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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo del 12 de marzo de 2010

Candidatura 2010-2014. Defensa jurídica… ¿Se cumple el programa electoral?

viernes, 12 de marzo de 2010

Defensa jurídica
Los Registradores realizan su calificación con independencia, y, por consecuencia, bajo su responsabilidad. Por lo mismo, los ciudadanos que resulten injustamente perjudicados por un erróneo funcionamiento del sistema pueden exigir al registrador respuesta a sus pretensiones, resarciendo, en su caso, el daño que haya podido producirles. Así ha venido sucediendo, y así debe seguir acaeciendo. El Colegio pone a disposición de sus colegiados un servicio de defensa para el caso de que les sea reclamada responsabilidad civil por su actuación profesional.
Sin embargo, inserto en la actual sociedad del riesgo, las exigencias de responsabilidad se han expandido a otros ámbitos. Con carácter extraordinario puede suceder que un compañero se vea envuelto en un procedimiento penal, o que las administraciones públicas actúen contra él desde perspectivas tributarias, laborales o deseguridad social.
Fundamentalmente, es previsible que los registradores tengamos que acomodarnos a defender nuestra calificación ante los tribunales de justicia. Nuestras notas de calificación han sido tradicionalmente recurridas ante la Dirección General de los Registros. El Centro Directivo logró atesorar, con brillantez científica, deontología impecable e infatigable laboriosidad, un prestigio unánimemente compartido por toda la comunidad jurídica y la sociedad española. Quienes lo han servido como letrados deben ser objeto de un unánime reconocimiento público y desde aquí se lo brindamos.
Es notorio, sin embargo, que en la etapa inmediatamente anterior a la actual, la degradación intelectual y ética de la institución, ha malversado, en unos pocos años, lo que tanto trabajo costó edificar. El deterioro del prestigio científico de la Dirección es algo difícilmente reversible. Quienes en aquella última etapa acudían masivamente al recurso gubernativo, por entender que se desenvolvían en un ámbito familiar, han dejado de hacerlo en cuanto se ha intentado, desde fecha reciente, restituir la imparcialidad a la institución, de suerte que, como cualquier otro ente administrativo, sirva con objetividad los intereses generales. De aquel período de decadencia ha resultado la sustitución de la doctrina por la propaganda corporativa, dejando huérfanos a todos los juristas de una referencia otrora inexcusable. Méritos se hicieron en aquel período para ello: la permuta de la resolución justa por el remitido de parte, el incumplimiento de los plazos para resolver (en términos de años de retraso), la anulación masiva de sus resoluciones por los tribunales, la continua apelación al carácter subordinado (¿?) de la calificación registral, la obsesión por la jerarquía en detrimento del prestigio, la utilización de la vía disciplinario-represiva en un recurso que hubiera debido tener carácter estrictamente jurídico, incluso la descalificación personal del compañero por el propio Centro Directivo y, en muchas ocasiones, la palmaria e ineluctable agresión a la sintaxis.
Los Jueces de Primera Instancia, las Audiencias Provinciales, y, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, han acreditado unos tiempos de respuesta a las peticiones de tutela judicial incomparablemente más eficientes que los de la colapsada y maltrecha Dirección General que dejó la anterior regente del Centro. Defensa jurídica
Y ello a pesar de la carencia de medios y la sobrecarga de trabajo endémicas de nuestra jurisdicción. Pero, haciendo abstracción del mayor o menor acierto de las resoluciones judiciales, como del de cualquier actividad humana, los jueces han puesto de manifiesto una de sus notas más características: la independencia.
Es previsible por ello que los abogados aconsejen a los ciudadanos, cada vez más frecuentemente, que sus discrepancias con las calificaciones de los registradores se susciten directamente en los Juzgados, prescindiendo del recurso gubernativo (de carácter hoy potestativo) que dilata, en términos de años, una respuesta jurídica que debe ser ágil. Idealmente, sostenemos que la competencia para conocer de estos recursos pudiera corresponder a las Salas de lo Civil y de los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de las Comunidades Autónomas, pero, obviamente, esta es una decisión que compete a las Cámaras Legislativas mediante Ley Orgánica.
Por todo ello, nuestra candidatura aboga por una completa reestructuración del servicio de defensa jurídica, de manera que cualquier compañero que se vea demandado ante los tribunales cumpla con poner los hechos en conocimiento de este servicio y apoderar a un procurador, para que, sin necesidad de su presencia física en los pasillos de los juzgados, con carácter objetivo y motivado, pueda ver su calificación defendida de manera profesional, coordinada y eficiente.

El juez imputa por el caso Montroy a un registrador

viernes, 12 de marzo de 2010

El magistrado de Picassent investiga las inscripciones de casas y terrenos, y también a la inmobiliaria inglesa que captó a los compradores británicos

Un registrador de la propiedad y el gerente de la inmobiliaria inglesa que captó a los compradores desde Surrey (Reino Unido) son los dos últimos imputados en el caso de corrupción urbanística de Montroy. Juan Carlos R. Ch. y Christopher Robert M., de la inmobiliaria Zodiac Villas, se suman al resto de imputados. Se trata de los dos últimos alcaldes de Montroy, Javier Carrión (PP) y Antonio Polo (PSOE), además de dos notarios, un ingeniero industrial, un constructor, un abogado y tres promotores. Entre estos últimos figura el socio de Morarim SL, Guillermo A. P., que sigue en prisión al no haber pagado la fianza impuesta de 50.000 euros.
El registrador de Carlet fue el primero en declarar ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent. Se investigan las inscripciones de las propiedades que se compraron y se vendieron con motivo de la construcción de 82 chalets ilegales en terrenos rústicos de la Canyada de la Murta, en Montroy.
El juez intenta comprobar la legalidad de los títulos de estos inmuebles, toda vez que la empresa Morarim adquirió por el artículo 205 de la Ley Hipotecaria al menos siete de las fincas rústicas sobre las que se construyó y que el Ayuntamiento de Montroy está intentando legalizar al haber aprobado un plan urbanístico.
Esta forma de adquisición requiere la connivencia o, al menos, el conocimiento del ayuntamiento en cuestión. Alguien se declara dueño de unas fincas cuya inscripción registral es muy antigua, se publican a la puerta del ayuntamiento varios edictos y, si en un plazo legal, nadie reclama la finca como suya, éste se convierte en poseedor de primer título. Ello no requiere inscripción registral ni es oponible a terceros, pero se puede vender, con lo que el segundo título ya es inscribible.
Morarim compró 19 fincas en el Polígono 21 de Montroy y otras siete las adquirió por este sistema, con lo que no hay inscripción registral de estas últimas. Todas las fincas suman 221.000 metros cuadrados. En una de ellas, por ejemplo, la última incripción en el Registro de Carlet data de 1886. De las que compró a finales de 2002 sí existe inscripción, pero con la prohibición de vender dictada por el Juzgado de Picassent el pasado 19 de febrero.

Carrión iba a ganar mucho dinero
Por su parte, el gerente de la inmobiliaria inglesa Zodiac Villas, Christopher Robert M., ya está imputado en otra causa iniciada hace dos años por la denuncia de seis matrimonios ingleses que le compraron las casas en Montroy.
En aquella declaración ya explicó que todos estaban convencidos de que las casas se iban a construir y a urbanizar. Y añadió que fue el antiguo alcalde, Carrión, quien les transmitió «el optimismo y la certeza» de que se iban a construir las casas en Montroy, ya que «él mismo iba a ganar mucho dinero con la instalación eléctrica».

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Enero 2010

viernes, 12 de marzo de 2010

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad
Enero 2010. Datos provisionales
El número de fincas transmitidas en enero desciende un 5,7% respecto al mismo mes del año anterior
Las compraventas de viviendas aumentan en un 2,1% en tasa interanual
El número de fincas transmitidas en el mes de enero es de 157.463, un 5,7% menos que en el mismo mes de 2009 y un 14,4% más que en diciembre de 2009.
En el caso de las compraventas de fincas, el número de transmisiones es de 82.396, lo que supone un descenso interanual del 5,4% y un aumento del 17,5% respecto al mes precedente.
Compraventas
El 88,4% de las compraventas corresponde a fincas urbanas y el 11,6% a fincas rústicas. En el caso de las urbanas, el 52,5% son compraventas de viviendas.
El número de compraventas de fincas rústicas disminuye un 10,0% en enero en tasa interanual, mientras que el de fincas urbanas baja un 4,7%. Dentro de estas últimas, la compraventa de viviendas aumenta un 2,1%, lo que supone el primer incremento interanual de esta tasa desde el inicio de la serie histórica, en 2008.
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado
El 88,9% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero son libres y el 11,1% protegidas. En términos interanuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumenta un 2,5% y el de protegidas desciende un 0,9%.
El 49,2% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero son usadas y el 50,8% nuevas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas disminuye un 5,1% y el de usadas se incrementa un 10,7% respecto a enero de 2009 Distribución geográfica
En el mes de enero de 2010 el número total de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes es mayor en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha (752), La Rioja (702), Aragón (658) y Castilla y León (649).
Las comunidades autónomas en las que el número de compraventas de fincas por cada 100.000 habitantes es mayor son La Rioja (391), Castilla-La Mancha (319) y Cantabria (313).
Atendiendo a las compraventas de viviendas, las comunidades con el mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes1 son Cantabria (157) y Región de Murcia (138).
En enero de 2010, el 58,3% de las compraventas de viviendas se registraron en cuatro comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid.

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

El plan para renovar casas arranca con 476 millones

viernes, 12 de marzo de 2010

Vivienda firma mañana el último convenio con CCAA. Inversión de 4.459 millones hasta 2012
Susana R. Arenes – Madrid – 09/03/2010 Público.es
La rehabilitación de viviendas ha pasado de ser la hermana pobre en la construcción a emerger como una de las fórmulas que ahora quiere priorizar el Gobierno para absorber parte de los casi 800.000 parados del sector. El Ejecutivo acaba de incluir la rehabilitación como vía para crear 350.000 empleos en dos años en las propuestas anticrisis que intenta consensuar con la oposición. Pero ya el año pasado, aprobó que el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 lo fuera también, por primera vez, de Rehabilitación. Esta última parte podrá empezar a ser posible desde mañana, con una inversión estimada para este año de 476 millones.
Mañana está previsto que el Ministerio de Vivienda firme con la Comunidad de Madrid el último de los convenios con las autonomías, con lo que arrancará el programa de rehabilitación en todas, salvo en Cantabria y Murcia, que no lo han firmado, y País Vasco y Navarra, que tienen plan aparte por su estatus foral, explican fuentes del departamento que dirige Beatriz Corredor. Aunque el plan estatal articule sus ayudas y aportaciones, las competencias en vivienda son autonómicas, por eso son necesarios los acuerdos bilaterales.
De esos 476 millones contabilizados para 2010, el ministerio aportará una tercera parte, 149 millones para rehabilitar 18.000 viviendas.
Con cada millón invertido en rehabilitación se crean 56,5 empleos, de acuerdo con las estimaciones que ha hecho el Centro de Estudios Económicos Tomillo para el ministerio, según un documento interno del departamento. Estos cálculos suponen que la inversión prevista para este año serviría para crear 27.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
1,5 contratos por casa
Esto significa que, por cada casa renovada, se generarían 1,5 empleos. Con esta proporción, para lograr los 350.000 contratos de trabajo en construcción que propone la vicepresidenta económica, Elena Salgado, tendrían que rehabilitarse aproximadamente 230.000 casas en dos años. Todo el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 prevé 470.000 actuaciones en esos cuatro ejercicios y generar una inversión global de 4.459 millones para reformar casas y edificios, de los que el ministerio aportará 1.760 millones de euros.
Las que más se benefician del apoyo del Estado son Asturias, Andalucía y Extremadura
Por comunidades, las que más se benefician del apoyo del Estado son Asturias, Andalucía y Extremadura, donde la subvención de Vivienda supone el 37% del total de la inversión, en los dos primeros casos, y el 36%, en el último de ellos.
Pero son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que acaparan mayor porcentaje de ayudas, ya que estas serán de cuatro euros de cada diez invertidos en estos territorios.
Por volumen de subvención que recibirán las comunidades sale ganando Andalucía, que percibirá 32 millones, seguida de la Comunidad de Madrid, con 28 millones, y de Castilla y León, con 20,3 millones.
En cuanto a las ayudas que pueden recibir los particulares dentro del plan de rehabilitación, hay dos programas. En el de ́reas de Rehabilitación Integral (Aris), la subvención máxima alcanza los 6.600 euros para rentas inferiores a 41.540 euros. En el de ́reas de Renovación Urbana (Arus), que contempla barrios o zonas con edificios de más de 30 años que tengan que ser demolidos o reconstruidos, las ayudas llegan a un tope de 30.000 euros por casa.