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Archivo del 9 de mayo de 2009

Los Ayuntamientos no colaboran en la lucha contra el delito urbanístico

Sábado, 9 de mayo de 2009

La Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo constata un aumento de las diligencias.- En algunas zonas, las irregularidades se dan en connivencia con los poderes municipales
Inmaculada de la Vega – Madrid – 07/05/2009 El País
La crisis ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y los procedimientos abiertos durante el año pasado. También aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301 y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir los delitos, así como la falta de colaboración por parte de la administración pública, según la Memoria 2008 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo frente está el fiscal Antonio Vercher.
Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales
A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero en las fiscalías en que sí ha aumentado el número de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. “El problema informático y de unificación de sistema es un problema generalizado”, según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen quedar impunes.
Dónde está la Administración
A la falta de medios se suma la de colaboración de la administración pública. Algunos ayuntamientos “hacen absoluta dejación de sus funciones” y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados cuando hay indicio de delito.
Las irregularidades que investigan las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca, se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico, obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento el que construye un velatorio en suelo rústico de protección ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura). Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia canario.
También destaca la memoria diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del 50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias condenatorias y el 72% de las absolutorias.
Novedades
Al recoger la actuación de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros de buena fe. Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un particular por una “interpretación anómala” y restrictiva del concepto de promotor en el Código Penal.
Contrasta la falta de colaboración de la administración, con la de los ciudadanos. El grueso de las denuncias de infracción de normativa ambiental y urbanística se debe a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones vecinales. Aunque no siempre es una colaboración desinteresada cuando se trata de particulares y aparecen motivaciones revanchistas e, incluso, colectivos que ejercen presión para pedir la regularización, con cargo a fondos públicos, de urbanizaciones ilegales, según denuncian algunas fiscalías.

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Sábado, 9 de mayo de 2009

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Trabajo plantea que los becarios coticen y tengan derecho a paro

Sábado, 9 de mayo de 2009

Granado afirma que el sistema ‘no es de goma’
Trabajo plantea que los becarios coticen y tengan derecho a paro
08/05/2009 Europa Press – El Mundo
Madrid.- El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, considera que el “cóctel” de más jubilados y menos cotizantes supondrá un peligro para el sistema de la Seguridad Social a partir de 2030, un sistema “insostenible” porque “no es de goma”. Por ello, Granado ha defendido la necesidad de incorporar como cotizantes a los colectivos “más precoces”. Entre ellos los becarios.
Granado, en línea con la tesis del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que considera que la Seguridad Social no peligra como mínimo hasta 2025 y que se muestra “radicalmente en contra” de retrasar la edad de jubilación, realizó estas reflexiones en el transcurso de un acto organizado por UGT Euskadi en Bilbao para abordar las ‘Nuevas políticas para la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora de la protección social’.
No obstante, Corbacho, que se enzarzó en una duro debate con el gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, asegura que el actual sistema de pensiones “es saludable” pese a necesitarse una reforma del Pacto de Toledo porque en 2040 serán otras pensiones.
Granado señaló que se tiene que conseguir aumentar la tasa de ocupación para ampliar la base de cotizantes. Entre otras vías apuntadas para lograr este objetivo están la de los flujos migratorios y fomentar una mayor presencia de la mujer en el mercado laboral.
Ello, y que la edad de jubilación “no se desplace hacia abajo”. El secretario de Estado afirma que en España la edad media real de jubilación se sitúa en 63 años y 10 meses mientras que el Pacto de Toledo fija como objetivo llegar a una edad media de jubilación de 65 años.
“Gobierne quien gobierne” habrá que buscar formas para que “la edad de jubilación se mantenga”, defendió Granado. Entre las medidas citadas por él están prolongar voluntariamente la edad de jubilación y reducir “en términos moderados” las jubilaciones anticipadas. La primera contrasta con la posición del Banco de España de imitar el modelo alemán, cuya edad de jubilación se ha elevado a 67 años.
El secretario de Estado dijo que es necesario “acomodar” el sistema de la Seguridad Social a la pirámide demográfica. A su juicio, España, segundo país con mayor esperanza de vida, es uno de los países con menor tasa de natalidad por su “caída más abrupta y rápida”.
En este contexto, Granado agrega que en España se entra “mucho más tarde” al mercado de trabajo porque es más amplio el periodo de formación que en otras épocas.
Así, su postura es “cambiar las formas de trabajo” de manera que se facilite de los 60 a los 65 años “trabajar menos” y con trabajos “menos penosos”. “Si no optamos por manejar la variable de la edad de jubilación, entonces deberemos optar por manejar la variable de la cuantía de la pensión. Si no ajustamos el tiempo de duración de la prestación, ajustaremos el precio”, señaló Granado. Granado insistió en que, en caso contrario, habrá que apuntarse a ser uno de los sistemas de pensiones, como pasa en Estados Unidos o Rusia, en los que “se jubila muy pronto a la gente, pero con pensiones muy bajas”.