AIRE

23-10-2009 , por Victoria Martínez-Vares. Madrid – Expansión
El decano del Colegio de Registradores, Eugenio Rodríguez-Cepeda, ha reconocido en una carta el error, provocado por él mismo, en el escrutinio del referéndum celebrado el pasado martes en el que se aprobó la reforma estatutaria propuesta por la Junta de Gobierno al objeto de adaptarlos a la Ley Ómnibus. Por ello, según él mismo expone en la misiva, el próximo martes propondrá a su Junta “anular el escrutinio y repetir la votación”.
Al parecer, en el escrutinio los votos de los jubilados se computaron igual que el de los colegiados ejercientes cuando, según los Estatutos vigentes, el valor del voto de quiénes están en activo es el doble que el de los no ejercientes. Ello hubiera hecho preciso, cosa que no ocurrió, que hubieran existido urnas distintas en las que depositar los votos para a la hora del recuento poder computar el distinto valor de unos y otros.
Al respecto, Rodríguez-Cepeda indica en su carta: “soy responsable del error en el escrutinio del referéndum, fue por mi culpa el que no se utilizaran las dos urnas porque estaba convencido de que la norma que atribuye valor doble a los votos de los activos respecto de los no ejercientes estaba en el capítulo de los Estatutos relativos relativo a la elección de cargos. No es así, luego estaba equivocado y, por tanto, el resultado del referéndum adolece de un error”.
Tal y como informó Expansión.com, en el referéndum triunfó la reforma estatutaria propuesta por la Junta que fue votada favorablemente por los registradores, aunque la jornada estuvo marcada por la elevada abstención que rondó el 65% del censo electoral. El sí ganó por 236 votos frente a 141 votos en contra y 23 en blanco.
En este sentido, Rodríguez Cepeda reconoce que “es posible que restando al SI el número de todos los votos de los jubilados y excedentes aún habría ganado el voto afirmativo. Sin embargo, me parece más conforme a Derecho anular el escrutinio y repetir la votación. Esto es lo que voy a proponer a la Junta el próximo martes”.
Esta situación provoca una situación incómoda a la actual Junta de Gobierno del Colegio de Registradores en pleno proceso preelectoral. Con el período de presentación de candidaturas abierto -ya hay una lista presentada y otras que, sin ser oficiales ya se conocen, como la del actual decano del Colegio de Registradores de Castilla y León, Alfonso Candau-, este error de Cepeda podría precipitar su decisión de no presentarse a la reelección.
Por otra parte, la decisión de anular la votación y repetir el referéndum puede conllevar que, finalmente, los registradores no puedan cumplir con los plazos marcados por el Ministerio de Economía para adaptar sus Estatutos a los cambios motivados por la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Servicios. De hecho, sin decirlo expresamente, Rodríguez-Cepeda en la carta remitida a sus colegiados ya deja entrever que, seguramente, la nueva votación deberá relegarse hasta que concluya el proceso electoral lo que dificultará que este Colegio pueda cumplir con la fecha tope del 28 de diciembre para mandar su reforma estatutaria al Ministerio de Justicia para su aprobación.

Xavier Gil Pecharromán
22/10/2009 – El Economista
Varios fedatarios recurren el control de los registradores y una sentencia les obliga a ceñirse al criterio de Hacienda.
Algunos notarios han comenzado a interponer recursos judiciales contra lo que consideran un “viraje doctrinal en materia de medios de pago”, según informa un documento interno del Consejo General del Notariado al que ha tenido acceso elEconomista.
La Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), tanto en las resoluciones de junio y julio pasado, como en la más reciente de 3 de septiembre, refuerza la concesión de ese control de la legalidad al registrador, al afirmar que “más allá de los supuestos en que el notario ha hecho constar la negativa a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados, aquél deberá comprobar que el documento contiene una identificación completa de los medios de pago empleados, en los términos exigidos por el artículo 24 de la Ley del Notariado y su desarrollo reglamentario, debiendo examinar y, en su caso, suspender la inscripción cuando en dicha identificación se haya incurrido en alguna omisión”.
Argumentos empleados
Considera el informe notarial, que “más allá de las consideraciones de principios, las recientes resoluciones de la DGRN en materia de medios de pago, tanto las de junio como las últimas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de septiembre, obligan a los notarios a un análisis y replanteamiento de la práctica diaria de sus despachos para ajustarse al giro del Centro Directivo”.
En los recursos se afirma que ” la DGRN confirma, que no es el notario sino el registrador quien ejerce el control de legalidad, mediante el mecanismo del cierre registral, y eso, ni es así en el esquema legal, ni puede serlo en la realidad”.
Según recoge el informe del Notariado, los recursos hablan de que el registrador no puede ejercer el control de legalidad, porque “el registrador no está presente en el momento de formalizar el negocio, en el momento de la verdad, y por tanto escapan a su capacidad de indagación y apreciación, extremos de todo punto relevantes en esta materia: si sólo al registrador le compitiera tal control, el sistema quedaría gravemente dañado, hasta el punto de ineficacia”.
La mayoría de las quejas notariales se refieren a la sobreabundancia de argumentos que las resoluciones de 2007, que habían dado a favor del control de legalidad de los notarios, de las cuales se apartan las que se dictan ahora, “sin justificación ni asomo de ella”.
Reclaman también, sobre los medios de pago, que cabe tanto la acreditación como la mera manifestación, porque frecuentemente no resultaría realista exigir la acreditación en sentido estricto.
También dicen que sólo la negativa, es decir, la voluntad expresa y manifiesta de las partes a identificar, manifestando o acreditando los medios de pagos, “conlleva como consecuencia el cierre registral, como sanción civil, restricción del derecho a la inscripción”.
Carta de pago electrónica
La carta de pago electrónica debe ajustarse a los requisitos previstos por la Administración tributaria que corresponda y el notario tiene que ajustarse a este criterio, según indica una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona, de 28 de septiembre de 2009.
El ponente de esta sentencia, el magistrado juez Tortras i Boch, anula una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de 13 de marzo de 2009, y considera que “la remisión vía telemática por el notario autorizante, no de la carta de pago sino de un comprobante notarial de pago, con una copia testimoniada de la misma, contradice la legalidad mencionada y constituye una tercera vía no prevista”. De esta forma rechaza el modo de actuación del notario, al que la DGRN le había dado la razón.
Indica también, mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Lérida, de 28 de junio de 2008, que “los registradores se encuentran más vinculados a la Ley que a la DGRN y en tanto que no haya un pronunciamiento jurisprudencial, es correcto que el registrador cuestione esta calificación global en caso de falta de pago de impuestos, porque la Ley Hipotecaria en su artículo 255, ordena detener su función calificadora”.

Nota de prensa del Ministerio de Justicia

XVIII Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura
El secretario de Estado de Justicia pide “sosiego” a la APM para avanzar en la modernización de la justicia
Juan Carlos Campo subraya el amplio consenso existente y recuerda que ahora “toca la paciente tarea de ir desarrollando el plan trazado”
21 de octubre de 2009. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha invitado hoy a la Asociación Profesional de la Magistratura al “sosiego” para avanzar en la modernización de la justicia, en el acto inaugural del XVIII Congreso de la asociación, que ha tenido lugar en Valladolid, bajo el lema “por un juez del siglo XXI”.
En su intervención ante los compromisarios, el secretario de Estado, manifestó que “tras un productivo e intenso período de trabajo en la construcción de soluciones para nuestra Administración de Justicia, hoy existe un amplio consenso sustancial en qué hacer para modernizar el sistema y cómo hacerlo, a cuyo logro hemos dedicado buena parte de nuestras energías. Toca ahora la paciente tarea de ir desarrollando el plan trazado”.
Juan Carlos Campo abogó por una política de justicia dialogada, “porque sólo con acuerdos amplios se puede alcanzar la estabilidad en las reformas que reclama esta institución nuclear de nuestro Estado de Derecho”. Subrayó “el esfuerzo de los ciudadanos”, que con sus impuestos están sufragando la mayor inversión en justicia de nuestra democracia. “Un record -dijo- que el año que viene se volverá a superar, con un incremento del 13,7% en el presupuesto para el Ministerio de Justicia”. Campo recordó a los presentes algunos de los logros conseguidos hasta ahora. “Hemos creado 150 nuevas unidades judiciales y convocado 220 plazas de jueces y 150 de fiscales. Estamos acometiendo el mayor incremento de planta, que al final de la legislatura habrá sido de un 19%. En poco más de tres años contaremos con 2000 jueces, fiscales y secretarios judiciales más”.
Asimismo, abundó en los proyectos de reforma aprobados este año, como el de las leyes procesales que dan vida a la Nueva Oficina Judicial, “donde han tenido acogida en su inmensa mayoría las peticiones que llegaron de las asociaciones judiciales”. También adelantó que este año se va a lograr implantar el programa Lexnet en todos los juzgados del territorio del Ministerio, habiéndose concluido ya la migración de los cinco registros administrativos de apoyo a la justicia a un sistema integrado con
nuevas funcionalidades y la labor de digitalizar todos y cada uno de los libros del registro civil desde el año 1950.
Además, explicó que se han firmado los primeros convenios, con la Fiscalía y el Consejo General de Poder Judicial, para hacer posible la conexión en red de todos los juzgados (proyecto EJIS), y se ha presentado el plan para implantar el Expediente Judicial Digital en la Audiencia, un proyecto pionero cuyo modelo se extenderá de forma progresiva y programada en el resto de órganos judiciales.
Todo este conjunto de actuaciones “de gran impacto”, continuó el secretario de Estado, “nos permiten vislumbrar ya el moderno sistema de justicia ágil y eficaz que la sociedad española demanda. El reto que todos nosotros teníamos entre manos era encajar todas las piezas en una estructura coherente y sólida”.
El secretario del Estado hizo hincapié en el empeño ministerial por el diálogo y el consenso. “Desde el primer día nos hemos esforzado lealmente por lograr un consenso básico sobre las reformas que precisa nuestro sistema de justicia. Y entre todos hemos sido capaces de transformar la demanda ciudadana largamente expresada de contar con un servicio de justicia de calidad en un pacto social y político de Estado”.
Puso como ejemplo, la elaboración de un Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, que agrupa con carácter sistemático y de manera detallada el conjunto de reformas que el Ministerio de Justicia desarrollará durante los próximos tres años. “Para su elaboración -subrayó- hemos empleado el instrumento del diálogo, con el fin de buscar acuerdos, aspiración básica que preside nuestra forma de entender la política”.

Las previsiones de la banca
Obliga a bancos y cajas a recortar beneficios y guardar provisiones
23/10/2009 El Mundo Juan Emilio Maíllo
Madrid.- El año 2010 “va a ser difícil y con mucha presión”, dijo el jueves el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola. “Va a ser el más complicado, al unirse el punto bajo del ciclo, tipos de interés en mínimos y un paro desatado”, agregan fuentes de Caja Madrid.
Con estos ingredientes en la olla, cuentas de resultados que empiezan a sufrir y provisiones genéricas o anticrisis que empiezan a agotarse en algunas entidades -en otras lo hará en 2010 y menos de diez aguantarán hasta 2011-, el Banco de España ha dado una orden tajante a las entidades: se debe extremar la prudencia en los beneficios de este año y guardar todo lo que se pueda para 2010.
A las cajas de ahorros ha habido una indicación adicional: los fondos para obra social han de ser sacrificados en favor de las reservas, la única forma que tienen las cajas de mejorar su core capital, el indicador de solvencia de más calidad. Fuentes oficiales del supervisor no confirman que se ha dado esta orden, pero reconocen que tendría todo el sentido.
Este mensaje va en línea con el que Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha hecho en el último consejo de administración de la organización.
El sufrimiento para el sector ya ha empezado en 2009. En los ocho primeros meses del año, según datos del Banco de España, el conjunto del sector financiero ha registrado un beneficio de 11.391 millones. Habrá quien piense que es mucho, pero son casi 2.000 millones de euros menos que hace un año