A I R E

     23-10-2009 , por Victoria Martínez-Vares. Madrid - Expansión
     El decano del Colegio de Registradores, Eugenio Rodríguez-Cepeda, ha reconocido en una carta el error, provocado por él mismo, en el escrutinio del referéndum celebrado el pasado martes en el que se aprobó la reforma estatutaria propuesta por la Junta de Gobierno al objeto de adaptarlos a la Ley Ómnibus. Por ello, según él mismo expone en la misiva, el próximo martes propondrá a su Junta “anular el escrutinio y repetir la votación”.
     Al parecer, en el escrutinio los votos de los jubilados se computaron igual que el de los colegiados ejercientes cuando, según los Estatutos vigentes, el valor del voto de quiénes están en activo es el doble que el de los no ejercientes. Ello hubiera hecho preciso, cosa que no ocurrió, que hubieran existido urnas distintas en las que depositar los votos para a la hora del recuento poder computar el distinto valor de unos y otros.
     Al respecto, Rodríguez-Cepeda indica en su carta: “soy responsable del error en el escrutinio del referéndum, fue por mi culpa el que no se utilizaran las dos urnas porque estaba convencido de que la norma que atribuye valor doble a los votos de los activos respecto de los no ejercientes estaba en el capítulo de los Estatutos relativos relativo a la elección de cargos. No es así, luego estaba equivocado y, por tanto, el resultado del referéndum adolece de un error”.
     Tal y como informó Expansión.com, en el referéndum triunfó la reforma estatutaria propuesta por la Junta que fue votada favorablemente por los registradores, aunque la jornada estuvo marcada por la elevada abstención que rondó el 65% del censo electoral. El sí ganó por 236 votos frente a 141 votos en contra y 23 en blanco.
     En este sentido, Rodríguez Cepeda reconoce que “es posible que restando al SI el número de todos los votos de los jubilados y excedentes aún habría ganado el voto afirmativo. Sin embargo, me parece más conforme a Derecho anular el escrutinio y repetir la votación. Esto es lo que voy a proponer a la Junta el próximo martes”.
     Esta situación provoca una situación incómoda a la actual Junta de Gobierno del Colegio de Registradores en pleno proceso preelectoral. Con el período de presentación de candidaturas abierto –ya hay una lista presentada y otras que, sin ser oficiales ya se conocen, como la del actual decano del Colegio de Registradores de Castilla y León, Alfonso Candau-, este error de Cepeda podría precipitar su decisión de no presentarse a la reelección.
     Por otra parte, la decisión de anular la votación y repetir el referéndum puede conllevar que, finalmente, los registradores no puedan cumplir con los plazos marcados por el Ministerio de Economía para adaptar sus Estatutos a los cambios motivados por la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Servicios. De hecho, sin decirlo expresamente, Rodríguez-Cepeda en la carta remitida a sus colegiados ya deja entrever que, seguramente, la nueva votación deberá relegarse hasta que concluya el proceso electoral lo que dificultará que este Colegio pueda cumplir con la fecha tope del 28 de diciembre para mandar su reforma estatutaria al Ministerio de Justicia para su aprobación.

     Xavier Gil Pecharromán
     22/10/2009 - El Economista
     Varios fedatarios recurren el control de los registradores y una sentencia les obliga a ceñirse al criterio de Hacienda.
     Algunos notarios han comenzado a interponer recursos judiciales contra lo que consideran un “viraje doctrinal en materia de medios de pago”, según informa un documento interno del Consejo General del Notariado al que ha tenido acceso elEconomista.
     La Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), tanto en las resoluciones de junio y julio pasado, como en la más reciente de 3 de septiembre, refuerza la concesión de ese control de la legalidad al registrador, al afirmar que “más allá de los supuestos en que el notario ha hecho constar la negativa a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados, aquél deberá comprobar que el documento contiene una identificación completa de los medios de pago empleados, en los términos exigidos por el artículo 24 de la Ley del Notariado y su desarrollo reglamentario, debiendo examinar y, en su caso, suspender la inscripción cuando en dicha identificación se haya incurrido en alguna omisión”.
     Argumentos empleados
     Considera el informe notarial, que “más allá de las consideraciones de principios, las recientes resoluciones de la DGRN en materia de medios de pago, tanto las de junio como las últimas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 3 de septiembre, obligan a los notarios a un análisis y replanteamiento de la práctica diaria de sus despachos para ajustarse al giro del Centro Directivo”.
     En los recursos se afirma que ” la DGRN confirma, que no es el notario sino el registrador quien ejerce el control de legalidad, mediante el mecanismo del cierre registral, y eso, ni es así en el esquema legal, ni puede serlo en la realidad”.
     Según recoge el informe del Notariado, los recursos hablan de que el registrador no puede ejercer el control de legalidad, porque “el registrador no está presente en el momento de formalizar el negocio, en el momento de la verdad, y por tanto escapan a su capacidad de indagación y apreciación, extremos de todo punto relevantes en esta materia: si sólo al registrador le compitiera tal control, el sistema quedaría gravemente dañado, hasta el punto de ineficacia”.
     La mayoría de las quejas notariales se refieren a la sobreabundancia de argumentos que las resoluciones de 2007, que habían dado a favor del control de legalidad de los notarios, de las cuales se apartan las que se dictan ahora, “sin justificación ni asomo de ella”.
     Reclaman también, sobre los medios de pago, que cabe tanto la acreditación como la mera manifestación, porque frecuentemente no resultaría realista exigir la acreditación en sentido estricto.
     También dicen que sólo la negativa, es decir, la voluntad expresa y manifiesta de las partes a identificar, manifestando o acreditando los medios de pagos, “conlleva como consecuencia el cierre registral, como sanción civil, restricción del derecho a la inscripción”.
Carta de pago electrónica
     La carta de pago electrónica debe ajustarse a los requisitos previstos por la Administración tributaria que corresponda y el notario tiene que ajustarse a este criterio, según indica una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 57 de Barcelona, de 28 de septiembre de 2009.
     El ponente de esta sentencia, el magistrado juez Tortras i Boch, anula una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de 13 de marzo de 2009, y considera que “la remisión vía telemática por el notario autorizante, no de la carta de pago sino de un comprobante notarial de pago, con una copia testimoniada de la misma, contradice la legalidad mencionada y constituye una tercera vía no prevista”. De esta forma rechaza el modo de actuación del notario, al que la DGRN le había dado la razón.
     Indica también, mediante una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Lérida, de 28 de junio de 2008, que “los registradores se encuentran más vinculados a la Ley que a la DGRN y en tanto que no haya un pronunciamiento jurisprudencial, es correcto que el registrador cuestione esta calificación global en caso de falta de pago de impuestos, porque la Ley Hipotecaria en su artículo 255, ordena detener su función calificadora”.

     Nota de prensa del Ministerio de Justicia

     XVIII Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura
     El secretario de Estado de Justicia pide “sosiego” a la APM para avanzar en la modernización de la justicia 
     Juan Carlos Campo subraya el amplio consenso existente y recuerda que ahora “toca la paciente tarea de ir desarrollando el plan trazado”
     21 de octubre de 2009. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha invitado hoy a la Asociación Profesional de la Magistratura al “sosiego” para avanzar en la modernización de la justicia, en el acto inaugural del XVIII Congreso de la asociación, que ha tenido lugar en Valladolid, bajo el lema “por un juez del siglo XXI”.
     En su intervención ante los compromisarios, el secretario de Estado, manifestó que “tras un productivo e intenso período de trabajo en la construcción de soluciones para nuestra Administración de Justicia, hoy existe un amplio consenso sustancial en qué hacer para modernizar el sistema y cómo hacerlo, a cuyo logro hemos dedicado buena parte de nuestras energías. Toca ahora la paciente tarea de ir desarrollando el plan trazado”.
     Juan Carlos Campo abogó por una política de justicia dialogada, “porque sólo con acuerdos amplios se puede alcanzar la estabilidad en las reformas que reclama esta institución nuclear de nuestro Estado de Derecho”. Subrayó “el esfuerzo de los ciudadanos”, que con sus impuestos están sufragando la mayor inversión en justicia de nuestra democracia. “Un record –dijo- que el año que viene se volverá a superar, con un incremento del 13,7% en el presupuesto para el Ministerio de Justicia”. Campo recordó a los presentes algunos de los logros conseguidos hasta ahora. “Hemos creado 150 nuevas unidades judiciales y convocado 220 plazas de jueces y 150 de fiscales. Estamos acometiendo el mayor incremento de planta, que al final de la legislatura habrá sido de un 19%. En poco más de tres años contaremos con 2000 jueces, fiscales y secretarios judiciales más”.
     Asimismo, abundó en los proyectos de reforma aprobados este año, como el de las leyes procesales que dan vida a la Nueva Oficina Judicial, “donde han tenido acogida en su inmensa mayoría las peticiones que llegaron de las asociaciones judiciales”. También adelantó que este año se va a lograr implantar el programa Lexnet en todos los juzgados del territorio del Ministerio, habiéndose concluido ya la migración de los cinco registros administrativos de apoyo a la justicia a un sistema integrado con
nuevas funcionalidades y la labor de digitalizar todos y cada uno de los libros del registro civil desde el año 1950.
Además, explicó que se han firmado los primeros convenios, con la Fiscalía y el Consejo General de Poder Judicial, para hacer posible la conexión en red de todos los juzgados (proyecto EJIS), y se ha presentado el plan para implantar el Expediente Judicial Digital en la Audiencia, un proyecto pionero cuyo modelo se extenderá de forma progresiva y programada en el resto de órganos judiciales.
     Todo este conjunto de actuaciones “de gran impacto”, continuó el secretario de Estado, “nos permiten vislumbrar ya el moderno sistema de justicia ágil y eficaz que la sociedad española demanda. El reto que todos nosotros teníamos entre manos era encajar todas las piezas en una estructura coherente y sólida”.
     El secretario del Estado hizo hincapié en el empeño ministerial por el diálogo y el consenso. “Desde el primer día nos hemos esforzado lealmente por lograr un consenso básico sobre las reformas que precisa nuestro sistema de justicia. Y entre todos hemos sido capaces de transformar la demanda ciudadana largamente expresada de contar con un servicio de justicia de calidad en un pacto social y político de Estado”.
     Puso como ejemplo, la elaboración de un Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, que agrupa con carácter sistemático y de manera detallada el conjunto de reformas que el Ministerio de Justicia desarrollará durante los próximos tres años. “Para su elaboración –subrayó- hemos empleado el instrumento del diálogo, con el fin de buscar acuerdos, aspiración básica que preside nuestra forma de entender la política”.

     Las previsiones de la banca
     Obliga a bancos y cajas a recortar beneficios y guardar provisiones
     23/10/2009 El Mundo Juan Emilio Maíllo
     Madrid.- El año 2010 “va a ser difícil y con mucha presión”, dijo el jueves el consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola. “Va a ser el más complicado, al unirse el punto bajo del ciclo, tipos de interés en mínimos y un paro desatado”, agregan fuentes de Caja Madrid.
     Con estos ingredientes en la olla, cuentas de resultados que empiezan a sufrir y provisiones genéricas o anticrisis que empiezan a agotarse en algunas entidades -en otras lo hará en 2010 y menos de diez aguantarán hasta 2011-, el Banco de España ha dado una orden tajante a las entidades: se debe extremar la prudencia en los beneficios de este año y guardar todo lo que se pueda para 2010.
     A las cajas de ahorros ha habido una indicación adicional: los fondos para obra social han de ser sacrificados en favor de las reservas, la única forma que tienen las cajas de mejorar su core capital, el indicador de solvencia de más calidad. Fuentes oficiales del supervisor no confirman que se ha dado esta orden, pero reconocen que tendría todo el sentido.
     Este mensaje va en línea con el que Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), ha hecho en el último consejo de administración de la organización.
     El sufrimiento para el sector ya ha empezado en 2009. En los ocho primeros meses del año, según datos del Banco de España, el conjunto del sector financiero ha registrado un beneficio de 11.391 millones. Habrá quien piense que es mucho, pero son casi 2.000 millones de euros menos que hace un año

      Carlos Sánchez - 22/10/2009 Cotizalia

     La recesión aprieta. Y lo hace cada vez con mayor intensidad. Hasta el punto de que, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 900.000 familias se han convertido ya en morosas por no estar en condiciones de atender sus recibos relacionados con la vivienda. Es decir, la hipoteca, la luz, el gas o los gastos de comunidad.

     En concreto, y según se desprende de la última Encuesta de Condiciones de Vida, el número de hogares con pagos pendientes (sin tener en cuenta los préstamos al consumo o cualquier otra clase de crédito personal) asciende a 901.300, lo que significa el 5,4% de los 16,5 millones que hay en España. Los datos se refieren al segundo trimestre de 2008, es decir, al comienzo de la crisis, por lo que si se actualizaran las cifras los resultaos serían todavía peores.

     Igualmente, otras 344.500 familias se han retrasado en el pago de algún recibo no vinculado directamente con la vivienda (teléfono, educación o gastos sanitarios). Es decir, que la morosidad afecta a 1,24 millones de hogares, lo que representa que una de cada trece familias ha dejado de pagar algún recibo. Pero es que si se suma el número de hogares con tarjeta de crédito que no ha podido satisfacer la deuda, habría que hablar de otros 322.700 familias en números rojos por problemas económicos.

     Los datos de Estadística ponen igualmente de manifiesto que no se trata de pequeñas deudas contraídas con el banco o la comunidad de propietarios por problemas de liquidez. Todo lo contrario. Nada menos que el 35,3% de los hogares acumulan fallidos que representan más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Es decir, que en caso de que decidieran ponerse al día los deudores tendrían que hacer un fuerte ajuste en su capacidad de gasto.

     ¿Quiénes son los más morosos?
 
     La encuesta del INE ofrece, igualmente, otra información que a priori puede resultar sorprendente. Las familias más morosas son las que tienen a todos sus activos ocupados (el 60% del total), mientras que la morosidad afecta a sólo el 10% de los hogares en los que todos sus miembros se encuentran en situación de inactividad. En este caso, la explicación tiene que ver con el hecho de que las familias donde trabajan todos sus miembros tienen mayor propensión al consumo, y por lo tanto al endeudamiento, por lo que sus probabilidades de incurrir en fallidos son mayores.

     El retrato robot del moroso sería un hombre con una edad comprendida entre 30 y 44 años. Sin embargo, es especialmente preocupante la situación de las mujeres situadas dentro de ese segmento de edad, toda vez que en nada menos que el 43,6% de los hogares en las que las mujeres son la persona de referencia (cabezas de familia) el total del pago pendiente representa más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Es decir, que se encuentran en una clara situación de sobreendeudamiento.

     Para hacerse una idea de lo que representa la morosidad de las familias hay que complementar la información que suministra la Encuesta de Condiciones de Vida –probablemente el mejor instrumento estadístico para conocer la realidad española-  con los datos del Banco de España. Y el resultado es que en el segundo trimestre de este año (últimos datos publicados) el volumen de impagos de los hogares (sin contar las empresas) alcanza los 23.418 millones de euros. De esta cantidad, algo más de 19.600 millones corresponden a préstamos destinados a la adquisición o rehabilitación de viviendas y el resto a la compra de bienes de consumo duraderos.

     No todo es endeudamiento. Los datos del INE reflejan que prácticamente la mitad de los hogares (el 48,9%) no debe ni un solo euro a los bancos. Es decir, que  más de ocho millones de hogares no tienen vivo ningún préstamo. En este caso, la dispersión es enorme. Mientras que en el caso de los hogares cuyos miembros tienen más de 65 años el 85,4% no debe nada a nadie, tan sólo el 22,9% de las familias con edades comprendidas entre 30 y 44 años no tiene contraída ninguna deuda. 

     Agencias- 22/10/2009 – El Economista
     Microsoft sacará al mercado Windows 7, la última versión del sistema operativo más utilizado del mundo, y en la que el gigante informático ha depositado enormes esperanzas para recuperar la confianza perdida con el lanzamiento del Vista. A las 11:30 de la mañana será su lanzamiento.
     “Estamos muy satisfechos con este programa. Somos muy optimistas y hay gran expectación en torno a su lanzamiento, ya que hacía mucho tiempo que no teníamos un software que funcionara en un rango tan amplio de computadoras y con tan buenas críticas”, dijo a Efe el portavoz de Microsoft Leonardo Ortiz en la víspera de que Windows 7 se ponga a la venta en cerca de un centenar de países.
     La última versión del sistema operativo presente en nueve de cada diez PC llega a un mercado que está copado aún por el Windows XP de 2001, “un programa de hace casi una década que -según Ortiz- se diseñó para un mundo informático en el que no se usaban las redes sociales o los contenidos multimedia que ahora manejamos”.
     En 2007 se sacó al mercado el Windows Vista, pero requería gran capacidad de procesamiento, lo que impedía su correcto funcionamiento en algunos equipos, y daba tantos errores que el programa terminó siendo un fracaso de ventas y ahora sólo está instalado en el 18,6% de los PC de todo el mundo, según NetApplications, mientras que el XP aún se usa en el 71,5%.
     Pese a sus constantes esfuerzos por aumentar sus ingresos -dañados también por la piratería-, Microsoft registró recientemente la primera caída de su facturación en 23 años.
     Por ello, la firma de Bill Gates ha depositado enormes esperanzas en el lanzamiento de Windows 7, especialmente ahora que la venta de ordenadores empieza a recuperarse después de este año de recesión económica.
“Windows 7 se podrá utilizar desde los ordenadores más avanzados hasta en los más básicos netbooks, ordenadores que pueden costar menos de 300 dólares”, explicó Ortiz.
     Mas de ocho millones de voluntarios han evaluado las primeras versiones
     Para sacar al mercado Windows 7 más de ocho millones de voluntarios han evaluado durante meses las primeras versiones, donde se ha puesto un acento especial en los contenidos multimedia, para facilitar la edición y gestión de fotos y vídeos.
     Según la información adelantada por Microsoft, Windows 7 también incluye opciones de gestión de dos ventanas abiertas, para que de forma automática se coloquen una a cada lado de la pantalla y poder así compararlas con facilidad, o para mantener alguna abierta en un extremo mientras se trabaja en otra.
     Además, incluye cambios en la barra de tareas para reducir la cantidad de elementos en el escritorio, crea automáticamente redes internas entre los ordenadores del hogar con el mismo software, lo que facilita compartir archivos e impresoras, y simplifica procesos de sincronización y administración de otros aparatos, como móviles o cámaras de fotos.
     Una novedosa función es la de “shake”, que permite pulsar sobre la parte superior de una ventana y agitar el ratón para minimizar todas las demás ventanas abiertas. Si se vuelve a agitar esa ventana se restituyen las demás a sus tamaños originales.
     Con el nuevo sistema operativo se incluye la versión 8 del Internet Explorer, que, según Microsoft, es su “navegador más rápido, sencillo y seguro hasta la fecha”.
     “La mayor parte de la venta de Windows se realiza con la compra de nuevos ordenadores, pero también se podrán actualizar versiones anteriores por un precio que oscila mucho entre países pero que rondará entre los 125 y 245 dólares”, explicó Ortiz.

     20-10-09 ,  D.Badía. Madrid - Expansión
     Dos emisores con el mismo perfil de riesgo le ofrecen dos productos para invertir sus ahorros. Sólo hay una diferencia entre ambos: el primero le da una rentabilidad mayor que el otro ¿Cuál contrataría? La respuesta es sencilla.
     Precisamente, ésta es una de las cuestiones que más preocupa al Tesoro Público sobre los avales que ha otorgado a la banca para facilitarle el acceso a los mercados de capitales.
     El Tesoro acaba de distribuir otros 64.000 millones de euros en garantías entre los bancos y las cajas. Sin embargo, este nuevo reparto llega en un momento en el que el Gobierno tiene que emitir un importe récord para financiar el elevado déficit público, tanto en lo que queda de año como en el siguiente.
    Según se recoge en los últimos Presupuestos Generales del Estado, el Tesoro tiene que colocar en torno a 211.500 millones de euros entre letras, bonos y obligaciones en 2010, lo que se suma a un importe bruto ya captado este año de 161.675 millones. “Al Tesoro le preocupa que las emisiones avaladas compitan con su deuda”, explica el director del área de mercados de capitales de una caja que ha emitido deuda con aval.
     Sin embargo, Economía se ha reservado un as en la manga desde que puso en marcha esta ayudas para evitar que la deuda con aval canibalice la suya. Tras la concesión de los nuevos avales, el Tesoro Público se ha reservado el derecho de modificar la rentabilidad de la deuda emitida por los bancos si lo ve preciso. “Se habilita a la Directora General del Tesoro y Política Financiera a modificar el tipo de referencia teórico […] cuando dicho tipo de referencia deje de ser representativo por la evolución de los mercados o por cualquier otra circunstancia”, explican en la Orden de 7 de octubre de 2009 (complementaria a la Orden de otorgamiento del 29 de diciembre de 2008).
     Los bancos han tenido que presentar un borrador al Tesoro con las condiciones finales de la emisión cada vez que han querido salir al mercado, desde que se realizó el primer reparto de avales por importe de 90.000 millones a finales de 2008. “Le ponemos una horquilla de precios con un margen de entre 10 y 20 puntos básicos y el Tesoro te lo aprueba o no en función de si cree que la rentabilidad que se va a ofrecer es demasiado generosa con respecto al nivel al que cotice la deuda pública”, explican fuentes de uno de los bancos colocadores habituales de deuda con aval público.
     Según recoge el Tesoro en la orden que regula la concesión de avales, el tipo de interés de referencia teórico que se utiliza para cada emisión resulta de aplicar un diferencial sobre la deuda pública a ese plazo, en función de las comisiones que le pagan los bancos por el uso de estas garantías. “El Tesoro se reserva así la posibilidad de poner un límite de rentabilidad que precise en cada momento”, explican fuentes financieras. “Esta situación se hubiera evitado si el Tesoro emitiera directamente la deuda en vez de la propia banca”, añaden las mismas fuentes.
     El Gobierno vasco emite
     El Gobierno vasco va a lanzar hoy su primera emisión de deuda pública desde 1999 por un montante de 700 millones a diez años, con la que pretende cubrir el déficit presupuestario de más de mil millones derivado de la fuerte caída de la recaudación fiscal, que ronda el 24% en lo que va de año. Esta operación estará dirigida por el banco Calyon, filial del grupo francés Crédit Agricole, y en ella intervendrán BBK de Vizcaya, Kutxa de Guipúzcoa y Vital de Álava, la cooperativa de crédito de la corporación Mondragón Caja Laboral, y Norbolsa, la sociedad de bolsa de las tres cajas de ahorros vascas, informa Marian Fuentes desde Bilbao.
     La banca, muy activa en la compra de ambos tipos de bonos
     Los bancos y las cajas han sido los más activos en la compra de deuda avalada, al igual que la deuda pública. Pese a esos límites que pone el Tesoro en la rentabilidad, “muchos bancos han vendido deuda pública que tenían en cartera para comprar deuda con aval, debido a que siempre dan una prima mayor”, explican fuentes financieras.
     El saldo vivo de deuda pública ha aumentado en 104.057 millones desde septiembre de 2008, de los que el 48% ha sido adquirido por entidades financieras españolas, según datos del Tesoro.
     De las emisiones que se han hecho con los avales que repartió el Tesoro a finales de 2008, más del 70% se la han quedado entidades financieras. “Con los nuevos avales se puede emitir hasta cinco años, lo que podría interesar más a bancos centrales y fondos, inversores habituales de deuda pública”, añaden las mismas fuentes. Los dos tipos de deuda cuentan con la misma calificación crediticia (triple A por Moody’s y Fitch Ratings, y AA+ por S&P). Y lo más importante de cara al inversor, ninguno de los dos les consume capital.

     Modificación de la ley de arrendamientos urbanos y de la ley de enjuiciamiento civil
     La norma da más agilidad y eficacia a los procesos judiciales de desahucio e impago
     Los caseros podrán ‘recuperar’ su casa para hijos, padres o cónyuge en caso de divorcio
     Flexibiliza la realización de obras de mejora de la eficiencia energética o hídrica
     Favorece el establecimiento en los garajes de puntos de recarga de los coches eléctricos

     21/10/2009 El Mundo
     - Madrid.- El Pleno del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley del Fomento de Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios. La norma, que ahora será enviada al Congreso para su aprobación definitiva, ha contado con 133 votos a favor, sólo dos en contra y la abstención del Grupo Popular. Este Proyecto de Ley supondrá la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler, y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
     Por lo que respecta a la LAU, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Con la nueva norma, el propietario que necesite ocupar la vivienda para uso ‘propio’ podrá recuperarla ya que con la modificación se añade la posibilidad de que la necesite para sus hijos, sus padres y su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial. Paralelamente, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que todas estas circunstancias deberán constar expresamente en el contrato de arrendamiento.
     Trámites judiciales más ágiles
     La reforma de la LEC permite asegurar la tutela eficaz de la posición legítima de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler puedan recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. Por otra parte, beneficia a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales. Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas).
     La Ley permite que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo. Además, se adopta un conjunto de medidas de agilización de los procesos en cuanto a citaciones, emplazamientos y notificaciones.
     La sentencia condenatoria de desahucio será título suficiente de ejecución directa del desalojo en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar nuevo proceso ni trámite posterior. Por lo que respecta a la sentencia de condena al pago de rentas, ésta incluirá, no sólo las devengadas al momento de interposición de la demanda, sino también las que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de la vivienda.
     El proyecto prevé la posibilidad de que las partes puedan llegar a un pacto durante el proceso, de modo que el propietario puede asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. Con objeto de favorecer estos acuerdos, la nueva Ley reduce a 15 días el plazo mínimo para que pueda alcanzarse dicha transacción. Asimismo, para evitar la utilización abusiva y de mala fe de esta figura, el incumplimiento del desalojo voluntario en el plazo acordado tendrá como consecuencia la ejecución directa del desahucio en un plazo no superior a 15 días desde la finalización del periodo voluntario.
     Por otra parte, se reduce de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y la presentación de la demanda. Con esta reducción se concilian dos intereses: Se mantiene un plazo suficiente para que el arrendatario de buena fe abone lo debido y se reduce a la mitad el periodo de tiempo que debe transcurrir, desde el requerimiento, para que el arrendador pueda presentar la demanda.
     Mejora energética e hídrica de los edificios
     La instalación de equipos para mejorar la eficiencia deberá contar con el voto de las tres quintas partes de propietarios
     La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles. De este modo, el establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos (que normalmente requiere unanimidad).
     Si los equipos o sistemas son susceptibles de aprovechamiento individualizable, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los propietarios. En este caso, sólo se repercutirá el coste para aquellos que hayan votado a favor del acuerdo y se beneficien de la mejora, como ya ocurría con la instalación de paneles solares, por ejemplo.
     Por otra parte, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado. Siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

     20 Octubre 09 - Madrid – La Razón
     El 65 por ciento de los españoles reconoce que no es capaz de ahorrar para su jubilación, según los datos del II Observatorio Nacional sobre Pensiones de Caser conocidos hoy. Entre los motivos aducidos por los más de 4.000 encuestados figuran en primer lugar la inestabilidad laboral y el exceso de gastos, aunque este último factor ha descendido este año como consecuencia de la crisis crediticia.

     Según Caser, estos datos no implican que las familias españolas hayan dejado de ahorrar, ya que el ahorro sobre la renta disponible ha aumentado, sino que el destino de estos fondos es cortoplacista y se utiliza para hacer frente a las necesidades cotidianas. El estudio señala además que más del 80 por ciento de los encuestados cree que es “imposible” ahorrar para la jubilación. El director de Particulares, Vida y Pensiones de Caser, Manuel Álvarez, destacó en la presentación del Observatorio que el número de personas que se reconocen incapaces de ahorrar ha crecido un cuatro por ciento respecto al año anterior.

     También resaltó que el 58 por ciento de los españoles que no ahorran admite que en parten lo hacen confiados en el sistema público de pensiones, pese a que cerca del 70 por ciento de los encuestados se muestra convencido de que la Seguridad Social desaparecerá o, al menos, no será en el futuro tal y como la conocemos. En este sentido, el estudio destaca también el desconocimiento existente sobre la Seguridad Social, ya que un 56 por ciento admite que no está al tanto de los posibles problemas que pueda soportar el sistema de pensiones en el futuro y más del 90 por ciento ignora la cuantía de la jubilación que le corresponde. Asimismo, más del 90 por ciento de los encuestados no sabe qué es el Pacto de Toledo.
 
     En cuanto a las familias que sí son capaces de ahorrar, el 95 por ciento se inclina por planes de pensiones, con aportaciones medias de entre 1.500 y 3.000 euros al año para el 44 por ciento de ellos. El 17 por ciento es capaz de destinar entre 3.000 y 5.000 euros al año, el 36 por ciento sólo puede aportar entre 600 y 1.500 euros, y tan sólo el 3 por ciento de los ahorradores dedica más de 5.000 euros al año. En conjunto, el 82 por ciento de los ahorradores asegura que mantendrá a corto plazo sus aportaciones.

     En cuanto a las medidas que podrían incentivar en mayor grado el ahorro, un 47 por ciento de los encuestados se inclina por aquellas que alivien la presión fiscal, y un 32 por ciento cree en la eficacia de las campañas informativas. En cuanto al escaso éxito que tienen en España modalidades de previsión como las hipotecas inversas, que permiten obtener un crédito con cargo a la vivienda con el fin de percibir una renta periódica, Manuel Álvarez recordó que nunca han gozado de popularidad en otros países, como Estados Unidos, ni siquiera cuando el mercado de la vivienda cotizaba al alza.
   

     ABC | Madrid
     La tasa de paro seguirá creciendo en los próximos meses y terminará el año en una media del 18,1%, para alcanzar su «máximos históricos» en 2010 al llegar al 20,1% debido a que la mejora del mercado laboral se hará esperar «más de lo deseado», según el último informe mensual de La Caixa, informa Ep.
     El informe, que aporta cifras más pesimistas que las presentadas por el Gobierno en su último cuadro macroeconómico, asegura que el empleo caerá un 6,4% este año y un 1,8% en 2010 .
     De cumplirse las previsiones de la entidad financiera, la tasa de paro, actualmente en el 17,9%, tendría que haber aumentado en el tercer trimestre del año, lo que se conocerá el próximo viernes.
     Sobre la situación económica, La Caixa espera una «progresiva mejora» de la actividad en los próximos trimestres, aunque alerta de que la recuperación será «lenta y gradual», ya que el empleo seguirá retrocediendo, el paro alcanzará máximos históricos y sólo el sector exterior salvará el próximo año.
     El informe apunta una contracción del PIB del 3,7% para este año y un crecimiento nulo en 2010.

     20-10-2009 ,  Victoria Martínez-Vares - Expansión
     La reforma estatutaria propuesta por la Junta del Colegio de Registradores de España, que preside Eugenio Rodríguez Cepeda, ha sido votada favorablemente por los registradores en el referéndum celebrado hoy que, sin embargo ha estado marcado por la elevada abstención que ha rondado el 65% del censo electoral. El sí ha ganado por 236 votos frente a 141 votos en contra y 23 en blanco.
     De esta forma, el Colegio de Registradores está en disposición de cumplir con los plazos marcados por el Ministerio de Economía para que los Colegios Profesionales adapten sus estatutos a la normativa que incorporará en España la Directiva de Servicios y que, según el calendario marcado, deberán remitir al Ministerio de Justicia antes del 28 de diciembre.
     Desde algunos sectores registrales el texto había sido criticado por introducir reformas que van más allá de lo exigido por la Ley Ómnibus siendo lo más notorio la modificación del entramado institucional y las competencias de los órganos corporativos.
     Al mismo tiempo se ha censurado el hecho de que la Junta haya planteado una reforma estatutaria sin estar concluido el trámite parlamentario lo que puede conllevar que se hayan aprobado cuestiones que resulten contradictorias con lo finalmente aprobado en las Cortes.
     Al respecto, Francisco Javier Gómez Jené, presidente de la Asociación Independiente de Registradores de España, que postulaban el voto negativo en el referéndum, señala que “no estamos en contra de atender las indicaciones del Gobierno para promover la modificación de los estatutos que exigirá la nueva ley, pero sí de hurtar al debate público y al procedimiento previsto la adopción de reformas de gran importancia”.
     Esta afirmación se debe a que los vigentes estatutos prevén como única fórmula para proponer reformas estatutarias que éstas sean aprobadas por la Asamblea General.

     20/10/2009 Madrid, 20 (Servimedia) El Economista
     El Consejo General del Notariado ha presentado tres denuncias ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), y tiene previsto presentar en fechas próximas otras 27, por las que solicita que se abra expediente disciplinario a varios registradores de la propiedad y mercantiles.
     Según explica el Consejo General del Notariado, estos registradores han provocado daños económicos a diversos ciudadanos, por valor de unos 8 millones de euros, porque no han permitido el acceso telemático de los notarios al contenido de los libros del registro en el momento de la firma de las correspondientes escrituras públicas.
     El Consejo considera que dicho incumplimiento obedece a la defensa de intereses económicos de los registradores.
     A fecha de hoy ningún notario puede acceder telemáticamente al contenido de los libros de los registros. La información de que dispone en el momento de firmar la escritura sigue siendo la nota simple que por fax le remite el registrador.
     Según los notarios, este incumplimiento de la Ley por el colectivo registral está desequilibrando el sistema de seguridad jurídica preventiva: mientras que es ya una realidad la presentación telemática en los registros de las escrituras públicas, la información precisa para su redacción se sigue obteniendo por fax.
     Tras siete años desde la efectividad de la ley 24/2001 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y cuatro de la ley 24/2005 de reformas para el impulso a la productividad, ninguna autoridad, empleado o funcionario público puede acceder telemáticamente a los libros del registro, pese a que así lo establecen ambas normas.
20-OCT-09
JBM/jrv

     Lucía Abellán - Valladolid - 17/10/2009 - El País 

     Las grandes sociedades representan una mínima parte del sector empresarial, pero aportan la mitad de los recursos. Por eso Hacienda pretende estrechar el cerco sobre ellas para que mejoren sus obligaciones tributarias. La Agencia Tributaria ha citado a las 28 grandes compañías del país el próximo mes con el fin de aumentar la transparencia fiscal, según explicó ayer el director general de este organismo, Luis Pedroche. A la cita acudirán altos representantes de estas sociedades -como mínimo deben formar parte del consejo de administración-, seleccionadas por el volumen de actividad económica y de empleo que generan y por su representatividad sectorial y territorial.

     Con esta iniciativa, que arrancó el pasado mes de julio, la Agencia pretende reducir el riesgo de elusión de esas sociedades en un momento especialmente delicado, pues las estrecheces económicas fomentan el fraude. “Sería absurdo no reconocer que, en un momento de dificultad, los contribuyentes tienen la tentación de dejar de atender a sus pagos”, admitió Pedroche en el congreso de inspectores de Hacienda que se clausuró ayer en Valladolid. El responsable de la Agencia Tributaria se refería a todos los contribuyentes, no sólo a los de mayor capacidad económica.

     La presencia de miembros del consejo de administración en ese foro de grandes empresas representa, según Pedroche, un paso adelante, pues a ese tipo de encuentros acudían tradicionalmente sólo los asesores fiscales de las compañías.

     Pedroche aseguró también que la próxima semana se reunirá con responsables de la Seguridad Social para hablar de economía sumergida. Los incumplimientos tributarios de las empresas suelen ir acompañados del impago de cuotas a la Seguridad Social, por lo que los dos organismos pretenden actuar conjuntamente.

     Respecto a las investigaciones sobre operaciones con billetes de 500 euros, indicativas de movimientos de dinero negro, Pedroche aseguró que hasta el 30 de septiembre se han recaudado 311 millones por declaraciones extemporáneas (presentadas ante el temor de que Hacienda descubra los movimientos) y se han detectado 530 millones de cuotas defraudadas. Otros 100 millones corresponden a los 90 casos enviados a la fiscalía por delito fiscal (superior a 120.000 euros).

     En las mismas jornadas, organizadas por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, mayoritaria en el sector, el director general de Tributos, Jesús Gascón, cuestionó el gran volumen de deducciones fiscales existentes que suman 50.000 millones de euros, la mitad de lo que el Estado espera recaudar este año.

     Telecomunicaciones
     Cinco Días - Madrid - 19/10/2009
     Los nuevo números de telefonía móvil empezarán por el número siete, una vez que se agoten los 100 millones de números que comienzan por seis usados actualmente, según anunció ayer el Ministerio de Industria Turismo y Comercio.
     La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aprobará próximamente una resolución mediante la que se atribuirán a las comunicaciones móviles 80 millones de números del rango siete.
     Según destacó el Ministerio de Industria ayer en un comunicado, la apertura de un nuevo rango de numeración favorecerá el desarrollo de nuevos servicios asociados a la telefonía móvil tradicional -basada en la voz y la mensajería-, tales como los servicios de acceso móvil de banda ancha a internet, además de proporcionar los recursos públicos de numeración necesarios ante la aparición en el sector de los operadores móviles virtuales y otros operadores que pudieran surgir como consecuencia de posibles nuevas concesiones.
     La decisión de atribuir el rango siete es el resultado de una consulta pública que llevó a cabo Industria en junio, cuyas conclusiones están disponibles en su página web.
     Del análisis de las respuestas recibidas se desprende la necesidad de atribuir a corto plazo el rango siete a los servicios de comunicaciones móviles, debido al fuerte crecimiento previsto de los accesos móviles de banda ancha a internet.

     19-10-2009 , por C. Cuesta / D. Gracia. Madrid - Expansión
     La factura de la Administración central ha crecido a un ritmo frenético desde 2005. Pese a ello, las cuentas de 2010 revelan que las inversiones reales caen por segunda vez.
     La subida de impuestos planeada por el Gobierno, con la que espera recaudar 11.000 millones de euros, parece ser el mero parche para la grieta de un edificio que no ha parado de agravarse. Desde que Zapatero realizó sus primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE), en 2005, los gastos de personal de la Administración central han repuntado un 30,46%. O lo que es lo mismo, 7.722 millones de euros más. Si se toma como referencia el proyecto de PGE para 2010, la cifra se dispara aún más: crece un 33,39%, 8.466 millones de euros más que al inicio del mandato de Zapatero.
     Durante los cuatro presupuestos anteriores, el Gobierno de José María Aznar redujo en 1.262 millones este capítulo de gasto (un 4,95%). Hay un factor clave para explicarlo. En 2002, el Estado transfirió definitivamente los servicios de sanidad y educación a las comunidades autónomas, lo que ayudó a descentralizar buena parte del gasto corriente del Estado hacia las autonomías (éstas gestionan en torno al 70% de los servicios sociales en España).
     Pero, precisamente, es en este punto donde sorprende la evolución del Gobierno de Zapatero: la factura de personal del Estado ha sumado casi 8.500 millones más, una vez desprendida de la masa de trabajadores más numerosa: maestros, médicos, universidades, personal sanitario, etc.
     Las nóminas de los funcionarios no explican, por completo, el agujero público. El resto de partidas de gasto estructural de los Presupuestos ha seguido una deriva similar. Por ejemplo, las transferencias corrientes, en las que se recoge el envío de fondos a comunidades autónomas y ayuntamientos, avanzaron un 13% entre 2000 y 2004. Desde 2005 hasta 2009, lo han hecho tres veces más, un 33,72%. O lo que es lo mismo, este tipo de pagos ha sumado 54.805 millones de euros (70.861 millones contando el proyecto de los PGE de 2010).
     Por su parte, las transferencias de capital, que durante el último periodo de Aznar repuntaron un 25,6%; han crecido un 63% entre 2005 y 2009. Este capítulo se disparará hasta los 14.976 millones en 2010, es decir, un 120% más que en 2005.
     El Gobierno insiste en que los últimos Presupuestos serán una pieza más en el cambio de modelo productivo de la economía nacional. Pero lo cierto es que la partida que más contribuye a ello, las inversiones reales, ha tomado una senda decreciente. En 2009, se recortaron en 385 millones de euros. Y en 2010, volverán a recortarse en 1.300 millones de euros. El volumen total de estas inversiones al cierre de 2010, después de los supuestos planes de impulso a la economía, será de 12.283 millones de euros, una partida que no dista en exceso de la última presupuestada por el Ejecutivo de Aznar en 2004: 10.524 millones.
     La cuestión básica es si, a medio y largo plazo, la Hacienda Pública podrá sostener este volumen de obligaciones. Teniendo en cuenta, además, que España afronta un proceso de envejecimiento muy rápido que pondrá en serios aprietos al sistema de pensiones, como han advertido de forma reiterada organismos como la OCDE o la Comisión Europea.
     Los límites
     En apenas año y medio, el Estado ha pasado de contar con un superávit del 2% del PIB (20.000 millones de euros) ha amasar un déficit del 10% (unos 100.000 millones de euros). El boom de la construcción y del consumo generó también una burbuja de las cuentas públicas en la última década. En otras palabras, el superávit era, en cierto modo, ficticio.
     “El sistema fiscal español es insuficiente para financiar el gasto estructural permanente, que puede establecerse, de forma aproximada, en seis o siete puntos del PIB. Es decir, 60.000 millones o 70.000 millones de euros”, advierte el director de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda.

     La caída de precios seguirá durante meses, pese a que ya tenga dimensiones históricas. Pero puede ser un buen momento para buscar casa
     Tania Juanes / P. Martín Simón - 17/10/2009 - Cinco Días
     Las previsiones de los expertos sobre la evolución a medio y largo plazo de las variantes que más pueden interesar al potencial comprador de una vivienda -también al vendedor- no están en total sincronía. Sin embargo, aunque basen sus conclusiones en proyecciones diferentes, se percibe una opinión prácticamente unánime: ya puede ser un buen momento para adquirir una casa si se sigue un proceso de selección del producto. Y esto es consecuencia básicamente de la corrección de los precios que ya se ha producido y de la capacidad que el comprador tiene para mejorar las condiciones de partida.
     Las últimas estadísticas muestran que el mercado sigue hundido, pese a que algunos datos apuntan a la ralentización del desplome. Los anunciados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la compraventa de viviendas en agosto se redujo un 9,9% respecto al mismo mes de 2008 hasta las 34.019 operaciones. Sin embargo, este porcentaje de caída es menor de dos dígitos por primera vez en 16 meses y es significativamente más moderado que el de julio, que se elevó al 20%.
     Sin embargo, las referencias con más perspectiva muestran mejor la profundidad de la crisis: de más de 458.300 transacciones de viviendas realizadas en el primer semestre de 2007 se pasó a 316.000 en los seis primeros meses de 2008 y a las 217.000 de enero-junio de este año.
     Y en la evolución de los precios, aunque las cifras sean diferentes si provienen del Gobierno o de las tasadoras, el sentido bajista no cambia. El Gobierno se basa en las comunicaciones de los colegios de notarios sobre las operaciones que se cierran ahora, pero con las condiciones pactadas unos dos años antes. El Ministerio de la Vivienda notificaba el jueves que el precio medio de la vivienda libre se redujo en el tercer trimestre un 8% respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 1.902,8 euros por metro cuadrado, lo que supone una pequeña desaceleración frente al 8,3% cosechado durante el trimestre anterior.
     Según Tinsa, sólo en la costa mediterránea el recorte en septiembre ha sido mayor que el de mes previo.
     Aunque es cierto que la moderación se produce porque ya la base de partida es más baja por las correcciones anteriores, también lo es, como opinan casi todos los expertos, que esta trayectoria de declive con más mesura va a proseguir. ¿Es entonces mejor esperar para comprar o se encuentran ya buenas oportunidades en el mercado?
     Carlos Ferrer-Bonsoms, director de departamento de residencial de Jones Lang LaSalle, considera que esa tónica de declive continuará unos meses, previsiblemente hasta mediados de 2010. Esto no significa, en su opinión, que a partir de ahí los precios vuelvan a remontar, pues se entraría en una fase meseta o de estabilización, que puede durar unos dos años.
     Comparar precios
     Pese a este contexto, Ferrer-Bonsoms estima que el comprador puede actualmente encontrar buenas oportunidades y que en determinadas áreas el ajuste a la baja adicional sería ya reducido. Añade que si un cliente encuentra una casa para vivir que le gusta, que siga adelante, pero después de comprobar que está en precio respecto a las activos de una calidad similar en la zona elegida. Aunque concluye que lógicamente es necesario lograr la financiación necesaria, aspecto que sigue siendo un cuello de botella en la actividad inmobiliaria.
     Para Fernando Encinar, del portal inmobiliario Idealista.com, ésta es una etapa idónea para explorar el mercado en búsqueda de inmuebles y comprar si el objetivo es vivir en él. “Previsiblemente los precios continuarán con un constante goteo a la baja, pero pasará como en las rebajas: en el tramo final habrá productos muy baratos, pero sólo quedará lo que no haya querido nadie. Ahora se puede encontrar un compendio de buenas viviendas y a un precio aceptable”, concluye.
     Por su parte, el servicio de estudios del BBVA, en el informe del pasado junio, señala que el ajuste proseguirá a corto plazo, y que de media las viviendas se habrán abaratado un 10% este año. Entre 2008-2011 se acumularía un descenso del 30%, mientras que se espera que la recuperación llegue en 2012.
     Aunque el montante de la caída acumulada varía según las fuentes y pese a que unos expertos vean el cambio de signo en horizontes diferentes -tres, dos o incluso menos años-, lo que es muy evidente es que la purga por municipios está siendo muy dispar. Los datos del Ministerio de la Vivienda señalan que, desde máximos, las localidades que han sufrido una corrección más fuerte son Arcos de la Frontera (Cádiz), Águilas (Murcia) y Mislata (Valencia), con el 43,63%, el 43,46% y el 40,84%, respectivamente. En Madrid, el descenso mayor lo registran San Fernando de Henares, con un 32%, y Aranjuez y Getafe, con más de un 30% cada una. En Barcelona, esos puestos lo ocupan Sant Pere de Ribes y Cornellá de Llobregat, con bajadas superiores al 21%.
     Por el contrario, algunas ciudades apenas han sufrido. Son los casos, entre otros, de Roquetas de Mar (Almería), San Roque (Cádiz), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y Vic (Barcelona), que no experimentan caídas desde máximos.
Sin embargo, esto no parece que en general signifique que las zonas que más caen no sigan corrigiéndose o que las que presentan mejor evolución vayan a liderar las pérdidas futuras. Una idea compartida es que probablemente las casas de la costa, especialmente las de calidad no muy elevada, sufrirán nuevas purgas, frente a un menor recorrido a la baja para las de las grandes ciudades bien situadas.
     Futuras tensiones
     También, como señala David Moya, director general de Look & Find, existe una diferencia sustancial entre los activos de segunda mano, que ofrecen descuentos más sustanciosos, y las viviendas nuevas. En su opinión, esta evolución previsiblemente seguirá así, ya que las promotoras inmobiliarias y las entidades financieras tienen una escasa capacidad de recortes sin incurrir en pérdidas, ya que tienen que comercializar lo que se construyó con un suelo en máximos, que llegó a representar un 50% del coste total.
     Hay otros datos sobre la mesa que auguran que la oferta y los precios seguirán una trayectoria muy diferente por zonas y que la evolución del stock de viviendas, que en general se cifra en el millón de unidades, dependerá de las localizaciones y de la calidad. Para Ferrer-Bonsoms, hay casas prácticamente invendibles porque se plantearon para una demanda que no existe.
     Como otros expertos, señala que será preciso estar atentos a las consecuencias futuras del hundimiento de la construcción: las viviendas iniciadas ascendieron a 49.300 unidades en el segundo trimestre de 2009 con una caída del 46,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el número de visados de obra nueva solicitados en el primer semestre se eleva a 59.000 -muchos no se desarrollarán- frente al récord de 920.000 del conjunto de 2006.
     ¿Qué puede ocurrir a continuación? En su opinión que las tensiones vuelvan en unos tres años en algunas áreas, básicamente en las grandes ciudades, aunque en otras zonas no haya acabado la depuración.
     Y este factor, juntos a otros, también puede ser básico a la hora de establecer qué momento es más idóneo para adquirir una vivienda.
     Cómo negociar buenas condiciones
     Antes de empezar a buscar, lo primero que tiene que hacer el comprador es pasarse por el banco, pues ha de comprobar su capacidad de compra. Así tendrá claro hasta dónde puede llegar. Es recomendable que chequee varias entidades financieras, pues unas tienen la mano más abierta que otras en cuanto a la concesión de créditos.
     Estudiar minuciosamente los precios de la zona en la que se esté interesado. Lo más práctico y sencillo es utilizar portales de internet especializados, para hacerse una idea del precio por metro cuadrado. Una vez se disponga de una visión de qué se ofrece y a qué precios, es el momento de comenzar a hacer llamadas a los que interesen.
     Utilizar un intermediario para realizar la búsqueda. No es imprescindible, pero en la situación actual son un aliado del comprador. Fernando Encinar, jefe de estudios del portal inmobiliario Idealista, señala que “tratan de ajustar los precios a la demanda con el objetivo de cerrar las operaciones. Ahora están de parte del comprador”. Así, señala que una buena agencia inmobiliaria puede llegar a suponer un descuento de dos dígitos en el coste final.
     No tener miedo a realizar ofertas muy por debajo del precio inicial propuesto por el vendedor. Éstos, en muchos casos, están dispuestos a aceptar precios muy por debajo del que aparece en la oferta. Analizando el precio respecto a la zona y la capacidad de compra, la primera oferta puede realizarse entre un 30% y un 40% por debajo de lo que el vendedor pide inicialmente.
     No tener prisa. En esta situación, el tiempo juega a favor del comprador y en contra del vendedor. La oferta es inmensa y los compradores son muy escasos. El riesgo de que desaparezca el piso que interesa es mínimo. El comprador sabe que podrá volver a las dos semanas y que, probablemente, seguirá a la venta.
     Asegurarse del valor de tasación de la vivienda antes de realizar una oferta. Aunque sólo son referencias orientativas, varias páginas web ofrecen la posibilidad de valorar la vivienda introduciendo los datos de situación, metros y estado. La oferta puede condicionarse incluso al valor de tasación oficial. Ahora es crucial, porque en la mayoría de los bancos condicionan el crédito al valor de tasación o de compra, el menor de ambos, de manera que una tasación inferior al precio de adquisición conllevaría serios problemas de financiación.
     Claves de la crisis inmobiliaria
     1 El número de operaciones en el primer y segundo trimestre de este año apenas supera las 100.000 unidades en cada periodo, lo que supone una caída de casi el 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Aun así, el descenso es más suave en relación a octubre-diciembre de 2008.
     2 La caída de precio se desacelera, aunque se parta del declive más pronunciado de las últimas décadas. No obstante, en algunas provincias, como en Guipúzcoa, Tarragona, Madrid, Cuenca, Alicante, Segovia y Valladolid han remontado ligeramente en el tercer trimestre de 2009 frente al mismo periodo de 2008, según datos del Ministerio de la Vivienda.
     3 La evaluación del stock de casas en búsqueda de comprador es objeto de polémica entre las diversas entidades que elaboran estadísticas. Aunque algunas conclusiones hablan de más de un millón de unidades, los expertos, sin quitar importancia a esta cifra sin cubrir, señalan que su impacto es diferente por municipios e, incluso, por zonas en algunas ciudades. Una conclusión es que las áreas de influencia de las grandes ciudades, como Guadalajara en Madrid, están entre las más castigadas, pues se sobrestimó la demanda.
     4 Como consecuencia, las grandes diferencias por zonas pueden crear, dado el fuerte desplome global de la construcción, una “demanda embalsada” en algunas localidades, aunque en otras la compraventa y los precios sigan a la baja durante años e, incluso, algunas queden totalmente obsoletas.
     5 Entre 350.000 y 400.000 se eleva la demanda anual de casas en España por criterios demográficos. En 2006 y 2007 llegaron a salir más de 800.000 unidades al año, mientras que ahora se prevé que en dos o tres sólo se incorporen algo más de 100.000 viviendas. Además, ahora casi nadie quiere comprar sobre plano, mientras que las inmobiliarias no consiguen financiación suficiente para construir las casas sin el dinero que aportan previamente los propietarios.

     16-10-2009 Intereconomía
     El volúmen de préstamos superó los 220 millones este junio debido a la crisis y a la inmigración.
     Los 21 montes de piedad existentes en España, todos dependientes de cajas de ahorros, registraron el mayor incremento de actividad de los últimos 40 años en 2008, según han informado este viernes en la presentación de los resultados del pasado año y del primer semestre de 2009. El motivo fue la crisis y la inmigración, según han afirmado la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca) y La Caixa, que cuenta con uno de los montes de piedad más antiguos de España, de 1749.

     En 2008, los montes de piedad registraron un saldo vivo de 206,68 millones de euros, un 20,68% más que en 2007, y sumaban 417.179 préstamos pignoraticios, un 13,6 por ciento más que en 2007. Los préstamos concedidos en el año crecieron casi un 13%, hasta alcanzar la cifra de 274.073.

     El pasado año, los montes de piedad captaron 31.273 clientes nuevos, hasta un total de 202.005, lo que supone un avance superior al 15%.

     El préstamo medio concedido por los Montes de Piedad se situó en 477 euros, 30 euros más que el año anterior, en lo que representa la operación de préstamo de más bajo importe de las que se efectúan en el Sistema Financiero español y el único que se tramita de forma inmediata.

     En cuanto al perfil de los clientes, son mayoritariamente mujeres (65%) y de una edad comprendida entre los 35 y los 50 años. Durante el ejercicio de 2008 y lo que va de 2009, se ha observado también un “ligero pero significativo” incremento de clientes de mayor renta, especialmente pequeños y medianos empresarios, afectados por la coyuntura económica.

     Desde los años 70, la actividad de los montes de piedad se había mantenido muy estable, aunque con una constante tendencia a la baja, pero la tendencia ha cambiado por la inmigración, con la incorporación de personas procedentes de países con tradición de crédito prendario, especialmente de Iberoamérica y del norte de Africa, y por los efectos en las economías domésticas de la crisis económica desatada en el verano de 2007.

     Con todo, el aumento de clientes autóctonos afectados por la crisis ha hecho que la proporción de ciudadanos extranjeros entre el total de clientes fuese del 18% en 2008, ligeramente por debajo del porcentaje de 2007.

     Primer Semestre de 2009
     En los primeros seis meses de 2009, los montes de piedad concedieron 140.032 préstamos, con un incremento del 3,8%. Junto al crecimiento de los préstamos concedidos, se produjo un mayor número de renovaciones, por lo que el total de préstamos se situó a 30 de junio en 436.786, un 11,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

     El saldo total al final del semestre se situó en 221,47 millones de euros, con un avance del 17,7 por ciento. El saldo creció por encima del número de préstamos por el ligero incremento en los importes medios.

     Preferente.com 
     Arrecife. 19/10/09.- Los hoteles de Lanzarote en situación ilegal podrán iniciar un procedimiento de regularización si se aprueba finalmente la Ley presentada ayer bajo el nombre de “Ley por la que se establecen los requisitos para la normalización de establecimientos turísticos irregulares”.
     Los propietarios deberán iniciar el procedimiento para conseguir la licencia ante el Cabildo de Lanzarote. Tendrán dos meses para presentar dicha solicitud desde que se apruebe la Ley. El Cabildo emitirá después un informe técnico y jurídico sobre la viabilidad de dicha propuesta, según publica abc.es.

     Luego será el Pleno el que estime o rechace la solicitud presentada en un plazo de seis meses y el interesado podrá anotar esa certificación en el Registro de la propiedad. A partir de ahí los hoteles tendrán un plazo máximo de un año para efectuar la compensación que se haya previsto.

     Todos los hoteles tendrán que compensar al interés general según los criterios establecidos en dicha ley, que consta de tres capítulos, nueve artículos y una disposición final en los que se desarrollan las condiciones y el procedimiento para regularlos.

     No todos los establecimientos podrán regularizar su situación. Aquellos que infrinjan la Ley de Costas, que ocupen zonas verdes o que incumplan parámetros no susceptibles de homogeneización, como el número de alturas construidas, entre otras condiciones, no podrán ser regularizados y el Gobierno de Canarias tendrá que ordenar su cierre
 

     El Colegio de Registradores de la Propiedad ha convocado un referéndum para aprobar la reforma de los estatutos y adaptarlos a la nueva redacción de la Ley de Colegios Profesionales que tendrá lugar como consecuencia de la “Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio” , conocida como “ley Ómnibus” que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

     Si bien los actuales Estatutos prevén como única fórmula para proponer reformas estatutarias su aprobación en Asamblea General, puede estimarse plausible el referéndum por razones prácticas pero a los solos efectos de incorporar a los estatutos las reformas de la Ley de Colegios Profesionales.  Y teniendo en cuenta que está iniciándose su tramitación parlamentaria no es conveniente que lo sea a través de un texto cerrado que puede ser contradictorio con lo que finalmente se apruebe.

     El problema es que en la propuesta de reforma se incluyen muchas cuestiones que no tienen nada que ver con la citada Ley. Siendo la más notoria la  modificación del entramado institucional y las competencias de los órganos corporativos.  Se laminan las competencias de la Asamblea General, y se modifican también las de la Asamblea de Decanos y de la Junta de Gobierno, convirtiendo a la Asamblea General en algo decorativo. Además se modifican cuestiones importantes como los locales de los registros, vocalías de la junta, procedimiento electoral, reforma de los estatutos, etc.

     Hay, pues, que decir que es una reforma mal planteada por razón de su contenido. Porque no se atiene a los estrictos términos que exige la modificación de la Ley de Colegios Profesionales en tramitación.
     Y mal planteada por razones de oportunidad. Coincide con el período preelectoral en el Colegio de Registradores. Introduciendo, por una Junta de Gobierno que termina su mandato en poco más de dos meses, un nuevo conflicto interno absolutamente innecesario.
     Desde la Asociación Independiente de Registradores de España postulamos el voto negativo en el referéndum. Creemos que lo más conveniente es rechazar la propuesta y posteriormente – una vez aprobadas por el Parlamento - incluir las reformas legales. Para, más adelante, debatir las reformas estatutarias que se estimen necesarias siguiendo el procedimiento previsto. Esto es, debate y aprobación en Asamblea General.

     La evasión de impuestos supera los 70.000 millones anuales
     16 Octubre 09 - Valladolid - Rosa Carvajal – La Razón
     Los Inspectores de Hacienda del Estado sostuvieron ayer que con un plan contra el fraude fiscal más eficiente el efecto recaudatorio directo e indirecto sería de más de 100.000 millones de euros, frente a los 11.000 millones que el Gobierno pretende recaudar con la subida de impuestos. Durante el XIX Congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Valladolid, los inspectores volvieron a insistir en la «falta de voluntad política» para acabar con el fraude fiscal. Teniendo en cuenta que en España representa el 25% del PIB español, el doble que la UE, y que el Producto Interior Bruto ha alcanzado el billón de euros, el importe de las cuotas no ingresadas cada año podría suponer, según cálculos de los inspectores, más de 70.000 millones de euros.
     Entre las novedades que los inspectores propusieron ayer para reducir el fraude está aprobar una nueva declaración para bienes, derechos y deudas, en sustitución del suprimido Impuesto sobre el Patrimonio. Asimismo, consideran que debe ser la Agencia Tributaria quien tenga la competencia de comprobación de los requisitos fiscales de las grandes fortunas (Sicavs), que tributan sólo al 1%. De «inadmisible» calificó el que fuera presidente de los IHE, José María Peláez, la ausencia de control fiscal sobre estas grandes fortunas «cuando se están subiendo los impuestos a los contribuyentes que sí los pagan».
     Los inspectores no comparten la actitud del Gobierno, que hace unos días expresó su temor a que este capital se «vaya a fugar fuera de España».
     Entre las propuestas de los inspectores se incluye establecer un gravamen especial del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales, así como prohibir que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios

     Datos del Banco de España
     El volumen de activos dudosos se disparó hasta los 90.619 millones
     Las cajas de ahorros continúan a la cabeza en morosidad
     16/10/2009 Juan Emilio Maíllo | Europa Press – El Mundo
     Madrid.- La tasa de morosidad de la banca española se situó el pasado mes de agosto en el 4,931%, la más alta desde septiembre de 1996, cuando alcanzó el 4,86%. Según los últimos datos difundidos por el Banco de España, el volumen de activos dudosos se duplicó en un año, hasta los 90.619 millones de euros.
     En agosto de 2008, la morosidad del sistema financiero era del 2,52% mientras que los malos clientes sumaban créditos  sin devolver por importe de 46.572 millones de euros. Respecto a julio, el dato es 0,2 puntos superior.
     De este modo, se confirma la tendencia alcista de la mora, que en el último año se ha duplicado como consecuencia de la crisis y del aumento del paro. El sector reconoce que la morosidad continuará aumentando hasta finales de año, aunque asegura que la tasa de crecimiento se ha moderado.
     Por tipo de entidad, las cajas de ahorros continúan a la cabeza en morosidad, si bien en agosto los activos tóxicos crecieron con más fuerza entre los bancos.
     En las cajas, la tasa de créditos de dudoso cobro es del 5,344%, frente al 5,181% de julio y el 2,909% de agosto de 2008. En sus balances hay 47.165 millones de euros de créditos malos.
     En cuanto a los bancos, su morosidad en agosto era del 4,407%, tras subir desde el 4,141% de un mes antes. En agosto de 2008 no llegaba al 2%. Los préstamos dudosos de los bancos suman 35.053 millones de euros.
     Las cajas rurales (cooperativas de crédito) presentan una morosidad de apenas un 3,77%, mientras que en el lado opuesto aparecen las financieras, cuyos activos dudosos son el 9,26% del total.

     Economía advierte «irregularidades» en su gestión
     La aseguradora, con 380.000 clientes, estaba presidida hasta junio por Fèlix Millet, imputado por estafa.
     16 Octubre 09 - Madrid - M. Pardeiro – La Razón
     Barcelona - El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros (DGS), decidió  tomar ayer el control de la aseguradora catalana Agrupació Mútua tras hallar «deficiencias muy significativas de control interno e irregularidades en la gestión». El Ministerio ha detectado una «deficitaria situación patrimonial» de la entidad, así como un elevado riesgo  inmobiliario derivado de sus participaciones en el sector de la construcción. Se da la circunstancia de que Agrupació Mútua estaba presidida hasta el pasado mes de junio por Fèlix Millet, el ex presidente del Palau de la Música imputado ahora por una estafa multimillonaria en esta institución cultural.
     El hasta ayer presidente de la aseguradora, Josep González, opinó que el paso de Millet por Agrupació Mútua y el posterior escándalo en el Palau «podría haber tenido su parte de incumbencia» en la decisión del Ministerio de Economía. De todas maneras, González consideró que la intervención del ministerio es excesiva, puesto que se podrían haber adoptado medidas menos drásticas.
     La toma de control de Agrupació Mútua se produce después de que la DGS anunciara el pasado mes de julio que estaba inspeccionando a la aseguradora para precisar el alcance de las pérdidas de AMCI Habitat, una promotora participada en un 70 por ciento por la entidad. Tras la marcha de Millet, González diseñó un plan de desinversión en el sector inmobiliario, un proyecto que ideó con la colaboración del letrado Jacint Boixasa, uno de los dos letrados que ahora administrará provisionalmente Agrupació Mútua junto a Sergio Gago.
     Conviene subrayar que la aseguradora podrá seguir desarrollando su negocio y no se prohibirán los seguros vigentes. «Los mutualistas tienen que estar tranquilos», dijo González.

     La ministra de Vivienda inaugura en Valladolid las I Jornadas Jurídicasde Otoño organizadas por el Decanato de Registradores de la Propiedad

     Fidela Mañoso | Valladolid - El Norte de Castilla
     «El Gobierno da una gran importancia a la necesidad de impulsar definitivamente un amplio mercado de alquiler en España porque favorecerá la movilidad laboral, la emancipación de los jóvenes y la toma de decisiones personales». Así lo manifestó ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, durante la inauguración en Valladolid de las I Jornadas Jurídicas de Otoño organizadas por el Decanato Autonómico de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León.
     En este sentido, expuso que el número de hogares en alquiler se incrementó el pasado año en España el 18,3%, lo que supone el 13,2% del total, dos puntos más que el año anterior, una cifra que está aún muy lejos del 40% de media de los países más avanzados de la Unión Europea.
     Corredor señaló que el Ejecutivo de Zapatero quiere seguir reforzando estas medidas a través de una serie de iniciativas como la Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, cuyo Proyecto de Ley fue aprobado esta semana en la Comisión de Justicia del Senado.
     «El proyecto ofrece soluciones ponderadas y razonables para los propietarios de las viviendas alquiladas, y lo hace sin reducir en lo más mínimo las garantías de los arrendatarios de buena fe, al contrario, favoreciendo directamente sus intereses, dijo la titular de Vivienda, quien señaló que el objetivo es la resolución sin dilaciones de los conflictos arrendatarios, «sin olvidar que un mayor clima de confianza ayudará a que se reduzcan las garantías, avales y fianzas, a menudo excesivas, que se suelen exigir a los arrendatarios».
     Este proyecto de ley reformará las leyes de Enjuiciamiento Civil, de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos. Precisamente, sobre esta última, la ministra aseguró que se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler.
     Agilizar los trámites
     Los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil están orientados a la agilización de los procesos arrendaticios ya que tiene como fin «mejorar la seguridad y las garantías» del propietario y del inquilino como medida para fomentar el incremento de la oferta del mercado del alquiler. La Ley permite que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo.
     Finalmente, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal «modula las mayorías necesarias» para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.