A I R E

     El número creciente de embargos las dispara
     La inmensa mayoría de las subastas públicas se quedan desiertas y los bancos se hacen con pisos por un 50% de su valor.
     21/04/2010 - Cristina Vallejo – Finanzas.com

     El número de embargos continúa en aumento. En 2009, la crisis provocó un incremento del 59 por ciento en el número de ejecuciones hipotecarias, hasta las 93.319. Aunque el aumento fue inferior al registrado en el ejercicio anterior, cuando llegó a un 126,2 por ciento. ¿Dónde van todas esos pisos? Tras el embargo y desahucio, estos pisos se someten a una subasta judicial pública.

     ¿Y qué está ocurriendo con estas subastas? Están siendo un completo fracaso. Según las estadísticas de los juzgados, entre el 80 y el 90 por ciento de ellas se quedan desiertas. ¿Por qué?

     A juicio de Jaime Álvarez, director de Pública Subasta, por dos razones. En primer lugar, porque en estas operaciones se toma como referencia el valor de tasación del piso. Y como la mayor parte de los bienes embargados fueron adquiridos hace dos o tres años, justo en el momento del pico del ciclo, las valoraciones siguen siendo muy elevadas. «En el mercado se pueden encontrar ofertas mucho más interesantes», comenta Álvarez. Aunque el precio de referencia que se emplea es el valor de tasación de la escritura, quien puja puede ofrecer la cantidad que estime oportuna. Aunque, para poder acudir a una subasta, se ha de depositar un 30 por ciento de ese precio de referencia.

     En el caso en que el interesado en el inmueble ofrezca en la puja menos de un 70 por ciento del valor de tasación, tanto el deudor como el acreedor tienen prioridad y podrían quedarse con el piso por ese mismo precio. Por tanto, para los particulares, las subastas públicas en este momento son incómodas, además de poco interesantes. Y eso que en 2009 se subastaron las viviendas más baratas: su precio medio era de 280.000 euros, distorsionado al alza por algunos inmuebles muy caros, como uno que se subastó en Valencia por más de tres millones de euros.

     Pero según apunta Álvarez, lo más probable es que siga aumentando el número de bienes subastados. Para 2011, prevé que ronden los 150.000, de los que el 75 por ciento sean activos inmobiliarios. De hecho, según sus cálculos, en el primer trimestre del año, se habrían duplicado con respecto al mismo periodo del año pasado. 

     Y si no son interesantes para los particulares, sí lo son para los acreedores, es decir, para los bancos, dado que, de quedarse desierto el proceso de subasta pública, pueden hacerse con la vivienda por un 50 por ciento de su valor de tasación. A continuación, los bancos venden esas viviendas con descuentos de entre un 20 y un 40 por ciento. Así, por ejemplo, en el portal de internet de Servihábitat, la sociedad inmobiliaria de La Caixa, hay un apartado dedicado a los inmuebles procedentes de subastas judiciales.

     Los bancos no venden

     Las entidades financieras también utilizan el procedimiento de las subastas para dar salida a los inmuebles que tienen en cartera. Dado que son operaciones privadas, los requisitos antes comentados en relación con las subastas públicas ya no se aplican. ¿Y están funcionando mejor? Según comenta Jiménez, en los años 2008 y 2009 no ha habido demasiadas operaciones de compraventa utilizando este mecanismo de comercialización. «En general, el mercado ha estado bastante seco», apunta. Y el motivo principal es que los precios continúan siendo elevados. En cambio, sí ha observado un aumento del interés de los particulares en las subastas privadas en los primeros meses del año 2010.

     Desde BNP Paribas Real Estate, líder en España de este tipo de operaciones,  Marisela González, directora de recuperación  de activos inmobiliarios, señala que durante 2010 se van a activar aún más las subastas como canal de venta y con mejores resultados. Aunque, por el momento, a su juicio, aún no estamos en la fase en la que el inversor utilice este canal para comprar: está esperando a un proceso de liquidación, que no tendrá lugar hasta finales de este año. «Aún existe mucho producto en manos de banco sin salida con las rebajas actuales», asegura González. En su opinión, los descuentos deberían ser del 50 por ciento. En general, son productos de segunda mano, de baja calidad, en localizaciones secundarias y, en el caso de las viviendas nuevas, en ubicaciones de poco interés.

     X. G. P. - 20/04/2010 – El Economista
     La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha propuesto al Gobierno que modifique el artículo 41 del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) para evitar que la remisión telemática de escrituras de constitución de sociedades limitadas se convierta en un monopolio de los notarios.
     En su informe sobre el articulado del anteproyecto, la Comisión defiende que únicamente pueda enviar las escrituras de constitución de sociedades el notario cuando cuente con autorización del interesado y de no recibirlas, que sea el interesado o un tercero (un gestor administrativo) quien lo remita.
     La recomendación de la CNC va más allá y le dice al Gobierno que, cuando el interesado de su autorización al notario, que éste le entregue en el mismo día una copia electrónica de la constitución.
     El informe considera que estas modificaciones son congruentes con la posibilidad que tienen los particulares de aportar copias electrónicas de documentos notariales ante las Administraciones Públicas y los órganos jurisdiccionales.
     También, alega que de acuerdo con la legislación vigente, cuando se realiza en soporte papel corresponde al solicitante, quien puede decidir realizar esa inscripción por sí mismo o a través de cualquier tercero cuya actividad consista en realizar este tipo de gestiones, además del notario.
     Con la redacción actual, afirma que “se restringen por tanto, de manera injustificada, las posibilidades de elección del particular, en caso de desear la tramitación telemática y no el papel, y con ello la posible competencia en la prestación de dicho servicio.
     Licencias municipales
En los casos en que exista una licencia o autorización concurrente entre las entidades locales y cualquiera de las demás Administraciones Públicas, el anteproyecto de la LES respeta la normativa local, sin embargo la CNC propone que municipios, diputaciones y similares deban motivar expresamente la necesidad que para el interés general que se trata de proteger tiene esa autorización.
     En caso de poder justificarlo, por encontrarse ya cubierta la defensa del interés general, se considerará improcedente su vigencia.
     Negativa a ser un regulador
     En su informe al Gobierno, la CNC muestra su “absoluta discrepancia con la voluntad de incluir a la CNC dentro del catálogo de organismos reguladores afectados por la futura LES”. Considera que no es ni organismo regulador ni sectorial, y en consecuencia no debería estar incluido en la LES y que su inclusión “puede generar graves consecuencias no sólo sobre el funcionamiento de la CNC, sino sobre la coherencia del sistema español de defensa de la competencia como tal”.
     También muestra su extrañeza que el articulado de la LES haya incluido a la CNC entre los reguladores sectoriales y, sin embargo, no lo haya hecho con la Agencia de Protección de Datos, que es un organismo similar.
     Discute la prevalencia de la regulación establecida en el anteproyecto con referencia a la Ley de Defensa de la Competencia. Y estima que su dependencia de Economía acabaría con su independencia.

     Tal y como había sugerido el Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido retirar de la norma la regulación del crédito refaccionario, fórmula inicialmente escogida para financiar la rehabilitación de viviendas.
     Victoria Martínez-Vares. Madrid - Expansión
     El Gobierno ha eliminado del proyecto de Ley de Economía Sostenible cualquier referencia al crédito refaccionario, fórmula que recogía el anteproyecto para financiar la rehabilitación de viviendas. El Consejo de Estado en su informe al Anteproyecto –ver Expansión de 27 de marzo de 2010– recomendó la “supresión en bloque” de la regulación que incluía las ayudas que las Administraciones Públicas pudieran conceder para obras de rehabilitación y reforma de edificios.
Ahora, las medidas de impulso a la rehabilitación de vivienda que contiene el proyecto de ley presentado al Congreso de los Diputados se han limitado, por tanto, a cuestiones de carácter fiscal deI VA e IRPF, desapareciendo cualquier alusión al crédito refaccionario.
     Sobre esta fórmula, no sólo el Consejo de Estado había expresado sus reparos por la inseguridad jurídica que podía introducir en el mercado hipotecario. También el Consejo General del Notariado había advertido de que resucitar esta figura, alterando su naturaleza, suponía “dar acceso al Registro de la Propiedad a un documento privado con los mismos efectos que una hipoteca pero sin sus garantías”.
     Por este motivo, han aplaudido su no inclusión, ya que “habría podido generar inseguridad jurídica a los consumidores”.
Fuentes registrales consultadas por este periódico señalan que “ha faltado pedagogía” o ha habido “excesivo temor a la novedad”, ya que “no se trata de sustituir la hipoteca tradicional por un sucedáneo, como se ha dicho, sino reactivar los créditos de rehabilitación removiendo los obstáculos que existían”.
     Tutelar la posición débil
     Pese a todo, las mismas fuentes insisten en que “antes o después tendrá que darse cobertura normativa a la tutela de ciertas posiciones jurídicas muy débiles en el mercado y que no se documentan en escritura pública”. Éstas se refieren a las de compradores de pisos sobre plano o las de los mismos acreedores en operaciones de rehabilitación de viviendas. Por este motivo, consideran que, a lo largo del trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible, “habrá que estudiar la conveniencia de reintroducir medidas análogas [a la ampliación del ámbito de la anotación preventiva de crédito refaccionario] si el interés público lo reclama”.
     Lo que sí se ha mantenido en la futura ley son las reducciones arancelarias en la constitución telemática de sociedades anónimas y limitadas, pese a las advertencias hechas por el Consejo del Notariado respecto a que esta rebaja podía poner en peligro la futura viabilidad de algunas oficinas notariales. Los mecanismos de coordinación entre el Catastro, Registros de la Propiedad y las Notarías tampoco han sido retirados del proyecto de ley. En este punto, los fedatarios opinaban en su informe al anteproyecto que tales medidas eran positivas“ pero poco ambiciosas”.

     Juan Manuel Moreno-Luque - 20/04/2010 - Cotizalia. Tribuna libre
     La normativa que prepara el Ministerio de Economía sobre fondos inmobiliarios en liquidación, que ha de someterse al dictamen del Consejo de Estado, me ha recordado un excelente ensayo del premio Príncipe de Asturias, Enzensberger, en el que evoca el letrero de una tienda del Chicago de los años 20 donde podía leerse: “Zurcidos invisibles y a precio módico para los agujeros de bala de su traje”.

     Pienso que el asunto que se consulta al Consejo de Estado es una oportunidad única para valorar el pésimo funcionamiento de los servicios públicos destinados a proteger el ahorro popular y hacer las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración.

     No hacía falta ser adivino para pronosticar la imposibilidad de validar en el mercado las “plusvalías latentes” del fondo Santander Banif Inmobiliario (que se siguen contabilizando bajo la hipótesis fundamental de negocio en marcha) y, por tanto, el fracaso del “plan ordenado de enajenación de activos” del fondo, que es el origen de la nueva normativa que pretende, al parecer, ampliar sine die el plazo para la liquidación y aplazar la restitución de los ahorros, y el reconocimiento de los quebrantos patrimoniales ocasionados a 43.000 partícipes.

     Bien al contrario, la Ley Concursal permite a cualquier interesado solicitar al juez del concurso, por prolongación indebida, la separación de los administradores transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta.
 
     El RD permitiría, además, que durante el proceso de liquidación del fondo la comisión de gestión de la Gestora fuera del 1,5% del patrimonio durante el primero año, del 1% durante el segundo año y del 0,5% a partir del tercer año. Es decir, que sobre un patrimonio de 3.000 millones de euros la retribución de la gestora podría alcanzar los 90 millones de euros, mientras que la retribución de los administradores concursales por el periodo de liquidación no llegaría a 4 millones de euros.

     Este fracaso, así como el fracaso de otros planes ordenados como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), demuestra la dificultad de gestionar las crisis financieras, especialmente en países como el nuestro en que los poderes públicos carecen de autoridad por ser más lobbistas que los propios lobbies que protegen a la industria financiera. Resulta patético el último informe de Estabilidad Financiera en el que el Banco de España se esfuerza por delimitar la dimensión y la naturaleza de nuestro polvorín financiero y las probabilidades de que no estalle, mientras que la industria financiera no mueve un dedo a pesar de que se han puesto a su disposición, incluso, fusiones virtuales, las llamadas SIP.

     El caso del Santander Banif Inmobiliario, un caso de escuela de permisividad de supervisores y reguladores, puede resumirse en pocas palabras. El Grupo Santander, cuando por las cornadas de la crisis inmobiliaria se sintió incapaz de mantener un modelo de negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes los ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo, no sin antes haber facilitado la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de su historia, a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,90% del patrimonio. Conforme al guión, obtuvo en unas horas de la CNMV la autorización para suspender los reembolsos y “carta blanca” para iniciar al día siguiente, sin control alguno, un proceso de liquidación, sin previa disolución del fondo, algo que hubiera escandalizado a los ilustres tratadistas españoles del siglo XVII, pioneros en el tratamiento de las situaciones concursales y, claro está, a cualquier tratadista de nuestro tiempo, conocedores de que este tipo de situaciones pueden acabar en soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones.
 
     Desconcierto absoluto

     Por si fuera insuficiente y, en contra de lo proclamado por Jeremy Bentham, quien, como es sabido, afirmó que “la publicidad es el alma de la justicia” y “dique contra el arbitrio”, la CNMV ha obtenido el respaldo, por el momento, de la Audiencia Nacional para mantener secretos cinco, incluida la solicitud, de los siete documentos que integran el expediente administrativo de autorización. Los documentos se mantienen secretos, al parecer, para no revelar el famoso “plan ordenado de enajenación de activos” para el que ahora se solicita una prórroga. En fin, una historia que ni Kafka hubiera imaginado, como dije con ocasión de la última junta de accionistas de Banco Santander a quienes, como diría Aristóteles, “hasta de un difunto sacan provecho”.

     Pero hay más. En el caso del Santander Banif Inmobiliario no sólo el nivel de la publicidad y de la seguridad jurídica se halla bajo mínimos sino que el desconcierto financiero es absoluto. Los partícipes han dejado de tener referencias fiables sobre su estado de posición. El empleo del concepto y la publicación del valor liquidativo en una situación de suspensión de suscripciones y reembolsos es un absurdo lógico que contribuye más a la confusión, pues se trata de un concepto falso (pues no expresa ningún valor, y menos liquidativo) y una magnitud inútil (salvo para el cobro de comisiones), y pone de relieve hasta qué punto ha llegado la huída hacia delante, la impostura y el artificio financiero, y el respaldo de los poderes públicos a la economía financiera del sablazo. Una aberración financiera y un disparate jurídico fuera de todo control.

     La economía del Reino de España, que es objeto de escarnio en la prensa internacional por los think tanks, neoconservadores y no conservadores (v. WSJE de 6 de abril de 2010), merece una reforma en profundidad de la insostenible regulación y supervisión del ahorro bajo gestión de la industria de la inversión colectiva, y la desaparición de los fondos de inversión, tal como están concebidos.

     Cuesta creer que con los datos disponibles sobre el expolio del ahorro popular en el siglo XXI, alguien tome en serio la protección de los inversores modestos, y que alguien crea en la importancia del ahorro popular como infraestructura esencial de los mercados de capitales. Los fondos de inversión han desempeñado una función crucial en la última crisis financiera en los Estados Unidos como instrumentos privilegiados para la estabilidad financiera, la cohesión social y el progreso económico.

     Creo que, aunque el caso Santander Banif Inmobiliario es un caso límite, confirma lo que se ha venido observando en lo que va de siglo: que la suerte de los partícipes en nuestro país se ha ido agravando día a día, que la capacidad de los mecanismos y de las instituciones que tienen encomendada la protección de los inversores no ha mejorado, que toda esta situación, que ha durado demasiado tiempo y ha ido demasiado lejos, es incompatible con el más elemental sentimiento de justicia y contraria a toda lógica y eficiencia económica, y que ya es hora de que las instituciones financieras que promueven los fondos entiendan, y quienes las regulan y supervisan hagan respetar, el principio de prioridad de los intereses de los partícipes que se viola sistemáticamente, invocando paradójicamente, como cobertura, el régimen jurídico de las Instituciones de Inversión Colectiva y de los Mercados de Valores que precisamente consagran este principio esencial.

     En efecto. No es solo el caso del Santander Banif Inmobiliario. El ahorro popular ha pagado en el siglo XXI (2000-2008) a la industria de la inversión colectiva por la gestión y depositaría de los fondos financieros 25.609,6 millones de euros (más de diez veces lo que merecía) mientras que los pequeños inversores, que han aportado todo el capital, asumido los riesgos y soportado una importantísima inflación, han obtenido unos ridículos rendimientos nominales de 16.755,4 millones de euros que han podido compensar a duras penas un tercio de la erosión producida por la inflación. Es decir, que el conjunto de los partícipes no ha recibido un solo euro de rentabilidad real. Y, además, ha tenido que pagar el 15% o el 18% de impuestos sobre los rendimientos nominales.

     El Consejo de Estado se lamentó en 2003 de que el Consejo de Ministros solicitara que el dictamen sobre el anteproyecto de ley de IIC fuera emitido en el increíble plazo de 9 días por su especial complejidad y envergadura y, advirtió, asimismo, con razón, que debía haberse dado audiencia a las organizaciones y asociaciones de consumidores tal y como establece el art. 105.a) de la Constitución Española.

     No hizo falta mucho tiempo para dar la razón al Consejo de Estado. Si solo se pide la opinión de los lobbies financieros es difícil que se frenen los abusos de las gestoras. Al Consejo de Estado no se le informó de cuestiones fundamentales y, en consecuencia, no hubo sobre ellas la necesaria discusión y debate.

     La Asociación Activa, que agrupa a cerca de 500 afectados por el diseño, autorización, comercialización, gestión, supervisión, suspensión de reembolsos, y liquidación sin disolución (y, si prospera la nueva normativa, disolución sin liquidación) del fondo Santander Banif Inmobiliario, no cree que los zurcidos invisibles sean la mejor solución para los agujeros de bala y ha hecho saber al Consejo de Estado su enorme interés en conocer y dar su opinión sobre el expediente que se someta a su dictamen.

Además, ha informado al supremo órgano consultivo del gobierno de que tiene interpuesta una querella, admitida a trámite, contra los responsables del fondo y dos recursos contencioso administrativos contra decisiones de la CNMV. Todo ello un año antes de que la SEC se decidiera a entablar una acción penal contra la todopoderosa Goldman Sachs y contra un “artista financiero” de 31 años que confesó que no entendía bien los productos que vendía.  
     *Juan Manuel Moreno-Luque, es presidente de Activa, asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario, y autor de El desgobierno de los fondos de inversión.

     Estadística de precios de vivienda del primer trimestre de 2010
     El índice general de precios de vivienda baja un 4,5% interanual en el primer trimestre de 2010
     Respecto al trimestre anterior, el índice general de precios registra un descenso del 1,3%
     En tasa interanual se producen descensos de precios en todas las Comunidades salvo en Cantabria
      El precio medio de la vivienda libre se sitúa en 1.865,7 euros/m2 con una variación trimestral del -1,4% e interanual del -4,7%.
     19 de abril de 2010- El índice general de precios de la vivienda registró en el primer trimestre de 2010 un descenso del 1,3% respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de variación interanual es de -4,5%, 1,7 puntos superior a la registrada en el cuarto trimestre.

 Enlace a la página web del Ministerio de Vivienda

     La modificación de la norma entra en vigor a partir de mañana

     Servimedia - Madrid - 19/04/2010 - Público
     Las empresas que operen en la construcción deberán tener al menos un 30% de su plantilla con contrato indefinido a partir de mañana, según obliga la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector.
     En nota de prensa, la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) recuerda que esta ley estableció un mínimo de empleo estable para poder operar en este sector.
     Este requisito se fijó en el 10% de la plantilla con contrato fijo y estable durante los primeros 18 meses de vigencia de la norma.
     A partir del primer año y medio y hasta que se cumpliesen 36 meses desde la aprobación de la ley el porcentaje mínimo pasó a ser del 20%.
     Este martes se cumplirán los tres años desde la entrada en vigor de la ley, por lo que las empresas deberán contar con un mínimo del 30% de empleados con contrato indefinido.

     Sector financiero - Los créditos de dusoso cobro aumentan levemente hasta el 5,38% con 98.010 millones de euros
     El País | Agencias - Madrid - 19/04/2010 
      La morosidad de los créditos concedidos por los bancos y cajas ha subido ligeramente en febrero hasta el 5,38%, su nivel más alto desde abril de 1996, según los datos hechos públicos hoy por el Banco de España. Con respecto a 2009, la tasa aumenta en 1,17 puntos porcentuales.
     Por tipo de entidades y tras los establecimientos financieros de crédito, que presentan una mayor mora sobre el 10%, las cajas son las que más créditos de dudoso cobro tenían a cierre del segundo mes del año con un 5,43% de su cartera. Por detrás, los bancos registran una mora del 5,29%. En valores absolutos, los créditos totales concedidos por las entidades cerraron el mes de febrero en 1,81 billones de euros, mientras que los dudosos alcanzaron los 98.010, frente a los 78.398 millones de hace un año.

      El Gobierno propone rebajar 1,5 puntos las cuotas para «ganarse» a la CEOE

     19 Abril 10 - Inmaculada G. de Molina – La Razón
     Los empresarios creen clave para crear puestos de trabajo que los costes laborales disminuyan en la reforma laboral.
     Madrid- La negociación sobre la reforma laboral entra hoy en una fase decisiva. Sindicatos, patronal y Gobierno se reúnen con el objetivo de analizar punto por punto las propuestas de las tres partes e ir cerrando acuerdos. Se trata de llegar a un pacto global sobre los cambios a introducir en el mercado de trabajo antes de que concluya mayo. La CEOE y los sindicatos acuden a la cita con la voluntad de estampar sus rúbricas en ese acuerdo. Para ello, todos están dispuestos a ceder parte de sus reivindicaciones.

     De entrada, el Gobierno no descarta rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social 1,5 puntos para «ganarse» a la CEOE. No obstante, esperará hasta última hora para poner encima de la mesa esta oferta, que supondrá, de llevarse a cabo, una merma para las arcas de la Seguridad Social de 4.500 millones de euros. El Ejecutivo ya ofreció a los empresarios en 2009 esta rebaja de cotizaciones. Sin embargo, la ruptura de las negociaciones por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en julio pasado impidió su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

     Clave para el empleo
     La patronal considera clave para crear empleo abaratar los costes empresariales. En estos momentos, las empresas españolas pagan cinco puntos más de cuotas que sus competidores europeos. Además, demandan la creación de un contrato indefinido con un despido más barato.

     En esta cuestión, el documento del Gobierno satisface en parte a la CEOE y a los sindicatos, con su propuesta de igualar la indemnización del despido improcedente y por causas objetivas a 20 días por año trabajado en los contratos de fomento de la contratación indefinida. Además, propone que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo del 40% de estos 20 días de indemnización en caso de despido en cualquier empresa, con independencia del número de trabajadores. Ahora sólo se aplica esta medida en las de menos de 25 trabajadores.

     Las centrales, y, concretamente, UGT, no ven con malos ojos esta posibilidad, basada en rebajar el despido y en que el Estado financie parte del mismo. Es más, las organizaciones sindicales están dispuestas a asumir esta medida para nuevos contratos en un eventual acuerdo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la negociación. Los empresarios, por su parte, tampoco la rechazan. De esta manera, el Gobierno pretende relanzar el contrato de fomento, por el que el año pasado fueron sólo contratados 181.217 trabajadores, según un informe de CEOE.

     La mesa tripartita del diálogo social analizará hoy el modelo austríaco, que consiste en crear un fondo para costear las indemnizaciones en caso de despido. El trabajador se lo podrá llevar si cambia de empresa. Empresarios y sindicatos no se muestran convencidos plenamente con la idea de trasladar a España este modelo, pero no lo rechazan del todo.

     Improcedente por necesidad
     La legislación laboral actual fuerza a los empresarios a optar por el despido más caro, el improcedente, con una indemnización de 45 días por año trabajado, en lugar de por el más barato, el de causas objetivas por razones económicas, tecnológicas y organizativas, de 20 días. Así lo confirman los datos de 2009. Según la CEOE, el 76,7% de los despidos de fijos fue improcedente y tan sólo el 1,99% se tramitó a través del juzgado de lo social. Para la patronal, es muy significativo que en un contexto histórico de crisis como el actual sólo el 15,45% de los despidos en 2009 fuera por causas objetivas. De ahí que los analistas crean necesario unificar los tipos de indemnizaciones o aclarar la legislación.

     Consejo e Ministros. !6 abril 2010

     El proceso, iniciado en febrero, formará a todo el personal de la Administración de Justicia en el nuevo modelo de organización judicial.
     El plan formativo, con un coste cercano a los tres millones de euros, va dirigido a 4.000 secretarios judiciales y 10.000 funcionarios a través de 1.300 cursos
     El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se ratifica el proceso de formación que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con todo el personal al servicio de la Administración de Justicia para su adaptación al nuevo modelo de organización judicial, tal y como lo contempla el Plan estratégico para la Modernización del sistema de Justicia 2009-2012.
     Se trata del plan de formación más ambicioso y el de mayor magnitud de cuantos se han llevado a cabo en la historia de la Administración de Justicia española.
     Se inició en el mes de febrero y alcanzará aproximadamente a unos catorce mil servidores públicos de la Administración de Justicia, con un coste total estimado cercano a los tres millones de euros. Elaborado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, prevé que se impartan conocimientos en Nueva Oficina Judicial y reformas procesales mediante unos 1.300 cursos de formación a lo largo de los meses de marzo y abril.
     El Plan se divide en dos grupos formativos, uno dirigido a las casi cuatro mil personas que integran el Cuerpo de Secretarios Judiciales en España y otro a los cerca de diez mil funcionarios de los cuerpos de Gestores Procesales, Tramitadores Procesales y Auxilio Judicial, que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias corresponde al Ministerio de Justicia: Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
     Contenidos
     La materia objeto de este Plan de Formación está compuesta por tres partes bien diferenciadas.
     Modelo organizativo de la Nueva Oficina Judicial.
     Reformas Procesales de la Ley Orgánica de 3 de noviembre de 2009.
     Nuevas Tecnologías que acompañan dichas reformas, y que se concreta en la aplicación informática Minerva NOJ y la nueva Agenda de Señalamientos.

     Métodos de formación
     El Plan recoge tres tipos de acciones formativas genéricas destinadas a usuarios implicados en los procedimientos judiciales: modalidad presencial, formación e-learning y formación para formadores (sistema de certificaciones). Todos los cursos que se desarrollen en el seno de este Plan durante el año 2010 se impartirán en horario laboral, siempre y cuando las necesidades del servicio y el número de horas lectivas lo permitan.
     Formación presencial
     Los novecientos secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia recibirán, además, formación en nuevas tecnologías asociadas a la Nueva Oficina Judicial, en salas habilitadas para impartir dicha formación. Los cursos impartidos dentro de estas Comunidades están centralizados en Madrid.
     Los restantes 3.200 secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia sólo recibirán formación en materia de Nueva Oficina Judicial y reformas procesales. Los cursos se impartirán de manera descentralizada en las principales capitales de provincia.
     En ambos casos la asistencia es obligatoria para todos los secretarios judiciales debido a la importancia de la reforma, cuyos contenidos deben conocer íntegramente ya que afecta directamente a su trabajo.
     Además, en una segunda fase el Centro de Estudios Jurídicos tiene diseñado un plan para dar formación a todo el colectivo de secretarios judiciales (tanto los del territorio Ministerio como los de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas) en dos materias que se consideran muy importantes debido a las nuevas funciones atribuidas por el legislador al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Se trata de “Mediación y conciliación” y “Ejecución civil”. Los cursos sobre estas dos materias se impartirán a partir de mayo.
     Los aproximadamente diez mil funcionarios del considerado territorio Ministerio recibirán formación descentralizada y obligatoria en los tres bloques.
     Formación on-line o “ e-learning ”
     Aunque la formación será primordialmente presencial, el Ministerio de Justicia, con ánimo de lograr la inclusión de todos sus funcionarios, así como para que sirva de material de refuerzo y herramienta de consulta, pondrá a disposición de éstos una plataforma de formación “e-learning”, con unos contenidos equivalentes a los impartidos en dicha formación presencial.
     De esta manera, los funcionarios, bien sean secretarios judiciales o de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial, que no puedan asistir a los cursos presenciales, o que se encuentren en regiones geográficas en las que la asistencia a la formación presencial no sea posible, puedan recibir una preparación equivalente y beneficiarse de estos conocimientos.
     Formación de formadores (Sistema de Certificaciones)
     Con el fin de lograr una sinergia de esfuerzos por parte de los actores implicados en este proyecto global, se plantea una red de funcionarios formadores, a través de un sistema de certificaciones en las diversas materias objeto de este plan de formación. Este sistema permitirá constituir una red de funcionarios especialistas que, a su vez, junto a formadores del Servicio de Formación de Nuevas Tecnologías del Ministerio, participen como dinamizadores en esta nueva etapa de cambio y adaptación.
     Estos cursos de certificación o de formación de formadores se diseñan para dos perfiles diferentes. Por un lado, los secretarios judiciales, actores protagonistas en el cambio que implica la Nueva Oficina Judicial y, por otro, el personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. En ambos casos el objetivo final es el mismo: capacitar a los asistentes para su participación activa como docentes o expertos de apoyo en las acciones formativas que durante este año 2010 y antes de la entrada en vigor de la Ley se realizarán por todo el territorio nacional.

     Consejo de Ministros. 16 abril 2010
     Recomienda la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de base o primer grado, la creación de tribunales de instancia y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
     El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Esta iniciativa se enmarca también en el ambicioso Plan de Modernización de la Justicia, puesto ya en marcha, que conducirá a la transformación general de esta administración para mejorar definitivamente su servicio al ciudadano.
L     a Comisión de Expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.
     Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de Menores o de Violencia de Género.
     La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de setecientas unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80 por 100 interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70).  El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.
     La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo sustituido por el trabajo en Red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.
     Por todo ello, la Comisión de Expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.
     Reorganizar la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.
     Principales recomendaciones de la Comisión
     Superación del partido judicial como base del modelo: El partido judicial responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual.
     Extensión de la organización colegiada : La nueva ordenación de la planta permitiría trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales ‘juzgados’, que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
     Creación de tribunales de base o primer grado : Es necesaria la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos tribunales se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se han de cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo  ingreso como paso previo a su promoción profesional.

     Creación de tribunales de instancia : Los órganos judiciales de instancia, en cuanto tribunales especializados situados en núcleos urbanos importantes, responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.
     Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal: La superación del actual “partido judicial” y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal. Aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal, cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia.

     Más de 120.000 trabajadores han abandonado España en busca de empleo desde 2008
     Carlos Sánchez.- 15/04/2010 El Confidencial
     La emigración ha vuelto. Desde luego no con los tonos dramáticos que tuvo durante los años 50 y 60, pero emigración al fin y al cabo. Lo dicen los últimos datos del censo de españoles que viven en el extranjero, y que reflejan que en los últimos dos años nada menos que 123.815 españoles se han dado de alta en las distintas oficinas consulares que tiene la Administración  en el exterior. En total, y según ese censo, 1.325.348 millones de españoles residen fuera de forma oficial, la cifra más alta en décadas. Todos ellos mayores de 18 años.
     Lo más significativo no es sólo la cifra, sino su evolución. Si en 2008 el número de españoles residentes en el extranjero crecía a un ritmo de 36.399 ciudadanos respecto del año anterior; en 2009, el aumento fue de más del doble. En concreto, de 74.814 personas. Tan sólo durante los dos primeros meses de este año, el número de altas se ha incrementado en 12.602 personas, lo que significa que no se trata de un fenómeno puntual ligado a un movimiento no representativo de la población, sino que comienza a tener algo de estructural. O dicho en otros términos. El número de españoles que sale del país para trabajar está creciendo un 6% en términos anuales, el doble de lo que ha sido habitual en la media histórica. Y desde luego muy por encima de lo que está creciendo la población.
     La cifra de españoles que han tenido que salir del país en busca de trabajo es probablemente mayor. No todos los nacionales se inscriben en los registros consulares. Los datos corresponden al censo electoral, y por eso se sabe que cuentan con más de 18 años. Es habitual que a medida que se acerca un proceso electoral crece el número de inscritos, por lo que cabe suponer que ese efecto se dejará notar en los próximos trimestres.
     En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 1.471.691 españoles forman parte del llamado PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero), pero  de esta cifra algo más de 902.000 ciudadanos tienen entre 16 y 64 años.
     Crisis económica
     La causa principal del fuerte aumento del número de españoles residentes en el extranjero tiene que ver con la crisis económica, lo que ha obligado a muchos trabajadores a buscar empleo fuera del país, pero también con el creciente grado de internacionalización de la empresas española, que ha tenido que salir fuera en busca de nuevos mercados.  En la actualidad, algo más de 97.000 empresas españolas exportan, pero con un importante sesgo. Tan sólo las 50 empresas más exportadoras controlan el 31,77% de las ventas al exterior, y son éstas las que desplazan a una parte de sus plantillas en busca de nuevos mercados.
     La mayor presencia de España en instituciones multilaterales (FMI, Naciones Unidas o Banco Mundial), junto a la proliferación de actividades relacionadas con políticas de solidaridad (ONGs) o la fuga de científicos para poder seguir investigando, explica también el crecimiento del número de españoles que residen en el  extranjero. Además de actividades profesionales en las que hay déficit en otros países, en particular en sanidad o educación.
     La gran diferencia con las emigración de los años 50 y 60 es, por lo tanto, que no se trata de una salida forzada por razones de extrema necesidad, sino que afecta sobre todo a trabajadores cualificados que buscan cumplir en el extranjero sus expectativas laborales.
     Para hacerse una idea de este fenómeno hay que tener en cuenta que en 2002 el censo electoral de españoles en el extranjero era de 1.025.346 ciudadanos, lo que significa un 30% menos que ahora.

     Los promotores claudican: “Venderíamos perdiendo dinero”
     14-04-2010 , J. M. Lamet - Expansión
Los promotores y el Gobierno trataron de calentar el mercado agarrándose a las asideras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que constató un ascenso del 18,7% en las ventas de pisos. Además, la patronal de los promotores afirmó que, ahora sí, muchos de ellos han asumido que no les queda otra que vender pisos a un precio menor del coste de construirlos.
     En concreto, se comercializó un 14,4% más de casas nuevas y 23,7% más de usadas. Tanto la patronal de las empresas, APCE, como el Ministerio de Vivienda proclamaron que el actual es un gran momento para comprar un piso. La ministra Beatriz Corredor llegó, incluso, a decir que 2010 es “uno de los mejores años” para lanzarse a adquirir una vivienda, “si se encuentra una casa adecuada a las necesidades del comprador y con un precio razonable”. Y el G-14, lobby que aglutina a las principales compañías del sector, advirtió de que la temporada de rebajas en el ladrillo está llegando a su fin. No en vano, la caída de precios fue de sólo el 5,3% anual en marzo, según Tinsa.
     El presidente de APCE y de la patronal madrileña Asprima, José Manuel Galindo, cree que los descensos de precio son “generalizados”. Y señala a Expansión: “De media acumulada, los promotores hemos ajustado un 20%-25% el precio de los pisos”, desde que se rompió la resistencia a la baja de la vivienda. La mayoría de las veces, esos descuentos se sitúan “en torno al 20%”, que es el umbral psicológico para las inmobiliarias. El G-14 añade que “todas las viviendas que se están vendiendo actualmente, tanto nuevas como usadas, han registrado un ajuste medio no inferior al 20%”.
     Vender a pérdidas
     Pero Galindo también apunta un dato hasta ahora tabú, asegurando que ya hay una corriente de inmobiliarias que asumen la venta en números rojos: “Muchos promotores están dispuestos hasta a perder dinero”. Sobre todo si tienen una relación muy arraigada con la entidad financiera prestadora, o varias operaciones con financiación. El problema es que algunos ni siquiera tienen ese dinero que perder, y que otros promotores prefieren tirar la toalla, optar por la dación en pago y derivar el problema a la entidad financiera.
     Así que “a partir del 20% de rebaja, los promotores tienen las manos atadas a la hora de bajar el precio, por la dependencia que tienen del banco”, asegura Galindo. Es decir, necesitarían un empujón de la entidad prestadora. Por ejemplo, “rebajar un 30% los pisos supondría una quita por parte del banco o que el promotor recurriese a su caja, normalmente, pero ahora mismo no hay tesorería”.
     Pero, pese a la bancarización de la vivienda, los empresarios y el Ejecutivo han comenzado a tañer las campanas de la recuperación y el optimismo. Y lo hacen con datos. Galindo señala que “ahora se están dando unas condiciones inmejorables para comprar”. A saber: “Precio ajustado, tipos muy bajos, financiación a largo plazo, una oferta importante de inmuebles para elegir y, por último, la eliminación de la desgravación fiscal en 2011 [a las rentas superiores a 24.000 euros]”. Esto está haciendo un “efecto tirón” en las ventas, al contrario que el IVA: “Creo que ha habido muy poco tiempo para que la demanda valore el IVA, y un 1% de aumento es muy poco a nivel global.”
     “No habrá más rebajas”
     Ha habido “mucha demanda embalsada que no se había decidido a comprar porque las condiciones económicas no son buenas y los precios debían ajustarse”. Pero los compradores, según Galindo, “se han dado cuenta de que no va a haber muchas más rebajas. Así, con los tipos en mínimos, si tienes trabajo y la entidad te puede subrogar, compras seguro”, arguye Galindo. Entretanto, el G-14 considera que la recuperación de las ventas continuará su suave recuperación en marzo.
     Pero los analistas ven apresurados estos brotes: “Sin crédito y con los precios por encima de Estados Unidos, es un momento espectacular para comprar”, ironiza el director del departamento Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. “Los datos no cuadran”, agrega. “No hay más número de interesados en comprar pisos, sino que ahora se está empezando a dar algo más de crédito”, apunta Lucio Rivas, socio de la plataforma inmobiliaria Admentum.
Corredor añadió a todo esto que el Ministerio otorga ayudas para pagar la entrada de la vivienda y la hipoteca a las familias con rentas anuales inferiores a 50.000 euros, lo que ayuda a decidir comprar.
     “Sin desgravación, pagas un 10% más”
     “En los últimos dos o tres meses se han roto las barreras de precios que había, sobre todo en la vivienda usada”, aseguró director del departamento Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. Además, la eliminación de la desgravación en el IRPF por la vivienda habitual a quienes cobren más de 24.000 euros “puede estar jugando también un papel importante, ya que pesa un 9%-10% del precio total en todo el periodo del préstamo, y el comprador ve que sin deducción a la larga paga más”. “Y encima” con la resistencia a la baja de los precios “y con un IVA más elevado”, arguye García Montalvo.
     Pero “los números no cuadran, porque no puede ser que la hipoteca media caiga un 15% y los precios bajen tan poco como dice Tinsa (5,3%), mientras que se vende un 19% más”, apostilla. Por su parte, José Luis Martínez, estratega de Citi en España, opina que hay un factor importante que se debe considerar a la hora de evaluar los datos positivos de compraventas de viviendas conocidos ayer: “La presión de la banca por liberar su balance de real estate, lo que también se percibe en los indicios de mejora de crédito para la compra de vivienda frente a la caída del crédito empresarial”.

     Acusación - Caen más de un 11% sus acciones
     La Comisión de Valores demanda al grupo por defraudar a sus clientes
     No informó a clientes que compraron instrumentos ligados a hipotecas basura
     El grupo se habría aprovechado de la caída del mercado de la vivienda
     Las acciones de Goldman caen estrepitosamente, consecuencia de la demanda
     Agencias | Nueva York 16/04/2010 - El Mundo
     La Comisión de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) acusa a Goldman Sachs y a uno de sus vicepresidentes de un presunto fraude relacionado con instrumentos de deuda vinculados a hipotecas ’subprime’, según informó el regulador bursátil de EEUU, lo que hunde a más de un 10% la cotización de las acciones del coloso de Wall Street y a los principales valores de la bolsa.
     En concreto, la SEC alega que Goldman Sachs estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDO) dependientes de la evolución de valores respaldados por hipotecas residenciales ’subprime’ (RMBS) sobre los que no proporcionó “información vital” a los inversores, especialmente en lo que se refiere al papel del ‘hedge fund’ Paulson & Co. en la selección de dicha cartera y en la circunstancia de que dicho fondo estaba ‘corto’ respecto a los CDO.
     “El producto era nuevo y complejo, pero el engaño y el conflicto son antiguos y simples”, dijo el director de la división de vigilancia disciplinaria de la SEC, Robert Khuzami, mientras que el jefe de la unidad de productos estructurados de la institución, Kenneth Lench, señaló que la SEC sigue investigando las prácticas de los bancos de inversión y otras entidades involucradas en la titulización de complejos productos financieros vinculados al mercado inmobiliario estadounidense.
     El engaño detrás del ‘hedge fund’
     La SEC alega que el ‘hedge fund’ dirigido por John Paulson, que alcanzó relevancia internacional por su fructífera apuesta contra los valores ’subprime’, tuvo una “relevancia significativa” a la hora de seleccionar la cartera de estos RMBS, sobre los que obtendría beneficios en caso de depreciación, sin que estos hechos fueran puestos en conocimiento de los inversores.
“Goldman Sachs no reveló (a los inversores) las posiciones cortas de Paulson & Co. ni su papel en el proceso de selección de los colaterales”, señala la SEC, que destaca el papel desempeñado por el vicepresidente de Goldman Sachs Fabrice Tourre, quien estructuró la transacción, preparó los materiales para su comercialización y se encargó de las relaciones con los inversores.
     Una vez que fue presentada la demanda, las acciones de Goldman Sachs caían un 11,4% en la bolsa. La noticia hundió a los tres principales índices de Wall Street.
     La decisión marca la primera vez que SEC toma medidas contra un acuerdo de Wall Street que ayudó a los inversores aprovechar la caída del mercado de la vivienda.

      La empresa de Antonio Martínez, Trampolin Hills Resort, tenía previsto construir 2.500 viviendas
     Javier Ruiz - Murcia - 15/04/2010 - El País
     La Guardia Civil ha detenido esta mañana al propietario de la promotora inmobiliaria murciana Trampolín Hills, Antonio Martínez. La detención se produce en el marco de las indagaciones de un juzgado de la región que investiga el presunto fraude denunciado por los 2.000 compradores de sus viviendas que, con la empresa en concurso de acreedores, han perdido los anticipos a cuenta que entregaron al constructor.
     Conocido como El Gitano, su empresa que nació con un capital social de 5.000 euros en 2005, promovió en los últimos años una urbanización en el municipio murciano de Campos del Río de la que no llegó a levantar ni una sola casa. Con sólo 2.000 habitantes, el equipo de gobierno municipal había aprobado la construcción de otras tantas viviendas y un campo de golf, que finalmente no ha llegado a realizarse.
     Los clientes que hicieron entrega de cantidades a cuenta -en algunos casos superiores a los 50.000 euros- se han constituido en asociación y en los últimos meses han planteado una denuncia colectiva por estafa e incumplimiento de contrato contra Martínez y su socio. El abogado de la mayoría de los afectados, Joaquín Guzmán, ha cifrado esa estafa en más de 60 millones de euros y alertó recientemente de la posibilidad de que Martínez y su socio “podrían huir de España o hacer desaparecer pruebas” si seguían en la calle. La investigación sigue abierta y se ha decretado el secreto de sumario.
     Retrasos en las obras
     Trampolin Hills golf Resort es actualmente, y según los compradores, “un páramo abandonado donde sólo quedan algunos carteles y varias palmeras secas”. Añaden que “no se ha construido ni una casa y faltan 80 millones de euros”. Es el testimonio de alguno de los afectados que recuerda que en 2009, meses antes de que llegara el concurso de acreedores, las obras acumulaban ya un retraso de tres años porque el Ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial dado el importante revuelo político que generó una denuncia del PP de Campos del Río y que vinculaba al actual alcalde con algunas compraventas de fincas del resort.
     Además del concurso de acreedores, la empresa constructora tenía sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que “la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia”. Mientras tanto, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano le había impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros “por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta”. Y, por último, el Ministerio de Hacienda anunció que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, no existía como tal ni tenía nacionalidad ni estructura empresarial en España.

     14 de abril de 2010 El Confidencial Digital
     Los inspectores de Hacienda han enviado, el pasado 16 de marzo, una carta a la ministra de Economía, Elena Salgado. En ella, los funcionarios declaran su malestar por la medida que entró en vigor el pasado 1 de enero y que contempla un aumento de los objetivos recaudatorios de más del 15%. Hasta el momento, no han obtenido respuesta.
Este escrito incluye la firma de 750 jefes de equipo de inspección. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) explica a El Confidencial Digital que, además, durante el mes de marzo han recurrido judicialmente los criterios fijados por la Agencia.
     Las reivindicaciones de este colectivo no son nuevas. Se remontan al pasado mes de febrero. Entonces, la IHE destacó que “el incremento de objetivos es inasumible y absolutamente incompatible con un trabajo de calidad”. En cuanto al ciudadano el sindicato de inspectores señalaba que esta medida supone una “mayor presión sobre el contribuyente inspeccionado”. Los funcionarios destacaban que con estos cambios se les obliga a realizar un trabajo precipitado y de escasa profundidad.
     Los inspectores resaltaron que supeditar un 20% su sueldo a la consecución de esos objetivos creará presión en su trabajo. A esta queja añadían que desde el Ministerio se les presionó para que el profesional de la inspección actúe de manera precipitada para cerrar los expedientes tratando de obtener la mayor deuda posible. En estos momentos sus peticiones siguen maniéndose.
     La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda está constituida por 1.400 inspectores. La IHE agrupa a tres asociaciones: APIFE (Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado), APIHA( Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda de Aduanas) y al Sindicato de Inspectores de Hacienda constituido en 2004.

     Propuesta de CIU
     15-04-2010 ,  Expansión.com/Servimedia
     El Congreso de los Diputados ha resuelto estudiar la proposición de ley del Grupo Catalán-CiU para elevar del 5 al 7% la reserva para personas con discapacidad en el acceso al empleo público. La propuesta significa modificar la vigente Ley del Estatuto del Empelado Público para establecer la reserva a favor de personas con discapacidad en un 7%, creando una subcuota específica del 2% para personas con discapacidad intelectual.
     El cambio normativo supondría extender esta obligación a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), al considerarse el Estatuto del Empleado Público, una legislación básica vinculante para todos los estamentos públicos.
     Desde 2009, el Gobierno central, a través de la oferta de empleo público anual, ya realizaba esta reserva del 7%, pero con la reforma legal, una vez aprobada, abarcaría, así, a todas las Administraciones Públicas.
     CiU apostó el martes por reformar el artículo 59 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que “en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”. La ampliación del 2% que propone CiU estaría destinada a las personas con discapacidad intelectual, “severamente excluidas del mercado laboral”, según apunta el Grupo Catalán en su iniciativa.
     Además, la proposición de ley incorpora otros avances como es que, en todas las convocatorias, las plazas reservadas para trabajadores con discapacidad se tienen que realizar en turnos independientes. El Comité Español de Representes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha valorado de forma positiva este acuerdo.
     Por otra parte, CiU plantea otras medidas legislativas que considera de interés para estimular el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, homogeneizándolo en todas las administraciones. Entre estas medidas figura la realización de pruebas independientes, como indica ya el decreto que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Igualmente, sugiere que la convocatoria de turnos independientes sea siempre obligatoria, en lugar de facultativa, como establece dicho decreto.
     La iniciativa aboga también por que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad. Además, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%.

     Jueves, 22 de octubre de 2009 - El Confidencial Digital
 
     El trasfondo del sorprendente ataque de Solchaga a Zapatero: el ex ministro había solicitado ser consejero de Telefónica o Endesa pero el presidente no lo ha aceptado
 
 
     Las duras críticas de Carlos Solchaga al presidente del Ejecutivo y a su modo de manejar el Gobierno sorprendieron a destacados dirigentes del PSOE, pero no tanto en Moncloa. El entorno cercano de Rodríguez Zapatero conoce el motivo del enfado del ex ministro: no ha atendido sus peticiones.
     La andanada de Solchaga llamó mucho la atención a varios notables del PSOE, porque estaban al tanto de la buena relación que, desde hace tiempo, existía entre el político navarro y el presidente. Una sintonía forjada antes incluso de que el actual inquilino de La Moncloa llegara a la secretaría general del partido.
     De ahí que hayan asistido atónitos a la cascada de reproches del ex ministro de Felipe González en la entrevista publicada por la revista Vanity Fair. En ella acusa al jefe del Ejecutivo de vivir en un “mundo presidencialista”, de concentrar la actuación política en su persona, de tratar “como secretarios” a los ministros, de minusvalorar el papel del Gobierno y la Administración, de utilizar “ciertos toques populistas”, de gobernar “sólo para que le quieran”.
     Según datos recabados por El Confidencial Digital en ambientes del Gobierno, el origen último de esa ofensiva se debe a su frustración por no haber visto cumplidas sus expectativas personales. Las fuentes consultadas explican que Carlos Solchaga esperaba del Gobierno socialista “un puesto bien remunerado”, como consejero de alguna de las grandes compañías del país.
Pero no se trataba, advierten, de un deseo genérico. Él pensaba en dos empresas fundamentalmente. Su primer deseo era acceder a uno de los puestos de relieve en Telefónica. Como segunda opción, manejaba formar parte del consejo de la eléctrica Endesa.
     El entorno del presidente lo tiene muy claro. Al no haber visto satisfechas sus aspiraciones, en la entrevista Solchaga dio rienda suelta al resentimiento acumulado.

     Campa dice que es encontrar otras vías de crecimiento 
     14/04/2010 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
     Madrid.- El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha discrepado con el Banco de España y ha afirmado que para el sistema financiero español el paro no es el problema sino encontrar una nueva senda de crecimiento.
     “Para el sistema financiero, para la estabilidad de las cuentas públicas, no es que el paro sea un problema, es un síntoma peculiar de la economia. El problema es buscar otra senda de crecimiento a medio plazo”, ha afirmado en la segunda jornada del ‘XVII Encuentro del sector financiero’ organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación.
     El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó el martes en el mismo foro que el “paro masivo” era el principal problema de la banca.
     A juicio del secretario de Estado, el desempleo es la principal preocupación de todos, “especialmente del Gobierno”, pero en el caso de la banca, Campa cree que el reto será que las entidades puedan financiar a la economía real, esto es familias y empresas.
     De esta forma se conseguirá volver a la senda de crecimiento y a la creación de empleo. Para ello, Campa ha instado a la banca a hacer llegar el crédito a “nuevos sectores, más desconocidos”, que han de sustituir parte de la aportación que la construcción realizaba al PIB y que cifró en el 4%.
     El secretario de Estado ha minimizado también los riesgos existentes en el sector financiero. “Falta capital en algunas entidades, pero ninguna de ellas es sistémica”, ha afirmado. En este sentido, ha añadido “el Frob [el fondo de ayuda estatal para fomentar las fusiones en el sector] está totalmente preparado para dar apoyo a la reestructuración”.
     Sobre la nueva regulación que se avecina en el sector financiero, ha dejado claro que “los errores y abusos del pasado no van a volver a ocurrir”.

     Estará en vigor hasta 2012
     Para las rentas inferiores a 53.000 euros.
     14/04/2010 - Madrid (Europa Press) - Finanzas.com
     Los contribuyentes con rentas inferiores a los 53.007,20 euros podrán deducirse en el IRPF hasta el 10% de las cantidades satisfechas por la rehabilitación de viviendas a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2012, con un máximo de 12.000 euros por vivienda habitual.

     Así consta en el real decreto publicado ayer en el BOE que entra en vigor hoy, donde se explica que la deducción estará sujeta a obras que tengan por objeto la mejora energética, la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros o la mejora de la accesibilidad al edificio.

     Esta medida, que beneficiará al 95% de los contribuyentes siempre y cuando las obras no se abonen en efectivo, será asumida íntegramente por el Estado, con un coste de 1.400 millones, según los cálculos del Departamento de Economía.

     A la nueva deducción hay que unir la aplicación de un IVA reducido para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de la vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 y la ampliación del concepto de rehabilitación estructural a efectos del impuesto.

     Estas dos medidas forman parte del primer capítulo de los seis que contempla el real decreto, que pretende recuperar la actividad en el sector de la construcción. El segundo capítulo, por su parte, incluye un conjunto de reformas “necesarias” para favorecer la actividad empresarial, mientras que el tercero se dedica íntegramente a la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

     El cuarto contiene medidas destinadas a moderar el impacto negativo de la crisis en los ciudadanos, como el aumento del umbral de inembargabilidad, la aplicación de un IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia o el ‘vale transporte’, que supone la exención de la tributación en el IRPF de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el lugar de trabajo.

     Finalmente, el capítulo quinto se centra en el sector energético, mientras que el sexto contiene un conjunto de medidas en el ámbito del sector financiero de urgente implantación ante las necesidades de encarar con la máxima eficacia la evolución de la crisis financiera.

     Con esa intención, se reducen los plazos previstos agilizando la operativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y se realizan una serie de ajustes en su regulación.

     El texto contempla además la posibilidad de que se puedan intervenir bancos o cajas con dificultades cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que, para el Banco de España, hagan que no sea previsible encontrar una solución viable para su situación sin el apoyo del FROB.

     Cambios en las fusiones frías

     También en este capítulo se clarifica el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) que se creen entre entidades de crédito con objeto de garantizar la máxima seguridad jurídica en operaciones de este tipo, más conocidas como ‘fusiones frías’.

     El 27 de marzo anunciamos el documento de síntesis en cuyo punto 30 se decía:

     30.- Permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

     Hoy es ya una realidad: Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

     Artículo 27. Consideración de los fondos de titulización como titulares registrales.

     Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero, con la siguiente redacción:

     «Los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos podrán ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito; en particular y sin ánimo limitativo, por producto del remate de procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenación o explotación de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecución. La inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulización en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podrá efectuar a nombre de los mismos.»

     Acceso a la función pública
     Expertos de Fedea proponen una reforma del acceso a los cuerpos de élite que limite el número de veces que el candidato puede presentarse
     El 42% de los opositores a juez y fiscal se presentan cinco veces 
     N. Sanmartin Fenollera - Madrid - 13/04/2010 Cinco Días
     Cuatro de cada diez candidatos a jueces y fiscales se han presentado a la oposición cinco veces. La cifra desciende al 23% en el caso de los diplomáticos, al 16% en el de los inspectores de hacienda, al 13% cuando se trata de abogados del Estado, al 12% de notarios (aunque al tratarse de oposiciones bianuales, ello implica un plazo de diez años) y al 10% de registradores. Los datos se refieren a las oposiciones celebradas durante el último decenio y forman parte de un documento que recoge 25 propuestas a la Ley de Economía Sostenible y reformas estructurales, publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que la entidad ha decidido facilitar a los diputados de todas las formaciones políticas.
     El informe contiene un análisis sobre el acceso a la función pública, realizado por los economistas Manuel Bagüés (Universidad Carlos III) y Berta Esteve-Volart (York University) con cuatro grandes medidas que pretenden optimizar la selección de profesionales como los abogados del Estado, jueces y fiscales, notarios, registradores e inspectores de Hacienda, entre otros.
     La primera de esas reformas aboga por limitar el número de años que un opositor puede presentarse a una misma plaza. Según Bagüés y Esteve-Volart, “esto sería positivo en términos de calidad de los seleccionados y también facilitaría la selección de candidatos con características socioeconómicas más cercanas a las de la población en general”. Ambos economistas sostienen que la larga preparación y el esfuerzo económico que requieren las oposiciones a ciertos cuerpos de élite excluye a candidatos con peores perspectivas económicas.
     Además, explican ambos, la medida ayudaría a resolver “el problema de consistencia temporal” a que se ven sometidos los eternos opositores: la imposibilidad de abandonar cuando se ha invertido ya demasiado tiempo y energía en el proceso.
     Los autores consideran que los tribunales de oposición “deberían dedicar más tiempo a la evaluación de aquellos candidatos con posibilidades reales de obtener plaza”. Según Bagüés y Esteve-Volart, se deberían introducir exámenes preliminares eliminatorios “tipo test” en las oposiciones con una nota de corte que eliminase a los candidatos con escasas posibilidades. Ambos recuerdan que en el caso de jueces y fiscales, los datos demuestran que “sólo los opositores que obtienen en el texto una nota situada en el 40% superior de la distribución tienen opciones a conseguir plaza”.
     Como medida complementaria a las anteriores, defienden también la fusión de los procesos de selección para cuerpos del Estados que exigen un perfil similar. El objetivo sería exigir conocimientos más generales “que podrían después ser complementados con una formación específica adecuada mediante la realización de cursos de formación selectivos para los opositores elegidos”.
     Tras afirmar que en las oposiciones a abogados del Estado de 2008, tres de los candidatos “incluyendo el hijo de un abogado del Estado”, fueron suspendidos por el tribunal ante la sospecha de que habían tenido conocimiento previo del contenido del examen, el documento de Fedea propone que los exámenes sean corregidos de forma anónima, en lugar de en lectura pública. Además, señalan, el examen escrito “debería ser sometido a una doble corrección independiente y en caso de discrepancia, a una tercera evaluación”.

     Agencias 13/04/2010  El Economista
     El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó hoy que la guerra de depósitos emprendida por las entidades financieras es “inevitable” porque la financiación externa “todavía no está normalizada”. La guerra del depósito de la banca puede causar el colapso de las cajas, según Financial Times.
     “La oferta a los ahorradores me parece que es algo casi inevitable porque la financiación externa de los bancos todavía no está normalizada y se ha encarecido”, declaró Fernández Ordóñez, tras su intervención en el XII Encuentro Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación.
     El gobernador del Banco de España señaló que “lo normal” ante la actual situación del sistema financiero es que las entidades busquen ampliar la financiación mediante la captación de recursos y que esto sólo responde a “decisiones empresariales”.
     Fernández Ordónez matizó que “no todas” las entidades financieras han optado por la captación de depósitos y que, algunas de ellas, han apostado por vender “fondos de inversión por comisiones”. “Es evidente que es una decisión empresarial que debe entenderse dada la situación de la financiación mayorista”, concluyó.
     Tanto bancos como cajas de ahorros han comenzado a ofrecer depósitos con remuneraciones que ascienden hasta el 4%, con el fin de incrementar la proporción de financiación procedente de la red minorista y ante las dificultades para captar recursos de los mercados mayoristas.
     Por su parte, el diario Financial Times estimó hoy que la guerra de depósitos que han empezado a librar las entidades en España puede poner en una situación delicada a determinadas cajas de ahorros, algo que Fernández Ordóñez evitó comentar.
    La banca puede ser un obstáculo
     El gobernador también alertó hoy de que el sistema bancario puede convertirse en un “obstáculo” para conseguir la recuperación económica si España sigue manteniendo por un periodo prolongado millones de trabajadores en paro.
     “El sistema financiero podría pasar de haber sido un soporte de la economía durante a la crisis a convertirse en un obstáculo para conseguir la recuperación”, subrayó Fernández Ordóñez.
     El gobernador insistió en que junto a la reestructuración, el otro riesgo al que se enfrenta el sistema financiero es el “desempleo masivo” ,y resaltó que o se diseña y se aprueba pronto y “con el mayor consenso posible” una reforma de las instituciones laborales que “afronte con decisión este gravísimo y españolísimo problema, o muchas entidades sufrirán sus consecuencias”.
    En este sentido, recalcó que el sistema podría sufrir más morosidad, menor negocio, mayor endeudamiento público y, en consecuencia, encarecimiento de la financiación mayorista.

     Muchas de las pólizas no se adaptan a la normativa e incluyen cláusulas que dejan desprotegidos a los propietarios.
     Eso concluye un estudio realizado por Área Group Consulting para la correduría de seguros GTG.
     20minutos.es. 12.04.2010
     El constructor está obligado por ley a suscribir un seguro que cubra, en caso de producirse, las reparaciones de los defectos y las indemnizaciones por los daños personales o materiales que hayan podido sufrir los propietarios.
     Este seguro es imprescindible para la actividad de la promotora, ya que sin él no se podrá autorizar la construcción de ninguna obra ni inscribir las escrituras públicas del inmueble en el Registro de la Propiedad. El seguro de daños que afecten al acabado también puede sustituirse por una retención del 5% del importe de las obras por parte del promotor.
     Para reclamar cualquier desperfecto, basta con contactar con el profesional responsable en cada caso. Si se desentiende, lo mejor es acudir directamente al Juzgado de Primera Instancia para tramitar una denuncia. Para que se produzcan las reparaciones e indemnizaciones, no hay que relajarse.
     Las acciones para exigir responsabilidades prescriben a los dos años.
     El 90% de los seguros incluyen claúsulas que dejan a los propietarios desprotegidos, según un reciente informe El problema es que el 90% de los seguros de responsabilidad civil para constructores y promotores inmobiliarios en España no cubren los defectos de construcción o de estructura que puedan surgir en las viviendas nuevas y que puedan provocar la ruina, según un reciente estudio realizado por Área Group Consulting para la correduría de seguros GTG recogidopor el portal inmobiliario Fotocasa .

     El estudio desvela que muchas de las pólizas suscritas no se adaptan a la normativa vigente, por lo que no cumplen con las obligaciones exigidas a los promotores y constructores por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) de 1999.

     En este sentido, el informe revela que en muchos de los contratos firmados aparecen cláusulas que dejan a los propietarios desprotegidos frente a la posibilidad legal de reclamar por los desperfectos que se pudieran producir en periodos de entre uno y diez años, desde la fecha de la entrega de la obra y dependiendo de su naturaleza.

     Así, estos seguros incluyen cláusulas del tipo “quedan excluidas las reclamaciones derivadas del artículo 1.591 del Código Civil” o “no se garantizan las reclamaciones reguladas en la LOE 38/1999″, que dejan al usuario atado de manos frente a futuras reclamaciones.
     Las presuntas vulneraciones del artículo 1.591 del Código Civil ocupan el quinto lugar de las que más pleitos generan ante los tribunales españoles.

     Febrero | Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
     Estas pólizas cubren incidencias como incendios, inundaciones, robos, etc.
     Los costes de los servicios de conservación de los inmuebles se mantienen
     Servimedia - Madrid 12/04/2010 El Mundo Los seguros de vivienda se encarecieron un 3,4% en el último año, más de dos puntos por encima del IPC general, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de febrero.
     Las pólizas para casas, en función de lo firmado, cubren incidencias como incendios, inundaciones, daños en la instalación eléctrica o robos, entre otras contingencias.
     Por su parte, los costes de los servicios de conservación de los inmuebles se mantuvieron sin variación en el último año, mientras que los materiales para la conservación aumentaron un 1,3%.

     Crisis | Datos del Banco de España
     En 2008 las inversiones extranjeras en vivienda se incrementaron en un 1 %
     El año pasado se produjo un desplome en el sector de 3.659 millones de euros
     Europa Press | Madrid - 12/04/2010 - El Mundo
     Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se desplomaron en 2009 hasta los 3.659 millones de euros, con una caída del 32,1%, después de haberse incrementado un 1% en 2008, según datos del Banco de España.
     Estas inversiones se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005, y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.
     Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.
     En esta línea, se recontaron 5.392 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. Si bien, en el último trimestre de 2008 experimentaron un descenso del 21%.
     La inversión de los españoles sigue en caída libre
     Por su parte, la inversión de los españoles en bienes inmuebles en el extranjero se situó en 986 millones de euros en 2009, lo que supone un descenso del 44,6% respecto al pasado año, cuando alcanzó los 1.783 millones de euros.
     Desde 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas han ido creciendo
     Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, han crecido progresivamente, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.369 en 2007.
     Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.784 millones de euros, un 46,9% menos que un año antes, marcando una tendencia que se ha agudizado en 2009.