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Archivo de abril de 2009

Dívar advierte a los jueces que deben evitar las filtraciones para dar prestigio a la Administración de Justicia

Jueves, 30 de abril de 2009

Diario de Noticias, 29 Abr. 2009, Editorial LA LEY
El presidente del CGPJ subrayó que no hacía alusión a ningún juez en particular ya que los asuntos judiciales pasan por las manos de “pluralidad de personas” durante su tramitación.
Madrid.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, criticó hoy que determinadas resoluciones judiciales y deliberaciones del órgano de gobierno de los jueces que son secretas “sean publicadas a todos los vientos” y conminó a los operadores judiciales a hacer frente a esta situación con “valores éticos y morales”. “Si queremos prestigiar la Administración de Justicia debemos empezar por nosotros mismos”, afirmó.
Dívar hizo estas manifestaciones durante su discurso oficial en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes Peces. Si bien no citó ningún asunto en particular, el presidente del Consejo se refería así a las filtraciones del sumario del ‘caso Gͼrtel’ sobre la trama corrupta del empresario Franciso Correa y a la publicación de las deliberaciones del CGPJ relativas a la designación del nuevo presidente de la Audiencia Nacional.
El presidente del Consejo subrayó que “en modo alguno” hacía alusión con sus palabras “a ningún juez en particular y a ninguna oficina”, pues es consciente de que los asuntos judiciales pasan por las manos de “pluralidad de personas” durante su tramitación. No obstante, insistió en que “los valores éticos y morales son los únicos que pueden hacer frente a esta situación, que no está reñida con la transparencia” de los órganos judiciales.
Agregó que “en determinados momentos”, se debe guardar el secreto de las deliberaciones y resoluciones judiciales porque “la Justicia tiene un tiempo y un momento para el éxito”.
Petición a los diputados
Durante su discurso, el presidente del CGPJ se refirió a los diputados del Congreso presentes en el acto, pertenecientes a la Comisión de Justicia, a los que expresó su deseo de que en el futuro puedan incorporarse a los grupos de trabajo integrados por los vocales del órgano del gobierno de los jueces, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias en este ámbito “en aras a una mayor colaboración, con el fin de alcanzar un acuerdo social por la Justicia”.
Se refirió también a que la crisis y los problemas de la Justicia que hoy se plantean, de los que destacó que son de eficacia del sistema y de los medios de los que se disponen, no de legitimidad de los jueces, a los que se refirió como “trabajadores en un cien por ciento y discretos en su práctica totalidad”.
Finalmente, indicó que “la Audiencia Nacional debe regirse por algo tan fundamental como es la razón de Estado, porque el verdadero Estado es el justo y el de derecho”. Europa Press.

Estadística Registral Inmobiliaria-Anuario 2008. Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España

Jueves, 30 de abril de 2009

Estadística Registral Inmobiliaria-Anuario 2008

El Colegio de Registradores, a través de su Centro de Procesos Estadísticos, con el asesoramiento técnico habitual del equipo investigador de la Universidad de Zaragoza, presenta los resultados del Anuario 2008 de la Estadística Registral Inmobiliaria, cuyos datos más destacados han sido:

NÍšMERO DE COMPRAVENTAS
Las compraventas de vivienda inscritas durante el año 2008 han sido 561.420, reduciéndose significativamente con respecto al año 2007, en el que se alcanzaron las 788.518 compraventas. De éstas, 265.015 han correspondido a vivienda usada (447.254 en 2007) y 296.405 a vivienda nueva (341.264 en 2007).

SUPERFICIE MEDIA
El análisis de la distribución de compraventas de vivienda según su superficie media ha mostrado que el 52,80% de las viviendas transferidas cuentan con una superficie media superior a los 80 m², frente a un exiguo 3,23% que tiene una superficie inferior a los 40 m². La superficie media de vivienda transferida durante 2008 en sus distintas modalidades ha presentado datos similares al año anterior, con un resultado medio de 100,05 m².

COMPRAS POR EXTRANJEROS
El 5,85% de las compras de vivienda realizadas en España durante el año 2008, de acuerdo al muestreo realizado, correspondieron a ciudadanos extranjeros, reduciéndose significativamente con respecto al año 2007 (8,29%). Los británicos se mantienen como los que mayor peso relativo presentan, con un 37,84% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos de los alemanes (5,05%), irlandeses (4,93%), rusos (4,18%) y franceses (3,98%).

CUOTA DE MERCADO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
La mayor cuota de mercado de nuevo crédito hipotecario concedido en el año 2008 ha correspondido a las Cajas de Ahorros con el 51,14%, seguidas de los Bancos con el 39,25% y Otras entidades financieras con el 9,61%. La evolución con respecto al año anterior revela que las Cajas de Ahorros han perdido 6,78 puntos porcentuales de cuota de mercado, dando lugar a una mejora de cuota de mercado por parte de los Bancos (4,73 puntos porcentuales) y Otras entidades financieras (2,05 puntos porcentuales).

TIPOS DE BIENES QUE GARANTIZAN LOS NUEVOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
El nuevo crédito hipotecario, atendiendo al tipo de bien inmueble que lo garantiza, corresponde, de forma destacada, a vivienda, con el 72,28%, seguido de los terrenos urbanos no edificados (14,18%), locales comerciales (6,32%), naves industriales (3,09%), bienes inmueble rústicos (2,43%) y garajes y trasteros (1,70%).

IMPORTE MEDIO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
El importe medio de nuevo crédito hipotecario por transacción de vivienda ha roto su tendencia alcista durante el año 2008, alcanzando los 142.324 € (151.432 € en el año 2007), presentando una tasa de variación anual del -6,01%, frente al incremento del 5,22% del año 2007.

PLAZOS DE CONTRATACIÓN
El plazo de contratación de los nuevos créditos hipotecarios sobre compraventa de vivienda se está reduciendo con respecto a periodos anteriores, presentando durante 2008 un plazo medio de contratación en los nuevos créditos hipotecarios 26 años y 9 meses (frente a 28 años de media en 2007). El cambio de tendencia se refleja en la tasa de variación de 2008, -4,46%, frente a la de 2007, que indicó un crecimiento del 3,70% en los plazos de contratación. La duración media de los contratos de crédito hipotecario, para el conjunto de bienes inmuebles, se ha situado en 25 años y 2 meses, reduciéndose igualmente con respecto al año 2007, cuyo resultado fue de 25 años y 11 meses.

Notario callejero

Jueves, 30 de abril de 2009

Enlace a Oregón Televisión

Es sólo una gracia.

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La dación en pago como solución a la crisis inmobiliaria

Jueves, 30 de abril de 2009

Los jueces mercantiles consideran que la utilización de este método evitaría la sobrecarga de procesos concursales.
L.F. Negocios.com
La dación en pago como alternativa para las familias que no puedan hacer frente a sus deudas y como fórmula de reactivar el mercado inmobiliario. Esta fue la principal conclusión a la que llegaron 20 jueces de lo mercantil en el IV Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal celebrado la semana pasada en Játiva. A través de esta fórmula, el banco obtendría una propiedad con un valor potencial en el mercado y el deudor se vería liberado de su obligación y podría negociar una nueva fórmula, vía arrendamiento, para seguir disfrutando de su vivienda.
Esta posibilidad, además, se podría plantear antes de llegar al concurso y a la intervención del juez utilizando una fórmula que la actual reforma de la Ley Concursal plantea para la refinanciación y que, según Fernando Presencia, juez mercantil de Valencia, podría extenderse a la dación en pago. Se trata de la intervención de expertos independientes del Registro Mercantil como certificadores ante el banco de que un crédito hipotecario resulta incobrable. El banco, con esta garantía, se plantearía aceptar la dación en pago ante la posibilidad de que finalmente no pueda obtener ninguna otra fórmula de cobro. Es decir, extinguiría la obligación a cambio de patrimonio.
Los participantes de estas jornadas han coincidido en que, a través de estas medidas, se puede dar salida a la actual situación de estancamiento financiero y de severa crisis del mercado hipotecario. Además, se evitaría la sobrecarga de procesos concursales, al cambiar el punto de gravedad del concurso al preconcurso y no ser necesaria la intervención del juez sino la de los registradores mercantiles.
Edorta Josu Etxarandio, también juez de lo mercantil de Valencia, ha señalado, en este sentido, que “la dación en pago es una fenomenal posibilidad” en el actual momento de desplome inmobiliario, ya que supone que lo que tiene un precio teórico, en este caso el piso, “siga manteniendo un valor pero no mediante la realización sino por la puesta en mercado forzosa”.
Para ello, es vital la colaboración de las entidades financieras que, en un segundo paso, y una vez adquiridos los pisos cuyos créditos no se podrían hacer frente, podrían convertirse, a juicio de Fernando Presencia, en reordenadoras del mercado inmobiliario, regulando la oferta y estableciendo los precios de acuerdo a la demanda.
En definitiva, darle un carácter general a lo que ya se está haciendo en determinados casos

Casi diez millones de españoles tienen DNI electrónico, pero pocos lo usan

Jueves, 30 de abril de 2009

13-04-2009 , por Expansión.com
Casi diez millones de españoles llevan ya en su cartera un Documento Nacional de Identidad electrónico, el DNI-e que se implantó hace tres años, pero muy pocos utilizan sus posibilidades telemáticas. En ese período sólo se ha empleado en dos millones y medio de operaciones a través del ordenador.
El DNI-e, que arrancó en marzo de 2006, y en el que la Administración ha invertido 129 millones de euros en equipos, instalaciones y programas, “se utiliza muy poco”. “Hay que potenciarlo y acostumbrar a los ciudadanos a que hagan operaciones mercantiles a través de la red con el certificado de firma electrónica que contiene”, explica a Carmen Planelles, de EFE, Antonio Rodríguez, comisario jefe de la Unidad de Documentación de Españoles y Archivos de la Policía Nacional.
Según los datos aportados a EFE por esa Unidad, desde marzo de 2006 hasta el 31 de marzo de 2009, los cuatro organismos competentes han validado dos millones y medio de operaciones con DNI-e entre ciudadanos, administraciones públicas y empresas. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -que el pasado mes de marzo ha superado por primera las 200.000 validaciones-, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Administraciones Públicas son las entidades encargadas de comprobar la validez de la firma electrónica.
Pero las operaciones registradas hasta ahora no son suficientes. Por ello, el pasado 13 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 14 millones de euros destinados a medidas para promover su utilización. Entre ellas, que los fabricantes incorporen en los ordenadores lectores de DNI-e, así como el desarrollo de campañas de promoción de las ventajas del documento.
Pasos para la consolidación de una herramienta que el Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en 2005, definió como “una de las más importantes y decisivas en el desarrollo de la Sociedad de la Información en España” y para dar respuesta a la ley de 2007 que reconocía el “derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos”.
Esas medidas completarían también el “esfuerzo” realizado por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que, desde marzo de 2006 a noviembre de 2008, en que finalizó el despliegue para la implantación del DNI-e, ha habilitado unas 250 oficinas y 1.800 puestos de trabajo, según la información aportada por el comisario Antonio Rodríguez.
El sistema se perfecciona
Todas las capitales de provincia cuentan ya con comisarías para expedir el DNI-e, y equipos móviles que hasta ahora han entregado en las zonas rurales 99.585 documentos, un 1% del total. Este responsable del DNI asegura que la aglomeración registrada en años anteriores en algunas oficinas se ha solventado en gran parte con un sistema de cita previa, y reconoce que “aunque algunos equipos aún dan fecha con dos meses de demora, la mayoría se hace en un plazo razonable”.
El sistema se ha ido perfeccionando, y de los 20 minutos que se tardaba inicialmente en expedir un carné, se ha pasado a 11, por término medio. “Los funcionarios van adquiriendo destreza en el manejo de la aplicación informática, el chip se ha mejorado y la grabación de los datos se hace en menos tiempo”, agrega.
Actualmente se hacen entre 23.000 y 25.000 documentos diarios, es decir unos 500.000 al mes, lo que hace suponer a las autoridades policiales que en mayo se alcanzará la cifra de los diez millones de documentos, teniendo en cuenta que a 30 de marzo de 2009 el número expedido era de 9.427.290. Una implantación que se fue haciendo de forma progresiva. Así, en 2006, se expidieron 171.294 documentos; en 2007, 1.912.951; en 2008, 5.838.942. Y calculan que en 2009 se entreguen unos seis millones y medio.
¿Por qué no se utiliza?
Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de las personas y firmar digitalmente documentos electrónicos con una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita son, según el Ministerio del Interior, los objetivos del DNI electrónico. Un documento que, destaca Interior, permite realizar compras firmadas a través de Internet, hacer trámites completos con las administraciones públicas, transacciones con entidades bancarias, acceder al edificio donde trabajamos, utilizar de forma segura nuestro ordenador personal y participar en una conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser.
Entre las gestiones más demandadas, según el departamento, figuran la petición del historial laboral, la declaración de la renta y la solicitud de la ayuda al desempleo. Entonces, ¿por qué se utiliza tan poco? “Porque hay una cierta resistencia del ciudadano a utilizar las nuevas tecnologías”, explica a Efe el jefe de la Unidad de Documentación, Antonio Rodríguez”. “La gente joven sí lo utiliza, pero en general hay una falta de preparación”, agrega. Descarta que detrás de esa resistencia haya falta de confianza, porque “se han adoptado las medidas necesarias para que en la comunicación a través de internet haya líneas seguras”. “La desconfianza que pueda haber por parte de los ciudadanos -dice- es absolutamente infundada”.
España, país de referencia
A efectos de documentación de ciudadanos, “España es un país de referencia en Europa y en el mundo”, explica a Efe Francisco Tesorero, secretario general de la Unidad de Documentación de Españoles, quien destaca el tiempo récord en que se ha finalizado el despliegue para la implantación del DNI-e, respecto a los tiempos que se tarda en cualquier modificación en los países de nuestro entorno.
Según los datos recabados por las delegaciones internacionales de la Agencia EFE, de los países consultados solo Italia y Portugal están introduciendo el soporte electrónico en sus documentos de identidad. Carné que en algunos países no es obligatorio, como la “Carte Nationale d’identité” francesa, o que de hecho no existe, como en Estados Unidos o el Reino Unido.
En Italia, la “Carta d’identitÍ ” está siendo sustituido por una tarjeta electrónica en los casos de renovación o primera expedición. Lo mismo que el “billete de identidad” portugués, que está en proceso de actualización e introduciendo también su versión electrónica.
El documento de identidad es obligatorio en Alemania para los mayores de 16 años que no tengan un pasaporte válido. No es electrónico y su tamaño es similar al antiguo DNI español, el de color azul. En el Reino Unido, el Partido Laborista quiere reintroducir un DNI obligatorio, que se suprimió en ese país en 1952, con el fin de combatir el terrorismo, la inmigración ilegal y el fraude. Sin embargo, se oponen quienes ven en la medida un recorte de libertades. El documento de identidad de los británicos es el pasaporte o el carne de conducir.
Los estadounidenses utilizan para identificarse tres documentos: el número del seguro social, el carné de conducir y la tarjeta de crédito, algunos de ellos sin foto ni métodos de verificación de la identidad. Todos los intentos de introducir un DNI han sido interpretados por muchos ciudadanos como una intromisión de la autoridad del Estado en la vida privada, como un instrumento inconstitucional.

Hoja de ruta. Nueva página web

Miércoles, 29 de abril de 2009

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Incorporamos el mensaje de apertura de Hoja de ruta.

Bienvenidos a bordo

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HOJA DE RUTA es un espacio de diálogo sobre cuanto afecta a la seguridad jurídica preventiva que, en España, está encomendada a notarios y a registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
Nace para rellenar el hueco que ha quedado desde el cierre, inexplicado e inexplicable, de un foro de debate tan exitoso como fue ALTERNATIVA NOTARIAL. Responde a los mismos planteamientos, tiene los mismos destinatarios y aspira a alcanzar, como mínimo, iguales niveles de difusión y utilización.
Quienes ponemos en marcha esta herramienta de debate confiamos en que sea usada con libertad, pero también con prudencia y sentido de responsabilidad. Nos reservamos, por ello, la facultad de alejar de nuestro foro a quienes incumplan las más elementales reglas de convivencia, a quienes falten al debido respeto a la verdad y a las opiniones ajenas y a quienes acudan a este espacio no con el ánimo constructivo de mejorar el sistema español de seguridad jurídica preventiva, sino con intención de cuestionar sus valores o de destruir sus esencias.
Serán bienvenidos quienes, cualesquiera que sean sus opiniones, acudan a estas páginas con respeto y buena voluntad.

http://www.hojaderuta.info/

Entrevista. Francisco Caamaño Ministro de Justicia «El Gobierno va a realizar la mayor inversión en Justicia de la democracia»

Miércoles, 29 de abril de 2009

El ministro se muestra «muy optimista» sobre la posibilidad de evitar la huelga convocada por los jueces el 26 de junio
Enrique Clemente. La Voz de Galicia 27/4/2009
Francisco Caamaño (Cee, 1963) está en las antípodas de su antecesor en el cargo, Mariano Fernández Bermejo. Dialogante, incansable negociador, huye de la polémica y busca siempre el consenso. Está convencido de que hay motivos para que los jueces no vayan de nuevo a la huelga.
-¿Cuáles son los dos objetivos prioritarios inmediatos?
-El primer reto es la nueva Oficina Judicial. En segundo lugar, tenemos que crear los mecanismos necesarios para que los juzgados puedan de una vez por todas trabajar en red. Quiero que a lo largo de esta legislatura podamos hacer, junto a las comunidades y el Consejo General del Poder Judicial, algo tan común en otros contextos como que un expediente judicial del juzgado de Cambados pueda llegar a Granollers en el momento.
-¿Para cuándo la nueva Oficina Judicial?
-Es una ley de mucho calado porque reforma 14 leyes procesales y delimita con mayor exactitud las funciones de los jueces, los secretarios judiciales y demás personal. Nosotros queremos que haya un juez y luego una oficina procesal, que puede estar al servicio de varios jueces, para aprovechar mejor los recursos. Está en fase de enmienda en el Congreso y creo que puede haber un acuerdo de los grupos sobre esta ley.
-¿Puede la crisis económica frenar la imprescindible modernización de la Justicia?
-Esta es una de las cosas que más discuto con los miembros del equipo económico del Gobierno, transmitirles que una buena economía necesita seguridad jurídica, sobre la inseguridad no se construye un tejido productivo. Por eso invertir en Justicia es invertir en seguridad, es decirles a los empresarios que cuando necesitan ejecutar sus créditos los van a tener en un plazo razonable.
-¿Le cuesta convencer a sus compañeros de Gobierno?
-Nos encontramos. El debate no es sobre la necesidad de invertir, sino de hacer un esfuerzo adicional. He pedido la solidaridad y la he obtenido del presidente y el equipo económico, sobre todo de la vicepresidenta segunda.
-¿Cuánto se va a destinar?
-Pretendemos que sean 600 millones en tres años. Es la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la democracia. En la última legislatura del PP el presupuesto de Justicia se incrementó en 8 millones, mientras en la pasada, con Zapatero, aumentó en 180 millones.
-¿Se merece la Justicia la mala imagen que tiene?
-Pese a las críticas constantes a la Justicia, el número de litigios no deja de crecer, hemos pasado en dos años de seis millones a nueve. Si desconfiáramos tanto de la Justicia no sería así. Hay que hacer pedagogía y decir a los ciudadanos que no todos los conflictos tienen que acabar en un juez. Tenemos que potenciar la mediación. Lo mismo hay que hacer con los recursos; el ciudadano tiene derecho a acudir a un juez pero no a emprender una cadena sine die de recursos, esa no es la tutela de que habla la Constitución.
-¿Habrá una nueva huelga de jueces el 26 de junio?
-Estamos trabajando desde el primer día con las diversas asociaciones para ir encontrando puntos de acuerdo y soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se pueda superar aquella situación que nos encontramos cuando llegué al ministerio. Pero nuestro horizonte no es ni mucho menos esa fecha; va mucho más allá.
-La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a llevar al Parlamento cambia las funciones del juez y el fiscal en el proceso de instrucción.
-En nuestro sistema, el juez instructor tiene que hacer dos cosas a la vez, investigar el delito y defender los derechos fundamentales de aquel a quien tiene que investigar, dos objetivos irreconciliables entre sí. Lo normal es que la averiguación corra a cargo del Ministerio Fiscal y el juez valore las pruebas y decida en un plazo razonable si hay que seguir adelante, para evitar las penas de banquillo, aparecer como imputado y tres años después que no haya nada. Queremos ir a una fórmula en el que fiscal sea el protagonista de la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y que el juez garantice los derechos de los imputados en la instrucción.
-¿Hay que limitar la jurisdicción internacional de la Audiencia Nacional?
-Soy partidario de la jurisdicción internacional para aquellos que no pueden hacer valer sus derechos fundamentales en sus lugares, pero puede crear conflictos entre países democráticos. Comparto los criterios de realismo y prudencia interpretativa que van haciendo la Fiscalía General del Estado y la Audiencia. Por ejemplo, el principio de subsidiaridad, no admitir a trámite una demanda de este tipo cuando se sabe que en otro país democrático ya existe una investigación criminal.
-¿No debe investigar la Audiencia las torturas de Guantánamo?
-Si hay posibilidad de depurar la responsabilidad en EE.?UU., como es el caso, es conveniente que se haga allí. Comparto las razones que ha dado el fiscal.
-¿Se puede repetir el caso de Mari Luz?
-No debe ni tiene necesariamente por qué producirse, creo que se han adoptado medidas eficaces para evitarlo. En todo caso, debemos saber que la Administración de Justicia mueve muchos asuntos y en cualquier traslado, en cualquier decisión, puede cometerse algún error. Hay que valorar si es un error que está dentro de lo razonable o es una negligencia grave, en cuyo caso el CGPJ debe aplicar con rigor las leyes.
-¿La opinión pública no entiende por qué no se avanza en la localización del cuerpo de Marta del Castillo?
-Es un caso que ha creado gran alarma social, pero estamos en un Estado de derecho y los imputados tienen todo el derecho a no declarar contra sí mismos.
-¿Abrirá el Gobierno el debate sobre la cadena perpetua?
-España tiene uno de los sistema de penas más largas de nuestro entorno, en el que es posible que una persona cumpla ni más ni menos que 40 años privado de libertad, mientras en otros países que tienen cadena perpetua formalmente no hay cumplimiento efectivo o las penas son revisables cada cierto tiempo. Además, el artículo 25 de nuestra Constitución hace muy difícil cualquier posibilidad de regular la cadena perpetua.

Las arcas de la Seguridad Social siguen vaciándose en el primer trimestre

Miércoles, 29 de abril de 2009

Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 31.008 millones de euros, un 2,5% menos, y de unos pagos que sumaron 22.758,7 millones de euros, un 8,7% más que en el primer trimestre de 2008.
Negocios.com / Agencias
Madrid.- Las arcas de la Seguridad Social siguen vaciándose. El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha informado hoy que el superávit de la Seguridad Social alcanzó en el primer trimestre de 2009 los 8.249,24 millones de euros, lo que supone un descenso del 24,1% respecto al mismo periodo de 2008, cuando el superávit era de 10.876,6 millones de euros.
Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 31.008 millones de euros, un 2,5% menos, y de unos pagos que sumaron 22.758,7 millones de euros, un 8,7% más que en el primer trimestre de 2008.

Trabajo explicó que los gastos previstos pendientes de imputación presupuestaria alcanzarían un importe de 1.028 millones de euros, motivo por el que disminuye el superávit.
En términos de caja, las operaciones no financieras se concretaron en una recaudación líquida de 29.205,8 millones de euros, con un repunte del 0,3% respecto al ejercicio anterior, mientras que los pagos se incrementaron un 9%, hasta 22.598,4 millones de euros.
Del volumen total de ingresos, el 91,12% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes a la Seguridad Social, y el 8,88% restante a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por su parte, el 94,99% de los pagos fue realizado por las entidades gestoras y el 5,01%, por las mutuas.
Los ingresos por cotizaciones bajan un 2,4%
Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en el primer trimestre del año un total de 26.208,8 millones de euros, un 2,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.
La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen General, el más numeroso del sistema, con un montante de 18.408,7 millones de euros, un 5,4% menos. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se recaudaron 2.619,9 millones (-3,1%), mientras que los ingresos por cotizaciones en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 230,5 millones de euros, con un descenso del 18,5% respecto a los tres primeros meses de 2008.
El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó 129,4 millones en cotizaciones, un 8,2% más, el del Mar recaudó 71,79 millones de euros (-2%) y el del Carbón ingresó 47,6 millones de euros (+4,3%). Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se recaudaron 1.916,1 millones de euros (-10,7%) y por cuotas de desempleados, 2.784,5 millones de euros (+38,2%).
En el conjunto del año, la Seguridad Social prevé ingresar un total de 112.436,6 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma, los ingresos por cotizaciones representaban a finales de marzo el 23,31% de lo previsto para todo 2009.
Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron casi 3.445,3 millones de euros hasta marzo, lo que representa una caída interanual del 8,9%, que Trabajo achacó a la reducción en un 4,88% de las transferencias recibidas del Estado para financiar el nivel no contributivo.
Los ingresos patrimoniales registraron una variación interanual del 1,3%, hasta alcanzar los 826,6 millones de euros, evolución que se debe fundamentalmente al incremento de los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Más de 20.400 millones para pensiones contributivas
En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e instituciones ascendieron a 21.311,9 millones de euros en los tres primeros meses del presente ejercicio.
De este montante, la mayor partida, 20.410,9 millones de euros, correspondió a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 8,1%.
Dentro del sistema contributivo, se destinaron 19.022,9 millones de euros al pago de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), lo que supone un 7,08% más.
El gasto en incapacidad temporal (IT) fue de 741,7 millones de euros, con un aumento interanual del 45,5%. Trabajo explicó que esta variación está afectada por el “desfase” en la imputación presupuestaria en el ejercicio anterior y precisó que el efecto se eliminará en el mes de abril. Corregidas estas alteraciones, el gasto en IT creció un 6% en el primer trimestre.
Por su parte, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo crecieron hasta marzo un 7,8%, hasta situarse en 511,77 millones de euros.
A finales de marzo, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un importe de 900,9 millones de euros, con un crecimiento interanual del 11,5%.
A vueltas con las cuentas de la Seguridad Social
Tras las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, advirtiendo de que la Seguridad Social podría cerrar el año con déficit, las cuentas del sistema han estado en boca de todos.
Desde el Gobierno, distintos responsables, entre ellos el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se han apresurado a asegurar que la Seguridad Social cerrará 2009 con superávit.
De hecho, Zapatero incluso pronosticó que el sistema registrará este año un saldo positivo de 5.586 millones de euros, cifra equivalente al 0,5% del PIB. Esos son, al menos, los cálculos que se manejan por el momento desde la Intervención General de la Seguridad Social.

El número de hipotecas sobre viviendas cae un 36,7%

Miércoles, 29 de abril de 2009

28-04-2009 , Expansión.com
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en febrero fue de 51.827, el 36,7% menos que en el mismo mes de 2008, en tanto que el capital prestado para estas operaciones cayó el 47,5%, hasta los 6.408 millones de euros. Ya se acumulan 13 meses consecutivos de caídas, aunque el descenso se moderó en febrero.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas descendió el 17%, hasta 123.643 euros, con lo que ya suma 13 meses consecutivos de caídas interanuales, si bien creció el 1,3% con respecto al mes de enero.
El total de las hipotecas sobre cualquier tipo de finca rústica o urbana fue de 89.104, el 28,5% menos que un año antes, mientras que el capital total prestado bajó el 37,2% (13.258,5 millones) y el importe medio cayó el 12,1% (148.798 euros).
Hipotecas por entidad
Las Cajas de Ahorro son las entidades que conceden mayor número de préstamos hipotecarios en febrero (53,2% del total), seguidas de los bancos (36,9%) y otras entidades financieras (9,9%). En cuanto al capital prestado, las cajas conceden el 48,3% del total; los bancos, el 42,9% y otras entidades financieras, el 8,8%.
Tipo de interés y plazo de endeudamiento
El tipo de interés medio en febrero de 2009 es del 5,40%, lo que supone un crecimiento del 5,9% en tasa interanual y una disminución del 4,3% respecto a enero de 2009. Por entidades, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro es del 5,54% y el plazo medio de 22 años.
En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios es del 5,32% y el plazo medio de 20 años. El tipo de interés variable fue el elegido en el 96,3% de las hipotecas constituidas en febrero, frente al 3,7% de tipo fijo. Entre los variables, el euribor es el índice de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, con un 86,8% de los nuevos contratos.
De las 40.945 hipotecas con cambios en sus condiciones durante el mes de febrero, el 49,3% fue por modificaciones en los tipos de interés, según el INE. El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones -desde el 4,8% hasta el 2,0% del total-, ya que la mayoría de estos préstamos pasan a estar referenciados a un tipo variable.

La Caixa acelera el ritmo de cierre de oficinas, que podría ser superior al previsto

Miércoles, 29 de abril de 2009

Programa de ajuste
Sorprendente la caída del número de tarjetas en circulación
28/04/2009 – Agustín Marco. Finanzas.com
La Caixa ha decidido seguir a pies juntillas los consejos del Banco de España, que ha recomendado mejorar la productividad mediante la reducción de la red de sucursales. La caja catalana ha echado el cierre a 138 puntos de venta entre enero y marzo, el 90% de lo previsto para todo el año.
Según los datos oficiales de la entidad financiera, el número de oficinas ha pasado de 5.514 a 5.392 entre marzo de 2008 y marzo de este ejercicio. Un total de 122 establecimientos menos en un año que refleja el esfuerzo de la primera caja española por reducir sus costes y adaptarse a la contracción económica en España.

Ese ajuste ha sido especialmente virulento en 2009, ya que en los tres primeros meses la red de sucursales se ha reducido en 138. Una cifra muy relevante si se tiene en cuenta que La Caixa, pese a que la crisis ya era más que evidente en 2008, amplió en 50 el número de puntos de distribución el pasado año.
Ese incremento de la red se explica por la apuesta de la caja por el segmento de empresas, donde ha enfocado gran parte de su crecimiento de negocio. Esa apuesta ha llevado al grupo a aumentar en 1.201 personas su plantilla en los últimos doce meses, hasta los 27.852 personas. Sin embargo, entre enero y marzo de 2009, el número de empleados de La Caixa se redujo en cerca de 40, una cifra minúscula, pero muy significativa en un grupo acostumbrado a crecer año tras año.
Según manifestó Juan María Nin, director general del tercer grupo financiero español, en la presentación de los resultados de 2008, La Caixa tenía la intención de “integrar” -eufemismo utilizado para evitar la palabra cierre- 150 oficinas en 2009 y otras 100 en 2010. Estas cifras eran las que se estaban negociando con los sindicatos, a los que se ha propuesto un aumento salarial del 1%.
Sin embargo, analizando las “integraciones” realizadas en el primer trimestre, fuentes de los trabajadores admiten temer que la caja barcelonesa eleve su previsión de cierre de oficinas por el endurecimiento de la crisis económica en el primer trimestre y la necesidad de recortar costes para compensar la disminución de los ingresos. Tras las recolocaciones en otras oficinas, prejubilaciones y jubilaciones parciales, la plantilla disminuirá en unas 200 personas por este plan, según habían estimado los sindicatos.
La Caixa explicó la semana pasada que ha llevado a cabo en el prime trimestre una “estricta gestión de contención y racionalización de los costes”, lo que le ha permitido limitar el crecimiento de los gastos de explotación en tan solo un 2,5%. Como los ingresos subieron un 7,5%, el ratio de eficiencia -mide lo que gasta por cada 100 euros que ingresa- bajó ligeramente, hasta el 44,6%. Tal ha sido su obsesión que ha eliminado 144 terminas de autoservicio o cajeros.
Otros de los aspectos más destacados de este primer trimestre fue la disminución del parque de tarjetas. En concreto, La Caixa retiró 83.645, hasta reducirlas a 10,26 millones. Esta medida obedece al aumento de los impagos por el uso del dinero de plástico y es una clara evidencia de la transformación del modelo bancario.
La cifra del primer trimestre es muy elocuente porque en los últimos doce meses la caja presidida por Isidro Fainé había aumentado su parque de tarjetas en 320.765 tarjetas. El pasado año se incrementó en más de medio millón y en 2007, en 801.774. En los dos ejercicios precedentes La Caixa emitió casi 600.000 tarjetas por año.

La banca continúa con la guerra de los depósitos: los necesita para cubrir los vencimientos

Martes, 28 de abril de 2009

Cotizalia.com

En los últimos meses se ha extendido la idea de que se ha acabado la guerra por captar depósitos entre las entidades financieras, que estalló en otoño pasado ante el cierre total de los mercados. La explicación es que ahora los mercados están algo más relajados y las medidas gubernamentales han aliviado las tensiones; que el cierre del grifo del crédito reduce las necesidades de liquidez; y que, además, el desplome de los tipos hace inviable seguir pagando remuneraciones atractivas para los depósitos.
Sin embargo, no está tan claro: los enormes vencimientos de deuda que afrenta la banca española en 2009 obligarán a numerosas entidades a seguir ofreciendo condiciones muy atractivas para captar nuevo ahorro con el que hacer frente a sus obligaciones.
Así lo asegura Manuel Menéndez, presidente de Cajastur. Según sus cuentas, el conjunto del sector afronta unos vencimientos de deuda de 132.234 millones de euros en 2009, lo que supone en torno al 10% de los recursos de clientes de las entidades. De esa cifra, unos 60.000 millones son pagarés a corto plazo pero el resto, 72.234 millones, se compone básicamente de bonos y cédulas hipotecarias, “unos activos cuya renovación es muy complicada en el entorno actual”, afirma Menéndez.
Es cierto que la ‘barra libre’ de la ventanilla del BCE ha aliviado las tensiones de liquidez de nuestros bancos y cajas, pero eso es una solución temporal que no resuelve el problema de fondo: “Las inyecciones del BCE ayudan a resolver el problema, pero no se puede sustituir la financiación a largo plazo con recursos a corto plazo”. Precisamente, esta práctica durante los últimos años está en el origen de los graves problemas de la banca mundial y de no pocas de las tribulaciones de algunas entidades españolas.
Los que anuncian el fin de la guerra de depósitos argumentan que no se trata sólo de la liquidez del banco central, sino también la conseguida con la venta de activos al Estado mediante el FAAF y las emisiones avaladas por el Reino de España. Es cierto que estas prácticas también ha aliviado las tensiones de liquidez, pero el Fondo de Adquisición de Activos sólo ha inyectado 19.341 millones de euros (y ya no hará más subastas) mientras que las emisiones con aval se elevan hasta la fecha hasta 24.825 millones. A eso hay que añadir los tres valientes que han logrado emitir deuda sin aval: BBVA (1.000 millones), Santander (1.250) y Banesto, que el viernes colocó 1.000 millones.
Recursos insuficientes
Es decir, en total los bancos y cajas españoles han captado 47.416 millones de euros aparte de los depósitos y de las inyecciones del BCE. Una cifra insuficiente para atender a los vencimientos citados. “Esta insuficiencia de liquidez queda clara porque la apelación de las entidades al banco central”, afirma una fuente del sector: aunque ha bajado ligeramente, esta demanda de liquidez se mantiene en niveles de 73.000 millones de euros mensuales, según las cifras de marzo.
Menéndez estima que los depósitos del conjunto del sistema tendrán que crecer en torno al 7% este año para poder atender a todos los vencimientos de deuda, lo que “pone de relieve que va a continuar la tensión por la captación de depósitos en las entidades”, lo que al final se tiene que traducir en unas rentabilidades muy superiores al Euribor. “Es verdad que ya nadie ofrece el 6% o el 7% como en otoño, pero el diferencial con los tipos oficiales sigue muy alto: entonces el precio del dinero estaba al 3,75% y ahora, al 1,25%”, advierte otra fuente de una entidad.
¿Problema puntual o general?
Algunas fuentes opinan que no se trata de un problema general del sector, sino puntual de algunas entidades, en especial las medianas y pequeñas. A su juicio, la liquidez ha dejado de ser un problema prioritario -ahora es claramente la solvencia-, salvo para aquellos que no han podido emitir con aval o no tienen suficientes instrumentos para llevar a descontar al BCE. Esas entidades son las que tendrán que seguir pagando unos tipos elevados por sus depósitos, pero con la menor competencia, tampoco serán exagerados.
Finalmente, queda la cuestión de cómo se va a financiar este diferencial respecto al Euribor. Un experto en el sector asegura que los bancos están utilizando el diferencial aplicado al crédito nuevo para financiar esa prima que tienen que pagar para captar depósitos. En efecto, según las cifras del Banco de España, en el último año el tipo medio de los depósitos ha bajado muy poco, del 2,89% al 2,01%, mientras que el de los créditos se ha reducido del 5,98% al 4,51%.

Corredor anima a los productores de materiales de construcción a que apuesten por la ‘economía verde’ para que el sector vuelva a ser motor de crecimiento

Martes, 28 de abril de 2009

La ministra de Vivienda ha animado a las empresas fabricantes de materiales de construcción a que sigan apostando por la sostenibilidad y las nuevas tecnologías
27 de abril de 2009.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha animado a los productores de materiales de construcción a que luchen por mantener el peso que les corresponde en la economía de nuestro país “y por salir reforzados y renovados de la reconversión que necesita el sector de la construcción residencial”. La ministra, que ha recordado que “nuestro país ya es líder internacional en investigación e innovación en otros aspectos de la sostenibilidad como el uso de las energías renovables”, ha afirmado que la construcción tiene que volver a ser motor de la economía, pero que, al igual que está haciendo el Gobierno, ha de apostar por la economía verde.
Según ha manifestado la ministra, que ha participado en la clausura de la asamblea de la Confederación Española de Asociaciones de Productos de Construcción (CEPCO), es necesario que el sector siga apostando “por las nuevas oportunidades que ofrece la edificación, y éstas pasan por la rehabilitación, la innovación y la eficiencia energética; en definitiva, por la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Estos serán los ejes del nuevo sistema constructivo que inevitablemente saldrá de esta coyuntura”.
Beatriz Corredor, ha asegurado que “España cuenta con un sector fuerte de fabricantes de productos de construcción” y ha destacado que muchos de ellos han hecho un gran esfuerzo para mejorar la calidad y la competitividad de sus productos. Además, ha agradecido este esfuerzo porque contribuyen “a consolidar la marca España también en el sector de la construcción. Una marca que tiene que dejar de ser la de una hormigonera, como en alguna ocasión se nos ha representado en Europa, y sustituirse por la de productos de calidad e innovadores”.

El Gobierno trabaja en un fondo por si hay falta de liquidez en las cajas

Martes, 28 de abril de 2009

El Cairo (egipto), 27 Abr. (Europa Press/Paulino Guerra) –
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó hoy en El Cairo que el Gobierno está trabajando en un fondo para las cajas de ahorros. Aseguró que desde hace unas semanas “trabajan en establecer tanto el procedimiento como la cuantía, aún por determinar, para hacer frente a las situaciones que eventualmente de liquidez provisional o transitoria pudiera plantearse en alguna caja de ahorros”.
La vicepresidenta explicó que este asunto lo están llevando conjuntamente el Ministerio de Economía y el Banco de España. Asimismo, destacó que lo están intentando consensuar con los grupos parlamentarios, especialmente con el Partido Popular.
“Habrá un fondo y un procedimiento, sobre todo para evitar que si ocurriera algún caso, no hubiera que reunirse urgentemente”, como ocurrió en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), “sino de establecer un mecanismo que se pueda utilizar con los procedimientos, requisitos y cuantías que ese mecanismo establezca y acuerde”.
Añadió que están acabando de perfilarlo y acordarlo. Preguntada si podría aprobarse en un próximo Consejo de Ministros, respondió que no lo sabía y dependerá de lo que se avance en los trabajos que están realizando.

Protegido: Taguas cree que es necesaria una reforma laboral para evitar que el paro llegue al 22%

Martes, 28 de abril de 2009

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Un grupo de partícipes del Banif Inmobiliario denuncian a Santander

Martes, 28 de abril de 2009

27-04-2009 , J. Zuloaga – Expansión
La asociación Activa, fundada por el abogado Juan Manuel Moreno-Luque para la defensa de los afectados por la suspensión de los reembolsos del Santander Banif Inmobiliario, ha interpuesto una querella contra Santander Real Estate, gestora del fondo, y Banif, filial de banca privada de Santander.
Les acusan de presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado y publicidad engañosa, uso de información privilegiada y delito societario.
El Santander Banif Inmobiliario bloqueó la salida de 50.000 partícipes con 3.200 millones de euros durante el pasado mes de febrero, debido a las solicitudes masivas de reembolso.
Desde el despacho de Moreno-Luque aseguran que “el grupo Santander, cuando se sintió incapaz de mantener un negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo, no sin antes haber facilitado la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de sus 14 años de historia, a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,9% del patrimonio”.

FMI: hasta 20 bancos y cajas españoles podrían sufrir problemas de solvencia

Martes, 28 de abril de 2009

26-04-2009 , Gemma Martínez. Washington. Expansión
La crisis económica puede agotar las reservas del sector financiero español. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha analizado la solvencia de bancos y cajas de ahorros y sus potenciales necesidades de capital adicional dentro de su revisión anual sobre la economía española. La buena noticia es que el capital extra que necesitarían esas entidades para seguir operando es de 3.200 millones de euros, una cifra relativamente pequeña si se compara con el tamaño del sistema financiero español.
El FMI, que prevé que la recesión dure hasta 2010 y que la tasa de paro roce el 20%, calcula que, antes de que estallara la crisis del crédito, el sector financiero español contaba con un exceso de reservas de 24.000 millones de euros.
El FMI teme que este colchón, que hasta ahora ha permitido al sector sortear la crisis sin turbulencias extremas (salvo la intervención de Caja Castilla-La Mancha), puede evaporarse si se cumplen sus previsiones. El Fondo ha llegado a esta conclusión tras realizar un test de estrés a las 53 principales entidades financieras españolas (ocho bancos, cuarenta cajas de ahorros y cinco cooperativas).
De estas 53 entidades, cuya identidad permanece en el anonimato, un máximo de veinte pueden tener que necesitar capital adicional para poder operar. El importe de los fondos propios que deberían captar asciende a 3.200 millones de euros como máximo, según el FMI, que ha declinado explicar a EXPANSIÓN cómo se repartirían estos 3.200 millones entre las 20 entidades afectadas.
Activos dudosos
Este cálculo se apoya en el análisis de los préstamos de dudoso cobro de los bancos y cajas y en cómo pueden verse afectados estos créditos -hipotecas, créditos a los promotores y otros préstamos- si se cumplen determinadas hipótesis que el FMI baraja (caída nominal de los precios de la vivienda del 16% desde mediados de 2008 a finales de 2009, tasa de paro del 15%, tipos de interés real del 4% al término de este año, inflación ligeramente por debajo del 2% y mantenimiento del volumen de deuda del sector privado en relación al PIB).
En función de estos parámetros, el FMI establece dos escenarios potenciales de comportamiento de los préstamos de dudoso cobro, que pueden llegar a alcanzar el 6,3% del total de la cartera crediticia en el cuarto trimestre de 2009 (hipótesis más optimista) o el 10% (hipótesis más negativa). Actualmente, la mora del sector está en el 4,12%. En el primer escenario, el más optimista, sólo tres entidades tendrían problemas y tendrían un coeficiente de solvencia inferior al 8% (mínimo exigido por el Banco de España). Estas tres firmas deberían captar entonces 30 millones de euros en capital adicional. En el segundo escenario, el más negativo, veinte entidades tendrían el coeficiente por debajo del 8% y deberían captar entre las 20 los mencionados 3.200 millones.
La institución dirigida por Dominique Strauss-Kahn admite que esta cantidad es “relativamente pequeña” aunque advierte que “si un pequeño número de bancos es percibido como problemático la confianza puede erosionarse y las dificultades pueden elevarse para las entidades financieras”, asegura el FMI en su informe sobre la economía española. Esta coyuntura puede provocar que se produzcan nuevos procesos de fusiones para preservar la estabilidad del sistema.
Fondo de rescate
Los 3.200 millones que como tope necesita el sistema financiero español son muy inferiores a los entre 30.000 millones y 50.000 millones que el Gobierno está barajando para dotar al fondo de rescate de la banca. Fuentes del FMI explican que esta diferencia es tan grande porque la iniciativa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca reactivar el flujo del crédito con un paquete de medidas muy amplias, en el que las inyecciones de capital directas a la banca no tienen por qué absorber el grueso de proyecto.
Además, la institución monetaria advierte que sus test de estrés fueron realizados con información pública (sin conocer los datos internos que maneja el Banco de España) el pasado diciembre. El Fondo sostiene que, desde entonces, la economía ha empeorado, por lo que no descarta que la cifra de los 3.200 millones pueda quedarse pequeña finalmente.
Sin barreras a las fusiones de cajas
El FMI considera que la restricción al crédito y la competencia por los depósitos puede restar salud al sector financiero español. La institución sostiene que, en este contexto de reducción de rentabilidad y de mayor exigencia de capitalización, se producirán consolidaciones de cajas de ahorros. El Fondo pide a los Gobiernos que eliminen las barreras a las fusiones entre entidades de distintas autonomías.

El Gobierno recorta en 60 millones las ayudas a la entrada para la compra de vivienda

Martes, 28 de abril de 2009

La AEDE tendrá un presupuesto de 357 millones
El Gobierno recorta en 60 millones las ayudas a la entrada para la compra de vivienda
Decisión que vuelve a poner de manifiesto su apuesta por ‘castigar’ la propiedad
Familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género, entre los solicitantes
27/04/2009 elmundo.es | europa press
Madrid.- La crisis pasa una factura económica importante a varias partidas presupuestarias de lo más diversas entre las que está la vivienda. El Gobierno ha rebajado en 60 millones de euros la dotación prevista para las Ayudas Estatales Directas a la Entrada (AEDE) para la adquisición de casa, que pasan a suponer 357 millones de euros. Una decisión que vuelve a poner de manifiesto la apuesta del Ejecutivo por castigar el régimen de la propiedad. Éste es sólo un recorte de una variada lista de ‘tijeretazos’.
Así consta en un informe remitido por el Ejecutivo al Congreso, al que tuvo acceso Europa Press, y elaborado en respuesta a una solicitud del diputado ‘popular’ Antonio Gallego. En este documento se detallan los programas afectados por el acuerdo de no disponibilidad de gasto por 1.500 millones de euros que el Consejo de Ministros suscribió el pasado 13 de febrero.
Como ya hiciera en 2006, bajando la deducción por compra del 25% al 15%, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a dejar de lado la adquisición de vivienda. En concreto, esta vez ha sido la Ayuda Estatal Directa la Entrada para compra de una casa, que con el nuevo y reciente aprobado Plan de Vivienda 2009-2012 ha pasado a denominarse AEDE, la afectada. Éste es uno de los tres respaldos financieros directos con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda junto a lo subsidios de préstamos convenidos y subvenciones.
Esta ayuda puede ser obtenida por los adjudicatarios de viviendas protegidas de régimen especial o general y los compradores de vivienda usadas, su primera casa en propiedad. Las cuantías generales a las que un comprador puede acceder van desde los 5.000 a los 12.000 euros dependiendo de los ingresos, la edad y al grupo social al que se pertenezca. Las familias numerosas y las mujeres víctimas de violencia de género, dos de los sectores más beneficiados.

Protegido: La UE da a España tres años para reducir su déficit

Martes, 28 de abril de 2009

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El Popular cerrará hasta 300 sucursales para reducir costes

Martes, 28 de abril de 2009

En dos años. La entidad ya ha cerrado 70 oficinas, afectando a 114 empleados
Se prevén clausurar otras 80 en lo que queda de año y hasta 150, en 2010
27/04/2009 Europa Press. El Mundo
Madrid.- El consejero delegado del Popular, Roberto Higuera, ha anunciado que el banco cerrará hasta 300 sucursales durante este año y el siguiente para avanzar en la reducción de costes y ganar en eficiencia, anticipándose a las recomendaciones realizadas por el Banco de España sobre la necesidad de depurar el exceso de capacidad instalada para superar la crisis.
En la rueda de prensa para presentar los resultados trimestrales del Popular, Higuera ha puntualizado que el banco ha eliminado 70 oficinas durante el primer trimestre de 2009 y prevé cerrar otras 80 en lo que queda de año y entre 100 y 150, en 2010, informa Juan Emilio Maíllo.
A 31 de diciembre de 2008, el grupo contaba con 2.504 oficinas, lo que supone clausurar el 12% de las mismas.
Además, el directivo ha pronosticado que el resto de bancos tendrán que seguir la senda dibujada por la institución que dirige Miguel ́ngel Fernández Ordóñez.
Sobre la repercusión del cierre de sucursales sobre el empleo, Higuera ha dicho que la disminución del número de trabajadores será “vegetativa”, ya que el objetivo del Popular es defender el empleo estable, por lo que incidirá en eliminar las contrataciones temporales, como la campaña de verano, y no repondrá las bajas que se produzcan.
Higuera ha concretado que el cierre de 70 oficinas ha supuesto una reducción de 114 empleados, pero ha eludido pronosticar cuántos trabajadores se podrían ver afectados por el cierre de 300 oficinas en dos años. “Trasladamos los empleados y los clientes y mejoramos la calidad del servicio”, respondió ante las insistentes preguntas sobre cómo reducirá el Popular su plantilla.
La entidad se ha gastado 341 millones de euros en adquisiciones de pisos, sobre todo a promotores, lo que eleva la cartera del banco a los 2.000 millones de euros.

Los juzgados valencianos tendrán tramitación telemática antes de verano

Lunes, 27 de abril de 2009

Diario Crítico de la Comunidad Valenciana

El sistema ´LexNET´ se implantará en todos los juzgados de primera instancia y de lo mercantil.
La Generalitat culminará antes del verano la implantación del sistema ´LexNET´ para la tramitación telemática de documentos judiciales en todos los juzgados de primera instancia y de lo mercantil de la Comunitat Valenciana.

Así, lo anunció en un comunicado la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien destacó “la agilidad de este sistema de procesamiento telemático pues permite la presentación de escritos y notificaciones judiciales a través de la firma digital”.

En cuanto al proceso de implantación de ´LexNET´ en las sedes judiciales, Sánchez de León explicó que, en estos momentos, las tramitaciones se realizan ya de forma telemática en los juzgados de primera instancia de Elche, que fue pionero en esta iniciativa, en los de Castellón y Valencia, así como en los mercantiles de Valencia y Castellón. Desde que se puso en marcha en la Comunitat Valenciana el sistema ´LexNET´, en 2006, y hasta finales de 2008, los juzgados realizaron un total de 287.509 gestiones de forma telemática.

A partir de la última semana de abril, los juzgados de primera instancia de Benidorm y mercantil de Alicante trabajarán en la doble vía: papel y electrónica. Hacia mitad de mayo, se implantará en los de primera instancia de Alicante y Torrevieja, lo que completa el mapa de esta jurisdicción de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a las ventajas, la consellera incidió en que el sistema ´LexNET´, que funciona de manera similar al correo electrónico, “garantiza la autenticación del documento, la confidencialidad y su integridad ya que no puede alterarse durante su transmisión” y aseguró que la Generalitat “está llevando a cabo de forma paulatina actividades formativas para que todos los profesionales de la justicia implicados sepan utilizar este nuevo procedimiento comunicativo”.

El sistema telemático ´LexNET´ permite la transmisión digital de actos de comunicación procesal, la presentación de escritos y demandas y la gestión del traslado de copias. Los usuarios, que necesitan disponer de un certificado en soporte seguro para acceder al servicio, son los secretarios judiciales, funcionarios de gestión procesal y administrativa, de tramitación procesal y administrativa y de auxilio judicial, abogados, fiscales, procuradores, graduados sociales y otras administraciones e instituciones como la Agencia Tributaria y registradores de la propiedad, entre otros.

“El envío telemático de escritos y notificaciones es una alternativa muy ventajosa frente al actual transporte manual entre los diferentes implicados en un procedimiento judicial, ya que este sistema asegura su envío y recepción con todas las condiciones de seguridad requeridas”, explicó Sánchez de León. Finalmente, hizo hincapié en que este sistema “evitará a los profesionales tener que desplazarse y permitirá una mejor gestión de los plazos de prescripción”.

La Guardia Civil esclarece una trama urbanística en San Isidro

Lunes, 27 de abril de 2009

Diario de avisos. Santa Cruz de Tenerife
El Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife imputó la comisión de los delitos de cohecho y prevaricación a un funcionario de la Oficina del Catastro. Además, imputaron a otras cuatro personas (una de ellas asesor fiscal) la comisión de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación, ya que con la trama ideada pretendían demostrar la propiedad de unos terrenos ubicados en San Isidro, ya vendidos por 4 millones de euros.

Las indagaciones esclarecieron la doble inscripción en el Registro de la Propiedad de Granadilla de varias fincas rústicas y urbanas, orquestada por cuatro hermanos, un asesor fiscal y un funcionario del Catastro. Los cuatro hermanos (tres de ellos ya localizados e imputados), habían heredado hace 20 años de su padre dichas fincas, pero estas no les correspondieron en el testamento, ya que se les compensó con otros valores.

En un principio se trataba de fincas rústicas de escaso valor. Sin embargo, en el año 2001, el planeamiento del municipio convertía el suelo en urbano. A raíz de este cambio, los hermanos imputados (a su vez hermanastros de los herederos propietarios), ocultaron el testamento y lograron formalizar las correspondientes escrituras públicas e inscribir esa titularidad en el Registro de la Propiedad con documentación falsa.

Cuando iniciaron los trámites para firmar un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Granadilla se detectaron irregularidades, que evidenciaron que las fincas ya habían sido vendidas. A su vez, la Guardia Civil detectó que la participación del empleado del catastro fue fundamental, y debido a la habilidad de las gestiones se investigan si existen otros casos.

¿Se está derrochando con el dinero de todos?

Lunes, 27 de abril de 2009

Joaquín Trigo Portela. La Actualidad Económica
A medida que la crisis ha ido avanzando, lo ha hecho también el gasto público en todas sus vertientes y países. Se inició en Estados Unidos y siguieron los demás con mayor o menor contundencia.
La inversión es en infraestructuras, el consumo, servicios y pagos asistenciales, recapitalización de entidades financieras, ayudas directas a empresas, compras de activos crediticios incobrables, etcétera. Simultáneamente se han dado avales y créditos a entidades financieras, a otros niveles de la Administración pública, a empresas privadas; se incrementaron las cuantías cubiertas por los fondos de garantía de depósitos, se impulsan planes de renovación de activos duraderos… Los resultados son de una modestia que para explicarla requiere un relator sarcástico, pues parte de los beneficiarios de amplias ayudas exigieron más para evitar el hundimiento, mientras que otros, súbitamente, parecen haber recobrado la salud y beneficios. El resto de los contribuyentes, en cambio, tiene una triple amargura: la de no haber sido beneficiado en el reparto, la de desconocer la eficiencia de lo hecho y la expectativa de un aumento de la presión fiscal.
Buena parte de la política se soporta en el pilar del gasto y en el de hacer ver que se hace algo, que pasa por regular y gastar, aunque no tenga mucho que ver con lo necesario para frenar la caída del empleo o con la aportación de algo útil a la colectividad. Las pautas de comportamiento de los gobiernos se parecen en todas partes y las de España comparten los mismos defectos, virtudes y pautas que el resto. Así, el aval a ayuntamientos para hacer frente al pago de deudas atrasadas se hace público el 19 de abril, meses después de aprobar el Fondo Estatal de Inversión Local. La ventaja de la segunda iniciativa está en que se puede ver, permite (en realidad, exige) colocar grandes carteles en las calles y da un empleo efímero, pero real. La primera, en cambio, ayuda a mantener empleos de verdad y a la continuidad de las empresas, pero éstas si son buenas se salvarán por sí mismas y, si no lo son, la acción estatal no remediará su pérdida. El problema está en que confiaron en el pago de pedidos de algunas administraciones que aún no ha llegado. El motivo para priorizar el gasto público estriba en que es demanda efectiva. La sinrazón está en que es un gasto temporal sin apenas arrastre de otras actividades y en que, por tanto, no induce más inversión ni contratación. Desde el punto de vista de la teoría se explica porque aporta más aumento de compras que el gasto privado, ya que, si el mismo dinero se da a las familias, una parte se ahorrará sin plasmarse en demanda real. Esta idea, llevada al extremo, se ha usado para justificar el aumento de impuestos sin que hubiera déficit, ya que la cantidad en cuestión se destinaba íntegramente a gasto. En condiciones normales, el supuesto subyacente es insostenible y en situaciones críticas es una asignación de recursos subóptima. Los ingresos de las familias en parte se gastan y el resto se ahorra, sea invirtiendo directamente o a través de depósitos en banca que permiten dar créditos, con lo que dan lugar a nuevo gasto. En situaciones como las actuales aún se ahorra más, pero se presta menos por la incertidumbre y por las restricciones de liquidez.
Cuando los recursos los gastan quienes no los han conseguido puede haber eficiencia o no. La hay en condiciones normales, en que se mantienen pautas de selección de proveedores a través de mecanismos abiertos de licitación. Cuando se prioriza la premura por efecto de accidentes, guerras o crisis, el criterio de asignación se deteriora en beneficio de la inmediatez y la visibilidad, con poca o nula incidencia en la resolución de los problemas de fondo. Se trata de resolver. La señora Christine Romer, que tiene una posición destacada en el equipo económico del presidente Obama, publicó a finales de 1992 un estudio sobre los factores que llevaron al fin de la Gran Depresión. Su conclusión resalta el papel de la política monetaria por encima de la fiscal, que se mantuvo durante años sin efecto apreciable.
Sugerencias. Los países de la Unión Monetaria no están en condiciones de hacer una política monetaria propia, pero el Banco Central Europeo puede hacerlo y lo hace dando liquidez, bajando el tipo de interés y descontando créditos, pero no se entromete en las políticas nacionales ni aconseja a los gobiernos. Los bancos centrales nacionales, por el contrario, aunque han cedido sus competencias en la emisión monetaria, mantienen otras como regulación y supervisión del sistema financiero, provisión de servicios (de liquidez, compensación, central de riesgos…) y, en general, las funciones de banco de bancos y de banco del gobierno que, junto a la operativa monetaria, incluyen la elaboración y publicación de estudios, asesoramiento a las cámaras de representantes y al propio gobierno. Para garantizar la ecuanimidad, esto es, la entereza e imparcialidad serena del juicio, es deseable que estas instituciones sean independientes de los poderes públicos, a fin de que prevalezca la lucidez del juicio frente a la oportunidad de las circunstancias, aunque los miembros del Consejo son escogidos por los representantes políticos. Las sugerencias que se incluyen en sus informes, especialmente las relativas a cambios de normativa, suelen ser apropiadas para lo que conviene a la economía del país en el presente y en el futuro. Desdeñar sus análisis y propuestas supone asumir un riesgo difícil de justificar.
Joaquín Trigo Portela es director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional.

¿Está preocupado por su pensión de jubilación?

Lunes, 27 de abril de 2009

¿Está preocupado por su pensión de jubilación?
La Seguridad Social no garantizará la cobertura actual dentro de 20 años
26/04/2009 Antonio de Miguel. Finanzas,com
No pierda el tiempo, aporte ya a su plan de pensiones.

Si tiene entre 40 y 50 años, no se duerma en los laureles pensando que tiene asegurada una jubilación digna con la pensión que le quedará dentro de 20 años. Los expertos advierten que la reformas que necesitará el actual sistema de pensión pública reducirá ésta a un 60% del último sueldo, en el mejor de los casos.
¿Está preocupado por su pensión de jubilación? Si ha seguido estos días el debate que se originado entre el Gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, seguramente lo esté. Sin embargo, los expertos afirman que no debe cundir la alarma. «Los pensionistas y las personas que estén próximas a la edad de jubilación no tienen que temer por el importe de su pensión actual», afirma Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, patronal del sector asegurador.
Las advertencias que ha formulado estos días el Gobernador del España (ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y en el Foro de ABC) se refieren a las pensiones que tendrán que pagarse dentro de 15 ó 20 años. Para entonces, según los cálculos de los expertos, la tasa de pensionistas duplicará a la actual y las cotizaciones de la población activa no serán suficientes para garantizar la cobertura actual que, de media, ronda el 83 por ciento del último salario cobrado antes de jubilarse. «Son los cotizantes de mediana edad los que tienen que empezar a estar preocupados por su pensión pública de jubilación. Porque las dificultades para garantizar esta cobertura empezarán a notarse en un horizonte de 15 a 20 años», añade Gregorio Izquierdo, director del Departamento de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Es el colectivo que peor preparado está para afrontrar este más que posible escenario: una pensión pública insuficiente para cubrir sus necesidades. «Un plan de jubilación no se improvisa del día a la mañana. Hacen falta unos 20 años para que las aportaciones acumuladas a través de un seguro de ahorro o un plan de pensiones puedan ser un complemento eficaz de la pensión pública», explica Pilar González.
Según los expertos, si se comunica la situación actual a la población y se fomenta con fuertes campañas fiscales el ahorro privado para la jubilación, todavía habría tiempo para que los partícipes que ahora rondan la cuarentena pudiesen llegar a la edad de retirarse con un patrimonio capaz de amortiguar la brecha económica que se producirá entre el último salario y la pensión.
Cambio de mentalidad
Pero para ello, afirman desde Unespa, hace falta una fuerte campaña de información que persiga un cambio de mentalidad en el partícipe español. Actualmente, mucha gente aporta a los planes de pensiones o a los planes de previsión asegurados (PPAs) sólo con el objetivo de reducir su factura fiscal. La resultante es que los importes medios que se rescatan en la actualidad rondan los 11.000 euros, una cantidad apenas suficiente para completar la pensión pública actual.
Por eso los asesores financieros y fiscales recomiendan empezar las aportaciones a planes de pensiones privados y PPAs cuanto más joven mejor, como sucede en otros países de nuestro entorno, donde el patrimonio invertido en los planes de pensiones duplica el PIB, como sucede en Holanda o Reino Unido. Según un reciente informe del Servicio de Estudios de BBVA, «si la recuperación de la crisis actual se produce en un período razonable es posible que el actual sistema tarde todavía una década en entrar en déficit y que el Fondo de Reserva (58.000 millones) acumulado en este período permita seguir pagando las pensiones sin problemas ocho o nueve años más».
A partir de ahí, no quedan muchas soluciones. «Ante las dificultades no quedan muchas salidas: o se retrasa la edad de jubilación o se ajusta el importe de las prestaciones públicas. Por ello es necesario primar con fuertes incentivos fiscales nuestro débil sistema de ahorro complementario para la jubilación», añade Gregorio Izquierdo.
El problema es que los expertos creen que aunque se efectúen estas reformas y tengamos que trabajar más años, la pensión seguirá siendo insuficiente y serán necesarias políticas que fomenten el ahorro privado para la jubilación. Precisamente, el sector de planes de pensiones y seguros de ahorro ha echado en falta en la polémica suscitada sobre la salud del actual sistema de pensiones públicas de jubilación una mención expresa al fomento de los planes de pensiones vía incentivos fiscales. En la última reforma del IRPF de 2006, el equipo fiscal del Ministerio de Economía (dirigido entonces, precisamente, por Fernández Ordóñez) suprimió la deducción del 40 por ciento en la base imponible del contribuyente si rescataba el plan en forma de capital (todo de una vez). La medida fue muy criticada por los gestores de planes de pensiones y actualmente las asociaciones esperan que el nuevo equipo económico y el nuevo juego de mayoría parlamentaria permitan introducir mejoras fiscales a los productos de ahorro para la jubilación.

Protegido: Alfredo Pastor prevé que el precio de la vivienda caerá un 20% más España

Domingo, 26 de abril de 2009

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La norma de refinanciación de empresas en concurso genera dudas

Domingo, 26 de abril de 2009

Ley Concursal
La norma de refinanciación de empresas en concurso genera dudas
La aplicación práctica de los requisitos para la refinanciación de empresas en crisis, recogida en la reciente reforma de la Ley Concursal, está generando serias dudas entre los expertos encargados de su ejecución. Abogados, economistas, auditores y registradores mercantiles tratan de buscar soluciones a las lagunas de la norma para evitar que la responsabilidad de un fracaso de refinanciación recaiga sobre ellos.
Una futura modificación ‘integral’
Sin modelo homogéneo
Arantxa Corella – Madrid – 25/04/2009 Cinco Días
La puesta en práctica de la reciente reforma de la Ley Concursal, de la que la gran estrella han sido las refinanciaciones previas a la declaración del concurso, se está mostrando complicada. Para que un acuerdo de refinanciación tenga efecto frente a la inminente entrada en concurso de una empresa debe cumplir una serie de requisitos: que sea suscrito por al menos tres quintos de los acreedores del pasivo del deudor, que el acuerdo se formalice en documento público y, sobre todo, que cuente con el informe favorable de un experto independiente designado por el Registro Mercantil.
Pero los profesionales que trabajan día a día para alcanzar los acuerdos de refinanciación tienen muchas dudas sobre la aplicación de la norma. Para empezar en ningún sitio aclara a quién se considera experto independiente: ‘¿un auditor, un economista, un abogado?’, se pregunta uno de ellos. Pero lo más importante, ¿de quién debe ser independiente el experto encargado de elaborar el juicio técnico sobre la suficiencia de la información proporcionada por el deudor, sobre el carácter razonable y realizable del plan de refinanciación?, ‘¿de la empresa envuelta en la situación de crisis o de los bancos involucrados en la refinanciación?’, reflexiona Jesús Valero, socio de Deloitte.
Pero incluso los registradores, que son los encargados de designar a los expertos que se encarguen de elaborar los informes preceptivos, tienen sus dudas. Consideran que la redacción del decreto ley que reforma la Ley Concursal en el capítulo de las refinanciaciones es ‘tan escueta que, aunque el propósito de la reforma es encomiable, quedan ciertas dudas prácticas sobre su aplicación’.
Para paliar estas dificultades están elaborando un borrador de protocolo de actuación que trata de salir al paso de las dudas más frecuentes. El protocolo está siendo redactado por la Asociación de registradores Bienvenido Oliver (Arbo), que advierte de que ‘aunque un auditor de cuentas pueda resultar el sujeto idóneo para redactar el plan de viabilidad; no obstante, en ningún caso, el propio auditor de cuentas del deudor puede elaborarlo en razón de la incompatibilidad’ de la Ley de Auditoría.
Pero la preocupación real se centra en el capítulo de la responsabilidad. Los registradores mercantiles creen que el hecho de que no existan estándares homologados para elaborar los informes ‘no ayuda precisamente a determinar hasta dónde alcanza la responsabilidad del experto’. Y el abogado de Cuatrecasas Juanjo Corral, cree que ‘en caso de que un acuerdo de refinanciación fracase, los acreedores que no sean parte del acuerdo no podrán actuar contra el deudor ni contra los acreedores firmantes, así que lo más probable es que exijan la responsabilidad al experto. Así o bien habrá pocos que quieran firmar estos informes o si los hacen los encarecerán muchísimo para en su caso cubrirse las espaldas, perjudicando así a la empresa en dificultades’.
Reuniones informales
Así, los profesionales que trabajan en la elaboración de este tipo de informes han mantenido reuniones informales entre ellos y con los registradores con el objetivo de alcanzar unas pautas de actuación comunes que les protejan en la medida de lo posible. Entre otras cosas para la elaboración del informe deberán basarse en la información que les proporciona la empresa, ‘¿pero cómo saber si lo que nos proporcionan es todo lo que hay?’ se pregunta el socio de Deloitte que propone que toda la industria se una. El socio de PwC, Enrique Bujidos, critica el hecho de que al experto se le pida una opinión sobre lo que va a ocurrir con la empresa, ‘nadie tiene una varita mágica para saber lo que va a pasar en el futuro’. Este experto añade a las lagunas de la norma el hecho de que no se haya reconocido los créditos superprivilegiados, ‘con lo que es difícil que las empresas en dificultades puedan conseguir dinero nuevo’.

Entra en vigor la nueva normativa contra el ruido en los hogares

Domingo, 26 de abril de 2009

Aumentar el aislamiento acústico de las viviendas sólo incrementará el coste de construcción entre un 0,3% y un 0,6%
La incorporación de nuevos materiales desde la entrada en vigor del CTE permite minimizar el coste de la aplicación de la normativa
22 de abril de 2009.- El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Orden ministerial que actualiza el Código Técnico de la Edificación, y en particular el nuevo Documento Básico de Protección frente al Ruido, de aplicación obligatoria a partir de mañana, 24 de abril, y que supone la entrada en vigor plena del CTE.
La nueva normativa, que triplicará las exigencias de aislamiento acústico de los hogares, supondrá un incremento medio del coste de construcción de entre el 0,3% y el 0,6% considerando el precio medio de la vivienda en España de 1.958,1 €/m2, aunque el coste de los materiales de construcción no define directamente el precio final de la vivienda. La aplicación del Documento Básico costará como media 9,56 euros/m2, según un estudio de la Asociación Española contra la Contaminación Acústica (AECOR) realizado para el Ministerio de Vivienda.
La incorporación de nuevas tecnologías y materiales de construcción y, sobre todo, de nuevos métodos constructivos desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2006 permite conseguir mayores niveles de aislamiento con un sobre coste mínimo.
El impacto económico de la nueva normativa depende, no obstante, de distintas variables entre las que destacan la tipología de la vivienda y la zona geográfica en la que se encuentre.
El estudio, para el que se ha contado con la colaboración, entre otras, de promotoras, ingenierías acústicas, fabricantes de materiales y empresas constructoras que han suministrado los precios de las soluciones constructivas, distingue cinco tipologías de viviendas y seis zonas geográficas determinadas por la similitud de sus respectivos precios de origen. Asimismo, se ha tenido en cuenta la distribución porcentual de viviendas por tipologías y zonas geográficas.
Según el tipo de vivienda, el menor incremento se registra en las unifamiliares. Así, el coste medio de la nueva normativa en el chalet pareado es de 5,75 €/m2 y, en el adosado, de 8,56 €/m2. En las viviendas en bloque, el Documento Básico tiene un efecto de 10,07 €/m2 para las de dos dormitorios, de 11€/m2 para las de tres, y de 12,42 €/m2 para las de un dormitorio, en las que el ratio tabiquería medianera/superficie construida es mayor.
Por zonas geográficas, el coste mínimo corresponde a la denominada zona Sur, que incluye a Extremadura, Andalucía y Canarias (entre 10,78 y 4,94 €/m2); seguida de la Noroeste, con Galicia y Asturias (entre 11,45 y 5,25 €/m2); Norte, con Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja; y la zona Levante, con Comunidad Valenciana y Murcia (en ambas zonas, el efecto oscila entre 12,12 y 5,56 €/m2); y por último, Noreste (Cataluña, Aragón e Illes Balears); y Centro (Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León) con una horquilla de precios de entre 13,47 y 6,17€/m2.
Nuevos niveles máximos de ruido
El texto reglamentario, que sustituye a la normativa de 1988, reducirá el ruido de los hogares. En el aéreo, que es el que supone oír, por ejemplo, las voces del piso contiguo, se aumenta la exigencia de aislamiento de 42 a 50 decibelios. En relación con los impactos se reduce el ruido percibido entre viviendas de 88 a 65 dB.
La nueva normativa introduce dos cambios fundamentales. El nivel de ruido no se medirá, de ahora en adelante, en laboratorio sino in situ, en la propia vivienda; y las exigencias de insonorización frente al ruido exterior dependerán de la zona en la que se ubique la casa para garantizar los mismos niveles de silencio a todos los ciudadanos.

La Justicia da más poder a los bancos para embargar bienes de los hipotecados

Domingo, 26 de abril de 2009

23-04-09 Mercedes Serraller Expansión
Dos autos embargan tanto la finca hipotecada como el resto de bienes del deudor y de sus fiadores, procesos que hasta ahora no se acumulaban.
Vía libre para embargar todos los bienes del moroso que adeuda una hipoteca. Ante la crisis, la Justicia ha ampliado los procesos de reclamación de deudas hipotecadas, por lo que ahora permite acumular el procedimiento de ejecución ordinario al hipotecario, cuando, hasta ahora, la jurisprudencia lo negaba. De esta forma, a la subasta de la finca del deudor se le suma ahora el procedimiento ordinario, que aunque es más lento que el hipotecario, puede embargar todos los bienes del moroso, e incluso, de sus fiadores.
La mayoría de los beneficiados por esta nueva tendencia son las entidades financieras, aunque también afecta a las empresas que participan en operaciones de garantía hipotecaria. Hasta ahora, era suficiente con la subasta de inmuebles, que siempre subían, pero la caída del mercado hace que, o no lo sea o la subasta no se realice. La acumulación de bienes -que puede sumar más fincas, acciones, maquinaria, mercancías, etc.- ofrece más garantías al acreedor.
Según los expertos, esta ampliación es una tendencia procesal y ligada a la coyuntura económica a la que pueden sumarse en el futuro algunas audiencias provinciales. Así, los juzgados de Primera Instancia de Rubí y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se han pronunciado en sendos autos de 18 de noviembre de 2008 y de 9 de marzo de 2009, respectivamente.
De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Rubí estima el recurso de una caja de ahorros que podrá embargar, además del inmueble hipotecado objeto del procedimiento, el resto de bienes del deudor.
Y el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vilanova i la Geltrú trae a colación el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que “del incumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”.
En consonancia con éste, el artículo 105 de la Ley Hipotecaria establece que “la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil”. Por lo tanto, entiende el juez, “la garantía hipotecaria de la que goza el acreedor sobre una finca del deudor principal no debería ser óbice para que pueda dirigirse, tanto contra el resto de sus bienes, como contra todos los bienes de la fiadora”.
Y concluye el auto: “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que luego se dirijan contra los demás, mientras no se cobre la deuda por completo”.

Telefónica es el operador de banda ancha más caro de Europa

Domingo, 26 de abril de 2009

Telefónica es el operador de banda ancha más caro de Europa
Europa Press | – 20/04/2009 El Economista
El precio de la ‘mejor oferta’ en banda ancha en velocidades medias (desde los 2 hasta los 10 megabits por segundo), rango que abarca un 72,4% de las líneas de mercado, es un 11,7% superior a la media de las ‘mejores ofertas’ de la Unión Europea. Telefónica, que hoy anunció una rebaja del 40% del precio de los SMS, es el operador más caro de Europa.
En concreto, la media de las mejores ofertas en España en el rango de velocidades antes mencionado es de 33,3 euros, frente a los 29,8 euros de media de la Unión Europea, según el informe sobre precios de banda ancha de 2008 publicado por la Comisión del Mercado de lasTelecomunicaciones (CMT).
En cambio si tomamos como referencia las ofertas en velocidades altas (superiores a 10 megabits por segundo) con un 12,2% del total de paquetes de banda ancha y voz en España, la mejor oferta en España es de 36,6 euros, un 2,1% inferior a la media de la Unión Europea. Por el contrario, en velocidades inferiores a 2 megabits por segundo, con un peso en el mercado de 15,4%, la mejor oferta en España es un 5,1% superior al de la media de las mejores ofertas de la Unión Europea, con un precio de 33,2 euros.
Mayor precio de Telefónica
En cuanto al precio de los operadores incumbentes europeos, el precio de banda ancha del ex monopolio español, Telefónica, con respecto a su homólogos europeos es un 56,4% superior al de las mejores ofertas en Europa. Según el informe del regulador, la mejor oferta de la firma presidida por César Alierta en banda ancha para velocidades de entre 2 y 10 megabits por segundo es de 59,9 euros frente a los 38,3 euros de media de operadores europeos como Deutsche Telekom, KPN, BT y Telecom Italia.
En este sentido, la CMT apunta que el mantenimiento del diferencial de precios en España entre la mejor oferta de los alternativos y la de Telefónica, de 26,6 euros en los paquetes de velocidad media, ha impulsado la “captura” de cuota de los operadores alternativos en los últimos meses, con un 48,7% de cuota de ganancia netas frente al 29,14% del operador histórico.
La mejor oferta de Telefónica en velocidades medias es de 59,9 euros, frente a los 33,3 euros de media de todos los operadores del mercado español. Esta diferencia se reduce considerablemente en velocidades bajas, con una oferta de 37,6 euros del incumbente frente a la media de 33,2 de los alternativos, mientras que se incrementa en velocidades altas con un precio de 65,4 euros en Telefónica, frente al 36,6 euros de media de todos los operadores.
Asimismo, la portabilidad fija, asociada a la contratación de paquetes de banda ancha y voz de los clientes con operadores alternativos a Telefónica, ha crecido en la segunda mitad de 2008 un 30%, con medias móviles superiores a los 100.000 intercambios de operador frente a los 70.000 de junio del año anterior, informó el regulador.

Midiendo el alcance de la burbuja inmobiliaria (VI): un resumen

Domingo, 26 de abril de 2009

Midiendo el alcance de la burbuja inmobiliaria (VI): un resumen
21-04-2009 , Eduardo Martínez Abascal . Expansión
Concluyo el Zeppelin inmobiliario con un resumen de lo expuesto hasta ahora (para los que han seguido el serial, disculpen la repetición).
Del 2003 al 2007, hemos construido unas 700.000 viviendas al año. Ahora construimos 250.000. La contribución al PIB era de unos 150.000 millones de euros, o un 15%; ahora será de 50.000 y un 5% del PIB. El empleo en construcción de vivienda era de unos 2,2 millones, ahora previsiblemente será de 0,7, por lo que se generarán 1,5 millones de parados que vienen a costar (a 20.000 euros por parado) unos 30.000 millones (el 10% del presupuesto del sector público).
El precio medio de una vivienda en España es 12 veces el salario promedio (frente a 4 veces en EEUU y a 5 en Reino Unido). Dedicamos más de un 50% del salario neto al pago de vivienda, frente a un 30% de hace 10 años. Este porcentaje es, además, el promedio europeo. En 7 años (de 2000 a 2007), el precio de los pisos se duplicó, creciendo un 12% anual, mientras que los salarios apenas crecieron el 3%.
¿Y de quien es la culpa de todo esto? Pues suele suceder que cuando el «tomate» es gordo, los culpables son muchos. Los ayuntamientos se han venido financiando en buena parte con el sector inmobiliario. Han permitido o provocado que el precio del suelo subiera por las nubes, con el consiguiente encarecimiento de los pisos.
Los bancos y cajas han dado financiación para comprar o construir esos pisos por caros que fueran. Y eso porque querían crecer (o no perder cuota) en el mercado crediticio. No se ha prestado suficiente atención al riesgo que conllevaban semejantes créditos. Y el inversor, por último, siguió creyendo que los precios de los pisos nunca bajarían, al contrario de lo que ocurre en nuestro entorno. Al final, lo de siempre, «entre todos la mataron y ella sola se murió».
Durante estos años hemos crecido más que los países de nuestro entorno, en buena parte debido al boom inmobiliario de 2000-07. Incluso algunos habían llegado a pensar que nuestra economía era más fuerte que la de de Italia y que en breve alcanzaríamos a Francia.
Lo que ocurría es que nuestro coche (nuestro querido Seat) corría más que el Audi alemán, pero solo porque iba sobre revolucionado, no porque fuera mejor coche. Resultado: el coche se recalentó y nos percatamos de que nuestro Seat hispano no era tan bueno como el Audi alemán (aunque sea buen coche). Ahora toca la dura tarea de arreglar el coche

Directivas comunitarias, hacia el registro electrónico

Sábado, 25 de abril de 2009

José Antonio Miquel Silvestre – 24/04/2009
El Derecho Mercantil moderno comienza en España a partir de 1989 con la incorporación de las directivas de lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Las directivas comunitarias no contienen la norma directamente aplicable sino que obligan al Estado miembro a su transposición al Derecho interno para conseguir un resultado. La primera, de 9 de marzo de 1968, supuso el establecimiento de unos requisitos comunes para las sociedades mercantiles europeas, como la obligatoriedad de dar publicidad a su constitución, órganos de administración y estatutos a través de un registro mercantil, cuyos datos deberán publicarse también en un boletín oficial. Esta exigencia comunitaria de publicidad y transparencia se aprecia perfectamente en el deber de depositar en este registro el resultado contable de cada ejercicio.
Tratándose de una obligación legal que se repite año tras año, es lógico que los poderes públicos faciliten su cumplimiento para no gravar en exceso a los agentes económicos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las sociedades cierra su ejercicio social el 31 de diciembre, es fácil imaginar lo que ocurre en los registros mercantiles de grandes capitales los días en que termina el plazo legal para el depósito: se produce una avalancha de presentaciones en ventanilla con las consiguientes colas, molestias y lógicos enfados del sufrido ciudadano. En suma, mucho tiempo y dinero perdido. Para intentar solucionar estos inconvenientes se modificó en su día el reglamento del Registro Mercantil para permitir la remisión online de las cuentas.
Sin embargo, el resultado no era del todo satisfactorio: aunque se usara firma electrónica reconocida, en el plazo de 15 días desde el envío por internet se tenían que remitir de nuevo las cuentas por correo y con las firmas del certificante notarialmente legitimadas. Era éste un paso ulterior engorroso, y no gratuito, cuya finalidad última no se entendía muy bien ya que no sólo vulneraba la Ley de Administración Electrónica 11/2007, que reconoce el derecho del administrado a una relación telemática directa con las Administraciones, sino también la normativa mercantil comunitaria. El legislador europeo, sensible a las nuevas tecnologías, modificó en el año 2003 aquella primera directiva de 1968 para permitir una relación directa del ciudadano con el registro mercantil de cada país, obligando a los distintos Gobiernos a que habilitaran los medios técnicos para que la documentación pudiera ser remitida en formato electrónico de sistema abierto, o sea, de libre utilización para los ciudadanos y empresas.
El retraso en la transposición -el plazo venció el 1 de enero del 2007- parece que por fin se está resolviendo. Mérito que hay que reconocer al Gobierno, quien ya cumplió hace unos meses con una de las previsiones comunitarias al autorizar la publicación electrónica del Boletín Oficial del Registro Mercantil. Pero quizá de mayor trascendencia para los empresarios sea la publicación en el BOE de 10 de febrero de la Orden del Ministerio de Justicia 206/2009, de 28 de enero, por la cual se regula el depósito de las cuentas vía online. Lo novedoso es que, a pesar de ciertas resistencias internas y externas, suprime la necesidad de la legitimación posterior de las firmas. Ni siquiera es ya necesario usar un determinado certificado digital, porque como sistema abierto, se permite el uso de cualquiera de las firmas electrónicas reconocidas existentes en España.
El siguiente paso en la transposición bien pudiera ser el establecimiento de un registro mercantil totalmente electrónico, como también exige la directiva citada. Los requerimientos tecnológicos ya están disponibles en todos los registros mercantiles de España. Sólo falta la voluntad política de implantarlo. Tal vez el nuevo equipo ministerial de Justicia, con nueva directora general de Registros y del Notariado, esté dispuesto a dar los pasos necesarios para implementar una mejora sustancial en la eficacia del sistema. Mejora que además -conviene recordarlo ya que el sistema registral no se nutre de los Presupuestos- tendría coste cero para el contribuyente.
José Antonio Miquel Silvestre. Registrador de la Propiedad