AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo de enero de 2009

Protegido: Los notarios eligen a Antonio Ojeda como nuevo presidente

Sábado, 31 de enero de 2009

Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo introduce tu contraseña a continuación:

El Gobierno estudia que las familias en apuros puedan recuperar los planes de pensiones

Sábado, 31 de enero de 2009

Crisis económica

El Gobierno quiere animar el consumo con la medida
Sólo los parados de larga duración y enfermos pueden recuperar el dinero
31/01/2009 Francisco Núñez – El Mundo
Madrid.- El Gobierno está estudiando salir al rescate de las familias con dificultades por la recesión. En las próximas semanas modificará la ley que regula los fondos de pensiones para flexibilizar y ampliar las condiciones actuales reservadas exclusivamente para las personas en situación de paro de larga duración o de enfermedad grave.
De esta forma, se incrementará el número de participes que podrán rescatar este ahorro sin penalización alguna. Con esta medida el Ejecutivo intenta también incentivar el consumo ya que podría aumentar la liquidez de las familias.
En la actualidad hay más de 7,5 millones de personas que tienen suscrito un plan de pensiones. Sus aportaciones totales superan los 78.000 millones de euros. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, confirmó el viernes que el Gobierno está analizando la posibilidad de flexibilizar las condiciones del actual modelo.
En la actualidad, sólo existen dos circunstancias que permite rescatar las cantidades aportadas a los fondos de pensiones: el paro de larga duración o la enfermedad grave. En este sentido, se considera que el parado debe de llevar inscrito en las oficinas de empleo al menos un año. En el caso de enfermedad grave, el ahorrador debe demostrar que no tiene recursos para abonar las facturas médicas o farmacéuticas. Se trata de los dos únicos supuestos en los que no existe penalización en el rescate.
En fuentes del ministerio de Economía reconocen que “todavía no se conoce con detalle qué aspectos de la Ley se van a modificar”. “La idea es ampliar esas excepciones de penalización”, señalaron.
Probablemente se reducirá el periodo que el ahorrador debe estar en situación de paro para que pueda decidir el rescate total o parcial de sus aportaciones. Y para incentivar el consumo, también es posible que se modifique a la baja las penalizaciones que obliga al largo plazo a este ahorro.

Dos asociaciones judiciales se desmarcan y convocan huelga el 18 de febrero

Sábado, 31 de enero de 2009

Agencias – 30/01/2009 El Economista
Dos de las asociaciones judiciales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), se han desmarcado de la acción conjunta consensuada con las otras dos y han adelantado la convocatoria de huelga al próximo día 18 de febrero.
La decisión de adelantar la huelga se ha adoptado tras una reunión de los órganos directivos de AJFV y FJI que, tras consultar a sus asociados, consideran que la respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones ha sido insuficiente y deben dar un paso adelante.
El documento reivindicativo que habían pactado las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), AJFV y FJI- aplazaba la huelga hasta el 26 de junio, aunque convocaba para el mismo 18 de febrero un acto simbólico de protesta en todos los órganos judiciales.
El nuevo portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, anunció esta decisión después de la reunión de la dirección de la asociación. “La asociación Francisco de Vitoria ha convocado a toda la carrera para el 18 de febrero a una huelga de 24 horas”, dijo al tiempo que explicó que “el acuerdo de las cuatro asociaciones ha quedado sin efecto tras la última reunión con el Ministerio en el que sólo se nos prometió humo”.
Una fecha “suicida”
Según Sexmero, ante la actual situación la de junio era una “fecha suicida”, desde el momento en el que el Ministerio no ha aceptado sus demandas.
Igualmente, la Gestora Nacional del FJI cree que el ministro a lo más que ha llegado es a mostrarse dispuesto a dialogar sobre determinadas cuestiones, pero sin plazos ni compromisos, y sin que ni siquiera se haya fijado una nueva reunión con propuestas concretas.
Por esa razón, según ha explicado a sus asociados, el FJI considera que la carrera judicial demanda mayoritariamente una actuación “mas contundente”.
Esa acción será ir a la huelga el 18 de febrero, sumándose así a la convocatoria realizada en una decena de provincias -y en las ciudades de Madrid y Barcelona- por las asambleas de jueces, secundada hasta ahora por entre el veinte y el veinticinco de los miembros de la carrera.
Medidas de presión
Por su parte, el portavoz de la APM, José Antonio Ballesteros, ha señalado que “las medidas de presión no pueden plantearse al principio de la negociación” porque hay que “confiar” en el diálogo que se inició con la reunión mantenida el pasado lunes con Bermejo.
“La APM es absolutamente fiel y leal al documento” reivindicativo pactado entre las cuatro asociaciones el pasado 12 de enero, que aplazaba el paro hasta el 26 de junio, ha subrayado Ballesteros.
Desde JpD, su portavoz, Miguel ́ngel Gimeno, se ha mostrado “sorprendido” y “un poco perplejo” por la decisión de AJFV y FJI de desmarcarse de la acción conjunta acordada, y ha considerado que este paso “no tendrá beneficios para nadie, y mucho menos, para la carrera judicial”.
Un acuerdo “inoportuno”
Gimeno ha señalado que es un acuerdo “inoportuno”, ya que los representantes de esas dos asociaciones pudieron apreciar en la reunión con el ministro que “hay margen suficiente” para desarrollar muchas de las reivindicaciones planteadas.
Para el portavoz de JpD, pese a que hay medidas que no podrán desarrollarse antes del 26 de junio -como la tramitación de leyes en el Parlamento, ha detallado-, sí pueden establecerse “acuerdos firmes” del itinerario que hay que seguir para desarrollar la reclamada modernización de la Administración de Justicia.
En este sentido, Ballesteros ha precisado que hay medidas estructurales que no pueden conseguirse “de la noche a la mañana”, pero que existen cuestiones que pueden materializarse, como son el mantener la agenda de señalamientos por parte de los jueces o la modificación de normas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.

Zapatero pedirá el lunes a la banca que reanude la concesión del crédito

Sábado, 31 de enero de 2009

A familias y pymes
El presidente del Gobierno se reunirá con los presidentes de las principales entidades el próximo lunes
30/01/2009- Finanzas.com / Agencias
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que la reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los presidentes de las principales entidades financieras será el próximo lunes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega explicó que el objetivo de ese encuentro es obtener información directa sobre la evolución del crédito y recabar la “máxima cooperación” por parte de las entidades.
En definitiva, añadió, se busca que “todos podamos hacer que se restaure la concesión del crédito que tanto necesita nuestra economía”.
De la Vega destacó que el Ejecutivo tratará de lograr la “máxima” colaboración y cooperación de la banca para que “entre todos” se pueda restaurar la actividad crediticia y recordó que el Gobierno ha actuado dando apoyos al sistema a través de los avales y del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF). Precisamente, el Tesoro realizó hoy la cuarta subasta de activos con la adjudicación de los 6.000 millones de euros previstos.

El presidente del Gobierno ya anunció el pasado lunes que continuaría apremiando a los bancos y cajas de ahorro para que agilicen la concesión de créditos a familias y empresas, aunque también reconoció la necesidad de las entidades financieras de garantizar la solvencia de sus operaciones.

En este sentido, Zapatero insistió en que el restablecimiento de la actividad crediticia es un “proceso lento” porque la confianza “no se recupera en poco tiempo”, pero se mostró confiando en poder recuperar la situación con la colaboración de todos.

El sector insiste en que concede créditos

Por contra, el sector insiste en asegurar que la falta crédito se debe a la escasez de demanda solvente y que los bancos y las cajas no han cerrado el grifo de la financiación porque viven de ello y constituye su principal área de negocio.

Precisamente, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) coincidieron esta semana en afirmar que siguen concediendo crédito a familias y empresas solventes, y que el Gobierno no les ha regalado dinero a través de sus planes de respaldo, sino que les facilita liquidez a precio de mercado.

El secretario general de la AEB, Pedro Pablo Villasante, sostuvo que en España “la banca es muy solvente” y que no se plantea dejar de hacer su trabajo por limitaciones de solvencia, mientras que en otros países donde ha sido necesario llevar a cabo recapitalizaciones, sí se ha resentido la concesión de créditos.

Por su parte, el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, tachó de “impensable” que las cajas de ahorros dejen de dar créditos a proyectos “solventes”, aunque reconoció la existencia de una “mayor exigencia” sobre la solvencia de los prestatarios.

El Notariado emite un informe vapuleando a los registradores

Viernes, 30 de enero de 2009

La cúpula corporativa de los fedatarios ha remitido a Justicia un informe planteando cambios en el sistema de seguridad jurídica preventiva que abogan por reducir al mínimo la calificación del Registrador.

Victoria Martínez-Vares. Madrid. Expansión – 30 enero 2009
El Consejo del Notariado que hasta el sábado -fecha en la que se elegirá un nuevo presidente- dirige José Marqueño, ha remitido a Justicia un informe en el que, con la excusa de mejorar el sistema de seguridad jurídica, ningunea la labor de los registradores desde la primera a la última de sus 37 páginas.
El documento da respuesta a un cuestionario remitido por el grupo de trabajo interministerial para conocer la opinión de los operadores afectados por la reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva que el Gobierno quiere acometer.
Frente a esta postura, el Colegio de Registradores ha preferido esperar a remitir sus propuestas a que se haya con¬cluido el proceso constitutivo del nuevo Consejo Notarial para de esta forma, “no inter¬ferir en ese proceso aportando unas propuestas de reforma que no estén suficientemente debatidas y, en su caso. consensuadas, con quiénes van a regir la vida corporativa del Notariado los próximos años”.
Mientras para los registradores el actual sistema “ha demostrado su eficacia y ha resistido sin grietas una crisis que ha dejado en evidencia a otros mecanismos de control”, para los fedatarios el nivel de seguridad jurídica que ha proporcionado el sistema es “aceptable”. Por ello entiende el Consejo General del Notariado que debe “adaptarse a las nuevas exigencias sociales”, añadiendo que, mientras “la escritura pública es omnicomprensiva de cualquier negocio jurídico, el registro de la propiedad es meramente voluntario y solo relativo a un ámbito muy parcial, como es el inmobiliario, mientras que el ámbito mercantil se limita a ofrecer una mera publicidad noticia”.
Los fedatarios consideran que la función calificadora de los registradores “carece del menor sentido” al haberse convertido el sistema en “hipergarantista y disfuncional”. Asimismo inciden en que el problema de los solapamientos o duplicidades que existen es fruto de de “una construcción doctrinal y de una decidida actuación de un Cuerpo de funcionarios que no de la literalidad de la norma”. Es mas, afirman que el sistema “funciona al margen de la calificación registral”.
Finalmente, esgrimen que no serviría de nada “diseñar un eficientísimo sistema de seguridad jurídica que pivota¬ra sobre un momento (el de la inscripción) en el que todos los efectos del negocio jurídi¬co ya se han consumado”. Para recalcarlo añaden que al salir de una notaria “el vende¬dor sabe que ha vendido y que el comprador ha comprado sin recelo de que lo hecho no es definitivo”,
Por otra parte, la jornada electoral del sábado, en la que se elegirá a la nueva cúpula del Notariado, se afronta con preocupación por una parte importante de los fedatarios. Así, las asociaciones Joaquín Costa y Foro Notarial señalan que con la publicación de un escrito en el que 11 de los 17 decanos han comprometido públicamente su voto se ha “zanjando el proceso electoral, sin posibilidad de alternativa ni de debate”.
Todo apunta a que el nuevo presidente será el decano de Andalucia, Antonio Ojeda, cuyo ideario está muy próximo al de la actual Junta. Según la plataforma Futuro Notarial -que apoya como presidente a Joan Carles Ollé – Ojeda pretende “desnaturalizar un sistema exitoso, en un momento en que los foros internacionales se está pidiendo reforzar los controles y garantias”. Por su parte Ollé ha sido duramente criticado por haber suscrito un Pacto con los registradores de Cataluña, en el que apuesta por normalizar las relaciones entre ambos cuerpos así como por el mantenimiento del actual sistema dual.

Los notarios piden a Justicia que les libre de la ‘traba’ de los registradores

Viernes, 30 de enero de 2009

Xavier Gil Pecharromán – 30/01/2009 El Economista
Los notarios solicitan la eliminación de las bases catastrales de los Registros y usar el Catastro. Y es que “en la actualidad, en el Registro de la Propiedad hay inscritas fincas que no existen total o parcialmente en la realidad o, incluso, la misma finca en un mismo registro está inscrita dos o más veces como finca distinta”. Así las cosas, estas propiedades inexistentes pueden ser, por ejemplo, objeto de hipoteca en garantía de un préstamo.
En los últimos veinte años se ha producido una metastatización de la calificación registral, “que ha provocado una situación enormemente anómala”, según afirma el Consejo del Notariado en sus respuestas al cuestionario remitido por la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia sobre el solapamiento de las funciones de notarios y registradores, que el Gobierno se ha comprometido a revisar a través de una Hoja de Ruta. Solicitan la eliminación de las bases catastrales de los Registros y usar el Catastro.
Los notarios solicitan en su texto, que no debe permitirse el uso de sistemas de identificación de parcela o finca distintos de la referencia catastral. “Si ambas bases de datos son públicas, carece de sentido la existencia de identificadores con efectos jurídicos diversos”, afirman. Y muestran su deseo de que no se permita “la existencia de bases cartográficas distintas a la catastral”.
Imperfecciones registrales
Estas bases de datos permiten conocer cuál es la situación física y jurídica de todas las fincas en el territorio español. Sin embargo, según el informe notarial, “en la actualidad, en el Registro de la Propiedad hay inscritas fincas que no existen total o parcialmente en la realidad o, incluso, la misma finca en un mismo registro está inscrita dos o más veces como finca distinta”.
Esta imperfección genera en cadena una serie de problemas, tanto en el mercado inmobiliario (una finca ‘inexistente’ puede ser objeto de tráfico), como también en el financiero (una finca ‘inexistente’ puede ser objeto de hipoteca en garantía de un préstamo), como de hecho se ha producido”.

Corredor culpa a los bancos y a los promotores del parón del sector inmobiliario

Viernes, 30 de enero de 2009

Tras los malos datos del INE sobre el Mercado Hipotecario. “Los bancos no están facilitando el crédito a nivel normal”
“Para que se encuentren oferta y demanda ha de ser vía precio”
El comprador “tiene la sartén por el mango” y que los precios deben bajar más
28/01/2009 Madrid. Agencias. El Mundo
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, endureció el tono habitual de su discurso en una entrevista en TVE para explicar que los ciudadanos tienen ahora más capacidad de elección dada la mayor variedad de oferta existente, no sólo por las viviendas en venta pendientes de comprador y que antes se vendían sobre plano, sino por la mayor oferta en el mercado del alquiler. Por eso, aseguró, son los compradores los que ahora “tienen la sartén por el mango”.
Asimismo afirmó que los datos oficiales “demuestran que los bancos no están facilitando el crédito a nivel normal”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el capital prestado por las entidades financieras para la adquisición de vivienda bajó un 51,3% en noviembre de 2008 y los pisos hipotecados bajaron un 45,8%.
Durante la entrevista, la ministra aseguró que los bancos no prestan de manera “normal” e indicó que no se está pidiendo a las entidades financieras que concedan créditos a un “nivel excesivo ni con riesgo”.
” Es verdad que lo que más se ha resentido es el crédito a las familias y a las pymes, lo dicen las estadísticas y ya no es tanto un problema de demanda como de oferta”, subrayó la titular de Vivienda.
En este sentido, Corredor apuntó que “todos seguramente conocemos a alguien en nuestro entorno que está pendiente de comprar una vivienda y éstas personas van al banco a pedir financiación hipotecaria”. Por ello, creo que la demanda existe, pero que los bancos están siendo excesivamente cautos”.
En todo caso, se mostró confiada en que bancos y cajas “van a asumir la responsabilidad que tienen”, aunque reconoció que “es normal que midan el riesgo”.
Recado para los promotores
Por otra parte, la ministra lanzó un mensaje a los promotores inmobiliarios: no venderán pisos hasta que estén a precios que la gente pueda pagar. “Los promotores tienen que entender que para que se encuentren oferta y demanda ha de ser vía precio”, indicó.
Así, “hasta que el precio no esté a un nivel que los ciudadanos puedan pagar, las viviendas no se van a vender”.
Corredor aprovechó la ocasión para invitar a los promotores privados a que se acojan a las medidas del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para dar salida a su stock de pisos.
Pide tranquilidad tras el ‘caso Nózar’
Además, la ministra pidió tranquilidad a los clientes de Nozar, inmobiliaria que se enfrenta a un posible concurso de acreedores, afirmando que tienen que estar tranquilos, “porque que una empresa suspenda pagos no quiere decir que deje abandonadas las obras”.
“Probablemente Nozar, que es una gran constructora, ha cumplido con todas las obligaciones que le impone la ley en cuanto a dar un aval a cada propietario que haya comprado y haya entregado una cantidad a cuenta”, declaró la titular de Vivienda.
Según recordó, los clientes que cuentan con estos avales pueden recuperar las cantidades a cuenta que entregan por la compra de una vivienda, “por lo que tienen que estar seguros de que el sistema jurídico español les va a garantizar ese dinero”.
En cuanto a los empleados de la inmobiliaria, indicó que son lo que más preocupa al Gobierno, por lo que estará “vigilante para que si se realiza alguna medida en este sentido, que garantice su seguridad laboral”, aseguró.
La ministra se refirió a la difícil situación que atraviesan algunas inmobiliarias y, en consecuencia, sus proveedores, para asegurar que “todos los promotores, tanto pequeños como grandes, tienen una gran capacidad de recuperación si apuestan por la vivienda protegida y la rehabilitación urbana”.

Protegido: La crisis no da tregua: Las viviendas hipotecadas descienden un 45,8% en noviembre

Viernes, 30 de enero de 2009

Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo introduce tu contraseña a continuación:

El ministro de Justicia impone la Cruz de San Raimundo de Peñafort al número 1 de la promoción de registradores

Viernes, 30 de enero de 2009

El ministro de Justicia impone la Cruz de San Raimundo de Peñafort al nº1 de la promoción de registradores
27 de enero de 2009: El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, impuso hoy en la sede del Ministerio la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Eduardo Fernández Estevan, nº 1 de la última promoción de registradores.
Durante el acto, el titular de Justicia felicitó a Fernández Estevan por su “éxito y el compromiso adquirido” como registrador en Zaragoza.
Nacido en Madrid en 1974, Fernández Estevan se licenció en Derecho en 1997 en la Universidad Hispalense de Sevilla, donde se especializó en Derecho Privado.

Informe de la Asociación Hipotecaria

Viernes, 30 de enero de 2009

La actividad hipotecaria creció un 4% de media en 2008 frente al 16% del año anterior
La actividad hipotecaria experimentó una “enorme desaceleración” en 2008, de forma que pasó de crecer un 16% de media interanual en 2007 al entorno del 4% durante el pasado año, con tasas negativas en los últimos meses.
La actividad hipotecaria creció un 4% de media en 2008 frente al 16% del año anterior
Ep – Madrid – 29/01/2009 Cinco Días
Así lo aseguró hoy el vicepresidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, durante la ‘VI Encuentro sectorial sobre el mercado hipotecario en España: Hipotecas 2009’, en el que aseguró que, a la vista de estos datos, el año 2008 ha sido “muy malo”.
En este contexto, directamente ligado a la crisis de liquidez y el final del ciclo alcista del mercado de la vivienda, Santos González se mostró especialmente preocupado por la “crisis de confianza” imperante en los mercados. “Eso sí que va a marcar un antes y un después en el mercado hipotecario”, sentenció.
A su juicio, en adelante va a cambiar la percepción sobre las inversiones, las empresas necesitarán ser “más potentes y capitalizadas”, y las familias deberán incrementar sus niveles de ahorro antes de solicitar un crédito. La conclusión, para la AHE, parece clara: “Volveremos a los inicios”.
Con todo, el vicepresidente de la asociación hipotecaria llamó a trabajar con “esperanza” y señaló como principales elementos que invitan al optimismo la caída de los tipos de interés y la existencia de una demanda estructural en el mercado de la vivienda.
Para finalizar, Santos González mandó un ‘recado’ a los promotores para que bajen aún más los precios de la vivienda de cara a reactivar el mercado inmobiliario y, en este sentido, advirtió de que si no, el proceso será largo, ya que existe un importante ‘stock’ de viviendas sin vender “a precios altos”.
Las tasadoras se resienten por la caída del crédito
Por su parte, el director general de la sociedad de tasación Tinsa, Luis Leirado, también presente en el foro, indicó que el descenso de la actividad crediticia ha supuesto una caída del 31% de las valoraciones de inmuebles con fines hipotecarios.
“Esta tendencia es firme y continuada”, indicó Leirado, antes de recordar que el 85% del negocio de las tasadoras ha venido centrándose durante los últimos años en las valoraciones con fines hipotecarios

Los precios de la vivienda de segunda mano registran caídas de hasta el 40%

Viernes, 30 de enero de 2009

Europa Press / eleconomista.es 29/01/2009
La crisis del sector inmobiliario español está obligando a muchos particulares y profesionales a realizar “importantes ajustes” en el precio de las viviendas para encarar el actual entorno inmobiliario. Según el informe que publica hoy Facilísimo, estos descensos superan en algunos casos el 40%, en especial en el mercado de segunda mano. La caída del euribor en enero hasta el 2,6% abaratará las hipotecas en 140 euros al mes.
Así, el descenso de la demanda está obligando a los vendedores particulares a realizar grandes descuentos en el precio de todo tipo de inmuebles: pisos céntricos, chalets individuales a las afueras, fincas con gran cantidad de terreno o incluso viviendas de lujo.
Nuevas por hasta un 25% menos
Pero, tal y como indica el índice de precios del portal inmobiliario, también las promociones de obra nueva están comenzando a notar un “importante ajuste en sus precios”, y se pueden encontrar promociones a un precio un 25% inferior al inicial. De hecho, el informe señala que “muchas promociones de viviendas a estrenar cuestan menos que un inmueble similar de segunda mano”.
El director general de Facilisimo, Juanra Doral, aseguró que hay casos en los que se venden casas de obra nueva a un precio “muy cercano a su precio de coste”. “No creo que asistamos ya, salvo casos excepcionales, a grandes bajadas, puesto que los costes financieros que se están acumulando impiden el descenso del precio mínimo de venta”, indicó.
En este contexto, los promotores citados por el informe aseguran que la poca actividad que existe en el mercado inmobiliario no se debe ya a los precios, sino a la falta crédito concedido por los bancos.
En este sentido, un portavoz de Realia indica que esta situación ha provocado un cambio de actitud por parte del cliente, ya que hasta mediados del año pasado la mayoría de ellos daba la señal de la vivienda y posteriormente pedía o se subrogaba a la hipoteca. “Ahora, en cambio, suelen asegurarse antes de que obtendrán financiación”, comentó. Por su parte, Oscar Ochoa, Director del Departamento de Promociones del Grupo Gilmar, asegura que una gran parte de las operaciones realizadas por la compañía en los últimos meses se efectuaron con ahorro propio.

La inconcebible actitud del Consejo General del Notariado

Miércoles, 28 de enero de 2009

Acabo de leer, y releer, el informe presentado por el Consejo General del Notariado para la elaboración de la “hoja de ruta” de la reforma de la seguridad jurídica preventiva en España. Y, la verdad, estoy triste y preocupado.
Triste, en primer lugar porque no puedo sentir otra cosa al ver como la máxima representación del notariado español no cree en su profesión, no cree en los valores del notariado. Sólo sabe atacar, mintiendo si es preciso, a la institución registral.
Nada hay en su escrito de reivindicación de la labor del notario como asesor de los otorgantes, configurador del negocio jurídico adecuando éste al tenor de las voluntades concurrentes y al cumplimiento de la legalidad. Creando derecho, ejerciendo la impagable labor social propia del notariado. Pues no hay nada de eso. Lo que hay es un ataque – feroz y falaz – al Registro de la Propiedad. La solución del CGN pasa por suprimir la calificación registral sustantiva (pág 14) volviendo a la redacción legal de 1861 de la Ley Hipotecaria (como muestra de modernidad se supone), y suprimiendo el Registro Mercantil (pág 16) para que el notario inscriba directamente.
Y triste también porque se llega a la desvergͼenza de mentir en multitud de ocasiones. Tiempo habrá para un análisis profundo y extenso del informe, pero baste decir que cuando la representación institucional de los notarios españoles emplea la mentira de forma sistemática, es que mal van las cosas. Y que el CGN haya caído tan bajo es algo bien triste para quienes amamos el derecho y, por ello mismo, a la función notarial.
Pero también preocupado. Preocupado porque el CGN no debe desconocer que los Registradores no nos vamos a achantar, no vamos a admitir la mentira, el insulto y la desvalorización de nuestra función, no. Y debe saber el CGN que si hay alguna función de la que ningún Estado moderno prescinde es la registral. Notario puede haber o no, pero Registro – sea cual fuere la forma en que se lleve – siempre hay. El documento llegará, más o menos perfecto pero llegará a un sistema de registro. Es, por tanto, una actitud suicida que pretende destruir el sistema registral español para obtener un beneficio económico a corto plazo de los impulsores de tal política, aunque sea a costa de causar un daño irreparable al sistema de seguridad jurídica extrajudicial que tenemos en España.
Soy – somos muchos registradores – partidario del acuerdo, y así lo hemos demostrado adhiriéndonos al Pacto de Barcelona. Y seguiré apostando por el acuerdo, pero por el acuerdo con quien esté dispuesto a convenir algo y no pretenda imponer la forma en que se destruye la institución registral española.
Muy fácil sería contestar a los despropósitos del informe, revelar carencias y miserias del notariado, etc. Y sin mentir como el CGN. No voy a hacerlo, porque no ayuda, porque sólo nos lleva a una pelea barriobajera cuyos beneficiarios no están al frente ni de una notaría ni de un registro. Pero sí quiero transmitir la voluntad, que me consta muy mayoritaria en el seno del colectivo registral, de que si nos buscan – y en ello están – nos encontrarán.
No queremos pelea, pero no nos vamos a arrugar un milímetro. Y lo mismo resulta que los políticos terminan entendiendo que antes que destruir el sistema registral español es preferible la creación de una rama de la abogacía especializada en documentos inscribibles, con la inestimable ayuda de la firma electrónica.

Francisco Javier Gómez Jené

Yahoo! anuncia perdidas de 303 millones de dólares en el último trimestre de 2008

Miércoles, 28 de enero de 2009

yahoo.jpg

Agencias | – 27/01/2009 El Economista

El portal de Internet Yahoo! informó que entró en la zona de números rojos en el último trimestre de 2008 con unas pérdidas de 303 millones de dólares frente al beneficio de 206 millones en el mismo período de 2007. La facturación cayó un 1% hasta los 1.806 millones de dólares, añadió la compañía, que además también presentará el plan de su nueva consejera delegada, Carol Bartz, para revitalizar la empresa.
En el conjunto de 2008, los ingresos subieron un 3% hasta los 7.209 millones de dólares, mientras que el beneficio neto fue de 424 millones de dólares, frente a los 660 millones de dólares registrados en 2007.
“Pese a la difícil situación económica, Yahoo! registró un ‘cash flow’ (flujo de caja) operativo ajustado por encima de las previsiones para el cuarto trimestre”, destacó Bartz en un comunicado.
“La compañía también realizó importantes inversiones mientras logró gestionar sus costes con agresividad, dejándonos mejor posicionados para sortear la situación económica y resurgir con más fuerza cuando aumente el gasto de los anunciantes”, añadió.
Superó las expectativas
Para el primer trimestre de su actual año contable, Yahoo! prevé que los ingresos sigan bajando para situarse entre los 1.525 millones y los 1.725 millones de dólares.
Las pérdidas operativas antes de depreciación, amortización y gastos de compensaciones con acciones serán de entre 365 millones y 415 millones de dólares, frente a los 60 millones de dólares del último trimestre de 2008.
Pese a las pérdidas, Yahoo! superó las expectativas de los analistas, por lo que sus acciones reaccionaron con subidas en los mercados electrónicos y hacia las 21:35 horas GMT avanzaban un 3%, hasta los 11,68 dólares.

Santander indemnizará a los particulares afectados por Madoff con el 100% de la inversión

Miércoles, 28 de enero de 2009

El Santander indemnizará a los inversores particulares de la entidad perjudicados por el fraude Madoff. La entidad presidida por Emilio Botín emitirá deuda por importe de hasta 1.380 millones que servirá para indemnizar a los particulares por el 100% de la inversión inicial.
CincoDías.com – Madrid – 27/01/2009
La entidad compensará a los inversores particulares afectados por el fraude piramidal de Madoff, pero no a los institucionales. El Santander emitirá hasta 1.380 millones de deuda preferente con una rentabilidad del 2% anual y vencimiento al décimo año.
Esta emisión supondrá un coste para la entidad de 500 millones, con cargo a los resultados de 2008. Según la entidad, sus clientes afectados, tanto institucionales como particulares, perdieron un total de 2.330 millones. De esa cuantía 2.010 millones corresponden a inversores institucionales y particulares de banca privada internacional. Mientras que los 320 restantes forman parte de carteras de clientes de banca privada del grupo en España, incluidos los de Banif.
La entidad asegura que “ha tomado esta decisión dadas las excepcionales circunstancias que concurren en este caso y sobre la base de razones exclusivamente comerciales, por el interés que para el mismo tiene mantener su relación de negocio con dichos clientes”.
El lunes, el presidente del Santander, Emilio Botín, afirmó en la junta de accionistas de la entidad que el banco “está evaluando el ejercicio de acciones legales” ante la estafa de Bernard L. Madoff, que ha supuesto una pérdida de unos 2.330 millones de euros para clientes de la entidad cántabra.
“Estamos hablando de un broker autorizado y supervisado por la Securities and Exchange Commission (SEC)”, agregó Botín, que respondía de esta manera a Luis Bericat, abogado del bufete Cremades & Asociados, que ha asumido la defensa de clientes del Santander afectados por Madoff.
Primera demanda colectiva contra el Santander
El despacho español Cremades & Calvo Sotelo y el estadounidense Lobaton and Sucharow han presentado hoy en el Juzgado del Distrito Sur de Florida una demanda colectiva (“class action”) contra el Banco Santander y su filial Optimal, a quienes reclaman una compensación por las pérdidas sufridas por el fraude de Madoff.
Santander liquida parte de los fondos gestionados por Optima
Poco después del anuncio de la restitución la inversión para los afectados por el caso Madoff, Santander hizo público que cesará una importante parte de los fondos administrados por su gestora Optimal.
De este modo, la sociedad que administra los fondos hedge de Santander devolverá parte de los fondos a sus inversores con el objetivo de “salvaguardar su valor ante las actuales condiciones de mercado”. La devolución se llevará a cabo según un calendario que ya está siendo comunicado a los inversores.

Zapatero da vía libre a las CCAA para cobrar más impuestos inmobiliarios

Miércoles, 28 de enero de 2009

28-01-09 , por J. M. Lamet Expansión
En el callejón trasero de una ley. Ahí es donde ha introducido el Ejecutivo una modificación para permitir a las comunidades autónomas recaudar más impuestos por las operaciones inmobiliarias. El ruido generado en torno a la Ley 4/2008 que suprime el gravamen del Impuesto de Patrimonio ha diluido la reforma que contiene en relación a otro tributo, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Éste grava con un 7% las compraventas de inmuebles de segunda mano, y en los años del boom residencial fue una de las principales fuentes de ingresos de las autonomías.

En la citada norma se incluye una directriz para las comunidades autónomas en forma de nueva “regla de cuantificación del valor” de los inmuebles transmitidos de un propietario a otro. Así, en el artículo séptimo se especifica: “Cuando el valor declarado por los interesados fuese superior al resultante de la comprobación [realizada por la administración regional], aquél tendrá la consideración de base imponible. Si el valor resultante de la comprobación o el valor declarado resultase inferior al precio o contraprestación pactada, se tomará esta última magnitud como base imponible”.

Esto quiere decir que en ningún caso las comunidades autónomas podrán revisar el valor de los pisos de segunda mano a la baja, ya que cobrarían menos impuestos. Todo lo contrario, el Gobierno anima “a fijar dicho valor, al menos, en el precio o contraprestación de la operación”, según la propia ley. O sea, que deja vía libre para aumentar la base imponible de la compraventa y, por tanto, la recaudación por ITP.

Sequía en las arcas
Esto, en una etapa de sequía en las arcas regionales, “es una nueva forma de garantizar que la recaudación es la mayor posible”, señala Raúl Salas, socio del bufete Baker & McKenzie. “Le dan un instrumento a la autonomía para sacar más provecho del ITP; es un poco una barra libre”, agrega Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores. “Esta pensado para que la Administración nunca pierda”, añade Salas.

El que sí podría perder es el comprador que obtenga un descuento suculento de, por ejemplo, un propietario ahogado por las deudas o en paro, como hay miles en la actualidad. Se daría la curiosa paradoja de que, tras conseguir una rebaja atractiva al comprar el inmueble, ésta se maquillaría por la vía impositiva.

El comprador seguiría pagando lo mismo por la vivienda (el contrato entre dos partes es sagrado, dicen los expertos), pero la Consejería de Hacienda de su comunidad podría muy fácilmente cobrarle el 7% de una cantidad mayor, la que considere como justa y ajustada al mercado. En definitiva, el adquirente que encontró un chollo recibiría un castigo por ello. “Esto genera una inseguridad absoluta para el consumidor”, afirma Rivas.

“Tal como está el mercado inmobiliario, ocurre muchas veces que los pisos valen menos de lo que apalabraron vendedor y comprador”, añade Salas. En el otro lado, quien pague por una vivienda mucho más de lo que vale ya no podrá abonar una cantidad menor por el gravamen.

Además, la norma añade que antes de que finalice marzo, el Gobierno “presentará un plan de medidas que incentiven, en el marco de la normativa de la Unión Europea, la promoción de viviendas para destinarlas al arrendamiento con opción de compra y que fomenten la rehabilitación de viviendas”.

”˜Pérdidas”™ millonarias por la caída del ladrillo
La mezcla de la sequía financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria está impactando con fuerza en la recaudación pública. Sólo en 2008, las arcas locales, regionales y estatales dejarán de ingresar 15.896 millones de euros por la caída de la construcción residencial.

Esto es, se les esfumará una cantidad similar al 1,4% del PIB actual. O lo que es lo mismo, percibirán un 41,08% menos que en 2007 en impuestos que gravan la actividad del sector, según ha calculado el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) en su informe Pulsímetro Inmobiliario.

Esto “repercutirá en el PIB y en el desempleo”, subraya el estudio. Al haberse reducido notablemente el negocio del ladrillo, la recolección de las tasas respectivas ha caído en picado. Ya en 2007 se notó un retroceso de 4.500 millones de euros, pero hasta 2008 no se derrumbaron las expectativas. El IPE recuerda que en los últimos ocho años “el sector ha generado para el sector público unos ingresos de más de 200.000 millones de euros en concepto de impuestos y tasas del urbanismo”.

La recaudación fiscal por los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, que gravan el cambio de la titularidad de un suelo o un inmueble, cayeron de 24.431 a 16.664 millones de euros, según el IPE. ante esta coyuntura, el balón de oxígeno lanzado desde el Gobierno no podría llegar en mejor momento.

Solbes planea mejorar la fiscalidad de los alquileres con opción a compra

Miércoles, 28 de enero de 2009

El Gobierno trabaja en la mejora de las condiciones fiscales del arrendamiento de viviendas con opción de compra, cuya tributación actual resulta poco atractiva. Mientras que el alquiler de viviendas está exento de IVA y la compra tributa al 7%, en los arrendamientos con opción de compra se aplica un IVA del 16% sobre el precio mensual del alquiler
Hacienda trabaja para que la nueva normativa pueda aprobarse antes de tres meses
Jaume Viñas – Madrid – 27/01/2009 Cinco Días
Ante el brusco frenazo de la compraventa de viviendas, los promotores estudian nuevas vías para dar salida a un inmenso parque inmobiliario que carece de demanda. Una de esas alternativas es el arrendamiento con opción de compra. Eduardo Verdún, subdirector general de Impuesto sobre el Consumo de Hacienda, aseguró en un acto reciente organizado por Landwell-PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que Tributos, dentro del margen que permite la UE, ‘mejorará la fiscalidad indirecta de este tipo de operaciones’.
Verdún reveló que el ministerio de Hacienda, que dirige Pedro Solbes, quiere aprobar la norma antes de tres meses y podría incluirse dentro de la ley que regulará los REIT españoles.
En los arrendamientos con opción de compra, el inquilino paga un alquiler y al cabo de unos años -normalmente entre dos y cinco- puede ejecutar la opción de compra. Al hacerlo, una parte del alquiler mensual -previamente acordado por las partes- se considerará como un anticipo por la adquisición de la vivienda.
A priori, esta opción, en un momento en que el mercado de vivienda está parado y en el que los bancos son reacios a conceder créditos, supone una buena alternativa. Sin embargo, la fiscalidad que asume el inquilino convierte esta operación en poco atractiva.
Actualmente, el arrendatario que goza de una opción de compra debe pagar un 16% de IVA sobre el alquiler mensual. Si, finalmente el inquilino ejecuta la opción de compra, el precio de la vivienda tributa al 7%. Sin embargo, una parte del alquiler que ha estado pagando el arrendatario y que sirve de anticipo para la adquisición de la vivienda ha tributado al 16%. Aunque Hacienda debe devolver entonces esa diferencia, si no se ejecuta la opción a compra, el inquilino no recupera ni un euro del IVA soportado.
Para Alberto Monreal, socio de Landwell-PwC, la actual normativa supone un peaje demasiado alto. ‘Por qué cuando voy a pedir dinero a un banco para comprar una vivienda, el interés está exento y además pago el 7% o el 4% de IVA. Y cuando la financiación me la da el promotor me veo obligado a pagar el IVA sobre la financiación y además al 16%’, se pregunta Monreal. Fulgencio García, asociado senior del área de tributación indirecta de KPMG Abogados, recuerda que la tributación al 16% sólo se aplica en el alquiler con opción de compra de viviendas nuevas. En los pisos de segunda mano este tipo de operaciones están exentas de IVA, pero el arrendador no tiene derecho de deducción.
Así, es más que improbable que el Gobierno al revisar la normativa opte por dejar también exento de IVA los alquileres con opción a compra de viviendas nuevas porque ello implicaría que el promotor no podría deducirse el IVA soportado. El remedio sería peor que la enfermedad.
Los expertos defienden que la postura más beneficiosa y ‘neutra’ pasa por rebajar del 16% al 7% el IVA que se aplica al alquiler de vivienda con opción a compra, equiparándolo a la compra de viviendas nuevas.

Presentan en EEUU la primera demanda contra Santander por el caso Madoff

Miércoles, 28 de enero de 2009

elEconomista.es/ Agencias |- 27/01/2009

El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo ha presentado junto con el bufete estadounidense Lobaton and Sucharow una demanda conjunta contra Banco Santander y el fondo Optimal por las pérdidas generadas por el caso Madoff. Las personas afectadas reclaman una devolución de los daños sufridos que pueden alcanzar varios miles de millones de dólares.
La demanda conjunta se ha presentado en Florida y se dirige también contra los auditores y los custodios (el HSBC y PWC, entre otros) en representación de todas las personas que a 10 de diciembre del 2008 mantenían sus inversiones en el fondo Optimal Strategic US Equity Fund.
En unas declaraciones a Efe, el abogado Javier Cremades señaló que la demanda colectiva se ha interpuesto inicialmente en nombre de dos clientes latinoamericanos de Chile y Venezuela, aunque a ella se podrán sumar todos los clientes del Santander que hubieran invertido en fondos domiciliados en Miami que se hayan visto afectados por Madoff.
Javier Cremades, que explicó que los clientes que no se puedan unir a la demanda colectiva en Estados Unidos podrán reclamar en España, señaló que próximamente se reunirá con cerca de una veintena de bufetes de abogados de todo el mundo para “afrontar con una “estrategia global el problema global” que ha supuesto Madoff.
Cremades señala en una nota de prensa que en conjunto, “las personas afectadas reclaman una devolución de los daños sufridos que pueden alcanzar varios billones de dólares”.
Argumentos de la demanda
La demanda sostiene que se infringió la Ley del Mercado de Valores estadounidense de 1934 – la ‘Securities Exchange Act’- por la emisión de declaraciones “engañosas y significativamente falsas” acerca de sus auditorias y de la supervisión tanto de Madoff como del fondo que gestionaba.
La principal alegación contra los demandados es que fueron “negligentes” y “temerarios” al invertir una parte sustancial de todos los activos del fondo de Optimal en Madoff Investment Securities.
Todo ello “sin realizar los controles adecuados a los stándares del mercado financiero y sin que las entidades de auditoría hayan aportado la certidumbre sobre los estados financieros a la que están obligadas”, explicó el despacho.
Los abogados indicaron que el informe explicativo con fecha 7 de enero de 2008 distribuido por el banco a los inversores incluía la “afirmación falsa” de que Optimal “basaba sus decisiones de inversión en un análisis diligente procedente de muchos gestores de inversión”. “Si los demandados hubieran realizado un análisis diligente de Madoff y sus actividades no hubiesen perdido miles de millones de dólares pertenecientes a los inversores”, afirmaron los representantes legales.
El Banco Santander fue el principal comercializador de fondos Madoff en todo el mundo a través de su gestora Optimal, principalmente en España y Latinoamérica, y el único en distribuirlo entre clientes minoristas de sucursal. La entidad anunció el pasado mes de diciembre pérdidas por valor de 2.330 millones de euros de sus clientes y 17 millones de euros propios.

Seis mil jóvenes vuelven al hogar familiar al no poder pagar una vivienda

Miércoles, 28 de enero de 2009

Efectos de la crisis

La emancipación desciende en los varones, principalmente en el grupo de edad de 30 a 34 años, y sigue en aumento en las mujeres

A. Prado. Información.es
Alrededor de 6.000 jóvenes de la provincia se han visto obligados a regresar al hogar familiar durante el pasado año al no poder costearse el acceso a una vivienda, según estimaciones del Consejo de la Juventud de Alicante a partir de los últimos datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, que reflejan un descenso en la tasa de emancipación de la población joven, considerada entre los 18 y los 34 años de edad
Según los últimos datos del Observatorio, alrededor de 2.000 jóvenes de la provincia -de los 5.323 de la Comunidad Valenciana- han abandonado las listas de emancipación y han vuelto al hogar familiar durante el segundo trimestre de 2008, una cifra que, proyectada en los siguientes trimestres del año “será mayor y puede alcanzar a entre 6.000 y 7.000 personas, ya que la situación económica no ha mejorado en la segunda mitad del año, el paro ha ido en aumento y aún no se nota una mejora en el precio de la vivienda”, apunta el presidente del Consejo de la Juventud en Alicante, Joan Miquel Rovira, que considera “preocupante” esta situación y añade que los datos recientes reflejan cómo afecta a los jóvenes el problema del acceso a la vivienda.
El descenso en la tasa de emancipación ha sido de dos décimas respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 52,3% de media en la Comunidad Valenciana, con 663.825 jóvenes emancipados, frente a los 669.148 que había a principios de año, de un total de 1,2 millones de jóvenes de esta edad que viven en el territorio autonómico.
No obstante, las diferencias por grupos de edad y género son grandes, ya que el descenso ha afectado exclusivamente a los varones; las mujeres han aumentado sus cifras de emancipación con 1.310 más y los hombres emancipados han descendido en 6.633 personas.
Por edades, mientras el grupo más joven, de 18 a 24 años, ha incrementado su salida del hogar familiar -4.850 jóvenes de esta franja de edad se emanciparon-, los de 25 a 29 años disminuyeron en 1.913 personas y, especialmente acusado fue el descenso entre los jóvenes de 30 a 34 años, con 8.000 menos.
El principal factor que ha jugado en contra de este fenómeno ha sido “el abultado incremento del paro, del 39,5% en tan sólo tres meses”, según se indica en el informe trimestral del Observatorio, con 44.000 jóvenes desempleados más en la Comunidad y una tasa de paro del 15,1%, frente al 13,8% de media nacional.

Mercado de la vivienda
Otra de las razones que explican el descenso en las estrategias de emancipación es la situación del mercado de la vivienda, ya que el informe indica que “las condiciones para adquirir o alquilar una vivienda son las más negativas de los últimos años”. El importe de una hipoteca media equivaldría en la provincia de Alicante al 81,7% del salario neto de una persona joven y el pago de una renta para una vivienda libre en alquiler, el 59,6% de sus ingresos.
El Consejo de la Juventud de Alicante apunta que el porcentaje que el joven debe destinar de su salario a una hipoteca -81,7%- es el más alto de la Comunidad, ya que en Valencia es del 71% y en Castellón, del 69%. En el caso de un hogar joven o pareja joven, debe dedicar el 49,8% del salario, también mayor que en el resto de la Comunidad. De hecho, el precio medio de la vivienda libre en Alicante es de 176.430 euros, mientras en Valencia es de 163.890 y en Castellón es de 176.120.
Por otro lado, respecto al alquiler, la renta media es de 650 euros mensuales, mientras que la renta máxima tolerable para un joven sería de 326 euros y de 535 para un hogar joven.
Los ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre -los euros netos que debería ingresar una persona o un hogar joven para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media de una vivienda libre- son de 2.700 euros mensuales o 32.600 anuales. Sin embargo, el salario medio de una persona joven es de 13.000 euros netos anuales; 13.679 en hombres y 11.901 en mujeres.

La candidatura para presidir la nueva cúpula del notariado nace rodeada de polémica

Martes, 27 de enero de 2009

El socialista Ojeda presidirá el Consejo
Antonio Ojeda, ex presidente del Parlamento andaluz, presidirá el notariado de España. Su candidatura nace con polémica. Como vicepresidente del Consejo, Ojeda percibió casi 1,2 millones de euros en retribuciones que ahora cuestiona el Supremo. Además, se jubila en 2 años, cuando su mandato es de 4.
Libertad Digital (M. Llamas) El próximo jueves se celebran las elecciones al Consejo General del Notariado, tras un mandato caracterizado por un intenso enfrentamiento competencial entre notarios y registradores. Y ello, debido, en gran medida, a la reforma del Reglamento Notarial aprobada por el Gobierno en enero de 2007.

De este modo, las elecciones pondrán fin al mandato de José Marqueño al frente del Consejo General del Notariado. Sin embargo, será su segundo de a bordo, el socialista Antonio Ojeda, el que cuenta con todas las papeletas para sucederle en el cargo. Ojeda, ex presidente del Parlamento de Andalucía, desempeñó la vicepresidencia del Consejo durante el último mandato.

El Supremo anula las retribuciones del Consejo

Su candidatura ha generado polémica en el seno del notariado. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (octubre de 2008) anula las retribuciones del Consejo de Notarios. En concreto, el Supremo considera que los altos cargos del citado organismo (presidente y vicepresidente) no pueden percibir una retribución económica por su actividad institucional.

En este sentido, Ojeda habría percibido durante su mandato como vicepresidente del Consejo cerca de 1,2 millones de euros en total, mas unos 280.000 euros para un sustituto en su notaría de Sevilla, según ha podido saber Libertad Digital. En concreto, una retribución fija próxima a los 25.000 euros mensuales desde 2005 hasta 2008, de media, junto a otros 6.000 euros al mes para un sustituto.

Sin embargo, la sentencia del Supremo anula un artículo del nuevo Reglamento del Notariado (enero de 2007) que fijaba “compensaciones institucionales” a fin de “garantizar la debida dedicación a sus obligaciones corporativas”. El Tribunal estima que tal precepto peca de “indefinición” e incluye una “finalidad propia de un verdadera retribución del cargo […] lo cual no resulta congruente con el carácter no retribuido de los cargos corporativos”.

Opiniones contrapuestas

Así, la sentencia añade que el “precepto, en los términos que aparece redactado, no se limita a compensar a quienes desempeñan los cargos corporativos en el Consejo para evitar que por ello resulten perjudicados, como sería lo propio y conforme con su carácter, sino que va más allá y permite establecer a su amparo un auténtico régimen retributivo de tales cargos, en contra de su naturaleza y régimen de prestación de esos servicios”. Por ello, el Supremo procede a la “anulación” del citado precepto.

El fallo ha levantado opiniones contrapuestas en el seno del notariado. Algunos críticos opinan que tal sentencia obligaría a Ojeda y Marqueño a devolver las cuantías percibidas durante su mandato que, por cierto, no son de conocimiento público para el resto de notarios. Y es que, tales salarios no responderían a un carácter “compensatorio” sino “retributivo”, tal y como señala el Supremo, según los notarios consultados por este periódico.

Por el contrario, fuentes del Consejo General del Notariado indican que la sentencia tan sólo afecta al precepto que se incluyó en la reforma del Reglamento Notarial de 2007. Y, por ello, en nada afecta a las “compensaciones” que, desde 1999, vienen percibiendo legítimamente los notarios que ocupan el cargo de presidente y vicepresidente del Consejo.

Dudas sobre la candidatura de Ojeda

Además, parte del notariado pone en duda que la candidatura de Ojeda a la presidencia del Consejo se ajuste a la normativa del cuerpo. “El artículo 320 del Reglamento establece que cuando el Decano pretendiera su reelección por tercero o ulterior mandato consecutivo, la candidatura deberá ser presentada por, al menos, el 25% de los Colegiados, lo que no ha hecho Ojeda con el pretexto de que las dos veces anteriores era decano del Colegio de Sevilla y ahora se presentaba a Decano del Colegio de Andalucía”, según las fuentes notariales consultadas.

El problema es que “en la nueva ordenación de los Colegios se han establecido por Comunidades Autónomas, pero es evidente que el de Andalucía es la suma de los precedentes de la Comunidad, entre ellos el de Sevilla, lo que hace evidente un fraude de ley en la evasión del cumplimiento del Reglamento”, indican.

Dos años para jubilarse

Por si ello fuera poco, Ojeda se presenta cuando apenas le quedan “dos años para la jubilación, con lo que no podrá cumplir su mandato al frente del Colegio de Andalucía y, en su caso, del Consejo General del Notariado”, según advierten estas mismas fuentes. En este sentido, cabe recordar que Ojeda criticó duramente la continuación de José Aristónico al frente del Colegio Notarial de Madrid por motivos idénticos (haber cumplido la edad de jubilación).

“Continuidad” de la gestión de Marqueño

Por último, los críticos con la gestión de Marqueño al frente del notariado durante los últimos años interpretan la candidatura de Ojeda como una señal inequívoca de “continuidad”. “Los resultados de las últimas elecciones corporativas, con un altísimo nivel de participación y con pluralidad de candidaturas en varios Colegios, hacían presagiar un verdadero cambio en el gobierno del Notariado”, según señala la Asociación de Notarios Joaquín Costa. Sin embargo, la candidatura de Ojeda, que cuenta con el apoyo de once colegios notariales, supone “más de lo mismo”.

“El puro y duro continuismo de la nefasta etapa anterior”, en donde se hace uso del “rodillo de la mayoría (meramente teórica por cierto) y se procede a un reparto de cargos, eludiendo cualquier diálogo y solución de compromiso con seis decanos, representantes de la mitad del Cuerpo, y, algunos de ellos, particularmente activos y eficaces en las últimas batallas libradas o que se están librando” en la actualidad en el seno del notariado como, por ejemplo, la marcha atrás a la rebaja arancelaria que pretendía aplicar el Gobierno.

Por su parte, desde Foro Notarial se denuncia la “ausencia de debate” en la elección del nuevo Consejo, en lugar de negociar una “candidatura de consenso”, según afirman a LD los representantes de dicha asociación. De hecho, “desconocemos el programa con el que se presenta Ojeda al cargo de presidente”, en un momento “trascendental” para este cuerpo de funcionarios.

Nueva reforma de la Ley del Notariado

Y es que, tal y como avanzó este periódico, el Supremo anuló igualmente el pasado mayo uno de los fundamentos básicos del nuevo Reglamento Notarial. Una reforma que fue defendida al máximo por la actual cúpula notarial (Marqueño y Ojeda) pero que, sin embargo, originó una dura pugna entre diversos operadores jurídicos para defender sus respectivas competencias.

La sentencia anuló el “control de legalidad” de los notarios. El Gobierno pretende ahora subsanar los defectos “formales” indicados por el Alto Tribunal con una nueva reforma que amenaza con reavivar las tensiones competenciales entre los distintos profesionales del Derecho. En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anunció el pasado 20 de enero que el Gobierno trabaja en una “urgente reforma de la Ley del Notariado”.

Así, en su intervención en el acto de constitución del Colegio Notarial de Murcia, Bermejo afirmó que “los notarios sois funcionarios públicos encargados de la gestión colectiva de la dación de fe. No sólo de eso: del control de la legalidad”. Advirtió de que “nadie discute cuál debe ser la función notarial que yo defiendo y defenderé”. Unas declaraciones que contradicen la sentencia del Supremo y que amenazan con extender en el tiempo la pugna jurídica y competencial entre el notariado y determinados operadores jurídicos.

Un registro de contratos de compraventa anticiparía la información a Hacienda

Martes, 27 de enero de 2009

Más de 44.200 alquileres de Sevilla no se declaran a Hacienda

A.F.L. Sevilla 26-01-09 ABC
El elevado número de alquileres sin declarar hace que Técnicos de Hacienda considere «prioritario» que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes.
En primer lugar, con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y todas aquellas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, Gestha considera «imprescindible» habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.
Por otro lado, Gestha propone considerar como transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años, siempre que no concurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio, calificando las ganancias derivadas de estas operaciones como renta general tributando dentro de la Base Imponible General al tipo resultante de aplicar la escala general del IRPF, y no al tipo actual del 18% como si fuera renta del ahorro.
Además, propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, regulando la obligación a cargo de los promotores inmobiliarios de validar estos contratos en dicho registro, de manera que se anticipen las fuentes de información indirecta a disposición de la Agencia Tributaria al momento anterior a la escritura.
Este registro administrativo podría centralizarse por los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores, y disponen también de los servicios que mejor conocen y más habituados están a aplicar la legislación sectorial.
Asimismo, los Técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas (y, por tanto, sin escritura) la obligación de notificar de forma fehaciente al promotor esta operación. Este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse, si se declaran valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión, Gestha propone que se apruebe el «valor único de referencia a precios de mercado» para liquidar todos los impuestos, no solo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Se prevé que este valor único para todas las administraciones y todos sus impuestos esté elaborado este año, y se esté formando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado. La Dirección General del Catastro tiene en marcha un programa para contar con valores lo más próximos posibles al precio real de los inmuebles.
Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios sobre los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone lo que se conoce como «inversión del sujeto pasivo», es decir, que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda, que se complementaría con una afección real del inmueble al pago del IVA. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del adquiriente, para asegurar que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida, tal como ocurre ahora con los no residentes.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976. Trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
Los técnicos proponen…

””Considerar como transmisiones especulativas las que hayan estado en el patrimonio de la persona que transmite menos de tres años siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio.
””Creación de un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles con la obligación de los promotores de validar estos contratos, para anticipar las fuentes de información indirecta a disposición de Hacienda a ese momento anterior a la escritura y así poder detectar los «pases».
””Los ayuntamientos podrían centralizar ese registro ya que son los que aprueban los proyectos de las nuevas promociones.
””Comunicar el cambio de titularidad de forma fehaciente al promotor de las viviendas no terminadas y, por tanto, sin escriturar. A su vez, los promotores tendrían que comunicarlo al referido Registro.
””Aprobar el «valor único de referencia a precios de mercado» para liquidar todos los impuestos y así hacer frente al fraude de declarar valores inferiores a los reales percibidos en la transmisión.
””Las agencias inmobiliarias deberían informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen de la misma forma que lo están los notarios respecto a los documentos públicos que autorizan.

Los jueces mantienen las movilizaciones tras su reunión con Justicia

Martes, 27 de enero de 2009

Los colectivos ven ‘disposición’ en el Ministerio, pero creen que es insuficiente
Fernández Bermejo ofrece una partida adicional de 20 millones de euros
El Congreso podría citar de urgencia al ministro y a Carlos Dívar (CGPJ)
María Peral | Agencias | Madrid26/01/2009 El Mundo
Las principales asociaciones judiciales no han logrado, tras la reunión mantenida este lunes con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, arrancarle las demandas en materia de modernización de la Administración que esperaban, ante lo que han decidido mantener, de momento, la convocatoria de diversos actos de protesta previstos para el 18 de febrero.
Los colectivos dicen que, aunque ven “disposición” en el Ministerio para atender a sus demandas, la respuesta obtenida en este cara a cara (realizado a iniciativa de Fernández Bermejo) “no es enteramente satisfactoria”. Por ello, han acordado un nuevo calendario de reuniones con el ministerio.
Según fuentes de los colectivos presentes, los únicos compromisos nuevos expresados por el ministro de Justicia son la provisión de 20 millones de euros más para informatizar de las sedes y nueva planta judicial antes de fin de año.
El encuentro se ha producido tan sólo cinco días después de que más del 20% de la carrera acordase acudir a la huelga ””protesta sin precedentes en el sector”” el próximo 18 de febrero.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentó, el pasado jueves, que una una “minoría” de la carrera judicial manifiestara “su voluntad de adoptar medidas de presión precipitadas que podrían dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. Asimismo, tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional se desvincularon de las movilizaciones. La misma postura han mantenido las principales asociaciones de fiscales, que calificaron la huelga en ciernes de ‘inoportuna’ y ‘prematura’.
La reunión fue convocada con el fin de estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además los jueces proponían sustituir la convocatoria de paros prevista para febrero por actos reivindicativos de menor intensidad.
Tanto las asociaciones como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río, había asegurado, antes del inicio de la reunión, que su objetivo es que el Ministerio se comprometa a establecer fechas concretas sobre las reivindicaciones de los jueces como la supresión del ascenso forzoso, sobre el que pedía “un compromiso formal para dentro de cuatro meses”, “establecer un calendario para la implantación tecnológica” y que “el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos se va a mantener como hasta ahora”.
El proyecto de reforma de la Ley Procesal presentado por el Ministerio, y que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para ser discutido, otorga a los secretarios judiciales la responsabilidad de señalar los juicios, una modificación rechazada por los magistrados.
El Congreso podría citar a los jueces
Por otro lado, la Mesa del Congreso ha acordado esta tarde, en su primera reunión del año, dar vía libre a las peticiones de comparecencia de agentes ajenos al Parlamento y la Administración registradas por el PSOE, que reclama la presencia de las asociaciones judiciales. Eso sí, la última palabra la tendrá la comisión de Justicia, que será la que decida cuándo se les cita y en qué contexto.
En concreto, los socialistas habían pedido que los representantes de las cuatro principales asociaciones judiciales ””Asociación profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (AFV) y Unión Judicial Independiente (UJI)”” acudan al Congreso para exponer sus reivindicaciones y las amenazas de huelga de jueces.
Ningún grupo se había pronunciado abiertamente en contra de esas comparecencias, si bien el PP y ERC-IU-ICV exigieron que antes acudan el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, o incluso el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar.
En su caso, sus opiniones podrían verse reflejadas en la tramitación del proyecto de ley de creación de la llamada oficina judicial, que fue remitido a las Cortes por el Gobierno antes de Navidades.
La Comisión de Justicia, que preside el socialista Alvaro Cuesta, ya tiene dos reuniones convocadas para la próxima semana: una para debatir proposiciones no de ley y otra para que el Ministerio responda a cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.
Y antes de que se reúna la comisión, la Diputación Permanente del Congreso debatirá esta semana si se cita o no de urgencia a Bermejo y Dívar, como han pedido tanto el PP como ERC-IU-ICV.
En cualquier caso, aunque sean citados por el Parlamento, los representantes de las asociaciones judiciales no están obligados a comparecer, ya que sobre ellos no pesan los condicionamientos de un cargo público ni su presencia es demandada por comisiones de investigación.

Una alegría en la cuesta de enero: la rebaja del euribor traerá una rebaja de 146 euros en las cuotas

Martes, 27 de enero de 2009

Agencias | 0:07 – 26/01/2009 El Economista
El euríbor, principal índice de referencia de los créditos hipotecarios, cerrará previsiblemente enero en un nivel próximo al 2,60%, el más bajo desde de octubre de 2005, lo que supondrá una reducción superior a 146 euros (casi un 18%) en las cuotas de los préstamos que se revisen. Según datos de la cotización diaria, a falta de cinco días cotización, de confirmarse esta tasa del 2,60%, supondrá una bajada de 1,89 puntos puntos respecto al nivel de enero de 2008, cuando el euríbor estaba en el 4,498%.
El índice cerró 2008 en el 3,452%, despues de alcanzar máximos históricos a mitad de año y comenzar en el tercer trimestre una senda de moderación como consecuencia de las bajadas de tipos aprobadas por el Banco Central Europeo (BCE).
Teniendo en cuenta que el préstamo medio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa cerca de los en 140.000 euros a un plazo de 25 años y con un diferencial de 0,50%, la cuota mensual en enero pasaría a 671,79 euros, frente a los 818,26 euros de igual mes de 2008.
De este modo, las familias que revisen su hipoteca con el dato de enero tendrán que pagar unos 146 euros menos que en el mismo mes del año anterior.
Si se toma como referencia el ejercicio completo, las familias españolas hipotecadas se ahorrará unos 1.750 euros menos que el año pasado por el pago de su crédito.
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) afirma que todo parece indicar que durante 2009 el euríbor no superará el 3%, lo que por término medio podría suponer una disminución de la carga financiera de las familias de, como mínimo, un 20% con respecto a la cuota media soportada en 2008.
En todo caso, apuntan que atendiendo a la evolución diaria actual del índice, con valores próximos al 2,4%, “todo parece indicar” que los descensos en las cuotas durante 2009 serán “más significativos” que los previstos en su estimación.

Los inspectores critican que la Agencia Tributaria cobre un tipo del 7% por el aplazamiento de los pagos

Martes, 27 de enero de 2009

El colectivo de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunció hoy que la Agencia Tributaria (AEAT) aplica un tipo de interés del 7%, el doble que el euríbor al cierre de 2008 (3,452%, según el Banco de España), a los contribuyentes que solicitan una demora o fraccionamiento de sus pagos fiscales, lo que le reporta unos ingresos extra de 240 millones de euros anuales.
Ep – Madrid – 26/01/2009 Cinco Días
Según explica en un comunicado, la deuda pendiente por aplazamiento de pago a 30 de septiembre de 2008 ascendía a 5.200 millones de euros -3-000 con aplazamiento ya concedido y 2.200 millones en trámite- lo que, al tipo del 7%, supone unos intereses de demora para los ciudadanos de 364 millones de euros.
Así, indica que este coste por intereses podría reducirse en 52 millones de euros por cada punto porcentual que la AEAT decidiera acercar el tipo de la “financiación estatal” al “tipo comercial” del Euríbor. Gestha considera “incomprensible” que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 establezca un tipo de interés de demora del 7%, mientras que el BCE trata de dinamizar la economía con cuatro recortes consecutivos del precio del dinero, hasta el 2%.
Además, estima “paradójico” que la AEAT aplique un interés de demora tan elevado cuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) esta favoreciendo la financiación de pymes y grandes empresas con líneas de crédito muy ventajosas o cuando el mismo Gobierno está exigiendo a bancos y cajas la puesta en marcha de políticas económicas tendentes a alentar el crédito al consumo.
Según Gestha, “carece de sentido que la AEAT esté dificultando el acceso al crédito a las economías domésticas y a las pymes cuando en realidad debería adoptar medidas orientadas a dulcificar los pagos para reducir las asfixia y el alto índice de morosidad que padecen los contribuyentes”.
Finalmente, el colectivo de Técnicos de Hacienda explica que el incremento de las solicitudes de aplazamiento de los pagos tributarios, unido a la caída de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis actual, motivó que la Agencia Tributaria redujera sus ingresos en un 12,6% hasta noviembre de 2008, lo que en términos de recaudación supone 23.559 millones de euros menos con respecto al mismo periodo de 2007. La recaudación total del Estado en este periodo ascendió a 163.635 millones de euros.

El nuevo gravamen de los “pases inmobiliarios” y sus problemas de constitucionalidad

Lunes, 26 de enero de 2009

Eugenio Simón Acosta,abogado del despacho Simón Acosta Abogados y catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Legaltoday.com

Hasta el día 26 de diciembre de 2008, el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (TRLITP) decía que en la transmisión de créditos o derechos mediante cuyo ejercicio hayan de obtenerse bienes determinados y de posible estimación se exigirá el impuesto por iguales conceptos y tipos que las que se efectúen de los mismos bienes y derechos. Así pues, la cesión onerosa a un tercero del derecho del comprador que todavía no ha adquirido el inmueble (habitualmente en construcción), es decir los llamados pases inmobiliarios tributaban por el concepto transmisión onerosa y se aplica el tipo de gravamen de los inmuebles (6%, salvo que la Comunidad Autónoma haya aprobado otro diferente). La base imponible era el valor real del derecho cedido (artículo 10 del TRLITP). Este valor real es el precio de venta del derecho, una cifra que normalmente se aproximará a la cantidad ya desembolsada por el primer comprador o al valor real actual del inmueble terminado, que recibirá el comprador, minorado en el importe de las deudas del comprador en las que el cesionario se subrogue, tanto si son deudas con el vendedor como con una entidad financiera.
La reciente reforma fiscal (Ley 4/2008 de 25 de diciembre) ha pretendido “mejorar la situación de los particulares en el mercado inmobiliario” y facilitar la venta del derecho de compra para paliar los efectos de la crisis económica sobre quienes han adquirido una vivienda en construcción y no pueden hacer frente a las deudas contraídas. Para ello ha añadido al citado artículo 17.1 un párrafo según el cual, en el caso de inmuebles en construcción, la base imponible estará constituida, tras la reforma, por el valor real del bien en el momento de la transmisión del crédito o derecho, sin que pueda ser inferior al importe de la contraprestación satisfecha por la cesión. ¡Extravagante forma de ayudar a los compradores en apuros cuando el valor real del bien en el momento de la transmisión sea mayor que su valor final menos las deudas pendientes! Pensemos en alguien que ha efectuado una pequeña entrega a cuenta (pongamos 10.000 €) por una vivienda prácticamente terminada de construir que vale 500.000. Si cede el derecho de compra por su valor, el precio de la cesión será aproximadamente 10.000 € y el cesionario se subrogará en una deuda de 490.000 €. Con la ley anterior su base imponible era 10.000 €, y actualmente, tras la reforma realizada para facilitar este tipo de operaciones, la base imponible es 500.000 €. Ayudas como ésta supongo que nadie las quiere. ¿Cómo se explica este despropósito?
La razón de la reforma no es otra que un error interpretativo que la Administración tributaria no ha querido enmendar mediante una simple resolución administrativa. Al aplicar la ley anterior, la Dirección General de Tributos (DGT) ha entendido, en numerosas consultas vinculantes, que la base imponible estaba constituida por el valor real del inmueble cuyos derechos se ceden: craso error porque lo que se transmite no es el inmueble, sino el derecho a comprarlo y la base imponible no puede ser el valor del inmueble, sino el valor del derecho cedido. La interpretación administrativa es un atentado a la gramática, a la lógica y al principio de capacidad contributiva.
La Ley 4/2008 ha pretendido acabar con tal interpretación, pero lo que realmente se ha hecho es convertir un error de la Administración en una interpretación auténtica, que constituye una grave lesión del derecho constitucional a la seguridad jurídica dado que la interpretación no innova el ordenamiento jurídico y se aplica retroactivamente desde la fecha de promulgación de la ley interpretada.
El carácter interpretativo de la nueva ley se desprende de su exposición de motivos, donde leemos que “la limitación de la base imponible al valor real que tenga el bien en el momento de la transmisión del crédito o derecho se dirige especialmente a los supuestos de transmisión entre particulares del derecho de adquisición de una vivienda en construcción. Es una modificación necesaria para evitar un gravamen impositivo que, sumado al que se produce por el IVA que satisface el nuevo propietario del derecho cuando adquiere la vivienda, hacía, en la práctica, casi imposible la transmisión de estos derechos”.
De este modo el legislador ha venido a dar por buena la interpretación de la DGT y puede haber convertido en interpretación auténtica y vinculante erga omnes algo que realmente no se deducía de la legislación anterior.
He aquí dos temas interesantes que invitan a una reflexión de dogmática jurídica: 1) ¿Puede afirmarse que el criterio expresamente manifestado en la exposición de motivos de una ley es una interpretación auténtica de una norma legal precedente? La exposición de motivos de una ley no es de carácter preceptivo pero en ella se contiene el criterio o la opinión del legislador y, por todo ello, su naturaleza de interpretación auténtica puede ser, al menos, objeto de debate. 2) Una norma legal interpretativa de carácter retroactivo puede ser inconstitucional si el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que en ella se esconde una verdadera innovación del ordenamiento jurídico y una infracción del principio de seguridad jurídica; en tal caso su constitucionalidad sólo se salva si se rechaza su aplicación retroactiva.

La operación, mejor ante notario

Lunes, 26 de enero de 2009

25.01.09 – A. N.| Málaga. Sur.es
Según explican los abogados especializados en asuntos inmobiliarios, el trueque se basa en dos operaciones de compraventa a través de una mera permuta, con lo que el medio de pago empleado, en lugar de dinero, es un bien distinto.
Siendo por tanto una compraventa doble, el coordinador del despacho Martínez-Echevarría y experto en temas inmobiliarios, Santiago de la Cruz, detalla que se tendría que liquidar el impuesto por cada una de las transmisiones patrimoniales (del 7%) dos plusvalías municipales (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), dos facturas notariales (el notario realizaría una individualización de la base para fijar su arancel y facturaría de forma independiente), y dos facturas del Registro de la Propiedad correspondiente. «Lo habitual es que las partes pacten que cada una asuma sus gastos e impuestos, pues normalmente en las permutas no coincide el valor de los inmuebles que se intercambian», destacan los expertos.
Esta es la vía más segura, no obstante, de la Cruz recuerda que la permuta también puede hacerse mediante documento privado ante notario, sin escritura pública «aunque se trata de una alternativa con un mayor riesgo», destaca. La ventaja de esta opción es su coste, ya que las partes se ahorran el pago de los impuestos.

La banca estrena el año con subidas de las comisiones de hasta un 66%

Lunes, 26 de enero de 2009

24-01-09 , Juan Javier Andrés. Expansión
El estreno de año ha traído un aluvión de incrementos de precios en los servicios básicos. Ha subido la luz, el agua, el teléfono y los transportes, entre otros. A esta espiral alcista también se han sumado los bancos y cajas con un significativo aumento de las comisiones que cobran por sus servicios.
Así lo reflejan los folletos que las entidades registran en el Banco de España y que recogen las tasas máximas que pueden llegar a repercutir a sus clientes por todo tipo de servicios y productos (transferencias, cheques, estudio de créditos, tarjetas).

Según los cálculos realizados por Expansión a partir de las modificaciones realizadas por las entidades entre diciembre y las tres semanas de este mes, bancos y cajas han llegado a subir en poco más de un mes hasta un 66% las tasas que cobran.

Las mayores alzas se han producido en tarjetas y cuentas corrientes, y corren a cargo de varias entidades. Por ejemplo, Banco de Valencia ha subido un 66% la tasa que aplica por la consulta con su tarjeta de débito en un cajero de otra entidad, situándola en un euro frente a los 60 céntimos anteriores, según el folleto registrado en el Banco de España. Caixanova, décima caja por activos, ha incrementado un 60% la cuota anual de su tarjeta de crédito, pasando de 25 a 40 euros.

Tasas máximas
En mes y medio más de veinte entidades han modificado sus tarifas, entre las que están Santander, Banesto, Caixa Catalunya, ING Direct, Banco Guizpuzcoano, CAM y Banco de Valencia, entre otras. Los folletos de comisiones recogen las tarifas máximas que las entidades pueden llegar a repercutir al cliente, aunque no necesariamente la tienen que estar aplicando ahora.

Bancos y cajas están poniendo especial interés en incrementar las comisiones de los productos y servicios más demandados. Son los casos de las cuentas corrientes, tarjetas de débito y crédito, transferencias e ingresos de cheques, e incluso la tarifa plana -agrupación de productos y servicios por la que el cliente paga un fijo cada cierto período de tiempo-.

Por ejemplo, Santander, primer banco español, ha incrementado un 50% la cuota anual de la tarjeta de débito desde los 12 hasta los 18 euros. Banca March ha subido un 50% la tarifa que aplica por retirar dinero con su tarjeta de débito en un cajero de 4B que no sea suyo. Cajastur, vigésima caja por activos, ha elevado el precio de las transferencias en la propia ciudad desde un 0,1% con un mínimo de 1,5 euros, hasta un 0,5% con 4,5 euros de mínimo.

Las entidades también están aplicando subidas en comisiones relacionadas con el agudo deterioro de la economía, en especial la reclamación de descubiertos en cuenta e impagos en créditos. ING Direct, el mayor banco por Internet de España con más de 1,8 millones de clientes, ha subido casi un 39% la tasa por reclamar un descubierto en cuenta, hasta los 25 euros. CAM, cuarta caja por activos, ha dejado la declaración de impago en un 0,05%, con un mínimo de 24 euros, frente a los 18 euros anteriores.

Presión sobre las cuentas
Esta tendencia se agudizará previsiblemente durante este ejercicio y es consecuencia directa del contexto en el que compite las entidades financieras. Bancos, cajas y cooperativas, que entre enero y septiembre habían ingresado 9.929 millones por el cobro de comisiones, necesitan asegurarse más ingresos en un entorno marcado por la caída de esta partida, el descenso del negocio, la bajada de los tipos y el crecimiento de la morosidad, un efecto que presiona sus márgenes y sus cuentas de resultados. Fuentes de un banco reconocen que “las entidades están tratando de recuperar parte de sus márgenes subiendo los precios de los productos y volviendo a cobrar algunas comisiones”.

Aunque el continuo repunte de la morosidad, que el pasado noviembre alcanzó su nivel más alto desde octubre de 1997 al situarse en un 3,118%, también tiene parte de culpa. Estas fuentes indican que “recuperar parte de los ingresos por comisiones es una vía para compensar parte del menor beneficio que puedan dar por efecto de unas mayores provisiones para cubrir la morosidad”.

Un buen año para comprar vivienda, con permiso de los bancos

Lunes, 26 de enero de 2009

Tania Juanes – 24/01/2009 Cinco Días
Tras 14 años de fuertes subidas de precios y actividad desenfrenada, el mercado de la vivienda se enfrenta al giro más radical de la historia reciente. Aunque los porcentajes que aparecen en las estadísticas no son coincidentes entre sí ni reflejan completamente la situación a pie de calle, todos apuntan en el mismo sentido: el Ministerio de la Vivienda señala que el precio de las casas cayó un 2,8% en 2008 respecto a 2007, mientras que la tasadora Tinsa indica que la caída fue de un 8,8%. Además, el número de operaciones de compraventa de casas en el tercer trimestre se desplomó un 36% respecto 2007, y la cifra de viviendas libres -excluyendo VPO- iniciadas en septiembre bajó un 68% respecto al año anterior. Son algunos de los números de un pinchazo que ha empapelado de ajados carteles de venta las ciudades españolas.
Pero, ¿cómo se puede beneficiar el ciudadano que desee comprar un vivienda de esta coyuntura? ¿Es éste un momento idóneo para embarcarse en lo que previsiblemente será la mayor inversión de su vida?
Con todas las precauciones requeridas y con algunos matices, los expertos creen que se abre una etapa positiva para quien piense adquirir un piso o un chalet para utilizarlo como vivienda. En cualquier caso las condiciones han cambiado: si hasta hace unos doce meses el mercado inmobiliario estaba dominado por los vendedores, en parte debido a la furia inversora, ahora la situación es muy diferente. ‘Los compradores tienen actualmente una gran capacidad de negociación, éste puede ser un buen año para ellos’, señala Javier García Mateo, director de análisis de Aguirre Newman.
El ajuste está todavía lejos de terminar; ha sido severo en actividad pero los precios reflejan la crisis de forma dispar. Y eso convierte en bueno el momento. El comprador tiene la sartén por el mango y, como no se espera recuperación de los precios, también tiene el tiempo de su parte. ‘Existen muchas posibilidades y oportunidades; el mercado se irá equilibrando’, indica David Moya, director de la inmobiliaria Look & Find.
Además de conseguir la financiación bancaria -que se ha convertido en un cuello de botella-, lo que más interesa al comprador es la situación de los tipos de interés y obviamente el precio. Partiendo de la idea de que estaban desorbitados, la pregunta que se hacen ahora los eventuales compradores, como señalan los profesionales que trabajan es este área, apuntan a si continuará la tendencia bajista con más fuerza.
Yolanda Lozano, directora nacional de residencial de Richard Ellis, manifiesta que durante los próximos meses vamos a asistir a ajustes generalizados de precios para absorber el stock de viviendas. Pero, como otros analistas, afirma que ya se pueden encontrar productos muy interesantes. Si se necesita o se quiere comprar una vivienda, es preferible empezar a buscar ya antes que esperar caídas de precios.
Las opiniones de los expertos, sin ser coincidentes con los porcentajes, concuerdan en el fondo: los precios seguirán cayendo en 2009. El director de Aguirre Newman cree que habrá una reducción adicional entre un 8% a un 10% este año -cifras similares a las registradas en 2008-. Fernando Encinar, director del portal inmobiliario Idealista, añade que los ajustes seguirán a medio plazo. Desde Tecnocasa, no obstante, no se prevén reducciones sustantivas a partir de los próximos meses.
Respecto a qué recortes se han producido realmente durante 2008 -aspecto que puede confundir a los posibles clientes-, Encinar afirma que en la práctica han sido más elevados de lo que reflejan las estadísticas del Ministerio de Vivienda. Ello se debe a que en ellas tiene un peso fuerte las operaciones cerradas el pasado año, pero con preventas suscritas antes, en etapas todavía alcistas.
Con este panorama cambiante, el director de Idealista destaca que los mejores descuentos se logran en las negociaciones para la compra de una vivienda de segunda mano, que pueden ascender al 20% de las cifras solicitadas inicialmente. Pero agrega que es preciso cotejar primero el precio medio del metro cuadrado de la zona elegida -aunque la calidad del edificio sea otro factor a tener en cuenta- para afrontar las negociaciones. Otro consejo que los expertos apuntan es que posible encontrar oportunidades en inmuebles no vendidos en promociones ya cerradas, pues a las inmobiliarias por sus problemas de liquidez no les interesa quedarse con ellos.
Ésta es, por tanto, la foto fija del ladrillo: con diferencias por ciudades y barrios, los precios han caído en 2008 y lo van a seguir haciendo en 2009. Sin embargo, es un momento idóneo para empezar a buscar, contrastar ofertas y, sobre todo, hacer valer la capacidad de negociación. Y, posiblemente, para comprar si se necesita una vivienda, porque aunque pueden pasar tres o cuatro años para volver a las valoraciones de 2007, la propensión será a la estabilización.
Pero hay otras dos ‘patas’ que marcan el mercado; una está a favor del comprador -la caída del euríbor-, mientras que la otra es un claro obstáculo -el cierre del grifo bancario. El ahorro por ese descenso puede situarse entre los 155 a los 230 euros para una deuda hipotecaria de 150.00 euros respecto a 2008, y la evolución parece que va a seguir en la misma línea a la vista de la política monetaria del BCE. Sobre un posible cambio de actitud de las entidades financieras existen más interrogantes, aunque eso no significa que los clientes solventes no tengan ahora acceso a créditos.
Y, pese a todo, hay demanda potencial de vivienda. Es una conclusión compartida por todos. Yolanda Lozano, de Richard Ellis, añade que una vez toque fondo la crisis financiera, previsiblemente a finales de 2009, ésta aflorará con fuerza. Los expertos destacan que en un año o en un año y medio se verá ya el efecto de la fuerte caída de la actividad constructora, con lo que se reducirán drásticamente las promociones y comenzarán a absorberse los stocks. Javier García Mateo, de Aguirre Newman, añade que se irá a que la compraventa de viviendas ascienda a 300.000 a 400.000 unidades anuales, la mitad que los años del boom.

La CAM se suma a la línea del ICO para aplazar hipotecas a los parados

Domingo, 25 de enero de 2009

El programa permite prorrogar la mitad de las cuotas mensuales y devolver la deuda en diez años
J. Fauró. Información.es
Caja Mediterráneo se ha sumado a la línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial que permitirá a la entidad de ahorro aplazar a sus clientes en paro la mitad de la cuota mensual de la hipoteca.
La caja con sede en Alicante ha sido una de las últimas en incorporarse al programa “Línea ICO-Moratoria hipotecaria”, con el que aún no han suscrito convenios algunas de las grandes entidades bancarias de España, entre ellas, Santander o Caja Madrid.
El Instituto de Crédito Oficial sumirá el coste del aplazamiento del 50% de las cuotas mensuales hipotecarias de desempleados y autónomos, mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida. El Consejo de Ministros acordó el pasado noviembre el cuarto bloque de medidas del Gobierno para afrontar la crisis económica. El ICO lanzó paralelamente a este plan otras líneas de financiación a empresas a las que sí se había sumado la CAM.
Fuentes oficiales de la CAM confirmaron la adhesión de la caja a esta línea del Instituto de Crédito Oficial, que ha llegado a cuestionar la “escasa colaboración” de las entidades financieras en la moratoria hipotecaria para los desempleados.

Sin coste para la caja
La adscripción de Caja Mediterráneo implica que cualquier desempleado que esté pagando hipoteca y cumpla los requisitos del programa pueda dirigirse a la entidad bancaria interesándose por el programa del ICO.
En los convenios entre este organismo y los bancos y cajas se establece que las entidades bancarias no asumirán ningún coste por sumarse a la medida. Las condiciones de los créditos concedidos a la banca se han negociado convenio a convenio.
El límite del aplazamiento será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.
Esta línea cuenta con una dotación máxima de 6.000 millones de euros.
En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades.
La moratoria de las hipotecas pueden solicitarla los trabajadores por cuenta ajena parados o que pierdan su trabajo antes del 1 de enero de 2010, así como los autónomos que hayan debido cerrar su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad.
De este colectivo, sólo podrán pedir la moratoria quienes tengan suscrita una hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 170.000 euros. La entidad de crédito no podrá exigir garantías al cliente.

Octava entidad en fondos al sector empresarial

La CAM ya firmó el pasado noviembre con el ministro Pedro Solbes y el responsable del ICO, Aurelio Martínez, la adhesión de la caja a las líneas de financiación a empresas. La entidad se situó en 2008 como la octava entidad financiera del país en volumen de fondos ICO canalizados a través de estas líneas. La caja ha incrementado un 72% el número de operaciones formalizadas a través de las líneas del ICO, incremento que se sitúa en el 111% en lo referente a volumen de financiación gestionado, hasta el punto que prácticamente se han agotado los fondos adjudicados a la entidad para la Línea ICO Pymes 2008.

Relación entre los precios de la vivienda y el consumo: ¿gastamos más si se revaloriza nuestra casa?

Domingo, 25 de enero de 2009

elEconomista.es | – 22/01/2009

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy en su boletín mensual correspondiente a enero un estudio sobre el efecto de la riqueza inmobiliaria sobre el consumo. ¿Gastamos más si nuestra casa se revaloriza? La entidad asegura que este efecto es relativamente moderado en la zona del euro, en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Y en España?
La entidad afirma que la “limitada evidencia disponible” sugiere que la relación del aumento del precio de la vivienda con el consumo es relativamente moderada en la zona del euro, en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido, lo que, en cierta medida, “puede ser reflejo del hecho de que los hogares de la zona del euro toman prestados menos fondos con cargo a la riqueza inmobiliaria para financiar el consumo”.
El BCE asegura en su estudio que “el vigoroso crecimiento que, en líneas generales, ha experimentado el precio de la vivienda en la zona del euro en el último decenio contrasta con un débil crecimiento del consumo”.
Según el organismo presidio por Jean Claude Trichet, el reembolso del capital inmobiliario está menos extendido, en general, en la zona del euro que en países como Estados Unidos y el Reino Unido, “probablemente porque los bancos lo ofrecen menos y porque los hogares lo solicitan con menos frecuencia”.
Otra de los factores que destaca es “el menor grado de innovación financiera” de la Eurozona, lo que según el BCE, “puede haber tenido como consecuencia positiva un crecimiento menos pronunciado del crédito a prestatarios menos solventes, cuyo consumo puede ser especialmente sensible a perturbaciones que afectan a los precios de la vivienda y de otra naturaleza”.
Situación en España
No obstante, el banco central reconoce que existe una heterogeneidad considerable en los distintos países de la zona del euro en lo que se refiere tanto a la evolución de los precios de la vivienda como a la reacción del gasto en consumo ante perturbaciones que afectan a los precios de la vivienda.
Cuando el BCE se refiere a España, cita estudios que usan datos microeconómicos para relacionar los factores del consumo y la riqueza inmobiliaria, un tipo de datos que también se utilizan principalmente en Francia, Italia y Finlandia y que proporcionan información a nivel de hogares.
De este modo, los informes que maneja el banco emisor aseguran que la propensión marginal al consumo a partir de la riqueza inmobiliaria en España es de 2 a 7 céntimos por euro, frente a, por ejemplo, los 2 céntimos por euro de Italia.

Los dueños de un geriátrico de Outes, imputados por ´desvalijar´ a ancianos

Domingo, 25 de enero de 2009

El juzgado de Muros investiga el incremento patrimonial del matrimonio y su hijo con la adquisición de bienes de clientes desahuciados con capacidad intelectual mermada
Redacción| A Coruña. Laopinioncoruña.es
Libertad con cargos, entrega de los pasaportes y embargo de bienes inmuebles, cuentas, valores y fondos de inversión.

Éste es el acuerdo adoptado ayer por la juez de Muros para los propietarios de una geriátrico de Outes y su hijo, que prestaron declaración en calidad de imputados por posible estafa.

El juzgado investiga su incremento patrimonial con la adquisición de bienes de clientes con su capacidad intelectual mermada o bien desahuciados.

El fiscal sostiene que “desvalijaban” a ancianos y solicitó su prisión incondicional como autores de un presunto delito de estafa, cómplices de falsedad documental de varios notarios y coautores de un posible delito de asociación ilícita.

Poco después de tomarles declaración a los tres imputados, se celebró en el mismo juzgado una vista con presencia de un letrado de la Xunta, ya que la Fiscalía, pese a entender que procedía la clausura de la residencia geriátrica, solicitó por cuestiones humanitarias la intervención de la misma por la Administración autonómica para evitar que los 21 ancianos ingresados quedaran desatendidos.

La letrada de la Xunta de Galicia adujo que se trata de una vivienda comunitaria privada con 21 plazas, por lo que no existe obligación de realojar a sus residentes en residencias públicas.

No se opuso a la clausura, pero solicitó al menos una semana para el realojo de los ancianos. El abogado defensor alegó que se trata del hogar de los ancianos, además del domicilio familiar de los propietarios.

Alegó, además, que el centro cuenta con todos los papeles en regla y que los residentes reciben de manera eficaz unos servicios “controlados por la Administración que ha inspeccionado reiteradamente la residencia”. Finalmente, la juez no adoptó la medida cautelar solicitada por el fiscal y los imputados siguen al frente de la residencia.

La Fiscalía, en base a una investigación desarrollada por la Unidad de Patrimonio de la Guardia Civil, sostiene que “existen numerosas incorporaciones patrimoniales de los tres imputados respecto a ancianos que se encuentran en su residencia, que pagaban sus cuotas y a los que llevaban a diversas notarías para escudarse en contratos, bien de alimentos, innecesarios por haberse satisfecho las cuantías, o en su caso directamente ventas de bienes a precios absolutamente irrisorios”.

El abogado de la defensa expuso, por su parte, que si el objetivo era evitar la reiteración de posibles ventas fraudulentas, “evidentemente las escrituras que se han hecho ya están otorgadas y serán los tribunales competentes los que decidan si están bien hechas o no. Esto es pasado”.

La juez tampoco acordó prohibir expresamente el ejercicio de cualquier tipo de funciones relacionadas con el cuidado o mantenimiento de personas que padezcan discapacidad o de la tercera edad para los imputados, como propuso también el fiscal, que alegó que la mujer es peluquera de profesión (regentó una peluquería), su marido es jubilado y el hijo, según él mismo relató ayer durante su comparecencia en la vista celebrada , padece una enfermedad mental.

El abogado defensor alegó que contaban con los permisos legales de la Xunta para regentar la residencia.