AIRE

Enlace a nota de prensa del Ministerio de Vivienda

07-06-2009 , J.M. Lamet / J.Mª. López – Expansión
Las regiones elevan el gravamen de Actos Jurídicos Documentados a las empresas que renuncian a la exención del IVA en compras inmobiliarias porque prefieren pagarlo y compensarlo.
La mayoría de las comunidades autónomas ha encontrado una nueva vía de oxígeno para que sus zaheridas arcas soporten mejor las embestidas de la crisis. Ante la escasez de transacciones inmobiliarias (menos de la mitad que en 2007), los gobiernos regionales han decidido penalizar fiscalmente las operaciones de las empresas en las que se renuncie a la exención del IVA, faceta que afecta al sector financiero en la adquisición de inmuebles a la que se está viendo forzado. Sobre todo en las segundas transmisiones de inmuebles, la entrega de terrenos no urbanizados y la transmisión de la totalidad del patrimonio de una empresa.

Según los datos recabados por Expansión, trece de las quince autonomías de régimen tributario común han elevado el tipo impositivo de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en los casos de renuncia a la exención del IVA. O sea, en lugar de gravar el tipo general de este impuesto -el 1% del importe de la operación-, aplican un 1,5% o un 2%, según la comunidad.

Por ejemplo: la compra de vivienda usada está exenta de IVA -un 7% que sólo se paga en la primera venta-, y normalmente tributan el 7% por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP, cedido totalmente a las CCAA). Pero muchas empresas prefieren renunciar a esa exención del IVA, ya que les sale más rentable, aunque a primera vista parezca ilógico. El motivo es que ese IVA soportado (el que se paga) se puede luego compensar con el repercutido (el que se recibe en otras operaciones).

Pero al pago del IVA se añade el de AJD. Y ahí es donde las autonomías han decidido subir medio punto o un punto el gravamen, continuando con su afán recaudatorio. Aprovechan que aún así sigue siendo más atractivo fiscalmente renunciar a la exención del IVA. Y las CCAA, ya que no pueden ingresar en sus arcas el 7% resultante de gravar el ITP, al menos elevan el pago por el AJD. Y de paso tratan de atraer operaciones hacia la tributación por dicho Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, sobre todo para quien no atisba una compensación favorable del IVA.

Sólo mantienen el mismo tipo que en las operaciones generales Castilla-La Mancha (1%) y Canarias (0,75%). País Vasco (0,5%) y Navarra no se encuentran dentro del régimen común.

Los pisos que llevan dos años en el stock de los promotores están exentos de IVA, así como los que están en construcción aún. Ello afecta de lleno a los propósitos inmobiliarios de la banca. Como norma general, las entidades financieras están adquiriendo inmuebles de los promotores a través de sus filiales. Los bancos y las cajas no tienen derecho a deducir el 100% del IVA que soportan, pero sus inmobiliarias filiales sí.

Así, una gran porción de las 15.000 casas que ha adquirido hasta ahora la banca han implicado el pago de un tributo de Actos Jurídicos Documentados mayor al genérico.

“El banco nunca llega a adquirir la vivienda; le da un préstamo a su sociedad inmobiliaria, y ésta le paga al promotor por la vivienda. Con ese dinero, el promotor cancela la deuda”, explica Víctor Mendoza, socio de KPMG. “El motivo principal de estas actuaciones es evitar morosidad, pero también suponen un alivio fiscal”, ya que pese a pagar más AJD eluden el ITP.

Demanda
Ya surgen voces críticas ante esa subida fiscal. La Asociación de Abogados Especializados en Derecho Tributario considera que esta práctica lesiona los recursos tributarios del Estado, al desincentivar que las empresas tributen por IVA. Y, por tanto, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad.

Antonio Delgado, presidente de la asociación, señala: “Si bien podría afirmarse que la regulación normativa que las comunidades realizan en relación a los actos jurídicos documentados está plenamente ajustada a derecho, (…) en la LOFCA -que forma parte integrante del “bloque de constitucionalidad”- se establece la imposibilidad de que las autonomías puedan, a través de recargos, minorar los ingresos del Estado, alterar o desvirtuar la naturaleza o estructura de los impuestos estatales”.

Agencias 8/06/2009 – El Economista
El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José Antonio Olavarrieta, ha acusado hoy al Banco Central Europeo (BCE) de ser el único responsable de la crisis de liquidez de los mercados financieros europeos.
Durante las jornadas El sistema finaciero ante la crisis económica, organizadas por Comfia-CCOO, Olavarrieta insistió en que “sólo hay un responsable” de la crisis de liquidez “y lo digo alto y claro”, en referencia al BCE.
En su opinión, nunca se había producido una falta de actividad del mercado interbancario y la falta de medidas por parte de la institución que preside Jean Claude Trichet ha sido uno de los responsables.
No obstante, Olavarrieta admitió que los ciclos económicos “son inevitables” e “inexorables” y de eso deberían ser conscientes todas las entidades financieras.
“Es la primera vez donde ha fallado absolutamente todo”, aseveró el director general de la CECA quien dijo que la crisis de liquidez y de cmorosidad del conjunto de la cajas se encuentra en el 4,90%, aunque Olavarrieta se felicitó de que está remitiendo y ha vuelto a niveles de abril de 2008 en el último mes.
Fondo de reserva
El director general la CECA también ha pedido hoy al Gobierno que apruebe el Fondo de Reestructuración del sector Financiero (Frob) y proporcione a bancos y cajas “una hoja de ruta clara” para afrontar “los problemas que pudieran surgir” y salir de la crisis lo antes posible.
Olavarrieta se mostró en contra, una vez más, de que el sector reciba ayudas públicas generalizadas -el llamado “manguerazo”- y abogó por que sólo las reciban las entidades que realmente las necesiten.
Los bancos y cajas que no estén cerca de los ratios de solvencia mínimos requeridos por la legislación de Basilea II, -el 8%- podrían necesitar ayudas públicas, pero en muchos casos podría solucionarse con avales, y, en cualquier caso, con el mínimo coste posible, explicó.
Según Olavarrieta, de esta crisis, “la más grande de la historia”, habría que extraer algunas conclusiones, como la necesidad de redimensionar las extensas redes de oficinas de bancos y cajas, para lo que pidió “la colaboración de todos los agentes sociales”.
Por último, el director general de la patronal de las cajas se refirió a la necesidad, acentuada por la crisis, de que bancos y cajas vuelvan a sus orígenes, lo que se conoce como “back to basis”, es decir, a la actividad más típica del sector.

Pide un pacto de estado
08/06/2009 Carlos Segovia – El Mundo
Madrid.- El Banco de España ha pedido informalmente al Gobierno que, una vez concluidas las elecciones europeas que se celebraron ayer, aborde “de forma urgente” un gran pacto de Estado no sólo con el Partido Popular sino con los presidentes de las comunidades autónomas para iniciar el proceso de fusiones, rescate y ajuste del sector financiero español.
Según ha podido saber El Mundo, ésta es la posición que el gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, está transmitiendo informalmente al Gobierno. El organismo supervisor considera que las entidades con dificultades son tanto de la órbita del PSOE como la del PP en distintas comunidades, lo que hace imprescindible un pacto de Estado a todos los niveles.
El Gobierno está planteando ya en sus primeros contactos con los grupos parlamentarios que existe un número “no desdeñable de entidades pequeñas y medianas” del sector financiero español con problemas de viabilidad en los próximos meses. “El problema de ellas en conjunto supone un riesgo sistémico, lo que justifica la utilización de dinero público”, transmite el Ejecutivo, según fuentes de la negociación consultadas.
No obstante, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha preferido dejar la solución para después de las elecciones de ayer, dada la cuantía de dinero público que implica.
Lo que prepara es el Real Decreto de creación de llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que se endeudará con aval del Tesoro en hasta 90.000 millones de euros (ver EL MUNDO del pasado 14 de mayo) para recapitalizar las entidades en peor situación.
Aunque Santander (+0.16 / +2.11%), BBVA (+0.1 / +1.18%) o La Caixa (-0.04 / -1.27%), que son las que pueden considerarse sistémicas, no precisarán ayudas, según prevé el Gobierno, el número de las de menor tamaño con problemas se va ampliando tanto que obliga a actuar para evitar efectos devastadores en el sector financiero en su conjunto.
El Banco de España, que ya ha tenido que intervenir la Caja de Castilla-La Mancha, ha estado presionando al Gobierno para que ponga en marcha cuanto antes el FROB, pero sólo en privado.
Pese a lo acuciante del problema, el gobernador del Banco de España ha optado de nuevo por mantener silencio durante las semanas de campaña electoral. Fernández Ordóñez no habla en público desde hace 33 días.
El Gobierno y el Banco de España coinciden en que, antes de que actúe el FROB, es decir, el dinero público, hay que intentar otras dos vías. La primera es la de las fusiones. Fernández Ordóñez quería que el Gobierno aprovechara la situación para cambiar la Ley de Cajas de Ahorros y retirar a las comunidades autónomas el derecho de veto sobre fusiones con cajas de otras regiones.
Pero el líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), José Montilla, ha rechazado con dureza que se menoscaben sus competencias y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha decidido descartar tal reforma legal.
La segunda vía antes de lanzar el FROB es que la entidad con problemas reciba inyecciones del Fondo de Garantía de Depósitos, dotado con aportaciones del sector financiero. Pero el caso de la Caja de Castilla-La Mancha muestra que ni esta vía, ni la previa de las fusiones son suficientes cuando los problemas de viabilidad son elevados.
La tercera vía será el FROB. El Real Decreto que lo regulará, pendiente de acuerdo parlamentario, permitirá a este fondo administrar la entidad con derechos políticos en proporción al patrimonio aportado, tanto en bancos como en cajas de ahorros.
El presidente del Gobierno mencionó el Real Decreto el pasado viernes y, en la víspera, Mariano Rajoy mostró disposición al pacto.
Según datos en poder del Banco de España y del Ministerio de Economía, la morosidad media en las cajas de ahorro se acerca ya al 6% y en algunas entidades como Caixa Catalunya, Caja Sur o Caja Madrid los dos dígitos pueden llegar a final de año.
En cuanto a la banca, tampoco está ya lejos del 5%. En el último dato oficial disponible, correspondiente al mes de marzo, las cajas presentaban un 4,78% y, los bancos, un 3,57%.
El Gobierno y el Banco de España asumen ya que sobran entidades, oficinas y empleados del sector en España. Los expertos estiman excesos de capacidad superiores al 25% del total.