A I R E

     elEconomista.es - 22/01/2010

     La crisis ha golpeado con fuerza el mercado inmobiliario en prácticamente todo el mundo, lo que ha dejado muy tocados a todos los gremios que dependen de él. Pero los constructores estadounidenses no se han achantado, y en 2009 respondieron a la dureza de los tiempos con una decisión curiosa: seguir construyendo, pero casas más pequeñas.
     Es la primera vez en 27 años que baja el tamaño medio de los hogares de nueva construcción en el país. Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Estados Unidos (NAHB), el pasado año la dimensión media de las nuevas viviendas cayó en más de 4 metros cuadrados con respecto a 2008.
     “El mantra es que lo pequeño es el nuevo grande”, apunta Carol Lavender, de la firma experta en construcción residencial Lavender Design Group, en declaraciones recogidas por MarketWatch.
     Reducir los metros, la prioridad
     Según una encuesta realizada en noviembre por la revista Better Homes and Gardens a propietarios de viviendas, más de un tercio de los sondeados afirmó que encontrar un hogar de menor tamaño figuraba entre sus prioridades. Nada menos que el 36% aseguró que esperaba que su próxima vivienda fuera “algo o bastante más pequeña” que la actual.
     Cierto es que la tendencia a buscar casas con menos metros ha crecido en los últimos años, pero desde que empezó la crisis se ha disparado, y los constructores han respondido. El 95% de los sondeados este mes por NAHB afirmaron que este ejercicio primará la construcción de viviendas más pequeñas, que suponen menores costes.
     “La era del dinero fácil ha quedado atrás. Ahora la gente se lo piensa mucho antes de afirmar que necesita una casa con cinco habitaciones y cinco baños. Y si a esto le unimos que hoy por hoy a los consumidores les preocupan aspectos como el gasto de energía, no cabe duda de que esta tendencia va a seguir”, explica Rose Quint, vicepresidenta de investigación de la NAHB.
     Los primeros compradores mandan
     Uno de los motivos de que han hecho que cada vez haya más demanda de vivienda más reducida es el perfil del comprador. La ayuda de microcréditos de 8.000 dólares que otorgó el Gobierno durante el año pasado para animar las compras motivó que muchos americanos se animaran a adquirir su primera vivienda, en un momento marcado por la contención.
     También influyó el aumento de la demanda de ciudadanos de más de 55 años, grupo que en gran medida muestra preferencia por las casas de una sola planta, frente a las de dos o más.

     Se revisarán las exigencias de eficiencia energética en cumplimiento de la directiva europea que marca su actualización cada cinco años
     Corredor subraya que la nueva normativa contra el ruido triplica las exigencias de aislamiento acústico de los hogares
18 de enero de 2010.-  La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha definido hoy el Código Técnico de la Edificación (CTE) como “un código técnico, moderno, prestacional y que debe actualizarse permanentemente en atención a la demanda de la sociedad, a la evolución técnica y al avance del conocimiento. Además -ha anunciado- las exigencias de eficiencia energética habrán de ser revisadas antes de 2011 atendiendo al mandato de la directiva europea de eficiencia energética de que sean revisadas cada cinco años”.
     La ministra ha inaugurado hoy la Jornada de protección frente al ruido en el Código Técnico de la Edificación organizadas por el Instituto de la Ingeniería de España. En su intervención ha recordado que el CTE se aprobó en 2006 e impulsó la mayor reforma en materia de edificación desde la aprobación de la Constitución al tiempo que armonizó la dispersa reglamentación nacional en la materia. Corredor ha asegurado que “de esta forma, España se ha situado entre las naciones más innovadoras en materia de edificación, cumpliendo las Directivas europeas sobre calidad y eficiencia energética, y fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico, tanto en los procedimientos de edificación, como en la fabricación y producción de los materiales de construcción.
     Beatriz Corredor ha recordado que la aplicación plena de las prescripciones del CTE tuvo lugar en abril del año pasado con el fin del periodo de aplicación voluntaria del Documento Básico de Protección frente al Ruido que ha dotado a la edificación de una importante avance respecto a la norma básica anterior. “Esta reforma sobre la contaminación acústica sitúa a España entre los países más innovadores en materia de edificación”, ha asegurado.
     Corredor ha recordado que la nueva normativa triplica las exigencias de aislamiento acústico de los hogares tanto en lo que se refiere al ruido aéreo como al ruido de impacto. Además introduce dos cambios fundamentales ya que el nivel de ruido se mide en la propia vivienda y no a través de una simulación en laboratorio y las exigencias de insonorización frente al ruido exterior, dependerán de la zona en la que se ubique la vivienda para garantizar los mismos niveles de silencio y confort a todos los ciudadanos.
     La ministra ha subrayado que “en aplicación de las nuevas exigencias, las empresas fabricantes de materiales de construcción, y los profesionales y trabajadores especializados en ellas, tienen también nuevas oportunidades de innovación y de actividad; pero lo más importante para nosotros es entender qué implica esto para las familias y para los ciudadanos. Para ellos, la aplicación de estas mejoras técnicas significará alcanzar una mejor calidad de vida”. También se ha referido al importante ahorro que la rehabilitación energética puede suponer para la factura de la luz de los hogares, que puede llegar a los 300 euros anuales.
     Beatriz Corredor ha asegurado que la construcción residencial está obligada a aprovechar la oportunidad que le da la coyuntura para reconvertirse y adaptar su actividad hacia los sectores que han demostrado ser más resistentes a la crisis del sector, y que están mostrando un mayor dinamismo; y estas oportunidades pasan por la promoción de vivienda protegida de la más alta calidad, la rehabilitación de viviendas y edificios y la renovación urbana”..
     En este sentido, ha explicado que “estos ámbitos requieren incorporar criterios de innovación, de eficiencia energética, de sostenibilidad y de nuevas tecnologías, aprovechando el reconocido liderazgo de nuestro país en sectores emergentes como las energías renovables. Por ello, los empresarios y los profesionales que ahora apuesten por esta necesaria adaptación serán los que se encuentren en mejor posición para afrontar y acompañar la nueva etapa de reconversión del sector. Y todos, y en primer lugar los responsables políticos, debemos contribuir a este cambio de tendencia”.
     La ministra ha expuesto que el sector inmobiliario ejemplifica la magnitud del cambio en el modelo económico español que el Gobierno está propiciando a través de la Estrategia para la Economía Sostenible con la que “queremos que la recuperación de la economía española transite por una senda de crecimiento equilibrado, generador de empleo de calidad y que consolide nuestro modelo de protección social”.

     Es la primera vez que desciende en los últimos 15 años
     Elena Solera - Madrid - 21/01/2010 – Cinco Días
     La crisis del campo también pasa factura al mercado de fincas rústicas. En los últimos 15 años, 2008 fue el primer ejercicio en el que se registró una reducción del precio de los cultivos, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que apuntan que esta caída fue del 0,9%. “El valor del precio de la tierra depende de la producción y es bueno que sea así”, explica José Luis Miguel, coordinador técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que explica que “al ser la rentabilidad muy baja, el precio también tiende a disminuir”.
     La falta de dinamismo también se ha notado en este mercado en el descenso del número de transacciones. En octubre de 2009 las ventas de este tipo de inmuebles se redujeron un 25,7% respecto al mismo mes de 2008, hasta las 8.821 operaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo confirma Lola Sánchez, directora de la web de venta de fincas rústicas e-Rustica, que afirma que, “como en todos los sectores económicos, nuestras ventas han bajado un poco respecto a años anteriores”.
     Un descenso en el que han pesado tanto las expectativas sobre el rendimiento agrario como la dificultad para acceder al crédito. El director de los Servicios Técnicos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), José Carlos Caballero, atribuye también parte de esta caída al alejamiento de empresarios de sectores ajenos a la agricultura que, en los años de bonanza económica, encontraron en estas actividades un destino para sus inversiones alternativas.
     Explica, además, que la rentabilidad ha marcado la evolución de los precios de estos inmuebles en los últimos años, por lo que “no puede establecerse paralelismo con el mercado de la vivienda”. Mientras que los precios de los inmuebles residenciales crecieron de forma exponencial, la evolución de los precios de la vivienda ha sido paulatina desde la última crisis económica.
     Sin embargo, las cotizaciones no siguen una misma tendencia en todo el territorio español. El director del departamento Agrícola de Tinsa, Antonio García Ceva, explica que “la singularidad de éste tipo de inmueble, la diversidad de superficies, de cultivos, de aprovechamiento y la atomización del propio producto hacen que los datos genéricos sean imprecisos”, ya que el mercado de fincas rústicas se compone más bien de “una multitud de submercados”. Así, mientras una finca de secano de bajo rendimiento puede costar unos 1.000 euros por hectárea, otros cultivos intensivos, como invernaderos, plantaciones de cítricos en Valencia y plataneras de Islas Canarias, pueden llegar a costar 50.000 euros por hectárea. Por otra parte, la compra de terrenos para actividades relacionadas con las energías renovables, la ampliación del suelo industrial o el cultivo para biocombustibles representan una excepción en la evolución del mercado. Son ventas con un precio medio superior al valor de la tierra, pero la tierra que se ha dedicado a estas actividades es tan poco extensa que no ha tenido un impacto significativo en las estadísticas. Para el resto, “la dificultad estriba en conocer el verdadero valor de determinados aprovechamientos -cinegéticos, medioambientales, lúdicos y de recreo- que pueden tener muchos terrenos y que son compatibles con los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos”.
     Expectativas
     Lola Sánchez, de e-Rustica, valora el papel de estos inmuebles como inversión. “En este momento es muy interesante para quien tiene disponibilidad, ya que puede obtener precios muy interesantes”, señala. Y apunta que, al contrario de lo que sucede con el ladrillo, “el terreno siempre tiene un valor añadido y muchas posibilidades de rentabilidad”. Los agricultores se muestran menos optimistas.
     El representante de Asaja, por su parte, indica que la evolución del mercado de fincas en los próximos meses dependerá de cómo despegue España de la crisis.

     elEconomista.es 20/01/2010 -
     Las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad mediante su adquisición está impulsado el mercado del alquiler. El arrendamiento, como la compra, tiene sus puntos claves, y uno de ellos es saber qué corresponde pagara al inquilino y al propietario.
     Es frecuente ver dudas sobre quién paga los gastos que genera una vivienda en alquiler, ya sea de protección oficial o libre, tal y como sostiene y explica idealista.com. Ese portal inmobiliario asegura que si en el contrato no figura nada, los gastos generales de la vivienda, como la comunidad, la piscina, los ascensos, o los garajes, deberá abonarlos el propietario de la vivienda. Sin embargo, podrá solicitárselos al inquilino siempre que esté pactado y firmado en el contrato de alquiler.
     Al mismo tiempo, los servicios individuales como agua, luz, teléfono, electricidad deberán ser abonados por el inquilino salvo que las partes pacten lo contrario.
     En caso de una obra
     Otro problema con el que se pueden encontrar arrendador e inquilino es una obra. ¿Quién debe pagar en este caso? Idealista.com señala que hay que diferenciar entre las que sean de conservación y de desgaste. Por ejemplo, goteras y grietas, estarían entre las primeras ya que son para conservar la habitabilidad apropiada de la vivienda, y por lo tanto deben ser abonadas por el propietario. Mientras que las pequeñas reparaciones producidas por el desgaste en el uso, como puede ser la rotura de un interruptor de la luz, deben ser abonadas por el inquilino.
     Las cláusulas abusivas de los contratos suelen ser otro de los puntos de conflicto en un alquiler. Cuando hay materias de libre disposición que se pactan y se firman por ambas partes luego no se pueden considerar “abusivas”, según recuerda la corte de arbitraje.
     Lo que sí se considera abusivo es que el propietario cobre el seguro de hogar al inquilino, “puesto que el tenedor del seguro siempre tiene que ser el dueño”.
     El caso de las vpo
     En el caso de una vivienda pública de protección oficial (vpo), hay que tener en cuenta que los contratos de alquiler se celebran al amparo de la ley de arrendamientos urbanos y se someten al régimen jurídico previsto en la misma.
     En estos casos particulares, el plan de vivienda estatal 2009-2012 fija una renta máxima anual, que será el 4,5% ó el 5,5% del precio máximo legal que la vivienda protegida tendría en caso de que se pusiera en venta.
     Con este límite de renta anual estipulado, la corte de arbitraje advierte de que el propietario puede cobrar el máximo al inquilino y “meter absolutamente todo lo que quiera, como gastos de comunidad, tasas de basura o seguro de hogar aunque esto se puede quitar porque no es una obligación que corresponda al inquilino”.

     Victoria Martínez-Vares. Madrid - Expansión
     Entrevista a Alfonso Candau Pérez, Decano del Colegio de Registradores de españa.

     Critica que, desde 1975, no se suprime ningún registro en España. Lo achaca a razones de “proximidad política”.

     Tranquilo y confiado. Así dice sentirse Alfonso Candau Pérez después de haberse convertido en decano del Colegio de Registradores de España al ganar las elecciones más competidas de la historia de esta corporación.“Al existir cuatro listas, ha sido una campaña electoral muy reñida pero coincidente en lo sustancial”, asegura. Y es que, en su opinión, “existe un acuerdo casi unánime en el colectivo acerca de mantener la autonomía del cuerpo de registradores y la independencia en la calificación registral. Éste es el núcleo de la función económica del Registro y las circunstancias actuales abonan esta consideración”.
     Últimamente, el colectivo que preside ha tenido que sortear circunstancias difíciles, ¿qué ha sido lo más complicado?
     La incomprensión demostrada desde otras instituciones hacia la función registral. Concretamente, desde la cúpula directiva del notariado. Y, también, diferencias de criterio con la anterior Directora General de los Registros.
     ¿Cómo piensa afrontar la relación con el notariado?
     Nuestra voluntad es disminuir las diferencias existentes, basándonos en el respeto mutuo y en la autonomía corporativa de las instituciones.
     ¿Rechaza, por tanto, la fusión entre ambos Cuerpos?
     Creo que el colectivo registral no es partidario de la fusión de Cuerpos ya que no aporta nada a la sociedad y empeoraría el modelo de seguridad jurídica preventiva. Ambas funciones tienen razón de ser en la medida en que demos un valor añadido a la vida económica.
     ¿Cree, como opina el Gobierno, que entre la función notarial y registral hay solapamientos y duplicidades?
Negamos la mayor. Ni hay duplicidades, ni hay solapamientos, son actividades diversas con intereses diversos. Si las hubiera, alguien sobraría. El sistema, tal y como está configurado, funciona bien.
     ¿Asumirán los registradores la gestión del Registro Civil?
     Ojalá. Los registradores podríamos, por un coste menor, ofrecer un rendimiento mayor partiendo de la base de la gratuidad para el ciudadano. Estamos en disposición de asumir su llevanza. Tenemos la infraestructura ya hecha y un modelo profesionalizado de gestión sumamente eficaz.
     ¿Qué opina de la demarcación registral?
     La demarcación ha sido un desastre y ha empeorado el servicio público que ofrecemos al ciudadano. Se hizo de forma irregular, caótica. Ésta no es una afirmación de parte sino que está constatado objetivamente: hay registros en capitales de provincia que no se han cubierto ni con aspirantes; hay registros que no cubren costes y otros que, mereciendo ser demarcados, no lo fueron. En España, desde 1975 no se suprime un Registro. Los hay que, siendo absolutamente inviables, han perdurado por razones de proximidad política. La demarcación registral es irracional.
     ¿Tiene solución?
     A corto plazo, poca. Se podrían estudiar medidas transitorias como la agrupación de registros.
     ¿Me puede cifrar el descenso de la actividad en las oficinas registrales?
     La cifra media está en torno al 38% pero es engañosa, puesto que el descenso de la actividad inmobiliaria es muy variable.
     ¿Están despidiendo personal?
     El porcentaje de despidos es muy pequeño. Los registradores y sus empleados están prefiriendo no aumentar los ingresos, adoptando soluciones imaginativas para evitarlos.
     ¿Hace falta un nuevo arancel?
     Sí. Ahora bien, en un país con el volumen de paro que tenemos, con la situación económica y empresarial que hay, me parecería obsceno reclamar un nuevo arancel.
     No está entre mis prioridades solicitar a Hacienda una revisión del arancel, aunque haría falta dotarlo de más transparencia.
     ¿Qué opina sobre la adquisición del edificio Alcalá, 540?
     Es la mayor operación financiera que se ha hecho nunca en este Colegio, mayor que la digitalización de todos los Libros de Registro de España.
     El edificio multiplica el capítulo de gastos en un momento en el que los ingresos han disminuido por la crisis y los números no cuadran. Tendremos, por tanto, que reducir gastos; exigir a los compañeros de Madrid un esfuerzo económico fijando unas rentas que en otra época no hubieran sido iguales y, finalmente, un esfuerzo a todos los Registradores de España.
     ¿Se equivocó la anterior junta con esta operación?
     Ahora no lo hubiéramos hecho en los mismos términos. Pero, seamos justos, la coyuntura económica era distinta y, verdaderamente, la situación en el edificio de Príncipe de Vergara era ya insostenible.
     ¿Subirán las cuotas?
     Mi intención es no bajarlas, tampoco subirlas y disminuir gastos. Nuestra mayor preocupación es minimizar el impacto del edificio de Madrid
 

     Una denuncia“grotesca”
     Alfonso Candau considera que el “ataque” del notariado acusando a los registradores de no permitir el acceso telemático a los libros del registro “fue absolutamente injustificado porque parte de unos hechos que no son ciertos”. El decano niega “que existan dificultades para acceder a los Libros del Registro” pero aun así, insiste, en que están “trabajando para que el acceso sea en tiempo real”. De hecho, asegura que “el sistema está casi cerrado” a falta de una última reunión con la Dirección General de los Registros y el Notariado. En este sentido, Candau señala
     Que “el sistema que se nos ha propuesto nos parece idóneo ya que consiste en acceder, en tiempo casi real, a un repositorio de información registral, sin intermediación del registrador”. El decano zanja la cuestión señalando que “no emprenderán acciones legales contra el notariado”, aunque asegura que la “denuncia era grotesca”. En cuanto a la reforma estatutaria iniciada por la anterior Junta del Colegio de Registradores, Candau señala que “somos continuistas con el proyecto que se hizo para adaptarnos a las exigencias de la Ley Ómnibus”.
     Las opiniones del decano de los Registradores sobre los asuntos más candentes

     Catastro
     “No competimos con esta institución. Somos absolutamente diferentes. Por tanto, debemos llegar a acuerdos de colaboración”.
     Alcalá, 540
     “La nueva instalación multiplica los gastos del Registro, los ingresos se han reducido por la crisis y los números no cuadran”.
     Cuotas
     “Mi intención es no bajarlas, pero tampoco subirlas. La política colegial será reducir gastos y minimizar el impacto del nuevo edificio de Madrid”.
     Centro Directivo
     “Será difícil recuperar el prestigio doctrinal que tenía antaño la Dirección General de los Registros y el Notariado”.
     Oficinas Liquidadoras
      “No sé si se reformará  la Ley del IVA. La sentencia europea imposibilita cuestionar la actividad de los registradores como liquidadores”.
 

     Según Funcas
     22-01-2010 , Expansión
     La financiación inmobiliaria, que incluye tanto hipotecas como empresas de construcción e inmobiliarias, acaparó el 61% de todos los créditos concedidos en 2007. “Un valor tan elevado”, como cita un informe de Funcas que “era indicativo de una situación límite en la absorción de recursos crediticios”. Este dato se sitúa 22 puntos por encima de 1995, cuando la tasa alcanzó el 39%.

     El último informe ‘Papeles de Economía’ que elabora la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) ha vuelto a dar evidencia de la burbuja inmobiliaria que se vivió en España durante 2007.
     El documento recoge que “la fuerte canalización” de recursos hacia el sector inmobiliario provocaría “importantes desequilibrios” y “afectaría de forma negativa a la capacidad de competir de la economía española”.
     Además, los posteriores problemas de liquidez y solvencia de los bancos provocaría “un fuerte racionamiento del crédito bancario a la vivienda en 2008 y 2009″. Por otra parte, cabe destacar que entre 1997 y 2006 se produjo un “extraordinario incremento” de las tasas de rentabilidad financiera en estos sectores.
     Inmobiliario versus industria
     En 2006, la rentabilidad de los accionistas del sector inmobiliario y de la construcción era más del doble que la de los del agregado de la industria. Esas rentabilidades prácticamente se desvanecieron en 2007. La rentabilidad financiera de las empresas grandes del sector inmobiliario perdía casi 12,5 puntos porcentuales, y se situaba de nuevo por debajo del agregado de la industria.

     Se trata de la cuantía global máxima de los préstamos convenidos que podrán conceder este año los 123 bancos y cajas colaboradoras del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
     21 de enero de 2010. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Orden del Ministerio de Vivienda por la que se fija el volumen máximo de préstamos convenidos a conceder en 2010 por las 123 entidades de crédito colaboradoras para la financiación de las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
     La cuantía máxima territorializada de los créditos convenidos que podrán conceder hasta el 15 de octubre de este ejercicio será de 5.314,17 millones de euros repartidos entre las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas según se detalla en la siguiente tabla:
     Andalucía 776,59
     Aragón 218,60
     Asturias 219,75
     Baleares 115,37
     Canarias 223,46
     Cantabria 101,46
     Castilla y León 240,31
     Castilla-La Mancha 306,76
     Cataluña 962,30
     Extremadura 151,40
     Galicia 230,17
     Madrid 817,62
     Murcia 183,19
     La Rioja 101,46
     Comunidad Valenciana 653,53
     Ceuta 1,35
     Melilla 10,85
     Total 5.314,17
     Además de esa cuantía máxima, se fija en 1.328,54 millones la reserva adicional no territorializada, siendo el 20% del volumen máximo de préstamos convenidos para esta anualidad.
     Las actuaciones del PEVR 2009-2012 que pueden recibir préstamos convenidos son las relativas a la promoción de vivienda protegida de nueva construcción en venta o alquiler, la urbanización de suelo para vivienda protegida, la adquisición de vivienda usada y la rehabilitación integral y renovación urbana así como las actuaciones RENOVE cuando se trate de rehabilitación energética y de accesibilidad de edificios.
     La Orden amplía también hasta el 28 de febrero de 2010 la fecha de finalización de la anualidad 2009 del PEVR, habida cuenta de las especiales circunstancias del año pasado, durante el que se formalizaron los convenios de colaboración entre el Ministerio y las Comunidades y Ciudades Autónomas para la ejecución del Plan en cada territorio así como los convenios con las entidades de crédito que colaboran en la financiación del Plan. Del mismo modo, las CCAA han tenido que ir elaborando sus respectivas normativas de adaptación al PEVR.
     La cuantía máxima de los recursos financieros correspondientes a los préstamos convenidos para 2010 está comprendida en el volumen máximo de recursos a convenir con las entidades financieras colaboradoras del PEVR 2009- 2012 autorizado por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2009 y fijado en 33.899 millones de euros para el total de los cuatro años.

     Anuncia un plan de inversiones de Bami
     “No me creo las estadísticas, eso que dicen que los precios en el sector inmobiliario han bajado un 10% o un 20%… no me lo creo”, comentó ayer Joaquín Rivero en una conversación mantenida con este diario durante su visita a Fitur. “Han bajado hasta un 40%”, señaló el empresario jerezano y presidente de Gecina.
     A. Ortín / B. Guerrero - Madrid - 22/01/2010
     En opinión del que fuera presidente de la mayor inmobiliaria española hasta 2007, Metrovacesa, “se está acabando un ciclo y empieza otro que durará otros seis o siete años “. El empresario jerezano considera que el mercado inmobiliario español “aún no ha tocado fondo, lo hará a mediados de año”. Por esa razón advierte que “es el momento para entrar y aprovechar los seis o siete años del siguiente ciclo”.
     Joaquín Rivero realizó estas declaraciones durante su visita a Fitur, la feria del turismo más importante del mundo que se celebra estos días en Madrid. El presidente de Gecina acudió a la cita para promocionar Puerto Sherry, el complejo turísitico y de ocio que desarrolla, asociado con el empresario Pedro Bores, en Cádiz. Los empresarios comunicaron ayer la firma de una alianza con el grupo hotelero gaditano Hoteles Andaluces con Encanto (Hace) para la reapertura y gestión del hotel Puerto Sherry.
     Según las últimas estimaciones publicadas por consultoras inmobiliarias y organismos oficiales, el precio de la vivienda libre en España en el último año habría caído entre un 5% y un 10%. No obstante ya a mediados de 2008 el que fuera consejero delegado de la inmobiliaria Colonial, Mariano Miguel, advirtió en una conferencia que en España el precio de la vivienda debía caer hasta un 30%.
     “Es el momento de entrar en el negocio inmobiliario porque está barato”, comentó ayer Rivero. El presidente de Gecina está considerado como el mejor empresario del sector en España. En 2007 la lucha por el poder de Metrovacesa iniciada por su anterior primer accionista, la familia Sanahuja, se saldó con la salida de Rivero de Metrovacesa, que mantuvo la presidencia de la francesa Gecina. Metrovacesa adquirió la inmobiliaria francesa durante la presidencia de Rivero, en una operación valorada en cerca de 5.000 millones inaugurando el baile de adquisiciones y fusiones que se vivió en el sector inmobiliario europeo, especialmente en el español, entre 2005 y 2006. De aquella época sólo Rivero se mantiene como presidente de una gran inmobiliaria: la familia Sanahuja perdió el control de Metrovacesa (ahora en manos de la banca); Luis Portillo abandonó Colonial; Enrique Bañuelos salió de Astroc; Fernando Martín solicitó concurso de acreedores para Martinsa Fadesa y en la actualidad Rafael Santamaría, que compró Urbis a través de Reyal, lucha por no acabar en concurso.
     En la actualidad Joaquín Rivero mantiene el control de Gecina con el apoyo de su socio Bautista Soler. Seis bancos españoles, liderados por Santander, son el primer accionista de Metrovacesa y también de Gecina con cerca del 27% del capital. Por el momento Rivero ha sabido conciliar a los accionistas franceses, la banca española y sus intereses y los de su socio Soler en la inmobiliaria francesa. tecnológicas, textiles, químicas y energéticas del país.

     Entrevista Alfonso Candau Pérez. Decano del Colegio de Registradores de España

     “Contamos con los medios para asumir el Registro Civil”
     Los registradores han depositado en este madrileño su confianza para dirigir el Colegio de Registradores de España durante los próximos cuatro años. Licenciado en Derecho y Filosofía, preside la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid.
     Lola Fernández - Madrid - 22/01/2010 – Cinco Días
     La desjudicialización del Registro Civil, recientemente aprobada en Consejo de Ministros, puede dar al colectivo de registradores una nueva actividad. El nuevo decano del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, al menos, lo va a intentar. Próximamente tendrá una entrevista con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que espera convencerle. “Comprendemos que es una decisión política, pero estaríamos muy gustosos de asumir estas competencias”.
     ¿Cuáles serán los puntos fuertes que le planteará al ministro?
     Sinceramente creemos que estamos en condiciones de poder llevar el Registro Civil, porque nos resulta muy próximo. Se trata del único registro que no está a cargo de los registradores. Contamos con los medios, la tecnología y el personal para asumir las competencias. E incluso, el diseño elaborado por el Gobierno, concentrado en poblaciones importantes, nos favorece. Ahora mismo ya estaríamos en disposición de empezar y ojalá lo hagan. Intentaré convencer al ministro en la entrevista que mantendremos próximamente.
     Además de éste, ¿qué otros retos asume en su mandato?
     Pues compatibilizar todo lo hecho por las anteriores Juntas con las exigencias actuales que nos vienen desde la Unión Europea y los proyectos de modernización del Gobierno. A corto plazo, tenemos dos retos importantes, uno derivado de Bruselas para acortar los tiempos de constitución de una sociedad y otro más doméstico: el traslado de la sede del Registro de Madrid desde Príncipe de Vergara a Álcala 540, que supone una operación económicamente muy cuantiosa en época de vacas flacas.
     ¿Para cuándo estará listo el nuevo registro?
     Habíamos pensado hacerlo en agosto por varias razones, no hay actividad judicial civil y el tráfico decae. El registro nuevo ya está en marcha y cada mes sin funcionamiento supone un gasto innecesario. Además, la operación de traslado es compleja y se necesita una garantía de custodia para ejecutarla. La Dirección General debe autorizar el cierre escalonado, porque durante esos días los ciudadanos no podrán consultar los documentos de inscripción, aunque para nosotros sí correrán los plazos de despacho.
     Respecto a Bruselas, ¿cuáles son las exigencias que les afectan?
     El ministro nos ha pedido de forma perentoria que se acorten los tiempos de crear una empresa. Existe un informe del Banco Mundial que deja a España en una posición no muy brillante dentro del ranking. Es absolutamente injustificado, porque se mezclan conceptos muy diferentes. Los mecanismos de respuesta de los registros son muy breves, el resto del tiempo corresponde a una serie de autorizaciones y trámites que no se puede imputar a los registradores.
     ¿Saben cuánto tiempo tarda la inscripción de una sociedad?
     Al tener el Registro Mercantil y el Central, sabemos con segundos cuánto tiempo transcurre desde que se pide la denominación social, se expiden las certificaciones, se autoriza la escritura pública, se presenta dicha escritura y finalmente se inscribe. Aunque legalmente el registro puede tardar hasta 15 días, la media se sitúa en 10 días, y no los 90 que nos achacan. Sabemos que no es problema nuestro ni tampoco de los notarios. El problema español no reside en asuntos jurídicos, sino en la burocracia administrativa. Habría que sustituir el sistema de autorizaciones por otro de comunicaciones, como ocurre en el sistema anglosajón, donde primero se comunica la creación de un negocio y luego se cotejan los permisos.
     El Registro Mercantil y el de la Propiedad han sido azotados por la crisis, ¿cómo lo ha vivido?
     El aspecto más destacable que hemos visto en el Registro Mercantil es un aumento exponencial de los procesos concursales. Los juzgados mercantiles están colapsados. La caída de la concesión de hipotecas ha originado un menor volumen en el Registro de la Propiedad, sobre todo, en las zonas costeras, capitales y poblaciones importantes, aunque menos en el mundo rural. Cuando hubo el boom inmobiliario, el movimiento fue a la inversa. Algunos lugares de la costa han experimentado una caída del 80%, pero la media se sitúa entre el 30% y 40%.
     ¿Compensaría el Registro Civil el descenso de actividad? ¿Hay abundancia de registros?
    No, porque seguiría siendo gratis. Respecto a la segunda pregunta, sobran muchos registros. En España hay más de 1.000 registros de la propiedad y más de 100 mercantiles. Desde 1975 no se suprime un registro, por motivos políticos.
     ¿Cómo compaginan la transparencia con la intimidad?
    Tenemos el deber de colaboración con determinadas administraciones públicas. Sin embargo, los registradores deben cotejar el destinatario de la información. Hemos hecho una fuerte inversión en tecnología, con la digitalización de todos los documentos, la mayor de Europa, y la utilización de la firma electrónica.
     “No existe solapamiento con el notario”
     El litigio que históricamente ha enfrentado a registradores y notarios quizá tenga en Alfonso Candau su punto final por una razón de peso: su mujer es notaria. Fuera de bromas, el nuevo decano asegura que “desde el punto de vista institucional es cierto que ha habido muchas diferencias entre registradores y notarios, que no comprendemos porque no hay solapamiento ni duplicidades y ambos colectivos actúan en ámbitos de actuación distintos”. “Nosotros trabajamos para defender a terceros”, explica, “entonces no entiendo muy bien la polémica, aunque existir, existe”. Sobre los costes del servicio, sostiene que “hacer la información cuesta” y considera que “es el método más eficaz y ágil. Que sea el usuario el que pague a unos precios oficiales”.

     Xavier Gil Pecharromán 22/01/2010 El Economista
     Alfonso Candau acaba de llegar al Decanato del Colegio de Registradores de España con muchas ideas que poner en práctica. El diálogo, el estudio de soluciones jurídicas, la defensa de los ciudadanos en plena crisis económica, la actualización técnica de los Registros y de las herramientas de trabajo son sus principales bazas para conseguirlo.
     ¿Existen condiciones hipotecarias más duras?
     Existe unanimidad en aceptar las operaciones que consisten en aumentar el plazo sin perder el rango la hipoteca, incluso cuando llegan con el plazo vencido, que tendrían que ser una nueva hipoteca. La ejecución es una operación excesivamente agresiva para ambas partes.
     El Colegio ha hecho un esfuerzo de interpretación para facilitar este tipo de operaciones. Estamos trabajando mucho en novaciones, sobre todo en la ampliación temporal para pagarlo. Los bancos exigen condiciones más duras y menos crédito sobre el valor de la vivienda, lo que está retrayendo la petición de nuevos créditos.
     ¿En qué medida han notado el descenso del precio de la vivienda?
     No está siendo muy notable, porque los precios que nosotros manejamos con los escriturados, que coinciden con los fiscales establecidos por las comunidades autónomas. La caída en el precio no ha sido tan notable como en el número de operaciones, que sí ha sido muy acusado.
     ¿Cuánto ha bajado la actividad en los registros por la crisis?
     Creo que el descenso en la actividad puede situarse en el entorno del 40%, que coincide con la bajada de la actividad inmobiliaria, aunque las diferencias son muy grandes entre las grandes ciudades y las pequeñas poblaciones del interior. Las bajadas van desde cantidades inapreciables en núcleos rurales hasta un descenso del 80%.
     ¿Se ha tocado fondo?
     Estamos en un suave descenso, pero aún queda un poco por bajar. Los registros van a seguir bajando, porque en las operaciones tenemos la última palabra, ya que pasa un lapso desde el momento en que se realizan las operaciones hasta que se documentan en la notaría. Y luego, desde que nos lo envía la gestoría o la notaría. Aunque los registros por ley tardan un plazo máximo de 15 días, las operaciones que se registran llegan con un lapso temporal de meses.
     ¿Qué está ocurriendo con el riesgo de crédito, que se está titulizando, y otros sistemas que están impidiendo las subrogaciones, los cambios de banco, y despertando las protestas de los consumidores?
     Los ciudadanos están firmando muchas hipotecas sin entender a lo que se comprometen y no comprenden que cuando se titulizan se vende y lo puede comprar una entidad de Singapur o de cualquier parte del mundo y exigir una compensación si el titular de la hipoteca decide la cancelación para irse a otro banco que le remunera mejor. El problema es que mucha de estas operaciones no llega al Registro.
     En este sentido, por ejemplo, cuando vemos tipos muy altos tenemos las manos atadas para poder aplicar la Ley Azcárate (Ley contra la Usura) porque existe numerosa jurisprudencia que afirma que ese es un acuerdo entre las partes. Nosotros extremamos los requisitos legales para evitar abusos. Gratuitamente asesoramos a los consumidores sobre operaciones registrables cuando nos traen las ofertas vinculantes que les hace el banco.
     El Boletín Oficial del Estado publicaba un Real Decreto (1/2010) que explica las situaciones en que es necesario presentar en el registro los documentos y cuando es suficiente con la constancia notarial sobre medios de pago ¿Será suficiente para evitar las molestias que se estaban produciendo a los ciudadanos por las diferentes interpretaciones que se realizan?
     Existe un acuerdo sustancial entre notarios y registradores. Los principales desacuerdos estaban en el modo de pago, porque es muy difícil que alguien te traiga las facturas de veinte años pagados de hipoteca. Se ha logrado un equilibrio éntre los intereses de Hacienda y de las Autoridades de Prevención del Blanqueo de Dinero para evitar que se impida el tráfico económico.
     Tenemos una función poco comprendida, pero tenemos la tutela de los derechos generales, incluido el pago de los tributos, que tenemos que hacer cumplir, o evitar las construcciones en la zona de costa en la zona pública. Nuestras interpretaciones son bastante similares.
Catastro y Registro dos realidades que no se aproximan?
     Más que resignación, como Rodríguez Cepeda, lo que constato es que se han producido muchos intentos de coordinar Catastro y Registro, pero la cuestión no está cerrada, porque han fracasado. El problema es que son dos instituciones distintas con fines distintos. El Catastro tiene una finalidad fiscal mientras que los Registros la tienen civil. Desde el Colegio yo reconozco al Catastro el esfuerzo de modernización que ha realizado. Ahora, cada registro lleva su referencia catastral, porque así lo dice la ley.
     Quiero sentarme con el Catastro para tratar de arreglar cualquier diferencia que pueda haber y decirles que no nos vean como a unos competidores. Podemos ir de la mano en muchas cosas. La llevanza de bases gráficas es para nosotros una exigencia legal. Por eso, tenemos el programa Geobase. Además en el siglo XXI no se puede describir una finca diciendo que limita al norte con tal otra? cuando hasta el más modesto utilitario lleva ya su GPS. Tenemos que dar certezas jurídicas.
     ¿Algún día se podrá saber con seguridad la situación urbanística de una finca?
     Todo lo que sea incorporar información jurídica nos parece bien. Actualmente, el sistema nos lo permite, pero los Ayuntamientos tardan mucho en facilitar la información. Además, nos falta saber si la información que nos envían es rigurosa o no. Pero nosotros no calificamos, únicamente decimos si es rústica o urbana a efectos descriptivos.
     ¿Y las dobles inmatriculaciones?
     Las dobles inmatriculaciones son una rareza, aunque crean mucha alarma mediática. Se están impidiendo con la informatización, por la necesidad de constancia catastral de cualquier finca que entra en el Registro. Además, el Programa Geobase, que despierta recelos, si se instaurase completamente evitaría la doble inmatriculación. Se trata de un tema que nos interesa mucho, porque el responsable es el registrador que tiene que pagar las indemnizaciones que se deriven del error.
     En La Ley de Economía Sostenible, se aprovecha una medida registral vigente pero en desuso -la anotación preventiva del crédito refaccionario- para asegurar o garantizar ayudas públicas, así como préstamos o créditos concedidos para la reparación, mejora o rehabilitación de edificios, viviendas o locales comerciales. ¿Qué valor le dan?
     Desde el Colegio no se ha dado impulso a esta medida. Si está bien diseñado jurídicamente y el arrendatario tiene seguridad de que el alquiler no se convertirá en un calvario podrá ser utilizado por los ciudadanos. Estamos estudiándolo a instancias del secretario de Estado de Justicia. Personalmente, creo que está bien diseñado.
     ¿Han encontrado muchas dificultades de interpretación en su actividad en los concursos de acreedores?
     Los concursos de acreedores tienen un problema fundamental que es el colapso de los juzgados, que nada tiene que ver con la Ley Concursal. La directora general de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz, es profesora titular de Derecho Mercantil está trabajando sobre la materia está trabajando sobre la materia al igual que la Comisión de Expertos del Ministerio de Justicia.
     Por otra parte, el portal concursal se creó por el Colegio, pero después se anuló por un problema de rango normativo, pero está hecho y de ese portal se podrían colgar muchísimas resoluciones. El registrador podría participar en los concursos individuales, pero no lo reclamamos.
     Los registradores son la única profesión que se ha presentado voluntaria a colaborar con Hacienda en la prevención del fraude fiscal y el blanqueo, aunque el Notariado considera que es una duplicación de controles ¿A qué se debe esta situación?
     Es una normativa difícil, porque toca, de una parte la normativa profesional y, además, tiene un eco mediático que lo distorsiona todo.  Nosotros estamos en el mismo camino de colaboración de siempre. Muchas de las actividades que se utilizan para el blanqueo no pasan por las notarias, por eso hay que extender los controles. Hay operaciones que de registrarse podrían servir claramente para blanquear dinero.
     Hace unas semanas que la anterior Junta del Colegio presentaba el nuevo edifico de los Registros de Madrid ¿a qué se debe el cambio?
     El edificio de Príncipe de Vergara de Madrid tenía una situación insostenible por hacinamiento y falta de condiciones de salubridad. El nuevo edificio de Alcalá 504 de Madrid será más amplio más limpio y mejor comunicado. Es una operación pensada en un momento de bonanza que tendrá que realizar en un momento de mala situación económica. Creo que quienes diseñaron la operación lo hicieron con la mejor intención y respetando la legislación.
     Queda la enorme tarea de ejecutar la mudanza de los Registros de Madrid. ¿Qué van a notar los ciudadanos?
     La directora general se muestra partidaria de dar unos días de no apertura de los registros, de forma escalonada, pero eso no podrá reducir los tiempos de respuesta, los quince días del registrador, por lo que tendrá que darse más prisa.
     La Ley de Economía Sostenible introduce un nuevo recorte del arancel de los registradores. ¿Considera que los cien euros previstos no remuneran el trabajo realizado entre la notaría y el registro mercantil sociedades exprés como manifestó su antecesor?
     Las cantidades que se están manejando no cubran costes. Unos estatutos de una sociedad se pueden hacer sin problemas, pero en cuento haya que hacerlos artesanales, pues los costes son muy superiores. Con el volumen de plantillas que existe, ya que no se ha despedido prácticamente a nadie, hace que no se cubra el coste. Esta es una certeza cuantificable.
     ¿La digitalización y la simplificación administrativa cambiarán su profesión?
     La profesión no cambiara, la forma de trabajar sí. Da un poco de vértigo pensar que algún día tendrán que desaparecer definitivamente los libros y que todo estará digitalizado.
     ¿Y otras como la de los notarios o la de los gestores administrativos?
     Estas profesiones, como la nuestra, tendrán que ponerse al día en las tecnologías de la información para dar un mejor servicio al ciudadano.
     El Colegio de Registradores tiene una larga carrera internacional para llevar la seguridad de la justicia preventiva por el mundo ¿Seguirán colaborando en el registro de países donde o no existe o no funciona?
     Seguiremos trabajando con los países a petición de sus Gobiernos. Nuestro sistema se percibe como bueno y barato. En Europa se nos ve muy bien y les gustaría tener las instituciones que nosotros tenemos.

     Oficinas de Distrito Hipotecario (RI §1039817)
     21/01/2010
     Decreto 3/2010, de 14 de enero, por el que se encomienda a las Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de Registradores de la Propiedad Funciones de Gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones (BOCYL de 20 de enero de 2010).       

     El artículo 25 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias establece la cesión a las Comunidades Autónomas del rendimiento en su territorio de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones.
     Los artículos 55 y 56 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, atribuyen a las Comunidades Autónomas las competencias de gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Sucesiones y Donaciones.
     El artículo 2 de la Ley 31/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación el alcance y condiciones de dicha cesión establece que el alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comunidad de Castilla y León son los establecidos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
     El día 21 de diciembre de 2009 se ha acordado en la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad de Castilla y León la aceptación por la Comunidad de Castilla y León del sistema de financiación regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Este acuerdo incluye la sustitución de la Ley 31/2002, de 1 de julio, por una nueva ley de cesión de tributos que recogerá que el alcance y condiciones de la cesión de tributos a la Comunidad de Castilla y León son los establecidos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre.
     La disposición adicional segunda del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y la disposición adicional primera del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, permiten a las Comunidades Autónomas, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las Oficinas de Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, funciones en la gestión y liquidación de estos impuestos.
     Los Decretos 2/1988, de 14 de enero, y 346/1991, de 19 de diciembre, establecen la encomienda a los liquidadores de Distrito Hipotecario de la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones dentro del ámbito territorial de su competencia y encomiendan al Consejero de Economía y Hacienda para firmar el Convenio por el que se fijen las cantidades a percibir como compensación de los gastos de gestión.
     El 8 de junio de 1995 se firmó el Convenio entre la Junta de Castilla y León y los Registradores de la Propiedad a cargo de Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario al que se refieren los Decretos antes citados.
     La experiencia acumulada a lo largo de los años transcurridos desde la firma del Convenio y las transformaciones que ha experimentado la gestión de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma en estos años hacen necesario actualizar la relación entre la Junta de Castilla y León y las Oficinas de Distrito Hipotecario en materia de gestión tributaria.
     En este sentido, en la página 61 del “Informe de la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en lo que concierne, respecto al ejercicio de 2008, a la Comunidad de Castilla y León” se señala lo siguiente:
     “En el tiempo transcurrido desde la aprobación del Convenio vigente, catorce años hasta la actualidad, las modificaciones normativas reguladoras de la gestión tributaria y las actualizaciones procedimentales informáticas han sido numerosas; de aquí, que se considere conveniente una nueva redacción del Convenio que permita la actualización de su contenido.”
     En consecuencia, dentro de las competencias de organización propias de la Comunidad de Castilla y León y hasta tanto la totalidad de la gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones sea ejercida por los Servicios de la Consejería de Hacienda, resulta conveniente que las Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de Registradores de la Propiedad sigan ejerciendo funciones relacionadas con la gestión de estos impuestos. No obstante, es necesario actualizar el régimen de ejercicio estas funciones.
     En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de enero de 2009
     Dispone
     Artículo 1.- Competencias de las Oficinas de Distrito Hipotecario.
     Las Oficinas de Distrito Hipotecario ejercerán las funciones de gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones que se determinen en el Convenio de colaboración que se firme entre la Junta de Castilla y León y los representantes de los registradores a cargo de Oficinas de Distrito Hipotecario.
     Las Oficinas de Distrito Hipotecario ejercerán las funciones que se les atribuyan con sujeción a la legislación aplicable en cada momento, a lo establecido en el Convenio de colaboración que se firme con la Junta de Castilla y León y a las instrucciones que dicte la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda.
     Artículo 2.- Autorización al titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
     Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para firmar el Convenio en el que se fijen las funciones a realizar por las Oficinas de Distrito Hipotecario y las compensaciones a percibir por los gastos derivados de estas funciones.
     Disposición derogatoria
     Quedan derogados los Decretos 2/1988, de 14 de enero, por el que se atribuyen competencias de gestión en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y 346/1991, de 19 de diciembre, por el que se encomienda a las Oficinas de Distrito Hipotecario, a cargo de Registradores de la Propiedad, funciones de gestión y liquidación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
     Disposición final primera.- Normas de desarrollo.
     Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para dictar las normas necesarias de desarrollo y aplicación del presente Decreto.
     Disposición final segunda.- Entrada en vigor.
     El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León

     Sevilla, 21 ene. (Europa Press) -
     La Agencia Tributaria andaluza empezará a funcionar el próximo lunes, 25 de enero, según se desprende de una orden de la Junta de Andalucía sobre el inicio de actividad de dicho organismo, que contará con más de 839 efectivos adscritos procedentes de diversos cuerpos.
     Según indicó la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press, este organismo iniciará el ejercicio de las competencias y funciones, que tiene atribuidas por la Ley de creación de la Agencia Tributaria andaluza y medidas fiscales, el próximo 25 de enero.
     No obstante, según indicó dicha orden, el inicio del ejercicio de las competencias y funciones de gestión, de recaudación en periodo voluntario y de revisión de dichas actuaciones en materia de tasas de la comunidad andaluza se producirá el día 30 de junio de 2010.
     De esta forma, el 30 de junio la Agencia delegará las correspondientes competencias y funciones en las consejerías y entidades vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía que presten los respectivos servicios y actividades, “por razones de eficacia, agilidad y, en general, de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía”.
     El día de la fecha de inicio de su actividad, la Agencia asumirá la posición jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda en los una serie de convenios, como los suscritos con cada una de las diputaciones provinciales para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad en cada provincia.
     También la Agencia asumirá la posición de la Consejería en el   convenio suscrito entre la Consejería y los registradores de la propiedad para establecer las condiciones en que las oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los registradores ejercerán las funciones de gestión y liquidación de los impuestos e Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
     También asumirá el papel de la Junta en el convenio suscrito con Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre las funciones y competencias de recaudación en período ejecutivo de todos los tributos propios, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Comunidad, de los recargos que puedan establecerse sobre los tributos estatales, de las sanciones tributarias y de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria de la Comunidad
     También asumirá las competencias de la Junta en el convenio suscrito con el Ministerio de Economía y Hacienda de colaboración para el intercambio de estudios de mercado inmobiliario e información de carácter territorial y económico.
     Asimismo, el día de inicio de la actividad, la Agencia Tributaria de Andalucía publicará en los tablones de anuncios, tanto de los servicios centrales y de las delegaciones provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda como de la sede de la propia Agencia, la relación del personal que, en dicho día, ocupe los puestos de trabajo a que se refiere la orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública y que pasa a depender funcionalmente de los órganos y unidades de la Agencia.
     Esta orden destacó que dicha adscripción de personal “no supondrá en ningún caso modificación de las condiciones de trabajo, se comunicará a las organizaciones sindicales”.
     Publicación de la relación de puestos de trabajo.

     En ese sentido, según la orden conjunta de Economía y Hacienda y Justicia y Administración Pública, también publicada hoy, desde la puesta en funcionamiento de la Agencia y hasta que se resuelva la primera convocatoria de acceso a las especialidades previstas en dicha Ley, el personal que en el momento de dicha puesta en funcionamiento ocupe puestos de trabajo en la Dirección General de Financiación y Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda y en las delegaciones provinciales de la referida Consejería con funciones que se tribuye a la Agencia, mantendrá su dependencia orgánica de la referida Consejería pero pasará a depender funcionalmente de la Agencia.
     De esta forma, en esta segunda orden se publica la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria andaluza, que contempla unos 839 efectivos, en concreto 36 procedentes de la Dirección General de Financiación y Tributos, 84 de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Almería, 25 de la oficina tributaria de Jerez, 70 de la Delegación Provincial de Cádiz, 82 procedentes de la Delegación de Córdoba, 94 de la de Granada, 68 de la onubense, 61 de la Delegación de Economía en Jaén; 151 de la Delegación en Málaga y 168 de la de Sevilla.

     Las compañías presionan a sus caseros
     El precio en la zona más exclusiva de la capital cae un 21%
     Alberto Ortín - Madrid - 21/01/2010 - Expansión
     Torre Picasso; el rascacielos del BBVA; las cuatro torres; las sedes de Ahorro Corporación, Banco Pastor o Metrovacesa. Todos estos inmuebles están situados en el Paseo de la Castellana, la zona más exclusiva de oficinas de España, en Madrid. Los consultores inmobiliarios llaman a ese tramo de vía el “centro del distrito de negocios”, allá donde las multinacionales y primeras entidades financieras sitúan algunas de sus sedes más emblemáticas. La caída del sector inmobiliario español y el incremento del desempleo repercute en el precio del alquiler. Y las compañías presionan a sus caseros con precios a la baja.
     En el centro del distrito de negocios de Madrid el precio del alquiler ha caído un 21%. En Barcelona el descenso en 2009 fue del 12,6%. “Debido al incremento en las tasas de disponibilidad los descensos en los precios han sido superiores al 20%”, explicaron ayer directivos de la consultora Aguirre Newman, que presentó su informe sobre el mercado de oficinas en Madrid y Barcelona correspondiente al segundo semestre del pasado año.
     “Se espera que durante 2010 se sigan produciendo ajustes en los precios en todas las zonas”, advirtieron, aunque destacaron que se espera “que dichos ajustes sean sensiblemente inferiores a los que se han observado durante 2009″.
Aguirre Newman estima que en 2010 entrarán en el mercado madrileño 252.830 metros cuadrados de alquiler destacando los metros cuadrados correspondientes a Torre Cristal, el rascacielos construido por Mutua Madrileña situado junto a los de Caja Madrid, OHL y Sacyr.
     En Barcelona, la consultora inmobiliaria española, con presencia también en Portugal y Estados Unidos, calcula que durante este año se contabilizarán 184.167 metros cuadrados de oficinas que se incorporarán al mercado, el 73% de ellos alejados del centro.
     También en Barcelona los expertos de Aguirre Newman consideran que en 2010 “se espera que los precios continúen con un descenso generalizado, si bien dichos descensos serán más acentuados en las zonas donde se registren unas tasas de disponibilidad más elevadas”.
     En 2009 se produjeron en Madrid y Barcelona 33 operaciones de inversión en edificios de oficinas con un valor de 1.013 millones, un descenso del 38%.

     Los ladrones esperaron a que saliera a comer para robar en su vivienda de Lazúrtegui. Tercer atraco similar en seis meses
     21/01/2010 C. Fidalgo - Ponferrada – Diario de León
     Los ladrones entraron en un piso de la plaza Lazúrtegui.
     A plena luz del día y aprovechando que el dueño de la vivienda había salido a comer fuera. Así desvalijaron el pasado sábado el piso de un notario en la céntrica plaza de Julio Lazúrtegui de Ponferrada. Los ladrones sabían lo que hacían y cuándo podían hacerlo, y fueron capaces de entrar en la vivienda, quitarle los anclajes a la caja fuerte para llevársela con ellos y de paso sustraer joyas y objetos de valor mientras el dueño del piso, avisado por sus vecinos de que algo extraño sucedía en su casa, regresaba a su domicilio, según confirmaron fuentes próximas al caso.
     Se trata de al menos el tercer robo perpetrado en pisos céntricos de Ponferrada en los últimos meses aprovechando que sus ocupantes se encontraban fuera de la vivienda. Los dos primeros se produjeron el pasado verano en la avenida Valdés. Los ladrones entraron entonces en la vivienda de un empresario cuando se encontraba de vacaciones y robaron en su caja fuerte. En septiembre, volvió a producirse otro robo en casa de otro empresario que vive en la misma avenida Valdés y que se encontraba pasando el fin de semana fuera de su domicilio.
     Esta vez los ladrones, en caso de que sea el mismo grupo, se aprovecharon de una ausencia aún más corta y decidieron actuar cuando el notario dejó la vivienda el pasado sábado 15 para salir a comer.
     El notario denunció el robo en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Ponferrada el mismo sábado 16, aunque no hizo ninguna estimación del valor de lo que contenía la caja fuerte, ni de las joyas sustraídas, a la espera de que el seguro se haga cargo. La investigación del caso está en manos de la unidad de Policía Judicial.
     Este periódico se puso ayer en contacto con el despacho del afectado por el robo para conocer su versión, sin que el notario respondiera al requerimiento.

     La amenaza de la demolición pende sobre veinte casas tras anularse sus licencias
     Mónica Torres  20/1/2010 – La Voz de Galicia
     «Fue el día más duro de mi vida, por la impotencia e indefensión que sufrimos, no creo que se pueda explicar con palabras». Tomás Martínez González es uno de los vecinos de A Guarda a quienes la Justicia privó de su casa a finales del año pasado por un fallo de la Administración. Pero el calvario continúa para los dueños de las casas ya demolidas, que inician una larga batalla judicial, con cargo a su bolsillo. Y para quienes tienen las otras 18 licencias, conseguidas en su momento con todas las de la ley, pero sobre las que ya apremian otras doce órdenes de derribo.
     Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza resolvió en enero del 2007 que 21 licencias, concedidas entre 1999 y el 2001 por tres alcaldes distintos, eran nulas por estar «en suelo no urbanizable de interés paisajístico». Un proceso judicial que dirimieron durante años Xunta y Concello, y del que sus principales afectados, los propietarios, nunca supieron. Algunos, hasta que llegó el primer contencioso que, en el 2003, dio la razón al Concello sobre siete licencias, y a la Xunta, sobre otras catorce. Otros se enteraron cuando el Concello paró las obras tras tres requerimientos de la Xunta.  Pero hay quien desconocía la situación hasta que vio la sentencia que anuló las licencias.
     En ese último caso están Luciano Vázquez y Áurea Álvarez, a quienes les vendieron una casa, ya construida, en el 2005. Aseguran que ni la inmobiliaria ni el anterior dueño les informaron de nada irregular, y tienen los documentos oficiales, visados por el notario y por el registro de la propiedad. En este último consta que «la propiedad no se halla afectada por hipotecas, cargas ni gravámenes de clase alguna».
     «No sabíamos nada, compramos y fuimos engañados, posiblemente por todos», afirman explicando que incluso cuando hubo los cambios de titularidad de la contribución, el agua o el saneamiento, tampoco nadie los alertó en el Ayuntamiento. Su intención, como la de los demás afectados es «agotar todas las vías para salvar nuestra vivienda.   Pedimos humildemente a la Xunta que colabore con el Concello y dé una solución, la culpa no es de un solo partido, porque 19 de las licencias las dio el PP y las otras 2, el PSOE», apelan.
     Los afectados denuncian su indefensión: «Si nos hubieran avisado en el 2001 del primer requerimiento de la Xunta muchas obras no se habrían iniciado». A eso se le suma ahora «la falta de información», explica el presidente de la plataforma que han constituido, José Ángel Verde. En diciembre presentaron unas propuestas al Concello, y «aún no nos han contestado ni notificado nada, nos enteramos por la prensa», denuncian. «Xunta y Concello son como un matrimonio mal avenido, se enzarzan en la pelea en vez de atender a sus contribuyentes, solo queremos que asuman su responsabilidad y nos indemnicen», dice Verde.
     El alcalde, José Manuel Domínguez Freitas, confirma que se han apelado las nuevas 12 órdenes de derribo. Alegan que, por igualdad, debería asumirlas la Xunta, como se hizo con las tres primeras, de las que el juzgado responsabilizó a la agencia de la legalidad urbanística. Aún no hay respuesta, pero la fórmula abre la puerta a la posibilidad de que los afectados no tengan que pagar también los derribos, unas obras que nunca bajarían de los 60.000 euros por cada propiedad.
     Ahora está pendiente una reunión entre el conselleiro Hernández y los portavoces municipales, y también varias incógnitas por resolver para dirimir responsabilidades. Eso se batallará en los juzgados, pero en lo único que están de acuerdo todas las partes es en que en este caso «los vecinos son solo víctimas, porque siempre actuaron legalmente».

     20-01-2010 , María A.Caro - Expansión
     Los empresarios lamentan el bloqueo de la reforma laboral y piden transparencia y solidez jurídica para salir de la crisis.
      “En los últimos dos años se han destruido dos millones de puestos de trabajo en España y todavía no hay una reforma de trabajo encima de la mesa”.
     Así se manifestaba ayer el presidente de Adecco, Enrique Sánchez de León, en la jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Nuevos valores, nuevos liderazgos; hacia el fortalecimiento de la sociedad civil.
     En un repaso a las causas de la crisis, los participantes firmaron que, aunque el origen es de índole financiera, la falta de valores, la ambición cortoplacista y la falta de prudencia han tenido parte de culpa.
     El presidente de La Caixa, Isidro Fainé, afirmó que es necesaria “transparencia” y “solidez jurídica internacional” para superar la crisis, con especial incidencia en el sistema financiero. “Llevamos tiempo sin defender valores clave para el desarrollo de la sociedad”, afirmó el presidente de la APD, José María Aguirre, en referencia al beneficio “sin sufrimiento”, sin esfuerzo y sin trabajo, que lleva a “matar la innovación y el deseo de triunfar”.
     Sánchez de León destacó que es necesario que las empresas “se reconduzcan conforme a la ética, la responsabilidad y el sentido común y, por encima de todo, la puesta en marcha de políticas de buen gobierno y responsabilidad social corporativa”.
     En esta línea, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, subrayó que se han perdido principios como “la prudencia y la moderación”. Asimismo, destacó que la ética es fundamental en cualquier organización “no sólo en la consecución del éxito a largo plazo, sino en la supervivencia”.
     Finalmente, Antonio Garrigues, presidente del bufete Garrigues, insistió en que si sigue avanzando la corrupción, “la sostenibilidad de los valores empresariales se pone en cuestión”. Pero llamó al optimismo y contó que ha vivido varias crisis y “casi siempre se sale mejor de lo que se entra”. Los datos históricos muestran que nunca en España el ahorro se había disparado tanto, lo que, dijo, denota “inseguridad”.

     elEconomista.es/Agencias 20/01/2010
     La escuela de negocios ESADE ha publicado hoy sus previsiones económicas para 2010. Su visión sobre lo que ocurrirá con los tipos de interés es la más llamativa. Habla de tasas que podrían alcanzar el 4% en los próximos 18 meses, porque el encarecimiento del precio del dinero “tendrán lugar antes de lo que imaginamos”.
     Las previsiones han sido realizadas por Francesc Xavier Mena, profesor del Departamento de Economía de ESADE, y Xavier Adserà, presidente del Instituto Español de Analistas Financieros.
     Argumentan que las subidas de tipos se deberán a la necesidad derivada de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo de retirar los estímulos monetarios consistentes en la barra libre de liquidez, por lo que es necesario el aumento de las tasas.
     A pesar de la paulatina salida de la recesión económica, Mena alerta de la posible amenaza de caer en una “salida en falso” de esta crisis, lo que sería una evolución de la economía en forma de W. “Si no se realizan los cambios adecuados, existe un gran riesgo de recaer de nuevo”, afirma el profesor de ESADE.
     En cuanto a los primeros países que saldrán de la crisis, ESADE apuesta primero por Estados Unidos, seguido por Alemania como primer país europeo y, tras los germanos, el resto de países europeos. Japón sigue en dificultades “para consolidar su repunte económico” y China puede ser víctima de “una burbuja de activos inmobiliarios y financieros”. Por otro lado, España irá “a remolque de los acontecimientos, como consecuencia del derrumbe inmobiliario”, sentencian los expertos.
     Situación de España
     La economía española dejará de estar “en caída libre” este año, ya que empezará a registrar las primeras tasas positivas del PIB en términos intertrimestrales, pero en el conjunto del ejercicio experimentará una caída interanual de entre el -0,1% y el -1,1%, según las previsiones de ESADE.
     No obstante, afirma que si la política económica y los agentes sociales consensúan las reformas y ajustes necesarios, la economía española podría acabar el ejercicio 2010 con tasas positivas de crecimiento.
     Según las estimaciones de ESADE, España no alcanzará de nuevo la tasa de crecimiento potencial del PIB generadora de empleo neto significativo hasta 2013. En 2010, la tasa de paro seguirá deteriorándose, particularmente durante el primer trimestre, con tasas cercanas al 21% a finales de año.
     En este contexto, pronostica un incremento de la economía sumergida, particularmente entre el colectivo de inmigrantes desempleados, con los consiguientes “efectos negativos” en la seguridad laboral, la recaudación fiscal y la equidad competitiva.
     Para mejorar la situación del mercado laboral, ESADE propone un conjunto de reformas que “homologue” a España con Europa. Entre ellas, apuesta por una reducción “drástica” de la dualidad a lo largo de la vida laboral, por la protección del desempleo que incentive la reincorporación a la actividad, políticas activas de formación, cooperación entre los servicios públicos y las empresas privadas de colocación y negociación colectiva a nivel de empresa.
     En cuanto a la inflación, ESADE espera que en 2010 se sitúe en el 2%, aunque indica que podría superarse en función del impacto del aumento del tipo impositivo del IVA -a partir de julio- y del resto de la fiscalidad.
     Actuación del Gobierno
     Sobre la política fiscal del Gobierno, considera que ha consistido en “parches coyunturales” (la deducción de 400 euros, el plan de inversión local o la ayuda a la compra de automóviles), “que se agotan en el tiempo”. En este contexto, prevé que el déficit público alcance el 10% del PIB en 2010 y augura un aumento de la presión fiscal y un “severo ajuste” de los programas de gasto para volver a tasas del 3% en 2013, tal y como exige Bruselas.
ESADE advierte también de que el nivel de deuda pública está creciendo “vertiginosamente”, aunque cree que aún se sitúa en niveles “sostenibles”. “El repunte de los tipos de interés y alguna eventual degradación del ‘rating’ encarecerá esta partida presupuestaria, aunque no alcanzará la situación de Grecia, Irlanda o los países bálticos”, subraya la escuela de negocios.

     Javier Ardalán – Capital News - 21 enero 2009
     El Gobierno no para en la adopción de medidas fiscales que aseguren la recaudación y que cada vez menos ciudadanos escurran el bulto. Así, es necesario tener en cuenta que hoy entran en vigor nuevos controles. Desde ahora, las entidades de crédito están obligadas a informar, a través de una declaración anual, de todos los  ingresos y cobros en metálico por un importe superior a 3.000 euros, cualquiera que sea el medio físico o electrónico utilizado, ya estén denominados en euros o en cualquier otra moneda.

     También deberán incluir en su declaración anual los saldos que superen los 6.000 euros, existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos por ellas concedidos en la que se debe incluir el nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y el número de identificación fiscal del acreditado o prestatario.
     Además, las entidades bancarias o de crédito que prestan el servicio de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito a empresarios y profesionales establecidos en España también realizarán una declaración informativa anual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos a este sistema cuando el importe neto anual de los mencionados cobros exceda de 3.000 euros. Esta declaración deberá contener una identificación completa de estos empresarios y profesionales.
     Estas nuevas medidas están contenidas modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, a través del Real Decreto 1/2010, de 8 de enero (publicado en el BOE del pasado 19 de enero).
     Se da un nuevo tratamiento normativo a aquellos supuestos de creación de entidades con la única finalidad de transmitir posteriormente sus acciones, participaciones o títulos representativos de los fondos propios a terceros. Se solicita la declaración de que la entidad se constituye con la finalidad específica de la posterior transmisión a terceros de sus participaciones, acciones y demás títulos representativos de los fondos propios, y de que no realizará actividad económica hasta dicha transmisión.
     Así, se pospone el cómputo del plazo para el inicio de la actividad de la entidad, a efectos de la revocación del número de identificación fiscal, y, a cambio, se establece la obligación de facilitar determinada información censal.
     Se introduce una esperada modificación, que va destinada a que aquellos obligados tributarios que deben presentar electrónicamente la información contenida en los libros-registro del IVA o del IGIC, puedan seguir suministrando la información correspondiente a las compensaciones agrícolas satisfechas a personas acogidas al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca a través de la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347).
     Para evitar la duplicidad en el suministro de información sobre los planes de previsión social empresarial, quedan eximidas las empresas que instrumenten compromisos por pensiones a través de dichos planes de informar al respecto.
     Con respecto a la siempre polémica prescripción de los actos administrativos, se introduce un importante cambio en la regulación que establece que se incluyen entre las interrupciones justificadas las derivadas de la solicitud de datos o documentos del contribuyente que ya obran en poder de la Administración.
     A partir de ahora, en el ámbito de la Administración electrónica se introduce un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones pueda finalizar como consecuencia del inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos distinto por parte de Hacienda.
     Se clarifica otro aspecto polémico, como es el derecho que tiene la Administración de comprobar las liquidaciones practicadas en las aduanas, incluso cuando hayan sido ya objeto de comprobación administrativa para el levante de las mercancías.
     No menos importante resulta también la modificación que se incluye del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado. Con esta normativa trata de ponerse fin a uno de los aspectos normativos que más refriegas ha generado entre notarios y registradores. Así, se especifican los medios de pago, los datos concretos deberán quedar incorporados en el documento público, ya sea a través de acreditación documental, ya sea vía manifestación ante el notario, constancia que implicará que dicho medio de pago se deba entender suficientemente identificado, permitiendo el acceso al Registro de la Propiedad del instrumento público.
     El Consejo General del Notariado deberá informar a Hacienda de cada caso en el que no exista identificación de las cuentas de cargo y abono cuando el medio de pago sea la transferencia o la domiciliación bancarias.
     El sector de la energía también sufre cambios a través de este amplio Real Decreto. Así, se modifican algunos aspectos de la expedición de facturas por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los distribuidores y de los productores de energía eléctrica en régimen especial o de sus representantes.
     Finalmente, se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, para establecer una exclusión tanto de soportar como de practicar retenciones, de carácter subjetivo, para la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, en relación con las rentas derivadas de los préstamos de valores realizados por dicha entidad como mecanismo de aseguramiento de la liquidación en plazo de las operaciones bursátiles.

     Balance anual del consejo general del poder judicial
     El año pasado, el CGPJ calculó que llegaría a los 76.463, finalmente fueron 38.000 más
     Las previsiones del ministerio fiscal para 2010 son alcanzar las 118.000 ejecuciones
     La OCU recomienda plantearse vender la casa si las dificultades económicas son serias
     19/01/2010 Europa Press– El  Mundo. Madrid.- Las ejecuciones hipotecarias (procesos de embargo de viviendas) han desbordado todas las previsiones. En 2009, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó un total de 114.000 ejecuciones hipotecarias, cuando sus propios cálculos estimaban, al principio del ejercicio, que 76.463 ejecuciones. El balance duplica las 58.688 ejecuciones registradas en 2008, y prevé un aumento de estos procedimientos judiciales en 2010, hasta alcanzar los 118.000, según los datos elaborados por el CGPJ recogidos por OCU.
     La crisis económica ha disparado los procedimientos de ejecuciones hipotecarias que, en su mayoría, se saldan con el embargo del inmueble y su posterior subasta por la imposibilidad de hacer frente a los pagos de los créditos concedidos por las entidades bancarias.
     Para evitar el impago de la hipoteca, la OCU recomienda, en primer lugar, alargar el plazo del préstamo realizando con su entidad una novación del préstamo hipotecario [Vídeo: ¿Y si dejo de pagar mi hipoteca?] con la finalidad de disminuir el importe de las cuotas mensuales. La asociación recuerda que el 22 de abril de 2010 se acaba el plazo para poder realizar la ampliación del préstamo de manera gratuita.
     En caso de que las dificultades económicas sean más serias, la OCU recomienda al afectado plantearse la venta de la vivienda antes de llegar a una situación extrema para poder realizar el traspaso en mejores condiciones que las de las subastas judiciales, en las que el precio de remate suele estar por debajo del precio de mercado.
     Además, si decide vender la vivienda que no puede pagar, se ahorrará las cuantiosas cargas y gastos que supone el procedimiento ejecutivo de la hipoteca, ya que con el importe de la venta podrá saldar su deuda pendiente.

     Evitar la reunificación de deuda
     La asociación recomienda al hipotecado evitar acudir a las entidades de reunificación de deudas, que se ofrecen como salvadores en situaciones difíciles, ya que su única función es actuar como intermediarios entre los clientes y las entidades financieras, llevándose cuantiosas comisiones por ello.
     Por último, la OCU recuerda que cuando se trata de la vivienda habitual, es posible rehabilitar los préstamos hipotecarios, una vez iniciado el procedimiento de ejecución. En estos casos, en lugar de considerarse vencida la totalidad de la deuda, existe la opción de seguir con el préstamo hipotecario siempre que se paguen sólo las cuotas adeudadas más los intereses de demora y costas correspondientes.

     18-01-2010 , por M.Valverde/M. Tejo. Madrid - Expansión
     La patronal ha encontrado cien trámites administrativos que obstaculizan el desarrollo de las compañías, les resta competitividad y dispara sus costes.
     El escritor checo Franz Kafka (1883-1924), genio de la descripción del absurdo con un relato minucioso hasta parecer real, encontraría una mina de inspiración en los problemas que tienen las empresas para trabajar con el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
     Bien podría ser ésta la conclusión de los trabajos que ha realizado la patronal CEOE para señalar y describir las trabas administrativas que tienen las compañías en forma de trámites para obtener permisos, repetición o disparidad de normativa; tiempo consumido ante la ventanilla u horas de navegación por Internet en busca de no se sabe qué.
     Una carrera en la que CEOE ha encontrado en conjunto 97 obstáculos en las tres administraciones, y cuyo coste global para las empresas asciende a 3.300 millones de euros al año. Es decir, más de un 200% del coste inicial previsto por la patronal en sus primeras estimaciones, cuando calculó una suma final de 1.000 millones de euros.
     La patronal ha recopilado durante meses las quejas que sobre esta cuestión han trasladado las empresas a sus 4.500 organizaciones, con el objetivo final de explicar este problema al Gobierno. De hecho, estos trabajos son el resultado de los convenios que Elena Salgado firmó al respecto el año pasado con la patronal y las Cámaras de Comercio cuando era ministra de Administraciones Públicas. Precisamente, CEOE está a la espera de presentar su informe con la vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, que es la que, posteriormente, asumió las competencias sobre el funcionamiento de la Administración.
     Regulación excesiva
     Así, la patronal ha hecho constar al Gobierno que «un excesivo e inadecuado marco regulatorio impone [a las empresas] una serie de obligaciones de información, trámites y otras cargas administrativas muchas veces innecesarias estableciendo barreras al libre desempeño de la actividad, con el consiguiente coste añadido».
     En este punto, la confederación empresarial critica con frecuencia, y sobre todo, la abundancia de normativa que, en especial, emiten las comunidades autónomas y, en no pocas ocasiones, los ayuntamientos que conducen a las empresas a situaciones absurdas. Por ejemplo, que los trámites efectuados en una zona no sirven, o están incompletos, a cincuenta o cien kilómetros de distancia.
     De la misma manera que las comunidades autónomas con lenguas cooficiales junto al español exigen a las empresas que quieren invertir en ellas que tengan en cuenta esta circunstancia, lo que también repercute en los gastos.
     El informe Hacer negocios en España 2010 –Doing Business in Spain 2010 – del Banco Mundial corrobora los resultados que CEOE presentará a la vicepresidenta. Respecto a la facilidad para emprender en España, el país ocupa el puesto 62 de la tabla que componen los 183 enclaves analizados. Sin embargo, es la clasificación más baja de la eurozona, sólo empeorada por Italia, que ocupa el puesto 78.
     Los dos talones de Aquiles más importantes que detecta el Banco Mundial se encuentran en el enorme número de recursos y tiempo para levantar una empresa y en la rigidez laboral. Para emprender un negocio, se requiere un tiempo medio de 47 días y resolver, de media, 10 procedimientos administrativos diferentes. En la escala de cero a cien, España obtiene una nota de 78 respecto a las trabas para despedir a trabajadores, mientras los excesivos costes salariales le dan una calificación de 56.
     El otro dedo en la llaga es la tributación. Las firmas españolas soportan hasta ocho clases de impuestos distintos, a los que dedican 213 días al año. En total, las empresas dedican a impuestos (entre cotizaciones, el pago de Sociedades y otros gravámenes) el 56% de su beneficio bruto.
     Por todas estas razones, la patronal ha tomado la palabra al Ejecutivo tras el compromiso de éste de reducir en un 30%, y para 2012, las trabas administrativas a las empresas que, a su vez, procede de un mandato de la Unión Europea que obliga a recortar las trabas administrativas en un 25%; cinco punto menos que el objetivo trazado por el Gobierno.
     ¿Qué son 3.300 millones de euros?
     1. Es más que el presupuesto que el Ministerio de Educación dedicará a becas en 2010, con 3. 088 millones de euros, o un poco menos que el de Política Exterior, con 3.545 millones
     2. Son una suma superior a los 2.850 millones de euros que tendrán este año las subvenciones de cotizaciones sociales para el fomento del empleo indefinido.
     3. Es exactamente la cantidad que, en total, pidió el año pasado la General Motors a los Gobiernos para reestructurar sus plantas de Opel en Europa.

     Seguirá subiendo hasta finales de año
     La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas volvió a repuntar en noviembre hasta 5,05%, la más alta desde junio de 1996, cuando se situó en el 5,06%, según datos del Banco de España.
     Ep - Madrid - 18/01/2010 Cinco Días
     La morosidad del sector financiero descendió en septiembre hasta el 4,85% desde el 4,93% de agosto, pero en octubre volvió a repuntar hasta el 4,99% y en noviembre continuó la senda alcista hasta casi duplicar la de hace un año, cuando se situaba en el 3,20%.
     Los créditos totales alcanzaron 1,83 billones de euros, un 1,6% menos que hace un año, mientras que los créditos dudosos se situaron en noviembre en 92.624 millones, casi el doble que en noviembre de 2008 (59.888 millones).
     Excluyendo los establecimientos financieros de crédito (EFC), que tienen una morosidad muy elevada, el dato de la morosidad se situó en noviembre en el 4,92%, frente al 4,86% del pasado mes de octubre y el 3,11% de noviembre de 2008.
     Los EFC mantuvieron su morosidad en noviembre en el 9,79%, con un total de créditos concedidos de 47.256 millones de euros y una cartera de dudosos de 4.627 millones de euros. Sin los EFC, los créditos totales del sector alcanzaron los 1,78 billones, mientras que los dudosos se situaron en 87.997 millones de euros.
     El sector reconoce que la morosidad continuará aumentando hasta finales de año como consecuencia del deterioro de la actividad económica y el aumento del paro, aunque el crecimiento mensual se ha moderado.
     Ante este escenario, las entidades han elevado sus esfuerzos para paliar los efectos de la mora y sus provisiones han crecido de manera notable en el último año. En concreto, en noviembre las provisiones para créditos alcanzaban los 54.258 millones de euros, un 26,8% más que hace un año. Del total, 2.727 millones correspondían a los EFC.
     Las cajas mantienen la mora y los bancos la elevan
     Las cajas de ahorro continuaron liderando la mora del sector tras los EFC, pero lograron contener su crecimiento en noviembre, ya que cerraron este mes con el mismo nivel que octubre, el 5,26%. Por el contrario, los bancos recortaron su distancia con respecto a las cajas, ya que situaron su ratio en el 4,70%, frente al 4,59% de octubre.
     La morosidad de estas entidades continúa en niveles máximos históricos. Así, las cajas tiene las tasa más elevada desde abril de 1996, cuando se situó en el 5,27%, mientras que los bancos situaron la tasa de noviembre en la cota más alta desde febrero de 1996 (4,84%).
     Además, las cajas de ahorros cerraron noviembre con 48.469 millones de euros en créditos dudosos, respecto a un total de 883.340 millones de euros de créditos concedidos, un 0,56% menos que hace un año, mientras que las provisiones se elevaron hasta los 25.393 millones de euros (+27,7%).
     Los bancos, por su parte, concedieron 790.858 millones de euros en créditos, un 2,46% menos que hace un año, y los dudosos se elevaron hasta los 37.249 millones de euros, 16.000 millones de euros más que hace un año. Las provisiones también continuaron su tendencia al alza y cerraron noviembre en 22.807 millones de euros (+22,2%).
     Por último, las cooperativas de crédito, que situaron su mora en el 3,86%, sólo a un 0,01 centésima por encima del nivel de octubre, concedieron 96.719 millones de euros en créditos, con un total de 3.740 millones de euros en créditos dudosos. Las provisiones también fueron las más bajas del sector, con 2.712 millones de euros.

     El futuro, despachos con presencia nacional
     N. Sanmartin Fenollera - Madrid - 19/01/2010 - Cinco Días
     La eliminación del principio de territorialidad en el ejercicio de las profesiones colegiadas es uno de los cambios que ha traído consigo la adaptación a la Ley Ómnibus. Desde el pasado 27 de diciembre, la incorporación a un solo colegio profesional -el del domicilio profesional o principal- es suficiente para ejercer en toda España “sin necesidad de colegiación, comunicación ni habilitación alguna”.
     Los procuradores, que durante la tramitación de la normativa se opusieron a esta medida, están especialmente preocupados por las consecuencias que tendrá para el ejercicio eficaz de su profesión. “El principio de territorialidad definía muy bien la profesión. Nosotros trabajamos, como quien dice, a pie de obra, nuestra labor nos exige un contacto diario y permanente con los tribunales y eso es muy difícil de garantizar cuando hay distancias”, resume Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España.
     Según Estévez, los efectos de la medida se harán sentir “en las distancias cortas”, es decir, impulsarán la movilidad entre procuradores que operen en partidos judiciales cercanos, y más difícilmente, en las largas. “Como no puede ser de otra manera, nosotros exigiremos el mismo compromiso profesional a todos los procuradores, vengan de donde vengan, y sancionaremos a quienes no cumplan adecuadamente con ese compromiso”, señala.
     El decano del colegio de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, reconoce que la profesión está preocupada. “La territorialidad ha sido uno de nuestros pilares desde hace siglos y su eliminación nos va a obligar a realizar un esfuerzo de organización importante que conllevará un gasto elevado”, explica.
     Según Álvarez-Buylla, el primer efecto de la medida se hará notar dentro de los propios colegios. “En Madrid, por ejemplo, donde tenemos 21 partidos judiciales, se producirá una movilidad importante entre procuradores que antes operaban en su propio partido. De hecho, me consta que ya se está produciendo”.
     Todo ello, reconoce, perjudicará principalmente a los pequeños profesionales “porque los grandes cuentan con una infraestructura mayor, lo que les permite actuar a distancia con más facilidad”.
     El decano considera más difícil, sin embargo, que esa movilidad se lleve a la práctica entre distintos colegios dentro de todo el territorio español. “Las notificaciones telemáticas están todavía muy poco informatizadas, trabajamos mayoritariamente con papel, por lo que la presencia física del procurador es fundamental”, explica.
     Para hacer frente a esas dificultades, se están produciendo ya los primeros movimientos de alianza entre profesionales de distintos territorios. “Conozco a compañeros que están asociándose a través de acuerdos de colaboración con procuradores de toda España para poder ofrecer cobertura en todo el territorio, eso sí, son acuerdos al 50%”, apunta la procuradora Soledad Urías, quien tiene constancia de que hay despachos de abogados que están recibiendo ya ofertas de procuradores en este sentido.
     Urías coincide en que la eliminación de la territorialidad perjudicará al pequeño profesional. “Es evidente que los grandes procuradores tienen muchos más contactos que los pequeños con abogados y otros procuradores de toda España”. Otra medida preocupante, a su juicio, es la eliminación del desembolso que hasta ahora los profesionales debían efectuar para colegiarse, algo que “masificará y perjudicará a la profesión”.

     19-01-10 , C. De Angelis Barcelona - Expansión

     Antonio Cumella, uno de los 1.100 registradores de la propiedad que hay en España, es decano de este cuerpo en Catalunya desde hace cuatro años.
     Acaba de convocar elecciones para el próximo marzo, cuando dejará el decanato del Colegio de Registradores, aunque seguirá vinculado al proyecto Concordia para el impulso de una ley de seguridad jurídica preventiva.
     ¿Cómo definiría el actual momento de la profesión y su prestigio?
     El Registro de la Propiedad es el instrumento más eficaz de seguridad jurídica inmobiliaria. El sistema español es uno de los más prestigiosos del mundo, recomendado por los organismos internacionales para países emergentes.
     “Catalunya ha sido leal y sensata en el despliegue de sus competencias sobre los registros”
     ¿Cómo van en el uso de nuevas tecnologías?
     Estamos a la vanguardia de todas las tecnologías. No sólo en la obtención de información por parte del ciudadano, que puede recibir la respuesta a una consulta en una hora y tres minutos [en el caso de Catalunya]. Somos pioneros en la presentación telemática de documentos y en su puesta a disposición de las administraciones. En el futuro los registros también incorporarán información ambiental y urbanística sobre los inmuebles.
     El Estatut confiere a Catalunya nuevas competencias en registros de la propiedad. ¿Hay un riesgo de ruptura de la unidad de mercado?
     La competencia sobre los registros es del Estado, pero Catalunya tiene algunas funciones ejecutivas. Un ejemplo es la definición de las demarcaciones registrales, así como la normativa que regula los recursos contra los registradores cuando afecta a figuras propias del derecho catalán, que es muy rico. Catalunya está ejerciendo sus competencias con lealtad institucional y con mucha sensatez.
     ¿Cuales han sido los otros ejes de su mandato?
     Hemos administrado las oposiciones al cuerpo de registradores, que se han realizado por primera vez fuera de Madrid, junto a las de Sevilla. También hemos estrechado las relaciones con otras instituciones jurídicas, especialmente los notarios, en favor de la seguridad jurídica. Había cierta tensión entre ambos colectivos y junto al decano de los notarios hemos impulsado un escrito con ideas para una futura ley de seguridad jurídica preventiva. Esto ha dado lugar al movimiento Concordia.
     ¿Con la crisis, cuánto ha bajado su actividad?
     A la mitad. Desde verano de 2007 hemos sufrido la crisis inmobiliaria y no se ha movido hasta ahora. Mientras no aumente el crédito, siga habiendo tanto paro, no suba el consumo y hasta que no bajen todavía más los precios de los pisos, hoy en día no se hace una venta.
     El impacto fue muy rápido.
     “La actividad ha bajado a la mitad y la mayoría de los documentos que nos entran son de crisis”
     A partir del verano de 2007, bajó en picado, y hoy tenemos muy pocas ventas y muy pocas hipotecas –han caído un 80%–, y en cambio muchos documentos de crisis, como concursos de acreedores, ejecuciones de hipotecas a morosos, aumento del plazo de las hipotecas… el mercado inmobiliario está parado.
     ¿Hemos tocado fondo?
     Se ha tocado fondo, pero vamos a estar todavía una temporada viviendo en el fondo. No creo que esto vaya a remontar en 2010.
     ¿No notan una mejora?
     No, y no soy muy optimista sobre que los bancos vayan a conceder este año mucho más crédito para comprar pisos. Pienso que una parte del activo inmobiliario de las entidades financieras puede salir al mercado en 2010, pero eso ni mucho menos compensa el bajón tan brutal que hay.
     ¿La actual crisis ha sido peor que la de 1992-1993?
     No tiene nada que ver. Entonces había negocio inmobiliario en la especulación y hoy, con la caída de los precios, no lo hay. Se ha estado dando crédito muy alegremente, con tasaciones muy al alza.
     ¿Qué salida le ve al sector?
     Tiene que subir el consumo y bajar el paro, y hace falta que los bancos abren el crédito. Además, todavía deben bajar más los precios, más allá del descenso del 15% registrado desde 2008. También puede tener futuro el alquiler de viviendas con opción de compra: es una figura que está en crecimiento.
     Funcionarios y profesionales liberales a la vez
     La figura de los registradores de la propiedad –inmobiliario, mercantil y de bienes muebles– es una de las pocas instituciones funcionariales en las que su titular es al mismo tiempo funcionario público y gestor empresarial de su despacho. Esto permite, según Cumella, una gestión “mucho más eficaz” de aspectos como el personal y el equipamiento de las oficinas.
     Aunque la regulación impide la libre fijación de tasas u horarios, sí se permite la autogestión de la oficina en régimen empresarial. El acceso a una plaza de registrador requiere de una carrera de Derecho y pasar una de las oposiciones más duras. En Catalunya, se pasará de 170 a 203 registradores de la propiedad.

Curioseando Hojaderuta.info

1. uno dice:
26/11/2009 a las 01:40
Al márgen de la anécdota del periodista, esta entrada nos proporciona la ocasión de preguntarnos en qué se está gastando el copioso presupuesto del consejo general y para qué está sirviendo tanto observatorio (de la sociedad de la información, de la vivienda).A la hora de la verdad nos las están dando una detrás de otra y nuestro consejo sólo hace que poner la otra mejilla (la nuestra) y la pasta (también nuestra). Con amigos como los que tenemos no necesitamos ningún enemigo, pero aún así el consejo se ha buscado un enemigo fijo, de plantilla: los registradores.¡Leña al mono!.
 

uno dice:

04/12/2009 a las 13:56
Hace tiempo que circulaba el rumor de que el mismo periodista pasaría a dirigir la REVISTA ATLANTICA de la Academia Canaria del Notariado, lujoso juguete de Guerrero y Cavallé, desde el que el notario Del Moral se dedica a buscarle las vueltas a los registradores cuando no lo está haciendo desde la asociación de usuarios de los registros que preside (y que posiblemente sea algo unipersonal o estrictamente familiar e íntima) o a través de Unión Progreso y DEmocracia que con tal de hacerse notar se apunta a un bombardeo.

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     16-01-10 , J. M. Lamet - Expansión
     “Los bancos priman la financiación de sus viviendas con respecto al resto”. Hasta ahí nada nuevo. Pero, ¿cuánto? Los expertos del sector inmobiliario calculan que el coste hipotecario de un piso medio comprado a la banca es un 30% inferior al del mismo inmueble adquirido a un promotor y financiado en la misma entidad.
     El objetivo: deshacerse del importante volumen de ladrillo que han tenido que tragar desde que se recrudeció la crisis inmobiliaria. El tiempo apremia aún más si se tiene en cuenta que ahora las entidades tendrán que aumentar las dotaciones a provisiones desde el 10% al 20% del valor de tasación de las casas cuando haya transcurrido un año desde su apunte en el balance.
     La banca cobra un interés del 2,5% a sus pisos cuando al resto le exige un 5%, de media, según las estimaciones de la consultora R. R. de Acuña & Asociados, calculadas a partir de las últimas cifras disponibles de la Asociación Hipotecaria Española, del Colegio de Registradores (referentes al tercer trimestre de 2009) y de su propia base de datos.

     “Los bancos están cobrando por sus pisos las ofertas que anuncian, de media, pero introducen una prima de riesgo a las hipotecas del resto de inmuebles”, explica Fernando Rodríguez de Acuña Martínez, del departamento de análisis de la consultora.
     Así, para dos pisos iguales de 200.000 euros, hipotecados ambos al 80% por 25 años, la cuota hipotecaria mensual del inmueble que vende la entidad financiera sería de 717,79 euros, y la de la casa comprada en el resto del mercado, 935,34 euros. Un 30,3% más. Cada año, pagarían 8.613,5 euros y 11.224 euros, respectivamente.
     Al final del periodo de amortización, el comprador de la vivienda perteneciente a la entidad financiera acabaría pagando 215.337 euros de hipoteca, y el dueño del otro piso, 280.602 euros. Ni más ni menos que 65.265 euros de diferencia hipotecaria por un piso medio. Esa diferencia daría para pagar una VPO en algunos municipios. En el caso de una casa de 400.000 euros, un préstamo costaría 130.530 euros más que el otro. Y así sucesivamente…
     Todo esto sin tener en cuenta que, por lo general, la banca da el 100% de financiación a sus inmuebles y no más del 80% al resto. De hecho, según el Banco de España, sólo un 11,2% de los préstamos hipotecarios concedidos en el segundo trimestre de 2009 superaron ese umbral.
     Esta ventaja competitiva que obtienen los inmuebles en poder de las instituciones de crédito no está siendo bien acogida por algunos. Según los agentes de la propiedad inmobiliaria (apis), “se está asfixiando, cercenándoles el mercado, a aquellos promotores que pueden y quieren sobrevivir por sí mismos, sin tener que recurrir a procedimientos concursales, daciones convenidas o soportar embargos (…) Sucede igual en la vivienda usada”.
     “Rotundamente afirmamos que perjudica el mercado de transacciones inmobiliarias y distorsiona la libre competencia en el mismo”, señala Joan Ollé Bertrán, presidente del Colegio de Apis de Cataluña, en una tribuna publicada en su web (www.ollebertran.com).
     Ollé denuncia, incluso, que en algunos casos “los propios empleados del banco o caja, ante la petición del cliente le aconsejan redireccionar su búsqueda hacia inmuebles de su institución”.
     La VPO, protección para compradores, bancos y cajas
     La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dio, a finales de diciembre, una buena noticia inmobiliaria a las entidades financieras. Las filiales inmobiliarias que están creando las entidades financieras podrán pasar sus pisos libres a protegidos (VPO) y deshacerse de esa losa que tanto pesa en sus balances. Además, las VPO clasificadas para su venta podrán pasarse también al mercado del alquiler, según anunció.
     “Falta por ver si estos pisos disfrutarán de las mismas ayudas y subsidiaciones de las VPO en alquiler”, señaló Julio Gil, codirector del Máster Inmobiliario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo, durante el actual año 2010 se ofrecerá la posibilidad a todas las personas jurídicas de subrogarse en los préstamos convenidos por los promotores, explicó Beatriz Corredor.
     “Gracias a esto, la banca tendrá la posibilidad de acceder a las ayudas y subsidiaciones del préstamo convenido”, antes sólo reservadas para las personas físicas, apunta Gil. En el debe de las entidades, la apertura del grifo, ya que la “mesa de seguimiento financiero” del Plan Estatal de Vivienda Rehabilitación, para controlar que bancos y cajas de ahorros cumplen su compromiso de financiar la compra de vivienda protegida (VPO).
     En la mesa de negociación estarán presentes tanto el Ministerio de Vivienda, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), o los representantes de las cajas de ahorros (Ceca) y de la banca (AEB), e incluso habrá miembros de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).