ¿Por qué los secretarios pueden unirse en cuestión de horas y actuar de forma conjunta y nosotros no? ¿Qué hace falta para que levantemos la cabeza de los pleitos y plantemos cara?», decía el e-mail que encendió la mecha.
A partir de ese 8 de octubre, el correo interno del Poder Judicial se ha visto saturado por un incesante intercambio de mensajes en el que, de forma espontánea, cientos de miembros de la carrera, jóvenes y veteranos, asociados o no, se suman con entusiasmo a las reuniones de mañana, una forma de contestar a la «agresión» de un Gobierno que, a su parecer, ha abierto «una dinámica de irresponsable acoso al Poder Judicial buscando el aplauso fácil de un público mal informado».
El sentimiento de independencia frente al Ejecutivo y de reivindicación de la dignidad y profesionalidad de la Judicatura, pese a las lamentables condiciones en que trabaja, han aflorado con tal virulencia que son numerosos los mensajes en los que se plantea que el Movimiento 8 de octubre -tal como lo han bautizado los propios jueces- no termine mañana, sino que se prolongue con «medidas de presión», incluida la huelga.

20-10-2008 , por Expansión.com
El último informe de Merrill Lynch estima en 76.000 millones de euros las necesidades de capital adicional por parte de los bancos europeos. Deutsche Bank, Unicredit y BNP liderarían este ránking elaborado por los analistas de la firma estadounidense, en el que también aparecen Santander y BBVA.
Un total de 15 entidades europeas integran la lista elaborada por Merrill Lynch de bancos europeos que podrían tener que recurrir a capital adicional para afrontar la actual crisis del sistema financiero, que entre otras consecuencias, provocó el ‘rescate’ de Merrill Lynch.

El ránking lo encabeza uno de los bancos más castigados en bolsa en los últimos tiempos, Deutsche Bank. El gigante bancario alemán requeriría capital adicional por importe de 8.900 millones de euros.

De acuerdo también con las estimaciones de Merrill Lynch, el siguiente banco europeo más ‘necesitado’ de inyecciones de capital sería el italiano Unicredit (protagonista por el reciente refuerzo accionarial de Libia), con 7.400 millones de euros, una cifra similar a los 7.300 millones estimados para el francés BNP Paribas.

Fuera del podio de este ránking, Merrill Lynch sitúa, en cuarto lugar, a Santander. El mayor banco español podría necesitar reforzar su capital por un importe de 6.600 millones de euros.

El quinto lugar de esta lista lo ocupa Société Générale, uno de los valores más castigados en la jornada de hoy en las bolsas europeas, debido a los rumores sobre ampliaciones o inyecciones de capital. Los analistas de Merrill Stuart Graham y Alexander Tsirigotis cifran en 6.500 millones las necesidades adicionales de capital en el banco francés.

Las diez primeras posiciones de este ránking las completarían el alemán Commerzbank (6.200 millones de euros), el británico Barclays (5.100 millones), el italiano Intesa SanPaolo (3.700 millones), el belga KBC (3.600 millones), y el británico Standard Chartered (3.300 millones).

El francés Crédit Agricole (3.000 millones) y el irlandés Allied Irish Bank (2.800 millones) se situarán justo a continuación de este ránking, precediendo a BBVA, el 13º de esta lista. Desde Merrill Lynch cifran en 2.400 millones de euros las necesidades de capital adicional por parte del banco español.

El suizo UBS, con 2.400 millones de euros, y el nórdico Nordea Bank, con 2.100 millones, completan este ránking elaborado por los analistas de Merrill Lynch, que suma unas necesidades de refuerzos de capital por 73.000 millones de euros. ING, después de los 10.000 millones de euros facilitados por el Gobierno holandés, no ha sido incluido en esta lista.