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Archivo del 22 de mayo de 2009

Francisco Caamaño propone que se abone un depósito de escasa cuantía antes de recurrir una sentencia

Viernes, 22 de mayo de 2009

21/05/2009 Fuente: Agencias | wemmurcia.com
● El ministro de Justicia afirma que con esta medida se pretende disuadir a quienes recurren sin fundamento alguno.
● Los ingresos que se obtuvieran se destinarían a financiar la modernización de la Justicia y a mejorar el sistema de Justicia gratuita.
● El ministro de Justicia resalta el intenso proceso de diálogo con todos los sectores durante sus tres primeros meses de mandato con tres temas sobre la mesa: nueva oficina judicial, modernización tecnológica y medidas contra la saturación judicial
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó hoy ante la Comisión de Justicia del Senado la intensa tarea realizada desde su toma de posesión para alcanzar un gran Acuerdo Social con todos los sectores para la mejora y modernización de la Justicia. El ministro anunció que propondrá a las Cortes Generales “la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento”. Los ingresos que se obtuvieran se destinarían a financiar el proceso de modernización de la Justicia y a mejorar el sistema de Justicia gratuita.
Intenso Proceso de diálogo con los sectores de la Justicia
Esta primera etapa ha estado centrada, según explicó el ministro, en el mantenimiento de un intenso proceso de diálogo con las distintas organizaciones profesionales, especialmente con las organizaciones judiciales, a través de sucesivos encuentros y reuniones. Tres temas han merecido una especial consideración a lo largo de los sucesivos encuentros y reuniones:
-La organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial.
-Las acciones previstas de modernización tecnológica de la administración de justicia.
-La necesidad de establecer fórmulas que impidan la saturación masiva de la Administración de Justicia.
-Organización y puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Una ley, explicó, que se está tramitando en el Congreso y de cuyo éxito depende la implicación activa de los distintos profesionales de la justicia que prestan sus servicios en ella: jueces, secretarios, fiscales, funcionarios.
-Señalamientos. El ministro aclaró que se ha buscado una fórmula razonable y satisfactoria, sobre la agenda de señalamientos, en la que se equilibra adecuadamente la función jurisdiccional que constitucionalmente corresponde a los jueces y magistrados y la dirección de la oficina judicial atribuida a los secretarios judiciales.
-Fe Pública Judicial. Apostó por la adaptación de la fe pública judicial que ejercen los secretarios al nuevo entorno tecnológico en el que se desarrolla el proceso. En este sentido, razonó que la posibilidad de grabación mediante técnica audiovisual del desarrollo de un juicio permite, por un lado, liberar al secretario de asistir presencialmente a su celebración, pudiendo emplear ese tiempo en el desempeño de otras funciones, y, por otro lado, la acreditación de la fehaciencia de lo sucedido seguirá dependiendo de la fe pública que habrá de proyectarse, en estos casos, sobre la verificación de los soportes y el material grabado.
-Jueces de adscripción territorial. Con esta nueva figura, que se introducirá dentro de la Ley de la Oficina Judicial, se pretende -manifestó Francisco Caamaño- conseguir una justicia titular y de calidad de modo que las necesidades derivadas de ausencias al frente de un juzgado o las necesidades de refuerzo de órganos judiciales sean cubiertas por jueces de carrera y no como sucede ahora por jueces sustitutos y magistrados suplentes. Dependerán de los Tribunal Superiores de Justicia y tendrán un ámbito de actuación dentro de la provincia.
-Conciliación de la vida familiar y laboral. Anunció que se incorporarán medidas que superen las consecuencias que en este ámbito se derivan del ascenso forzoso. También se promoverá la equiparación en algunos aspectos al régimen de la función pública o la modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en audiencia provinciales.
-Modernización tecnológica de la administración de Justicia. Para el ministro, ésta es una tarea que se debe acometer sin demora para conseguir que cualquiera de los tribunales de España, sea cual sea el lugar en que se radique, pueda conectarse con cualquier otro de nuestro país..
– 600 millones de inversión. El ministro reiteró a los senadores el presupuesto que se va a destinar en los próximos tres años al este objetivo cuyo fin es que todos los juzgados y tribunales trabajen en red y puedan intercambiar información con independencia del sistema informático que utilicen. Para ello, anunció que propondrá al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a las autoridades autonómicas, la constitución de un consorcio para articular en él la cooperación técnica necesaria para lograr la intercomunicación de los distintos órganos de nuestro sistema de justicia.
-Reforma del Registro Civil. Francisco Caamaño informó a la Comisión que se está trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que se pretende, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
-Medidas para evitar la saturación masiva de la Administración de Justicia. Según explicó el ministro, el nivel de litigiosidad de nuestro país es ciertamente alto. A finales del pasado año, en nuestros juzgados y tribunales estaban en tramitación nueve millones de asuntos.
-Potenciar la acción del arbitraje. El objetivo de esta acción es descargar a los jueces y tribunales de todos aquellos asuntos que no sean propiamente jurisdiccionales, potenciando al efecto aquellos otros procedimientos, como el arbitraje, la conciliación o la mediación mediante los que se pueden resolver cierto tipo de controversias de modo más eficiente. Para ello explicó que se está trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Jurisdicción Voluntaria sobre la base del presentado durante la pasada legislatura y que por diversos avatares no pudo concluir su tramitación. En él se mantiene el propósito compartido de sustraer al juez de tareas no jurisdiccionales y proyectar un procedimiento rápido y ágil que permita dar la resolución de los expedientes a los secretarios judiciales y a los notarios y registradores.
Replanteamiento del sistema de recursos. Para el ministro es necesario modificar el vigente sistema de recursos con el fin de atajar el abuso de derecho que tanto daño hace a la justicia. Apostó por simplificar los recursos y establecer algún elemento que frene a quienes abusan reiteradamente del sistema de recursos legalmente establecido, en perjuicio de los demás. Para ello anunció que se propondrá a las Cortes Generales la creación por ley de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno. Explicó que los ingresos derivados de este depósito estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso modernización de la administración de justicia, en particular la construcción de una plataforma de conectividad de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, así como a mejorar el sistema de justicia gratuita. Con ello se busca tres efectos positivos: desalentar al recurrente que abusa, garantizar que los juzgados y tribunales puedan estar interconectados y puedan trabajar en red, y acordarnos de los que tienen menos y acuden a la justicia implorando la tutela de sus derechos.
– Reuniones con otros sectores .
-Con los Fiscales. Reuniones de trabajo con las asociaciones de fiscales con quienes se ha tratado, entre otros aspectos, el desarrollo de la nueva ley del estatuto del ministerio fiscal.
-Abogacía . Sobre cuestiones de tanta importancia como el desarrollo reglamentario de la ley de acceso a la profesión o la mejora del sistema de justicia gratuita.
-Procuradores . Con sus representantes se ha tratado, de manera especial, la incidencia de la trasposición de la directiva de servicios sobre el carácter territorializado de la prestación de la procura.
-Otros. Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso. E, institucionalmente, tras la comisión bilateral celebrada entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también el órgano de gobierno de jueces se ha sumado al Acuerdo social y a sus objetivos reformadores y modernizadores.
Más proyectos para el resto de legislatura
El ministro de Justicia también explicó ante la Comisión de Justicia detalladamente todos y cada uno de los proyectos que tiene encima de la mesa para abordar en estos tres años que restan de legislatura.
-Nueva Ley de Planta y Demarcación.
Francisco Caamaño subrayó que se trata de actualizar el mapa judicial vigente hoy en España, diseñado por una ley de planta judicial de 1988 y que no se corresponde con el mapa real de las necesidades y demandas de 45 millones de habitantes. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de este año se ha nombrado una comisión de personas expertas que habrá de presentar un informe en el que se cotejen las necesidades reales en todo el territorio nacional y de lugar a un diagnóstico de las necesidades así como una prospectiva de las posibles soluciones. Posteriormente se abrirá un proceso de discusión con las Comunidades Autónomas que permita elaborar un proyecto de ley de la nueva planta judicial que refleje la geografía social de la España de hoy.
-Acciones con las comunidades.
El ministro dio prioridad a la necesidad de concluir el proceso de traspaso de competencias a las comunidades que aún no las tienen trasferidas. Con este fin se ha retomado con carácter general los contactos con la Comunidades Autónomas concernidas con la intención de que a lo largo de la legislatura se pueda concluir con éxito las respectivas negociaciones. Asimismo, y como consecuencia de las nuevas opciones estatutarias, avanzó la apertura de un proceso de reflexión con el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y las fuerzas políticas con el fin de concretar la figura de los consejos autonómicos de justicia.
-Reforma del Código Penal. El ministro señaló que próximamente se remitirá a las Cámaras una importante reforma del Código Penal mediante la que se incorporará la protección frente amenazas y riesgos especialmente desvalorados por la sociedad como la lucha contra la corrupción pública y privada, la salvaguardia de la indemnidad sexual de los menores, la piratería o el combate de la delincuencia practicada bajo el velo de las personas jurídicas.
-Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según explicó el ministro a los senadores, es necesario configurar un proceso penal que deslinde con precisión las funciones instructoras de las juzgadoras y en el que esté garantizada plenamente la segunda instancia. También se debe diseñar un proceso en el que se prevean mecanismos tempranos para impedir que se produzca la denominada “pena de banquillo”. Así mismo, es necesario articular un entramado normativo que garantice plenamente los derechos fundamentales de las partes, de acuerdo con la abundante doctrina jurisprudencial emanada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. E igualmente se requiere reforzar la protección que concede el proceso a la víctima, a quien, el ministro admitió, las normas procesales no siempre le han facilitado las cosas.
-Reforma de la Jurisdicción Universal. Francisco Caamaño anunció que se va a abordar una reforma de la jurisdicción universal mediante la que se introducirá en la ley los criterios jurisprudenciales que han venido empleado los tribunales en su aplicación.
-Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Para el ministro, la ley vigente regula de manera escueta un fenómeno tan rico y complejo como el pluralismo religioso y de conciencia que muchos de los problemas que se han generado en su articulación ordenada no han encontrado respuesta en ella sino a través de la interpretación de los tribunales a la luz de lo establecido por nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ello, dijo, resulta necesario acomodar normativamente la nueva realidad y hacerlo, desde luego, con el mayor consenso posible tal y como exige una ley de desarrollo de un derecho fundamental.
-Actualización de la Ley Concursal. Se pretende, según el ministro, adecuar este importante texto normativo a las necesidades de nuestra realidad económica una vez hecha la reforma urgente convalidada recientemente por el Congreso
Presidencia de la Unión Europea.
El ministro también abordó la próxima presidencia de España de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 y avanzó que los objetivos del Ministerio de Justicia serán
-Ampliar los cauces para que los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos sin las trabas derivadas de la diversidad de ordenamientos y prácticas nacionales.
-Mejorar la prestación de los servicios de la administración de justicia a escala europea
-Perfeccionar los instrumentos para combatir eficazmente la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado con las debidas garantías jurídicas
-Avanzar en la cooperación judicial con países terceros.

Caamaño cifra en 2,5 millones el número de asuntos pendientes que acumulan los Juzgados de toda España

Viernes, 22 de mayo de 2009

Diario de Noticias, 20 May. 2009, Editorial LA LEY
El diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha dicho al ministro que España no puede ser el último país de Europa, sólo por delante de Malta, Georgia, Azerbayán y Armenia en ratio de jueces por habitante.
Madrid.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cifró hoy en 2,5 millones el número de asuntos pendientes que acumulan los Juzgados de toda España. Caamaño reconoció que se trata de “muchísimo” a pesar de que “este Gobierno ha sido el que más esfuerzos ha realizado en inversión en Justicia, el que más plazas de jueces y fiscales ha sacado, y sobre todo el que más decididamente ha apostado por la modernización de la Justicia en España.
En respuesta a una pregunta efectuada por el diputado del PNV Emilio Olabarría en el Pleno del Congreso de los Diputados, Caamaño reconoció que la Justicia española “todavía tiene algunos procedimientos más propios del siglo XIX que del siglo presente” y adolece de “una insuficiencia endogámica de recursos”.
Como solución, el ministro mencionó su propuesta de creación de un acuerdo social por la Justicia, que incluye “un incremento sostenido del número de jueces y fiscales” y la apuesta por “una nueva oficina judicial”, punto, en su opinión, “fundamental para alcanzar esa justicia de calidad que todos queremos”.
Por su parte, Olabarría recordó a Caamaño que la Comisión de Justicia sólo ha aprobado por el momento un único proyecto de ley, relativo a los precursores de drogas, lo que –dijo– “no augura una perspectiva particularmente razonable en cuanto a la resolución de los problemas, desde la perspectiva de las reformas normativas a las que se comprometió en el debate del estado de la Nación el presidente del Gobierno”.
“No podemos ser el último país de Europa, sólo por delante de países como Malta, Georgia, Azerbayán y Armenia” en ratio de jueces por habitante, expresó el diputado del PNV. Informó Europa Press.

El Ministerio de Vivienda lanza una línea de garantías para facilitar el acceso a las hipotecas en la compra de vivienda protegida

Viernes, 22 de mayo de 2009

El Ministerio lanza una línea de garantías para facilitar el acceso a las hipotecas en la compra de vivienda protegida
El Gobierno compartirá el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de vivienda protegida
El Ministerio garantiza la compra de vivienda protegida a 100.000 familias
La garantía cubrirá el 50% del importe de los préstamos para vivienda protegida ya sea de nueva construcción o del stock y que se acoja al nuevo PEVR 2009-2012
La ministra ha firmado la orden de convocatoria para la selección de las entidades financieras colaboradoras del nuevo Plan de Vivienda
Tendrán un tratamiento más favorable los bancos y cajas que más dinero presten a los ciudadanos
21 de mayo de 2009.-

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado hoy la creación de una línea de garantías por la que el Ministerio compartirá el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de vivienda protegida. Además ha firmado ya la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades financieras que colaborarán en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Beatriz Corredor ha explicado que en estos momentos la mayor dificultad en el acceso a la vivienda es el acceso al crédito y “la peor hipoteca es la hipoteca que no se da. Por ello, el Gobierno quiere tomar medias para que las entidades financieras que ahora le están diciendo no a una familia cuando pide un préstamo para comprar su vivienda protegida, le den un sí”.
Así, el Ministerio garantizará la compra de vivienda protegida a 100.000 familias españolas “solventes y responsables y facilitará que obtengan su hipoteca”, ha dicho la ministra. Esta garantía cubrirá el 50% del importe de los préstamos que se concedan para la compra de vivienda protegida. Se garantiza así, un volumen de préstamos por un importe total de 12.000 millones de euros. La línea de garantías estará operativa desde julio y tendrá vigencia durante este año y el que viene.
La garantía será temporal y su duración será variable en función del grado de compromiso de las entidades de crédito con la financiación de la compra de viviendas protegidas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, tanto las de nueva construcción como las que procedan del stock de viviendas libres sin vender y que puedan acogerse al Plan. “Adoptamos esta medida porque el Gobierno de España tiene confianza en las familias de este país; confía en su responsabilidad y en su capacidad para hacer frente a sus obligaciones y no queremos que se conviertan en las víctimas finales de la crisis financiera internacional”, ha asegurado la ministra.
El Ministerio asume esta línea de garantías con cargo a su presupuesto siendo el ICO el organismo gestor.
Corredor ha recordado a las entidades de crédito la calidad de la vivienda como valor-refugio en estos momentos, no sólo para el sector inmobiliario, sino también para el financiero. Este tipo de viviendas, las protegidas, suponen ya el 50% de todas las iniciadas en el último trimestre de 2008. Además, tienen una demanda asegurada, que se ha ampliado a las familias de rentas medias que también han sido incluidas como beneficiarias del PEVR. Familias que además ahora cuentan con la mejor garantía, la del Estado.
Abierta la convocatoria de selección de EEFF
La ministra ha anunciado asimismo que ya ha firmado la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades financieras que colaborarán en el nuevo Plan de Vivienda. La principal novedad de la misma es que se va a distinguir a los bancos y cajas que más se comprometan con la financiación de vivienda protegida y con las necesidades de las familias que requieren créditos.
Estas entidades, que tendrán la consideración de preferentes, serán aquellas que hayan concedido préstamos convenidos por encima de los 75 millones de euros, así como las que incrementen el volumen anual de sus concesiones de préstamos en 20 millones de euros o más.
El Ministerio reforzará el compromiso de estas entidades colaboradoras preferentes con una serie de ventajas a las que podrán acogerse en el marco del nuevo Plan:
-Tendrán mayores garantías en la nueva línea con la que se persigue que se faciliten los préstamos
-Participarán en la Mesa de Seguimiento Financiero del Plan
-Podrán utilizar un distintivo de entidad colaboradora preferente para su más fácil identificación por parte del ciudadano

La fusión de Caja España y Caja Duero crearía la séptima caja por activos

Viernes, 22 de mayo de 2009

La fusión de Caja España y Caja Duero crearía la séptima caja por activos
Negocios.com 21 mayo 2009
El proceso anunciado de fusión de las dos entidades castellano-leonesas sería la primera que se realiza después del estallido de la crisis financiera y económica.
Madrid.- La fusión que previsiblemente llevarán a cabo las entidades castellano-leonesas Caja España y Caja Duero crearía la séptima caja de ahorro española por activos y la quinta por volumen de depósitos, según datos recogidos por Efe correspondientes al cierre de 2008.

Caja Duero y Caja España celebraron ayer sendos consejos de administración extraordinarios en los que acordaron abrir un proceso “conjunto y coordinado” que concluya en la combinación de “estructuras, negocios y actividades”.

La reunión, que se celebró por separado, una en León, la de Caja España, y la otra en Salamanca, la de Caja Duero, era extraordinaria y trataba de analizar las conversaciones entre las entidades, además de suscribir un pacto de confidencialidad y concretar la firma auditora que estudie las situaciones financieras de las dos cajas.

Según argumentaron ambas, el objetivo de esta decisión es la creación de una entidad financiera con vocación de liderazgo económico y social no sólo en Castilla y León, sino en España.

Si esta fusión de las dos entidades castellano-leonesas se lleva a cabo, sería la primera que se realiza después del estallido de la crisis financiera y económica.

Además, también sería la primera tras el intento fallido de unión entre Unicaja y Caja Castilla La Mancha (CCM), que hubiera dado lugar a una entidad financiera que hubiera podido ser la décima de España por beneficio neto atribuido y la undécima por activos, además de ser la primera fusión del país entre cajas de ahorros de diferentes comunidades autónomas.

En plena crisis económica, se prevé que ésta no sea la única fusión entre cajas de la misma comunidad, ya que esta misma opción parece que se abordará entre diez cajas catalanas existentes.

Según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la entidad resultante de la fusión de ambas cajas castellano-leonesas se convertirá en la séptima entidad por activos al administrar 45.760 millones de euros, de los que 20.741 provienen de Caja Duero y 25.017 de Caja España.

De esta manera, superaría los 32.155 millones que tiene en activos Unicaja y los 29.666 de BBK, la séptima y octava cajas de ahorros actualmente.

Los depósitos de la nueva entidad la situarían en la quinta posición al sumar 32.182 millones de euros, de los que 15.040 millones pertenecen a Caja Duero y 18.142 a Caja España.

Así, se situarían por debajo de La Caixa, con 139.193 millones de euros; Caja Madrid, con 83.855; Caja Mediterráneo, con 41.910 millones y Bancaja, con 43.490 millones.

Respecto a los créditos de la clientela, la nueva entidad se convertiría en la séptima caja española, al sumar 29.785 millones de euros (13.655 millones de Caja Duero y 16.130 de Caja España).

De este modo, se colocaría delante de otras entidades como Unicaja, con 24.396 millones; BBK, con 20.978 y Caja Murcia, con 15.886 millones de euros correspondientes a los créditos de la clientela en 2008.

Por último, y con respecto a los beneficios netos atribuidos, la nueva entidad resultado de una previsible fusión se convertiría en la decimocuarta caja de ahorros española, al sumar 121,8 millones de euros (44,2 de Caja España y 77,6 de Caja Duero).

En la siguiente tabla se incluye una lista de las primeras cajas españolas por volumen de activos y depósitos, con datos de cierre de 2008 y en millones de euros:
ENTIDAD DEPÓSITOS ACTIVOS

———————————————————————-

La Caixa 139.193 260.000

Caja Madrid 83.855 180.970

Bancaja 43.490 106.500

Caja Mediterráneo 41.910 75.472

Caixa Cataluña 26.828 63.627

Caixa Galicia 26.938 46.626

Suma Caja España y Duero 32.182 45.760

Protegido: Madrid incrementará en un 20% la deducción autonómica por la compra de vivienda

Viernes, 22 de mayo de 2009

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Caja Madrid deja de pagar intereses de dos fondos por su morosidad

Viernes, 22 de mayo de 2009

La entidad tiene estos activos en su balance al no lograr colocarlos
21/05/2009 J. E. Maíllo | J. G. Gallego – Expansión
Madrid.- Caja Madrid dejará de pagar esta semana 1,2 millones de euros de intereses de dos bonos de titulización hipotecaria debido al fuerte incremento de la morosidad en la entidad. Se trata de la primera vez que un fondo de titulización deja de pagar en España los intereses prometidos.
Los fondos Madrid RMBS II y III, creados por Caja Madrid en 2006 y 2007, suspenderán el pago de intereses en tres tramos de deuda junior (la de menor calidad crediticia).
Ésta es una alternativa legal que está estipulada en los folletos de los fondos y que obliga a detener el pago de intereses al peor tramo de calidad crediticia (clase E) si la morosidad hipotecaria en estos activos alcanza o supera un determinado nivel.
En el RMBS II el techo era el 8% y el RMBS III estaba fijado en el 8,94%. A 31 de diciembre, el porcentaje de fallidos era del 7,28% en el primer caso y del 5,88% en el segundo. Pero estas tasas son medias, con lo que probablemente los activos de peor calidad presentaban unos ratios de impago mucho mayores.
Fuentes de Caja Madrid precisaron a este diario que la entidad es la generadora de los préstamos que constituyen esta titulización. Sin embargo, los bonos -que es donde se produce el impago- han sido distribuidos por Titulización de Activos.
Se trata de una compañía controlada por varias cajas, en la que Caja Madrid tiene un 12,86%. En su accionariado figura también, con un 10%, Bear Stearns, uno de los bancos americanos que fue rescatado al inicio de la crisis.
Caja Madrid matiza, además, que todos estos bonos de peor calidad no fueron distribuidos entre inversores, por lo que permanecen en el balance de la entidad que, en último término, es la que no va a percibir los citados 1,2 millones de euros de intereses que había que abonar ahora, según informó ayer la agencia Bloomberg.
Fuentes financieras consultadas por este diario explicaron que lo sucedido es algo lógico cuando se produce un fuerte deterioro de la cartera hipotecaria, que es lo que está sufriendo Caja Madrid. La entidad que preside Miguel Blesa tiene una tasa de morosos de más del 6% en los préstamos hipotecarios.
Los intereses de estos bonos se pagan en función de los ingresos que la entidad va obteniendo de los pagos de los clientes a los que concedió las hipotecas. Si hay morosidad la caja no cobra y, por tanto, no puede afrontar los abonos de intereses. Pero no se produce un impago generalizado, sino que afecta, en primer lugar, a los bonos de peor calidad, que son los que cuentan, a cambio, con un mayor tipo de interés.
Obtener recursos
La titulización es un método de financiación de empresas basado en la venta o cesión de determinados activos (en este caso hipotecas), incluso derechos de cobro futuros, a un tercero que a su vez financia la compra, emitiendo los valores que se colocan entre los inversores.
Es decir, Caja Madrid concede hipotecas a sus clientes, las empaqueta y se las vende a una empresa distinta -un fondo de titulización- que trocea y vende esos activos a distintos inversores, generalmente institucionales.
La emisión de bonos resultantes generalmente cuenta con un rating muy elevado, si bien suele ser troceada en diferentes tramos en función del riesgo de impago de los clientes de Caja Madrid. Así, ambos fondos están divididos en siete series que van desde la máxima calidad crediticia -triple A- hasta la BB, dos escalones por debajo de lo que se considera grado de inversión o máxima calidad de pago.
El año pasado, Fitch y Standard & Poor’s rebajaron el rating a ambos fondos precisamente por el fuerte repunte de la morosidad en la caja madrileña.

Sólo uno de cada 100 empleados de Santander le compra pisos al banco

Viernes, 22 de mayo de 2009

Pese a las excelentes condiciones
La entidad ha vendido 500 viviendas en un colectivo que supera los 45.000 potenciales compradores
21/05/2009 – Agustín Marco Finanzas.com

Banco Santander abrió ayer su oferta inmobiliaria con rebajas de hasta el 30% a todos los ahorradores particulares. Es una segunda fase después de comprobar que sus propios empleados han sido muy prudentes. Tan sólo compraron un 1,5% de los 30.300 trabajadores que el grupo tiene en España.
Santander puso en marcha en enero una iniciativa para intentar desprenderse de 1.100 viviendas procedentes de las promociones inmobiliarias que había financiado y cuyos deudores no habían podido hacer frente a los préstamos. Antes de acudir a los juzgados, el banco optó por canjear esa deuda por los activos, que después ha sacado al mercado.
Pero la promoción, pese a las aparentes excelentes condiciones, no ha tenido todo el éxito que se esperaba. De las 1.300 viviendas -el número inicial se amplió en 200- puestas a las venta, los empleados del grupo financiero tan sólo han adquirido cerca de 500 en cinco meses. La cifra puede considerar alta si se tiene en cuenta que la compraventa de viviendas en España se ha hundido un 35% hasta abril, pero baja si se toma como referencia que la entidad cuenta con 30.300 empleados.
Es decir, que tan sólo un 1,5% de los trabajadores del grupo se han lanzado a adquirir uno de los pisos embargados a los promotores pese a las condiciones preferentes que le ofrecía el propio banco. En concreto, una financiación del 100%, un plazo de hipoteca de hasta 40 años, con un tipo de Euribor +0,35% y sin comisiones.
La comparativa sale peor si se tiene en cuenta que la oferta se dirigía, además de a empleados del Grupo, a prejubilados, jubilados e hijos de estos colectivos que residan en España;. Posteriormente se amplió ea empleados en otros países, empezando por los más cercanos como Reino Unido, Portugal o Alemania, por lo que el colectivo total superó claramente los 45.000 potenciales compradores.
Ahora, Santander abre su cartera inmobiliaria al público en general con la misma oferta que a los empleados con la diferencia de que el diferencial es del 0,4% respecto al euribor. Los compradores interesados en adquirir un inmueble pueden acceder a una oferta de más de 1.300 viviendas a través del portal inmobiliario www.altamirasantander.com, concertar una cita con un agente comercial para visitar la vivienda y realizar la reserva de la misma por 3.000 euros. En caso de no conseguir financiación, Santander Altamira Real Estate devolverá la reserva del inmueble en su totalidad.
Ningún otro grupo financiero español ha tenido que absorber más ladrillo procedente de promotores inmobiliarios que no han podido hacer frente a sus deuda que Santander. En marzo ha absorbido otros 500 millones de euros y eleva su cartera de activos inmobiliarios hasta los 4.300 millones de euros. De esta cifra hay que descontar los 100 millones que ya han recuperado con la venta de pisos, edificios o locales más otros 100 cuya venta ya ha sido comprometida, según la entidad. Desde diciembre hasta marzo, Banesto aporta 150 millones a la cifra total.