A I R E

     Entrevista Alfonso Candau. Decano del Colegio de Registradores de España
     “Es falso que tardemos un mes en inscribir las sociedades”
     El decano anuncia un acuerdo con el catastro para impulsar la coordinación con los registros y responde con datos estadísticos a la acusación de retrasos por parte de los notarios.
     Natalia Sanmartin Fenollera - Madrid - 21/05/2010 - Cinco Días
     Alfonso Candau hace una pausa en una reunión con su junta de gobierno para hablar de las aportaciones de los registradores al proyecto de Ley de Economía Sostenible, de las ofertas para ampliar sus funciones a otros ámbitos -como la gestión del Registro Civil- y de las acusaciones del notariado sobre una posible responsabilidad registral en los retrasos en la constitución de sociedades en España. Casado con una notaria, el decano de los registradores asegura no entender la críticas del notariado. “Yo siempre digo que el presidente del notariado, Antonio Ojeda, y yo sólo tenemos algo en común: tanto él como yo hablamos continuamente del registro”.
     ¿Puede adelantar algo de lo que ha tratado hoy en la junta?
Estamos tratando el tema de la coordinación con el catastro. Tanto los registradores como el catastro hemos llevado a cabo conversaciones para presentar de común acuerdo una enmienda al proyecto de Ley de Economía Sostenible dirigida a fijar el procedimiento para coordinar ambas instituciones. Hay la mejor de las disposiciones y yo tengo la confianza de que salga adelante y se apruebe.
     ¿Cómo se articularía esa coordinación?
Sería un procedimiento que permitiría que aquel ciudadano cuyas parcelas catastrales no coincidan con la información del registro pueda solicitar que se coordinen ambos datos. Antes esto se hacía con ocasión de algún negocio, pero nuestra intención es que se pueda llevar a cabo como operación específica. Por supuesto se articularía con todas las garantías, con citación de los interesados que puedan tener objeciones para no perjudicar a terceros.
     ¿Cuanto le costaría al particular?
El procedimiento en sí no tendría ningún coste. Naturalmente si se acaba llegando a una inscripción registral habría el coste normal de ésta. Pero todo el proceso se llevaría a cabo por el catastro y el registro, ambas instituciones intervendrían.
     En el último editorial de su revista los notarios aseguran que la dilación en la constitución de sociedades en España se produce en el Registro Mercantil, que tarda de media 33 días. ¿Qué tiene que decir a esto?
Yo no comparto en absoluto las apreciaciones del notariado y de su presidente, Antonio Ojeda. Ahora bien, lo que quiero transmitir no son juicios de valor, sino datos, porque sin datos es imposible entablar un debate sereno. Los datos del Centro de Procesos Estadísticos, que son los que se envían al Ministerio de Economía y al INE, muestran que desde que se obtiene la certificación negativa de una sociedad hasta que el notario otorga la escritura pasan 31,91 días si hablamos de presentación telemática y 33,79 si es en ventanilla. Dicho esto, desde que se presenta esa escritura en el registro hasta que el registrador realiza la inscripción el plazo es de 5,94 días telemáticamente y 7,45 en ventanilla. Ésos son los datos reales. Podrá parecer mucho o poco, pero los datos son lo que son.
     En la última conferencia que usted pronunció en el Club Siglo XXI afirmó que los registradores podrían ayudar a los empresarios a detectar situaciones preconcursales. ¿Cómo lo harían?
Las cuentas de las empresas se depositan en el registro informatizadas y esto posibilita su tratamiento informático. Estadísticamente, se sabe que determinados síntomas llevan a determinados efectos, por eso estamos en condiciones de detectar las denominadas situaciones preconcursales y advertir de ellas a los pequeños empresarios para que adopten las medidas pertinentes. Nosotros proporcionaríamos simplemente información estadística y, por supuesto, sólo se le daría a la empresa. Pero para eso hace falta una legislación que regule esta posibilidad.
     Ustedes se han ofrecido para llevar a cabo la gestión del Registro Civil. ¿Sigue en pie esa oferta?
Sigue en pie, aunque lo cierto es que sabemos que se están valorando otras opciones, además de la nuestra.

     La entidad cordobesa, al borde de la bancarrota, rechazó fusionarse con Unicaja
     Lourdes Lucio / Iñigo de Barrón - Sevilla / Madrid - 22/05/2010
     El consejo de administración de Cajasur ha optado por el suicidio. Por una mayoría de 11 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el consejo de la caja fundada por la Iglesia católica ha rechazado la fusión con Unicaja y opta por ser intervenida por el Banco de España.

     “Esto es otra cosa”, “no hay lógica empresarial”, “prefieren que les intervengan a la fusión”. Desde que comenzaron las negociaciones entre la arruinada Cajasur -596 millones de euros de pérdidas en 2009, 114 millones acumulados ya en el primer trimestre de este año-, todos los interlocutores de la entidad cordobesa advertían de la irracionalidad con la que los representantes de la Iglesia católica seguían en la negociación. Anoche, esa “locura” -como la denominó un miembro del consejo- cruzó un punto de no retorno. El presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, defendió en el consejo la intervención del Banco de España en vez de la fusión con Unicaja. Su principal argumento que no se fiaba del presidente de Unicaja, Braulio Medel, con quien ha mantenido constantes enfrentamientos en los meses que ha durado la negociación entre las dos cajas andaluzas. También justificó la decisión en que no se había llegado a un acuerdo laboral con los sindicatos y, por tanto, no se habían cumplido los compromisos pactados.
     Los 11 votos que optaron por la intervención fueron los de los seis sacerdotes que están en el consejo, los de cuatro impositores y el del representante Aspromonte, el sindicato de la caja y afín a la Iglesia. Los contrarios a la intervención intentaron disuadir a los partidarios de una decisión que puede suponer la liquidación de la caja cordobesa, que se encuentra al borde de la bancarrota, pero sus argumentos fueron desoídos.
     Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid. Desde esas cuatro ciudades se vivió ayer de manera agónica el penúltimo capítulo del proyecto de fusión entre la cordobesa Cajasur y la malagueña Unicaja. Con la espada de la intervención del Banco de España sobre la cabeza de la entidad controlada por la Iglesia católica y también sobre la de sus gestores. Así trabajaron los dos consejos de administración a lo largo del día.
     Previamente, el consejo de administración de Unicaja, la mayor entidad de Andalucía, había aprobado la fusión con Cajasur. El Banco de España amenazó con intervenir inmediatamente Cajasur hace unas semanas. Y por carta. El mar de fondo del rechazo está relacionado con las estructuras salariales de ambas cajas: los empleados y sobre todo los directivos de la entidad cordobesa tienen salarios más elevados que los de Unicaja, que ha reclamado su reducción. De lo contrario, la fusión podía disparar los costes laborales de Unicaja.
Fuentes de Unicaja insistieron ayer en la necesidad de alcanzar el ahorro de 57 millones en costes laborales ya que la plantilla y, sobre todo, los directivos de CajaSur cobran más que los de Unicaja.
     Desde primera hora de la mañana, Medel se empleó a fondo para intentar conseguir un acuerdo con los sindicatos. Desde la entidad malagueña siempre se ha defendido la necesidad de cumplir a rajatabla el plan estratégico que implica un ahorro de costes laborales al año de 57 millones de euros. “Peor que la no fusión es una mala fusión”, insistían desde la entidad malagueña.
     BBK y CAM negocian
     La Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y la Caja del Mediterráneo (CAM) negocian un acuerdo para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como fusión fría. Este modelo permite mantener los actuales consejos de administración y las redes de oficinas con las marcas, mientras se crea un holding que consolida las cuentas de las dos entidades. La caja resultante sería la tercera de España, por delante de Bancaja y tras La Caixa y Caja Madrid. Hasta ahora, los holding creados han sido bancos. El modelo similar más avanzado es el de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, cuyo banco se llama Banca Cívica.
     La operación de CAM-BBK pasa por un consenso político entre el PP de Alicante y el PNV, que domina el consejo de administración de la entidad vizcaína. El Banco de España apoya la operación.

     Xavier Gil Pecharromán - 21/05/2010 – El Economista

     Las empresas comunitarias ahorrarán 161 millones de euros anuales gracias a la interconexión de los registros comunitarios, según anunció ayer la directora general de los Registros y del Notariado, Ángeles Alcalá.
     El objetivo de esta operación es que el sistema registral del ámbito europeo permita el intercambio de información estandarizada y reconocible (notas simples) entre los 27 estados miembros de la Unión Europea, lo que supondrá un importante descenso de los costes.
     Alcalá dijo que la modernización del sistema registral incrementará la transparencia de los mercados financieros y de los operadores económicos, por lo que es un importante elemento para la recuperación de la confianza económica en los mercados europeos.
     Intereses de mercado cada vez más internacionalizados
     Durante su intervención en el Consejo de la Eurpean Business Register (EBR), Alcalá explicó que el gran escollo que es necesario salvar es el actual ámbito nacional de las regulaciones y apostó porque su desarrollo posterior sea rápido.
     “Las demandas actuales de información entre países son ingentes, tanto de acreedores, socios, trabajadores, consumidores, sistema financiero, Administraciones Públicas y tribunales de justicia, puesto que los intereses del mercado cada vez son más internacionalizados”, señaló la directora general de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
     Esta información cada vez se hace más necesaria en operaciones de reestructuración empresarial de carácter multinacional. Además, la creación de la sociedad anónima europea y las exigencias legales impuestas a las filiales de los grupos internacionales, serán el gran estímulo para lograr el impulso definitivo en la interconexión de los Registros comunitarios.
     Interconexión de los Registros comunitarios
     Hasta el momento, se han realizado diversas experiencias previas de interconexión de los Registros comunitarios, como ha sido el Registro de Empresas, pero han tenido únicamente carácter parcial y voluntario, por lo que estas experiencias no han dado los frutos esperados.
     Alcalá afirmó que “no se trata de uniformar la normativa de cada país, sino de mantener las tradiciones jurídicas de cada país. De no ser así, sería imposible poder avanzar en este proyecto”.
     La EBR, que agrupa a registradores de 24 países, trabaja en la actualidad sobre los procedimientos de interconexión para hacer que el proyecto sea viable con rapidez.

     Economía y Hacienda
 
     Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones más en dos años
     El Real Decreto Ley aprobado hoy permitirá cerrar el año 2011 con un déficit del 6 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas frente al 7,5 por 100 previsto anteriormente
     Las medidas aprobadas tratan de distribuir el esfuerzo de forma equitativa entre toda la sociedad e implican al conjunto de las Administraciones Públicas
     El plan reducirá el gasto público en 5.250 millones de euros adicionales este mismo año y en otros 10.000 millones más en 2011
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley y tres Acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por 100 del PIB, frente al 7,5 por 100 previsto inicialmente.
     Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área.
     Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 2010, con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por 100 del PIB, y en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit público español al 3 por 100 del PIB en 2013.

     Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de cinco mil millones de euros, a través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el presente ejercicio; los Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6 por 100 del PIB. También definía una senda de reducción del déficit para cada una de las Administraciones Públicas, según la cual el déficit del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2 por 100 en 2009; 9,8 por 100 en 2010; 7,5 por 100 en 2011; 5,3 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013.
     Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3 por 100 en 2010; 6 por 100 en 2011; 4,4 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado en este Real Decreto Ley y en uno de los acuerdos una serie de medidas de ajuste en diferentes ámbitos. Y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal.
     Medidas incluidas en el Real Decreto Ley
     El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.
     Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos
     El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5 por 100 en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.
     El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.

     Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
     En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el Índice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.
     Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial
     El texto aprobado hoy adelanta, asimismo, con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010, la eliminación del régimen transitorio de jubilación parcial previsto en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, cuya suspensión estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. Así, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta años y haber trabajado un mínimo de seis años en la última empresa. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011.
     Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia
     A partir del próximo 1 de junio, se fijará un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Esta medida permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
     Eliminación del “cheque-bebé ”
     El Real Decreto Ley también dejará sin efecto, a partir del 1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como “cheque-bebé”, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.
     Recorte del gasto farmacéutico
     Esta medida tiene el objetivo de avanzar en la optimización del gasto sanitario, que ya recibió un notable impulso como consecuencia del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. El texto aprobado hoy establece un descuento obligatorio del 7,5 por 100 al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5 por 100 general y del 20 por 100 en los absorbentes, y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año.
     Acuerdo de no disponibilidad y plan de revisión
     El Consejo de Ministros también ha aprobado en el día de hoy un acuerdo que concreta, por una parte, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dar cumplimiento al ajuste adicional aprobado hoy y, por otra, el Plan de Revisión del Gasto del Estado para el periodo 2011-2013, que prevé un recorte de 2,4 puntos del PIB del gasto público.
     El acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos por 2.425 millones en los Presupuestos de 2010 instrumenta el recorte adicional de gasto público aprobado en el día de hoy, que se corresponde a una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo.
     El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013 concreta la estrategia que seguirá la Administración del Estado para, junto a las medidas adoptadas para 2010 tanto en los Presupuestos como en el Plan de Acción Inmediata y en el Real Decreto Ley aprobado hoy, reducir el déficit del Estado desde el 6 por 100 del PIB previsto para este año hasta el 2,1 por 100 fijado como objetivo para 2013 dentro de la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.
     Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:
     Congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5 por 100 prevista para 2010.
     Aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013
     Reducción en un 15 por 100, en términos nominales, en los gastos en bienes corrientes y servicios
     Aplicación de acuerdos de no disponibilidad a la inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011, y ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes. Reducción en un 25 por 100 del resto de inversiones en el periodo 2011-2013.
     Reducción en quinientos millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011, adicionales a los trescientos millones recortados en 2010.
     Reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlos compatibles con los objetivos de estabilidad acordados
     Además, el Plan de Revisión del Gasto Público establece una serie de directrices generales a las que se deberán someter todos los departamentos a la hora de definir sus programas de gasto y que obligarán, por ejemplo, a destinar a la reducción del déficit cualquier incremento adicional de los ingresos, a que cualquier nueva actuación de gasto se supedite a los objetivos de consolidación fiscal o a adoptar nuevas medidas de control del gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones al alza respecto del objetivo previsto.
     Modificación de los acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Entidades Locales
     La Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que, para dar mayor eficacia y alcance al Plan de Austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado, se suscribieran sendos acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las administraciones territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013.
     Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales suscribieron hace unas semanas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, dichos acuerdos marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el Programa de Estabilidad y Crecimiento.
     En línea con el ajuste de gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las Comunidades Autónomas y doscientos millones a las entidades locales.
     Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las Entidades Locales, se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.

     19-05-2010 , Expansion.com/Agencias
     Los jueces decanos consideran “necesario” su participación en los protocolos de desarrollo de la nueva oficina judicial y aprecian fallos en su aplicación práctica, según las conclusiones del encuentro de decanos que se ha celebrado en Burgos durante tres días.
     En la presentación de las conclusiones, que se trasladarán a la reunión nacional prevista para noviembre, los decanos han insistido en que no están en contra de la oficina judicial. Sin embargo, el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, ha apuntado que se está aplicando con una “tremenda indefinición, muchísima improvisación y escasísima dotación presupuestaria”.
     La decana de Burgos, Blanca Subiñas, ha explicado que ésa es una de las provincias españolas donde primero se implantará la oficina judicial y ha advertido de “fallos técnicos en la aplicación informática”, que pueden ser “asumibles como algo provisional”, pero ha asegurado que “son preocupantes y si no se solucionan en un plazo prudencial llegarán a plantear un problema de difícil solución”. Además, ha destacado el riesgo de que se implante este sistema a diferente velocidad porque “no hay un calendario definido” y puede haber diferencias entre comunidades en función de que tengan o no transferidas las competencias en medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.
     Subiñas también ha apuntado que los puestos de trabajo en la nueva oficina judicial todavía no están delimitados y tampoco hay manuales que aclaren las labores que tendrá que realizar cada puesto.
     El decano de Zaragoza, Ángel Dolado, ha advertido del riesgo de futuras regulaciones que no sean efectivas si no se dotan los medios suficientes. También ha recordado que la mediación puede ser una de las vías para reducir una “litigiosidad” creciente en España. De hecho, en los últimos diez años el volumen de asuntos que ha llegado a los juzgados ha crecido un 60%, al pasar de los 6 millones registrados en 1999 a unos 10 millones el año pasado.

     Xavier Gil Pecharromán 19/05/2010 – El Economista

     La Secretaría de Estado de Justicia es competente para resolver las peticiones de revisión de oficio sobre las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), según afirma una sentencia de la Audiencia Nacional, de 7 de abril de 2010.
     El ponente, el magistrado Cudero de Blas, manifiesta que con esta sentencia se trata de dotar a esta cuestión de la necesaria seguridad jurídica y, por ello, falla en el mismo sentido que la sentencia, de 21 de mayo de 2009, de la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo.
     Los actos de los secretarios de Estado
     Se impugnaba en el presente proceso la resolución del secretario de Estado de Justicia de 19 de noviembre de 2007 por la que se inadmitió a trámite la solicitud del Registro Mercantil número II de Valencia para que se procediese a la revisión de oficio de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 15 de noviembre de 2006.
     Aduce que la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Logfage) regula que la competencia para la revisión de oficio de los actos administrativos nulos o anulables, en la Administración General del Estado, corresponde a los ministros, en lo que se refiere a los actos de los secretarios de Estado y de aquellos que han sido dictados por órganos directivos de su Departamento, no dependientes de una Secretaría de Estado.
     Además, corresponde a los secretarios de Estado resolver sobre los actos dictados por los órganos directivos que de ellos dependen.
     Competencias delegables
     Entiende Cudero de Blas, que la interpretación literal y sistemática de los artículos 12 y 13 de la Logfage, que distinguen entre las competencias delegables y no delegables de los ministros, lleva a la conclusión de que la competencia para la revisión de oficio de los actos administrativos es indelegable.
     Pero, a continuación, matiza que en casos como el referido a las resoluciones de la DGRN, como la del caso recurrido, el secretario de Estado de Justicia no ejerce funciones indelegables del ministro en materia de revisión de oficio sino funciones de revisión de oficio que le son propias, puesto que no revisa actos administrativos del secretario de Estado o dictados por órganos directivos que no dependan de una Secretaría de Estado, sino que por el contrario, está resolviendo actos dictados por un órgano directivo que depende de él, como es el caso de la DGRN.

     19-05-2010 ,  Victoria Martínez-Vares
     El sello lo podrán obtener aquellas empresas que cumplan con sus obligaciones registrales y será un distintivo de fiabilidad. Verá la luz en breve al igual que el proyecto que permitirá el acceso a los Libros del Registro

     La Directora del Servicio de Coordinación de Registros Mercantiles, María Ángeles Echave-Sustaeta, anunció ayer en Granada que el colectivo esta ultimando el desarrollo de un Sello de Calidad Registral que podrán obtener todas aquellas empresas que estén al tanto de sus obligaciones registrales.
     La Directora General de los Registros y el Notariado (DGRN), Maria Ángeles Alcalá, corroboró que este proyecto, junto con la instrucción que permitirá a los notarios acceder a los Libros del Registro, “verá la luz muy pronto y supondrá un salto modernizador importante en el sistema de seguridad jurídica preventiva”.
     El Sello de Calidad Registral, que se está desarrollando con el apoyo de la DGRN, “permitirá a quienes vayan a contratar con las sociedades tener la certeza de que están en una situación jurídica correcta”, según explico Echave-Sustaeta en un encuentro informativo que tuvo lugar antes de la inauguración de la Junta General del European Business Register (EBR), una agrupación de interés económico en la que se integran los registros mercantiles de mas de 24 países europeos. La finalidad principal del EBR es la obtención de información entre los registros mercantiles de los distintos países que lo componen con el objeto de dar mas transparencia a los mercados. Sólo el año pasado en España se recibieron 25.000 peticiones de información sobre sociedades españolas desde el extranjero lo que demuestra “el interés que despiertan nuestras compañías en los países de nuestro entorno”, señaló Echave-Sustaeta.
     La representante del Colegio de Registradores de España subrayó que las empresas que obtengan este distintivo de calidad podrán colgarlo en su pagina web y será un sistema para demostrar que están al día en el depósito de sus cuentas anuales, que tienen una contabilidad ordenada, que no están en situación concursal o paralizadas por Hacienda por impago de impuestos. “Es una garantía de la seriedad y la formalidad de la empresa, de su fiabilidad”, afirmó Echave-Sustaeta.
     Por otra parte, desde el Colegio de Registradores contestaron ayer con rotundidad a las críticas que desde la cúpula notarial han vertido sobre ellos en lo relacionado a la constitución de sociedades. Desde el notariado se ha insistido en que los retrasos no los producen ellos sino otras instancias como el ámbito registral o la obtención de licencias. Al respecto, Echave-Sustaeta señaló que “no es cierto que tardemos 60 días en inscribir”. Para demostrarlo, echó mano de gráficos en los que queda patente que, durante el 2009, en inscribir una compañía el registro sólo tardó una media de 6 días para las presentadas telematicamente o de 8 días para las de ventanilla. Por todo ello, Echave-Sustaeta retó a los notarios a que “demuestren que estos datos son falsos”.
     En referencia al proyecto de Ley de Economía Sostenible, la representante del Colegio de Registradores indicó que “se ha quedado corto” pues podría “haberse aprovechado para simplificar otras cuestiones relacionadas con el ámbito societario que son mas necesarias que la mera agilización de su constitución”. En este sentido, asevero que en España “las cifras de inscripción de sociedades limitadas nueva empresa –no llegan al 1% del total- demuestran que no hay una necesidad real de crear empresas en 24 horas”.

     Información.es - S. Escribano

     Propietarios de viviendas y comercios en Virgen del Remedio, Carolinas Bajas, Alipark, Padre Esplá, San Blas, Tómbola y el núcleo de la ciudad dan de baja el servicio del agua al abandonar la vivienda o el comercio
      El consumo de agua es un indicativo de los cambios sociales y también un reflejo de la actual situación de crisis. En el último año hay barrios en los que ha disminuido, mientras en otros ha aumentado, aunque en menor porcentaje. Desde Aguas de Alicante sostienen que los motivos del descenso son dos: el cierre de comercios y el incremento de viviendas vacías, bien porque sus habitantes se han ido a vivir a zonas en expansión o porque estaban ocupadas por inmigrantes que han decidido regresar a su país por la precariedad económica actual.
     Según los datos que maneja Aguas de Alicante, en el último año los mayores descensos de consumo (de hasta un 8%) y también de bajas en los contratos se han producido en las áreas del centro, Virgen del Remedio, Carolinas Bajas, Alipark, Padre Esplá, San Blas y Tómbola. “Hemos detectado un mayor número de viviendas vacías en estas zonas que antes eran ocupadas por personas inmigrantes”, asegura el director de Clientes y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante, Carlos Serrano, quien indica que se trata de “áreas que absorbieron a una gran población extranjera que ahora está regresando a sus países de origen por la complicada situación económica actual”. Otro de los aspectos observados en estas zonas es el “el cierre de locales, sobre todo de pequeños comercios”, destaca.
     Estas zonas concentran una buena parte de las 2.102 bajas de contratos registradas en el conjunto de la ciudad durante 2009, que suponen un 17% más que el año anterior. Al respecto, el jefe de Administración Comercial, Francisco Agulló, indica que la mitad de esas bajas son de viviendas y las otras de comercios.
     En el descenso también influye la migración hacia otras zonas en expansión de la ciudad. “Hay gente que vende o alquila su vivienda y se muda al extrarradio, a zonas de nueva construcción”, apunta Agulló. Este hecho y el que “los jóvenes se decanten más por urbanizaciones de las afueras que por el centro” provoca un aumento del consumo de agua y de las nuevas altas de contratos en otras zonas, como el PAU 2 donde el incremento fue de un 18%, Villafranqueza o Bacarot.
     Así, mientras en unos barrios descienden el consumo y los contratos, en otros aumenta. No obstante, el saldo general es negativo. Es decir, que en el conjunto de la ciudad han aumentado las bajas durante el último año y ha descendido el consumo. En 2010 la tendencia es similar. Así, según los datos que manejan desde Aguas de Alicante durante el primer trimestre del año se han producido un 15% menos altas nuevas que durante el mismo periodo del año anterior y un 14% más bajas.
     Carlos Serrano apunta que pese al aumento poblacional de los últimos años existe una tendencia generalizada al ahorro del agua, pero insiste en que las causas del descenso en los barrios anteriores obedecen a la despoblación y cierre de negocios como demuestra el hecho de que vaya acompañado de un aumento de las bajas de contratos. Esta situación conlleva “un descenso de ingresos”, que la empresa suple “con una mayor eficiencia” para evitar que se desperdicie agua. Al respecto, considera que “somos de las primeras ciudades en rendimiento al haber mejorado las tuberías para evitar fugas, la exactitud de los contadores y el control del fraude”. Serrano insiste en que “una mayor eficiencia supone una reducción de costes con los que paliamos la disminución de ingresos”.

     Más recortes
     19-05-2010 ,  Elisa del Pozo - Expansión
     El recorte medio del 5% en las pensiones públicas anunciado la semana pasada por el Gobierno tendrá su reflejo en los fondos privados destinados a complementar la jubilación de la Seguridad Social.
     Casi un millón de funcionarios cuenta con un plan de pensiones que recibe aportaciones de las diferentes administraciones: autonómicas, locales y la general del Estado. Este ingreso es en la actualidad del 0,3% de la masa salario de los empleados públicos. Aunque no está previsto modificar este porcentaje, la rebaja del salario supondrá su reducción efectiva de hasta del 0,28% aproximadamente.
     Hasta el año pasado y durante los seis ejercicios anteriores, la partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado era del 0,5% de la masa salarial. El acuerdo para rebajarlo hasta el 0,3% se tomó en la Mesa para la Función Pública en la que también se firmó una contención en los salarios de los funcionarios.
     Calendario
     Los sindicatos y la Administración pactaron un calendario de aportaciones para 2010-2012. Lo acordado fue que en 2011 este porcentaje vuelva a subir al 0,5% y al 0,7% en 2012, de forma que ese ejercicio se recuperará el recorte aplicado en 2010.
     Los representantes sindicales de los fondos de pensiones no descartan que la materialización final del nuevo mapa retributivo de los funcionarios se demore a otros ejercicios la aportación prevista.
     En el ambiente flota la iniciativa que Elena Salgado vicepresidenta y ministra de Economía que se planteó desde su anterior cartera de Administraciones Públicas que estas instituciones dejaran de hacer aportaciones para su plantilla. La iniciativa no prosperó por la oposición del Ministerio de Economía y el rechazo de los sindicatos.
     La aportación de las administraciones públicas a los planes de pensiones de sus empleados ronda los 150 millones de euros anuales y el patrimonio gestionado en estos productos es de unos 1.300 millones.
     Aunque las administraciones pueden disponer de la partida incluida en los Presupuestos, hay comunidades autónomas y ayuntamientos que no hacen uso de ella. De los 2,5 millones de funcionarios, un millón cuenta con un fondo de empleo.
     El plan más relevante es el de la Administración General del Estado, que ya vio reducida su aportación para este año en 15 millones, hasta 60 millones de euros y con las medidas puestas en marcha por el gobierno podría rebajarse a unos 50 millones de euros. La fecha fijada para que todos los años se desembolse esta aportación en una sola operación es el 30 de junio.
     Este plan, gestionado por BBVA cuenta con un patrimonio de 453 millones millones, que se reparten entre 583.138 partícipes y 204 beneficiarios ya jubilados. La creación del plan de los funcionarios de la Administración General fue el pistoletazo de salida para el resto de las instituciones públicas. Desde entonces, varios organismos han constituido un plan para sus empleados. El segundo mayor es el de la Generalitat de Catalunya, gestionado por Vidacaixa, que acumula a finales de marzo pasado 195 millones de euros y 222.743 partícipes.
     El plan de la Administración pública de la Generalitat Valenciana, gestionado por Aviva, es el tercer mayor plan, con 114.434 partícipes y 44 millones de euros. Ibercaja administra el fondo constituido por la Administración de Aragón. Su patrimonio asciende a 106 millones y tiene 28.754 partícipes.
     Los organimos que promueven un plan pueden recibir en el momento de su constitución la partida que le hubiera correspondido desde 2004, año en que se habilitó por primera vez.
     Los planes de pensiones de empleo mueven un patrimonio de 31.044 millones, repartidos entre dos millones de partícipes. BBVA, Vidacaixa, de Segurcaixa y Caser con las gestorás más activas.
     La crisis lleva los planes a los tribunales
     Las dificultades financieras de parte de las administraciones locales pueden llevar a los planes de pensiones a los tribunales. Con la crisis, algunas instituciones han tenido que remodelar el calendario de aportaciones comprometidas al fondo de empleo de su plantilla.
     En este marco, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y los representantes de los empleados mantienen una pugna que podría terminar en los tribunales. Esta institución ha suspendido las aportaciones al plan, gestionado por Caser, y mantiene que no tiene obligación de hacerlo, mientras que los sindicatos sostienen que se ha producido un incumplimiento de lo acordado.

     18-05-2010 ,  Victoria Martínez-Vares - Expansión
     Los operadores jurídicos creen que el recorte anunciado por Zapatero asesta un “golpe mortal” a la estrategia diseñada por Justicia de invertir 600 millones de euros en la nueva oficina judicial.
     Las medidas económicas previstas por el Gobierno para frenar el gasto público han hecho saltar todas las alarmas en el sector de la Justicia. La paralización de las reformas y de las inversiones comprometidas por el Ministerio de Justicia –600 millones de euros en tres años hasta 2012– supondría, según los expertos, un retroceso que este país no se puede permitir.
     Tras el anuncio hecho por Zapatero de reducir 6.045 millones en inversión pública en 2010 y 2011, el equipo que dirige Francisco Caamaño se apresuró a trasladar a la opinión pública que la modernización de la Justicia “es imparable” y que “la práctica totalidad de los proyectos que estaban previstos para este año se realizarán y en 2011 también”.
     Sin embargo, los representantes de la judicatura creen que el ajuste va a “asestar un golpe mortal a la modernización de la Justicia”. El propio consejero de Justicia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconocía ayer que los recortes influirán “sin duda alguna” en la ya complicada situación de la Justicia.
     El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, entiende que el recorte viene a confirmar algo que se intuía. “El plan de Caamaño era inabordable y sólo existió en una mente absolutamente utópica como la del ministro”.
     En la misma línea, las asociaciones Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente afirman que “ni los justiciables ni los jueces deben pagar los platos rotos de la crisis”, por lo que abogan por que “no se aplace por más tiempo las reformas que se llevan pidiendo durante años”. Así, insisten en que no consentirán que este escenario suponga “la paralización de las reformas y de las inversiones”.
     El presidente del Foro, Conrado Gallardo, en declaraciones a EXPANSIÓN, se muestra escéptico respecto a que el plan de modernización no se vea afectado por la caótica situación que atraviesa la economía. A su juicio, “la Justicia sigue sin ser una prioridad presupuestaria; ese es el error del que se parte”.
     En esta línea, Gallardo insiste en señalar que “la reforma es muy limitada, incompleta, está desorientada y errada y requiere de una inversión que ni siquiera en época de bonanza económica se ha planteado”.
     Jornada de huelga
     Las asociaciones, incluida la más próxima al Gobierno, Jueces para la Democracia (JpD), no descartan secundar otra jornada de huelga si el Gobierno no cumple con los compromisos asumidos y si Caamaño no les convoca para negociar cualquier cambio en la política de inversión en la Justicia.
     JpD, al igual que la Unión Progresista de Fiscales, ha arremetido contra el Ejecutivo por tomar unas medidas que no afectan a los “verdaderos causantes de la crisis: los sectores bancario o el de la construcción”. Desde JpD, a su vez, denuncian que se apliquen “fórmulas neoliberales de corto recorrido y gran daño social” y lamentan “la negativa repercusión que sin duda va a tener en los planes comprometidos para la implantación de la nueva oficina judicial y la reforma de la Administración de Justicia”.
     El Consejo Fiscal también ha mostrado su preocupación por la decisión del ministerio de suprimir el carácter de Dirección General del Centro de Estudios Jurídicos y de la Cooperación Internacional ya que “compromete seriamente” la selección y formación de los fiscales.

     El excedente puede haber tocado techo
     Entre enero y febrero, sólo se solicitaron 13.906 permisos para edificar nuevas viviendas.
     18/05/2010  - Cristina Vallejo – Finanzas.com
     Las provincias limítrofes con Madrid y las costeras acaparan la mayor parte del exceso de oferta, pero en algunas zonas comienza a absorberse: ya casi no se inician viviendas y, poco a poco, aunque erráticamente, van remontando las operaciones de compraventa.

     A peor ya no podemos ir. Al menos, en la sobreoferta de viviendas existente. Ésta es, al menos, la opinión del Gobierno. Según sus estimaciones, al cierre de 2009, el «stock» de viviendas nuevas sin vender ascendía a 688.044 inmuebles, lo que supone un aumento del 12,1 por ciento con respecto al cierre del año anterior. Se trata, según los cálculos del Ministerio de la Vivienda, del menor incremento de los últimos años. No hay que olvidar que entre 2006 y 2008, el volumen de viviendas sin vender subía a ritmos de más de un 40 por ciento anual.

     Aunque el Ministerio de Vivienda no lo incorpora en sus estadísticas, a los cerca de 700.000 inmuebles terminados sin vender habría que sumar los 306.922 que se encuentran en construcción. En total, la cifra real del «stock» de pisos sin vender alcanzaría el millón de viviendas.

     Ahondemos un poco más en la estadística del Gobierno. Si el ritmo de crecimiento de la sobreoferta se ha moderado ha sido porque se siguen iniciando menos viviendas de las que se terminan, un fenómeno que llevamos viendo desde el año 2007. Así, poco a poco, se va conteniendo el crecimiento del «stock». Además, aunque se siguen terminando más viviendas de las que se venden, la diferencia va siendo cada vez menor. En 2008, se terminaron 600.000 viviendas y se vendieron 300.000. En 2009, se terminaron 400.000 y el número de transacciones de pisos nuevos fue de 200.000.

     Pero en los últimos días, los datos nos han proporcionado noticias desiguales. Por ejemplo, en febrero, si el número de compraventas de viviendas nuevas aumentaban a un ritmo cercano al 15 por ciento interanual, en marzo sufrió una recaída: las transacciones de este tipo de inmuebles cayeron un cuatro por ciento en tasa interanual. En cambio, las ventas de pisos usados, de más de dos años de antigüedad, continúan aumentando a buen ritmo (a una tasa que ronda el 25 por ciento).

     Mientras, el número de visados para construir pisos cayó un 30,86 por ciento hasta febrero. Entre enero y febrero, sólo se solicitaron 13.906 permisos para edificar nuevas viviendas. Por tanto, el crecimiento de la oferta es muy limitado, a la vez que, poco a poco, se va absorbiendo el «stock».

     Diferencias geográficas

     El problema no es el mismo según la zona de la que hablemos. De hecho, ya hay nueve provincias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde se ha producido una reducción del excedente de inmuebles.

     Concretamente, en las dos provincias extremeñas, dos castellano-leonesas (Zamora y Salamanca), Tarragona, Navarra, Las Palmas, Jaén y Guadalajara. Según un comunicado emitido por el G-14, que aglutina a las principales inmobiliarias de España, se detecta ya insuficiencia de oferta en un buen número de capitales de provincia.

     Pero hay muchos lugares en los que la sobreoferta sigue siendo un problema: tres comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, acumulan el 50 por ciento de la sobreoferta de viviendas. Madrid y sus provincias limítrofes suman el 13,9 por ciento del excedente. De hecho, si se toma en consideración el «stock» de viviendas por cada 100.000 habitantes, las provincias limítrofes con Madrid (Ávila, Toledo, Cuenca y Guadalajara), junto con el arco mediterráneo (Alicante, Almería, Castellón, Girona, Murcia y Tarragona) presentan una sobreoferta mayor. Si en el conjunto del Estado hay 1.472 viviendas vacías por cada 100.000 habitantes, en Castellón hay 5.706; en Toledo, 3.756; y en Almería, 3.290. Éstos son los casos más excesivos.

     Por tanto, es en estas provincias donde más recorrido a la baja tendrían los precios. Por debajo de la media se sitúan provincias como Cantabria, donde sólo hay 665 pisos sin vender por cada 100.000 habitantes. En Sevilla, Madrid, las dos provincias extremeñas, Guipúzcoa, Vizcaya, Ceuta y Melilla, la sobreoferta también se sitúa por debajo de las 1.000 viviendas por cada 100.000 habitantes.

     Enlace al Boletín Oficial del Estado

     Joaquín Trigo Portela  18/05/2010 – El Economista
     La semana pasada fue un hito en la relación entre la política y la economía. Un reconocimiento -por la vía de los hechos- de errores en el volumen y ritmo del gasto, en la capacidad de financiarlo, sin embargo aún no se ha asumido que la orientación era inapropiada.
     Los recortes ofrecidos son necesarios y debería seguirse con los ajustes complementarios que den sentido a lo propuesto. Para lograrlo hay enfoques a seguir y otros a combatir, algunos son los que siguen.
     Se necesitan efectos curativos y no meramente paliativos, esto es, profundizar en la línea iniciada, combatir los atisbos de euforia y asumir el error del aumento del gasto público excesivo, innecesario, suntuario, decorativo y que denota un estatus.
     El funcionario
     Se ha de acabar con la causa (desde luego no es la crisis) y no limitarse a los efectos. En otras palabras, prevenir para no tener que volver a curar. Para esto hay que desterrar la creencia de que mayor es mejor y aceptar que se impone hacer más y mejor con menos.
     Las Administraciones Públicas son servidoras de la ciudadanía. Buena parte de los funcionarios lo entienden así, pero los que se regodean en poner trabas o actúan según su albedrío exigen cosas que exceden sus atribuciones o multan sin fundamento ni necesidad, humillan a los ciudadanos, roen la conciencia cívica y llevan al descrédito de las instituciones debilitando la confianza y el sentimiento de pertenencia a la comunidad.
     Deben dar ejemplo de dedicación, eficacia y eficiencia, siempre con cordialidad y atención. Han de ser fieles a la premisa de la libertad y la democracia, esto es, que sólo pueden hacer lo que les está estrictamente autorizado y entender que en el ámbito privado (ellos mismos lo son) es lícito todo lo que no está específicamente prohibido.
     El Estado del Bienestar es incompatible con la indolencia, el menosprecio, la desatención y la ineficiencia. El reconocimiento de errores es la premisa básica para evitar su reiteración. Cuando un desacuerdo entre ciudadanos y Administración debe dirimirse en los tribunales, la parte estatal debe aceptar la primera resolución y no recurrir, pues la judicatura también pertenece a la Administración Pública.
     Responsabilidad y equidad
     Es el momento de resaltar la responsabilidad y abominar del oportunismo (actuar en beneficio propio con dolo). Ha de priorizarse la creación frente al reparto, acotarse el uso y castigar el abuso. La solidaridad debe hacerse en los dos sentidos, esto del que da al que recibe y viceversa, de otro modo deja de serlo para convertirse en explotación. Cuando sea necesario hay que sancionar sin acosar, recaudar con transparencia y no dar lugar a opacidad, como ocurre con las hojas de salarios en las que no se incluye la parte de la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa.
     También ha recordarse que la empresa española tiene una imposición total superior a la alemana, según Doing Business 2010 56,9% del beneficio frente a 44,9%, ¿qué lógica hay en esto?, ¿qué implicaciones?
     El mercado debe ser un ámbito libre y equitativo. Las cargas fiscales deben ser para todos sin que se priorice una determinada figura de sociedad frente a otra. El fair play es incompatible con los privilegios, ya sean derivados de la titularidad o de la figura legal elegida.
     Cambio e impulso a la inversión
     Se impone un proceso de cambio social y económico que conviene se haga con buena fe y el deseo de que dé un resultado de suma positiva. El cambio debe ser elegido libremente porque así se tiene en cuenta el conocimiento y preferencias de todos. Así es más lento que si se decide por la simple autoridad, pero gana en legitimidad, profundidad y calidad. La autoridad no debe imponer, sino facilitar eliminando trabas. Con eso se da calidad al resultado, se hace más estable y se reduce la incertidumbre respecto al porvenir.
     La inversión importa más que el consumo. La primera es la condición previa del segundo. La deuda sólo tiene sentido si facilita la inversión y la producción que aporta el consumo futuro. Caso contrario es la antesala de quiebra y estrechez. La eficiencia es tanto más valiosa cuanto menores son los recursos disponibles, de ahí la conveniencia de la especialización en cada ámbito. El privado, producir y el público, regular y supervisar.
     El trasfondo ético es el nervio de la actuación. Requiere coherencia para cumplir las promesas, humildad y sabiduría para reconocer los errores y sus causas -sin lo que no hay credibilidad-, claridad en los objetivos y medios, mano tendida a los demás. Como dice J. Sellés hemos entrado en un momento kennedyano y dejamos atrás el keynesiano. En esta situación, o se empuja o se frena. La contemplación y la glosa pueden esperar.
     Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.

     Almudena Vigil - 14/05/2010 – El Economista

     Una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de abril ha sentado doctrina sobre la ineficacia de los actos que el titular de una potestad lleva a cabo durante la minoría de edad de los menores sin el consentimiento del juez. En este caso se trataba de la compraventa de una casa por parte del padre de los menores que la habían heredado. El Supremo entiende que el contrato debe darse por inexistente al no haberse seguido las medidas establecidas por ley.
     En el supuesto enjuiciado, el conflicto tiene su origen en la decisión tomada por el padre de los menores demandantes, tras la muerte de su esposa, de vender a terceros en documento privado, en su propio nombre y en el de sus hijos, un piso integrante de su caudal hereditario, sin que se hubiera autorizado judicialmente la venta, lo que llevó a los hijos a demandar a su padre y a los compradores del inmueble, instando la nulidad del citado contrato de compraventa por falta de poder de disposición del vendedor.
     Venta nula o anulable
     La Audiencia Provincial de Madrid consideró que dicha venta no era nula sino anulable y, por ende, susceptible de convalidación con el paso del tiempo, lo que había tenido lugar al presentarse la demanda después del plazo de cuatro años que prevé el artículo 1.301 del Código Civil para el ejercicio de las acciones de anulabilidad.
     Sin embargo, frente a la solución dada por la Audiencia, el Tribunal Supremo se decanta por considerar que no se trata de un supuesto de mera nulidad relativa o anulabilidad, ni tan siquiera de un supuesto de nulidad absoluta o radical, sino de un supuesto de acto realizado con falta de poder, con eficacia provisional pendiente de ratificación, que, de no darse, deviene en inexistente.
     La Sala Primera del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Xiol Ríos, justifica esta decisión atendiendo al “fin de protección que busca el ordenamiento jurídico cuando exige autorización judicial”, que no es otro que “la salvaguarda del interés de los menores, que no pueden actuar por sí y pueden encontrarse en situaciones de desprotección cuando alguien contrata a su nombre y obliga sus patrimonios sin el preceptivo control, ya que deberán asumir las correspondientes deudas”.
     Autorización de los menores
     Según explica la magistrada ponente de la sentencia, Encarnación Roca Trías, esto implica que la autorización judicial para la realización por el padre de los actos de disposición a que se refiere el artículo 166 del Código Civil no sea un complemento de capacidad, como ocurre en los casos de emancipación o de curatela, sino que es un elemento del acto de disposición, puesto que el padre por sí solo no puede realizarlo, siendo así que el realizado sin dicha autorización constituye un negocio jurídico incompleto que mantiene una eficacia provisional pendiente de la eficacia definitiva a partir de su ratificación por el propio interesado.
     En el caso de autos, como los menores no ratificaron la venta realizada por el padre una vez alcanzaron la mayoría de edad, el contrato se declara inexistente, acogiéndose el recurso de los hijos y la demanda por ellos formulada.

     Uno de cada tres préstamos no se ha beneficiado de la caída del Euríbor
     Íñigo de Barrón- Madrid - 18/05/2010 – El País
 
    En septiembre pasado, el Senado pidió al Banco de España que realizara un informe exhaustivo para determinar si se podían considerar abusivos los suelos de las hipotecas. Estas cláusulas establecen que aunque los tipos de interés se sitúen por debajo del 3,12% -que es la media establecida- los préstamos de los clientes no se abaratarán. El Euríbor está en el 1,25%. Sobre una cartera modelo estudiada, el supervisor dice que una de cada tres hipotecas en España tiene un suelo o un techo.
     El tope mínimo de los créditos se aplica con más frecuencia que el máximo
     El informe del Banco de España sobre estas cláusulas concluye: “No son, en general, susceptibles de ser catalogadas como abusivas”. El supervisor recuerda que los clientes “han consentido libremente estas cláusulas al suscribir el contrato de préstamo hipotecario”. El Banco de España afirma que el cliente puede ver si hay suelo en tres ocasiones: antes de firmar el crédito, en una revisión posterior antes de firmar la escritura y, por último, cuando el notario se lo indica, como obliga la legislación. No obstante, el Banco de España recuerda que si los clientes “se consideran engañados” “pueden acudir a los tribunales de justicia”.
     El informe es un jarro de agua fría para el Senado que lo pidió en un ambiente reivindicativo de defensa de los consumidores. No obstante, el supervisor desvela varios aspectos relevantes sobre las razones de bancos y cajas para poner suelos. Tras entrevistas con varios ejecutivos, deduce que las entidades quieren compensar la subida del precio del dinero en un momento en el que se ha encarecido mucho por la crisis. También confiesan que intentan compensar los gastos fijos de estructura, cuando ha caído la actividad y se conceden pocos préstamos. “El propósito es recuperar los costes mínimos” y “ello con la finalidad de proporcionar estabilidad a los resultados (…) lo que es consecuente con la prudencia que caracteriza a la actividad financiera”.
     El supervisor da un tirón de orejas al sector al decir que mientras los techos “no ofrecen una protección efectiva para los clientes”, los suelos (perjudiciales) “se han aplicado en el 53% de los saldos con limitaciones a la bajada de tipos”. Los topes por arriba están fijados, de media, en el 13,56%. “La valoración de estas cláusulas no impide reconocer que no han sido efectivas para conseguir el objetivo perseguido”, dice con rotundidad.
     En cuanto a la posible falta de reciprocidad que el Senado pidió analizar, el Banco de España comenta: “No podemos pronunciarnos porque debe ser resuelto por los tribunales”.
     El informe admite “la eventual existencia de prácticas que no se hayan ajustado a los requisitos de transparencia y que, por lo tanto, no son admisibles”. Así, para evitar problemas, pide al sector cinco medidas: fomentar la educación financiera; aumentar la información sobre todos los productos; hacer simulaciones de distintos escenarios que reflejen los costes reales; diferenciar la TAE para créditos fijos de los variables y ajustar los productos a las incertidumbres de las operaciones.

     Xavier Gil Pecharromán 18/05/2010 - El Economista

     La constancia en una escritura de cancelación de garantía hipotecaria del apoderado de una sociedad no determina que el acreedor conozca que han sido cesados los antiguos administradores, cuando no se ha inscrito el cese en el Registro Mercantil, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de abril de 2010.
     El ponente, el magistrado Marín Castán, considera que la escritura de cancelación no probaba que la entidad bancaria hubiera conocido el cese de los antiguos administradores si la escritura en la que se hacía constar el cese no fue exhibida al representante bancario, ni si el notario autorizante de la escritura de cancelación reseñó en ésta dato alguno sobre el cese o hiciese constar cosa distinta del mero poder de representación conferido por la sociedad a quien compareció por ella.
     Así las cosas, el texto jurídico lo que hace el motivo es confundir la representación orgánica de la sociedad por sus administradores con la representación voluntaria de la misma sociedad por un apoderado, que puede subsistir incluso después de haber cambiado los administradores de la sociedad.
     La sentencia
     La sentencia recuerda que es jurisprudencia asentada que el cese del administrador de una sociedad que no se ha inscrito en el Registro Mercantil no determina por sí solo que éste siga respondiendo, pero sí que frente a terceros de buena fe no comience a correr el plazo de prescripción de responsabilidades de cuatro años.
    Aunque el cese esté documentado públicamente en escritura notarial, al no estar inscrito en el Registro Mercantil no puede oponerse a terceros, en este caso la entidad bancaria demandante que había concedido a la sociedad anónima demandada un crédito con garantía de hipotecaria.
     También rechaza la sentencia que sea cierto, como alega el recurrente, que el cómputo del plazo de cuatro años empiece, para la responsabilidad regulada en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas, a los dos meses de haber incumplido sus deberes el administrador.
     Marín Castán considera que este motivo plantea un error en la valoración de la prueba constituida por la escritura, que es ajena al ámbito del recurso de casación por corresponder, según doctrina reiterada desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, al del recurso extraordinario por infracción procesal.

     17-05-2010 ,  Jaime E. Navarro - Expansión
     Los jueces de lo Mercantil consideran que las coberturas de tipos son intereses. Los expertos creen que si perdura esta tesis se restringirá aún más el crédito bancario.
     Un seminario de jueces de lo Mercantil a principios de año ha hecho saltar las alarmas en los bancos. El motivo son sus conclusiones sobre el tratamiento que deben recibir las coberturas de tipos de interés de la financiación recibida por una empresa que acaba cayendo en concurso, una cuestión que la actual Ley Concursal no dejaba del todo claro.
     Para los jueces de Barcelona, que marcan tendencia en el ámbito mercantil, si una misma entidad ha dado financiación a tipo variable a una entidad y luego contrata con el mismo cliente una cobertura de tipo de interés, el juzgado de lo Mercantil verá el crédito ante un eventual concurso como un crédito a tipo fijo, no como financiación a tipo variable más un seguro.
     Restricción
     El efecto es inmediato: todos los intereses de un crédito se sitúan en el último lugar de cobro en caso de una suspensión de pagos. Por tanto, no sólo irá a este lugar el coste del crédito, sino también su seguro. Los expertos consultados estiman que esta consideración, más si cabe bajo la actual coyuntura económica, puede convertirse en bloqueo para este tipo de coberturas.
     Algunos juristas consultados destacan que en la mayoría de las grandes financiaciones empresariales se contratan este tipo de seguros para dotar de un menor riesgo la operación, y apuntan que esta interpretación podría llevar a un incremento en el precio de estos seguros.
     “En el mercado de la financiación sindicada no sólo se produciría un relativo encarecimiento del coste de las cobertura, sino asimismo una auténtica imposibilidad de contratación, lo que a su vez desembocaría por fuerza en una minoración de los importes que las instituciones financieras están dispuestas a arriesgar”, señala José Manuel Cuenca, socio de Clifford Chance.
     Es decir, se vaticina una restricción del crédito. Algunos juristas creen que supondría dar un paso atrás: “sería el principio del fin de los contratos de permuta financiera en España”, concluye Íñigo Gómez-Jordana, socio del despacho Allen & Overy.
     La cuestión ha causado alarma en las entidades, que han solicitado algunos dictámenes jurídicos para calibrar el impacto de estas conclusiones, que no suponen una aplicación normativa, pero sí una opinión fundada de los jueces, que entienden que la contratación de la cobertura supone un cambio en las condiciones del préstamo.
     Los juristas, no obstante, rebaten esta tesis. “resulta bastante obvio que si el swap de tipos de interés es un contrato autónomo no ligado a una específica operación de pasivo, es del todo imposible llegar a la conclusión, de forma razonable, de que los pagos realizados en virtud de esa operación puedan ser considerados intereses. Es patente que no pueden generarse intereses sin deuda”, sostiene Emilio Díaz, socio de Uría Menéndez, en un reciente artículo.
     La patronal de los bancos (AEB) defiende también la postura que estas coberturas no pueden considerarse intereses y que su naturaleza les convierte en contratos autónomos.
     Para algunos juristas, es muy probable que los jueces de lo Mercantil tengan en cuenta la polémica y las consideraciones surgidas tras sus conclusiones. No obstante, en las entidades están a la espera de nuevos movimientos de los juzgados encargados de los concursos para saber las consecuencias de estas conclusiones.
     La esperada nueva reforma de la Ley Concursal
     El Gobierno está culminando los trabajos para alumbrar la que será la segunda reforma de la Ley Concursal durante la crisis. En marzo de 2009, se hizo la primera reforma para proteger las refinanciaciones bancarias.
     Ahora, una comisión de expertos está trabajando en los cambios para dar mayor seguridad jurídica a las empresas que presten dinero a compañías que se encuentren en fases cercanas al concurso, privilegiando estos créditos. No obstante, técnicamente es difícil dar con una solución óptima a este problema sin menoscabar el privilegio que tienen otros acreedores.
     Asimismo, también se ha abordado el problema del sobreendeudamiento de la persona física, una cuestión que es probable que quede fuera de la actual reforma para tratarse en otra normativa.

     14-05-2010 , José Mª López Agúndez - Expansión
     El Tribunal Supremo acude en ayuda de los ayuntamientos en un momento en el que se atraviesa una etapa de falta de liquidez y dificultad en la financiación. Ha dictado la primera sentencia aplicable a tasas urbanísticas -y extensible muy probablemente a licencias de cualquier tipo- en la que se impone el deber del pago de tales tributos aunque se haya denegado la licencia urbanística.
     El Supremo explica que el mero despliegue de medios –con los consiguientes costes de la actividad– que realiza la Administración, en este caso municipal, ya justifica por sí misma el cobro y el pago de la tasa, aunque finalmente no beneficie a quien solicitó la licencia. Esto supone un cambio radical respecto a lo que se entendía hasta ahora, en el sentido de que si se denegaba la licencia desaparecía el motivo para girar la tasa.
     Los ayuntamientos consiguen de esta forma una nueva vía de ingresos o, dicho de otra forma, un blindaje jurídico que les permitirá operar con más tranquilidad.
     Es interesante el parecido de este nuevo pronunciamiento con una previsión que recoge el proyecto de Ley de Economía Sostenible. Según el proyecto, se podrán crear tasas únicamente para cubrir la actividad de la Administración en verificar que una empresa cumple con los requisitos para una licencia en actividades no sujetas a control previo.
     “La actividad administrativa no tiene por qué acabar accediendo a lo que pide el ciudadano”
Actividad administrativa
     Para el Supremo hay que superar el planteamiento de que para entender consumado el hecho que desencadena la tasa, previamente deben haberse atendido las pretensiones del contribuyente. El motivo es que esta tesis no tiene en cuenta que “la actividad administrativa no tiene por qué finalizar con un acto en el que se acceda a las pretensiones del contribuyente”.
     En otras palabras, “los costes de la actividad administrativa han sido provocados por el solicitante de la licencia, al que la actividad se refiere o afecta, por mucho que no le beneficie en el sentido de resultar conforme a sus pretensiones, lo que no exige el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales”.
     Según el nuevo enfoque del Alto Tribunal, hay que tener en cuenta que “existen múltiples supuestos en que la actividad administrativa provocada por el contribuyente atiende también a la satisfacción de intereses generales (inspecciones, regulaciones de tráfico)”.

     Inma Pardo / Irene Rivas - 15/05/2010 – El Economista

     El Ejecutivo, que “no descarta nada” en relación a un alza fiscal, recuerda que las rentas altas tendrían que aportar más
     La nueva subida de impuestos se hace más factible día a día. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que “no se descarta nada” en relación a un futuro incremento fiscal. La incertidumbre no está sentando demasiado bien al mundo empresarial, que alerta de que un aumento de la presión impositiva, en este momento, iría en detrimento de la recuperación económica. La subida del tipo máximo del IRPF que barajan tanto el Partido Socialista como el Ejecutivo, tal y como publicó ayer elEconomista, preocupa sobre todo a los trabajadores autónomos.
     “Primero fue la subida del IVA, que lleva a una contracción del consumo y que nos afectará directamente. Si ahora se suben los impuestos a las rentas altas, los más perjudicados también seremos nosotros”, advierte Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). La cuestión es que, de los tres millones de autoempleados que hay en España, un millón tributa por el sistema de módulos; 900.000 lo hacen por el Impuesto sobre Sociedades; y 1,2 millones se concentra en el sistema de estimación directa del IRPF.
     Lo que está claro en la patronal es que “el Gobierno no se atreverá a elevar la presión fiscal ni a las grandes empresas ni a las grandes fortunas, porque sabe que en tres minutos se llevan el dinero del país”, señalan miembros de CEOE.
     En definitiva, la subida de impuestos dirigida a los ricos, tal y como el Gobierno la está vendiendo, sólo afectará a la clase media-alta. Es decir, “a los emprendedores y a los trabajadores con nóminas altas”, apunta Miguel Ángel Fraile, presidente de la patronal española de comercio. Un millón de contribuyentes, que ingresan una renta anual de 52.360 euros, serán los posibles afectados de esta medida, que aunque tenga una repercusión mínima sobre la recaudación, servirá como testimonio para la izquierda electoral y política, según señalan los empresarios.
     Pese al escaso impacto sobre los ingresos del Estado, Clemente González Soler, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam), cree que este movimiento “se verá reflejado en el consumo de forma negativa, lo que puede repercutir en la recuperación”. Esta opinión también es compartida por Fraile, que defiende que se debería alentar a consumidores y a emprendedores y “no poner más trabas”.
Asimismo, el representante de ATA afirma que si el Ejecutivo también quiere estabilizar las cuentas públicas por la vía de los ingresos, puede hacerlo con una actuación contra el fraude fiscal, “que sigue suponiendo una losa para los trabajadores por cuenta propia”.
     Mientras el Gobierno continúa con un doble discurso de sí pero no. “No ha habido discrepancias en las declaraciones de los miembros del Gobierno”, defendió ayer De la Vega después de que unos ministros negaran rotundamente la subida y otros abrieran la puerta a que se lleve a cabo. “En todo caso, la posición del Gobierno está clara y las personas que tienen más capacidad económica son los que tienen que aportar más a esta situación tan difícil que vivimos todos”, insistió.
     “En este momento, las medidas previstas son las que anunció Zapatero y que se aprobarán la semana que viene. Más allá, estamos evaluando la situación y no se descarta nada como dijo el presidente”, zanjó la número dos del Ejecutivo.
Hay que cortar el derroche
     La opinión mayoritaria entre los empresarios es que para estabilizar las cuentas públicas aún se necesita meter más la tijera. “Las medidas anunciadas no van al fondo del problema. España necesita un plan de ajuste estudiado. Y es que de cada problema que aparezca no se puede crear un ministerio, a veces es suficiente con una dirección general”, explica María Jesús Valdemoro, directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. González Soler también cree que “el Ejecutivo ha lanzado una serie de medidas aisladas, que no conforman un plan global de ajuste” y, añade, que esto “puede originar cierta incertidumbre y desconfianza en los ciudadanos”.
     Asimismo, el recorte de la inversión pública es otro de los perjuicios del plan de recorte. “Por ahora no está claro cuáles son las partidas dañadas, pero sí afectan a inversiones productivas perjudicará de forma directa al crecimiento económico y al empleo. Es mejor que el ajuste se realice en partidas no productivas”.

     M.B. - 14/05/2010 – El Confidencial
     El euro amaneció el viernes con tímidos avances en los mercados de divisas, tras haber cerrado ayer en 1,2535 dólares, su nivel más bajo desde el 18 de febrero de 2009. Sin embargo, los mercados siguen intranquilos y dubitativos sobre cómo se pondrán en práctica los planes de ajuste en los países de la zona euro y la moneda única ha vuelto a sufrir el castigo de los inversores y las 11 de la mañana perdía el nivel del 1,25 frente al billete verde. Frente a la moneda japonesa también se ha devaluado esta mañana y se cambia por debajo de 116 yenes, medio punto porcentual menos que en la apertura.
     Un analista consultado por Bloomberg consideran que “los inversores están o bien concluyendo que los recortes -del gasto de los gobiernos europeos- no tendrán éxito y que los problemas de deuda seguirán siendo claves o que tendrán éxito y que las economías de la zona se ralentizarán y el BCE mantendrá los tipos de referencia en niveles históricamente bajos”.
     Los expertos también relacionan la caída del euro de esta mañana con el temor del mercado a la deflación en España. Hoy se han conocido los datos de la inflación de abril y por primera vez en casi un cuarto de siglo ha caído el IPC subyacente, que excluye los elementos más volátiles como los alimentos o la energía. En concreto, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC subyacente se contrajo una décima el mes pasado.
     Europa aprobó el pasado domingo un fondo de estabilización de 750.000 millones de euros, una medida sin precedentes en el continente, y el Banco Central Europeo anunció que intervendría en el mercado de deuda para proteger al euro. Ambos anuncios tranquilizaron algo a los mercados, que la semana anterior se habían desplomado en medio de una grave crisis de confianza en las economías de los países periféricos. Pero el optimismo duró poco y el euro no ha aguantado la subida.
     “El mercado ha acogido favorablemente las medidas anunciadas por algunos países, pero los inversores se preguntan sobre su sostenibilidad”, según ha explicado un agente japonés a Reuters. “También están preocupados por el eventual impacto de la consolidación en el crecimiento en Europa”.
     Los analistas consultados por la agencia Reuters consideran que el nivel de $1,25 es un soporte clave y consideran que la tendencia subyacente para el euro sigue siendo bajista por las dudas que todavía hay sobre la capacidad de los gobiernos de la eurozona para consolidar sus presupuestos.
     En lo que va de año la moneda única se ha dejado más de un 12%, acosada por los especuladores y devaluada por la desconfianza que la crisis europea de la deuda ha generado en los inversores de todo el mundo. Desde los máximos de noviembre de 2009 ha perdido un 17% de su valor.

     13 de mayo de 2010

     El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, han suscrito hoy un convenio para articular su colaboración a fin de que los jueces y magistrados puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, de conformidad con el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
     Así, desde el momento de la firma del documento, corresponderá al Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, prestar asistencia letrada en juicio a los miembros de la carrera judicial, y el CGPJ se encargará de valorar si concurre el requisito de que la actuación del juez se enmarque dentro del desempeño de sus funciones judiciales.

     El cambio del euro desciende a 1,24 dólares después de que el BCE señalase que puede reducir las compras de deuda
     Max Jiménez Botías - Barcelona - El Periódico
     La apertura en negativo de Wall Street, con un descenso de más del 1,3%, ha lastrado definitivamente las bolsas europeas, con el Ibex 35 a la cabeza. El indicador español ha cerrado con una caída del 6,64%.

     El anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de que puede reducir los niveles de compra de deuda soberana de algunos países de la zona, se ha unido a los argumentos que siguen presionado a los mercados que padecen mayores complicaciones. Igualmente presionan a la baja el euro, cuyo cambio desciende a 1,24 dólares.

     En un entorno económico tan complicado como el actual es fácil que cualquier noticia amplifique sus efectos sin una justificación muy fundamentada. “Después de lo que ha ocurrido en los últimos siete días, el mercado se está ajustando. En todo caso hay que considerar que estamos en una mejor situación que el viernes pasado”, ha comentado José Ramón Iturriaga, director de análisis de Abante Asesores.

     No devolución de la deuda

     Los argumentos con interpretación dudosa hay que buscarlos en las declaraciones del presidente del Deutsche Bank, Josef Akermann, en el sentido de que Grecia no iba a poder devolver la deuda. Las palabras de un de los banqueros que acumulan más bonos griegos no han sentado demasiado bien en el mercado de Atenas, que también ha registrado fuertes pérdidas.

     En el Ibex 35, además, ha contado el hecho de que la inflación subyacente de abril resultó negativa por primera vez desde que se registra el IPC. Un dato que apunta a la deflación y también a una lenta recuperación del crecimiento.

     Mirada al mercado de renta fija

     Pero, según han destacado los expertos, el mercado se mueve en estos momentos con muy poco volumen, con lo que es fácil exagerar la tendencia, sea alcista o bajista. En todo caso, una mirada al mercado de renta fija muestra que la situación está mucho más controlada que antes de que la UE decidiera su plan de emergencia.

     El bono a 10 años griego se mantiene en una rentabilidad del 7,70%, mientras que el español está en el 3,95%. “La curva del bono señala que estamos igual que a principios de año, lo que es positivo”, ha destacado Iturriaga.

     Iinforme Tecnocasa | ‘Evolución histórica del mercado de la vivienda’
     En el primer semestre de 2004, una casa encontraba nuevo dueño en 2 meses
     Este indicador alcanzó su periodo máximo la primera mitad de 2008 (135 días)
     Desaceleración de la caída de precios con un descenso interanual del 8,01%
     Servimedia | Madrid 13/05/2010 - El Mundo
     El número de días transcurridos desde que un ciudadano pone a la venta su vivienda hasta que se materializa la misma ha pasado de 65 días en 2004 a 112 a finales de 2009, lo que supone estar cerca de duplicar el periodo. Así consta en el informe ‘Evolución histórica del mercado de la vivienda’ realizado por la compañía de intermediación inmobiliaria Tecnocasa y la Escuela Superior de Comercio Internacional de la Universidad Pompeu Fabra.
     El número de días transcurridos hasta la venta creció de 65 a 135 de 2004 a 2008
     El número de días transcurridos hasta la venta creció de 65 a 135 días desde el primer semestre de 2004 hasta el primer semestre de 2008. Desde entonces, se ha producido una reducción en este periodo transcurridos, hasta los 100 días en el primer semestre de 2009. En el segundo semestre de 2009 se observa un nuevo aumento en este indicador (112 días).
     El precio de la vivienda desacelera su caída
     Las viviendas en España continúan abaratándose, pero a menor ritmo. De este modo, mientras la tasa de variación del precio de las casas pasó de crecer un 16,77% en el primer semestre de 2006 a decrecer un 18,44% en el segundo semestre de 2008, en el segundo semestre de 2009 se apreció una desaceleración de la caída de precios, con un descenso interanual del 8,01%.
     Rebaja del 10% sobre el precio de salida
     En la segunda mitad de 2009 también se recuperó la diferencia entre el precio de salida de un piso y el importe final de venta. Tras el mínimo histórico del segundo semestre de 2008, cuando se alcanzó un descuento del 13,2%, en el segundo semestre de 2009 se situó por debajo del 10%. Entre 2004 y 2006, el descuento era del 3%.

     12 de mayo de 2010 - Centro de Estudios Jurídicos. Paseo Juan del Rosal, 2. Ciudad Universitaria. Madrid

     El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha presidido esta tarde la jura de 47 nuevos registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Inmuebles de España, en un acto donde ha calificado los Registros como “institución esencial” para dotar al sistema económico y social “de la seguridad jurídica necesaria” para generar confianza, estabilidad social y riqueza. “Sin seguridad jurídica, -ha dicho- no hay estado de derecho y sin Registros públicos que la constaten fehacientemente, el tráfico inmobiliario y mercantil sólo serían causa de inquietud privada y de frustración colectiva”.
     Durante su intervención en el Centro de Estudios Jurídicos, donde se ha celebrado el acto, Francisco Caamaño ha defendido que “el éxito de cualquier negocio o transacción va parejo a la celeridad y seguridad con que pueda llegar a materializarse”, por lo que la seguridad jurídica preventiva que otorga el Registro “juega un papel relevante en las políticas económicas y sociales como factor preconfigurador y de consolidación de las relaciones jurídicas”.
     Igualmente, ha alabado la figura del registrador, de quien ha dicho que “se constituye en defensor de la legalidad”, comprobando la adecuación o inadecuación de cada uno de los títulos que ingresan en el Registro para su inscripción. Se trata, ha dicho, de un “servidor público que actúa por delegación del Estado y que decide sobre numerosos problemas cotidianos, problemas que afectan a la vida de las personas y de las empresas”, y ha remarcado que su actividad “es primordial a la hora de prevenir la aparición de conflictos sociales”.
     El ministro de Justicia, no obstante, ha afirmado que el sistema registral “no puede permanecer anclado en el del siglo XIX” y ha apostado por su continua adaptación a nuestro modelo de Estado y a los tiempos actuales, “principalmente aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer más accesible la información y para garantizar la transparencia y la seguridad de la información sobre la propiedad y los derechos inscritos”.

     EP - 13/05/2010 - Cotizalia
     Los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, anunciaron hoy que sus organizaciones siguen adelante con las movilizaciones anunciadas en el sector público, que van a culminar en un paro general en el sector público a principios de junio, pese a las explicaciones dadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las medidas de recorte adicional.
     En rueda de prensa tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, ambos líderes aseguraron que, a la espera de nuevas precisiones por parte del Ejecutivo, Zapatero no les ha convencido al no rectificar ninguna de estas medidas, que previsiblemente aprobará el Gobierno el próximo jueves.
     El más duro en sus palabras fue Toxo, quién valoró “la gravedad de la situación” y añadió que “lejos de precipitaciones” su sindicato reflexionará sobre las medidas a adoptar más allá de un posible “paro general” en el sector público, que UGT ya ha convocado, y “no descartó absolutamente ningún escenario”. Si bien, aseguró que el escenario resultante “debe ser consensuado”.
     La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT convocó una huelga general en el sector público el próximo día 2 de junio contra el recorte de los salarios anunciado ayer por Zapatero. Así lo decidió el Consejo Federal de la FSP-UGT tras reunirse de forma urgente esta mañana ante la “agresión sin precedentes” que supone el incumplimiento de un acuerdo en vigor que ya contemplaba un escenario de crisis.
     La Federación del sindicato, que ha consensuado las convocatorias con la Federación de Trabajadores de Enseñanza (FETE) de UGT, propondrá a las demás fuerzas sindicales que se unan al paro. La FSP-UGT iniciará las movilizaciones el 20 de mayo con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, recogida de firmas de los comités de empresa, juntas de personal y delegados de personal. Además, han convocado una concentración de delegados sindicales en Madrid el día que comience la tramitación parlamentaria del decreto que recoge las reformas propuestas por el Gobierno.
     Las movilizaciones concluirán con la propuesta de paro general el día 2 de junio, a la que están convocados todos los trabajadores públicos de los diferentes sectores del país, desde la sanidad a la enseñanza y comunidades autónomas, entre otros.
     “Obstáculos” a la reforma laboral
     Por su parte, Méndez reiteró que “se ha producido un cambio en el escenario de relaciones con el Gobierno” y avanzó que mañana se reunirá con carácter extraordinario la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT para valorar cuál debe ser “la respuesta sindical” que planteará la organización. En este punto, al igual que Toxo, afirmó que estas decisiones se tomarán conjuntamente con CC.OO.
     “Decir que vamos a apoyar resueltamente las movilizaciones que ya están acordando las federaciones de servicios públicos, que van a culminar en paro general en la primera semana del mes de junio”, añadió.
     El secretario general de UGT advirtió de que las nuevas medidas para reducir el déficit público incorporan “obstáculos” en el “equilibrio” y el “clima” del Diálogo Social que negocia la reforma laboral.