A I R E

     19-02-2010 ,  M. V. Martínez-Vares. Madrid - Expansión
     Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, en un comunicado conjunto, han criticado el acuerdo rubricado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía en virtud del que los letrados podrán intervenir en la designación de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.
     En el comunicado expresan su “más absoluta sorpresa” y su “estupor” ante la posibilidad abierta por dicho convenio de que los Colegios de Abogados puedan intervenir en la designación de cargos judiciales, al tiempo que critican que “no se dé igual oportunidad a los propios jueces o a las asociaciones que los representan”.
     Al respecto, ambas asociaciones muestran su “desconcierto y confusión” ante el hecho de que tampoco se dé igual intervención a otros profesionales como los procuradores, abogados del Estado, letrados de las CCAA y de la Seguridad Social, graduados sociales, entre otros.
     Asimismo, exponen que el informe de los Colegios de Abogados para la designación de los cargos judiciales es un elemento “extraño” a la exigencia constitucional que tiene el CGPJ de velar por la independencia de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y, por ende, de los cargos judiciales.
     A juicio de la Francisco de Vitoria y del Foro Judicial, “los profesionales de la abogacía tienen encomendado la defensa legítima de intereses particulares que no siempre son coincidentes con la imparcialidad que debe presidir el ejercicio de la función jurisdiccional de jueces y magistrados”.
     Las asociaciones también censuran que el convenio “resucite la delación secreta y la denuncia anónima” al establecer mecanismos para que los Colegios de Abogados puedan denunciar a los miembros de la judicatura sin que “necesariamente se identifique al denunciante”. Semejante posibilidad provoca, según señala el comunicado, “consternación a cualquier ciudadano que crea en los valores democráticos básicos, por ser constitutiva de una posible indefensión”.
     Finalmente, tanto el Foro como la Francisco de Vitoria critican al órgano de gobierno de los jueces por no haber reclamado la intervención del CGPJ o de otros órganos judiciales en la designación de decanos de los abogados y demás cargos colegiales.

     Vivienda. 19 de febrero de 2010

     Todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser accesibles
     Reguladas las condiciones básicas de accesibilidad en edificios a través de una modificación del Código Técnico de la Edificación.
     La modificación se rige por el principio de “accesibilidad para todos” por lo que el beneficio abarca desde los usuarios en silla de ruedas hasta las personas mayores, pasando por invidentes o personas con discapacidad auditiva, cognitiva o movilidad reducida.
     La Comisión de Accesibilidad analizará el impacto de esta nueva regulación en el parque de edificios ya construido, las demandas sociales y la evolución de las nuevas técnicas.
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación que supone regular, a nivel estatal, unas condiciones básicas de accesibilidad y de uso de edificios que eviten la discriminación de ciudadanos con algún tipo de discapacidad a la hora de acceder y de utilizar instalaciones, edificios o locales, tanto públicos, como privados.
     Se trata de establecer un referente mínimo común de ámbito estatal que garantiza la igualdad y la no discriminación de las personas que residen en las diferentes Comunidades Autónomas. De este modo, las modificaciones que se incorporan al Código Técnico de la Edificación se han elaborado según el mandato de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003. Esta Ley establece en su artículo décimo y en su disposición adicional novena que el Gobierno regularía unas condiciones básicas de accesibilidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y a las corporaciones locales.
     Un paso más del Código Técnico de la Edificación
     De este modo, el Código Técnico de la Edificación –una normativa estatal pionera y referente internacional que establece unas exigencias necesarias sobre la eficiencia energética y la protección frente al ruido en los edificios- se amplía y se enriquece, incorporando una demanda de los colectivos de personas discapacitadas. El Código se aprobó en 2006 y su entrada en vigor plena se produjo en 2009.
     Así, el Código Técnico de la Edificación establece a partir de ahora unas condiciones mínimas de accesibilidad aplicables a todas las nuevas construcciones. No obstante, el objetivo de esta normativa es alcanzar una accesibilidad real y total y, de esta forma, se abordará su aplicación en los edificios y patrimonio que ya existen. Éste es el punto de partida con el que abordará los futuros trabajos la Comisión de Accesibilidad, que forma parte de la Comisión Técnica del Código Técnico de la Edificación.
     Medidas para alcanzar una accesibilidad universal y “para todos”
     Las medidas sobre seguridad de utilización que ya regulaba el Código Técnico de la Edificación se amplían para tener en cuenta su uso por parte de personas discapacitadas. Es el caso de elementos arquitectónicos como escaleras, desniveles, rampas, iluminación mínima o reducción del riesgo de atrapamiento.
     En caso de incendio, por ejemplo, se incorporan nuevas exigencias para que las personas con discapacidad puedan abandonar el edificio o alcanzar zonas seguras, como la creación de zonas de refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles.
     La modificación del Código elimina también la llamada accesibilidad “de segundo nivel” que permitían algunas normativas autonómicas menos estrictas, que creaban itinerarios denominados “practicables”. A partir de ahora, sólo se describe como único y obligatorio un “itinerario accesible” que ha de cumplir las condiciones necesarias para la movilidad de las personas.
     El principio de “accesibilidad para todos” amplía el número de colectivos beneficiados por estas novedades en el Código Técnico de la Edificación: además de las personas que se desplazan en silla de ruedas o los invidentes, esta normativa básica incorpora necesidades de otros usuarios como los mayores, las personas con movilidad reducida o los ciudadanos con discapacidad auditiva o cognitiva.
     Medidas específicas
     En este sentido, el documento básico de accesibilidad prevé e incorpora otra serie de medidas específicas como éstas:
     Condiciones de las viviendas específicas para personas con discapacidad auditiva, plazas reservadas en locales o en espectáculos, o sistemas de bucle de inducción magnética en taquillas o mostradores de información.
     Puntos de llamada y atención accesible en edificios públicos.
     Contrastes visuales para que las personas con alguna discapacidad visual los puedan percibir.
     Pavimentos táctiles en la señalización de elementos potencialmente peligrosos (arranques de escaleras, desniveles, escalera, etcétera), en itinerarios de las vías públicas o en los puntos de atención accesible en edificios públicos.
     Señalización de alerta en las salidas de vehículos de aparcamientos públicos
     Normativa de consenso
     El Ministerio de Vivienda ha consensuado este texto hoy aprobado por el Consejo de Ministros entre todos los colectivos implicados y las Comunidades Autónomas. El Ministerio presentó en 2008 el borrador a los colectivos afectados, los agentes de la edificación implicados y Administraciones públicas. Recogidas numerosas alegaciones y propuestas, hace un año se formó un grupo de trabajo que a lo largo de 2009 trabajó intensamente para alcanzar el consenso técnico necesario, y ha informado, además, a las Comunidades Autónomas de los acuerdos que ha ido adoptando.
     Este grupo de trabajo ha estado formado por representantes del Ministerio de Vivienda, del CERMI, del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de los colectivos de arquitectos, aparejadores y promotores.

     Europa Press 18/02/2010 – El Economista
     La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas de ahorros, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas cerró el año en el 5,07%, el nivel más alto desde mayo de 1996, cuando se situó en el 5,31%, según datos del Banco de España.
     La tasa de diciembre supera en 1,7 puntos la de hace un año (3,37%), pero incrementa sólo en dos centésimas el nivel de noviembre (5,05%). La mora, que ha registrado un comportamiento muy desigual durante el año, continuó creciendo, pero su avance mensual se moderó en la última parte del ejercicio.
     El sector asegura que la tasa crecerá hasta mediados de año, coincidiendo con el previsible incremento del desempleo, pero que en el segundo trimestre alcanzará su ‘pico’ y a partir de ahí comenzará a descender hasta finales de año.
     Los establecimientos financieros de crédito (EFC) fueron las entidades que registraron una mayor tasa y cerraron el año en el 10,21%. Los créditos dudosos de estas entidades alcanzaron los 4.535 millones de euros, frente a un total de 44.412 millones de préstamos concedidos durante el ejercicio.
     Excluyendo los EFC, que presentan una morosidad muy elevada, el ratio del sector cerró 2009 en el 4,95%, frente el 3,28% de hace un año y el 4,92% del mes de noviembre.
     Baja la morosidad de las cajas
     Las cajas de ahorros cerraron el año con una morosidad del 5,05%, también la más alta desde mayo de 1996 (5,18%), pero 21 décimas por debajo del nivel de noviembre (5,26%).
     Por el contrario, los bancos elevaron su morosidad hasta el 5,01%, la más alta desde noviembre de 1995 (5,06%) y 31 décimas por encima de la tasa de noviembre (4,70%).
     Las cajas tradicionalmente presentaban un ratio muy por encima de sus principales competidores, sin embargo, a finales de año el nivel de mora se ha igualado. Estas entidades no han escatimado esfuerzos para contener el galopante crecimiento de este ratio, elevando sus exigencias a la hora de conceder préstamos y sus provisiones.
     Menos crédito
     En conjunto, las cajas repartieron 881.630 millones de euros en préstamos, casi un 1% menos que hace un año, y los dudosos se situaron en 44.534 millones. Los bancos, por su parte, concedieron 798.351 millones de euros en créditos, 1,6% menos, de los que 40.051 millones fueron dudosos.
     Las cooperativas de crédito situaron su morosidad en el 3,76%, diez décimas por debajo de la tasa de noviembre (3,86%), mientras que sus créditos totales alcanzaron los 96.559 millones y los dudosos, 3.635 millones de euros.
     Récord de provisiones
     Las provisiones de las entidades financieras alcanzaron los 54.701 millones de euros al cierre del año, lo que supone un crecimiento del 0,82% respecto a noviembre, pero un 22,6% más respecto a diciembre de 2008, es decir, casi 10.000 millones de euros más.
     Por entidades, las cajas lideraron la partida de provisiones, con 25.618 millones de euros, un 0,88% más que en noviembre y un 23% más que en diciembre de 2008 (20.833 millones). A continuación, se situaron los bancos, con 22.853 millones, un 0,20% más que en noviembre y un 22,7% más que en diciembre de 2008.
     Las cooperativas de crédito, por su parte, cerraron el año con unas provisiones de 2.784 millones de euros, un 2,65% más que en noviembre y un 22,5% más que en 2008. Los establecimientos financieros de crédito elevaron esta partida un 0,80%, hasta los 2.748 millones, y un 18% más que en diciembre de 2008.

     Los cabecillas de la trama han anulado el proceso para falsificar la documentación
     La Voz de Galicia B. Costa  18/2/2010
     La estafa inmobiliaria urdida en O Grove con el fin de hacerse con la titularidad de fincas rústicas y urbanas propiedad de otras personas no llegará a culminarse. Según las noticias de que disponen los afectados, los supuestos cabecillas de esta trama han dado marcha atrás y han paralizado la inscripción registral de las propiedades cuya titularidad se pretendía falsificar.
     Los motivos que han llevado a los supuestos estafadores a devolver lo que no era suyo no han trascendido pero lo que sí se sabe es que en los últimos días realizaron los trámites oportunos ante la notaría para anular los documentos y frenar así el proceso que se había iniciado en el Registro de la Propiedad de Cambados.
     Fincas y alguna casa
     Esta noticia llenó de alivio a los afectados pues, con ella, se aleja el temor de llegar a perder sus propiedades, entre las cuales hay numerosas fincas pero también naves industriales y hasta alguna casa.
     En todo caso, quieren garantías. Los perjudicados van a solicitar al Registro de la Propiedad que les entregue las copias que acreditan que sus fincas ya no están registradas a nombre de terceros y se reservan la posibilidad de emprender acciones legales.
     En su punto de mira están los supuestos estafadores, pero también los organismos que, en su opinión, con su actuación negligente, permitieron que unas personas registraran propiedades de otros sin hacer las comprobaciones oportunas.
     Los afectados están muy molestos con la notaría de Cambados que llevó estos trámites pero, sobre todo, con el Catastro de Pontevedra.
     Acciones judiciales
     En los próximos días, los afectados decidirán si presentan demanda -probablemente lo hagan- y en qué términos, pues de momento no han tomado una decisión definitiva a la espera de recabar nueva documentación y de ver como evolucionan los acontecimientos. En todo caso, parece que en su ánimo está que este asunto no quede impune pues, aunque ahora se arregle el problema, consideran que se cierra en falso y que los culpables deberían llevar un escarmiento.
     A estas alturas, los afectados tienen claro el nombre y los apellidos de los supuestos estafadores, entre los cuales figuraría un vecino de la localidad que ya tiene atecedentes relacionados con conflictos por la titularidad de propiedades.
     El mecanismo que utilizaban los supuestos estafadores pasaba por hacerse con documentos antiguos obrantes en diversos archivos con el fin de demostrar que eran descendientes de la familia Otero Goday y, en base a ello, reclamar propiedades que hoy están en posesión de otras personas, que las adquirieron en su día mediante documento privado y que no fueron inscritas en el registro de la propiedad.
     El mecanismo
     Una vez identificadas las fincas se procedía a una primera venta con la colaboración de testaferros, en algunos casos indigentes, para disponer así de un primer documento notarial y, a partir de ahí, formalizar una segunda venta que daría acceso al Registro de la Propiedad. Fue precisamente un edicto del Registro de la Propiedad de Cambados remitido al Concello de O Grove para hacer público estos cambios de titularidad lo que hizo saltar la alarma.
     Un vecino que consultó el tablón de anuncios del Concello reparó en que algunas de las fincas que allí figuraban tenían ya dueño y así se descubrió una trama que cuanto más se investiga tiene más ramificaciones.

      Aprobada en 2009
      Barcelona, 18 Feb. (Europa Press)
      El Tribunal Constitucional (TC) admitió este jueves un recurso de institucionalidad promovido por la presidencia del Gobierno contra una ley que el Parlament aprobó en 2009.
     Se trata de la ley 5/2009 de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las clásulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Catalunya.
     Los artículos recurridos son dos, el 3,4 y 7.2, que también afectan a otros dos, el 1 y el 3.3, que por ahora dejan de entrar en vigor.
     El recurso lo presentó el Gobierno central el 8 de febrero, con lo que ha tardado 10 días en admitirlo a trámite.
     La ley 5/2009 derogó una que aprobó el Parlament tres años atrás por insuficiencias y defectos y regula el procedimiento previo antes de ir a los tribunales de justicia para recurrir contra la decisión de un registrador de no inscribir, ante algún defecto o falta de documentación, un determinado título o cláusula en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles.
    La norma afecta sólo a los recursos que se fundamenten en normas del derecho catalán o en la infracción de este.
    Se establece que todos los recursos tienen que resolverse en primera instancia en la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat. Con este procedimiento, se pretendía alcanzar una doctrina uniforme sobre las calificaciones de los registradores relativas a la propiedad.

      Ordenación del territorio
     La propuesta de legislación quitará poder al urbanizador y dejará a los ayuntamientos la planificación para el desarrollo del suelo
     F. J. Benito. Valencia. Información. 18 febrero 2010

     El vicepresidente de la Generalitat y responsable de la política urbanística, Juan Cotino, presentó ayer el borrador de la futura Ley Urbanística Valenciana (LUV) que absorberá toda la legislación actual y cuyo objetivo, según el Consell, es agilizar la tramitación del desarrollo urbanístico y devolver a los Ayuntamientos toda la iniciativa a la hora de planificar el territorio. Potestad que en los últimos años había recaído casi al cien por cien en la iniciativa privada tras la creación de la polémica figura del agente urbanizador, un promotor privado con capacidad para diseñar planes y plantear recalificaciones de suelo sin contar con los propietarios, ni con el propio Consistorio, que, en ocasiones, se encontraba con el Plan de Actuación Integrada (PAI) en la notaría.
     A partir de la aprobación de la ley -Cotino quiere contar con el texto definitivo este mismo verano-, sólo se podrá recalificar suelo en los Planes Generales, que estarán blindados durante un año y cualquier proyecto posterior que represente un incremento del 20% en población o suelo urbanizado sobre lo aprobado en los dos últimos años deberá incorporarse en el Plan General. Con estas condiciones no hubiera sido posible, por ejemplo, aprobar el macroplan de Rabasa, hoy paralizado por un juez.
     Desaparecen también los convenios urbanísticos entre Ayuntamiento y promotor y, entre otras novedades, el propietario cuyo suelo quede integrado en un plan urbanístico podrá renunciar a sufragar los costes y deberá ser indemnizado por la Administración. Hasta ahora, el problema se le presentaba con el urbanizador privado, que en muchas ocasiones acababa por quedarse con el terreno en las mejores condiciones, todo de forma legal y amparado por una ley que ahora se quiere modificar.
     El vicepresidente Cotino avanzó que el borrador está ya en manos de los promotores, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el PSPV y en internet. La Generalitat ha establecido de plazo hasta el 22 de marzo para recibir sugerencias. Éstas se enviarán a los tres catedráticos que han redactado una ley que el Consell quiere aprobar en esta legislatura. La futura Ley establece también que sólo se recalificará como urbanizable el suelo cuyo desarrollo esté justificado y las modificaciones avaladas por los técnicos.
     Por otro lado, los promotores ven recortada su capacidad de maniobra con la derogación de un artículo que se anuncia ya como polémico, si queda como está. Una de las disposiciones transitorias del borrador recoge que todos los planes urbanísticos aprobados, que no se hayan iniciado en un año, quedarán anulados automáticamente y el suelo volverá a ser no urbanizable. Otra de las “desapariciones” en la normativa es la política del “metro por metro”, por el cual un promotor debía compensar a los ayuntamientos con la misma cantidad de suelo que éstos le recalificaran.
     La legislación suprime también el concierto previo, documento anterior al PGOU, en el que se diseñan las grandes líneas urbanísticas de los municipios y que, en la práctica, se ha convertido en un instrumento que termina por bloquear el desarrollo de suelo. La nueva ley absorberá, entre otras, a la Ley de Ordenación y Protección del Territorio y Paisaje, que se había convertido en otra rémora al exigir, por ejemplo, que los promotores presentaran estudios de paisaje, incluso, cuando se trataba de construir un edificio de viviendas en el solar de un calle.
     La limitación de las competencias del urbanizador impedirá que una promotora pueda presentar un Plan de Actuación Integral sin contar con el suelo, ni tener relación alguna con los propietarios de las parcelas e, incluso, las viviendas allí levantadas tienen que asumir los costes de su urbanización. Esta figura ha motivado que el Tribunal de Luxemburgo haya abierto causa contra España ante las denuncias presentadas.

     La AEAT insta a incrementar un 15% los objetivos
     La IHE piden más medios para investigar fraudes
     18/02/2010 El Mundo
     Madrid.- Los inspectores de hacienda denuncian el “afán recaudatorio” de la Agencia Tributaria, quien les insta a incrementar un 15% los objetivos marcados, un porcentaje “desproporcionado”, “inasumible” con “menores medios materiales y humanos” e “incompatible con un trabajo de calidad”.
     La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), que representa al 90% del sector, considera que “no se debería tratar de paliar el fuerte descenso de la recaudación”, por culpa de la crisis”, “con una mayor presión en la inspecciones” para obtener más deuda e imponer mayores sanciones.
     En rueda de prensa, Francisco de la Torre, portavoz de lo inspectores, ha explicado que el objetivo del 15% se traduce en una recaudación de unos 4.000 millones en actas de inspección, la misma cifra que se registró el año pasado. “El que haya un objetivo de deuda fijado es absolutamente lamentable, sesgado y penoso”, ha indicado. Los inspectores dicen que, en todo caso, lo que el fisco debería acometer es un “sustancial incremento de medios materiales y humanos”, para poder investigar el fraude fiscal, que se ha disparado a causa de la crisis.
     Como ya adelantó MERCADOS este domingo, la Agencia Tributaria ha endurecido los criterios de la paga de productividad y recortará los ingresos anuales de aquellos trabajadores que no recauden y sancionen en mayor media.
     Y es que, la recesión económica ha provocado una importante caída de los ingresos tributarios. Según los últimos datos de Hacienda, entre enero y octubre de 2009, los ingresos cayeron un 21%. La recaudación de los impuestos directos retrocedió un 13,4% y el de los indirectos, un 21%.
     La Agencia Tributaria se defiende de estas acusaciones señalando que sólo aumenta la presión que ejerce sobre los defraudadores porque es uno de sus “objetivos irrenunciables”, junto a la idea de ofrecer mejores servicios a los que sí cumplen con sus obligaciones tributarias facilitándoles el pago de la deuda con diversos instrumentos, informa Europa Press.

     Cotizalia- EP - 18 febrero 2010
     La inversión inmobiliaria en Europa descendió un 42% en 2009, hasta los 73.000 millones de euros, aunque se espera que 2010 sea un año de oportunidades para los inversores, según indicó el director de Research de CB Richard Ellis, Nick Axford, durante una jornada organizada por Esade Alumni y el Urban Land Institute (ULI).
     Así, desde la consultora inmobiliaria matizaron que el comportamiento del mercado en 2009, pese a estar marcado por la crisis, fue mejor de lo esperado, especialmente en países como Reino Unido, Francia y Alemania.
Incluso se alcanzaron repuntes en la inversión durante el último semestre del año gracias a operaciones estratégicas como la venta en ’sale & leaseback’ de los activos de BBVA en España o la de la torre HSBC al fondo de pensiones de Corea en Reino Unido.
     En este contexto, Axford indicó que, aunque se mantendrá la incertidumbre durante 2010, también será un año de oportunidades para los inversores. “El ajuste de precios y rentabilidades ya se ha producido en gran parte de los mercados, como en España, y en ciertos productos, creando una oportunidad de compra muy atractiva para los inversores con liquidez”, añadió.
     Por último, la consultora inmobiliaria destacó la necesidad de “ir disminuyendo progresivamente la exposición de las entidades al mercado inmobiliario”, lo que, a su juicio, solamente se podrá llevar a cabo mediante la venta de activos o el aprovisionamiento.

     18-02-10 ,  R. Ruiz - Expansión
     2010 ha comenzado con un aluvión de cifras sobre el comportamiento del mercado inmobiliario durante el pasado ejercicio. Pero ha sido, sin duda, la variación del precio de la vivienda lo que ha suscitado todo tipo de comentarios.
Informes de organismos públicos como el Ministerio de Vivienda, de compañías de tasación como Tinsa o Sociedad de Tasación, hasta portales de anuncios inmobiliarios, sitúan la variación del valor de mercado en niveles totalmente divergentes dependiendo el origen de la información.
     Los últimos precios del metro cuadrado de la vivienda van desde los 1.892,3 euros que registraba el mercado en el último trimestre del año, según el Ministerio dirigido por Beatriz Corredor “que contabiliza todos los registros notariales firmados en España, tanto de vivienda nueva como de segunda mano”, hasta los 2.451 euros que cifra el portal inmobiliario Pisos.com de su oferta, exclusivamente de segunda mano.

     La multiplicidad de estudios y sus respectivos criterios para recabar esta información complica conocer la situación real del precio de la vivienda. “Se publican distintos datos porque los estudios se hacen con metodologías distintas”, señala José Luis Estevas-Guilmain, presidente de Sociedad de Tasación, firma que utiliza el mismo sistema desde hace 25 años, que consiste en comparar el precio de la vivienda nueva que sale al mercado cada seis meses. “Mezclar churras con merinas (nueva y usada, ciudad y costa, oferta y tasaciones) nos parece un ejercicio que aporta poco rigor”, añade.
     La diversidad del precio depende de dónde esté ubicado el inmueble, incide Fernando Fuente, director de Valoraciones de CB Richard Ellis. “Generalizar en el mercado residencial es imposible porque no existen dos activos iguales: dependen de su ubicación, de su altura, de su antigüedad, etc”. En ambos casos, los expertos recalcan que no puede ser lo mismo la caída de precios que se ha producido en determinadas zonas del arco Mediterráneo como la mínima variación que se ha producido en las calles más lujosas de ciudades como Madrid. “En general, las estadísticas están sesgadas, no están ajustadas a la realidad. Habría que desglosar también por la cantidad de stock por cada zona”, agrega.
     Variación
     Como ejemplo de esta variación por zonas, el último índice presentado por Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), cifra en un 7,1% la caída de precios en la costa mediterránea, mientras que en capitales y grandes ciudades el descenso fue de 5,9%. Según Tinsa, el valor medio de la vivienda libre cayó en el mes de enero un 5,5% con respecto al mes anterior, cifra que alcanza el 15,4% si se compara desde el precio máximo que registró el mercado, en diciembre de 2007.
     La última caída de enero, según el índice de Tinsa, contrasta con la subida que según el informe de Fotocasa, elaborado junto a la escuela de negocios IESE, se ha producido en enero, tras dos años de caídas continuas. Fotocasa cifra el valor medio de los inmuebles de segunda mano en 2.366 euros el metro cuadrado, lo que supone una subida del 0,6% respecto al mes anterior. El índice inmobiliario fotocasa.es se realiza desde 2005, sobre la base de más de 400.00 inmuebles e incluyen los datos recopilados por los anuncios de pisos, de segunda mano, que se comercializan en este portal online.
     Crecimiento no, pero sí una estabilización es lo que señala el índice de precios de otro portal inmobiliario online, en este caso, idealista.com. Según su informe, elaborado con los datos extraídos de 117.046 anuncios que están o han sido publicados en base de datos entre el 22 de diciembre de 2009 y el 28 de enero de 2010, el precio de la vivienda de segunda mano se sitúa en 2.409 euros el metro cuadrado, igual que en diciembre de 2009.
 
 
     Otro ejemplo: el informe sobre el mercado de la vivienda, que se realiza desde 2004 por Grupo Tecnocasa “elaborado mensualmente a través de la información sustraída de sus redes de locales Tecnocasa y Kiron”, habla de caídas en el precio desde el segundo semestre de 2008.
     Previsiones
     Por su parte, Sociedad de Tasación y el Ministerio de Vivienda aún no han presentado datos de 2010, aunque la tasadora no prevé una subida de los valores del metro cuadrado. “Estimamos que los precios seguirán bajando este año debido a la falta de demanda provocada por el difícil acceso de las familias a la financiación bancaria”, augura Estevas-Guilmain.
     Otro de los puntos destacables a la hora de valorar la caída en el precio de las viviendas son las propias del perfil del vendedor. “Hay mucha diferencia entre el promotor que desarrolló la obra en 2005 y que tiene que cumplir unos compromisos de pago que finalizan ya y el comprador que adquirió la vivienda en busca de una revalorización y que puede hacer frente al pago de la hipoteca”, señala el responsable de CB Richard Ellis.
     Fuente cree que la bajada de los tipos hipotecarios (el euribor se encuentra en mínimos históricos) ha permitido que la tasa de esfuerzo se vea reducida, con lo que el vendedor de segunda mano espera más a vender con descuento que el empresario vinculado a múltiples préstamos al promotor. Así, grandes inmobiliarias como Metrovacesa proponen descuentos de hasta el 50% en el precio en algunos inmuebles.
     La variedad de cifras alcanza a las previsiones y también al alquiler
     Si las cifras de precios actuales de la vivienda suscita diferentes resultados, en el caso de las previsiones, los números y tendencias se disparan. Entre los portales online, son varios los que se decantan porque el precio de los inmuebles ha tocado fondo y 2010 vendrá marcado por la estabilización de los precios, que llevará también a una reactivación del ritmo de las ventas. Sin embargo, desde los estudios sectoriales elaborados por entidades financieras, principalmente, señalan que aún existe recorrido para un ajuste mayor de precios.
     Así, según el servicio de estudios de BBVA, el precio de la vivienda no ha corregido sustancialmente su precio desde 2007 y cifra el ajuste en un 7% el descenso en 2009 y un 9% previsible para 2010. Este descenso continuará, según BBVA, hasta 2012, alcanzando el 20%. Por su parte, Banif, filial de Banco Santander, cree que el mercado tiene todavía que caer un 27%, a pesar del ajuste ya experimentado de un 11,9%.

     Caamaño defiende que sólo la decisión de un juez puede impedir el acceso de los ciudadanos a un portal de Internet
     I. Gómez / Almería | 17.02.2010 – ElAlmería.es
     La polémica del cierre de webs fue una de las cuestiones a las que tuvo que responder el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el turno de preguntas del Foro de Almería. A su juicio, la nueva Ley de Economía Sostenible recoge que “no es posible cerrar una web sin autorización judicial previa”. En este sentido, el ministro de Justicia asegura que se ha tratado de establecer un equilibro entre los intereses de los creadores y los derechos de los usuarios.

     “Creemos que lo que se publica en una página web puede ser un elemento muy valioso para los ciudadanos, pero tenemos que salvaguardar que la propiedad intelectual se utilice sin la garantía y el consentimiento del autor”. El ministro precisó que “ninguna autoridad española puede bloquear una página web, pero sí se puede impedir el acceso de los ciudadanos en nuestro país si ésta afecta a la propiedad intelectual, a la protección de la infancia o se incluyan contenidos nocivos para la salud”. Además, Caamaño dijo ayer que será el juez quien condene y tome la decisión sobre las páginas web que realizan descargas ilegales con ánimo de lucro.

     Otro de los asuntos tratados por el ministro de Justicia fue la problemática de las viviendas ilegales que se han construido en las comarcas de Almanzora y Levante. Caamaño argumentó que “dónde hay sentencias judiciales lo que hay que hacer es ejecutarlas y cumplirlas y cuando no sea posible por el grave detrimento a la hacienda pública se tienen que buscar medidas que permitan conciliar los hechos ilícitos con el interés general”. El ministro de Justicia mantiene que “a veces procederá el derribo, pero en otras ocasiones será posible corregir algunos aspectos de los planeamientos urbanísticos atendiendo al interés general”.

     Sobre la situación del municipio de El Ejido tras la Operación Poniente, Francisco Caamaño aseguró desconocer la situación procesal del alcalde, pero afirmó que “estoy seguro de que el ordenamiento jurídico cuando existe una sentencia firme y definitiva tiene medidas suficientes para evitar y responder ante este tipo de situaciones”.

     Por último, el ministro abordó el registro de la propiedad privada que ha abierto un debate jurídico entre los registradores y los notarios. “Creemos que tiene que haber la posibilidad de acceder a los datos registrales sobre bienes de una persona, pero tenemos dudas sobre la finalidad para que no se pueda hacer con carácter universal. Una cuestión es que los notarios puedan consultar los bienes y otra distinta que puedan ver otros datos del registro civil” .

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     Hipotecas | Los consumidores aplauden la decisión judicial
     El Tribunal anula varias cláusulas impuestas por las entidades en hipotecas
     ‘El dictamen es un hito y un paso muy importante de cara a próximas demandas’
     La OCU ha pedido a los grupos parlamentarios que incluyan las ‘cláusulas suelo’ en el Art. 87 de la Ley General de Consumidores y Usuarios para derogarlas
     Jorge Salido Cobo | Madrid 17/02/2010
     Un nuevo hilo de esperanza para los hipotecados ‘pillados’ por el suelo. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado un total de 13 cláusulas ‘impuestas’ por los bancos en la contratación de tarjetas e hipotecas por “abusivas”, “desproporcionadas” o “confusas” atendiendo a una denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2003. “Esta sentencia es todo un hito que sin duda abre la puerta a que en un futuro las actuales y polémicas cláusulas suelo sean derogadas”, afirma Iliana Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU.
     De los 13 puntos polémicos, cinco afectan directamente a los préstamos concedidos para la compra de casa. Para empezar, las entidades ya pueden despedirse de “reservarse la posibilidad de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa”. Hasta ahora, una caja o banco podría exigir -siempre que así se estipulara en el contrato- el pago inmediato del crédito al prestatario de manera arbitraria y sin motivo alguno que justificase su actuación.
     En el mismo sentido, la banca estaba en su derecho de “resolver anticipadamente el préstamo por la posible disminución patrimonial del prestatario”. Es decir, si una entidad ‘intuye’ que el hipotecado podría dejar de pagar y convertirse en moroso, podía exigir el reembolso anticipado de la deuda contraída entre ambas partes. Esto estaría produciéndose actualmente ya que no son pocos los que están perdiendo su empleo. Un hecho que pondría en alerta al banco, que forzaría el adelanto del pago provocando, quizá, que el afectado tenga que subscribir otro crédito con otra entidad para abonar su deuda inicial.
     Junto a estas dos cláusulas anuladas por el TS, otras tres también dejan de ser legales y por lo tanto la banca tendrá que dejar de usarlas. Éstas son las siguientes: “hacer vencer un préstamo hipotecario cuando se deniegue la inscripción de la escritura aunque la no inscripción sea culpa de la entidad”, “prohibir vender o enajenar el bien que garantiza la hipoteca” y “eximirse de la obligación de comunicar la cesión del préstamo a terceros”.
     Izverniceanu aplaude el “golpe sobre la mesa” del Supremo en un tema tan delicado como son los “abusos de las entidades financieras hacia sus clientes con hipoteca y que tanta polémica están suscitando en los últimos meses”. “Esta nulidad de cláusulas no sólo afectará a las entidades sólo citadas en la resolución judicial sino a todas. A partir de hoy, los bancos y cajas se lo pensarán dos veces a la hora de introducir puntos conflictivos en los contratos de créditos”, afirma la portavoz de OCU.
     “Este dictamen es un paso muy importante de cara a que próximas demandas de este tipo sean admitidas y, con suerte, declaradas sin efecto. Sin duda, ayuda a que se reequilibre la balanza entre la banca y los consumidores, muy decantada hacia la parte privada”, afirma Izverniceanu. Hace unas semanas, Su Vivienda ya publicó cómo algunas entidades financieras estaban suprimiendo estos puntos en los contratos de algunos de sus clientes.
     La OCU además ha pedido a todos los grupos parlamentarios recientemente incluir las ‘cláusulas suelo’ en el Art. 87 de la Ley General de Consumidores y Usuarios para que éstas sean consideradas como ilegales. Aún habrá que esperar unos meses para comprobar si esta solicitud también es respaldada por las formaciones políticas. Por el momento, Izquierda Unida ya ha expresado su rotundo rechazo a las ‘cláusulas suelo’ y registrando una proposición no de ley en el Congreso en la que pide al Gobierno que las suprima. Misma solicitud que le hizo el Senado hace ya unos meses.

     Los visados cayeron un 56%
     Los proyectos de viviendas libres se redujeron un 63,3%, los de VPO un 22,7%
Murcia (-82%) y La Rioja (-82,7%) lideran las caídas de viviendas visadas
     Cataluña, Madrid y Andalucía suman un tercio de las casas de los proyectos
     Servimedia | Madrid 16/02/2010 – El Mundo
     El pasado año 2009 se visaron para construir en España un total de 110.862 viviendas, lo que supone un descenso del 56,1% en comparación con 2008, cuando la cifra fue de 264.795, año en que ya cayeron un 58%. En 2007 se otorgaron 651.427 visados y 865.561 en 2006.
     En concreto, se visaron 76.288 viviendas libres (-63,3%) y 34.574 protegidas (-22,7%), según datos del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos.
     Cabe destacar que en visados en general, en el cuarto trimestre se mejoró la cifra en comparación con el tercero (26.489 frente a 24.974), aunque fue peor en que en los dos primeros (29.892 entre enero y marzo, y 29.507 entre abril y junio).
     En el cuarto trimestre se mejoró la cifra en comparación con el tercero, hasta 26.489 visados
     Por comunidades autónomas, Cataluña fue la región en la que más pisos se visaron, con un total de 16.008, un 34,8% menos que un año antes. Por detrás se encuentran Madrid, con 13.948 pisos (-41,5%); Andalucía, con 13.179 (-59,2%); Castilla-La Mancha, con 8.617 (-65,9%); Castilla y León, con 8.514 (-52,2%), y País Vasco, con 8.360 (-29,1%).
     Todas las comunidades autónomas y las provincias registraron tasas de variación negativa en el periodo. En Castellón, por ejemplo, los visados cayeron un 73%, pero donde más elevadas fueron las caídas fue en La Rioja (-82,7%) y Murcia (-82%).

     La Audiencia Provincial de Alicante emitió una sentencia el pasado mes de diciembre que permitirá al Ayuntamiento de Jávea la anotación preventiva del embargo de bienes situados fuera del ámbito territorial de los municipios, como resultado de un recurso de apelación presentado por el Consistorio en contra de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y de la calificación del Registrador.
     Madrid,  (Europa Press) Lainformación.com
     La Audiencia Provincial de Alicante emitió una sentencia el pasado mes de diciembre que permitirá al Ayuntamiento de Jávea la anotación preventiva del embargo de bienes situados fuera del ámbito territorial de los municipios, como resultado de un recurso de apelación presentado por el Consistorio en contra de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, y de la calificación del Registrador.
     La sentencia, que ahora podría ser utilizada en su defensa por otros Ayuntamientos en similar situación, concluye afirmando que “la anotación preventiva del embargo interesada por el Ayuntamiento y denegada tanto por el Registrador de la Propiedad como por la Dirección General de los Registros y del Notariado, no tiene naturaleza de actuación ejecutiva sino que ésta debe predicarse solamente del embargo acordado, siendo aquella una mera medida de garantía”.
     Ambas fuentes denegaron en su día la anotación preventiva de embargo solicitada por éste y otros Ayuntamientos españoles, lo que provocó “notables efectos negativos para los mismos”, sobre todo a partir del dictamen de la Dirección General de Registros y del Notariado, en marzo de 2006. A partir de esa fecha los Registradores de la Propiedad comenzaron a rechazar el intento por parte de los Ayuntamientos de practicar la anotación preventiva, algo “habitual” hasta entonces.
     El rechazo por parte de los Registradores ha supuesto una disminución en la rapidez de la ejecución de los procedimientos de recaudación, así como un aumento de costes para los Ayuntamientos. Esta situación ha provocado que, aunque los Ayuntamientos tengan reconocida la capacidad para acordar la traba de bienes situados fuera de su territorio para garantizar su eficacia recaudatoria, la realidad es que, al no poder solicitar la anotación del embargo por vía directa, se ven ralentizados los procedimientos ejecutivos de la Hacienda Local, según informó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
     En este sentido, la calificación negativa de los Registradores y de la Dirección General se basó, para su denegación, “en el contenido del artículo 8.3. del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Los registradores dedujeron de esta Ley que los Ayuntamientos “no tienen competencia para realizar actuaciones de recaudación ejecutiva” y, en consecuencia, para “trabar embargo directamente sobre bienes situados fuera del propio término municipal”.
     Criterio no compartido por la Audiencia
     Sin embargo, la Sala de la Audiencia Provincial de Alicante, que no comparte el criterio anterior, manifestó que “una cosa es la traba de los bienes y otra las medidas concretas para asegurar el mismo”. Así, remitió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se sienta doctrina respecto a que “el embargo existe jurídicamente desde que la autoridad judicial lo decreta legalmente, y con independencia de su anotación en el Registro”. Dicha inscripción “no puede condicionar su existencia, ni tener respecto de ella un valor constitutivo”.
     El Tribunal argumentó, asimismo, que éste es el criterio legal en que se basa la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, conforme a la cual “el embargo se entenderá hecho desde que se decrete por resolución judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba”.
     Valoración positiva de la FEMP
     Por su parte, la FEMP valoró de forma positiva la sentencia al considerar que realiza una interpretación de la normativa vigente que reconoce la autonomía y capacidad de actuación reconocida a los Ayuntamientos, y que está en sintonía con el derecho a la inscripción que recoge el art. 8 del TRLRHL y el deber de colaboración interadministrativa que se establece en materia de recaudación.

     Su gestión también podrá recaer en funcionarios de carrera del grupoA1, tal y como se desprende del anteproyecto de ley que modernizará esta institución.
     Victoria Martínez-Vares. Madrid - Expansión
     El Gobierno, a través del Ministro de Justicia, ya lo había anunciado. La modernización del Registro Civil necesitaba, según explicó Francisco Caamaño en el Congreso de los Diputados, que su gestión fuera asumida por funcionarios públicos distintos de los jueces. Lo que hasta ahora se desconocía era sobre quién iba a recaer esta tarea.
     Pues bien, el anteproyecto de ley del  Registro Civil, aprobado por el Consejo de Ministros en enero, despeja la incógnita.
     Los encargados del Registro Civil serán tanto funcionarios de carrera del grupo A1, que tengan la licenciatura en Derecho o titulación universitaria equivalente, como secretarios judiciales. De esta forma, se descarta que sean los registradores quiénes asuman la llevanza de la institución pese a que éstos habían expresado al Ministerio su interés en asumir estas competencias.
     Atrás quedan también las quejas de los jueces encargados del Registro Civil que han expresado su “rotundo rechazo a la desjudicialización de los registros relativos al estado civil de las personas”–ver Expansión de 15 de diciembre de 2009–. Para este colectivo, sólo a través de su función calificadora se “procede al examen de la concurrencia de los requisitos de veracidad, exactitud y legalidad del hecho inscribible”.
     Seguramente, estas cuestiones serán objeto de análisis por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuya comisión de Estudios está ya estudiando el anteproyecto de cara a elevar un informe al que ha tenido acceso Expansión–
     Reduce significativamente el número de Oficinas de Registro Civil. Así se pasará de las 432 oficinas principales de Registro Civil a 106, aplicando el criterio establecido en el anteproyecto de implantar una Oficina General por cada Comunidad Autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes, así como una en Ceuta y otra en Melilla.
     Esto, según consta en la Memoria que justifica la reforma, “supondrá un importante ahorro, especialmente en materia de gastos de funcionamiento”. La futura regulación diseña un Registro Civil Único para toda España, informatizado y accesible telemáticamente para todos los ciudadanos, con unidades de atención al público en los municipios. La comparecencia física de los ciudadanos ante el Registro Civil se convertirá, pues, en excepcional.
     El anteproyecto amplía los hechos que accederán al Registro.
     Se dispone, por ejemplo, la inscripción del régimen económico matrimonial legal o pactado, así como la declaración de concurso en la medida en que afecta a la capacidad de obrar del concursado
     Dos años de ‘vacatio legis’
     Debido a la complejidad de la ley y al cambio radical que supondrá su entrada en vigor respecto del anterior modelo, el legislador ha optado por establecer un“extenso” plazo de vacatio  legis, que se ha fijado en dos años. Este es el tiempo que han considerado razonable para que se pueda llevar a cabo la progresiva puesta en marcha del modelo, evitando disfunciones en el tratamiento de la información registral y la implementación de la nueva estructura organizativa. Entre los cambios que conlleva la reforma, está la supresión del Libro de Familia, dado que la existencia de un registro individual que contiene todos los datos y circunstancias relevantes del estado civil de las personas hace innecesaria su existencia.

     Hacen líquida una vivienda
     Impulsará el ahorro privado y la suscripción de préstamos dirigidos a jubilados
     16/02/2010 - Patricia Pérez Zaragoza – Finanzas.com
     Los expertos estiman que los necesarios cambios en el sistema de pensiones impulsarán el ahorro privado y la suscripción de estos particulares préstamos dirigidos a jubilados, que permiten hacer líquida una vivienda.

     Está teniendo un desarrollo lento. Pero lo cierto es que la hipoteca inversa sigue viva, pese a la crisis inmobiliaria. Y sus perspectivas de crecimiento son cada vez mayores. En 2009 se suscribieron 2.700 préstamos de este tipo, frente a los 2.500 contratados el año anterior, según datos de la consultora Óptima Mayores. Su consejero delegado, Ángel Rodríguez-Carreño, estima que el producto tiene un amplio potencial y que se verá beneficiado, sobre todo, por la reforma de las pensiones, que está incentivando la necesidad de ahorrar y de buscar complementos privados a las prestaciones públicas.
     En su opinión, 2010 puede ser un buen año para su despegue, sobre todo si finalmente se aprueba la regulación del asesoramiento independiente que deben prestar las entidades al ofrecer este producto. En diciembre de 2007 se promulgó la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario, que reguló la hipoteca inversa, y fijó la obligatoriedad de la intervención de un asesor independiente. «Sin embargo, la normativa que desarrolla la forma, requisitos y condiciones de cómo debe ser el asesoramiento se postergó. Creemos que saldrá finalmente en 2010, lo que dará un gran impulso a esta hipoteca», comenta Rodríguez-Carreño.
     Perfil del hipotecado
     La hipoteca inversa es un producto que en España comercializan bancos, cajas de ahorros y aseguradoras que pueden contratar mayores de 65 años con una vivienda en propiedad, libre de cargas. El instrumento, que obliga a solicitar un crédito hipotecario, permite a estas personas conseguir una renta mensual, sin tener que abandonar ni perder su vivienda. La entidad financiera, que contará con la garantía de la vivienda hipotecada, se compromete a ir pagando una renta mensual acordada de antemano al titular o titulares del crédito. Es decir, es un vehículo que permite hacer líquida la vivienda y obtener una renta mensual sin perder su propiedad.
     Según el Informe Anual Hipoteca Inversa 2009, elaborado por Óptima Mayores, un 48 por ciento de los suscriptores son mujeres, con una edad media de 75-76 años que hipotecan inmuebles con un valor medio de 346.000 euros. Un 36 por ciento son matrimonios y, el resto, un 16 por ciento, son hombres. «Las mujeres son las más interesadas, porque realmente muestran más necesidad de complementar sus ingresos mensuales», comentan desde la consultora.
     Por distribución geográfica, la demanda de hipotecas inversas se concentra, sobre todo, en las grandes ciudades. Madrid agrupa un 51 por ciento de los clientes dispuestos a contratar el producto, seguida por Barcelona, 9 por ciento.
En cualquier caso, la renta mensual que se consigue con el producto suele ser discreta. Según el simulador de Caixa Terrassa, una mujer que acabe de cumplir 65 años e hipoteca su casa (por valor de 350.000 euros) podría conseguir una renta mensual de forma vitalicia (teniendo en cuenta que se toma una esperanza de vida fijada en los 88 años) de 327,66 euros. A mayor edad, no obstante, más renta se puede conseguir, puesto que se acorta la esperanza de vida del titular.
     Ranking de entidades
     En la actualidad, existen 20 entidades en España que comercializan el producto. De media aplican un tipo de interés del 6 por ciento y ofrecen financiación por hasta un 80 por ciento del valor de tasación del inmueble. Por lo general, cobran un 6 por ciento sobre el valor de la vivienda para constituir un seguro de renta vitalicia, que es obligatorio para poder suscribir la hipoteca. Según el estudio de Óptima Mayores, en la actualidad, la entidad que cuenta con un mejor producto es BBK, seguida de Catalana Occidente, Caixa Terrassa y Bancaja.

     Ana Palomares 16/02/2010 - El Economista

     Imagine que hubiera comprado una acción del Banco Santander antes de la quiebra de Lehman Brothers y que no le hubieran dejado venderla, ni cuando este título caía un 6% en tan sólo una jornada tras conocerse la quiebra de este banco de inversión.
     Esa misma sensación es la que tienen hoy los 43.000 inversores que se vieron encerrados hace un año en el fondo ‘Santander Banif Inmobiliario’. Una sensación que no es nueva, ya que la llevan soportando durante un año completo.
Hace justo doce meses, la que sigue siendo la mayor inmobiliaria española anunciaba que suspendía tanto las entradas como las salidas de dinero, ante la fuerte avalancha de reembolsos que había recibido, tras anunciar que iba a realizar una tasación extraordinaria de sus activos. Y muy pocas novedades ha habido al respecto desde entonces. La más importante es que desde ese momento ha perdido un 9% de su valor.
     Aun así, no todo está perdido todavía, ya que si es usted uno de los inversores que, aprovechando el ‘boom’ del mercado inmobiliario compró participaciones antes de 2006, aún no ha perdido ni un euro del capital invertido. Tampoco lo ha ganado, puesto que a finales de 2005 el valor de la participación en el fondo costaba casi lo mismo que lo que cuesta ahora, menos de 1.300 euros. Es cierto que esta noticia no es ni mucho menos buena. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación empeorará a medida que se realicen nuevas tasaciones.
     Hasta la fecha, los partícipes que solicitaron el reembolsos sólo han recibido el 10% del capital invertido y, aunque desde la gestora afirmaron entonces que seguirían pagando a los inversores “a medida que se fuera atesorando el 10% del fondo en liquidez”, esta posibilidad parece hoy muy remota. Buena parte de lo que se recibe por el alquiler de los inmuebles que tiene en cartera está destinado a pagar un crédito que contrajo el fondo, además de los gastos que conlleva el fondo (sólo a comisiones de gestión se han destinado a este concepto 22 millones de euros).
     De hecho, al cierre del tercer trimestre ‘Banif Inmobiliario’ tan sólo tenía en 2,88% de su patrimonio en liquidez. Para conseguirlo, sólo tienen una vía: vender los inmuebles que tienen en cartera, pero el problema está en que como muchos de ellos fueron adquiridos en pleno ‘boom’ inmobiliario, las operaciones se saldarían en la mayoría de los casos con minusvalías.
     Pero los inversores sólo quieren recuperar el dinero que en su día invirtieron y abandonar la celda en la que Santander les tienen confinados. “Hemos iniciado acciones legales para exigir responsabilidad tanto a la gestora como al Ministerio de Economía y a la CNMV reclamando el capital invertido y los intereses legales, además de indemnizaciones por daños y perjuicios”, afirma Juan Manuel Moreno Luque, presidente de la asociación Activa, plataforma que agrupa a varios de esos inversores. Su paciencia se agota y, mientras, el fondo no deja de acumular pérdidas.

     Fomento - Balance de enero a noviembre
     De las más 6.000 viviendas sociales, el 48,8% se levantó en esta región
     En Cantabria no se finalizó ninguna y en Asturias y La Rioja, sóla una
     Servimedia - Madrid 15/02/2010 – El Mundo
     Casi la mitad de las más de 6.000 viviendas promovidas por las administraciones públicas que se terminaron de construir entre enero y noviembre de 2009 se encuentran en Cataluña. Estas cifras contrastan con los casos de Cantabria, donde no se terminó ninguna vivienda pública o Asturias y La Rioja, con sólo una, según datos del Ministerio de Fomento.
     Las administraciones públicas finalizaron la construcción de 6.152 viviendas sociales en los 11 primeros meses de 2009, un 5% menos en el mismo periodo de 2008.
     La región más activa fue Cataluña, donde se levantaron 3.006 pisos protegidos, es decir, el 48,8% del total de viviendas promovidas por las administraciones públicas. A continuación, aunque con mucha diferencia, se encuentran Andalucía, con 1.466 viviendas, y la Comunidad de Madrid, con 874.
     Les siguen: Castilla-La Mancha (176), Castilla y León (166), Canarias (144), la Comunidad Valenciana (72), Navarra (71), Galicia (64), País Vasco (47), Baleares (24) y Murcia (21).
     Por su parte, las comunidades más pasivas en la promoción de viviendas públicas fueron Extremadura (10), Aragón (9), Asturias (1) y La Rioja (1). En Cantabria no se terminó ningún piso público.

     elEconomista.es 15/02/2010 -

     No pagar el alquiler de una vivienda saldrá caro a los inquilinos. A partir de estos momentos los arrendatarios que no cumplan sus obligaciones económicas serán incluidos en una lista de morosos, lo que podría acarrearles importantes problemas, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo. La vivienda es el producto inmobiliario menos rentable del mercado del alquiler.
     La empresa Alquiler Seguro, especializada en la protección a propietarios arrendadores, se ha convertido en la primera empresa de este tipo que pasa a ser miembro adherido de ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito). Con esta adhesión, los arrendadores que alquilan sus viviendas a través de esta compañía podrán incluir en la lista de morosos de la citada asociación a los inquilinos que no paguen.
     ASNEF es el mayor fichero de impagados de España, tanto en número de operaciones morosas declaradas, como en importe deudor. Esta lista contiene información sobre operaciones impagadas, tanto por personas físicas como jurídicas, aportadas por el propio acreedor.
     “Muy barato”
     El consejero delegado de Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, considera que “hasta la fecha en este país salía muy barato y era muy cómodo dejar de pagar el alquiler de un piso”, pero asegura que con esta medida su objetivo es “equiparar y proteger un bien tan preciado como la vivienda con cualquier otro bien de consumo, y lógicamente si un consumidor por ejemplo deja de pagar el teléfono y entra en el ASNEF, lo mismo sucederá si deja de pagar el alquiler de una vivienda”.
     Los registros de morosos son ficheros automatizados de datos que sirven para reflejar los incumplimientos en los pagos tanto de personas físicas como jurídicas. Estos listados se elaboran para que las entidades crediticias puedan conocer y ponderar la situación de un potencial cliente que solicita financiación o simplemente un servicio, como en este caso, el del alquiler de una vivienda.
     Estar incluido en una lista de morosos trae importantes consecuencias negativas, como que bancos o cajas le rechacen la concesiones de créditos. Por ello, la medida promovida por Alquiler Seguro trata de proteger a los arrendadores de un posible impago, ya que el inquilino sabrá que dejar de cumplir con sus pagos puede traerle un perjuicio grave que hasta ahora no se contemplaba.

     15-02-2010 , Expansión.com
     El Servicio de Estudios de BBVA cree que el excedente de vivienda sin vender empezará a reducirse este año, ya que han dejado de acumularse inventarios y las ventas podrían reactivarse ante la eliminación en 2011 de la deducción por la compra de vivienda habitual.
     A pesar de las optimistas previsiones, la entidad también señala en su último “Observatorio Económico” que la actividad promotora seguirá cayendo, dado el bajo número de visados de obra para construir nuevas casas que se están concediendo, en tanto que la inversión en vivienda será para el conjunto de 2010 un 15% inferior a la de un año antes.
     En cuanto al ’stock’, BBVA cree que la oferta se está ajustando “intensamente”, por lo que es previsible que hayan dejado de acumularse inventarios.
     Este proceso podría verse acelerado por la supresión en 2011 de la deducción por compra de vivienda habitual para las rentas superiores a 24.000 euros, junto con la subida del IVA en el mes de julio, lo que adelantará la decisión de compra de algunas familias a 2010.
     Además, la mejora en la accesibilidad a la vivienda como resultado de la reducción de los tipos de interés y la caída de precios ayudarán a recuperar una demanda todavía débil.
     De acuerdo con los últimos datos del Banco de España (BdE), las familias españolas que adquirieron una vivienda en 2009 destinaron el 29% de sus ingresos brutos anuales a esa compra (contadas las deducciones fiscales), lo que supone casi 13 puntos menos que en 2008, cuando el esfuerzo financiero era del 41,6%.
     De esta forma, quienes compraron una vivienda en 2009 necesitarán para pagarla el equivalente a los ingresos brutos de 6,9 años frente a los 7,2 años que se necesitaban en 2008

     Hipotecas | Condiciones abusivas
     Facua: Las claúsulas suelo encarecen la hipoteca 2.000 euros anuales
     La organización insta al Gobierno a actuar contra los abusos de la banca
     Servimedia | Madrid 15/02/2010 - El Mundo
     La organización de consumidores Facua ha denunciado que las cláusulas suelo encarecen el coste de una hipoteca media hasta 2.000 euros anuales. Actualmente, dichos ’suelos’ oscilan entre el 1,25% y el 4,95%.
     La organización demanda al Gobierno que proteja los intereses de los usuarios y deje de “mirar hacia otro lado” ante la aplicación de estas cláusulas, que a su juicio están beneficiando de forma abusiva a la banca.
     Según sus datos, más de la mitad de las hipotecas tienen cláusulas suelo que pueden impedir que el consumidor se beneficie totalmente de las bajadas del Euribor. La hipoteca con el suelo más alto de las analizadas por Facua lo eleva al 4,95%.
     Si se aplicaran los intereses que figuran en el contrato, el Euribor (que se situó en el 1,232% en enero) más el 1%, un préstamo de 115.000 euros a 23 años supondría una cuota de 533,11 euros mensuales. La existencia de la cláusula suelo provoca que la cuota mensual se eleve a 698,69 euros. En un año, el suelo incrementa la cuota en 1.986,96 euros.

     ElConfidencial.com
     Hay 175 planes pendientes de recalificación

     Los promotores valencianos ya no construyen: sólo aspiran a que su licencia sirva como aval de deuda

     Jesús Montesinos.- 13/02/2010
     La Fiscalía y la Guardia Civil abrieron entre 2005 y 2008 hasta un total de 4.457 expedientes en 157 municipios por la construcción en terreno rústico no urbanizable. Sin embargo, no ha sido hasta el último año cuando han salido a la luz los principales escándalos urbanísticos, coincidiendo con la caída en picado del precio del suelo y de la vivienda; y haciendo que cientos de proyectos urbanísticos (130 millones de metros cuadrados y 25.000 segundas residencias por año) duerman el sueño de los justos en los cajones de la consellería de la Vivienda o la de Medio Ambiente (o sean vetados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que esgrime la falta de agua para tanto uso urbano). Esto ha hecho que los promotores ya no quieran el suelo de sus proyectos urbanísticos y tan sólo aspiren a ver reconocida la licencia para utilizarla como aval para refinanciar su deuda.

     El enfrentamiento político entre PSOE y PP en la Comunidad Valenciana a cuenta de urbanismo se remonta a la investigación iniciada en el Parlamento Europeo por los abusos denunciados en Bruselas por varios ciudadanos. Los socialistas españoles denunciaron varias veces ante el Parlamento Europeo que la responsabilidad era del gobierno de la Comunidad por mantener la legislación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Desde el gobierno autonómico popular se ha denunciado en varias ocasiones que el PSOE haya “alimentado las fieras” por meros intereses políticos. En la actualidad no hay demandas urbanísticas, pero la Fiscalía y la Confederación (dependientes del Gobierno por una parte y la Generalitat por la otra) continúan denunciando ilegalidades.

     Las dos leyes urbanísticas citadas fueron desarrolladas en su día por Rafael Blasco, conseller de Obras Públicas del Gobierno socialista de Joan Lerma, a quien sucedió Esteban González Pons, que enmendó las posiciones radicales del anterior definiendo el urbanismo valenciano como “una sandía, roja por dentro y verde por fuera”.

     Derrumbe del negocio inmobiliario

     Empresarios promotores, como José Luis Miguel (Grupo Onofre), ya preveían en 2006 un cambio de ciclo. Pese a las peticiones de agilización de las licencias definitivas, apenas se han activado algunos de los 175 expedientes para la recalificación y ordenación de suelo que deben realizar ayuntamientos y promotores privados.

     Planes urbanísticos como el de Marina d´Or Golf (Oropesa-Cabanes-Castellón), con dieciocho millones de metros a ocupar; el de Rabassa (Alicante), con casi cuatro millones; o el de Mestalla (actual campo de fútbol del Valencia) están atascados a falta de los últimos trámites legales.
     Mientras tanto hay nueve casos denunciados por la Fiscalía con detenidos y encarcelados (Zarra, Montroi, Bigastro, San Fulgencio, Benitatxell, Polop, LLiber y Atzuvia) y hasta diez ayuntamientos con cargos públicos imputados  ( Catral, Olocau, Algorfa, Torrevieja, Oropesa, Caballes, Orihuela, La Vall de Laguar, Javea, Denia), con denuncias permanentes de corrupción entre PP y PSOE. A su vez el PSOE ha presentado una querella contra el PP por el caso Gürtel en la que implica a las empresas constructoras y promotoras Lubasa, Piaf, FACSA y Enrique Ortiz.

     12-02-2010 , Manuel de la Cruz - Expansión
     Las entidades financieras velan armas ante un episodio de la guerra de las hipotecas. Para los próximos meses preparan productos más agresivos ante la expectativa de que se reactive un poco la venta de viviendas en el segundo semestre del año.
     La banca sabe que una parte fundamental de su negocio es prestar dinero. Una vez que parece que lo peor de la crisis ha pasado y la liquidez regresa poco a poco a los mercados, las entidades quieren volver a conceder créditos, aunque esta vez seleccionando mejor a los clientes. Ya no vale café para todos como en los tiempos de bonanza económica.
     Aunque la banca dice que no ha endurecido la política de riesgos, lo cierto es que ahora es mucho más estricta forzada por una tasa de morosidad que supera el 5%. Las entidades reconocen que las medidas, que comenzaron a tomarse en 2008, se han centrado en los segmentos con peor comportamiento: “Jóvenes y no residentes. En las hipotecas financiadas al 100%, con los precios cayendo, la garantía vale menos que el préstamo. Tenemos que ver cuáles interesan y cuáles no. Antes apuntábamos con un cañón y ahora queremos apuntar con un láser”, aseguran en un banco respecto a la necesidad de seleccionar mejor a los clientes.
     “Nuestra política de riesgos se basa principalmente en el esfuerzo sobre ingresos netos y en el importe solicitado frente al valor de tasación”, explica Cristina Martín, directora de Financiación Hipotecaria de Bankinter, que recuerda que su entidad es la que cuenta con la tasa de mora “más baja del mercado, con diferencia”. El máximo que se concede en la actualidad no excede del 80% del valor de tasación de la vivienda.
     En la actualidad, las ofensivas de las entidades se centran, no en captar nuevas hipotecas, sino en atraer las de otras entidades. “El robo de hipotecas entre bancos es muy fuerte”, reconoce el responsable de esta área de un banco. “Las subrogaciones son las que han alimentado el movimiento de las hipotecas en 2009”.
     De ahí que las mejores ofertas se concentren en los cambios de hipoteca. Entre los más activos y competitivos se encuentran iBanesto, con su Hipoteca Azul a un tipo de interés variable del euribor más 0,38 puntos, y Barclays, que comercializa su Hipoteca Cambio de Banco Bonificada a euribor más 0,35 puntos. En ambos casos exigen la domiciliación de la nómina y contratación de seguros del hogar con el banco.
     iBanesto exige además, que el importe de la hipoteca no sobrepase el 70% del valor de tasación y que se constituyera antes de enero de 2008. Barclays, para garantizar ese tipo de interés obliga a contratar un seguro de vida, gastar más de 2.000 euros al año con sus tarjetas de crédito y realizar aportaciones anuales de 600 euros a planes de pensiones o fondos de inversión. Cada condición no cumplida encarece el crédito en 0,15 puntos.
     El problema para la concesión de hipotecas nuevas, según los expertos, es que hay un stock de 1,2 millones de viviendas en venta y los precios no han bajado lo suficiente para que la gente compre. “Bajarán en el segundo semestre de este año y el primero de 2011. Deberían caer un 20% como mínimo”, aseguran en el sector. Para Martín, “la evolución de la demanda de hipotecas es lenta, aunque creemos que comenzará a notarse sobre todo a mediados de año alentados por la recuperación económica y, sobre todo, por la reforma del IVA, que impulsará la compra de viviendas”.
     Previendo esta situación, las entidades comienzan a tomar posiciones. Algunas entidades consultadas reconocen estar preparando productos más competitivos para el segundo trimestre. ING, Deutsche Bank o Activo Bank se han adelantado y han rebajado el diferencial que aplican sobre el euribor. Para la directora de Financiación Hipotecaria de Bankinter, este recorte “parece lógico si pensamos en la evolución del euribor, en el precio de la materia prima (el precio actual del dinero), así como en el mayor acceso a la obtención de fondos –liquidez- en el mercado”.
     “El cliente español es muy sensible al precio. De ahí que las entidades más pequeñas opten por la política de atraer a precios bajos con la intención de ofrecerle, además, toda la gama de productos del banco”, reconoce el responsable de hipotecas de una entidad.
     Las entidades también están relajando sus condiciones para dar salida a las viviendas que tienen en cartera. Bancaja, por ejemplo, ofrece al comprador no pagar ni capital ni intereses ni comisiones durante los tres primeros años. La condición es que se trate de una vivienda de su cartera o de los promotores que se sumen a esta iniciativa.
     Ahora falta por ver si este abaratamiento de las hipotecas no se compensa por un encarecimiento del euribor.

     Agencias 14/02/2010 El Economista

     El Tribunal Supremo tendrá que decidir si la Audiencia Nacional debe investigar la querella interpuesta por un grupo de afectados por la congelación de los reembolsos del fondo inmobiliario del Banco Santander, después de que tanto ese organismo como el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid negaran su competencia.
     Cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizara al Santander a suspender la devolución de los ahorros a sus más de 43.000 partícipes, el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid considera que los hechos denunciados por la asociación Activa, que representa a casi 400 afectados, “podrían ser constitutivos de delito”.

     Acudir a la Agencia de Protección de Datos y la Lista de Robinson son los mejores recursos
     04/02/2010 - Finanzas.com
     A partir del 1 de enero entró en vigor la Ley anti Spam, aunque es una medida sobre la competencia entre empresas, para proteger a los clientes de las tácticas de telemarketing. Pero no esperes a que te defiendan y toma la iniciativa para dejar de recibir llamadas indeseadas.

     Nueve de la noche; suena el teléfono. Interrumpe la cena, la película de turno o un momento de intimidad. La intimidad del hogar es perturbada por la última oferta en ADSL o de telefonía. ¿A quién no se le ha agotado la paciencia con estas prácticas abusivas de las empresas?

     Habrá notado que la frecuencia de las llamadas de spam telefónico, o como le gustan llamarlo las empresas que lo realizan: telemarketing, han bajado significativamente. Se debe a que a principio de año entró en vigor la ley que ponía coto a este tipo de publicidad intrusiva en los hogares. De esta manera, se traspone dos directivas europeas por la cual el cliente puede negarse a recibir más llamadas en la misma propuesta comercial. Además, a las empresas se les limita el margen de actuación obligándoles a identificarse en las llamadas, en los mensajes de móvil o cualquier otro medio de comunicación. Esto supone un salto cualitativo para que los clientes se puedan proteger.

     A partir de ahora, el usuario tendrá identificada a la empresa para tomar las medidas que considere oportunas para evitar que continúen con el “acoso publicitario”. Una vez conocida la compañía resultará más fácil evitar que se repita llamadas con un objetivo comercial.

     La primera recomendación para deshacerse del Spam telefónico es manifestar la negativa a la propia compañía. La empresa, normalmente, ya se encargará de no repetir la llamada si no quiere recibir una fuerte sanción de la Agencia de Protección de Datos (AGPD). Las multas pueden oscilar entre 600 y 60.000 euros por infracciones leves. De 60.000 y hasta 300.000 euros para sanciones graves y de hasta 600.000 euros para muy graves.

     Cualquier particular puede denunciarlo a la AGPD si la compañía insiste en mantener su actuación comercial. El ente se encargará de tutelar el caso y llegado el caso a ponerlo en manos de la justicia cuando se produce una vulneración de la Ley de Protección de datos. Con solo rellenar un formulario en su página web se puede dejar constancia de la reclamación.

     La Ley también obliga a las empresas que lleven a cabo campañas individualizadas a utilizar ficheros de exclusión publicitaria donde cualquier persona inscrita en ellos no recibirá acciones comerciales. Estos ficheros son eficaces cuando la compañía utiliza bases de datos personales públicas, como listines de teléfonos o censos. La más útil es la Lista Robinson. La inscripción es gratuita y ya forman parte más de 50.000 ciudadanos. La iniciativa ha sido impulsada por la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo en colaboración AGPD.

     Los bancos incluyen estas coletillas para evitar que el consumidor se beneficie de las bajadas del Euribor

     Jesús Moreno - Madrid - 14/02/2010 Público
     IU se ha decidido a acabar con las cláusulas que la mayoría de los bancos incluyen para impedir que sus clientes se beneficien de las bajadas de los tipos de interés: son las llamadas cláusulas suelo.
     El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, registrará mañana una proposición no de ley para que el Gobierno ponga fin a esta práctica que impide a los consumidores beneficiarse de la bajada del Euribor (tipo de referencia para establecer el precio de las hipotecas), y beneficiarse así del abaratamiento de sus créditos hipotecarios.
     En concreto, esta iniciativa instará al Ejecutivo a “tomar las medidas oportunas para proteger a los usuarios que han suscrito o piensan suscribir hipotecas, eliminado las cláusulas suelo”, asegura IU.
     Esta práctica beneficia de manera “abusiva” a algunas entidades
     A juicio de la coalición, esta práctica provoca que algunas entidades bancarias encarezcan de forma artificial algunas de las hipotecas que conceden. Así, IU pretende acabar con una práctica que, a su parecer, “beneficia de forma abusiva a algunas entidades financieras”, y advierte de que el Banco de España está permitiendo sin control el establecimiento de estas cláusulas.
     La estrategia de negocio de numerosos bancos ha sido beneficiarse de la subida sin límites que llegó a tener el Euribor en tiempos de bonanza económica (antes de la crisis llegó a superar el 5%), e imponer en las hipotecas cláusulas que impidan abaratarla ahora que el índice está en mínimos históricos (1,22%). De esta forma, la banca siempre gana.
     La mitad de las hipotecas contienen estas cláusulas
     La coalición llevará a cabo esta iniciativa tras haber constatado junto con diversos estudios de asociaciones de consumidores, entre los que figura uno de Facua, que más de la mitad de las hipotecas “tienen ‘cláusulas suelo’ que impiden que el consumidor se beneficie totalmente de las bajadas del Euribor. Estas cláusulas pueden llegar a situarse hasta en el 5%”.
     “Los bancos no tienen ningún interés en asesorar a sus clientes”, denuncia Llamazares
     En este sentido, la iniciativa firmada por Gaspar Llamazares exigirá al Gobierno que tome medidas de forma rápida porque, en su opinión, “la mayoría de los clientes no siempre son conscientes de lo que suscriben en materia financiera y los bancos no tienen interés alguno en asesorarlos para que adopten decisiones económicamente racionales comparando distintas ofertas”.
     Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), hay entidades bancarias que tienen como práctica habitual establecer estos límites por abajo en los tipos de interés -y señala directamente al “Banco Pastor y al Banco Popular”, entre otras-, pero advierte de que se está convirtiendo en una práctica habitual.
     La OCU advierte de su importancia y pone un ejemplo: “Con un préstamo con un capital pendiente de 150.000 euros, un plazo pendiente de 20 años, revisable con Euribor (1,664% en junio) más 0,5%, pero con un límite a la baja del 3,5%, pagaría una cuota de 870 euros mensuales, mientras que por el mismo préstamo, sin límite, pagaría 769. Esto supone una diferencia de más de 100 euros al mes: la friolera de más de 1.200 euros en un año.
     Izquierda Unida aduce que “con la inclusión de cláusulas limitativas del tipo de interés  ni se garantiza el justo equilibrio de las contraprestaciones, ni se acredita claramente que los clientes son conscientes del contenido de lo que están suscribiendo”. Una “mala práctica bancaria que, a partir de mañana, estará en el tejado de La Moncloa, siendo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el que tendrá que decidir.