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Archivo del 5 de marzo de 2010

Consejo de Ministros. Aprobado el plan de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de seguridad social

viernes, 5 de marzo de 2010

Economía y Hacienda
5 marzo 2010

Aprobado el plan de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de seguridad social
Incluye sesenta medidas orientadas a la prevención, a coordinar la captación de información, a mejorar la eficacia del control sobre el fraude y a cooperar en las acciones de recaudación.
Se amplía la colaboración entre los organismos públicos encargados del control del fraude para mejorar su eficacia.
Su objetivo es dar respuesta a los cambios en la tipología del fraude a consecuencia de la crisis económica, especialmente a la economía irregular y al trabajo no declarado.
Aportará unos ingresos equivalentes al 0,1 por 100 del PIB hasta 2013 y contribuirá a la consolidación de las finanzas públicas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que ha sido elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado.
El Plan aprobado hoy, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, presenta sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación: la prevención y el fomento del cumplimiento voluntario; la mejora de los sistemas de captación de información mediante el uso compartido de las bases de datos de los tres organismos públicos encargados del control del fraude -Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social-; la puesta en marcha de acciones de control conjuntas, que se sumarán a las propias que ya lleva a cabo cada organismo; y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.
El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años, y que van a tener continuidad en los siguientes; iniciativas como el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que han permitido a la Agencia Tributaria recaudar más de 35.500 millones de euros en los últimos cinco años, mediante la persecución sistemática de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados; o como los Observatorios del Fraude creados por la Tesorería General de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, que han contribuido a afinar los perfiles de riesgo de los distintos sectores de actividad y mejorar sensiblemente los resultados de la lucha contra el fraude en el ámbito socio-laboral.
Con el paquete de medidas aprobado hoy, el Gobierno espera incrementar en el periodo 2010-2013 en una cantidad equivalente al 0,1 por 100 del PIB los ingresos derivados de la lucha contra el fraude. De este modo, se contribuye así al esquema de consolidación de la finanzas públicas que se recoge en la Actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento.
Captación de información
El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social se ha elaborado de forma conjunta para fomentar la cooperación en las actuaciones sobre las formas de fraude derivadas del actual contexto económico. Para ello la utilización de la información es esencial.
Se establecen instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, y se prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, se reforzará la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, la participación de programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.
Otro de los objetivos del Plan es conseguir la implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude. En este sentido, se plantearán acuerdos a nivel nacional, autonómico y local para que se impliquen activamente en la lucha contra el trabajo no declarado, y se extenderán los llamados acuerdos de entendimiento y de intercambio de información con organizaciones sectoriales para prevenir el fraude en aquellos sectores con mayor riesgo defraudatorio.
Actuaciones de control
Las actuaciones conjuntas de control se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se identifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de detección de trabajadores falsamente autónomos, de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte algún tipo de actividad, de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando, o de control de la jornada laboral, ya sea por horas extraordinarias no retribuidas, o retribuidas y no cotizadas, o bajas indebidas por vacaciones o fiestas.
Para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos, lo que permitirá realizar acciones de control conjuntas e incluso simultáneas, en los casos en los que se estime más oportuno. A la luz de los resultados de estas actuaciones, se estudiarán los cambios normativos que sean necesarios para facilitar que los hechos reflejados en una actuación de control de un organismo determinado puedan incorporarse de forma automática a las comprobaciones que puedan efectuar otros.
Actuaciones de recaudación
El Plan recoge la creación de una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación de grandes expedientes y procesos concursales, Comisión en la que se fijarán criterios conjuntos en la concurrencia de embargo y en el cobro.
También se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Fomento del cumplimiento voluntario
Se fomentará el cumplimiento reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social. También se realizarán campañas de concienciación cívica de cumplimiento de las diferentes obligaciones.

Consejo de Ministros. Modificado el Servicio Jurídico del Estado para mejorar su asistencia a las instituciones públicas

viernes, 5 de marzo de 2010

5 marzo 2010 – Presidencia

Modificado el Servicio Jurídico del Estado para mejorar su asistencia a las instituciones públicas
Se organizará por departamentos según las materias jurídica, con lo que se favorece de este modo la continuidad en el proceso y su control, el contacto con el organismo representado y defendido, y la mayor integración entre la función contenciosa y consultiva.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado vigente desde 2003. Su objetivo es prestar una atención eficiente e inmediata a las demandas que plantea la asistencia jurídica al Estado y demás instituciones públicas, adaptándose a las necesidades de cada momento.
Principales novedades
El Reglamento prevé que los Abogados del Estado se organicen por materias jurídicas, con lo que se favorece de este modo la continuidad en la actuación del proceso, el contacto con el organismo representado y defendido, y la mayor integración entre la función contenciosa y consultiva.
Para ello, a partir de ahora el Servicio Jurídico se organizará por “departamentos”. Éstos se configuran como un instrumento que permitirá flexibilizar la asignación de recursos humanos y operará paralelamente en las subdirecciones y demás unidades previstas en el Reglamento, lo que supone una mera reordenación de efectivos a través de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, sin incremento alguno de gasto.
Otras adaptaciones
Asimismo, se introducen diversas adaptaciones en la estructura de la propia Abogacía General del Estado, siempre sin incremento de gasto:
La Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional se unen para conformar la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos, con la finalidad de reforzar la unidad de actuación en los debates en materia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en los foros internos e internacionales.
La preexistente Subdirección de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional pasa a denominarse Subdirección General de Asuntos de la Unión Europea e Internacionales, adaptando sus funciones y estructura a las necesidades derivadas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Se refuerzan las funciones de la Auditoría e Inspección de los Servicios, para lo que se configura la Subdirección General de Coordinación y Auditoría.
Por razones de coherencia, las funciones de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia pasarán a depender de la Subdirección denominada Gabinete de Estudios.

La Xunta justifica por su propia «inacción» la amnistía urbanística

viernes, 5 de marzo de 2010

La nueva la ley del suelo legalizará tanto viviendas como naves industriales
Pablo López – Santiago – 02/03/2010 El País

¿Por qué se legalizan las casas construidas sin licencia? «Porque parte de la culpa es de la Administración, por su inacción a la hora de reponer la legalidad», responde la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas. Según fuentes conocedoras del sector, decenas de miles de viviendas se beneficiarán de la amnistía. En opinión de Rivas, «unos cientos; habas contadas». Y añade: «Es lógico legalizarlas. Si prescriben los delitos de sangre, ¿cómo no lo van a hacer las infracciones urbanísticas?».
La amnistía es uno de los preceptos más conflictivos, aunque no el único, de la reforma de la Lei de 2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural, conocida como la Louga o Lei do Solo. La que el pasado martes aprobó el Parlamento inicialmente será su cuarta modificación en ocho años. Su disposición transitoria tercera se titula Edificios sin licencia. Y dice que «las edificaciones realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica preceptiva, cualquiera que sea la clasificación del suelo en que se encuentren, (…) quedarán incorporadas al patrimonio de su titular» y sujetas al régimen de fuera de ordenación.
Las condiciones para que esta legalización sea efectiva consisten en que no se trate de zonas verdes ni espacios públicos, que existían con anterioridad al 1 de enero de 2003 y que a la entrada en vigor de la reforma haya transcurrido un plazo de seis años sin que la Administración adoptase ninguna medida de restauración de la legalidad.
Todas esas viviendas no sólo se legalizan, sino que pasan directamente al régimen de fuera de ordenación, de forma que sus propietarios, además de poder inscribirlas en el registro de la propiedad, podrán realizar obras de mantenimiento, consolidación, mejora, reforma e incluso de ampliación, «en casos justificados». Claro que, ateniéndose a la literalidad de la ley, la polémica disposición transitoria no se refiere únicamente a casas, y podría aplicarse igualmente a naves industriales.
Pero también los retoques de otros artículos abren la mano para la posible legalización de edificaciones. Ocurre con el 103, dedicado a las obras terminadas sin licencia. Hasta ahora, si transcurre un plazo de seis años sin que se hayan adoptado las medidas de restauración de la legalidad urbanística, en esas edificaciones no se pueden realizar más que «pequeñas reparaciones exigidas por razones de seguridad e higiene», y se excluyen las de «consolidación, aumento de valor o modernización». Todo eso se sustituye por su catalogación como fuera de ordenación, y por tanto serán susceptibles incluso de ser ampliadas. Resultará más fácil legalizar, pero también más barato, al desaparecer la tasa de 10 euros por metro cuadrado que establecía la ley de 2002. «No funcionaba: desde su entrada en vigor, la Xunta no ha ingresado ni un euro por este canon», justifica la secretaria general de Urbanismo. Y añade: «Se me viene a la cabeza aquello de odia el delito, comparece al delincuente».
Esa tasa de legalización existe porque, aunque sea la más generosa, no será ésta la primera amnistía que llega al urbanismo gallego. Desde la ley de 2002, la legalización requiere que no se trate de suelo protegido y que hayan transcurrido los seis años de rigor. Las edificaciones que no resulten legalizadas son de obligada demolición por sus propietarios. Con la reforma, todas esas obras pasarán de la piqueta a la amnistía.
Pero hay más, porque el procedimiento de legalización se relaja, hasta el punto de convertirse en automático. Hasta ahora, se obligaba a pedir licencia municipal y a elaborar un proyecto con medidas correctoras, todo ello con un límite de tres años para solicitar la autorización. Por supuesto, la ley de 2002, reformada dos años después, no contemplaba que todas esas casas ilegales se acogieran al más favorable régimen de fuera de ordenación, con su correspondiente incorporación al patrimonio de su titular y las posibilidades de efectuar obras. Simplemente se legalizaban.
La reforma deroga expresamente dos artículos. De un lado, la disposición sobre las edificaciones ilegales en suelo rústico. El otro es el artículo 27, que limita los usos permitidos en ese tipo de suelo. Desde 2002, el uso característico de las edificaciones en los núcleos rurales es el residencial, aunque son autorizables usos comerciales, productivos, turísticos y tradicionales ligados a la vida rural, así como pequeños talleres. La condición es «que no se altere la estructura morfológica del asentamiento y el nuevo uso contribuya a revitalizar la vida rural y mejorar el nivel de vida de sus moradores y que, en todo caso, resulten compatibles con el uso residencial». Todo eso desaparece.

«Los registros no reflejan una mejora del sector inmobiliario»

viernes, 5 de marzo de 2010

Alfonso Candau / Decano de los Registradores de España
«Los registros no reflejan una mejora del sector inmobiliario»
2 Marzo 10 – Madrid – R. L. Vargas – La Razón
«Hay pequeñas sedes registrales que no cubren gastos»
¿En qué medida está afectando el descenso de la compraventa de viviendas a la actividad de los registradores?
– En una medida importante, aunque variable. En las zonas de costa es donde se ha manifestado más el descenso.
– ¿Se puede cuantificar este descenso en cifras?
– Hablaríamos de una caída media del 40% en contratación inmobiliaria.
– ¿Cómo de acusada ha sido la caída en la zona costera?
– En algunos puntos ha sido muy brusca. Hay que tener en cuenta que la segunda residencia es lo primero de lo que se prescinde en época de crisis. Además, una parte de esa segunda residencia era alquilada por extranjeros y la crisis también está repercutiendo en sus economías.
– Hay expertos que aseguran que en este comienzo de año la actividad del sector estaría mejorando. ¿Lo notan ustedes?
– El tipo de operaciones que hacemos nosotros no refleja eso. No digo que no se esté produciendo, pero no se refleja. No vemos que, de momento, repunte.
– ¿Cómo está la actividad en el sector mercantil?
– Estamos asistiendo a un aumento exponencial del número de concursos de acreedores [Según los datos que hizo públicos la institución, en 2009 se duplicaron, pasando de 2.086 a 4.480].
– ¿Y los embargos?
– También han aumentado. Lo que ocurre es que los acreedores prefieren refinanciar antes que optar por la medida más agresiva y más antieconómica, que es subastar el piso, porque se pierde dinero. Nosotros percibimos esto porque tenemos muchas modificaciones hipotecarias para aumentar el plazo de devolución. En el caso de las empresas, también se renegocian las deudas antes del concurso de acreedores.
– ¿Cómo va el proyecto para crear el portal concursal?
– El portal se anuló por un problema de rango normativo. Se trata de un deber que tenemos los registradores: poner a disposición de los juzgados y de los ciudadanos la información para que puedan consultarla de forma gratuita. Y lo tenemos técnicamente realizado. Sólo necesita la norma habilitante para ponerlo en funcionamiento.
– ¿Hay plazos para ello?
– Depende de Justicia. Hay voluntad de hacerlo, pero estamos a expensas de que lo hagan.
– ¿Se han hecho ajustes de plantilla en los registros?
– Ha habido que hacerlos en algunos que estaban diseñados para una época completamente diferente. Pero he de decir que se está recurriendo a mecanismos que eviten los despidos como la redistribución de la masa salarial. Se está reasignando el trabajo porque el volumen de ingresos ha descendido.
– Usted ha dicho que las demarcaciones de los registros son «caóticas e irregulares».
– Sí, y lo mantengo. Se hicieron sin responder a un criterio racional. Es verdad que había determinados registros que soportaban una carga excesiva y había que dividirlos. Pero, a fecha de hoy, desconocemos el criterio que motivó esta demarcación. A casos iguales se les dio soluciones diferentes, sin criterios objetivos.
– ¿Sobran muchos registros?
– Bastantes. Ahora mismo hay 300 vacantes de unos 1.200, pero esto no tiene marcha atrás, tiene difícil solución.
– ¿Por qué?
– Porque el proceso de hacer una demarcación registral es muy complicado. Hay que pedir informes y es difícil satisfacer los intereses de todos. No creo que se pueda solucionar en muchos años. Era necesario hacerlo, pero se ha hecho muy mal. Hay pequeños registros que ahora mismo están siendo subvencionados por el Colegio de Registradores porque no cubren gastos.
– ¿Cómo están las relaciones con los notarios?
– Institucionalmente, ha habido algunas diferencias, pero vamos camino de solucionarlas.

Moody´s cree que los bancos españoles recuperarán en 2011 el 89% de las hipotecas morosas

viernes, 5 de marzo de 2010

Bloomberg 4/03/2010 – El Economista
Moody´s Investors Service ha vuelto a avisar de que los bancos españoles encaran mayores pérdidas por el aumento de la morosidad en las hipotecas, conforme el desempleo aumenta y las ventas de casas bajan. A pesar de ello, se la agencia financiera se muestra optimista en este sentido de cara al próximo año.
Para 2011, es probable que los bancos recuperen alrededor del 89% de los préstamos para compra de casa que cayeron en mora a principios de 2008, escribieron en un informe los analistas de Moody´s Frank Julia-Sala y Neal Shah, de Londres. Esto se compara con el 94% que los bancos recuperaron por hipotecas que cayeron en mora entre 1997 y 2005.
Las recuperaciones hipotecarias «siguen una tendencia claramente bajista», escribieron Julia-Sala y Shah. «Existe cierta incertidumbre en España sobre la recuperación de los préstamos hipotecarios morosos conforme avance el ciclo económico adverso», añaden.
La tasa de desempleo de España ha aumentado a más del doble en los últimos dos años a 19,5%, la más alta de la Eurozona, y representa más de la mitad de los empleos perdidos en la región desde 2008, según datos de la Unión Europea.
Las ventas de casas en España bajaron 43% en el tercer trimestre del año pasado con respecto al mismo periodo en 2007, cuando el inicio de la peor crisis del crédito en 70 años hizo que los bancos redujeran los préstamos.
Moody´s analizó 26.626 préstamos con un retraso de al menos 90 días que fueron incluidos en bonos respaldados por hipotecas.
La agencia de rating de Nueva York midió lo que los bancos recuperaron tras un periodo de nueve meses. La tasa actual de recuperación de las hipotecas morosas en 2008 es de alrededor del 54%