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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo del 17 de noviembre de 2008

Comentario recibido hoy

lunes, 17 de noviembre de 2008

Soy empleada de una Registro de la Propiedad. Esto ya no se puede soportar, tenemos que tomar medidas, todavía no hemos alzado la voz. No sé si esto sería mejor o peor. Hace tiempo que me pregunto ¿se quieren cargar a los Registradores, y consecuentemente a los empleados de los Registros?. Estamos agonizando, nos sentimos impotentes ¿qué se puede hacer? necesitamos respuestas. Estamos esperando que se decide desde los Decanatos. Se está despidiendo gente. Necesitamos ese grito de auxilio, que no nos atravemos a dar sin consentimiento de nuestros jefes, por respeto a ellos, al sistema registral español, porque estamos orgullosos de lugar en el que trabajamos, por lo menos yo. Pero esto es una dictadura.
Se están tomando medidas que al cliente solamente le afectará puntualmente, pero en cambio al trabajador, al Registro de la propiedad se le está machacando, y de qué manera.
Necesitamos que alguien nos diga algo; Registradores y empleados somos piezas diferentes pero todos del mismo engranaje.

¡¡¡¡¡ALGUIEN ME ESTA OYENDO!!!!!!

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Resultado elecciones notariales: Decanos

lunes, 17 de noviembre de 2008

Andalucía: Don Antonio Ojeda Escobar.
Aragón: Don Eloy Jiménez Pérez.
Asturias: Don José Luis Fernández Lozano.
Baleares: Don Andrés María Montserrat Noguera.
Canarias: Don Francisco Javier Guerrero Arias.
Cantabria: Don José Corral Martínez.
Casrilla la Mancha: Doña Palmira Delgado Martín.
Castilla y León: Don Francisco Fernández-Prida Migoya.
Cataluña: Don Joan Carles Ollé Favaro.
Estremadura: Don José Guillermo Peña Peña.
Galicia: Don José Miguel Amigo Vázquez.
Madrid: Don Ignacio Solís Villa.
Murcia: Don Carlos Fernández de Simón Bermejo.
Navarra: Don Felipe Pou Ampuero.
Pais Vasco: Don Manuel López Pardiñas
La Rioja: Don Tomás Sobrino González.
Valencia: Don César Belda Casanova.

Los ayuntamientos se lanzan al cobro de más impuestos a los promotores inmobiliarios

lunes, 17 de noviembre de 2008

13-11-08 J. M. Lamet. Expansión
El matrimonio de conveniencia de los promotores y los alcaldes ha durado lo mismo que el boom de la vivienda. El fin de los beneficios inverosímiles y el «hasta pronto» de la demanda han llevado a los constructores a eliminar grasa, vigilando hasta el último céntimo de los costes de sus promociones, en busca de rentabilidad.
Al tiempo, los ayuntamientos sondean varias estrategias para recuperar el dinamismo recaudatorio, ya que el desplome del mercado residencial ha minado sus arcas. Se les rompió el ladrillo de tanto usarlo.

La última tentativa del poder local puede desembocar en un nuevo aluvión de litigios entre ambas partes. Los ayuntamientos se han lanzado a la revisión al alza de los presupuestos de ejecución de obras de los promotores, para, así, exigirles un bocado mayor de impuestos.

Al incrementar el peritaje de los costes, arguyendo que no se ajustan a la realidad urbanística de la obra en cuestión, los consistorios podrían girar nuevas liquidaciones complementarias del Impuesto de construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de las tasas por expedición de licencias urbanísticas o prestación de servicios, tributos imprescindibles para la edificación.

Pese a su heterodoxia, esta práctica se está popularizando en los últimos meses. De hecho, en la Comunidad de Madrid varias empresas dedicadas a la prestación de servicios locales «que prefieren mantener el anonimato» se han lanzado a asesorar a los ediles de localidades pequeñas y medianas.

Las fuentes jurídicas consultadas por Expansión confirman esta nueva tendencia impositiva. Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores, asegura: «Muchos ayuntamientos ni siquiera sabían que podían reabrir el presupuesto de ejecución de obras de los promotores para revisarlos al alza».

En la otra esquina de la contienda, los constructores tienen dos opciones. La primera es apechugar y plegarse al nuevo pago fiscal, para evitar contratiempos de peores consecuencias. En una época en la que la falta de liquidez y la dificultad para vender pisos apremian, ésta puede convertirse en la única opción para las inmobiliarias.

Pero hay una segunda opción: recurrir la decisión del ayuntamiento por la vía de lo contencioso-administrativo, con el consiguiente retraso para el saneamiento de las cuentas de unos y otros. En ese caso, se elaboraría un nuevo peritaje, determinado por un juez.

Hasta el estallido de las turbulencias subprime y la consiguiente merma de la financiación de proyectos urbanísticos, las promotoras habían satisfecho sin problemas algunas de las peticiones más heterodoxas del poder local, que concentra la facultad urbanística en España.

Planes parciales
De hecho, durante los años de bonanza, para no perder tiempo, y conservando altos beneficios, las empresas pagaban el ICIO y las tasas por servicios urbanísticos en la tramitación y aprobación de planes parciales y en los proyectos de urbanización o de reparcelación que contemplaban dichos planes.

Pero, a principios de este año (ver Expansión del 15 de febrero) abrieron una batalla legal contra los ediles que los exigían. Ahora ambas partes están condenadas a entenderse, ya que los despidos colectivos y los concursos de acreedores acechan a los ayuntamientos y a las inmobiliarias. ¿Quién ganará el pulso?

La nueva Ley de Suelo ya dio pie a polémicas interpretaciones
En plena crisis inmobiliaria, los ayuntamientos buscan cualquier rendija para que puedan respirar sus maltrechas arcas. Algunos incluso pretenden aprovecharse de la nueva Ley de Suelo para insuflar oxígeno a sus cuentas, intentando exigir un 15% de cesión de suelo para dotaciones a los promotores, como ya adelantó Expansión el 2 de julio.

La Ley de Suelo, en su artículo 16, establece que la cesión de suelo para aprovechamiento dotacional «no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%», aunque podrá permitir «excepcionalmente» alcanzar un máximo del 20%.

La confusión de los ayuntamientos que quieren forzar a los promotores a cederles más suelo proviene de la disposición transitoria segunda de la norma. Ésta establece que las autonomías tienen un año para «establecer las reglas precisas» sobre actuaciones de dotación.

Si se incumplía este precepto, «el instrumento de ordenación [ayuntamiento] delimitará las nuevas dotaciones». Sin embargo todas las regiones que facilitan información mantienen el porcentaje tradicional de aprovechamiento (10%), menos Cantabria (15%) y Cataluña (10% en general y 15% en áreas residenciales estratégicas).

Además, Castilla-La Mancha ya prepara una reforma al respecto. Por lo tanto, sólo los ayuntamientos de estas zonas podrían exigir la cesión de tan elevado porcentaje de terrenos para viales, espacios libres y zonas verdes, entre otras actuaciones.

La OCU denuncia que las entidades financieras elevan el diferencial en las nuevas hipotecas

lunes, 17 de noviembre de 2008

Agencias. Norte de Castilla
Los préstamos hipotecarios de nueva contratación no notarán la bajada de los tipos de interés porque los bancos están subiendo el diferencial para mantener sus ingresos, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pidió a las entidades financieras que «aporten su granito de arena y no ahoguen aún más a los prestatarios».
El Euribor se mantiene a la baja y abre una puerta a la esperanza para las familias endeudadas. El indicador se anotó ayer su vigésima caída consecutiva para situarse en el 4,701%, la menor tasa desde el pasado marzo.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE), que agrupa a bancos y cajas, estima que los primeros recortes se darán a comienzos del 2009. Eso en el caso de las revisiones anuales. Quienes tengan firmada una modificación semestral tienen más razones para sonreír, puesto que para ellos la referencia a vigilar es el Euribor de mayo, que fue del 4,994%

La Fiscalía ya ha llevado al Juzgado 150 casos de obra nueva de El Puerto

lunes, 17 de noviembre de 2008

Mientras un juez admite todos los casos, otros los archivan por prescripción ”¢ El fiscal de Medio Ambiente irá hasta el Supremo para que los autores de certificados falsos sean considerados funcionarios, lo que amplía la vigencia del delito
Rosa Romero / Diario de Cádiz | 13.11.2008 –

Empezó en abril, con apenas media docena de casos, y ya va por el centenar largo. Tan largo que la cifra se sitúa en 140 o 150 casos. Éste es el abultado número de denuncias por otros tantos casos de obra nueva fraudulentos registrados en El Puerto que lleva ya cursados en los distintos Juzgados de la localidad el fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, ́ngel Núñez.

Se trata de los casos de emisión de certificados falsos de antigͼedad de viviendas ilegales detectados por el actual equipo de gobierno del Partido Popular de El Puerto durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaba en coalición con el PSOE), que el alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, comenzaron a remitir a Fiscalía en octubre de 2007.

Las denuncias que ha interpuesto, según ha explicado a este diario el propio fiscal, se dirigen contra autores y beneficiarios de estos papeles fraudulentos, que persiguen lograr la prescripción de la irregularidad urbanística cometida al construir una casa sin licencia (que vence a los cuatro años) y que permiten a los titulares pedir un préstamo hipotecario tras la inscripción en el Registro de la Propiedad.

En unos casos, los procedimientos son por la comisión de un presunto delito de falsedad en documento público. Y en otros coexistiría también un presunto delito contra la ordenación del territorio. Por tratarse en este último apartado de viviendas levantadas en suelo clasificado como no urbanizable en el actual Plan General de El Puerto.

Las posibles condenas en todos los casos no están garantizadas ni mucho menos. El propio fiscal reconoce que en la práctica se ha topado con un escollo: la ausencia de sentencias de la Audiencia de Cádiz sobre esta práctica ilegal que ha comenzado a detectarse hace escasas fechas en la Bahía de Cádiz. A este respecto, Núñez se congratula de que parece que se ha impuesto el criterio de considerar la emisión de un certificado falso de antigͼedad de un inmueble como delito, y no como falta, sancionada sólo con multa, como ocurría antes. Pero hay otro problema: el delito de falsedad documental prescribe a los cinco años. Un plazo que los fiscales andaluces, asevera desde Cádiz su coordinador, creen insuficiente, al defender que los profesionales autores de estos certificados deben ser considerados como funcionarios públicos, en la medida en que éstos participan del ejercicio de funciones públicos. En su caso, aclara ́ngel Núñez, amparándose en el Código Penal, no por nombramiento, como los funcionarios de oposición, sino por disposición legal, dado que «el reglamento hipotecario así lo recoge». En este caso, la vigencia del delito se extiende a los diez años.

Toda esta argumentación sale a colación por la curiosa tesitura con que se está topando la Fiscalía en los Juzgados de El Puerto: mientras un juez ha aceptado todos los casos, aunque daten de hace seis o siete años, otros, tras haber admitido a trámite la denuncia, han acabado dictando el archivo por prescripción al haber transcurrido más de cinco años.

́ngel Núñez, que ha interpuesto recurso contra las denuncias archivadas, que habrá de ser dilucidado en la Audiencia, ha anunciado a este diario su firme intención de ir hasta el Supremo para lograr que en estos casos los autores de los certificado falsos sean juzgados como funcionarios públicos, prescribiendo el posible delito a los diez años.

Aunque los casos denunciados son muy numerosos, los firmantes de los certificados pueden contarse con los dedos de las dos manos y sobran. No hay que olvidar que, como ya informó este diario, es autor de un buen número Joaquín P.S., el mismo arquitecto imputado en la trama destapada por la Guardia Civil en Chiclana en el verano de 2007, en la bautizada como Operación Obra Nueva.

Con los certificados falsos detectados en El Puerto, según las estimaciones del Gobierno del PP, habrían sido edificadas más de 300 viviendas.