A I R E

     Carmen Canfrán - El Economista- 
     La patronal de las principales promotoras, G-14, ha pedido al Banco de España que suavice las exigencias de las provisiones que tienen que hacer las entidades financieras y, además, solicitaron su colaboración para una mayor independencia de las tasadoras y del método de estas sociedad a la hora de valorar los activos inmobiliarios, informaron a este diario fuentes del sector.
     Varios representantes de esta asociación mantuvieron un encuentro con el subgobernador del supervisor, Javier Aríztegui, y el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, en el que solicitaron mayor flexibilidad de las provisiones que la banca se ve obligada a efectuar para cumplir con la normativa.
     En concreto, pidieron un cambio en la aplicación de la provisión subestándar que tiene que hacer bancos y cajas hasta el punto de recomendar su suspensión en la fase recesiva del ciclo, es decir, en las circunstancias actuales.
     Riesgo subestándar
     Las entidades financieras deben crear un colchón de aquellos activos que pueden convertirse en dudosos o fallidos en un futuro, así es como define la normativa del supervisor el riesgo subestándar. Tal y como se presenta el panorama inmobiliario, de cara a los próximos años, bancos y cajas de ahorros están viéndose obligados a considerar los préstamos ligados al sector inmobiliario en la categoría de riesgo subestándar, por lo que deben provisionarlos parcialmente, explicaron expertos del mercado.
     Ante esta teoría, las entidades financieras siguen manteniendo el grifo cerrado cuando las inmobiliarias solicitan créditos para nuevos proyectos. Si no hay préstamos, no se reactiva el sector inmobiliario, y si se conceden créditos, las entidades financieras se ven obligadas a provisionar y castigar sus resultados y sus ratios de solvencia, es como la pescadilla que se muerde la cola.
     Con este argumento, el G-14 ha decidido sumarse a la petición que han elevado las entidades financieras al Banco de España de flexibilizar el calendario de provisiones. Con esta reunión querían explicar los efectos secundarios que sufren las inmobiliarias por la dura normativa que se aplica a la banca para crear esos colchones. ¿El resultado? El Banco de España se mostró receptivo, pero de momento no se ha tomado ninguna iniciativa, explicaron las mismas fuentes.
     Éste no fue el único motivo que se trató en el encuentro con los representantes del supervisor del sector financiero. El G-14 solicitó la conveniencia demejorar la regulación de la tasación de activos para aumentar la independencia de estas sociedades que valoran y cambiar su metodología, de manera que no castiguen tanto el precio de los activos de las compañías. La mayoría de las cuentas de las inmobiliarias están en números rojos debido a las provisiones que han tenido que realizar por la depreciación del valor de sus propiedades.
     Reunión con la CNMV
     Este punto, que es uno de los principales motivos de preocupación de las compañías del sector inmobiliario, también se ha tratado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Varios representantes del G-14 también se reunieron con miembros del supervisor de mercados.
     Según la patronal de las inmobiliarias, las tasadoras están utilizando métodos demasiado conservadores a la hora de valorar los activos. Por ejemplo, el G-14 explica que el valor neto contable (precio de venta menos costes) es demasiado prudente en los activos ligados al negocio residencia porque se incluye un descuento por el margen promotor.
     En el caso del negocio patrimonialista (edificios), la asociación critica que se incluyan los costes de compraventa en una hipotética enajenación. En resumen, estas dos variables presionan a la baja sobre el valor de la propiedad.

     Diario de Noticias, 22 Jun. 2009, Editorial LA LEY
     El catedrático de Derecho Mercantil Angel Rojo calificó el texto de la última reforma de la Ley Concursal como “insuficiente, apresurado y con graves incorrecciones técnicas que sólo ofrece soluciones a cuestiones muy determinadas y abre enormes interrogantes”.
     Alicante.- Varios magistrados de lo Mercantil y representantes de entidades financieras consideraron hoy que entregar la propiedad del bien hipotecado a cambio de la extinción de la deuda es la mejor alternativa para las empresas y familias en situación de insolvencia, según informó el II Foro de Profesionales del Derecho Concursal de Elche (Alicante) en un comunicado.
     En la mesa redonda que centró la jornada participaron el juez de lo Mercantil de Valencia Fernando Presencia, el juez de lo Mercantil de Castellón Rafael Jiménez, la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante Esperanza Gallego y representantes jurídicos de las principales entidades financieras de la Comunitat Valenciana: Bancaja, CAM, BBVA y Banesto. Presencia defendió generalizar esta práctica “para llegar a acuerdos entre deudores y acreedores evitando no sólo la liquidación sino el propio concurso”.
     Según Presencia, en las situaciones de insolvencia aceptar un acuerdo puede llevar a que se consigan “condiciones de mayor rentabilidad” y evitar que el banco finalmente se quede con el bien hipotecado, como ocurre en la práctica totalidad de los casos.
     De lo contrario, en caso de que la subasta quede desierta, el banco termina quedándose con el bien hipotecado pero, además, el perjudicado deberá hacerse cargo de los costes de la ejecución y de la necesidad de provisionar un 25%.
     Este beneficio para la entidad financiera, unido a la posibilidad de que la empresa o la familia que no pueda hacer frente a su deuda pueda quedar liberada de sus obligaciones al entregar el bien, supone, según Presencia, una “convergencia de intereses” entre todos los agentes del proceso.
     En el caso de las familias, además, se podrían articular después acuerdos con el banco o la caja de ahorros para seguir viviendo en el piso entregado bajo la fórmula de un arrendamiento u otra alternativa, añadió.
     Desde el lado de las entidades financieras, hubo acuerdo a la hora de considerar que la dación en pago puede ser una buena alternativa o un mal menor en los casos de insolvencia porque evita aumentar las provisiones y no incrementa la morosidad.
     Sin embargo, los responsables jurídicos de las entidades financieras mostraron su temor a lo que definieron como “el fantasma de la reintegración”, es decir, que una vez alcanzado el acuerdo para aceptar la dación en pago, este acuerdo quede anulado posteriormente en un proceso concursal.
     Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Angel Rojo, calificó el texto de la última reforma de la Ley Concursal como “insuficiente, apresurado y con graves incorrecciones técnicas que sólo ha venido a dar soluciones a cuestiones muy determinadas pero al tiempo ha abierto enormes interrogantes”.
     Respecto al anuncio de una nueva modificación legislativa, Rojo añadió que “persisten muchas incertidumbres” y que es “necesario ser modestos para fabricar un instrumento que sea realmente útil”. En su opinión, en el actual contexto de crisis, es necesario “multiplicar el número de juzgados de lo Mercantil” en una proporción muy superior a lo que se está haciendo. Informó Europa Press.

     Agencias 24/06/2009 El Economista
     Dos años después del estallido de la burbuja inmobiliaria en Europa, no parece que el sector inmobiliario esté cerca de la recuperación, que en el caso de España podría retrasarse hasta 2012, según un informe de Standard & Poor’s. La agencia asegura que los precios de la vivienda podrían caer este año hasta un 20%.
     Según explican, la actual tasa de desempleo en España, así como el alto nivel de endeudamiento de las familias, han provocado una reducción en la demanda, que se traduce en un exceso de stock al que hay que dar salida antes de pensar en una estabilización del mercado. 
     ”La cuestión que se plantea es cuánto tiempo tardará en absorberse el exceso de oferta”, condición necesaria para volver a la estabilidad de precios y para la recuperación del sector.
     Tres años de ajuste
     Como consecuencia, el maltrecho sector inmobiliario español se enfrenta a otros tres años de “ajuste”. Según sus estimaciones, los precios de la vivienda podrían caer en términos interanuales un 20% en 2009, un 10% en 2010 y un 5% en 2011.
     La agencia recuerda que el sector se deterioró “con rapidez” en el primer trimestre de 2009, un período en el que la compra de viviendas cayó un 34% en términos interanuales y un 60% con respecto a los niveles máximos alcanzados en el 2006, antes del estallido de la crisis de las hipotecas subprime.
      A su juicio, existe una importante retroalimentación entre la crisis económica que atraviesa el país y los aprietos de un sector inmobiliario sobre el que descansaba el crecimiento del PIB de los últimos años. En términos generales, el informe indica que no es posible hablar de estabilización con las cifras de endeudamiento y de paro que se manejan actualmente.
     La mayor deuda de Europa
     En este sentido, el informe explica que la deuda de las familias en España alcanzó el 83% del PIB en el último trimestre de 2008, la cifra más alta de Europa por detrás del Reino Unido, donde se sitúa en el 99. Además, la tasa de paro en España se situó en el 17,4% entre enero y marzo, lo que dificulta el acceso al mercado.
     Respecto al Reino Unido, S&P cree que durante los últimos dos meses se han observado signos que permiten intuir una lenta recuperación que podría producirse a finales de año, con una caída de precios de “sólo” el 7% interanual, para después estabilizarse a lo largo de 2010.
En Irlanda, la agencia de calificación dibuja un panorama más sombrío, con una contracción de los precios del 13% en 2009 y del 10% en 2010. Por último, prevé una caída del 10% para Francia y del 5% para los Países Bajos a finales del presente ejercicio.

     EcoDiario.es 24/06/2009

     Banco Popular, CAM, Caja Duero, Santander y Caja Cantabria, entre otros, han canjeado 2.300 viviendas por deuda al constructor de Seseña, Francisco Hernando, ‘El Pocero’, que se libera de hipotecas por más de 800 millones. La iniciatiava de algunas entidades ya se conocía. Es el caso de Caja Mediterráneo (CAM), Santander, Caja Duero y Caixanova, que ya habían decidido quedarse con unos 2.000 pisos, como anunció el Pocero, hace apenas unos días. Banco Popular (incluyendo la ex filial Banco de Galicia), Caja España y Caja Cantabria también han decidido quedarse con inmuebles de Seseña. 

     Sin embargo, Ibercaja, con la que Onde 2000 contabilizó una deuda de 47 millones, ha asegurado que no ha cambiado préstamos por casas y que esos créditos podrían ser los que inicialmente prestó al Pocero, a los que se han podido subrogar compradores de pisos. La CAM es la que más deuda acumulaba con la constructora de Francisco Hernando: 266 millones al cierre de 2007, según las últimas cuentas de Onde 2000. Ahora, intenta colocar más de 100 pisos con rebajas del 30%. Puede haberse quedado con más de 500 viviendas, mientras Santander habría asimilado unas 580. Caja Duero, que ha asumido 208 inmuebles, es “la única con la que se mantiene una pequeña parte de la deuda”, que se eleva a menos de 40 millones, según fuentes de la operación. El portavoz de la constructora, el periodista Alfredo Urdaci, asegura que la banca compró los pisos a precio de tasación y que Hernando no abandona Seseña para volcarse en hacer 36.000 pisos en Guinea. El polémico constructor seguirá construyendo allí “aunque a un ritmo menor, de unos 500 pisos por año”, dijo Urdaci.

     Durante una conferencia en Madrid, Trichet insta a España a moderar los salarios y abaratar el despido
     El presidente del BCE cree que el nivel de tipos actual es el ‘adecuado’
    22/06/2009 Juan E. Maíllo – El Mundo
     Madrid.- España debería abaratar el despido, reformar el mercado laboral y moderar la subida de los salarios. Las recomendaciones son del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, que ha aprovechado su visita a Madrid para lanzar estas advertencias.
     “No pretendo asustar, pero habría que analizar y tener en cuenta [un abaratamiento del despido]. El sistema es excesivamente oneroso para los empresarios y sería positiva una negociación colectiva a nivel empresarial”, ha afirmado Trichet.
     “Hay que dejar de ‘indexar’ -vincular- los salarios [a la inflación], que no es un problema a corto pero sí a largo plazo”, ha asegurado en otra de sus intervenciones en una conferencia en el Foro Nueva Economía.
     Tradicionalmente, el BCE ha criticado que las subidas de sueldo estén ligadas a los incrementos del IPC.
     “Si se hacen las reformas adecuadas se sustentará un crecimiento económico y sostenibilidad de las finanzas públicas, lo cual es crucial para España y para el conjunto de la zona euro con el fin de que la confianza se restablezca”, ha añadido Trichet.
     Además, ha afirmado que España no tiene más margen para endeudarse, ya que “se ha ido muy lejos”.
     Sector financiero
     Trichet también ha tenido palabras para la más que probable reestructuración del sector financiero en España. Así, ha pedido que se actúe con la mayor rapidez posible.
     “Hay un subsegmento [de entidades] que tiene que ser analizado cuidadosamente por los supervisores. Ya hay entidades que han necesitado ayudas y otras podrán necesitarla”, ha añadido.
     Sobre la posibilidad de que España sea expulsada del euro por su elevado déficit, Trichet ha sido contundente: “No puedo hacer comentarios sobre hipótesis absurdas”.
     Respecto a la situación internacional, el presidente del BCE ha remarcado que hay que permanecer alerta porque “seguimos navengado en aguas desconocidas y sigue habiendo riesgo de que vuelven las turbulencias”.
     Asimismo, sobre los tipos de interés, el presidente del BCE recordó que desde octubre se han recortado los tipos en 325 puntos básicos, hasta dejarlos en el día de hoy en el 1%, el nivel más bajo de su historia, que según dijo, “creemos que es el adecuado”.
     La semana que viene, el BCE celebra su reunión mensual sobre tipos de interés en la que se decidirá si se mantienen los tipos en el 1% o si cabe la posibilidad de algún recorte adicional.

      La investigación se hace por riguroso orden alfabético de los municipios y actualmente está revisando todos los de la letra ‘B’. Desde 2003 hasta la fecha ha levantado 2.000 actas de infracción, que se envían a la fiscalía de medio ambiente y a la junta
     Pilar R. Quirós - Málaga. Sur.es
     La Ley
     El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha levantado desde el año 2003 hasta la fecha más de 2.000 actas de infracción por irregularidades urbanísticas en cumplimiento a la Ley 2/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Las infracciones más graves son:
     Parcelaciones urbanísticas: Son muy graves aquellas que se practican en suelo no urbanizable. Así, en este tipo de suelo quedan prohibidas «siendo nulas de pleno derecho», es decir, que son ilegales. Para los suelos urbanizables se necesita una licencia.
     Especial protección: Son consideradas muy graves las infracciones que se realizan en suelos de especial protección (espacios naturales protegidos u otros), dominio público y reservas para dotaciones del municipio.
     Responsabilidad: Los responsables de una infracción urbanística, además de los propietarios, son también los promotores o constructores de las obras, directores y explotadores de los establecimientos y los técnicos titulados y miembros de órganos administrativos o funcionarios públicos, en razón de sus competencias y tareas.
     De estas investigaciones han surgido casos como el de Alcaucín
     Las construcciones ilegales siguen creciendo en la provincia de Málaga de forma descontrolada. Y lejos de disminuir como consecuencia de sonados casos en la Costa (Marbella, y en municipios del interior como Tolox -con un caso pendiente de 2.000 viviendas presuntamente ilegales) y el reciente caso de Alcaucín, que sigue en investigación, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constata que, pese a todo, la construcción ilegal no se ha frenado en la provincia. Con todos sus efectivos, más de 40 agentes distribuidos por todas las comarcas, ha iniciado un nuevo barrido por el interior y la Costa, que prevé culminar cuando acabe el verano. La inspección se realiza pueblo a pueblo por riguroso orden alfabético, según subraya su máximo responsable, Alonso Gómez Ocón.
     Por ahora, sus patrullas ya han revisado todos los municipios que empiezan por la letra ‘A’ (Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate y Atajate), lo que supone una quinta parte de la provincia. Y la realidad, según demuestra la estadística que poseen, es que han levantado al menos 50 actas de infracción, que a su vez han enviado a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente. En el primer caso, cuando hay infracciones administrativas, y en el segundo, cuando son penales.
     En la actualidad están revisando todos los de la letra ‘B’ y ahora le toca el turno a Benahavís. Un buen número de expedientes se abren por denuncias de vecinos, otro grueso importante proviene de denuncias realizadas a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que hay personas que se dirigen directamente al juzgado para dar curso a denuncias sobre construcciones ilegales, pero el 50% aproximadamente de los expedientes se abren de oficio, según manifiesta su máximo responsable en Málaga.
     «Los agentes conocen muy bien las nuevas tecnologías de ortofotos disponibles de los distintos organismos» como son las da Diputación Provincial, las de la Consejería de Medio Ambiente y las del Ministerio de Agricultura. Es más, Alonso anima a los ciudadanos a hacer uso de este servicio de la Red que es gratuito cuando quieran comprobar si la vivienda que se está construyendo está en un terreno urbanizable. «Cuando se comparan las ortofotos de hace cuatro años y las de ahora se ve muchas zonas desocupadas y plantadas porque son terrenos agrícolas y ahora, de repente hay una nueva construcción, y desde hay es muy fácil indagar», subraya Gómez.
     De hecho, lo primero que hacen los agentes cuando constatan que hay una vivienda nueva en un sitio que, en principio, no es urbanizable, mandan una carta al municipio para darle cuenta de la nueva construcción y preguntar si cuenta con las preceptivas licencias, aunque también transmiten esta información a otras instancias como son la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta así como a la Fiscalía de Medio Ambiente.
     De hecho, la jefa de Inspección de la Delegación de Ordenación del Territorio alabó la colaboración intensa que mantienen con el Seprona, que es esencial para conocer la realidad de la construcción ilegal en Málaga. En cuanto a la Fiscalía de Medio Ambiente que la semana pasada presentó su informe anual del año 2008 también valoró muy positivamente el trabajo de este cuerpo de la Guardia Civil, e incidió en que sus principales fuentes de información en el caso de edificaciones ilegales son el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los particulares.
     Prevaricación
     No obstante, este nuevo plan para hacer un barrido por todos los pueblos de la provincia de Málaga se suma a una larga investigación, que se inició en 2003 y por la cual la Guardia Civil ha levantado más de 2.000 denuncias por edificaciones irregulares, de las cuales algunas corresponden a ayuntamientos por supuesta prevaricación por comisión u omisión en la autorización de viviendas irregulares y otras a afectan a técnicos, arquitectos, registradores de la propiedad y notarios por certificaciones irregulares de viviendas; y parcelaciones ilegales.
     En cuanto a las irregularidades las más comunes son no tener licencia de obra ni proyecto técnico, por tener una fosa séptica (con posibles perjuicios a los acuíferos, lo cual se pone en conocimiento al Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, antigua Cuenca Mediterránea Andaluza); y por tener unas conexiones eléctricas irregulares a Endesa y de agua, a la red municipal.

     Es la multa de mayor cuantía impuesta en Sevilla por esta práctica y la tercera en lo que va de año • La Consejería ha iniciado contactos con registradores y notarios para atajar estas urbanizaciones “de raíz”
     Trinidad Perdiguero , Castilblanco de los Arroyos | 22.06.2009 Diario de Sevilla
     La Junta ha sancionado con 714.275 euros al principal propietario de los suelos sobre los que se alza la urbanización ilegal de Las Minas de Castilblanco, una de las de mayor extensión de Andalucía y la más grande de Sevilla, por parcelar su finca y vender con posterioridad hasta 777 porciones de terreno a particulares, a pesar de que se trataba de un suelo no urbanizable. Se trata de la multa de mayor cuantía impuesta hasta ahora en Sevilla por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por esta práctica -hay algunas más altas en Málaga- y que llega 30 años después de que el citado propietario iniciara la división, en 1979. En la zona había chalés ilegales desde los años 60.

     Fuentes de la Consejería que dirige Juan Espadas explicaron que la infracción administrativa no prescribe pero que, de cualquier manera, las últimas ventas de parcelas que realizó el ahora sancionado se cerraron entre 2004 y 2005, con lo que los hechos son recientes. Teniendo en cuenta que en esta urbanización -varias veces mayor que el núcleo histórico de Castilblanco de los Arroyos- hay unas 1.200 parcelas, es uno de los principales propietarios del terreno original.

     Espadas ya ha firmado la sanción y el afectado presentó incluso un recurso de alzada que ha sido rechazado, aunque puede recurrir al contencioso-administrativo. Según el expediente, de las 777 parcelas, 420 fueron vendidas entre 1979 y 1983, con entre 900 y 2.000 metros cuadrados. Otras 357 se vendieron de 1989 a 1995. Las últimas cinco ventas se materializaron entre octubre de 2004 y abril de 2005.

     Fue precisamente el año 2005 cuando la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo comenzó a denunciar a los propietarios que habían construido sobre esas y otras parcelas. Hay centenares de procesados en estos momentos y ya se han llevado a cabo algunos derribos tras sentencias que no han sido recurridas. Por no frenar las construcciones ilegales y, supuestamente, cobrar tasas y servicios municipales a los propietarios, está procesado el que fuera alcalde de Castilblanco entre 1979 y 2007, Manuel Ruiz Lucas, de Nueva Izquierda, quien ha defendido que no tenía capacidad para controlar y paralizar las obras, que parte de suelo era urbano y que había 500 chalés cuando llegó a la Alcaldía.

     Las fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio apuntaron que la de Castilblanco es la tercera sanción de este tipo que se confirma en Sevilla en lo que va de año por unos hechos similares. Las otras dos se han interpuesto por parcelaciones ilegales realizadas en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la zona conocida como La Motilla y han sido de 99.630 y 208.352 euros, respectivamente, por un total de 26 parcelaciones.

     No serán, en cualquier caso, hechos puntuales, según subrayaron las mismas fuentes. Las multas obedecen a la determinación de “actuar, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), contra la raíz del problema de las construcciones ilegales, como son las parcelaciones realizadas sobre suelo no urbanizable que posteriormente son vendidas a particulares para la construcción de una vivienda”.

     La Dirección General de Inspección ha iniciado incluso una ronda de contactos con los colegios profesionales de registradores de la propiedad y notarios. El objetivo es “establecer una estrategia” para evitar que estas parcelaciones se eleven a escritura pública, como ha ocurrido con bastante frecuencia, y “atajar el problema, de esta forma, en sus primeros pasos”.

     Estas actuaciones para frenar la construcciones ilegales en suelos rústicos se producen cuando, a la vez, el nuevo alcalde del municipio, Segundo Benítez, está intentando lograr la regularización de al menos una parte de la urbanización, la más cercana a una bolsa de suelo que sí que se declaró urbana en los años 70. En Las Minas, además de propietarios que usan estas construcciones como segunda residencia, hay vecinos que residen desde hace años de forma permanente en la zona, con graves problemas por la falta de servicios.

     Datos de la asociación para el fomento del alquiler y acceso a la vivienda (Arrenta)
     El 15% de los edificios de viviendas españolas alberga algún vecino moroso
     Cataluña, Andalucía y Valencia, las regiones con mayor número de casos
     El índice era un 30% más bajo hace apenas un año
     23/06/2009 Europa Press – El Mundo
     Madrid.- Aproximadamente 188.000 bloques de viviendas en España albergan actualmente a un vecino con retrasos en el pago de sus cuotas a la comunidad de propietarios. La cifra supone un 15% de un total aproximado de 1,2 millones de edificios, según datos de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta).
     En consonancia con el incremento de la morosidad en otros ámbitos, éste porcentaje ha aumentado cinco puntos desde el año pasado, cuando el número de edificios con algún vecino moroso se quedaba en el 10%.
     Las comunidades autónomas con más bloques habitados por algún deudor son Cataluña (35.505), Andalucía (29.085), Comunidad Valenciana (22.980) y Comunidad de Madrid (21.840). A continuación se situaron Galicia (11.535), Castilla y León (11.085) y País Vasco (10.410). Por debajo de las 10.000 fincas se situaron Canarias (8.040), Castilla La Mancha (5.925), Baleares (5.520), Murcia (5.475), Asturias (5.220), Aragón (5.130), Extremadura (3.090), Cantabria (2.835), Navarra (2.550) y La Rioja (1.695).
     Arrenta ha puesto en marcha un servicio especial de arbitraje de conflictos en un breve plazo de tiempo
     Arrenta ha realizado este análisis con motivo de la puesta en marcha de su servicio Arrenta Comunidades, para resolver con agilidad conflictos en comunidades de vecinos. Así, ofrece un arbitraje especial que garantiza la solución de cualquier conflicto en 25 días, si es un caso de impago de cuotas, y en menos de 3 meses, en cualquier otro problema.
     Según la asociación, el impago de cuotas o derramas sigue siendo el problema más común, con el 58% del total de los conflictos, seguido de las obras no consentidas (15%) y la instalación de ascensores y aires acondicionados (7%).

     Ocupará cuatro edificios en la calle Real y entra ahora en una fase técnica
     Javier Mosquera. Faro de Vigo.
     La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado vía libre a la futura sede de los Registradores de la Propiedad en el Casco Vello. Con este informe favorable de la Consellería de Cultura concluye la parte administrativa del proceso, que entra ahora en una fase más técnica, con la redacción del proyecto y la obtención de las correspondientes licencias municipales.
     Previamente se realizaron las catas arqueológicas que establece el Plan Especial del Casco Vello, que no han revelado la existencia de restos que pudieran afectar al desarrollo de la actuación. La previsión es que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2010, culminando un procedimiento que se inició hace casi dos años.
     El Colegio de Registradores adquirió al Consorcio del Casco Vello por algo más de 4,3 millones de euros los edificios de los números 27, 29, 31 y 33 de la calle Real para convertirlos en sede de los registradores “al menos durante diez años”. El pago de la cantidad acordada quedó condicionado a la concesión de las licencias.
     La compra fue plasmada en un convenio firmado en noviembre de 2007 que fijaba un plazo de doce meses para la solicitud de licencia en el Concello, aunque se contemplaba su ampliación “dada la complejidad del proyecto”. Y de hecho, hasta ahora los trámites se han ido desarrollando con lentitud.
     Por necesidades de espacio los registradores fueron buscando nuevas ubicaciones por la ciudad, “que aún así no son suficientes para poder prestar el servicio registral”, por lo que se considera que la localización de todos los servicios en un único edificio va a suponer un beneficio para la propia organización registral “y especialmente, para los ciudadanos”.

     Negociaciones sobre los presupuestos
     PSOE e IU pactan revisar los privilegios fiscales a futbolistas extranjeros
     En la actualidad pagan sólo el 24% frente al 43% al que tributan los españoles
     23/06/2009 Agencias | elmundo.es
     Madrid.- El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para instar al Gobierno a cambiar su política fiscal que incluye reformar la conocida como ‘Ley Beckham’ para poner coto a los abusos en la baja tributación de futbolistas extranjeros.
     El acuerdo propone reformar el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades “con el objeto de evitar abusos manifiestos” como el hecho de que los deportistas profesionales extranjeros que residan en España menos de seis años paguen sólo el 24%, en lugar del 43% que pagan los españoles.
     España es el país con menores costes fiscales para los futbolistas extranjeros, según el último estudio elaborado por Ernst & Young Abogados que compara los costes tributarios de los extranjeros en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y España.
     Desde que se dio a conocer el costoso fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid, el diputado de ICV, Joan Herrera, ha promovido diversas iniciativas para acotar la posibilidad recogida en la citada ley para que los jugadores con fichas anuales superiores a los 60.000 euros mensuales no puedan acogerse a una tributación equivalente al 24%. Ahora el PSOE se compromete a revisarlo.
     Una iniciativa para atraer ‘cerebros’
     Esta iniciativa fiscal partió con el objetivo de hacer más atractiva España para la captación de ‘cerebros’ extranjeros, como científicos, aunque ha sido el mundo de los ‘cabezazos’ el que más partido le ha sacado para convertirse en una de las mejores ligas del mundo.
     En España, este régimen especial existe desde 2004 para las personas que con motivo de un desplazamiento laboral a nuestro país, adquieran la residencia fiscal y siempre que cumplan determinados requisitos.
     Entre ellos, no haber sido residente fiscal en España en los 10 años anteriores al año del desplazamiento y que el empleo se desarrolle en nuestro país.
     Con carácter general, este beneficioso régimen permite tributar como no residente al tipo fijo del 24% sólo por las rentas que se generen en España. Se puede aplicar hasta un máximo de seis años y debe solicitarse dentro de los seis meses siguientes desde la fecha del inicio de la actividad en nuestro país. Sin embargo, si es español, toca pagar un 43% en impuestos por cobrar más de 60.000 euros anuales.

     22-06-2009 , J.M. López Agúndez. Madrid - Expansión
     La Audiencia Provincial de Jaén anula un contrato de permuta de tipos de interés para cubrir un riesgo de subida sobre una hipoteca. El banco tiene que devolver las cantidades cargadas en cuenta más intereses por no explicar bien el producto.
     Los contratos que engloben las operaciones financieras entre el banco y los clientes son nulos si la entidad bancaria no ha informado de forma adecuada sobre las condiciones y el alcance de la operación. En estos casos, la banca deberá restituir al cliente las cantidades dinerarias que se hayan cargado en la cuenta, los gastos e intereses devengados. La Audiencia Provincial de Jaén acaba de dictar una sentencia en la que se cuestiona el incumplimiento por una entidad bancaria, el Banco Santander Central Hispano, de la normativa de consumidores y del mercado de valores.
     La sentencia analiza un supuesto de 2004, pero emite una doctrina en un momento clave después de conocerse los casos de Lehman o Madoff. Es decir, la falta de información o su ausencia puede sostener las reclamaciones contra los bancos. En este caso concreto, la sentencia no declara la indemnización de daños y perjuicios, pero establece que se restituyan las cantidades cargadas al cliente, lo que ya supone un paso adelante.
     Y lo hace aplicando sencillamente la doctrina de los efectos de la nulidad de los contratos, recogida en el Código Civil. El supuesto que estudió primero el juzgado de primera instancia, y ahora la Audiencia, trataba de un cliente que pidió la nulidad de un contrato marco de operaciones financieras y de confirmación de diferentes permutas financieras de tipos de interés (swaps).
      Según se explica en la propia sentencia, el cliente alegó “error en el consentimiento” al cerrar el contrato, “relacionado con el desconocimiento de lo que realmente estaba contratando, ante la falta de información con respecto al producto comercializado y la escasa formación del personal encargado de dicha comercialización”. De igual forma, el error surgió “por la propia redacción del contrato, que vulnera de manera flagrante la Ley General de Consumidores y Usuarios, no ajustándose el producto contratado al perfil del cliente”.
     Estas serie de circunstancias, que sustentaba el cliente al presentar la demanda, han sido respaldadas y suscritas por el tribunal. Cinco son las normas que aprecia vulneradas por el banco, una europea y cuatro españolas: la Ley 26/1984 General de Consumidores; el Real Decreto 217/2008 relativo a las empresas de servicios de inversión; el Real Decreto Ley 2/2003 sobre medidas de reforma económica; la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Directiva 39/2004 relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros y sus normas de desarrollo.
     Tal y como afirma el fallo, “la información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que conlleva cada operación, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrate”.
     En la misma línea, la sentencia incide en que “resulta obligatoria la entrega al cliente del documento contractual relativo a la operación de que se trate, porque precisamente lo suscrito fue un contrato tipo”. Sin embargo, matiza, “únicamente figura firmado por el cliente el contrato marco al que se adjunta el anexo I, y la confirmación de la permuta, pero no se adjuntó el anexo II”. Este documento, prosigue, “resulta de gran importancia, al contener un conjunto de definiciones para interpretar las confirmaciones de las operaciones financieras, documentadas al amparo del contrato marco”.
     El tribunal profundiza más y puntualiza: “Aunque en el documento de oferta vinculante del préstamo hipotecario, donde se recogen las condiciones financieras, entre otras, el importe del préstamo y los intereses variables pactados, no se hace mención a estas formas de cobertura y con tiene lapsus importantes sobre la finca hipotecada, e incluso no aparece firmada por ninguna de las partes”.
     Es importante destacar que el fallo declara nulo el contrato conociendo que se trataba de un cliente habitual del banco: “Eso no significa que conociese de antemano las condiciones de contratación o que merezca menor protección informativa que otra clase de clientes”.
     El banco deberá, por tanto, devolver al cliente 6.137 euros, cantidad que se cargó en cuenta y que incluye los gastos ocasionados, más los intereses legales devengados.

     Según el secretario de estado de hacienda ell Gobierno podría eliminar la ayuda de 400 euros en 2010
     22/06/2009 Europa Press – El Mundo
     Madrid.- El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, no ha descartado la posibilidad de que el Gobierno elimine la  deducción de 400 euros en el IRPF en el año 2010, aunque sí rechazó la posibilidad de acometer más subidas de impuestos en lo que queda de 2009.
     “Para este año no esperamos ninguna subida de impuestos”, ha asegurado Ocaña antes de comparecer en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, donde, sin embargo, admitió que, de cara a 2010, “todas las opciones están abiertas”, incluida la eliminación de la deducción de 400 euros.
     Sobre si las marcas de tabaco han aprovechado la última subida de impuestos especiales para hacer mayores subidas de precios, Ocaña recordó que el Gobierno no entra ni valora ese tipo de decisiones. “Nosotros simplemente fijamos los impuestos y las empresas fijan los precios”, explicó.
     El secretario de Estado de Hacienda recordó que la “intensa desaceleración” registrada en el primer trimestre del año se ha notado “muchísimo” en las cuentas públicas y ha provocado unos resultados peores de lo anticipado en los Presupuestos.
     A su parecer, la mitad de la desviación corresponde a las decisiones adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica, garantizando la cobertura de las personas en desempleo o facilitando la liquidez, entre otras cosas.
     Sobre si el último crédito extraordinario de 17.000 millones para el Servicio Público de Empleo Estatal será suficiente para afrontar el gasto de desempleo, Ocaña aseguró que se trata de la cantidad “necesaria” para cubrir las prestaciones hasta el 31 de diciembre de este año.
     Además, recordó que el Gobierno trabaja con los agentes sociales en una nueva fórmula de protección para los parados que se quedan sin ningún tipo de cobertura por la crisis económica.

     El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, prevé cerrar un acuerdo antes de agosto para atender a los trabajadores en paro que hayan agotado la prestación, si bien se tratará de una ayuda temporal y ligada a la formación de los trabajadores para que éstos puedan reincorporarse al mercado laboral lo antes posible.

     Ep - Madrid - 22/06/2009 Cinco Días
     Así lo asegura el ministro en una entrevista publicada hoy por el diario El País, en la que Corbacho descarta una rebaja generalizada de cotizaciones a la Seguridad Social como la que demanda la CEOE.
     “Lo que la CEOE plantea de rebajar cinco puntos las cotizaciones (17.000 millones de euros) es imposible”, subraya el ministro, quien no obstante no cierra la puerta a estudiar alguna rebaja selectiva. “Puede haber margen? Eso es lo que habrá que ver”, sostiene el ministro, que siempre pone como condición para cualquier medida que afecte a la Seguridad Social que no se ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema y de las pensiones.
En su opinión, los recortes generalizados de cotizaciones presentan varios problemas, pues, además de tener un impacto económico muy alto, no diferencian entre sectores que pagan más o menos ni entre empresas en beneficios o en pérdidas.
     No habrá reforma unilateral del mercado laboral
     Corbacho tampoco cerró la puerta a hablar de reformas, pero entiende que esto es tarea del diálogo social, el foro donde deberían discutirse. El ministro garantizó que el Gobierno no emprenderá una reforma laboral de manera unilateral y se mostró convencido de que habrá acuerdo antes de las vacaciones.
     Preguntado por si dicho acuerdo incluirá la reforma de los servicios públicos de empleo (SPEE), Corbacho indicó que se está trabajando con agentes sociales y comunidades autónomas en un proyecto que podría estar listo antes de final de año y que, aunque no estará presente en el acuerdo que espera alcanzar en julio, sí estará al menos “trazado”.
     En cuanto a si las empresas de trabajo temporal (ETT) entrarán en la gestión de los SPEE, el ministro apuntó que eso deberá decidirlo la mesa de diálogo social y precisó que el debate no puede simplificarse a si se está a favor de las ETT o se está en contra. “Hay que superar ese discurso y mejorar la prestación de los servicios públicos de empleo”, dijo.
     Durante la entrevista, Corbacho reitera su rechazo al abaratamiento del despido como solución a la crisis y subraya que una coyuntura como la actual puede contribuir a que crezca la economía sumergida, motivo por el que las inspecciones de trabajo para combatir la economía irregular van a aumentar este año un 30%, centrándose en tres sectores: la construcción, la agricultura y el sector textil.

     22-06-2009 , M.Valverde. Madrid - Expansión
     El Ejecutivo ve margen para los empresarios en la financiación con impuestos de 8.000 millones en la formación profesional, la asistencia por baja laboral y las ayudas a las pensiones mínimas.
     El Gobierno está buscando a toda costa que la patronal CEOE firme un acuerdo social en julio, pero debe hacerlo sin suscitar el rechazo de los sindicatos, porque entonces se le estropea la foto del pacto que está persiguiendo desde que estalló la recesión.
     Por esta razón, y puestos a conceder una de las reivindicaciones más señeras de la patronal, el Gobierno ha descubierto que se pueden bajar las cotizaciones sociales a las empresas, si se hacen determinadas reformas en la financiación de la protección social.
     La clave está en las cuotas que los empresarios y los trabajadores pagan por formación profesional y por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
     En el primer caso, la cotización es el del 0,7% del salario, del que el 0,6% corresponde a la empresa, y el 0,1%, al trabajador. En el segundo caso, el tipo de aportación por incapacidad temporal, el 1,42%, es a cargo de la empresa, y el 0,28%, a cargo del trabajador.
     En ambos casos, las cotizaciones sociales pueden ser sustituidas por los impuestos en la financiación, porque, en sentido estricto, son áreas que no responden a la contribución de “tanto aportas, tanto recibes”.
      “Hace tiempo que la formación profesional debería haber sido financiada con impuestos. Y, si hubiera sido así, la protección por desempleo hubiera tenido, desde 2000, un excedente, en cotizaciones sociales de 18.000 millones de euros que hubiera venido muy bien en estos momentos de recesión”, explican las fuentes del Gobierno consultadas por Expansión. Es decir, curiosamente, la misma cantidad que el Gobierno tuvo que aprobar como crédito extraordinario para pagar la protección por desempleo en el Consejo de Ministros del pasado día 12.
     En segundo lugar, un trabajador por baja laboral “recibe la misma atención sanitaria si cotiza 100 que otro que cotiza 300, por qué entonces no financiamos por impuestos” la cuota por accidentes y enfermedades.
     En tercer lugar, la idea del Ejecutivo no es hacer una reforma instantánea de la financiación de estas áreas, sino a lo largo de diversos ejercicios. Precisamente, en este camino de intentar contentar a la patronal, el Gobierno podría incluir dentro del descenso de cotizaciones, el margen que, poco a poco, ofrece la paulatina sustitución que desde hace años hacen los impuestos de las aportaciones de empresarios y trabajadores en la financiación del complemento que hace posible que, por lo menos, muchos pensionistas puedan acceder a la prestación mínima de la Seguridad Social.
     En conjunto, entre las cotizaciones de formación profesional, de enfermedades y accidentes profesionales y lo que también se conoce técnicamente como “complementos a mínimos”, el Gobierno está hablando de que, en los próximos años, puede comprometerse a rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios, de forma paulatina, por valor de 8.000 millones de euros, o más de dos puntos, teniendo en cuenta que, a día de hoy, cada uno son 3.100 millones.
     Por el contrario, lo que tiene muy claro el Ejecutivo es que las cotizaciones del área contributiva “no se tocan”. Es decir, la financiación de pensiones y de desempleo. “Hay que mantener el superávit de la Seguridad Social”, dicen las fuentes consultadas.

     Sin margen para lanzar más planes contra la crisis
     21/06/2009 Reuter | AFP. – El Mundo
     París.- El margen para endeudarse se ha acabado. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, ha mandado un mensaje muy claro a los gobiernos de la Unión Europea, no hay espacio para más deuda tras gastar miles de millones contra una crisis que empezó en 2007.
     “Llega un momento en el que no se puede gastar más y no se puede acumular más deuda. Creo que estamos en ese momento”, expresó Trichet a la radio ‘Europe 1′.
     El Gobierno español, por ejemplo, ha elevado su objetivo de déficit al 8,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2010 apenas cinco días después de acordar en el Consejo de Ministros que éste alcanzaría el 7,9%. La razón, la aprobación del Ejecutivo sobre las exigencias de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE para elevar su margen de gasto público un 0,5% del PIB, unos 5.500 millones de euros adicionales.
     El Pacto de Estabilidad de la Unión Europea establece que el déficit no puede ser superior al 3% del PIB. No obstante, ante la necesidad de inyectar miles de millones en paquetes de medidas contra la crisis y la caída de la recaudación fiscal, los Veintisiete han dado el visto bueno al endeudamiento. Así, España tiene hasta 2012 para reducir su déficit por debajo del 3% del PIB.
     Otro ejemplo. El déficit público de Francia rondará “entre el 7% y el 7,5% del PIB” en 2009 y 2010, según ha avanzado el ministro francés de Presupuestos, Eric Woerth.
     La recuperación económica será lenta. Trichet cree que la inyección masiva de fondos en la economía a través de paquetes de estímulos gubernamentales ha sido una respuesta apropiada a la crisis económica, pero los estados tienen que volver a controlar las finanzas públicas tan pronto como fuera posible.
     “Estamos en circunstancias excepcionales en este momento”, dijo tras afirmar que hay un amplio acuerdo de que la economía mostraría signos claros de recuperación en el 2010.
     “Con esta hipótesis, volveremos otra vez al crecimiento, y por tanto tenemos que empezar la operación que consiste en ir progresivamente hacia el equilibrio”, añadió.

     20/06/2009 -IBLNews, Agencias

     El presidente de EEUU, Barack Obama, defendió hoy su propuesta de crear una Agencia de Protección Financiera del Consumidor y afirmó que los abusos que éste ha sufrido fueron una de las causas de la actual crisis.

     En su discurso de los sábados, el mandatario manifestó que “es claro” que el colapso de la supervisión del sistema financiero condujo a los abusos generalizados con resultados “desastrosos”.

     Como fórmula para resolver la crisis Obama propuso esta semana un conjunto de reformas para controlar el sistema financiero, impedir nuevas crisis y garantizar que los mercados sean justos para empresas y consumidores.

     Según el presidente, uno de los elementos más importantes del conjunto de propuestas es la agencia de protección financiera del consumidor que tendrá “una sola tarea: resguardar los intereses del ciudadano en el sistema”.

     Obama indicó que la crisis fue causada en parte por los estadounidenses que asumieron deudas que no podían pagar. “Pero también hay millones que firmaron contratos que no siempre entendían ofrecidos por agentes que no siempre decían la verdad”.

     Uno de los principales detonantes de la crisis fue el desplome de las hipotecas que en un efecto en cadena llevaron a una virtual paralización de la construcción, de la industria de los seguros y a un creciente desempleo.

     Obama indicó que “no es coincidencia que la falta de protecciones enérgicas del consumidor haya conducido a los abusos: la falta de normas para impedir prácticas financieras engañosas llevó a los abusos contra los consumidores”.

     La nueva agencia estará facultada para aplicar nuevas normas para que las empresas compitan con productos que los consumidores realmente necesiten con requisitos que puedan comprender.

     “Esos contratos ridículos, con páginas que nadie puede entender, serán una cosa del pasado”, prometió.

     Obama admitió que hay muchos que han criticado sus propuestas y han dicho que son excesivas, pero invitó a sus detractores a debatirlas.

     “Lo que no aceptaré y a los que me opondré vigorosamente será a aquellos que no argumentan de buena fe, a aquellos que defienden el status quo a cualquier costo”, agregó.

     “Lo más importante que podemos hacer es poner fin a esta era de irresponsabilidad, asumiendo la responsabilidad ahora”, dijo

     Todos lo hicieron a través de la oficina de Banif en Serrano 92 (Madrid). ¿Hubo chivatazo? El abogado Javier Sotos cree que no es casualidad. Botín se olvida de Banif y critica a la banca internacional por su “insuficiente atención a los riesgos”. Emilio Botín vuelve a ponerse como ejemplo de buenas prácticas financieras. Defiende que su actuación en los casos de Lehman y Madoff fue “siempre diligente y totalmente transparente”. La maquinaria de imagen de Santander se encarga de que analistas e inversores tengan la mejor impresión del banco
     Hispanidad, 19 de junio de 2009
     La Junta de Accionistas del Banco de Santander es, según el consenso de los expertos en comunicación bancaria, un espectáculo del que todas las entidades deberían aprender. Don Emilio dirige la Junta con mano firme concediendo y quitando la palabra a los accionistas, a quienes interrumpe en ocasiones bruscamente para recordarles que les queda poco tiempo. Pero no todo es de color de rosa.
     Por ejemplo, este viernes, miembros de la asociación Activa usaron su derecho a intervenir para recordarle al presidente del banco que antes de que saltara el escándalo, en octubre de 2008, 300 partícipes del fondo Banif Inmobiliario, retiraron el 16,98%. Banif Inmobiliario se podía contratar o gestionar desde 31 oficinas de en 34 ciudades de España, pero “los 300” operaron en una misma oficina, situada en la calle Serrano 92 de Madrid. Por entonces, según las quejas que pueden leerse en los foros de afectados, el banco trataba de convencer a sus clientes para que se quedaran. Unos meses después se iniciaba el corralito y ninguno de los más de 40.000 ahorradores podía sacar su dinero.
     Para el abogado Javier Sotos, miembro de la asociación Activa, no es una casualidad. Se trata del mayor liquidativo en 14 años de historia del fondo. Además, Sotos denuncia que la salida de Matías Rodríguez Inciarte, presidente de la gestora del fondo, se ocultó en el folleto enviado a la CNMV y se hizo “con pleno conocimiento de la situación creada”.
     Naturalmente, las acusaciones fueron rechazadas por Botín, que se presentaba ante los accionistas del Santander no sólo para hablar de resultados y previsiones, sino para sentar cátedra con la autoridad moral de quien cree estar haciendo todo bien. Una de las “lecciones” del presidente del banco de Santander se refirió al sistema financiero internacional, afectado por dos grandes problemas: “un control deficiente de los riesgos y una supervisión, en ocasiones, inadecuada”. Cuando todos pensaban que el presidente del Santander había tenido que comerse sus consejos de no comprar lo que no se conoce, el profesor Botín repetía en su discurso una fórmula similar: “La entrada en negocios nuevos y que, por lo tanto, no se conocían bien, y la falta de atención a algunos riesgos (…) fueron la causa de una gradual acumulación en las entidades financieras de un volumen demasiado amplio de activos insuficientemente identificados y deficientemente gestionados”. El caso es que Botín está en todos los charcos desde Banif Inmobiliario hasta Madoff pasando por Lehman, bancos islandeses y el banco austriaco Atrium, de los cuales sólo ha reconocido y compensado parcialmente a los afectados por los casos Lehman y Madoff.
     A pesar de los fiascos del banco, los principales ejecutivos continúan en sus puestos, a cubierto gracias a la impresionante maquinaria de imagen que llega a analistas e inversores. Buen ejemplo de ello es que, a pesar de los esfuerzos de Banif por prolongar los plazos a los afectados para que acepten la oferta de compensación por Lehman, Botín no ha llegado a tiempo para decir en esta Junta que el asunto está zanjado. Aún hay clientes afectados por las “averías” de Banif que no consideran satisfecho el agujero generado en sus bolsillos por la banca privada del Santander.

     Las comunidades ignoran la caída del precio de los pisos al cobrar impuestos
     Luis Doncel - Madrid - 21/06/2009 El País
     El portal www.idealista.com ofrece un piso en la calle Dimas, en pleno centro de Madrid, de 90 metros cuadrados por 210.000 euros. Pero, según los cálculos del Gobierno regional, esa vivienda vale muchísimo más. Exactamente, 344.520 euros. Y este sobreprecio que estima la comunidad autónoma le va a salir muy caro al dueño. Porque en el hipotético caso de que encontrara comprador, no sólo tendría que rebajar sus expectativas y adaptar sus precios a estos tiempos de reventón del ladrillo, sino que además se verá obligado a soportar un gravamen mucho más alto de lo que en teoría le corresponde.
     “Hemos recibido quejas, pero muy pocas”, dicen en el Gobierno de Madrid
     Gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada comunidad autónoma se queda con el 7% del importe de la compraventa de un inmueble. Cada administración regional utiliza sus propios métodos para evitar que los propietarios declaren que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a la real. El problema es que este mecanismo antifraude funcionaba en la época del boom, cuando los precios no dejaban de crecer y las ventas se cerraban por cantidades cada vez más altas. Pero ahora las regiones no se están dando la prisa necesaria para adecuar sus cálculos a la nueva -y deprimida- realidad del ladrillo.
     Así, volviendo al ejemplo del piso madrileño en la calle Dimas, el Gobierno regional estima que debe ingresar unos 24.000 euros. Pero si el 7% se aplicara sobre los 210.000 euros teóricos a los que se cerrará la venta, las arcas de la comunidad se deberían conformar con 14.700 euros. Es decir, la falta de diligencia de la administración regional le cuesta al propietario del piso en cuestión más de 9.000 euros. Y eso suponiendo que la operación no se firme al final a un precio inferior, lo más habitual en estos tiempos en los que el comprador es el que dispone de más poder para negociar. Cuando la administración regional detecte que el contribuyente ha ingresado una cantidad inferior a la que esperaba hará una liquidación complementaria exigiendo la diferencia.
     Los casos en que el sobreprecio es mayor afectan a aquellos que están dispuestos a rebajar más el precio de sus propiedades para venderlas. Así, los que más se adaptan a la nueva coyuntura son los más perjudicados.
     “Nos encontramos con gente que vende por debajo de mercado y que tiene que pagar impuestos en función del valor que las comunidades han estimado del inmueble. Es profundamente injusto, cuando no inconstitucional porque viola el principio de la proporción en la carga tributaria”, aseguran fuentes de los notarios.
     Y lo peor de todo es que la injusticia de esta carga se irá agravando a medida que los precios caigan más y las comunidades no reflejen en sus valoraciones estos descensos. Fuentes de la Consejería de Economía de Madrid señalan que siguen muy de cerca lo que ocurre en la calle para adaptar sus valoraciones una vez al año, y que incluso lo hacen por debajo de los precios del mercado. Lo actualizaron por última vez el pasado mes de diciembre. “Es cierto que hemos recibido alguna queja, pero muy pocas; no significativas”, señalan fuentes de la consejería.
     Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica que cada comunidad autónoma utiliza sus propios métodos para calcular las valoraciones: Madrid lo individualiza para cada inmueble, otras usan el valor catastral multiplicado por un coeficiente y otras, la tasación que se incluyó en el préstamo hipotecario. “Las quejas están llegando de varias comunidades. El afectado puede recurrir a una tasación pericial contradictoria para pagar el impuesto sólo por el dinero que efectivamente ha recibido. Pero el que se acoja a esta alternativa también asume riesgos, porque si pierde tendrá que pagar las costas del perito”, señala Del Amo.
     La solución a este problema, según fuentes notariales, es que las comunidades no sean perezosas y estén atentas a las bajadas de precios para actualizar las valoraciones. Pero que esto ocurra es especialmente dudoso en estos tiempos de crisis en los que la recaudación de las administraciones se ha desplomado.

     Muchas valoraciones toman como referencia precios obsoletos
     21/06/2009 - Cristina Vallwejo. Finanzas.com
     Una valoración o una tasación es una fotografía sobre el valor de un inmueble en un momento determinado. Actualmente, ante un mercado con cambios rápidos y pocas transacciones, hay que ser especialmente prudentes a la hora de hacerlas
     La escasez en el número de operaciones de compraventa, el uso de precios de haceseis meses como punto de partida y, según algunos analistas, la presión de las entidades financieras provocan que las tasaciones de los inmuebles no sean una referencia fiable.
     Durante el «boom» inmobiliario, muchos expertos le echaron la culpa a sociedades de tasación de las fuertes revalorizaciones que se experimentaban en los precios. A juicio de algunos expertos, las tasaciones estaban muy influidas por los bancos: éstas se hinchaban para que la financiación fuera mucho más flexible y abundante. La valoración de los inmuebles fue uno de los ingredientes de la espiral alcista de los precios inmobiliarios. ¿Pero qué ocurre en tiempos de crisis? Podría pensarse que, igual que las valoraciones exageran los movimientos al alza, podrían contribuir a la necesaria corrección del mercado inmobiliario. Pero algunos analistas se quejan de que no está siendo así. El experto independiente José Barta afirma de que, al igual que ha venido sucediendo en la última década, las casas de tasación están desarrollando una «tasación creativa», están valorando los inmuebles por encima del valor de mercado. Y la prueba es irrefutable: si no se están vendiendo los inmuebles que los bancos se están adjudicando, eso significa que las valoraciones son irreales. A juicio de José Barta, los tasadores les están haciendo un favor a los bancos y a las cajas de ahorros: si valoraran los inmuebles a precios reales de mercado, los balances de las entidades más «enladrilladas» se caerían.
     Sin embargo, otros expertos le echan la culpa al propio método de valoración. Tal y como apunta Carlos Ferrer-Bonsoms, director del departamento de suelo, urbanismo y residencial de Jones Lang LaSalle, las tasaciones «dependen de las variables que se consideren a la hora de hacerlas, ya que en algunos casos se tiene en cuenta un potencial valor futuro del inmueble, con lo que, en este caso, hay tasaciones que están algo condicionadas a expectativas». Eso, en lo que se refiere a las valoraciones realizadas en los años de bonanza del sector. Por eso, los descuentos que se están aplicando no son muy fiables, porque muchos de ellos se están aplicando sobre valoraciones hinchadas.
     ¿Y en las tasaciones que se están realizando ahora mismo? «Una valoración o una tasación es una fotografía sobre el valor de un inmueble en un momento determinado. Actualmente, ante un mercado con cambios rápidos y pocas transacciones, hay que ser especialmente prudentes a la hora de hacerlas», describe Carlos Ferrer-Bonsoms. De hecho, Luis Leirado, consejero delegado de Tinsa, la tasadora de las cajas de ahorros, reconoce que cada vez es más complicado tasar.
     Testigos obsoletos
     Fernando Rodríguez de Acuña, director de análisis de la firma RR Acuña y Asociados, expone las limitaciones de la legislación: «No es que las sociedades de tasación estén haciendo mal su trabajo, ya que están reguladas por el Banco de España. No es que los bancos estén presionando para que las valoraciones sean más elevadas, ya que consideramos que las entidades están mirando con lupa el riesgo que asumen con los pisos que se adjudican. El problema está en que la legislación permite utilizar testigos (inmuebles que se utilizan como referencia) durante un periodo de seis meses. Hay algunos testigos obsoletos. En un mercado en el que los precios cambian cada quince días y siempre a la baja, ello puede implicar que haya algunos inmuebles cuyas valoraciones estén sobrevaloradas».
     Sea por una cosa o por otra, lo cierto es que las valoraciones no son, a día de hoy, una referencia válida. No se fíe de ellas. Sólo hay una cosa fiable en estos momentos: los precios a los que se cierran las operaciones de compraventa