AIRE

Diario de Noticias, 12 Ene. 2009, Editorial LA LEY
Con esta iniciativa, que aún debe ser ratificada por las directivas de cada una de las asociaciones, pretenden evitar que el próximo día 18 de febrero los magistrados españoles vayan a la huelga, tal y como han decidido diversas Juntas de Jueces como las de Málaga, Extremadura y Murcia.
Madrid.- Representantes de las cuatro asociaciones de jueces españolas –Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– acordaron hoy en una reunión conjunta proponer la realización de protestas aún por definir, aunque serán de baja intensidad del tipo de concentración o manifestación pública con el fin de hacer público el “malestar” y el “hartazgo” existente en la carrera judicial debido a la falta de medios y a las críticas recibidas últimamente por parte de los poderes públicos.
Con esta iniciativa, que aún debe ser ratificada por las directivas de cada una de las asociaciones, pretenden evitar que el próximo día 18 de febrero los jueces españoles vayan a la huelga, tal y como ya han decidido diversas Juntas de Jueces como las de Málaga, Extremadura y Murcia.
Consideran que antes de llegar a una medida tan extréma como la huelga, que sería la primera que celebran los jueces de la historia, debe darse una oportunidad al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que avancen en un plan de mejora y modernización de la Administración de Justicia. Si estos avances no se producen, propondrían ir a la huelga el próximo 26 de junio.
Entre las reivindicaciones acordadas hoy por las cuatro asociaciones de jueces están la instauración “efectiva” de la nueva oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de las cargas máximas de trabajo, la conciliación familiar, aumentos salariales y medidas para que la fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los jueces, y no de los secretarios judiciales, tal y como proyecta el Ministerio.
Decanos en el CGPJ
Por su parte, los vocales de la Comisión de Modernización del CGPJ han convocado el próximo miércoles a los jueces decanos que ejercen esta función en exclusiva en ocho grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Málaga, y Palma de Mallorca), con el fin de avanzar en las medidas a adoptar para la modernización de los juzgados.
Fuentes del Consejo señalaron que, aprovechando que el próximo día 21 está prevista la convocatoria de juntas de jueces en todos los órganos judiciales españoles, se aprovechará para hablar con los decanos sobre el contenido de las reuniones, ya que son éstos a los que compete su convocatoria y la fijación de los distintos órdenes del día.
Un día después, el jueves, la APM se reunirá con los jueces decanos afiliados a esta asociación en toda España para conocer su punto de vista respecto a las juntas del día 21.
Esta nueva “maratón” de reuniones coincide con el movimiento de centenares de jueces de toda España que en los últimos días se vienen comunicando por medio de sus canales internos de comunicación en Internet respecto a la posibilidad de llevar a cabo medidas de protesta tras las críticas vertidas por el Gobierno a raíz de la decisión del CGPJ de mantener la sanción de 1.500 euros al juez Tirado.
Fuentes jurídicas precisaron a Europa Press que los jueces emplearon el foro interno de la página web www.poderjudicial.es, al que tienen acceso todos los miembros de la magistratura –tanto asociados como no asociados– para manifestar su “gran enfado” por las declaraciones de Zapatero, quien mostró su discrepancia “sería y profunda” contra la decisión del Pleno del CGPJ de mantener la multa económica contra Tirado por sus errores en el ‘caso Mari Luz’.
Además, otra de las opiniones vertidas en el foro de Internet es que “las críticas del Gobierno son una estrategia que busca en el fondo provocar a los jueces y forzar una huelga y así deslegitimar al CGPJ”. “Los ciudadanos no entenderían una huelga de jueces y el Gobierno aprovecharía para intervenir con medidas destinadas a limitar el poder los jueces”, apuntaron estas fuentes.
El pasado 21 de noviembre, jueces de distintas localidades de España llevaron a cabo juntas en sus respectivos órganos judiciales y acordaron volver a reunirse el próximo 21 y, al menos en Barcelona, Galicia o Ciudad Real los magistrados estudian la posibilidad de celebrar una jornada de huelga en el mes de febrero, mientras que la Junta Autonómica de Jueces de Murcia y Extremadura ya ha anunciado un paro para el 18 de febrero. Informó Europa Press.

Bermejo negociará acuerdos con los jueces pero descarta nuevas subidas salariales
13-01-2009 , por M. C. G. / Agencias Expansión
El Ministerio de Justicia cree que una huelga de jueces sería “injustificada e injustificable”, al tiempo que considera “sorprendente y decepcionante” que las asociaciones judiciales amenacen con paros si no se atienden sus reivindicaciones. El titular del ramo, Mariano Fernández Bermejo, no entiende estas amenazas “precisamente ahora” y cree que los magistrados “no se pueden permitir el lujo” de ir a la huelga, y los fiscales consideran este ultimátum una medida “inadecuada” y “precipitada”.

Así ha respondido el Ministerio en un comunicado al documento reivindicativo de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
Las cuatro asociaciones de jueces acordaron anoche convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el “malestar” y “hartazgo” de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones irán finalmente a la huelga el 26 de junio. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo cree que vincular la huelga a una mejora económica resulta difícil de comprender en el actual momento de crisis y teniendo en cuenta que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5% debido al incremento de las pagas extraordinarias.
Justicia señala que es “incomprensible” para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado y cree que es “incongruente” que se amenace con una huelga para la urgente instalación de la Nueva Oficina Judicial cuando el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de ley que la hará posible. Asimismo, ve “intolerable” que se intente presionar a las Cortes con una huelga para intentar condicionar parte del contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial.
El Ejecutivo se pregunta por qué se amenaza, ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia, cuando se ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario que se ha conocido en esa dirección y cuando, por primera vez, la partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento.
El Gobierno expresa su disposición al diálogo con las asociaciones judiciales, que están legalmente legitimadas para defender los intereses del colectivo judicial, con el objetivo de unir esfuerzos para ofrecer a los ciudadanos el servicio público de calidad al que tienen derecho.
El caso Tirado, “flotando”
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dice estar abierto al diálogo con las asociaciones de jueces pero avisó a los magistrados de que “no están por encima de la crítica democrática”. “Que nadie pretenda que el Gobierno no vaya a decir lo que tenga que decir”, ha señalado en una rueda de prensa en Madrid.
El titular de Justicia subraya que las conversaciones están supeditadas a mejoras en el servicio de justicia para los ciudadanos, aunque señaló que “una de las razones” de la protesta de los jueces están en las críticas del Gobierno a la sanción de 1.500 euros que confirmó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado, el cual “está flotando” en la decisión tomada ahora por las asociaciones de magistrados. “Si nos parece que la sanción a un juez ha sido leve lo diremos, porque esto forma parte de la esencia del Estado democrático, donde nadie resulta intocable”, remachó.
De esta forma, dice confiar en la “cordura” de quienes ostentan el poder judicial para que esta huelga “no llegue a realizarse”, y afirmó que los ciudadanos no entenderían que los jueces se pusieran en huelga “igual que no entenderían que lo hiciera un ministro”.
Para el titular de Justicia, hay que “celebrar” que las asociaciones judiciales “tomen las riendas” de una situación dentro de la carrera judicial que “parecían no controlar”. “Pero es enormemente decepcionante que las asociaciones de jueces puedan plantearse la existencia de una huelga”, agregó Bermejo, para quien quienes ostentan un poder del Estado no deben “traicionar” el mandato de los ciudadanos.
El responsable de Justicia asegura que aunque “hay una evidente intención de continuar el diálogo con las asociaciones”, entre las reivindicaciones de los jueces “hay aspectos difícilmente compartibles”. “Nos cuesta mucho trabajo entender por qué se plantea una huelga cuando el Gobierno acaba de llevar al Parlamento una ley para la reforma del poder judicial”, agregó.
En esta línea, subraya que en estos momentos se está haciendo el “mayor esfuerzo que se ha hecho nunca” en materia de mejora tecnológica de los juzgados y recordó que en el primer trimestre de 2010 entrarán en funcionamiento procedimientos como el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. “¿Por qué precisamente ahora, cuando se ha creado el mayor número de órganos judiciales, fiscales, secretarios de la administración de justicia y funcionarios, es cuando se amenaza con una huelga si no se mejora? Es, realmente, difícil de comprender”, se pregunta también el Ministro.

Bermejo advierte que “no será fácil” que el Ejecutivo pueda “plegarse” a las reivindicaciones salariales y sobre jubilaciones que han planteado las asociaciones debido a la crisis. Esperó así que los jueces estén “a la altura de las circunstancias” y no pretendan que en este momento se adopten medidas de contenido económico.
“Espero y deseo que la situación se reconduzca y que se comprenda que en estos momentos de crisis no se pueden hacer tratamientos económicos a un colectivo que no es desde luego el más necesitado”, remachó.
Los jueces deben cumplir la ley
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha señalado que espera que los jueces cumplan la ley, ya que si no asumen su obligación “darán un mal ejemplo”, y ha precisado que son las autonomías las que tienen que responder de sus competencias, y en este caso de las infraestructuras judiciales (ver vídeo).
Blanco asegura que el Gobierno socialista “ha ampliado el número de plazas de jueces y fiscales como nunca en la historia”, y aunque ha reconocido que “hay que trabajar para modernizar la justicia”, ha recordado que “la responsabilidad en las infraestructuras de la Justicia” es de las comunidades autónomas, porque tienen las competencias transferidas.
Recelo de los fiscales a la huelga
Por su parte, las asociaciones de fiscales recelan de las protestas convocadas por los jueces, porque dudan de que sean el método adecuado para lograr la administración de Justicia, según han indicado a Servimedia los portavoces de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Sánchez, y de la Asociación de Fiscales (AF), Guillermo García. Sánchez manifestó que su asociación comparte el fondo de una parte de las reivindicaciones de los jueces, pero considera “inadecuada” la forma de defenderlas, porque “está en juego uno de los poderes del Estado”.
Por su parte, Guillermo García juzgó “razonable” que los protesten para reclamar esas mejoras, pero consideró “prematuro” convocar una huelga ya que aún hay contactos pendientes con el Ministerio de Justicia para concretar las propuestas de mejora y valorar la disposición del Gobierno a abordarlas.

Observa importantes carencias en la medida

Sólo unas pocas entidades se han adherido a la medida más de 40 días después de la publicación en el BOE del Real Decreto que la regula.
FACUA.org – España – 13 de enero de 2009 FACUA-Consumidores en Acción critica que la inmensa mayoría de parados todavía no puede acogerse a la moratoria de dos años en el pago de hasta el 50% de sus hipotecas. Asimismo, la asociación ha observado importantes carencias en la medida, tanto por las limitaciones en los destinatarios como en los elevados tipos de interés con los que habrá que devolver las cantidades aplazadas.

Sólo unas pocas entidades de crédito se han adherido a la medida más de cuarenta días después de la publicación en el BOE, el 2 de diciembre, de la norma que la regula, el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.

Vigente desde el 1 de enero, la moratoria fue anunciada a comienzos de noviembre por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que señaló que “puede afectar a más de 500.000 trabajadores”.

Lo que no aclaró el presidente es que si las entidades financieras se niegan, sus clientes no podrán acogerse a la medida. Y es que para que una persona en paro pueda solicitar la moratoria hipotecaria, es imprescindible que su entidad financiera haya suscrito un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El Real Decreto establece en su artículo 7 que “el Ministro de Economía y Hacienda instruirá al Instituto de Crédito Oficial para que concierte con las entidades de crédito los correspondientes convenios que prevean las medidas de apoyo financiero para alcanzar los fines previstos”.

El listado de entidades de crédito adheridas a la Línea ICO-Moratoria-Hipotecaria se reduce, con fecha 12 de enero, a diecisiete: BBVA, Caja de Ahorros de La Rioja, Caixa Manlleu, Banca March, Banco Cooperativo Español, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Ciudad Real, Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, Caja Rural de Aragón, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Banca Pueyo, SA Nostra, Caja de Ahorros y MP de las Baleares, Cajamar, Banco de Valencia, Caja General de Ahorros de Canarias e Ipar Kutxa Rural.

Quiénes pueden solicitarla

Podrán beneficiarse de la medida, siempre que su entidad financiera haya suscrito el acuerdo con el ICO, trabajadores por cuenta ajena que se encuentren en situación legal de desempleo al menos durante los tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud y tengan derecho prestaciones por desempleo, contributivas o no contributivas.

También podrán hacerlo trabajadores por cuenta propia que se hayan visto obligados a cesar en su actividad económica, manteniéndose en esa situación durante un periodo mínimo de tres meses, o los que acrediten ingresos íntegros inferiores a tres veces el importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) durante al menos tres mensualidades. Y asimismo, los pensionistas de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario.

FACUA lamenta que el Gobierno haya excluido de la medida a otros perfiles de usuarios que, sin estar parados, sí se encuentran en situaciones económicas especialmente problemáticas, como aquéllos que han sufrido recortes en sus ingresos con posterioridad a la firma de sus hipotecas -disminución de jornada, salario hora o un nuevo empleo con peores condiciones-.

Usuarios a los que hay que sumar el conjunto de hipotecados que, sin haber reducido sus sueldos, han experimentado en cualquier caso importantes subidas en las cuotas mensuales de sus hipotecas de las que nadie les alertó cuando firmaron sus préstamos. Incrementos que ahora les dificultan enormemente hacer frente a su pago.

Hasta el 50%, con un máximo de 500 euros al mes

Los beneficiarios de la medida podrán aplazar el pago de hasta el 50% del importe de sus cuotas hipotecarias, con un máximo de 500 euros mensuales, entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.

La condición para acogerse a la moratoria es que la hipoteca, sobre vivienda habitual, haya sido suscrita antes del 1 de septiembre de 2008, por un valor inferior a 170.000 euros y no se encuentre en situación de mora. El aplazamiento se instrumentará a través de un contrato firmado entre el cliente y la entidad de crédito.

FACUA ya criticó en su día que el tope de 170.000 euros puede resultar demasiado bajo teniendo en cuenta hasta dónde ha llegado el precio de la vivienda en muchas ciudades. De hecho, la cifra está incluso por debajo del importe medio de las hipotecas suscritas en cuatro comunidades autónomas según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al pasado mes de agosto: Islas Baleares (206.165 euros), País Vasco (204.538), Madrid (190.118) y Cataluña (170.584).

Cómo se abonarán las cantidades aplazadas

Las cantidades objeto de la moratoria tendrán que abonarse a partir de enero de 2011, con plazos de amortización de 3, 5, 7 ó 10 años, si bien éstos nunca podrán ser inferiores al plazo de vencimiento del crédito hipotecario.

Las cantidades objeto de la moratoria se abonarán con un tipo de interés variable, referencia ICO (actualmente coincide con el Euribor) más el 0,80%, y podrán ser canceladas de forma total o parcial sin penalización alguna.

FACUA considera muy alto el interés aplicable sobre las cantidades aplazadas. Tomando como referencia el Euribor de diciembre (3,452%) más el 0,80%, devolver 12.000 euros en 10 años supondría una cuota de 122,94 euros al mes y finalmente se abonarían 14.752,80 euros.

Asimismo, FACUA considera que el Gobierno debería haber ampliado los plazos de amortización de las cantidades aplazadas a la totalidad de la vida del préstamo. En este sentido, advierte a los usuarios que pretendan acogerse a la medida que la valoren como una vía para incentivar el ahorro y no el consumo, además de que deben tener en cuenta el importante incremento que experimentarán sus cuotas hipotecarias a partir de enero de 2010.

Y es que tras hasta dos años acostumbrados a abonar hasta la mitad de la cuota mensual, deberán asumir que ésta no sólo se duplicará, sino que además habrá que sumarle el pago de las cantidades objeto de la moratoria con sus correspondientes intereses (hasta 12.000 euros en 10 años, esto es, 100 euros al mes más intereses).

Cómo solicitarla

Según indica el ICO en su página web, “el cliente tendrá que presentar la documentación que cada entidad de crédito considere necesaria para estudiar la operación”, si bien ésta “no podrá exigir garantías al cliente”.

En cualquier caso, para solicitar la moratoria, los desempleados deberán presentar ante su entidad de crédito un certificado que acredite esta situación, expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado su actividad o tengan ingresos inferiores a tres veces el importe mensual del Iprem, tendrán que aportar un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la base de la declaración efectuada por el interesado ante el organismo.

En el caso de viudedad, mediante certificado expedido por el correspondiente organismo de la Seguridad Social.

13-01-2009 , por Expansión.com
El patrimonio de los fondos de inversión se ha situado en 167.492 millones de euros a 31 de diciembre de 2008, cifra que supone un descenso del 29,84% respecto al registrado al cierre del año anterior, según datos de la patronal Inverco.
El volumen de activos de los fondos de inversión mobiliaria ha sufrido un recorte de 71.225 millones. En tasa intermensual, la pérdida ha sido de 2.725 millones.
La complicada situación del sector también ha tenido su impacto en el número de partícipes, que ha caído un 25,61% en el conjunto del año, para cerrar diciembre en 6,14 millones. En el mes de diciembre, el descenso ha sido del 3%.
Durante diciembre se han registrado reembolsos netos por importe de 2.723 millones de euros. Destacan los fondos de Renta Fija a corto plazo (718 millones), Globales (688 millones de euros) y Garantizados de Renta Variable 568 millones).
BBVA ocupa el primer lugar en cuanto al volumen de los fondos gestionados, con un patrimonio de 33.196 millones de euros, seguido de Santander (32.946 millones) y La Caixa (11.586 millones).
Inverco ha destacado que, a pesar de que los mercados registraron caídas superiores al 40% en 2008, más del 70% de los partícipes de fondos de inversión cerraron el año con rentabilidades positivas, incluso por encima de la inflación.

Informe Tinsa. El precio de la vivienda cayó un 8,8% en 2008 respecto al año anterior, con lo que el coste de los inmuebles regresa a los valores de la primera mitad de 2005, según el Indice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) elaborado por Tinsa.
Ep – Madrid – 13/01/2009. Cinco Días
La caída contrasta con el incremento del 3,6% que registró el precio de la vivienda en diciembre de 2007 respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del IMIE. Según los datos de la tasadora, se trata, además, del décimo descenso consecutivo y una caída un punto superior a la experimentada en el mes de noviembre, del 7,8%.
A la espera del que el Ministerio de Vivienda revele esta semana las cifras de evolución de precios de la vivienda en el cuarto trimestre del pasado año, parace que los datos de Tinsa reflejarán una caída superior. De hecho, al término del tercer trimestre, las cifras del Gabinete dirigido por Beatriz Corredor aún hablaban de incrementos de precios.
El IMIE pone de manifiesto, además, que el pasado mes de diciembre tres de los cinco subíndices territoriales presentaron descensos superiores a la media general. Así, el precio de la vivienda en la Costa Mediterránea y en las Areas Metropolitanas descendió un 14,3% y un 10,2%, respectivamente, al cierre del año. Ya por debajo del 10%, el precio de los inmuebles descendió un 9% en Baleares e Islas Canarias.
Por su parte, el precio de la vivienda en las Capitales y Grandes Ciudades bajó un 8,1%, mientras que el precio en el Resto de Municipios cayó un 6,6%, en este caso por debajo del descenso medio (-8,8%).

La medida ha sido planteada ante la denuncia de que la banca niega multitud de hipotecas para la adquisición de VPO
Amanda Mars – Barcelona – 12/01/2009 El País

Inmobiliarias, sindicatos y cooperativas llevan meses denunciando en Cataluña que la banca deniega multitud de hipotecas para protección de vivienda oficial (VPO), hasta el punto que los beneficiarios de algunos sorteos han tenido que renunciar a sus pisos de precio concertado por no poder obtener el crédito. En una época de anemia crediticia mundial, la banca se lo piensa mucho a la hora abrir el grifo, por eso el Gobierno catalán ha anunciado hoy una medida que intenta sembrar confianza entre bancos y cajas: en caso de impagos, no serán las entidades las que se queden con los pisos de los propietarios morosos, sino que la Generalitat se compromete a recomprarlos y devolverlos al mercado.
El Gobierno catalán calcula que en 2009 saldrán al mercado unas 15.000 viviendas protegidas, y que el índice de impago quedará en el entorno del 2%, es decir, 300 pisos que la Generalitat está dispuesta a comprar. “Los índices de morosidad en VPO son los más bajos, suelen estar en el 1% y ha podido subir en el último año al 2% como máximo”, explican fuentes del departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
El presidente catalán, José Montilla, ha anunciado la medida en un acto con las cámaras de comercio en el que ha manfestado su preocupación “por la restricción del crédito por parte de bancos y cajas como consecuencia de la crisis del sistema financiero”.

España goza actualmente de la máxima calidad de crédito
El ministerio de Economía defiende la solvencia del país
El Mundo. 12/01/2009 Agencias. Madrid.- La agencia de medición de riesgo Standard & Poor’s (S&P) ha puesto bajo vigilancia con “implicaciones negativas” la calificación de crédito a largo plazo de España, actualmente situada en ‘AAA’, que corresponde a la máxima calidad crediticia.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, S&P justifica su decisión en los “importantes desafíos que afronta la economía española al atravesar un periodo de crecimiento muy débil”. Standard&Poors evalúa la solvencia de empresas y países mediante un sistema de calificaciones de los créditos.
Fuentes del ministerio de Economía han destacado la solvencia de la economía española, más allá de la crisis nacional e internacional y han subrayado el compromiso del Ejecutivo con las reformas estructurales, “que pretenden superar los desequilibrios de la economía española y asegurar un crecimiento sostenido a corto y largo plazo”, según informa EFE. En todo caso, recuerdan que S&P no ha rebajado el ‘rating’ y sólo lo ha puesto bajo vigilancia.
La agencia espera que esa situación conduzca a “un reequilibrio de sectores comerciales que requerirá una verdadera depreciación del tipo de cambio”.
Además, S&P vaticina a medio plazo un índice de crecimiento de España “mucho más débil del experimentado durante la última década”, así como un “empeoramiento sustancial de las finanzas públicas” del país.
Por otro lado, la empresa de medición de riesgo confirmó la calificación “A-1+” a corto plazo del Reino de España.
El déficit público podría superar el 6%
En opinión de S&P, el fuerte crecimiento de España en los últimos años apoyado en el crédito ha provocado una serie de desequilibrios que quedan reflejados en el considerable déficit por cuenta corriente del país, que rondó en 2008 el 10% del PIB.
Asimismo, S&P advirtió de que, pese a la “relativamente fuerte” posición de partida, las finanzas públicas se deteriorarán de manera “acusada” y apuntó que el déficit gubernamental podría mantenerse “bien por encima” del 3% hasta 2011, pudiendo alcanzar su cenit en 2009, cuando podría superar el 6%.
“Debido a la necesidad del sector privado de reestructurar y desapalancar sus balances, pensamos que el relajamiento del déficit incrementa las probabilidades de una bajada económica prolongada. En cualquier caso, esperamos que el reequilibrio de la economía hacía un modelo de crecimiento más sostenible llevará a un crecimiento débil a medio plazo”, explicó la agencia.
La agencia señala que a medio plazo parece existir la necesidad de que se produzca una reducción en el gasto a un nivel más proporcionado con los menores ingresos y las perspectivas de crecimiento más débiles

Expertos señalan que el mercado inmobiliario tendrá que absorber el ‘stock’ de pisos a estrenar vacíos antes de volver a construir La sobreoferta no ha conseguido bajar los precios, de momento
13.01.09 – Aracely R. Robustillo. Hoy.es
La realidad está ahí fuera. Viviendas a estrenar, terminadas desde hace meses, con un flamante cartel que dice ‘Se vende’ que buscan sin éxito un comprador que las habite. Durante el último año y medio las constructoras de la región han edificado a un ritmo a todas luces desacompasado a las ventas reales. El resultado es un ‘stock’ de 15.456 casas distribuidas por toda Extremadura.

Los parámetros analizados para conseguir dicho dato (la compraventa del Colegio de Registradores y las viviendas nuevas terminadas del Ministerio de Vivienda desde 2005) señalan que en España el total de inmuebles asciende a 783.061 sin que, de momento, esta sobreoferta inmobiliaria tenga como consecuencia un descenso en los precios.

Para Jorge Navarro, representante de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Badajoz, estos números se quedan cortos y asegura que, en la realidad, son bastante más abultados. «Me parece que la cifra es tímida porque sólo en Badajoz, capital, yo estimo que hay unos 5.000 pisos a estrenar a la venta y sin comprador, así que, si hablamos de toda Extremadura, creo que ese número es exiguo», afirma.

El director de marketing y comunicación de la Agencia Serrano, Antonio Mayorgas, por su parte, no se muestra tan sorprendido por este apunte numérico, de hecho, lo corrobora. Su empresa trabaja en el sector inmobiliario en toda la región y suscribe su estatismo actual determinado, según todos los implicados, por diferentes causas.

Una crisis larga

«La crisis nos ha pillado a todos un poco desprevenidos. No creíamos que fuera a ser tan brusco y esperábamos que fuera remitiendo poco a poco. Sin embargo, desde septiembre de 2007 para acá, no hemos levantado cabeza y ha habido un parón tremendo», confiesa Navarro. El marco temporal queda así perfectamente fijado y coincide con los datos cruzados de compraventas y viviendas terminadas que apuntan, que sólo hasta septiembre de este año, se acumulan más pisos que no logran comprador que en todo 2007.

Desde el colegio de Registradores de la Propiedad, Ignacio Burgos Bravo valora: «Comprendo que el volumen de viviendas nuevas sin vender pueda producir un cierto escalofrío, pero el número de promociones también». Admite que en su trabajo diario ha podido constatar que el volumen de contratación ha bajado mucho y apunta que las promociones también ha disminuido. Matiza, no obstante, que la situación cambia dependiendo de cada zona y del tipo de vivienda.

«Para nosotros la demanda de pisos sigue existiendo, si bien es verdad que hay gente que está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. Pero las dificultades de acceso a la financiación están complicando la situación de muchos ciudadanos», matiza Mayorgas.

En esta misma línea, Jorge Navarro admite que hay diferentes razones que han tenido como consecuencia un efecto «bola de nieve» que arrastra a toda la sociedad. No duda, sin embargo, a la hora de identificar, en su opinión, a los principales responsables de la situación: los bancos. «Desde hace más de un año, el mercado está completamente parado porque no se está financiando nada. Hemos tenido casos de promociones vendidas y aprobadas inicialmente por el banco, y luego nos ha echado para atrás las subrogaciones, creándonos una problemática bestial. Eso ha generado un nerviosismo tanto en compradores, como en promotores, impresionante», explica Navarro.

En este sentido, un directivo del sector financiero extremeño defiende que los bancos no son los últimos responsables. «Los promotores son los que deciden no construir porque saben que van a tener problemas para vender. En la actualidad, hay una sobreoferta porque no había una demanda real y porque ha habido un cambio de ciclo económico muy brusco que no lo había previsto casi nadie. Lo preocupante es la crisis de confianza que se ha derivado de la actual situación, porque los tipos de interés están ahora mismo en su momento más bajo. El mercado está saturado y habrá que absorber la vivienda ya construida antes de empezar a volver a construir», considera.

Bajada de precios

A la hora de plantear soluciones, los interesados apuntan a diferentes flancos. «O se produce una bajada de precios importante, del entorno del 30% o no podremos remontar la debacle actual ni reactivar el mercado», lamenta Navarro, quien asegura que, aunque los promotores son los más reticentes a bajar los precios, están empezando a plantearse la posibilidad porque «se están viendo con la soga al cuello». No en vano, este agente de la propiedad inmobiliaria asegura que conoce casos en los que se han producido descensos en los precios iniciales de hasta un 20% y augura que la tendencia se consolidará a lo largo de 2009.

Desde las inmobiliarias opinan que la panacea no pasa sólo por el inevitable parón en la construcción de viviendas o en el abaratamiento de las mismas y señalan otros posibles estímulos. «Hay otras alternativas de carácter fiscal que podrían resultar muy atractivas, aunque habría que hilar fino en este campo porque podrían convertirse en armas de doble filo». Afirman que ya se están tomando medidas en otros sentidos, como el abaratamiento de costes para el comprador, como los alquileres con derecho a compra o la eliminación de las entradas. «Puede que no haya formas directas y claras de bajadas de precios, pero en la práctica el consumidor está comprando más barato», manifiesta Mayorgas.

Puestos a hacer predicciones para el temido 2009, Mayorgas opina, que una vez normalizado el mercado financiero global, empezarán a llegar las soluciones para los ciudadanos de a pie.

«Estamos en un momento muy difícil porque existen múltiples factores que inciden en las dificultades de adquirir una vivienda en propiedad hoy día. La sobresaturación es producto de la alegría de los últimos años. Los indicadores de que estamos atravesando un momento difícil son dos: por un lado, la paralización de los mercados, y por otro, en los posicionamientos de los acreedores en cuanto al cobro de sus deudas», reflexiona el registrador de la propiedad Ignacio Burgos. Conocida la situación quizá sea más fácil buscar soluciones.

13-01-09 , José Sánchez Arce. Expansión
Las grandes firmas de consultoría inmobiliaria trabajan estos días sobre campos de minas para actualizar, a fecha de 31 de diciembre de 2008, el valor de las carteras patrimoniales de las empresas del sector inmobiliario. Su trabajo es más delicado que nunca y la presión que reciben es implacable.
Sus clientes quieren evitar a toda costa que una constatación oficial del desplome de los precios inmobiliarios contenido en los informes que se adjuntarán en las próximas semanas a las cuentas de resultados del ejercicio 2008 derive en un mayor hundimiento del mercado.

Las inmobiliarias necesitan mantener los precios a raya por razones básicas de supervivencia, ya que buena parte de sus expectativas de ingresos para 2009 están sostenidas en las desinversiones. La pesadilla de que los precios de venta caigan incluso por debajo de la deuda asociada a los inmuebles se hace corpórea a pasos agigantados.

Sin los deberes hechos
Por una doble cuestión de falta de transparencia y de lagunas regulatorias, muy pocas inmobiliarias ajustaron el valor de su cartera a la nueva realidad del mercado en 2008, salvo Martinsa Fadesa y por razones obvias.

La administración concursal de la promotora encargó a tres tasadoras una exhaustiva valoración de sus activos, que se publicó a principios de diciembre dentro del informe concursal. El resultado: un caída del 30% con respecto a los parámetros de diciembre de 2007, que fijaban el precio de sus activos en más de 10.800 millones de euros.

Del resto, sólo Colonial, Afirma y Reyal Urbis recogieron en sus balances, en forma de provisiones, la depreciación de sus carteras inmobiliarias a fecha de 30 de junio de 2008, resultando, ya para entonces, en una caída promedio del 12%. Metrovacesa también actualizó su cartera, pero de forma parcial, excluyendo los suelos que no fueron objeto de avance en la tramitación urbanística.

El resto ha mantenido inalterables hasta la fecha los valores máximos del mercado a 31 de diciembre de 2007, absolutamente irreales a la luz de la evolución de la actividad en los últimos doce meses.

El desplome será generalizado, afectando de manera particularmente virulenta al suelo, donde los cálculos deben reflejar, en función de localización y su nivel de desarrollo urbanístico, caídas entre el 15% y el 40% con respecto a 2007, según el consenso del mercado.

Las caídas podrían ser superiores en suelos rústicos. “Las valoraciones tendrán que reflejar los problemas financieros y económicos, así como las perspectivas de mercado. La valoración no tiene que considerar únicamente el inmueble en sí, sino también sus posibilidades financieras”, explica James Alwood, responsable de valoraciones de Colliers.

Desde CB Richard Ellis se apunta en la misma dirección. “En el caso de las promotoras enfocadas al mercado residencial, la corrección del mercado ha sido más severa, registrándose bajadas notables para estos productos (suelo en desarrollo principalmente) desde el momento más alto del mercado”, señalan en la consultora, principal proveedora de los servicios de valoración en España.

Pero no sólo se verá afectado el suelo y las promociones residenciales. También sufrirán un severo golpe los inmuebles de oficinas en renta y los centros comerciales. El aumento del desempleo y el colapso de la demanda interna (consumo e inversión) desencadenará un aumento de la desocupación de los inmuebles en renta y notables caídas de precios de entre el 10% y el 15% en inmuebles situados en zonas prime y de entre el 15% y el 25% en ubicaciones secundarias con respecto a los niveles de diciembre de 2007.

Hay complicaciones añadidas. Con el fin de ayudar a sus clientes, los bancos canjean masivamente deuda por activos “valorados por encima del precio de mercado” con el objeto de cubrir la deuda, según fuentes del sector de la tasación. Estas transacciones, envueltas en gran secretismo, “generan una gran distorsión en el mercado y no pueden ser consideradas como comparables reales”, señalan.

El Gobierno evita los peores efectos de la depreciación
El Gobierno introdujo recientemente una modificación temporal de dos años en la ley de sociedades anónimas para evitar que las pérdidas en las empresas derivadas del deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias se tenga en cuenta a efectos de las reducciones de capital y de las causas obligatorias de disolución que contempla la ley.

No obstante, los expertos confían en que el ajuste actual sea ya suficiente para reactivar gradualmente la actividad. “Se desconoce si habrá un mayor ajuste, pero los precios oficiosos reflejan ya la situación real. En el momento en que vuelva la financiación, tendremos una situación normalizada. Cierto que en un mercado bajista, pero un mercado al fin y al cabo, explica Fernando Fuente, director de valoraciones de CBRE.

Las nuevas tasaciones echan más leña al fuego
– Los activos de suelo serán los más damnificados. Se prevén desplomes de precios de entre el 15% y el 40%.

– A pesar de su menor exposición a la crisis, los edificios de oficinas también se verán afectados con caídas de entre el 10% y el 15%.

– Para todos aquellos inmuebles que no estén situados en zonas de ubicación privilegiadas, los descensos llegarán al 25%