AIRE

Xavier Gil Pecharromán -8/10/2009 – El Economista
Un centenar de Registradores de la Propiedad que han sido pospuestos en el escalafón han interpuesto un recurso administrativo contra la asimilación como registradores de tres notarios adscritos a la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) al considerar que no se ajusta a la legislación y debe ser anulada.
La reclamación se fundamenta en los razonamientos recogidos en dos dictámenes del Consejo de Estado (20 de octubre de 1997 y 15 de enero de 2004), así como en los informes de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Abogacía del Estado coincidentes en la ilegalidad del proceso de asimilación.
Sin embargo, en 2004 la Secretaría de Estado de Justicia resolvió un procedimiento de revisión de oficio de las resoluciones de asimilación. La resolución por la que se declaró la nulidad de la asimilación fue anulada por sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 de enero de 2006, y después confirmada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en sentencia de 11 de enero de 2008.
No obstante, la anulación fue por incompetencia de la Secretaría de Estado para revisar de oficio, pero no se pronunció sobre el fondo del problema. Ahora por primera vez se cuestiona la legalidad de la asimilación.
Ascenso a registrador
El artículo 263 de la Ley Hipotecaria y su desarrollo reglamentario establecían la posibilidad de que los funcionarios del Cuerpo Especial Facultativo de Letrados de la DGRN de poder, transcurridos cinco años de servicio, asimilarse a registrador de la Propiedad o notario.
Este cuerpo de letrados fue extinguido por su integración en el Cuerpo de Letrados del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y derogadas las normas en las que se establecía el régimen de la asimilación, calificado por el propio Consejo de Estado como “privilegio”.
La Ley 13/1996, en su artículo 127 dispuso la creación de diez plazas de adscritos a la DGRN servidas por notarios y registradores que, a diferencia de los antiguos letrados, mantendrían su régimen retributivo propio.
En 1997 se presentó un proyecto de Reglamento en el que se intentaba resucitar la asimilación. El Consejo de Estado en un dictamen, de 23 de octubre de 2003, rechazó expresamente la asimilación , prevista en el artículo 12 del proyecto, por entender, que el artículo 263 de la Ley Hipotecaria estaba derogado y que la asimilación debía realizarse con una norma con rango de Ley.
En 1997 se procedió a cubrir las plazas de adscritos y en 1998, transcurrido sólo un año desde que prestaban servicios, cuatro notarios solicitaron la asimilación. La DGRN resolvió favorablemente en una resolución de 29 de octubre de 1998 y en otra resolución de fecha 2 de enero de 2001, no publicada en el BOE, la DGRN intentó consolidar la posición de los notarios.
Recientemente, en resolución de 8 de septiembre de 2009 , publicada en el BOE el día 21 del mismo mes la DGRN resolvió el concurso ordinario para la provisión de vacantes asignando los Registros de la Propiedad de Montefrío, Pola de Lena y Bejar a tres notarios adscritos a la DGRN.

callosadesegura.com

El pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura ha aprobado, en sesión ordinaria, un convenio con el registro de la propiedad para que asuma la gestión sobre el impuesto de plusvalía, con lo que, según ha indicado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, José Luís Estañ, se conseguirá mejorar dicha gestión e incrementar la recaudación del citado impuesto.

Ministerio de Justicia
8 de octubre 2009.- Frente al ejercicio responsable de la gran mayoría de los jueces de este país y del resto de los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia, una minoría de jueces no ha ido hoy a trabajar movidos por la convocatoria en solitario de la Asociación Profesional de la Magistratura, que el Consejo General del Poder Judicial había calificado de alegal y que, además, tuvo por no anunciada.
Esta convocatoria carecía de todo fundamento y justificación porque:
1.- El Parlamento ya ha atendido todas las propuestas razonables para la mejora del estatuto personal de los jueces (traslado forzoso por ascenso, vacaciones, conciliación de la vida familiar y laboral”¦)
2.-EL Gobierno ha aprobado un Plan de Modernización de la Justicia para los años 2009 a 2012, con participación de todos los colectivos, incluidas las asociaciones judiciales.
3.-Porque los Presupuestos Generales del Estado para 2010 contemplan, en tiempos de austeridad, el mayor incremento de la historia para modernización de la Justicia, un 13,77 %.
El Ministerio de Justicia reitera su firme voluntad de modernizar la Administración de Justicia y su disposición a continuar trabajando con todos los actores comprometidos con la mejora de un servicio público esencial para todos los ciudadanos.

Diario de Noticias, 8 Octubre 2009, Editorial LA LEY
Para la APM la convocatoria constituye “todo un éxito”, teniendo en cuenta las circunstancias en que se ha producido con “zancadillas” y dificultades que han tenido que sortear muchos jueces.
Madrid.- Más de un 23 por ciento de los jueces han secundado la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los convocantes elevan a entre un 34 y un 36,5 por ciento.
Este seguimiento es inferior al de la primera huelga de jueces celebrada hace siete meses y que fue secundada por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, aunque las entonces asociaciones convocantes -la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente- lo situaron en un 60 por ciento.
En esta ocasión, de los 4.543 jueces y magistrados que ejercen en España, un total de 1.048 han seguido la convocatoria de huelga de la asociación mayoritaria y de carácter conservador y que no han apoyado las otras tres agrupaciones de la carrera judicial.
Para el portavoz de la APM, Antonio García, la convocatoria constituye “todo un éxito”, teniendo en cuenta las circunstancias en que se ha producido con “zancadillas” y dificultades que han tenido que sortear muchos jueces.
Según los datos de los que dispone hasta el momento esta asociación, sobre una plantilla de unos 4.000 jueces, entre 1.459 y 1.545 han secundado el paro.
En declaraciones a Efe, García ha destacado que la diferencia entre la convocatoria de esta jornada respecto a la del 18 de febrero es la respuesta inferior que ha tenido en las grandes capitales, Madrid y Barcelona.
La respuesta de los jueces, ha señalado el portavoz de la APM, pone de manifiesto que un número importante de jueces en España no se cree que el programa del Ministerio vaya a cambiar la Justicia en España.
Por ello, ha expresado su esperanza en que el departamento que dirige Francisco Caamaño “reoriente” su política.
El seguimiento ha sido desigual ya que mientras en algunas comunidades autónomas se ha elevado o ha rozado el 50 por ciento, en otras ha rondado el 15 por ciento.
Las comunidades autónomas que han tenido un mayor seguimiento han sido Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que las que menos jueces han tenido en paro son las de Madrid, Navarra y Cataluña, según ponen de manifiesto las cifras facilitadas por el CGPJ.
Así, en Andalucía, la huelga ha sido secundada por un 20,91 por ciento; en Aragón un 24,81 por ciento; en Asturias un 18 por ciento; en Canarias un 23,96 por ciento; en Cantabria un 31,43 por ciento; en Castilla-La Mancha un 48,34 por ciento; en Castilla y León un 21,05 por ciento y en Cataluña un 15,73.
En la Comunidad Valenciana ha sido seguida por el 39,82 por ciento de los jueces; en Extremadura un 50 por ciento; en Galicia un 30,38 por ciento; en Islas Baleares un 27,72 por ciento; en La Rioja un 40 por ciento; en Madrid un 12,14 por ciento; en Murcia un 22,3 por ciento; en Navarra un 15 por ciento y en País Vasco un 24,85 por ciento.
En los órganos centrales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han estado en huelga 3 y 2 magistrados, respectivamente.
En un comunicado leído en diferentes tribunales, la asociación convocante ha dejado constancia de su descontento con el resultado de las negociaciones con el Ministerio de Justicia, con el plan de Modernización aprobado por el Gobierno y con el “silencio” de las Comunidades Autónomas”.
Para la APM, en los siete meses transcurridos desde la primera huelga del pasado 18 de febrero, la situación ha empeorado y “no se ha adoptado una sola medida efectiva para reducir el inasumible volumen de asuntos que día a día ingresan en los Juzgados”.
Al igual que ocurrió en febrero, para la jornada de paro de hoy no se habían fijado servicios mínimos ya que, según el CGPJ, el ejercicio del “hipotético” derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo. Informó EFE

Datos de Aepic
06-10-2009 , Expansión.com
Los ayuntamientos españoles deben cerca de 33.000 millones de euros a los proveedores de materiales de construcción, lo que ha llevado a estas empresas a convocar una manifestación el próximo 22 de octubre para dar a conocer su asfixia financiera por estas deudas.
Así lo ha explicado el vicepresidente de la Asociación de Impagados de la Construcción (Aepic), Jose María Carrasco, que ha añadido que las Comunidades Autónomas les debían entre 12.000 y 18.000 millones de euros a 31 de marzo.
La mayoría de las deudas procede de los consistorios municipales, entre los que destacan los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (7.822 millones), Comunidad Valenciana (2.532 millones), Andalucía (3.864 millones) y Cataluña (4.049 millones).
Manifestación
Más de 5.000 trabajadores del sector se manifestarán desde la madrileña Plaza de Atocha hasta el Congreso de los Diputados, donde serán recibidos por los grupos parlamentarios, a quienes presentarán sus peticiones para paliar el “drama humano” que soportan estos autónomos “sobre sus propias casas y bienes”.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha explicado que piensan pedir reformas normativas para que las empresas no se vean obligadas a pagar el IVA por sus servicios antes de tener la factura.
También quieren que se modifique la Ley Concursal para que los concursos de acreedores no tarden más de un año en resolverse, además de reivindicar que se aplique la ley para que administraciones públicas y empresas paguen por los servicios en el plazo estipulado de 60 días.