AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 21 de mayo de 2010

La conexión de los registros en la UE ahorrará 161 millones

Viernes, 21 de mayo de 2010

maria-angeles-alcala-diaz.jpg

Xavier Gil Pecharromán – 21/05/2010 – El Economista

Las empresas comunitarias ahorrarán 161 millones de euros anuales gracias a la interconexión de los registros comunitarios, según anunció ayer la directora general de los Registros y del Notariado, ́ngeles Alcalá.
El objetivo de esta operación es que el sistema registral del ámbito europeo permita el intercambio de información estandarizada y reconocible (notas simples) entre los 27 estados miembros de la Unión Europea, lo que supondrá un importante descenso de los costes.
Alcalá dijo que la modernización del sistema registral incrementará la transparencia de los mercados financieros y de los operadores económicos, por lo que es un importante elemento para la recuperación de la confianza económica en los mercados europeos.
Intereses de mercado cada vez más internacionalizados
Durante su intervención en el Consejo de la Eurpean Business Register (EBR), Alcalá explicó que el gran escollo que es necesario salvar es el actual ámbito nacional de las regulaciones y apostó porque su desarrollo posterior sea rápido.
“Las demandas actuales de información entre países son ingentes, tanto de acreedores, socios, trabajadores, consumidores, sistema financiero, Administraciones Públicas y tribunales de justicia, puesto que los intereses del mercado cada vez son más internacionalizados”, señaló la directora general de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Esta información cada vez se hace más necesaria en operaciones de reestructuración empresarial de carácter multinacional. Además, la creación de la sociedad anónima europea y las exigencias legales impuestas a las filiales de los grupos internacionales, serán el gran estímulo para lograr el impulso definitivo en la interconexión de los Registros comunitarios.
Interconexión de los Registros comunitarios
Hasta el momento, se han realizado diversas experiencias previas de interconexión de los Registros comunitarios, como ha sido el Registro de Empresas, pero han tenido únicamente carácter parcial y voluntario, por lo que estas experiencias no han dado los frutos esperados.
Alcalá afirmó que “no se trata de uniformar la normativa de cada país, sino de mantener las tradiciones jurídicas de cada país. De no ser así, sería imposible poder avanzar en este proyecto”.
La EBR, que agrupa a registradores de 24 países, trabaja en la actualidad sobre los procedimientos de interconexión para hacer que el proyecto sea viable con rapidez.

Consejo de Ministros. 20 de mayo de 2010

Viernes, 21 de mayo de 2010

Economía y Hacienda

Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones más en dos años
El Real Decreto Ley aprobado hoy permitirá cerrar el año 2011 con un déficit del 6 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas frente al 7,5 por 100 previsto anteriormente
Las medidas aprobadas tratan de distribuir el esfuerzo de forma equitativa entre toda la sociedad e implican al conjunto de las Administraciones Públicas
El plan reducirá el gasto público en 5.250 millones de euros adicionales este mismo año y en otros 10.000 millones más en 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley y tres Acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por 100 del PIB, frente al 7,5 por 100 previsto inicialmente.
Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área.
Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 2010, con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por 100 del PIB, y en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit público español al 3 por 100 del PIB en 2013.

Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de cinco mil millones de euros, a través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el presente ejercicio; los Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6 por 100 del PIB. También definía una senda de reducción del déficit para cada una de las Administraciones Públicas, según la cual el déficit del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2 por 100 en 2009; 9,8 por 100 en 2010; 7,5 por 100 en 2011; 5,3 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013.
Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3 por 100 en 2010; 6 por 100 en 2011; 4,4 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado en este Real Decreto Ley y en uno de los acuerdos una serie de medidas de ajuste en diferentes ámbitos. Y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal.
Medidas incluidas en el Real Decreto Ley
El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.
Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos
El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5 por 100 en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.
El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.

Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el ͍ndice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.
Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial
El texto aprobado hoy adelanta, asimismo, con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010, la eliminación del régimen transitorio de jubilación parcial previsto en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, cuya suspensión estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. Así, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta años y haber trabajado un mínimo de seis años en la última empresa. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011.
Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia
A partir del próximo 1 de junio, se fijará un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Esta medida permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
Eliminación del “cheque-bebé ”
El Real Decreto Ley también dejará sin efecto, a partir del 1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como “cheque-beb锝, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.
Recorte del gasto farmacéutico
Esta medida tiene el objetivo de avanzar en la optimización del gasto sanitario, que ya recibió un notable impulso como consecuencia del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. El texto aprobado hoy establece un descuento obligatorio del 7,5 por 100 al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5 por 100 general y del 20 por 100 en los absorbentes, y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año.
Acuerdo de no disponibilidad y plan de revisión
El Consejo de Ministros también ha aprobado en el día de hoy un acuerdo que concreta, por una parte, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dar cumplimiento al ajuste adicional aprobado hoy y, por otra, el Plan de Revisión del Gasto del Estado para el periodo 2011-2013, que prevé un recorte de 2,4 puntos del PIB del gasto público.
El acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos por 2.425 millones en los Presupuestos de 2010 instrumenta el recorte adicional de gasto público aprobado en el día de hoy, que se corresponde a una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo.
El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013 concreta la estrategia que seguirá la Administración del Estado para, junto a las medidas adoptadas para 2010 tanto en los Presupuestos como en el Plan de Acción Inmediata y en el Real Decreto Ley aprobado hoy, reducir el déficit del Estado desde el 6 por 100 del PIB previsto para este año hasta el 2,1 por 100 fijado como objetivo para 2013 dentro de la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.
Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:
Congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5 por 100 prevista para 2010.
Aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013
Reducción en un 15 por 100, en términos nominales, en los gastos en bienes corrientes y servicios
Aplicación de acuerdos de no disponibilidad a la inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011, y ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes. Reducción en un 25 por 100 del resto de inversiones en el periodo 2011-2013.
Reducción en quinientos millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011, adicionales a los trescientos millones recortados en 2010.
Reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlos compatibles con los objetivos de estabilidad acordados
Además, el Plan de Revisión del Gasto Público establece una serie de directrices generales a las que se deberán someter todos los departamentos a la hora de definir sus programas de gasto y que obligarán, por ejemplo, a destinar a la reducción del déficit cualquier incremento adicional de los ingresos, a que cualquier nueva actuación de gasto se supedite a los objetivos de consolidación fiscal o a adoptar nuevas medidas de control del gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones al alza respecto del objetivo previsto.
Modificación de los acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Entidades Locales
La Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que, para dar mayor eficacia y alcance al Plan de Austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado, se suscribieran sendos acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las administraciones territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013.
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales suscribieron hace unas semanas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, dichos acuerdos marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el Programa de Estabilidad y Crecimiento.
En línea con el ajuste de gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las Comunidades Autónomas y doscientos millones a las entidades locales.
Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las Entidades Locales, se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.

Jueces decanos detectan fallos en la oficina judicial

Viernes, 21 de mayo de 2010

19-05-2010 , Expansion.com/Agencias
Los jueces decanos consideran “necesario” su participación en los protocolos de desarrollo de la nueva oficina judicial y aprecian fallos en su aplicación práctica, según las conclusiones del encuentro de decanos que se ha celebrado en Burgos durante tres días.
En la presentación de las conclusiones, que se trasladarán a la reunión nacional prevista para noviembre, los decanos han insistido en que no están en contra de la oficina judicial. Sin embargo, el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, ha apuntado que se está aplicando con una “tremenda indefinición, muchísima improvisación y escasísima dotación presupuestaria”.
La decana de Burgos, Blanca Subiñas, ha explicado que ésa es una de las provincias españolas donde primero se implantará la oficina judicial y ha advertido de “fallos técnicos en la aplicación informática”, que pueden ser “asumibles como algo provisional”, pero ha asegurado que “son preocupantes y si no se solucionan en un plazo prudencial llegarán a plantear un problema de difícil solución”. Además, ha destacado el riesgo de que se implante este sistema a diferente velocidad porque “no hay un calendario definido” y puede haber diferencias entre comunidades en función de que tengan o no transferidas las competencias en medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.
Subiñas también ha apuntado que los puestos de trabajo en la nueva oficina judicial todavía no están delimitados y tampoco hay manuales que aclaren las labores que tendrá que realizar cada puesto.
El decano de Zaragoza, ́ngel Dolado, ha advertido del riesgo de futuras regulaciones que no sean efectivas si no se dotan los medios suficientes. También ha recordado que la mediación puede ser una de las vías para reducir una “litigiosidad” creciente en España. De hecho, en los últimos diez años el volumen de asuntos que ha llegado a los juzgados ha crecido un 60%, al pasar de los 6 millones registrados en 1999 a unos 10 millones el año pasado.

El secretario de Estado puede vetar las revisiones de oficio

Viernes, 21 de mayo de 2010

Xavier Gil Pecharromán 19/05/2010 – El Economista

La Secretaría de Estado de Justicia es competente para resolver las peticiones de revisión de oficio sobre las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), según afirma una sentencia de la Audiencia Nacional, de 7 de abril de 2010.
El ponente, el magistrado Cudero de Blas, manifiesta que con esta sentencia se trata de dotar a esta cuestión de la necesaria seguridad jurídica y, por ello, falla en el mismo sentido que la sentencia, de 21 de mayo de 2009, de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Los actos de los secretarios de Estado
Se impugnaba en el presente proceso la resolución del secretario de Estado de Justicia de 19 de noviembre de 2007 por la que se inadmitió a trámite la solicitud del Registro Mercantil número II de Valencia para que se procediese a la revisión de oficio de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 15 de noviembre de 2006.
Aduce que la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Logfage) regula que la competencia para la revisión de oficio de los actos administrativos nulos o anulables, en la Administración General del Estado, corresponde a los ministros, en lo que se refiere a los actos de los secretarios de Estado y de aquellos que han sido dictados por órganos directivos de su Departamento, no dependientes de una Secretaría de Estado.
Además, corresponde a los secretarios de Estado resolver sobre los actos dictados por los órganos directivos que de ellos dependen.
Competencias delegables
Entiende Cudero de Blas, que la interpretación literal y sistemática de los artículos 12 y 13 de la Logfage, que distinguen entre las competencias delegables y no delegables de los ministros, lleva a la conclusión de que la competencia para la revisión de oficio de los actos administrativos es indelegable.
Pero, a continuación, matiza que en casos como el referido a las resoluciones de la DGRN, como la del caso recurrido, el secretario de Estado de Justicia no ejerce funciones indelegables del ministro en materia de revisión de oficio sino funciones de revisión de oficio que le son propias, puesto que no revisa actos administrativos del secretario de Estado o dictados por órganos directivos que no dependan de una Secretaría de Estado, sino que por el contrario, está resolviendo actos dictados por un órgano directivo que depende de él, como es el caso de la DGRN.