A I R E

     Xavier Gil Pecharromán  20/03/2010 El Economista

     Su sistema de consulta electrónica permite a cualquiera acceder a información sensible. Los denunciantes obtuvieron ‘notas simples’ con argumentos inaceptables y nombres falsificados.
     Alegar un interés totalmente espurio, o proctológico, o incluso ergonómico, basta para que los Registros de la Propiedad faciliten datos privados de cualquier propietario (dirección, deudas bancarias, deudas con Hacienda o la Seguridad Social, embargos, etc.), según consta en una denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de los Registros Públicos, que ha motivado la apertura de una investigación por parte de la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD).
     En la denuncia se califica de “mayúsculo escándalo” que se pueda pedir información a nombre de una persona inexistente, con DNI errado y alegando intereses ilógicos”.
     Sistema torticero
     “No puede ya sólo obedecer a una negligencia del funcionario (registrador), sino a la existencia de un sistema torticeramente montado que ampara un negocio, sin matiz de clase alguno, lo que conlleva una imputación directa a quien pone en pie ese sistema, que no es sino el Colegio de Registradores”, afirma la asociación, presidida por el notario Javier Menéndez, directivo del Colegio Notarial de Canarias.
     Desde el pasado 18 de febrero, la AEPD comprueba el proceso de emisión de notas simples de los Registros de la Propiedad, que según la denuncia es “un sistema fraudulento impulsado desde el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, cuya finalidad es dar la apariencia, falsa, por supuesto, de juridicidad de lo que es un negocio absoluto”.
     Este negocio, según consta en la denuncia, permite expedir notas simples informativas sin que exista el más mínimo control del interés legítimo, lo que vulnera la normativa de protección de datos, porque éstos se ceden para una finalidad que nada tiene que ver con la que justifica el tratamiento.
     Cada nota simple expedida por un Registro supone el cobro de aranceles por 9,02 euros más 1,44 euros en concepto de IVA. La nota simple que se expide fuera de las siete horas hábiles siguientes a la solicitud por el interesado no se cobra.
     Falsas peticiones
     Para demostrar la inexistencia de control sobre los solicitantes, diversos miembros de la asociación denunciante han pedido, a través de Internet, numerosas informaciones en las que el interés legítimo propuesto para acceder a ellas no tiene calidad jurídica alguna, como la curiosidad malsana, el porque me da la gana o un interés creado.
     Incluso se obtuvieron informaciones alegando palabras sin sentido alguno, como cochinillo, chirimoya, butifarra o alcachofas con jamón en Registros situados en ciudades donde estos alimentos son parte de las señas de identidad.
     Además, en una segunda fase, se solicitaron 16 notas simples con nombres simulados, como el personaje literario Iván Denisovich (de Alexander Solzhenitsyn) o una filiación extranjera como Mihai Duta, a los que aplicaron números de carné de identidad sin letra de control o menos números de los debidos. La información se recibió sin problemas.
     La solicitud de información se puede realizar a través de la página web del Colegio de Registradores (www.registradores.org) , a través del sistema Floti (Fichero Localizador de Titularidades Inscritas).
     En el trámite, se abre un formulario en que se piden los datos del solicitante (nombre y apellidos, DNI y dirección). Además, hay que incluir un número de tarjeta de crédito para pagar el servicio y el interés legítimo que se alega.
     Facturas de IVA erróneas
     En estos casos, la asociación hace constar en su denuncia que las facturas emitidas tienen trascendencia tributaria, pero son completamente erróneas.
     Junto al Colegio de Registradores, la denuncia incluye a los funcionarios que han facilitado las informaciones sin aplicar los controles debidos. Entre ellos, están Alfonso Candau (presidente del Colegio), Eduardo José Martínez (sustituto de la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, en el Registro de Lillo) o Enrique Rajoy (hermano del presidente del PP).
     Puestos en contacto con el Colegio de Registradores, se aseguró a elEconomista, que se facilitaría un informe sobre el sistema, que en el momento de cerrar esta edición no había sido aún facilitado, más de 48 horas después de la solicitud.
     El sistema empleado fue auditado por la Agencia de Protección de Datos en sus inicios, en 2006.

     20-03-2010 ,  Juanma Lamet - Expansión
     Ahora resulta que no, que los precios de la vivienda no han caído tanto como todos pensaban. Al menos, según las principales estadísticas. Y no sólo eso, sino que el Gobierno ya ve “próxima” la estabilización del sector. Quizá no tan próxima como la subida del IVA, que encarecerá los pisos una media de 2.000 euros. Y a lo mejor no tan lejana como la supresión en 2011 de la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, que supone un encarecimiento encubierto del 8% en un piso medio, según los cálculos de los economistas.
     Entonces, teniendo en cuenta que la adquisición de un inmueble es la gran inversión vital de la mayoría de las familias, ¿merece la pena comprar ahora con deducción y sin penalización en el IVA? ¿Espero a 2011 o se acabó la época de rebajas en el ladrillo? ¿Vendo? ¿Alquilo con opción a compra? Demasiadas preguntas y una respuesta desesperanzadora para todas: “Depende”. Los expertos consultados por Expansión no tienen soluciones universales, pero sí para cada caso.
     ¿Es buen momento para comprar casa?
     “No hay una regla general para decantarse por comprar. Depende de las circunstancias familiares y del inmueble, pero casualmente, los pisos que están ajustando su precio son los que están vendiéndose”, señala Gregorio Izquierdo, director de Estudios del Instituto de Estudios Empresariales (IEE). Lo que viene a decir es que si un piso tiene una buena rebaja, no se lo piense demasiado, porque a día de hoy es muy probable que haya tocado fondo.
     Tenga en cuenta, como referencia, que “en el conjunto del ciclo, la vivienda puede caer entre un 20% y un 25%, de media”. “Es buen momento para buscar mucho, porque hay una oferta muy amplia, y encontrar productos con buenos precios”, aconseja Julio Gil, socio director de Horizone Consulting Inmobiliario. Ojo: si quiere comprar en costa, no lo haga ahora, porque “los precios van a seguir bajando”.
     ¿Merece la pena adquirirla antes del alza fiscal de julio?
     Si necesita ya la vivienda, láncese. “La subida fiscal de julio va a animar a que entre comprador y vendedor fuercen ponerse de acuerdo”, apunta Carlos Martínez Jarabo, consejero delegado de la plataforma de servicios inmobiliarios Admentum. Hay que aprovechar los meses de abril, mayo y junio para presionar al vendedor –que sabe que la demanda va a caer– y rascar alguna rebaja. Puede que comprando antes de la subida fiscal acabe matando dos pájaros de un tiro.
     Además, a tenor de lo que opina José Manuel Sánchez, director de Análisis de la consultora Knight Frank, este año es un buen momento para comprar la primera residencia: “Si anduviéramos en ratios de depreciación de entre el 4% y el 5% [como dice el INE], la subida del IVA y la no deducción nos comerían la bajada. Pero realmente no creo que el valor de caída de precios esté en el 4%”. El descenso “ha tenido que ser de al menos un 10% o un 15% (dependiendo de la zona) en 2009, y en 2010 estaremos entre un -10% y un 20%, así que todo el año sería bueno para comprar y nefasto para vender”.
     ¿Es rentable seguir esperando?
     “A medida que pase el tiempo el precio caerá más, pero las grandes oportunidades irán desapareciendo, ya que a partir de mediados de 2010 empezará a drenarse el excedente de pisos nuevos a la venta”, opina Julio Gil. Pongamos que usted está convencido de comprar ya su primera vivienda. Tiene a su favor que no le pillará la subida del IVA –del 7% al 8% a partir de julio–. Además, aunque cobre más de 24.000 euros anuales, llega a tiempo para deducirse en el IRPF hasta el 15% de los primeros 9.015 euros destinados a la hipoteca cada año. Pero tiene en contra que el año que viene puede ser muy positivo para el comprador.
     ¿Qué pasa en 2011?
     La subida fiscal y la anunciada deducción de la vivienda “van a ayudar este año a animar las compras, pero el ajuste de precios no ha acabado”, señala Izquierdo. Es decir, “habrá muy probablemente más rebajas y mejores opciones en 2011”, agrega. “La contrapartida es que “la subida del IVA nos puede encarecer la compra de nuestro piso de 2.500 a 4.000 euros”, replica Sánchez.
     Aunque Izquierdo contraataca con una lectura optimista, ya que “si se desploma la demanda, el ajuste de los precios puede intensificarse”, apunta Izquierdo. Los promotores y los vendedores particulares pueden acabar presionando en 2011 los precios a la baja para lograr vender su stock.
     No lo tengo claro, ¿alquilo con opción a compra y así me lo pienso?
     Los promotores se están lanzando a poner su stock en alquiler con opción a adquisición pasados unos años. “Si usted duda sobre si los pisos van a caer más, alquile con opción de compra”, aconsejan los expertos. Pero si el precio fijado para la compra acaba siendo alto, porque mientras está de alquiler bajan más los precios, usted podrá rescindir el arrendamiento sin problemas y volver a buscar una casa a la venta con un buen precio. Es una opción muy razonable y “ventajosa” y que “no te compromete”, apunta Gil.
     ¿Y si soy yo el que compro el piso para ponerlo en alquiler y que me vaya rentando?
     Otra buena opción. Invertir una vivienda en alquiler es adecuado ahora. Es una inversión que en un momento de crisis da muchísimas oportunidades para elegir. Ahora es el momento para invertir a medio y largo plazo, y siempre sabiendo que “igual el año que viene hay más rebajas”, avisan los analistas inmobiliarios. “A a diez años, todos los que compren ahora habrán hecho bien”, dice Izquierdo.
     ¿Vendo?
     “Es mejor a veces asegurarse una pérdida cierta que esperar una situación mejor”, coinciden varios expertos. Si pone un precio realista, venderá. Pero tenga en cuenta que ese valor casi nunca se parecerá al que tenía la vivienda en el boom. La rebaja dependerá de la zona. Al norte de Madrid, por ejemplo, “difícilmente se ve un cartel de Se vende”, agrega Martínez.
     Tres consejos
     1. “Todo el año 2010 es nefasto para vender y bueno para comprar, y lo mejor probablemente antes del verano”, que es cuando sube el IVA, asegura Knight Frank.
     2. “Es buen momento para buscar buenas ofertas. A medida que pase el tiempo el precio caerá más, pero las grandes oportunidades irán desapareciendo”, apunta Julio Gil.
     3. Busque pisos con una buena rebaja, porque difícilmente bajarán más. “Casualmente, los pisos que ajustan su precio son los que se están vendiendo”, subraya el IEE.

     EcoDiario.es 21/03/2010 El Economista

     El gozo de las familias que aún aguardan para comprar una vivienda a precios menores, gracias al estallido de la burbuja inmobiliaria, puede quedar en un pozo. El coste de las viviendas sigue bajando pero hay indicios que muestran que el ajuste podría estar llegando a su fin.
     Aunque la OCDE, la Comision Europea y el Banco de España siguen sosteniendo que los inmuebles en España están un 20% sobrevalorados, el mercado se empeña en llevarles la contraria.
     Según publica hoy el diario El Mundo, en el mercado residencial asoman síntomas de cambio de tendencia. En 2009 los precios, de media, sólo bajaron un 4,3%; un 3,5% si nos fijamos únicamente en los inmuebles de segunda mano.
     Además, la próxima subida de un punto del IVA en las transacciones y, más aún, el fin de la desgravación fiscal a partir de 2011 por compra de vivienda para rentas superiores a 24.000 euros, podría reactivar la demanda, lo cual, presumiblemente, llevaría a promotores y propietarios a retirar parte de los descuentos aplicados a sus inmuebles. Estas mismas medidas gubernamentales vendrían también a neutralizar, en parte, las reducciones acumuladas por los pisos en venta desde el inicio de la crisis, por lo que los potenciales compradores que no quieran sufrir esta consecuencia estarían urgidos, en breve a hacerse con una propiedad.
     Apunta El Mundo a que en el mercado existe ya la percepción de que los compradores empiezan a moverse.
     La baza de los bancos
     En todo lo anteriormente expuesto, las entidades financieras tienen mucho que decir. Con 100.000 pisos en su haber, producto de ejecuciones a particulares y a inmobiliarias con deudas, sus movimientos podrían ser decisivos en el devenir de los precios. Si necesitaran liquidez, lo lógico es que incentiven la salida de la cartera de inmuebles que acumulan con descuentos y con las facilidades de crédito que ya están concediendo para quienes adquieran sus viviendas.
     En cualquier caso, un millón de pisos nuevos esperan comprador y este año aún asistiremos a nuevos descuentos. Sin embargo, los expertos no pronostican grandes rebajas.

     Agencias 20/03/2010 El Economista

     El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este sábado la puesta en marcha “de manera inmediata” de una nueva línea de crédito por el que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos podrán solicitar hasta 200.000 euros.
     El presidente del Gobierno también anunció ayudas para quienes decidan rehabilitar una vivienda, con el objetivo de crear empleo.
     Durante su intervención en un desayuno-coloquio sobre ‘Crecimiento sostenible para el empleo’ organizado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) en Sevilla, el jefe del Ejecutivo mostró su “confianza” en los empresarios para hacer un uso “razonable” de estas línea de crédito “que ayudarán a las pymes”, y consideró la rehabilitación de viviendas como “un gran campo para la actividad económica”.

     Estadística de suelo del Ministerio de Vivienda 
 
     Entre octubre y diciembre de 2009 se realizaron 6.150 transacciones de suelo urbano, frente a las 5.023 del trimestre anterior

     La superficie transmitida alcanzó los 6,4 millones de metros cuadrados, lo que supone un descenso del 41,6% en tasa interanual
     16 de marzo de 2010. El precio del suelo urbano se situó en el cuarto trimestre de 2009 en 232 euros el m2, lo que representa un 6,5% menos que en el cuarto trimestre del año anterior.

     Enlace al Ministerio de Vivienda

     Según Corredor
     Los jóvenes siguen encontrando dificultades para acceder a una vivienda
     17/03/2010 -  Europa Press
     La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, destacó hoy que las familias dedican en la actualidad el 29% de su renta bruta disponible a la compra de una vivienda, una vuelta a los niveles de 2006 que calificó de “buena noticia”.

     Durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Corredor afirmó que, si bien es cierto que el mercado inmobiliario “ha dado muchas malas noticias”, últimamente también está ofreciendo “alguna novedad positiva”.
     En este sentido, la titular de Vivienda celebró que el indicador de esfuerzo financiero de las familias en la compra de un inmueble se sitúe ya por debajo del 30% habitualmente recomendado, pero afirmó que muchos hogares y, sobre todo jóvenes, siguen encontrando dificultades para acceder a una vivienda.
     Corredor recordó que, con el ánimo de ir reduciendo estos “agobios”, el Gobierno ha rebajado los tipos de interés de las hipotecas que pagan hasta 640.000 adjudicatarios de viviendas protegidas al amparo de los planes de vivienda estatales.
     Según dijo, esta rebaja podrá suponer un ahorro de hasta 900 euros mensuales, lo que no hará al Ejecutivo bajar los brazos, pues “no escatimará esfuerzos” para lograr que el acceso a la vivienda siga mejorando.

     Banco de España| Casi cuatro puntos más que la registrada en 2008
     El saldo de préstamos dudosos se situó en diciembre en 32.533 millones de €
     La tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda cae un 0,16%
     Europa Press | Madrid 18/03/2010 El Mundo

     A pesar de los últimos y tímidos indicios de recuperación del mercado inmobiliario, a este sector parece que aún le queda un largo camino para curarse plenamente en salud. Prueba de ello es el último dato sobre la tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias. Este porcentaje repuntó en 2009 hasta el 10,06%, la cifra más elevada de la historia, según datos del Banco de España.
     El dato de diciembre supera en 1,31 puntos el del tercer trimestre y eleva en casi cuatro puntos la del ejercicio 2008, cuando se situó en el 6,11%. La crisis ha puesto en un difícil situación a estas empresas, que afrontan un 2010 complicado, en el que el nivel de mora podría seguir creciendo.
     El saldo de préstamos dudosos se situó en diciembre en 32.533 millones de euros, lo que supone casi el doble que hace un año (19.416 millones de euros) y eleva en más de 3.000 millones de euros los créditos dudosos del tercer trimestre de 2009. Los créditos totales alcanzaron los 323.306 millones en 2009, un 0,34% menos que en el tercer trimestre del año (324.439 millones), pero un 1,65% más que hace un año (318.032 millones).
     Los bancos lideran este capítulo de morosidad con un 10,58%, 2,4 puntos por encima del nivel del tercer trimestre
Hace dos meses, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española -entidad dependiente de las entiedades financieras- afirmó que “la banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”, cifrada por él mismo en 325.000 millones de euros.
     Más morosos con los bancos
     La alta morosidad que acumulan bancos y cajas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Banco de España suba del 20% al 30% las provisiones que las entidades tienen con vistas a una depreciación de sus activos inmobiliarios o los impagos procedentes del sector Por entidades, los bancos lideran este capítulo de morosidad, con un 10,58%, 2,4 puntos por encima del nivel del tercer trimestre, y un total de 14.000 millones de euros dudosos, frente a 132.235 millones de euros concedidos.
     Las cajas de ahorros, por su parte, cerraron el año con un ratio de mora del 9,71%, sólo medio punto por encima del nivel que marcó en el tercer trimestre del año, lo que pone de manifiesto que estas entidades han logrado contener el crecimiento de esta tasa. El total de dudosos ascendía en diciembre hasta los 17.056 millones de euros, con un total de 175.520 millones de euros concedidos.
     Descienden los impagos hipotecarios
     El mayor incremento se produjo en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y 0,50
     La tasa de mora de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria cerró el año 2009 en el 2,83%, 0,16 décimas por debajo de la del tercer trimestre del año (2,99%), lo que refleja que se ha moderado el endeudamiento de las familias.
     Este ratio de morosidad se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008. A partir de junio de ese año comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.
     El mayor incremento se produjo precisamente en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y en 0,50 puntos porcentuales. A lo largo de 2009, la morosidad hipotecaria ha continuado su ascenso, pero de manera más moderada.
     El saldo de créditos dudosos alcanzó a cierre del pasado ejercicio 17.277 millones de euros, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró en 610.647 millones.
     En este capítulo, las cajas lideraron la tasa de mora, con un ratio del 3,06% a cierre del año, aunque lograron reducirla en 0,38 décimas respecto al tercer trimestre. El saldo de dudosos alcanzó los 10.182 millones de euros, mientras los créditos concedidos se situaron en 332.731 millones de euros.
     En el caso de los bancos, la morosidad se situó en el 2,41%, 10 décimas por encima del nivel del tercer trimestre, con un total de 231.336 millones de euros concedidos y 5.588 millones de euros en créditos dudosos.

     Sólo en los establecimientos financieros ha bajado el saldo vivo: un 4,47%
     Servimedia | Madrid 18/03/2010 El Mundo
     El saldo vivo del crédito hipotecario ha alcanzado en enero de 2010 los 1.095 billones de euros, lo que supone un aumento de sólo el 0,97% con respecto al mismo mes del año anterior. Con respecto a diciembre de 2009, el saldo del crédito hipotecario se redujo un 0,36%, según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
     En concreto, el saldo vivo del crédito hipotecario en las cajas de ahorros se se ha sitado en 605.916 millones de euros, tras subir un 0,35% en comparación con enero de 2009.
     Por su parte, en los bancos ha alcanzado los 402.184 millones de euros, un 1,72% más, y en las cooperativas de crédito ha aumentado un 3,5%, hasta situarse en 71.188 millones de euros. Los establecimientos financieros han sido los únicos en los que ha bajado el saldo vivo, un 4,47%, hasta los 16.311 millones de euros.

     Encuesta de Condiciones de Vida
     Cinco Días - Madrid - 18/03/2010
     El peor año de la crisis ha sido, hasta el momento, 2009. La economía de los hogares españoles se deterioró por el paro y la reducción del ingreso. Una realidad que constata el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer. El 7,2% (casi un o de cada diez) confiesa que tuvo retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler y en los recibos de agua, gas, energía y comunidad. La estadística señala que este valor subió 2,5 puntos en los últimos cinco años. En 2005 se situaba en el 4,7%. No obstante, el porcentaje se eleva al 18,6% en los hogares con todos sus miembros parados.
     Las familias han perdido también la capacidad para hacer frente a los gastos adicionales y corrientes. Así, el porcentaje de hogares que no tenía recursos para afrontar costes imprevistos registró un incremento de 5,8 puntos en 2009 frente al año anterior. La dificultad afecta a una de cada tres familias, el dato más elevado en cuatro años, según el informe.
     En tanto, los hogares registraron problemas para llegar a fin de mes. El 13,7% tuvo mucha dificultad en 2009, el dato más elevado en seis años, según el INE. La cifra se incrementa, sin embargo, al 30,5% si se agrupan aquellos que llegan con “dificultad o mucha”. Esto supone un aumento de 2,3 puntos frente a 2007, antes de la recesión.
     Los niveles de pobreza se mantienen, pese a la crisis. La tasa llegó al 19,5% el año pasado, dos décimas menos que en 2007. La mayor miseria recae sobre los mayores de 65 años (del 25,7%). Aunque bajó 2,8 puntos si se compara con la de 2007.

     El 35% está en pérdidas en lo que va de año
     18-03-2010 ,  Manuel de la Cruz - Expansión
     Los inversores más conservadores en fondos se han quedado sin su tradicional refugio: los monetarios. En lo que va de año, uno de cada tres fondos monetarios (los antiguos Fiamm) pierde dinero y la rentabilidad media de la categoría es del -0,05%, según los datos de Inverco al cierre de febrero. Pero, además, en tres de cada cuatro productos, la gestora recauda en comisiones más dinero de lo que el fondo renta al partícipe.
     Pese a que los monetarios son los fondos más seguros por el tipo de activo en el que invierten, lo cierto es que también pueden hacer perder dinero a los partícipes. De hecho, de los 89 fondos monetarios españoles, en 31 de ellos, la rentabilidad del fondo en los dos primeros meses del año es negativa y en tres, el valor liquidativo es el mismo que a comienzos de año. Sólo 21 fondos rentan más del 0,1% en 2010.
     Los partícipes de estos 21 fondos son precisamente los únicos que obtienen una rentabilidad superior a las comisiones medias (de gestión y depósito) que cobran las gestoras y que están incluidas en el valor liquidativo del fondo.
     Los gastos medios de gestión y depósito que aplican los fondos monetarios rondan el 0,55% del patrimonio gestionado, según los datos de VDOS Stochastics (incluye monetarios de gestoras internacionales). El último dato de Inverco referido a los fondos españoles correspondiente a 2008 cifraba la comisión de gestión media ponderada de esta categoría de fondos en el 0,72%.
     Si los gastos medios de los monetarios son del 0,55% del patrimonio anual, al descontarse diariamente del valor liquidativo del fondo, en los dos primeros meses del año, las gestoras han percibido, de media, el 0,09% del patrimonio. La rentabilidad de 68 de los 89 fondos monetarios no supera este porcentaje.
     El origen de esta situación se debe a que mientras la rentabilidad de los activos en los que invierten los fondos monetarios ha caído de forma brusca en los últimos años, las comisiones no se han reducido en la misma proporción.
     Actualmente, los rendimientos de las letras del Tesoro oscilan entre el 0,38% a tres meses y el 1,16% a 18 meses. Con estas rentabilidades y comisiones totales por encima del 1% en algunos casos es normal que haya fondos presenten un balance negativo este año.
     De ahí que los partícipes estén dando la espalda a estos fondos. En lo que va de año, los reembolsos netos en fondos monetarios ascienden a 897,5 millones de euros, el 6,67% de su patrimonio. Sólo los fondos de renta fija a corto plazo presentan peor balance. En los últimos doce meses, con una mayor rentabilidad (0,82% de media), el volumen de activos gestionados ha caído el 33,7% (frente al 1,75% del sector).
     Por lo que respecta al número de partícipes, entre enero y febrero 14.584 inversores netos han vendido sus fondos monetarios, lo que supone el 3,56%, por encima de la media del conjunto del sector, que ha descendido el 2,84%.

     La Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en la banda entre el 0% y el 0,25% durante un “periodo prolongado”
     Sandro Pozzi - Nueva York - 16/03/2010 - El País
     Ben Bernanke quiere que las aguas se calmen para distinguir los factores estructurales que frenan la recuperación de los temporales, y a partir de ahí ajustar la estrategia monetaria. Eso le ha justificado dejar los tipos de interés en EE UU en la banda entre el 0% y el 0,25%. Sin embargo, la Reserva Federal ha confirmado que a final de mes dejará de comprar activos hipotecarios, un mecanismo que le permitió mantener bajo el crédito a la compra de la vivienda.
     La de hoy ha sido la primera reunión del comité de política monetaria del banco central que duró un día, en lugar de las dos jornadas que durante la recesión dedicó el equipo de Bernanke a analizar la coyuntura. Ahora lo que busca la Fed es no ser rehén de su propio lenguaje. En el comunicado final mantuvo la línea maestra, la que anticipa que los tipos seguirán intactos en EE UU durante un “periodo prolongado”.
     Los pocos ajustes han llegado en la parte referida a la economía, al decir que las cosas van a ir mejor a pesar de que el paro  sigue alto y de que el mercado de la vivienda esta “deprimido”. Esto, en cualquier caso, no le impide seguir con lo planeado cuando se refiere a la estrategia para retirar los instrumentos que activó para inyectar liquidez en la economía.
     El sector privado, motor de crecimiento
     El baile empezó hace unas semanas, con un alza de un cuarto de punto en el interés a los préstamos a los bancos. Ese paso, de carácter técnico, no afectó al crédito al consumo. Pero la Fed confirmó que a final de mes empezará a desmantelar el programa de 1,25 billones de dólares para la compra de hipotecas. Los analistas ya anticipan un incremento de medio punto en el tipo a los créditos a 30 años, que ahora rondan el 5%.
     Es otro paso más para que el sector privado vaya asumiendo poco a poco el papel de motor del crecimiento, sin apoyarse tanto en la intervención pública. El mercado parece estar cada vez más preparado para ello, como indicaron durante las últimas semanas los miembros de la Fed en sus discursos públicos. La atención se dirige así hacia el encuentro del 27 de abril. Ahí podría introducir ya un cambio de lenguaje, que podría indicar que pondrá el pie sobre el freno tras las elecciones de noviembre.
     El calendario de subidas, en cualquier caso, dependerá de la marcha de la economía. La previsión es que el repunte se modere a una tasa anualizada del 3% del producto interior bruto en el primer trimestre, frente al 5,9% del cuatro de 2009. Eso, según el Tesoro, sería suficiente para empezar a crear empleos netos. La inflación se mantiene suave. Por lo que de haber subida, sería hasta el 0,5%. Pero hay miembros en el seno de la Fed, como Thomas Hoenig, que están cada más preocupados por los riesgos de la estrategia monetaria actual. Hoenig votó en contra.

     Informe de la UAM
     La corrupción urbanística sigue saliendo a cuenta
     16-03-2010 , Marga Castillo Grijota - Expansión
     El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo necesario y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.

     Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que “ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción”. El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que “la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas”.
     En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.
  
     El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.
     Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala  que el ‘boom’ inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. “El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho”. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, “ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico”. Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.
     La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
     Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y “en el que un juez decidió ir a por todas” y empezó a “tirar de la manta” se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio”, afirma Pozuelo. “Desde Marbella ha habido un efecto dominó”, señala la experta. “No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto”.

     Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, “tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado”.
     Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. “Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura”.
     El estudio de esta experta señala que “a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción”. El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.
     La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social
     Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y “se carga” contra los que toman las decisiones: “Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.
     El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de “dar a dedo”… aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que ‘de facto’, se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.
    A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. “En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás”, señala Pozuelo.
     ¿Da respuesta la Justicia?
     Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, “no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas”, explica.
     “Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos”, argumenta la profesora de la UAM.
     “La norma no es laxa, pero no se aplica”
    “La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos”, sentencia.

     “De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.
     Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística”.
     El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales
     La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, “es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos”. “Que se investigue y se inspeccione más”, pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito”.
     Multas proporcionales, no máximas
     Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan “mereciendo la pena” a los infractores. “Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.
     El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. “Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella”, señala la experta en su compendio”.
    Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance
    Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
     “Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales”.
     Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo “es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección”.
     “Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia”, prosigue, “debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio”. Por otra parte, es necesario “que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística”.

     El Consejo de Gobierno andaluz da luz verde al Reglamento de Disciplina Urbanística, con el que se faculta a los ayuntamientos a “iniciar y concluir” un procedimiento de demolición en el plazo de un mes
     Sebastián Sánchez / Málaga  17.03.2010 -
     La larga senda por la que en los últimos años han deambulado en la provincia de Málaga miles de expedientes urbanísticos motivados por la ejecución de obras al margen de la ley puede llegar a su fin. Desde ayer, los ayuntamientos malagueños y del resto de la comunidad andaluza disponen de una nueva herramienta que les permitirá “iniciar y concluir” un procedimiento de demolición en un mes para actuaciones que se determinen “manifiestamente ilegalizables”.

     Este lapso de tiempo, según precisaron desde el Gobierno autonómico, se contará desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, con lo que se podrá reducir hasta en once meses el actual periodo de tramitación. Así al menos lo marca el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística al que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio ayer luz verde y que introduce como principal novedad el denominado “derribo exprés”, norma con la que se trata de reforzar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y poner coto a las construcciones ilegales.

     La disposición de estos preceptos podría haber acortado los largos plazos que han venido transcurriendo en muchos municipios para que se lleven a cabo derribos de obras ilegales. Ejemplo de ello son los casi 12 años que acumulan las obras que el promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, ha ejecutado sobre suelo no urbanizable en el Monte San Antón sin que hasta el momento el Ayuntamiento de la ciudad haya logrado el derribo de lo ejecutado. Y ello a pesar de las numerosas órdenes dirigidas al empresario.

     Otro caso llamativo es el de una casa en Estepona derruida en abril de 2008, 14 años después de que su construcción fuese denunciada por una comunidad de propietarios. Cabe recordar que en Marbella, localidad en la que se levantan unas 18.000 viviendas irregulares autorizadas durante los gobiernos del GIL y de las que las que serán normalizadas 16.500 en el nuevo Plan General, el primer derribo de no se produjo hasta el año pasado, a pesar de las numerosas voces que reclamaban una acción contundente. Y ello siete meses después de que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo.

     El mapa del urbanismo ilegal se extiende como una mancha de aceite por la práctica totalidad de la provincia, territorio donde en los últimos años ha aumentado de forma exponencial la cifra de construcciones al margen de la ley. Una muestra es lo sucedido en la Axarquía, comarca donde se cuentan unas 10.000 casas sobre suelo rústico (según grupos ecologistas). En Cártama, sólo en suelo inundable, hay registradas 700 construcciones y se conocen de unos 2.000 expedientes abiertos por construcciones irregulares.

     Desde la Administración autonómica, precisaron que el reglamento “permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias”. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalaron que en cualquier caso al afectado siempre le quedará la posibilidad de recurrir a la vía judicial, con lo que el fallo podría demorarse en el tiempo.

    Precisamente, para tratar de evitar lo sucedido en la provincia, se apuesta por reforzar la vigilancia. Los ayuntamientos son los que tendrán que asumir esta competencia, que hasta ahora recaía en exclusiva en la Junta y en el cuerpo de inspectores, integrado por sólo 36 profesionales. Para ello, redactarán planes de inspección y contarán con agentes especializados.

     Otro de los elementos que incorpora el reglamento es el refuerzo de las acciones a prevenir infracciones urbanísticas, como la coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones cuando existan “dudas fundadas” sobre su legalidad. La aplicación de esta medida hubiese evitado, por ejemplo, que el promotor del centro hispano-ruso, tomando como base un informe elaborado por el ex jefe de Arquitectura de Diputación, pudiese inscribir en el registro número 2 de Málaga parte de la construcción ilegal que levantada en San Antón.

     Asimismo, se destaca desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la introducción del principio de “cumplimiento por equivalencia” para aquellos casos “excepcionales” en los que sea “imposible” la ejecución material o legal de las resoluciones. En esos supuestos, entre los que no está el “derribo exprés”, se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga al infractor.

     La medida fue valorada por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado. El edil del PP, que admitió desconocer en detalle el reglamento, admitió que todo lo que suponga “agilizar los trámites para llevar a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística, viene bien a todas las administraciones”. “Va en la línea de lo que siempre hemos dicho, demoler la estructura en construcciones ilegales para evitar que tras todo el trámite la vivienda esté ocupada”, expuso. En la misma línea, el alcalde de Cártama, José Garrido, aplaudió la medida. “Que se pueda actuar sobre una obra que se ejecuta sin licencia en una zona inundable, por ejemplo, paralizándola, es beneficioso para todos”, dijo el regidor.

     Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, indicó que este reglamento, que desarrolla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), no se trata de “una ley de punto y final” sino de un sistema de “filtros y garantías” a través de unas “reglas del juego más claras”.

     16/03/2010 Carmen del Toro – Andalucía Información
     Los municipios podrán hacer efectos los derribos de las edificaciones “manifiestamente ilegalizables” en un plazo mínimo de un mes y un máximo de dos meses gracias al reglamento de disciplina urbanística aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.

     Según explicó el consejero de Vivienda, Juan Espadas, el reglamento faculta a los ayuntamientos para que en un mes, tras comunicar el inicio del expediente administrativo al infractor, el edificio “manifestamente ilegalizable” sea derribado, siendo el tiempo máximo de ejecución de dos meses, además de que la Junta de Andalucía puede ejecutarlo subsidiariamente si así no lo hace el responsable municipal.

     Según Espadas, el objetivo es que “un movimiento de tierras o una estructura no se convierta en una vivienda ni esté habitada”, por lo que el reglamente incluye una “cadena de presunción de titularidades” para facilitar la labor inspectora del municipio y clarificar cuáles son las situaciones claramente ilegalizables, como que sea en una zona reservada en el planeamiento, protegida o espacio natural, por ejemplo.

     Este procedimiento abreviado o exprés, que reduce de nueve meses a un mes el procedimiento administrativo, se une una revisión de la tipología de las licencias que permite la adopción de medidas cautelares, suspensión de obras así como su desarrollo parcial.

     Además, para conseguir la licencia se implica a los colegios profesionales (el visado debe garantizar que se cumpla con la legalidad vigente), a los registradores de la propiedad (deben identificar los suelos y su tipología urbanística) y a las empresas suministradoras, de forma que no se dará ni luz ni agua si no hay licencia municipal.

     “Nunca gratis”

     Con respecto a las situaciones preexistentes, Espadas apuntó que el reglamento no es “de punto y final sino que fijas las reglas del juego”, apuntando que “no cabe la legalización si no cabe en el planeamiento”. Así, en las situaciones ya preexistentes , especialmente en parcelaciones ilegales, los ayuntamientos deberán elaborar, en colaboración con los inspectores de la Junta, un inventario de las edificaciones e identificar “caso por caso” cada uno de los existentes. Posteriormente, se analizará cuáles son ilegales, sus posibilidades de legalización de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente y “nunca gratis”.

     En este sentido, Espadas quiso dejar claro que habrá que compensar al municipio, ya sea económicamente o mediante terrenos, para legalizar estas edificaciones. Eso sí, en caso de sanción, “en ningún caso será rentable al infractor”, incrementándose en un 150% sobre el valor del posible beneficio económico “para evitar que haya repetición”.

     El reglamento incluye también un régimen sancionador que va desde los 600 euros hasta los 120.000 euros, al margen del 150% que se estipula en las parcelaciones ilegales. Por contra, se reconoce también la buena disposición del infractor a la hora de restaurar la legalidad y se facilita el conocido como “prontopago”, con una reducción del 50% si asume la reparación antes de los dos meses estipulados.

     Espadas ejemplificó en la comarca de la Axarquía los problemas derivados de estas parcelaciones ilegales. Así, se está trabajando en paralelo para realizar el inventario de las edificaciones existentes para analizarlas caso por caso y, al mismo tiempo, acelerando la planificación urbanística de los municipios, puesto que algunos de esos municipios aún no lo poseen.

     La Junta aprueba el reglamento que intenta impedir las edificaciones ilegales
     Diego Narváez - Málaga - 17/03/2010 El País
 
     No hay mejor forma de eliminar una construcción ilegal que evitar que se construya. El Reglamento de Disciplina Urbanística que aprobó ayer el Consejo de Gobierno introduce entre sus novedades más llamativas la figura del derribo exprés, un procedimiento de rápida tramitación que permitirá a los alcaldes, o de manera subsidiaria al titular de la Consejería de Ordenación del Territorio, ordenar en un plazo máximo de un mes una edificación que sea “manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística”.
     Se consideran así aquellas construcciones sobre las que existe denegación de licencia; la parcelación o edificación en suelo calificado como no urbanizable y cualquiera que se alce sobre terrenos reservados a equipamientos públicos, o los actos realizados en terrenos de dominio público que no cuenten con la pertinente concesión.
     El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que “se trata de evitar que cuando se detecta un movimiento de tierras o una cimentación, al cabo de los 12 meses haya una vivienda terminada y habitada”.
Iniciado el expediente, los afectados tendrán entre 10 y 15 días para ser oídos y en un mes máximo se podrá dictar la orden de derribo.El reglamento, que desarrolla y “aclara” criterios que como recordó Espadas ya están formulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), trata sobre todo de propiciar a los ayuntamientos instrumentos de respuesta ágiles contra las ilegalidades. “Blindamos los procesos de forma más segura a como estaba hasta ahora, y se fijan unas reglas de juego si cabe más claras, de forma que no queden dudas ni resquicios, si es que a alguien le quedaban”, explicó Espadas.
     En la elaboración de la normativa se ha tenido muy en cuenta la práctica de irregularidades e ilegalidades de los últimos años, de forma que se han recopilado casos muy concretos. La huella de lo ocurrido en Marbella es especialmente evidente. Es el caso más conocido, pero la realidad es que en la comunidad existen decenas de miles de viviendas construidas en contra de las normas urbanísticas.
     El reglamento introduce el “cumplimiento por equivalencia”, para aquellas situaciones que si bien contravienen el ordenamiento urbanístico pueden tener cabida en él, estableciendo para ello una indemnización sustitutoria económica o en aportación de suelo, y siempre complementaria a la multa correspondiente. Es un sistema similar a la normalización diseñada por Manuel González Fustegueras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. “Hay que sacar muchas conclusiones de lo ocurrido”, reconoció Espadas, quien explicó que “es necesaria una mayor implicación del conjunto de la sociedad”.
     La normativa, que según Espadas es “pionera en España”, no sólo implica a ayuntamientos y a la Junta, también otorga responsabilidades en el control de la legalidad a colegios profesionales, registradores de la propiedad y a las empresas suministradoras de servicios. La experiencia enseña que viviendas construidas en contra de la normativa urbanística han sido escrituradas, inscritas en los registros, y han disfrutado con toda normalidad de suministros de agua, luz, gas, o teléfono. Según el consejero, uno de los objetivos primordiales de la norma es proteger al comprador de una vivienda en proyecto, para que tenga todas las garantías de legalidad
     El reglamento, por ejemplo, amplía el listado de hechos inscribibles en el registro, de forma que se deberán anotar si una vivienda tiene la licencia impugnada, si está pendiente de algún pronunciamiento judicial, o ha quedado fuera de ordenación. Hasta ahora, el registro no anota siquiera una sentencia firme de anulación de una licencia. Los colegios de arquitectos, antes de visar los proyectos de licencias, tendrán que comprobar que se ajustan a las determinaciones urbanísticas. Y las empresas de de suministros quedarán impedidas a suministrar servicios a las viviendas que no acrediten disponer de la licencia de primera ocupación.
     En el régimen sancionador, las faltas muy graves serán sancionadas con multas de entre 6.000 y 120.000 euros, y son las referidas a actuaciones en suelo protegido o no urbanizable sin instrumento de planeamiento. El reglamento endurece la reprobación de las parcelaciones ilegales, con sanciones a partir de un 150% del beneficio obtenido. El régimen sancionador persigue además eliminar el beneficio económico del infractor, de forma que la cuantía de las multas puede elevarse si sumada al coste de la reposición de la legalidad queda por debajo del lucro obtenido.

     Apuesta por la libre circulación de sentencias y documentos
     M.A.Caro.Madrid - Expansión
     Francisco Caamaño, apuesta por la libre circulación de sentencias y de documentos públicos.
     Así lo manifestó el titular de Justicia ayer en la inauguración del seminario Bruselas I: la reforma de la litigación internacional en Europa.
     Según destacó el ministro, “cuantas menos trabas haya a la hora de reconocer y ejecutar en un Estado miembro de la UE decisiones provenientes de otro, más ahorraremos a los ciudadanos y a las empresas”.
     Asimismo destacó que la libre circulación de sentencias y de documentos públicos es un “instrumento de política económica y un medio para avanzar en la creación de un espacio judicial europeo”.
     En el acto inaugural del seminario también intervinieron la comisaria europea, Viviane Reding, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil.
     En el seminario, participaron treinta y ocho expertos, representantes de los países miembros de la Unión Europea.

     Fiscalidad | Pasa del 7% al 8% a partir del 1 de julio
     El sector se estabiliza a un ritmo que ‘el Gobierno considera adecuado’
     Servimedia | Madrid 16/03/2010 El Mundo
     La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, descartó que la subida del IVA a partir del 1 de julio vaya a afectar al proceso de estabilización en que se encuentra el sector de construcción residencial.
     La ministra defendió que la decisión de subir el IVA es “importante” con vistas a reconducir el déficit de las cuentas públicas, e insistió en que el incremento impositivo es “moderado”. El sector inmobiliario “va a seguir estabilizándose a pesar de la subida del IVA”, indicó Corredor, quien además recordó que es el tipo reducido el que grava la vivienda.
     Además, incide en que, aunque subirá, el IVA seguirá siendo uno de los más bajos de la UE, al tiempo que subraya que “España es uno de los muy pocos países que tiene un tipo superreducido para un producto de vivienda, como es el caso de la vivienda protegida de régimen especial o de promoción pública”.
     Afirma que no se puede entender como normal el millón de transacciones anuales que se llegó a alcanzar durante el ‘boom’
     La ministra explica que los diferentes indicadores apuntan a la estabilización del mercado, tanto en lo que se refiere a los precios como en lo que tiene que ver con el equilibrio entre número de transacciones y formación de nuevos hogares -en torno a los 250.000 y 350.000 al año-. La ministra ha afirmado que no se puede entender como normal el millón de transacciones anuales que se llegó a alcanzar durante el periodo de recalentamiento del segmento residencial.
     “El año 2010, objetivamente, es un año que ofrece buenas oportunidades a las familias que hayan decido adquirir una vivienda para residir en ella, con una serie de factores que le pueden ayudar a hacer menos gravoso el pago de la hipoteca”, manifiesta. En este sentido, Corredor enumeró la estabilización de los precios, la oferta de viviendas terminada, que ofrece la posibilidad de elegir con tranquilidad, unos tipos hipotecarios en mínimos históricos y las desgravaciones fiscales, que se mantendrán a lo largo de 2010.
     Cantabria
     Sobre la decisión de Cantabria de subir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que grava la compra de vivienda usada del 7% al 8% para equiparar el impacto fiscal al de la vivienda nueva con la subida del IVA, la ministra señaló que es una decisión que sólo depende de las comunidades autónomas, que tienen transferida la gestión de ese impuesto.

     Oficina judicial
     16-03-2010 , Europa Press - Expansión
     El presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que le solicita una reunión para tratar su “honda preocupación” por algunas decisiones adoptadas por el Ministerio durante la creación de la Nueva oficina Judicial “a espaldas y contra los intereses profesionales” de su colectivo y lamenta que pueda suponer “una pérdida retributiva” para muchos secretarios judiciales.
     “Por el Real Decreto 2033/2009 se determinan los puestos tipo adscritos a los secretarios judiciales, en virtud del cual se ha modificado nuestro régimen retributivo, sin negociación alguna con nosotros, y ante el cual el Ministerio que usted dirige no nos ha dejado más remedio que comenzar mostrando nuestra oposición con un recurso vía contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, ahora en trámite”, explica Lara en el escrito.
     Esta preocupación llevó al colectivo a convocar una reunión el 25 de febrero, de la que surge la carta remitida a Caamaño. Asimismo, creen que esas decisiones “ponen en grave peligro el éxito mismo de todo el proceso de modernización” de la Justicia.
     Denuncia también “discriminaciones retributivas” dentro del colectivo en función de que se sirva en territorios con la Nueva Oficina Judicial desplegada o sin ella, así como “en relación con otras carreras judiciales o con otros cuerpos de funcionarios” y puso de ejemplo a los médicos forenses “a los que se les ha reconocido recientemente complementos muy por encima” de los de los secretarios judiciales.
     Por este motivo, desean tratar el tema con el ministro ya que, a su juicio, los secretarios judiciales se han convertido “en una pieza clave” dentro del proceso de reforma. “Nos mostramos claramente comprometidos, sin fisuras ni reservas, y convencidos de que un nuevo modelo de Justicia es posible para hacer efectivo ese servicio público de justicia de calidad y próximo al ciudadano”, recalca Lara en el escrito

     Aristóteles Moreno Villafaina  12-03-10 - ABC - Córdoba
      No sabemos si el señor Telesforo Flores preside la empresa provincial de vivienda pública por tratarse de un experto adquiriente de suelo residencial o viceversa. Es decir: si empezó a comprar pisitos de VPO y renta libre para saber de qué iba la cosa y poder optar al cargo con un currículo apañadito. A un puesto de esta naturaleza hay que opositar conociendo el paño. Desde ese punto de vista, el alcalde de Luque ha hecho los deberes debidamente. Y antes de sentarse en el despacho de Provicosa se estudió el temario: adquirió su pisito de renta libre, su VPO, sus dos fincas rústicas y sus placitas de garaje. Así visto, parece que hubiera llegado al registro de la propiedad y le hubiera dicho al señor que atiende la ventanilla: écheme uno de cada, por favor: es que voy para presidente de Provicosa.
     Nos asombra la capacidad de la gente para hacer acopio de propiedades y bienes inmuebles. Con lo desagradable que resulta escuchar al notario recitar de corrido las escrituras y llevarse la manteca como si tal cosa. Pero, ya ven, hay tipos que empiezan a acumular posesiones y no saben cómo detener la gula inmobiliaria. Te compras un señor piso de renta libre y ya estás pensando en hincarle el diente a una uvepeó de cuatro dormitorios, dos cuartos de baño, cocina y trastero.
     La gula inmobiliaria tiene esta cosa ingobernable que nos incapacita para ver la letra menuda de la ley. Se te sube este ímpetu irresistible por comprar suelo residencial y no te das cuenta de que estás privando a otra familia de vivienda a precios asequibles. Según tenemos entendido, la VPO se inventó para eso precisamente. Pero se ve que a Luque no llega el Boletín Oficial del Estado y así no hay manera de comportarse con sentido ciudadano.
     Ayer, por lo tanto, leímos con profundo interés este sugestivo artículo sobre el señor Flores y la gula inmobiliaria, que debe ser un trastorno del comportamiento muy contemporáneo. Tanto que nos ha dejado el litoral de la península hecho una pena. Las dolencias modernas se manifiestan con una virulencia escalofriante, según se ve. Y cuando pasan sus efectos nos dejan un fantasmagórico paisaje de casas vacías y cemento armado.
     Leyendo el artículo, digo, se nos quedó la duda de si el señor presidente de Provicosa adquirió la uvepeó para habitarla o para extender una sabanita blanca por encima del sofá y la mesa camilla. Antiguamente, las viviendas se compraban porque la gente necesitaba un techo bajo el que vivir. Pero hoy día eso es una soberana frivolidad. Y hay quien compra viviendas como quien colecciona llaveros policromados. En ese caso, y tratándose de una vivienda de protección oficial, pues ya les digo.
     Se ve también que los criterios para adjudicar la uvepeó son del género abstracto. Llegas con tu patrimonio inmobiliario debajo del brazo y te despachan otra vivienda sin levantar la cara del mostrador. Con lo cual, lo mismo estamos sufragando entre todos viviendas de protección oficial a ciudadanos que tienen diez o doce dormitorios donde pasar la noche. El estado del bienestar, según parece, se asemeja bastante a esta sobreabundancia de metros residenciales y plazas de garaje y tal.
     El reportaje dice que el señor Flores posee además una vivienda de 493 metros cuadrados en la localidad de la que es regidor. Pero entonces se me agarró una jaqueca tremenda (con lo que cuesta limpiar el polvo de un pisito corrientito) y tuve que abrir el periódico por la sección de variedades.

     El año 2008 se cerró con 158 anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad y 2009, con 364
    
     Juan Calvo - Cangas - Faro de Vigo

     La crisis que en los años anteriores todavía no quedaba reflejada demasiado en los datos del Registro de la Propiedad, ahora sí lo hace. El número de embargos en la comarca se duplicó. Si el año 2008 terminó con 158, 2009 lo hizo con 364, una cantidad que pone de manifiesto la crisis financiera, sobre todo si se compara con la cifra de 2007, donde las anotaciones preventivas fueron 83.
     Pero la crisis financiera también se deja notar en las hipotecas. Los morracenses se hipotecaron en el 2009 por un importe de 164.360.092 euros y se constituyeron 1.779 (1.716 urbanas y 63 rústicas), cuando en 2008 el número de hipotecas fue de 1.544, por un importe total de 198 millones. Es decir, sube el número de hipotecas respecto al año 2008, pero el importe de las mismas desciende. En la comparativa de 2008 con 2007, se había detectado ya un bajón en el importe de las hipotecas constituidas, que alcanza los 98 millones menos. En 2007 se registraron nada más y nada menos que 2.291. Los datos objetivos reflejan un repunte, o lo que el Gobierno del Estado llamaría brotes verdes. Otro dato importante, es que en los años anteriores el número de fincas rústicas hipotecadas iba en descenso, sin embargo ahora se recupera y pasa de 41 a 63.
     Baja también el número de hipotecas canceladas, un total de 590, frente a las 623 del 2008.
     Los datos sobre enajenación de inmuebles acostumbran a arrojar cierta luz sobre tanta confusión. No hay que olvidar que es un poco el termómetro del mercado inmobiliario, ya que detecta las compras, ventas y donaciones de inmuebles (se entiende por enajenación de bienes pasar o transmitir alguien el dominio de los bienes o algún otro derecho). En el año 2009 se produjeron 1.121 enajenaciones por actos o contratos en los que media precio en fincas urbanas, por un importe de 89.681.676, mientras que fueron enajenadas 228 fincas rústicas por un importe de 4.701.111,05 euros. En 2008, se anotaron en el Registro de la Propiedad de Cangas 391 enajenaciones de fincas rústicas y 1.397 de fincas urbanas, cuando en el año 2007 fueron 428 las fincas rústicas y 1.525 las urbanas. Aquí no hay brotes verdes y se nota un notable descenso de la actividad de compra y venta.
     El número prestamos constituidos con hipoteca sofre fincas rústicas alcanzó el pasado año los 58 y el importe de los capitales fue de 5.044.058,44 euros mientras que el de fincas urbanas fue de 1.523 y el capital ascendió a 159.316.034,37 euros. En 2008, el número de préstamos constituidos con hipoteca coincidía exactamente con el número de hipotecas.
En lo que respecta a hipotecas canceladas, el descenso es brutal en comparación con el año 2008. Los datos del Registro de la Propiedad de Cangas señalan que fueron canceladas 579 hipotecas. El capital de fincas rústicas cancelado alcanzó los 497.386 euros y en fincas urbanas los 49.476.652, 98 euros. El ejercicio de 2008 se cerró con 620 hipotecas canceladas por un importe total de 81.844.442 euros en lo que a fincas urbanas se refiere y 602.723 a fincas rústicas. Desciende pues el número y también el importe.
     También baja el número de fincas anotadas en las Registro de la Propiedad de Cangas por primera vez, algo que pone de manifiesto que Galicia comienza ya a regularizar una situación que otras comunidades autónomas como Cataluña tienen totalmente resueltas. Así, fueron registradas 259 fincas rústicas de menos de 5 hectáreas por valor de 3.5 millones de euros 235 fincas urbanas de 500 metros cuadrados o menos por un valor de 105.867.265,77 euros; 284 fincas de más de 500 metros cuadrados o más, por un valor de 24.565.601,54 euros y dos fincas de extensión desconocida por un valor de 18.631,37 euros. Mientras, en el año 2008 se había registrado 473 fincas rústicas de 5 hectáreas o menos, por un valor en euros de casi 8 millones y 3 de 5 o menos hectáreas, por valor de 62.567 euros. No se registró tampoco ninguna de 20 hectáreas o más. En lo que respecta a las fincas urbanas, se inscribieron por primera vez 885 de 500 metros cuadrados o menos, por un valor de 48.612.276,75, mientras que de más de 500 metros cuadrados se anotaron 993, con un valor de 48.485.449,69 euros.
     Estas cantidades en el año 2007 fueron mayores. Hubo 66 anotaciones de fincas rústica de 5 hectáreas y sólo una de 20 hectáreas o más y 1.115 fincas de 500 metros cuadrados o más. Urbanas de más de 500 metros cuadrados se anotar 290.

     Observatorio fiscal - Hipotecas constituidas a favor de la Agencia Tributaria
     Datadiar - Capitalnews
     El art. 31.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, TRLITP, establece que las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios, se extenderán en todo caso en papel timbrado de 0,30 euros por pliego, ó 0,15 euros por folio, a elección del fedatario.

     Por otro lado, el apartado 2 del citado precepto determina que las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley, tributarán, además, al tipo de gravamen que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma.

     Si la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado el tipo a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará el 0,50 por 100, en cuanto a tales actos o contratos
     De esta forma, la escritura por la que se realiza una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Tributaria para garantizar un aplazamiento por parte de una sociedad mercantil estará sujeta a la cuota variable del Documento Notarial de Actos Jurídicos Documentados, al concurrir todos los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Real Decreto Legislativo 1/1993:
     - Tratarse de una primera copia de una escritura o de un acta notarial
     - Tener por objeto cantidad o cosa valuable
     - Tratarse de actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de la Propiedad Industrial.
     - No estar sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o bien a los conceptos de “transmisión patrimonial onerosa” u “operación societaria” del ITP y AJD.
     Una vez expuestos los requisitos para que proceda la tributación por AJD, cabe indicar que se entiende por “hipoteca unilateral”.
     Pues bien, es el art. 141 de la Ley Hipotecaria el que dispone que: “En las hipotecas voluntarias constituidas por acto unilateral del dueño de la finca hipotecada, la aceptación de la persona a cuyo favor se establecieron o inscribieron se hará constar en el Registro por nota marginal, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de constitución de la misma.
     Si no constare la aceptación después de transcurridos dos meses, a contar desde el requerimiento que a dicho efecto se haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca, sin necesidad de la persona a cuyo favor se constituyó.”
     La DGT en consulta vinculante de 26-1-2009, estableció que “De la mera lectura de este precepto se deduce que tanto la constitución de la hipoteca unilateral como su aceptación son actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, si bien la segunda lo es mediante nota marginal. También se deduce del precepto que la mera constitución de la hipoteca por acto unilateral del dueño de la finca produce efectos desde su inscripción, aun antes de su aceptación por la persona a cuyo favor se constituye. Tan es así que el dueño de la finca no puede cancelarla de forma unilateral aunque no haya sido aceptada por el beneficiario, salvo que hayan transcurrido dos meses sin que éste la acepte, periodo que comienza a contarse no desde la constitución de la hipoteca, ni desde que el beneficiario tiene conocimiento de tal constitución, sino desde que el dueño de la finca le requiera la aceptación.
     De acuerdo con lo expuesto, cabe indicar que la constitución, mediante escritura pública, de una hipoteca voluntaria por acto unilateral del dueño de la finca cumple los cuatro requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITP para configurar el hecho imponible de la cuota gradual de actos jurídicos documentados, documentos notariales, ya que habrá una primera copia de la escritura pública, la cual contendrá un acto valuable, inscribible en el Registro de la Propiedad y no sujeto ni al ISD ni a las otras modalidades del ITP.
     Por lo que se refiere a la aceptación de la hipoteca unilateral, que corresponde hacer a la persona a cuyo favor se haya constituido la hipoteca, a juicio de este Centro Directivo, no puede afirmarse que concurran los cuatro requisitos exigidos para configurar el hecho imponible de la cuota gradual, pues no parece que tenga por objeto cantidad o cosa valuable. En este sentido, cabe destacar que lo valuable no es la aceptación de la garantía, sino la propia garantía, esto es, la obligación que se garantiza con la hipoteca (por eso, en los préstamos con garantía, según el artículo 30.1 del TRLITP, la base imponible está constituida por el importe de la obligación o capital garantizado), y dicha garantía ya se gravó en la constitución.
     En otras palabras, no cabe considerar al acto de aceptación de la hipoteca unilateral como un acto nuevo, independiente y autónomo de su constitución, sino como un acto accesorio o complementario de ésta, ya que la aceptación de la hipoteca unilateral no tiene un contenido valuable diferente del que representa la garantía que se constituyó previamente. Entender lo contrario supondría una doble imposición de un único objeto valuable, lo cual resulta contrario a la finalidad de la Ley. Por lo tanto no será necesaria su presentación a liquidación conforme establece el artículo 54 del Texto Refundido.”
     Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, entendemos, que la formalización de la hipoteca unilateral por parte de una sociedad está sujeta a la cuota fija de AJD.
     En cuanto a la sujeción a la cuota gradual indicar, que sí se cumplen los requisitos del art. 31.2 TRLITP, por lo que estaría también sujeta a cuota gradual, en los términos expuestos.
     Equipo jurídico de Datadiar.com

     En diciembre del año pasado se inauguraba el nuevo edificio de los Registros de la Propiedad de Madrid. Fue el último acto oficial del anterior Decano, Eugenio Rodríguez Cepeda.

     Desde entonces, silencio. Nada se sabe del traslado, de cómo y cuando. Ni tampoco de cuanto tendrán que pagar por el alquiler de las oficinas los Registradores que allí se muden.

     Terminada la contienda electoral, en la que fue tema recurrente, parece como si nunca hubiera existido. La opacidad reina en este punto. Provocando inquietud entre los futuros inquilinos, que no entienden la total ausencia de noticias, algunos de lo cuales se han dirigido a esta Asociación en busca de apoyo y de información. Pero no la hay, sólo comentarios de pasillo, rumores.

     Ha tenido la nueva Junta tiempo más que suficiente para informarse y estudiar el problema. Y para informar a los Registradores de Madrid, y dialogar con ellos. ¿A qué espera?.

     La Verdad 14.03.10 E. Pérez | Valencia. El representante de los administradores de fincas cree que falta cultura de mantenimiento de edificios
     José Vázquez Pte. Consejo Valenciano Admon. Fincas
     «No es lógico que la mayor inversión de una persona, la vivienda, no siga ningún control», afirma Vázquez
     La vuelta del verano es un periodo que José Vázquez contempla con cierta inquietud. «Temo la vuelta de las vacaciones de verano», dice. El motivo es claro. Todavía, pese a la crisis, muchas personas viven por encima de sus posibilidades, y el verano es una época proclive a realizar excesos que, luego, pueden lamentarse.
     Este administrador de fincas ya conoce las consecuencias. Muchos vecinos dejarán de hacer frente a los pagos. Al principio, dirán que intentarán pagarlo más tarde, pero son «promesas incumplidas».
     No es problema de falta de conciencia. Los vecinos sí tienen asimilado el gasto de la comunidad como propio de la compra de una vivienda. Lo que no tienen tan interiorizado es la cultura del mantenimiento del edificio. De hecho, los administradores de fincas llevan años «peleando» con la Dirección Territorial de Vivienda para que publique el Libro de Mantenimiento del Edificio y que este se inscriba en el Registro de la Propiedad. Vázquez no ve lógico que la mayor inversión que realiza una persona en su vida, la compra de una vivienda, no siga ningún control, por ejemplo tan habituales en los coches con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Para los administradores de fincas, los edificios deben seguir un mantenimiento obligatorio, que garantice su buen estado y evite problemas de infraestructuras. Esta inversión se realizaría cada cinco años, aunque serían los arquitectos técnicos los que definirían los tiempos y los elementos a revisar, y no supondría un coste importante para los vecinos. Además de evitar problemas, por ejemplo, de filtraciones con una sencilla revisión de las juntas de dilatación, a la hora de comprar una vivienda de segunda mano el comprador tendría la garantía de que está en perfecto estado. De lo contrario, supondría una devaluación del inmueble.
     El mismo impulso habría que dar a la revisión ya obligatoria de los edificios de más de 50 años, que no se ha realizado porque los Ayuntamientos «no han instado a ello».

     Aprecia indicios de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario, y pide al Santander que identifique a todos los inversores que abandonaron el fondo en la última ventana de liquidez.
     Nuevatribuna.es- 15.03.2010

     Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal contra los responsables del fondo Santander Banif Inmobiliario, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares – como representantes de la gestora - y contra Alfredo Sáez y Rodrigo Echenique –como representantes de la depositaria- presentada en su día por ‘Activa’, la asociación de afectados el cierre del fondo que mantiene desde hace un año a 40.000 inversores sin la posibilidad de recuperar sus ahorros.

     En el auto, al que ha tenido acceso nuevatribuna.es, el juez del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid aprecia indicios de estafa, apropiación indebida y delito societario y admite a trámite la querella criminal presentada por ‘Activa’ contra el que fuera presidente de la gestora del fondo Santander Banif Inmobiliario FII, Santander Real Estate, Matías Rodríguez Inciarte, y su vicepresidente y consejero delegado, Pedro Ruiz-Olivares; y contra el presidente del depositario del fondo, Banco Banif, Alfredo Sáez, y su vicepresidente segundo, Rodrigo Echenique.

     El Tribunal Supremo tendrá que decidir qué tribunal tiene la competencia para juzgar sobre el cierre hace un año del que fuera el mayor fondo inmobiliario español. Sin embargo, hasta que el Supremo se pronuncie, el juzgado de instrucción número 39 instruirá el caso después de haber admitido a trámite la querella.

     En su auto, la juez titular del juzgado número 39, Belén Sánchez, requiere a la gestora el envío de documentación necesaria para instruir el caso. Así, el juez pide la documentación íntegra relativa a la venta del inmueble de oficinas situado en el Paseo de la Castellana, 13.

     La juez también exige a la gestora que identifique a todos los partícipes que abandonaron el fondo en la última oportunidad antes de su cierre, en la ventana de liquidez de octubre de 2008. Partícipes afirman que estas salidas se debieron al uso de información privilegiada.

     Asimismo, la juez exige a la gestora el expediente íntegro del préstamo por importe de 170 millones de euros con el cual Banif Inmobilario pagó la salida de esos partícipes en octubre de 2008, a un interés de Euríbor más 300 puntos básicos y que fue suscrito por Banco de Santander.

     A su vez, la juez pide a los gestores que identifiquen a todos los clientes de su sucursal de la calle Serrano 92 que lograron salir del fondo antes de su cierre, en la mencionada ventana de liquidez de octubre de 2008.

     Por otro lado, la magistrado-juez solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que aporte toda la información disponible en sus archivos sobre el fondo desde su creación hasta la actualidad.

     En los hechos que dieron origen a la querella, los partícipes mantienen que el fondo fue un instrumento por el que “el Grupo Santander extrajo, entre 2003 y 2008, comisiones por más de 640 millones de euros”. Según denuncian, estas comisiones consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y financieros netos y parte de las plusvalías por la venta de los inmuebles “que fue necesario enajenar para pagar las comisiones”.

     En declaraciones a nuevatribuna.es, el abogado fundador de ‘Activa’, Juan Manuel Moreno-Luque, expresó hoy su confianza “en la razón y el Estado de Derecho” e insistió una vez más en que “nadie está legitimado para esquilmar los frutos del ahorro popular”.

     Monitor de la Construcción
     Es imposible evaluar la evolución del sector por los datos contradictorios
     El caos en la información estadística de la vivienda
     Tras el fracaso de unificarla, el Ministerio de la Vivienda ha tirado la toalla
     Ignacio Mulas. Capital Madrid.  Dentro de la actividad de la construcción, el segmento de obra civil es el que dispone de información estadística más fiable; los datos de producción por administraciones, de licitación pública, la población ocupada, el consumo de cemento y un sinfín de indicadores que permiten calibrar la marcha de este subsector, son aceptados comúnmente como fiables al menos para determinar evoluciones históricas. Pero en cuanto nos adentramos en el segmento de edificación, ahí viene el caos. El vacío en unos casos, como es en la rehabilitación, y en otros la sobreabundancia de datos, como ocurre en la edificación residencial. Datos dispares, contradictorios y a menudo inflados hasta el punto de propiciar arraigadas leyendas urbanas como son las del “año del millón de pisos construidos”, “el millón de pisos vacíos en tal o cual comunidad autónoma” o “el millón de pisos en stock por la crisis”, situaciones que no se han producido nunca.
     La información estadística sobre la vivienda en España es un caos de singular magnitud. Carece de fiabilidad, está elaborada con datos sin depurar procedentes de fuentes de lo más variopinto y que no están tratados para este tipo de estadística. El fracaso de las administraciones públicas en la elaboración de una información mínimamente fiable en este ámbito es patente hasta el punto de que el Ministerio de la Vivienda -que cada vez tiene menos cosas que hacer por falta de competencias primero y de actividad a causa de la crisis también- hace tiempo que tiró la toalla en su intento de elaborar una información sobre este subsector que fuera específica y fiable.
     Al poco de constituirse este ministerio tan discutido y discutible, la entonces ministra Trujillo anunció a bombo y platillo que su departamento iba a unificar y elaborar la información sobre este segmento. La cosa ha acabado de modo vergonzante, aunque nunca sabremos cuantos recursos públicos se han quedado por el camino: la estadística que hace pública periódicamente este ministerio es prácticamente una trascripción de los datos de los registros del notariado, o dicho de otro modo, para este viaje no hacían falta tan costosas alforjas, porque esos datos están al alcance de cualquiera que se interese por ellos.
     La información del ministerio de la Vivienda no aporta más que el sello oficial a una información parcial elaborada con otros propósitos y que no considera como fin proporcionar datos sobre la evolución de la vivienda, sino sobre transacciones en este ámbito con fedatario público. Por lo tanto -otra vez topamos con la economía sumergida- no incluye realmente todas las compraventas de viviendas.
     Los datos correspondientes al año 2009 son un buen ejemplo de este sistema de desinformación activa que se produce al menos una vez al mes. El pasado 5 de marzo distintas publicaciones de prensa escrita y digital publican datos dispares: dice el ministerio de Vivienda -información facilitada por el Colegio del Notariado- que en el año se vendieron 462.727 viviendas, lo que representa un descenso del 18% con respecto a 2008. Dice el Colegio de Registradores que en ese mismo año la compraventa de viviendas alcanzó a 423.114 unidades, con un descenso del 24,6% sobre el año anterior. Tenemos una diferencia de nada menos que el 6,6% y casi 40.000 unidades.
     ¿Cuál es el dato más fiable? Pues es prácticamente imposible saberlo, y cada uno puede apuntarse al que más favorezca a sus intereses; en cualquier caso, no sabremos nunca si ese número de viviendas -unidades- corresponden en realidad a nuevas transacciones porque los registros de base apuntan operaciones de registro o compraventa, pero no distinguen si son diferentes todas ellas, si hay varias operaciones registradas sobre el mismo inmueble, si ha habido en el año varias trasmisiones -o trasmisiones parciales- en relación con la misma unidad vendida.
     Por otra parte, los datos procedentes de los colegios de arquitectos y aparejadores sobre viviendas visadas se manejan en bruto, sin depurar. No se puede saber si hay varias operaciones de visado sobre el mismo inmueble, ni si todas son para vivienda nueva o se mezclan con las de rehabilitación de inmuebles ya construidos, ni conocer las operaciones que habiéndose visado no se realizan o se paralizan, ni hay “cocina estadística” que lime los efectos temporales en el corto plazo de sucesos como puedan haber sido la entrada en vigor de nuevas exigencias técnicas o normativas que durante un tiempo anterior a su entrada en vigor aumentan artificialmente los visados de obra nueva o de rehabilitación.
     Y por no hacer interminable la lista, hay que tener en cuenta también que los datos de viviendas desocupadas extraídas de la información que proporcionan los servicios censales se basan, parece, en una serie de visitas de funcionarios a los inmuebles y que al cabo de dos o tres de ellas sin que contesten al telefonillo o al timbre se declaran desocupadas, lo cual mete en el saco a la inmensa mayoría de la segunda vivienda que puede permanecer desocupada parte del año, pero que no está “desocupada” realmente.
     Así, cuando cada tanto a alguna administración pública se le ocurre la demagógica idea de “vender” que va a cargarse a tanto especulador poco menos que expropiando las viviendas vacías, se organiza en las zonas de costa una romería de parientes o amigos para estar cuando llegue el funcionario del censo. Y otro tanto ocurre con los datos sobre evolución de hipotecas, que no depuran las que pueden recaer en el mismo año sobre el mismo inmueble, las de clientes que cambian de banco o las amortizaciones parciales que sean objeto de constitución formal de nueva hipoteca…
     Aunque a los no iniciados en los misterios de la toma de datos y el análisis estadístico les pueda parecer obvio e incluso fácil hacer algo que no se acomete con éxito desde hace tiempo, es indudable que la cuestión debe abordar dificultades importantes y por tanto hay que admitir que es difícil y complicado llegar a disponer de una estadística fiable y cercana a la realidad en lo relativo a la evolución de la vivienda.
     Pero debe abordarse esta tarea con urgencia porque una información específica y creíble en este ámbito es básica para la toma de decisiones de muchos agentes públicos y privados, para la elaboración e implementación de políticas públicas activas y para la puesta en marcha de estrategias del sector privado válidas y eficaces. Hay que hacerlo cuanto antes porque la información actual no permite realmente saber ni por aproximación cuáles son la radiografía cierta y la evolución verdadera de la vivienda en España