AIRE

El Supremo declara anticompetitivo el sistema compensatorio del Colegio Notarial de Madrid
Diario de Noticias, 13 Jul. 2009, Editorial LA LEY
El Alto Tribunal ha confirmado la resolución acordada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que entendió que este sistema restringía la libertad de los notarios de ofrecer descuentos sobre el arancel notarial.
Madrid.- El Tribunal Supremo ha confirmado la resolución que en su día acordó el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) hoy Comisión Nacional de la Competencia- en la que se denegó autorizar el mecanismo compensatorio de honorarios que el Colegio Notarial de Madrid acordó en 2001 para sus colegiados, por anticompetitivo. El TDC entendió que este sistema compensatorio restringía la libertad de los notarios de ofrecer descuentos sobre el arancel notarial.
El Alto Tribunal acepta el criterio del órgano administrativo, cuando afirma que el mecanismo aprobado por la Junta Directiva de la entidad es incompatible con las reglas de la libre competencia, en cuanto constituye una conducta prohibida que puede producir el efecto de restringir la competencia, en la medida en que afecta a la remuneración de los colegiados e incide directamente en la determinación del precio de los servicios prestados por los fedatarios públicos, en relación con la posibilidad de efectuar descuentos sobre los aranceles.
El Colegio razona que estableció este mecanismo en su condición de Administración Pública y en pos del interés público en el ejercicio de las potestades de autorregulación. Sin embargo, la Sala no lo cree así. Es más, el Tribunal recuerda que el hecho de que un acuerdo se adopte en el ejercicio de la potestad de ordenación de la actividad profesional de los colegiados, no excluye que deba someterse al principio de legalidad administrativa y respetar específicamente la legislación de defensa de la competencia.
El Supremo estima, en consecuencia, razonable considerar que el acuerdo del Colegio Notarial constituye una conducta anticompetitiva, ya que por sus características produce efectos sobre el mercado de prestación de servicios de fe pública y la libre competencia, pues afecta a los clientes de los despachos notariales, al limitar la posibilidad de ser beneficiarios del sistema de descuentos previsto, y puede restringir la competencia entre notarios, porque puede distorsionar la competencia en precios entre notarios y desincentivar a aquéllos profesionalmente más activos cuyas remuneraciones se reducen en razón de las aportaciones de los ingresos obtenidos al fondo, que están obligados a efectuar.
Y es que, según el fallo, no se ha acreditado que el mecanismo ideado constituya un instrumento estrictamente necesario para garantizar el correcto ejercicio de la fe pública notarial en la ciudad de Madrid, ni que existan otros medios menos restrictivos que mejoren la atención profesional respecto de aquellas actuaciones notariales de escasa rentabilidad o de cierta incomodidad pero de indudable interés social, como sería la imposición de obligaciones de servicio público o la aplicación del Código deontológico o el ejercicio de facultades disciplinarias para corregir eventuales abusos. (STS 02/06/2009, Rº 5763/2006). Informó Belén Alandete.

El Gobierno acepta prorrogar la prestación de 420 euros para los parados que hayan agotado las ayudas, y se muestra dispuesto a una rebaja “en torno a dos puntos” en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Negocios.com – Madrid .-El Gobierno ha enviado esta mañana a patronal y sindicatos un nuevo documento de base para alcanzar un acuerdo en materia de diálogo social, que mejora tanto la propuesta inicial de rebaja de medio punto de las cotizaciones sociales como la prestación de 420 euros para los parados que hayan agotado todas las ayudas, según confirmaron a Europa Press fuentes de la negociación.
De esta forma, el Ejecutivo pretende acelerar el cierre del acuerdo, aceptando parte de los postulados de la CEOE, que ha solicitado una rebaja de las cotizaciones empresariales de entre 3 y 5 puntos, y también la petición más reiterada por parte de CC.OO. y UGT: que la prestación de 420 euros se prolongue durante un año.
En el primer documento, el Ejecutivo proponía a la patronal una rebaja de las cotizaciones de sólo medio punto, cuantía que desde la CEOE se consideró desde el primer momento absolutamente insuficiente, lo mismo que entendían los sindicatos respecto a prolongar la prestación de 420 euros mensuales durante 6 meses.
Con la reelaboración de la propuesta inicial, que esta tarde analizarán patronal, sindicatos y Gobierno en la nueva reunión tripartita del diálogo social, el Ejecutivo confía en cerrar el acuerdo antes de las vacaciones de verano.
Este nuevo encuentro, que se celebrará por la tarde, fue acordado después de la reunión a tres bandas del pasado jueves, en la que el diálogo social quedó desbloqueado y se aparcaron las ”˜líneas rojas”™ trazadas por la CEOE.
Así, sobre la mesa no estarán ni una rebaja de 5 puntos de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social ni un nuevo contrato de crisis (”˜contrato del Siglo XXI”™) con una indemnización más barata (20 días por año trabajado) como pedía la CEOE. El Ejecutivo aseguró en las reuniones bilaterales mantenidas con los agentes sociales durante la pasada semana que no aceptará ninguna de las dos propuestas.
Retomado el documento propuesto por el Gobierno, las discusiones girarán en torno a la ayuda temporal de 420 euros mensuales para los parados que hayan quedado sin ingresos. En este punto, el mayor escollo era la voluntad de los sindicatos de prolongarlo durante un año, frente a los seis meses que planteaba el Gobierno, dificultad que ahora puede desbloquearse, dado que el Ejecutivo está dispuesto a mejorar esta oferta.
Asimismo, el borrador inicial del acuerdo también planteaba la rebaja de las cotizaciones que pagan las empresas por contingencias profesionales en medio punto, muy lejos de los cinco demandados por la patronal, demanda que también ha sido mejorada en el nuevo documento enviado por el Gobierno.
Además, el borrador incluye medidas para mejorar las oportunidades de empleo de los parados y la intermediación en el mercado laboral. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a suprimir en un plazo inferior a tres meses las actividades en las que actualmente tienen prohibido operar las empresas de trabajo temporal y a regular y a autorizar a las empresas de recolocación.
El texto planteado acoge el compromiso de los agentes sociales a cerrar en seis meses un acuerdo bilateral para la revisión de la negociación colectiva que debe comprender más flexibilidad interna a nivel de empresa y mayor felicidad para utilizar las cláusulas de descuelgue.
El rechazo a una negociación sobre los máximos de la patronal ha permitido desbloquear el proceso, pero no parece acercar un acuerdo, al menos por el momento. (Ep)

En la inauguración de la Escuela de Verano del CGPJ en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña)
Francisco Caamaño destaca el poder dinamizador de la Justicia como activo económico
30 de junio de 2009.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha destacado el poder dinamizador que puede desempeñar la Justicia como activo económico. “Trabajar e invertir en Justicia es una palanca para ayudar al crecimiento sostenido de la economía”, afirmó en la inauguración del curso “Crisis económica y justicia”, en el marco de la XIII edición de la Escuela de verano del Consejo General del Poder Judicial, que se celebrará hasta el próximo viernes, 3 de julio, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña).
Francisco Caamaño ha subrayado la relación entre Derecho y Economía, entre las normas que regulan las relaciones sociales y el desarrollo del sistema económico que rige en la sociedad. “Esa relación -añadió- hemos podido comprenderla mejor hoy gracias a los trabajos de la escuela del análisis económico del Derecho pero la imbricación entre las dos realidades, jurídica y económica, forma parte de los primeros estadios de la evolución de los sistemas jurídicos”.
“Sólo -explicó el ministro- en una de las ocho secciones que componen la Sala Tercera del Tribunal Supremos se encuentra en litigio, como resultado de todos los recursos pendientes, algo más de 6.200 millones de euros. Si se tiene en cuenta que en esa sección el porcentaje de resultados favorables para la Administración del Estado se acerca al 70 por ciento de los casos, se comprenderá el nivel de detracción de insumos que pueden destinarse a políticas que reviertan en bienestar para los ciudadanos”.
El ministro de Justicia también abundó sobre los costes que comporta la dilación en los salarios de tramitación. En este sentido, dijo que los empresarios tienen derecho a reclamar los salarios de tramitación que deben abonar a los trabajadores que ganan una demanda de despido desde que el procedimiento excede de los 60 días. Por este concepto se ha venido tramitando los últimos años una media de 900 expedientes y ha supuesto un gasto medio anual de más de siete millones de euros.
Por otro lado, Francisco Caamaño se refirió al acuerdo alcanzado por buena parte de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, donde manifestó que “hemos introducido en el proyecto de ley de reforma procesal actualmente en trámite la creación de un depósito de escasa cuantía y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal será el de disuadir a quienes recurran sin fundamento alguno”.
“Los ingresos derivados de este depósito -añadió el ministro-, estarán vinculados a la financiación del sistema de justicia y se destinarán a sufragar el proceso de modernización de la administración de justicia y a mejorar el sistema de justicia gratuita”.
Por último, Francisco Caamaño manifestó “que hay que desjudicializar muchos conflictos y procurar que encuentren una solución satisfactoria fuera del sistema judicial. Con ese fin vamos a potenciar los mecanismos de mediación y conciliación en las jurisdicciones civil, mercantil, social y contencioso-administrativa, de modo que constituyan una alternativa real al litigio por su accesibilidad y eficacia”.

14-07-09 , D. Gracia / C.Cuesta Expansión
El Gobierno deja en manos de las regiones reacias a la competencia fiscal renegociar un mínimo para las herencias y las donaciones.
La tensa batalla por los recursos del Estado tendrá segunda parte. La letra pequeña del texto presentado por el Gobierno guarda secretos. Entre otros, la posibilidad de rescatar un mínimo común en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Desde que se cedió la gestión de este impuesto a las comunidades, se abrió una competencia entre sí para abaratar (a efectos fiscales) las herencias y las sucesiones entre familia y empresas. Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias (gobernadas por el PP), Cantabria (liderada por el pacto entre regionalistas y PSOE) y Castilla-La Mancha (PSOE) han desarticulado el impuesto. Y otras regiones como Baleares y Aragón han aplicado claras rebajas en el tributo.
El Partido Socialista incluyó en su último programa electoral la promesa de restablecer un «mínimo común» en toda España que evite la competencia entre regiones. Un claro guiño a las quejas del PSC catalán en torno a los planes de rebajas impositivas orquestados, principalmente, por Esperanza Aguirre en Madrid.
Promesa electoral
El Ejecutivo de Aguirre ha amenazado con bloquear el pacto final de la nueva financiación autonómica si el Gobierno cumple con su promesa. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha sido mucho más sutil.
La reforma financiera «no plantea cambios sustanciales en el reparto de estas competencias [sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones], salvo que, a propuesta de las comunidades, se podrían revisar los puntos de conexión para la atribución del rendimiento y de la competencia de aplicación del impuesto entre comunidades, así como incorporar mejoras técnicas».
En la práctica, a propuesta de una sóla comunidad, el Gobierno podría tramitar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que obligaría a las comunidades que ya lo han bajado a dar marcha atrás.

Microsoft ofrecerá un ‘Office’ gratis para frenar a Google
14-07-09 , por Richard Waters Financial Times – Expansión
La contraofensiva responde al anuncio del rey de los buscadores de tener su propio sistema operativo y es un nuevo capítulo en la lucha entre ambas empresas por el dominio en Internet.
Microsoft intensificó ayer la lucha contra su rival Google, y reaccionó al asalto sobre sus negocios fundamentales con el anuncio del lanzamiento, el próximo año, de una versión gratuita en red de su software Office.
Según varios analistas, el movimiento, que afectará mínimamente a los ingresos de Office a corto plazo, representa uno de los pasos más radicales dados por Microsoft hasta la fecha para reenfocar su negocio de software en torno a Internet.
Los usuarios del software Office gratuito podrán crear y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones en Powerpoint usando herramientas del software de escritorio con las que estarán familiarizados.
Pese a que sólo sea una versión «reducida» del software -más apropiada para el uso con los navegadores de Internet- seguiría ofreciendo un servicio más completo que el de rivales en la Red como el Google Apps, explicó Stephen Elop, presidente de la división de negocio de Microsoft.
«Google supone una seria amenaza», asegura Tom Austin, un analista de Gartner, que comparó la rivalidad entre las dos compañías con la guerra de buscadores en los primeros años de Internet. «Microsoft está respondiendo con el mismo vigor que mostró en su día contra Netscape», añadió.
Guerra de usuarios
Google afirma que más de 15 millones de usuarios emplean sus aplicaciones gratuitas, aunque los clientes que pagan por la versión premium se reducen a unos pocos cientos de miles. Microsoft, en cambio, asegura que cerca de 500 millones de personas disponen de Office en sus ordenadores, aunque la mitad de ellos emplean copias piratas.
La versión gratuita de Office no afectará en gran medida al negocio global de Microsoft, cuyos ingresos proceden principalmente de las ventas a empresas, y es probable que sean pocos los particulares que abandonen a corto plazo la versión de Office para PC, explicó Matt Rosoff, un analista de la consultora Directions on Microsoft.
Microsoft ganó 12.400 millones gracias a ‘Office’, el 42% del total de los beneficios del grupo
La división de empresas de Microsoft, cuyas ventas proceden virtualmente en su totalidad de Office, obtuvo el año pasado beneficios operativos por valor de 12.400 millones de dólares (8.900 millones de euros), el 42% del total de la compañía. Elop comentó que experimentarían colgando publicidad en las aplicaciones en red antes de sacarlas al público en la primera mitad del año que viene.
La semana pasada, Google eliminó la etiqueta «beta» de sus aplicaciones después de cinco años, y ha facilitado que los trabajadores puedan sincronizar la información del software Outlook de Microsoft con su servicio, movimientos dirigidos a aumentar el atractivo de sus aplicaciones ante las empresas.