A I R E

     Primer trimestre | Datos del Banco de España
     Los créditos dudosos suman 35.050 millones de euros, un 10,85% del total
     Europa Press | Madrid 18/06/2010
     La morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias repuntó en el primer trimestre hasta el 10,85%, la cifra más elevada la historia, según datos del Banco de España, por el 10,06% registrado en el trimestre anterior.
     Los promotores deben a la banca un total de 322.874 millones
     El saldo de préstamos dudosos se situó en 35.050 millones de euros, mientras que los créditos totales alcanzaron los 322.874 millones. Por entidades, los bancos lideraran los impagos, con una mora del 11,28%, seguidos de las cajas (10,60%), cooperativa (8,74%) y EFC (6,98%).
     Y si la realidad del sector es poco optimista, las predicciones de los analistas tampoco son especialmetne alentadoras. En abril, un informe de Asexor señaló que la morosidad puede llegar a superar el12% en el segundo semestre.
     Tampoco los acreedores están exentos de problemas, pues el Banco de España cifra sus activos tóxicos en 165.500 millones.
     Baja la mora hipotecaria
     Asimismo, la tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria cerró el primer trimestre del año en el 2,67%, lo que supone un descenso de 0,16 puntos respecto al nivel de 2009 (2,83%).
     Sólo son dudosos 16.427 de los 613.081 millones que adeudan los ciudadanos hipotecados
     El saldo de créditos dusosos alcanzó los 16.427 millones, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró el año 613.081 millones de euros.
     Por entidades, los establecimientos financieros de crédito (EFC) lideraron los impagos, con un nivel de mora del 10,49%, seguidos de las cajas de ahorro (2,84%), bancos (2,33%) y cooperativas de crédito (1,63%).

     Buen momento para comprar
     Afirma que 2010 es ‘un año muy bueno’ para comprar una vivienda
     Servimedia | Madrid 19/06/2010 – El Mundo
     La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha afirmado que suprimir el departamento que dirige ahorraría al Estado un 0,08% de su precupuesto, unos 800.000 euros. Una cantidad que “es dinero”, pero que es muestra de la “opción política” del Gobierno y de su apuesta por la vivienda.
     En una entrevista en Radio Nacional de España, la titular de Vivienda explicó que el 98% del presupuesto de esta cartera se dedica a ayudas y que, de hecho, el 80% de las subvenciones a la vivienda que conceden las comunidades autónomas proceden del Ministerio.
     En otro orden de cosas, Corredor juzgó que 2010 es “un año muy bueno para tomar una decisión” de compra de vivienda. Las condiciones que se dan son “objetivamente muy buenas”, con un euríbor que “sigue muy bajo”, una amplia oferta, precios moderados (han bajado de media un 17% desde su máximo) y ayudas fiscales -que desaparecerán en 2011-. “Todas las familias que buscan vivienda, tienen unas condiciones mejores este año”, insistió.
     La ministra cifró en 668.000 inmuebles el “stock” sin vender, al que hay que sumar medio millón más, en construcción. El principal problema para su venta radica en su ubicación, dijo.
     Así, la mayoría de estas viviendas se concentra en zonas costeras y barrios alejados; zonas donde, a pesar de su menor precio (los pisos y casas han bajado hasta un 60% en dichas áreas), no se logra vender.
     El alquiler, la vivienda de protección oficial (VPO) y la rehabilitación constituyen la base de la apuesta del Gobierno en materia de vivienda. “Hemos aprovechado la crisis para intentar establecer un triple equilibrio” en torno a estos tres objetivos, subrayó.
     En alusión al alquiler, la ministra incidió en que no se trata de “cambiar la mentalidad de nadie. “Me parece muy razonable que todas las familias quieran comprar la casa donde quieren vivir”. Sin embargo, llamó a la prudencia, de tal forma que no se destine a la vivienda más de un tercio de la renta disponible.
     Asimismo, juzgó “razonable” que haya suficiente oferta de alquiler para las personas jóvenes y con movilidad laboral, entre otras.
     La eficiencia energética y la utilización de energías renovables en la edificación es otra de las metas de la política estatal de vivienda.
     “Hay que dejar de pensar en los paneles solares o en las ventanas con aislamiento como un gasto. Es una inversión, que permite gastar hasta un 70% menos en energía con el mismo bienestar. Hacer más con menos es el signo de los tiempos”, aseveró la ministra.
     En cuanto a la conocida como “burbuja inmobiliaria”, Corredor sostuvo que, a pesar de algunos casos “llamativos” de corrupción, la mayoría de los ayuntamientos “trabajan con absoluta lealtad hacia sus vecinos”.
     Defendió, además, la previsión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que desde 2004 “se empezaron a tomar medidas de reequilibrio”. Aludió, a este respecto, a la ley del suelo de 2007, que marcó una serie de bases para evitar la especulación urbanística y fomentar el alquiler (con incentivos como la renta básica de emancipación), además de introducir ayudas a la rehabilitación y equiparar la desgravación fiscal para compra y alquiler.
     Con todo, dejó claro que la construcción residencial creció de forma “brusca y desproporcionada, por encima de las necesidades” sociales durante diez años, y que “el reequilibrio lleva un tiempo”.

     E. Segovia - 18/06/2010 Cotizalia
    El director general de La Caixa, Juan María Nin, se ha mostrado hoy convencido de que la crisis inmobiliaria española está en vías de solución y que la caída ha tocado suelo: “El que se espere a que bajen más los precios de la vivienda llegará tarde, porque cuando se cubre la necesidad de vivienda no hay que rascar el último duro”, ha llegado a decir en los cursos de la APIE en Santander.
     “No sabemos si el ajuste inmobiliario tardará tres o siete años, pero da lo mismo. Lo importante es que tiene solución y sabemos cómo lo vamos a arreglar”, ha señalado. Esta confianza deriva de que “hay una demanda latente muy importante que estaba esperando que bajaran los precios y que empieza a entrar en el mercado”, como muestra el repunte de las ventas y los precios en los últimos meses.
    Nin también da por resuelto el otro lado del problema, el de la banca, porque “detrás de los problemas crediticios hay ladrillos, que tienen un valor (aunque haya bajado) y que se venderán con el tiempo”. Así, considera que las cuentas de las entidades pueden aguantar esa pérdida de valor y, en los casos en que no aguantaban, se les ha inyectado dinero público. ”Pero en otros países se hay inyectado muchísimo más dinero sin que hubiera nada detrás, a diferencia de lo que ocurre en España”, ha añadido.
     Respecto a los movimientos de consolidación en el sector de las cajas, Nin ha negado tajantemente que La Caixa tenga alguna operación prevista en el horizonte más allá de la integración de Caixa Girona. Específicamente, ha rechazado que la entidad catalana vaya a pujar por Cajasur: “No participamos en operaciones que requieran FROB”, ha sentenciado.
     Hace dos días, el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, admitió en la Universidad Menéndez Pelayo que no esperaba mantener mucho tiempo el liderazgo de las cajas por tamaño, conseguido gracias a la fusión con Bancaja, insinuando que esperaba un movimiento de La Caixa.
     Nin se mostró más críptico al hablar de la operación de las cajas madrileña y valenciana: pese a dar una efusiva bienvenida a la operación por ayudar a la reestructuración del sector y por el incremento de competencia que supone, insistió en que La Caixa sigue siendo “la primera caja del mundo”.
     “Nosotros miramos las cosas con las cuentas disponibles, y sobre esa realidad somos la primera caja hoy por hoy. Cuando se cierre esta operación en diciembre o el próximo año y amanezca una nueva entidad, podremos comparar los balances y veremos entonces quién es más grande”, ha argumentado.

     Xavier Gil Pecharromán - 18/06/2010 El Economista
     El abogado Gabriel Feliú Vidal ha sido condenado por el Juzgado Penal Número 4 de Palma de Mallorca a una pena de tres años y diez meses de prisión, así como a una multa de 600.000 euros y con seis meses de privación de libertad sustitutoria en caso de impago de dicha multa. También se le aplica la pena complementaria de inhabilitación para ejercer como abogado y se le condena en costas.
     La sentencia de 30 de mayo de 2010, emite esta condena en respuesta a su papel como cooperador necesario en un delito consumado contra la Hacienda Pública, “al utilizarse mecanismos de ocultación para que no se pueda averiguar la identidad del verdadero responsable del obligado tributario”, que era un cliente no residente fiscalmente en España del bufete.
     El cliente también es condenado en este caso como autor material del delito, a un año de prisión, ya que se le aplica las atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la Administración de Justicia. Además, se le impone una multa de 135.400 euros con cuatro meses de privación de libertad sustitutoria en caso de impago de la multa y se le condena al pago de las costas del proceso.
     También se condena a una tercera persona como cómplice del delito a un años y tres meses, multa de 135.400 euros y condena a afrontar las costas del litigio.
     Cooperador necesario
     El magistrado-juez, Sobrino Fernández, ponente de la sentencia, afirma que cabe entender que la “conducta y participación en los hechos, a pesar de no ser el autor material y directo del delito, por lo ya expuesto, sino un cooperador necesario, pero autor al fin y al cabo, se considera la más grave y que merece un mayor reproche punitivo”.
     La sentencia considera probado que el cliente del Bufete Feliú, de nacionalidad sueca, trasladó en 2002 su residencia desde su país natal a al Emirato Árabe de Dubai, lugar en el que fijó el centro de sus negocios y actividades laborales y su domicilio.
     El autor del delito quería invertir parte de sus ganancias a través de la adquisición de un inmueble en Mallorca y para venderlo después. Una vez encontrado el inmueble que quería comprar, el Letrado, le asesoró sobre la forma jurídico-fiscal de llevar a cabo estas a operaciones y “asimismo que consiguiese eludir el pago de todos o parte de los impuestos que correspondería pagar en España.
     Así, Feliú explicó a su cliente que podía constituir una sociedad en un paraíso fiscal y después crear una sociedad de las denominadas offshore en España, de forma que la sociedad extranjera estuviese participada por la sociedad offshore, consiguiendo así una opacidad jurídica y fiscal, y evitando saber quién estaba detrás de la sociedad.
     En ejecución de esta plan, el cliente constituyó una sociedad, con domicilio social en las Islas Vírgenes Británicas, considerado como un paraíso fiscal. Posteriormente, el propio abogado y el declarado cómplice en el delito, constituyeron la sociedad offshore, mediante escritura pública, actuando Feliú en nombre y representación de su cliente y el cómplice en su propio nombre, aunque de forma aparente, designándose, a efectos meramente formales a este último como administrador único de la sociedad.
     El capital social era de 3.100 euros, dividido en 100 participaciones, suscritas en su totalidad por el ciudadano sueco. El cómplice, por su parte, era un mero testaferro de Feliú y estaba al tanto de la finalidad última de la constitución de la sociedad, recibiendo una cantidad de dinero no determinada del abogado por sus servicios. La intervención del testaferro y su nombramiento como administrador único de la offshore buscaba dar mayor opacidad a la operación.
     Arquitectura tributaria
     Por otro lado, mediante escritura pública notarial, la sociedad representada Feliú, compró la vivienda por 300.506,05 euros. A continuación, se llevó a cabo una ampliación de capital de la sociedad en 102.300 euros, mediante escritura pública, ante el mismo notario, en 102.300 euros, mediante 3.300 nuevas participaciones suscritas todas por la citada sociedad offshore. Con ello, el nuevo capital resultante de la ampliación ascendía a 105.400 euros.
     Una vez encontrados los compradores de la vivienda, ciudadanos ingleses, se realizó una nueva ampliación de capital, mediante compensación de créditos. Los créditos compensados son el préstamo de 332.103 euros que la offshore tenía con la sociedad del ciudadano sueco, motivado por los fondos aportados por el único titular de las participaciones a la sociedad para comprar el inmueble
     Así, se suscriben 10.713 nuevas participaciones, suponiendo el nuevo capital un total de 437.503 euros.
     Feliú impuso a los compradores que la compraventa del inmueble, se hiciese mediante la adquisición de las participaciones de la sociedad del sueco. Para ello, compran a la sociedad offshore, representada por Feliú la totalidad de las participaciones sociales de su cliente, abonando el comprador 437.503 euros, mediando escritura pública. También, se firma el mismo día otra escritura pública por la que se cambia el administrador de la sociedad del sueco, pasando a ser, a partir de dicha fecha, el comprador.
     El verdadero precio pagado fue de 875.000 euros, precio que figura en un contrato privado de opción de compra y arras penitenciales. En este caso, el juez ha considera más correcto aplicar el levantamiento del velo para saber quién estaba detrás de cada sociedad.
864 sociedades investigadas
     El litigio es una pieza separada de la llamada Operación Relámpago en la que se investigaron, entre otros delitos, blanqueo de capitales y delitos contra la Agencia Tributaria, en la que han quedado encartados tanto Feliú como otros miembros de su bufete.
     En el registro del despacho de Feliú intervinieron, además de las Fuerzas de Seguridad del Estado, inspectores de Hacienda y miembros del Ministerio Fiscal y se intervino documentación sobre 864 sociedades offshore. instrumentales para ocultar la identidad de sus auténticos titulares.

     Refuerzo temporal de las plantillas, entre otras medidas
     L. F. - Madrid - 17/06/2010 Cinco Días
     El Registro Civil Central, donde se inscriben los nacimientos españoles ocurridos en el extranjero o los matrimonios celebrados en el exterior, entre otros acontecimientos, está a punto de vivir una auténtica transformación. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presentó ayer al Consejo de Ministros un plan de choque para reducir los tiempos de espera de este organismo.
     A corto plazo, Caamaño ha anunciado un refuerzo temporal de las plantillas, la ampliación de la jornada de trabajo, la habilitación de un correo electrónico para la solicitud y expedición de las certificaciones, y la reestructuración de los servicios de atención al ciudadano. Además de todo esto, el ministro ha señalado la puesta en marcha de cursos de formación para favorecer la especialización y el rendimiento personal.
     Conexión de datos
     A más largo plazo, el plan pretende también incrementar la interoperabilidad del registro, favoreciendo la conexión de las bases de datos y la posibilidad de que las certificaciones puedan ser emitidas por la red del Registro Civil y no sólo por el Registro Civil Central.
     Para desarrollarlo, Justicia ha decidido promover la informatización de los registros consulares y la digitalización de los datos. Además, el ministerio trabaja en la reforma del reglamento del Registro Civil con el objetivo de mejorar la gestión. La iniciativa supondrá finalmente la agilización de los trámites, algo que la ciudadanía venía exigiendo desde hacia tiempo.
     Según un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el funcionamiento de la justicia, las quejas de los españoles sobre el Registro Civil Central se habían incrementado un 19,1% como consecuencia de los largos tiempos de espera, la insuficiencia plantilla y el horario de atención al público.
     Ante esta situación, Justicia elaboró un diagnóstico con el fin de detectar dónde se encontraban los principales problemas del Registro Civil Central. La actualización de los procedimientos de anotación e inscripción, junto con la falta de informatización, resultaban los más graves. Pero no los únicos.
     En los últimos años, se había incrementado la demanda considerablemente, lo que había originado una acumulación de trabajo que motivaba un retraso de las actuaciones de aproximadamente dos años.
     Justicia ha detectado que la demora se producía tanto en la entrada de documentación procedente de los registros consulares y municipales (unos cuatro meses) como en la capacidad de respuesta a las diversas solicitudes (con una media aproximada de diez meses).
     Con esta medida, la Ley del Registro Civil, que está pendiente de ser aprobada por las Cortes Generales, contará antes de entrar en vigor con unos mayores recursos.

     Banco de España | En su Informe Anual
     El Banco de España critica la poca fiabilidad de los datos oficiales
     El ajuste del sector inmobiliario “limitará el recorrido de la recuperación”
     El regulador califica de ‘inevitable’ y ‘necesario’ el estallido de la burbuja
     Jose F. Leal | Madrid 16/06/2010 - El Mundo 
     El Banco de España cree que “la calidad” de las estadísticas oficiales que ofrecen el INE y el Ministerio de Vivienda no está “todavía a la altura de la importancia que tiene el sector”.
     Esta valoración, hecha pública hoy dentro del Informe Anual 2009, alinea al regulador español con las opiniones de los analistas locales y foráneos que, como Fitch, ponen en duda la utilidad de las estadísticas sobre precios que publican los diferentes organismos españoles y desacredita la labor recopiladora del Ministerio de Vivienda, que desde hace años publica sus propias estadísticas y las defiende.
     El Banco de España destaca en su informe que “el severo ajuste del sector inmobiliario” como una de las principales particularidades de la crisis española. El informe destaca la fuerte contracción de la oferta de vivienda y el amplio ’stock’ a la venta, pero no se pronuncia sobre el ajuste del sector, cuya absorción requerirá “algún tiempo”, en función de lo que “tarde en recuperarse la demanda o en completarse el ajuste en los precios”.
     Sobre la evolución de los precios, analiza que “la corrección de los precios ha sido menos acusada” de lo esperado, ya que únicamente han descendido en torno a un 12%, “dependiendo de las distintas fuentes”.
     “La continuación -añade el análisis- del proceso de ajuste en el sector inmobiliario hasta su culminación supondrá una fuente de detracción de gasto en los próximos trimestres”, un factor que limitará el recorrido de la recuperación de la economía española en el corto plazo, pero constituye un elemento esencial para que el dinamismo económico se asiente sobre una base más sólida.
     “Las altas expectativas alentaron la expansión del sector hasta niveles excesivos”
     Una década de burbuja
     Según el Banco de España, las altas expectativas de revalorización de los inmuebles alentó durante casi una década “una fase de auge”, alimentada por una sustancial mejora en las perspectivas de renta futura y un entorno demográfico extraordinariamente dinámico.
     Estos factores “alentaron la expansión del sector hasta unos niveles que resultarían excesivos, tanto desde el punto de los recursos productivos que se destinarían a la producción de inmuebles como de su valoración y del endeudamiento vinculado a la actividad residencial”.
     Ello “hacía inevitable y necesario” el ajuste, que comenzó a producirse de forma gradual primero, antes de la crisis de las hipotecas ’subprime’ y abrupta, tras “el cambio de orientación de la política monetaria del BCE”.

     Un agente afirma ante el tribunal que juzga a la directora de la residencia de ancianos que no pudieron hallar el rastro del dinero en el análisis del patrimonio de la acusada
     Encarna Maldonado / Málaga hoy | 16.06.2010
     La Guardia Civil ha tasado en 600.000 euros el montante de las estafas que presumiblemente cometió Concepción Barrabino al frente del geriátrico Nuestra Señora de Gracia de Alhaurín de la Torre. Uno de los agentes que compareció ayer ante el tribunal que juzga a esta mujer explicó que advirtieron la existencia de 12 supuestos fraudes, de los que ocho se tratan de aclarar en esta causa.

     Este testigo también explicó que a lo largo de las investigaciones se analizó el patrimonio de la sospechosa sin hallar ningún indicio del rumbo que había podido tomar el dinero. “No se pudo encontrar ninguna cuenta con el dinero estafado”. Tampoco se halló ningún rastro que indicara, como sostiene la acusada, que el dinero procedente de la venta de las casas lo entregó en metálico a los ancianos.

     Además aclaró que existía un modus operandi o método sistematizado para cometer las supuestas estafas: “Engañaba a los ancianos, los llevaba a otro lugar y luego en el interior del coche o en un solar, no en la notaría, les hacía firmar”, algunas veces incluso en un folio en blanco, con la excusa de que iba a tramitar unas ayudas de la Junta de Andalucía. Después seguía la misma “operativa” y una vez que conseguía el patrimonio de los residentes efectuaba “las compras y ventas” de las viviendas.

     La mecánica también incluía a cinco notarios a los que recurrentemente acudía para que los residentes le dieran poderes para disponer de sus cuentas corrientes y viviendas o, incluso, para convertirse heredera. El agente recordó que sólo tuvo conocimiento de que una notaria se negara a formalizar el poder notarial al apreciar que los mayores habían sido engañados. Sin embargo, en ese caso la fedataria pública optó por comunicarlo únicamente “al Ayuntamiento” y no ponerlo en conocimiento ni del juzgado ni de la Guardia Civil. La Fiscalía, además, precisa otra ocasión en la que otro notario también se negó a firmar otro poder también al “percatarse del engaño” del que era objeto un hombre mayor.

     El agente aseguró a preguntas de la Fiscalía que “todas las actuaciones” de Concepción Barrabino presumiblemente estaban motivadas por “el ánimo de lucro” y en ningún caso por “el beneficio de los ancianos”.

     Josefa Ruiz, junto a su marido que falleció poco después de que se consumara la presunta estafa, fue una de las víctimas de la residencia. Ingresó en el geriátrico el 5 de noviembre de 2004 porque había sufrido una fractura en una pierna y se encontraba escayolada e inmovilizada en una silla de ruedas. Nada más entrar le entregó las llaves de su casa y las cartillas del banco “porque nos dijo que había muchos ancianos majarones y los podíamos perder”. Además firmó un papel que pensó que era “para entrar en la residencia”, pero en realidad se trataba de un contrato por el que le cedía su vivienda.

     Trece días después sufrió un episodio que todavía ayer la mujer no acertaba a explicar dado su “carácter”. Concepción Barrabino la condujo en un vehículo junto a su marido hasta “un campo entre Churriana y Cártama. Nos dijo que iba a ir allí un señor para que la Junta de Andalucía nos dieran una paga para la residencia”. Sin embargo, se trataba del notario que supuestamente dio fe pública del otorgamiento de poderes que el matrimonio daba a la acusada para que pudiera vender su vivienda.

     “Me puso un papel en blanco y yo dije que no firmaba nada en blanco. Pero estaba en un descampado, con una pierna escayolada, ella y ese hombre y me dio miedo”. A preguntas del fiscal aseguró que nunca le leyeron ningún documento explicativo de lo que estaba rubricando. Es más aseguró que la única respuesta que halló fue que al día siguiente podría leer lo que había firmado.

     La vivienda de esta mujer, según la Fiscalía, fue objeto primero de una hipoteca cambiaria por importe de 57.000 euros en los que ella y su marido aparecían como deudores. Posteriormente la acusada, supuestamente, se vendió la nuda propiedad por 60.480 euros y el 22 de diciembre de ese mismo año la vendió por 87.000 euros.

     Entre las víctimas y familiares que ayer declararon en el juicio que se sigue en la Sección Novena de la Audiencia de Málaga por presunta estafa continuada también figura el sobrino de Emilio Corral, otra de las víctimas ya fallecidas. Este testigo afirmó que su tío le explicó que había “firmado en blanco” un documento que pensaba que era para que la directora de la residencia pudiera gestionar las mensualidades del centro. Sin embargo, durante varios días consecutivos extrajo 600 euros de la cuenta hasta que supuestamente la dejó vacía y después llevó al anciano hasta un notario para que la autorizara a disponer de un fondo de inversión de más de 30.000 euros y posteriormente logró que firmara un contrato privado de compra venta de su piso. El sobrino del afectado aseguró que la voluntad de su tío era legar su vivienda a Cáritas y jamás a la acusado. Este hombre padecía una alteración desde joven que le imposibilitaba parcialmente “para gobernar sus bienes”, según la Fiscalía.

     La acusada se enfrenta a siete años y medio de cárcel por presunta estafa, así como a unamulta de 22 meses con una cuota diaria de 12 euros. El juicio está previsto que continúe el próximo lunes con la declaración de otros testigos, entre ellos varios notarios.

     Agencias 16/06/2010 El Economista
     El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto para la esperada reforma del mercado laboral. El texto al que el Gobierno ha dado hoy luz verde contempla la generalización del contrato que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, como había adelantado elEconomista. El Ejecutivo espera contar con amplio respaldo parlamentario en la tramitación de la norma ya que incluye las sugerencias de algunos de los grupos. Así ha sido la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
     El Gobierno presentó el pasado viernes un borrador de los ejes principales de su reforma laboral. En aquella ocasión, habilitaba el actual contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado para las personas menores de 30 años y mayores de 45 para los desempleados que estuvieran tres meses inscritos en las oficinas de empleo. Pero, finalmente, el Ejecutivo ha optado hoy por extender dicho contrato a todos los colectivos.
     Corbacho, al explicar el decreto de reforma laboral, ha admitió la intención del Ejecutivo de que este contrato “se use lo mas posible”. El titular de Trabajo ha rechazó, sin embargo, que la idea sea universalizar este tipo de contrato porque, ha recordado, se mantienen los derechos adquiridos en el contrato indefinido ordinario -45 días de indemnización- y la reforma no tiene efectos retroactivos.
     Novedades
     - Abono de ocho días de la indemnización por despido por parte del Fondo Garantía Salarial (Fogasa), no sólo a los contratos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido improcedente), sino también a los contratos indefinidos ordinarios (45 días de indemnización).
     - Retraso de dos años el plazo para elevar de ocho a doce días la indemnización por fin de contrato temporal que empezará a aplicarse a partir de 2012. Subirá un día por año, hasta llegar a un total de doce en 2016.
     - Se diseñará un fondo de capitalización mediante un proyecto de ley en el plazo de un año y que no supondrála elevación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
     - Se levanta el veto a las ETT para que puedan operar en el sector público.
     Negociaciones políticas
     La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la presentación de la reforma que espera contar con amplio respaldo parlamentario en la tramitación del texto como Proyecto de Ley y ha desvelado que la reforma aprobada incluye ya las sugerencias de algunos de los grupos.
     “El Gobierno confía en que una reforma como ésta pueda hacerse con el mayor grado de acuerdo estos días hemos contactado con los distintos grupos parlamentarios para conocer sus criterios de fondo, criterios que en algunos casos incluso se han incorporado ya a la iniciativa que aprobamos hoy y que, además tendrá la oportunidad de incorporar algunas iniciativas más del resto de grupos al transformarse en Proyecto de Ley en el congreso de los diputados”, ha comentado.
     El Decreto deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo 22 de junio y entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) inmediatamente este jueves. Su tramitación como Proyecto de Ley permitirá a los grupos un margen de negociación sobre diversos aspectos. El ministro de Trabajo cree que su tramitación podría requerir de un plazo de un año.
     “Debido a la importancia y a querer el concurso de la máxima participación, el Gobierno entiende que ese modelo deberá hacerse mediante la tramitación de un Proyecto de Ley en el plazo de un año”, ha explicado Corbacho.
     Con una tasa de paro superior al 20%, la reforma del mercado laboral ha sido mencionada insistentemente como lastre para España tanto porte de analistas y economistas como por altas instituciones.
     “Se trata de una reforma con la que el Gobierno quiere lograr que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo, una más y mejor flexibilidad va a contribuir a incrementar la productividad y la competitividad”, ha señalado la vicepresidenta primera.

     Una de las afectadas declaró ante el Tribunal de la Sección Novena que juzga este caso que en ningún momento ni ella ni su marido, ya fallecido, quisieron darle su vivienda a la acusada
     15.06.10 - Europa Press | Málaga - Sur.es
     Una de las víctimas de la presunta estafa por parte de la ex dueña de la residencia de ancianos ‘Nuestra Señora de Gracia’ de Alhaurín de la Torre (Málaga) y familiares de otros perjudicados ya fallecidos han asegurado este martes que la acusada les “engañó” para firmar papeles en blanco haciéndoles creer que era para solicitar una subvención, actos que tenían lugar algunas veces dentro de un coche.
     Así, una de las víctimas afirmó que en ningún momento ni ella ni su marido, ya fallecido, quisieron darle su vivienda a la acusada. “Ni que hubiera estado loca”, exclamó la mujer, que estuvo en la residencia poco tiempo, en el que “no era ella misma, estaba como más dormida”. ”Ahora estoy mucho mejor”, apostilló en su declaración ante el Tribunal de la Sección Novena que juzga este caso.
     La afectada explicó que un día la acusada llevó a ella y su marido “al campo” porque “dijo que iba a venir un señor para que me diera una paga”. Entonces, según su testimonio, llegó un hombre que la acusada le presentó como “un notario”, quien le instó a que firmara en blanco. “Me dijo: firma aquí y mañana lo leerás”, aseguró, al tiempo que dijo que rubricó el papel “porque me dio miedo”.
     La mujer insistió en que no recibió “ni un duro” por la venta del piso. “Esto ha sido una estafa de las grandes”, apuntó, al tiempo que reiteró que “es un embuste muy gordo”. Poco después, tanto su marido como ella se enteraron por una vecina, que también declaró hoy como testigo y que pidió un documento al registro, que la casa ya no estaba a su nombre.
     También declaró la hermana de otra víctima, un hombre que falleció el pasado año y que estuvo ingresado en la residencia con su esposa. La mujer aseguró que su hermano “no quería darle el piso, se los llevaron de su casa sin poder y sin papeles” y apuntó que, según le contó él, firmó un documento “dentro de un coche” que creía que era para entrar en el centro. “Se fue con la pena de no tener su piso”, apostilló.
     En la sesión del juicio de este martes, que está previsto continúe la próxima semana, también declaró el sobrino de otro de los perjudicados, quien aseguró que su tío le contó que al ingresar la dueña “le hizo firmar un papel en blanco para cobrar las mensualidades”, aunque luego “la cartilla se la dejó pelada”. Negó que su familiar quisiera vender su piso, sino que quería dárselo a Cáritas.
     Insistió en que su tío fue “engañado” a un notario, con el que el testigo habló luego para preguntarle “cómo no le había explicado bien el tema, cómo había sido cómplice de esta actitud”, a lo que le respondió, según dijo, “que a esta mujer se le ha ido de las manos y que vio a mi tío bastante lúcido”, aunque el sobrino apuntó que “tenía limitaciones”.

     Polémica | La agencia prevé que los pisos españoles seguirán abaratándose

     La ministra insiste en que ’se está consolidando la estabilización del sector’
     La calificadora pone en duda los datos publicados por el Ministerio de Vivienda
     Europa Press | Madrid 15/06/2010 – El Mundo
     La advertencia de la agencia Fitch, calificadora del sector inmobiliario, apuntando que los pisos en España seguirán depreciándose hasta 2012 parece no haber gustado demasiado a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Ésta ha replicado que “el Gobierno está en mejores condiciones de conocer cuál va a ser la evolución del sector y de los precios de la vivienda”.
     En rueda de prensa tras la celebración de la segunda reunión de la Mesa de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR), Corredor ha indicado además que “el conocimiento profundo del sector lo tiene el Gobierno” y que “las estadísticas del Ministerio de Vivienda y del INE ya señalan la evolución del sector que se conoce”.
     Fitch: el valor de las casas seguirá bajando hasta 2012, hasta un 30% con respecto a su nivel más alto de 2008
Horas antes, Fitch había puesto en duda la exactitud de los datos de precios proporcionados por el gabinete dirigido por Corredor. Según este organismo, el valor de las casas continuará ajustándose varios años más hasta alcanzar una depreciación de hasta el 30% con respecto a su nivel más alto alcanzado en 2008.
     En este mismo sentido, la titular de Vivienda ha hecho mención a los datos de ofrecidos por el INE, que reflejan un descenso más moderado de los precios que en meses anteriores. Así, el Índice de Precios de la Vivienda (IPV) del INE arroja una caída del 1,4% en el caso de la vivienda de segunda mano y del 4,2% en la nueva “por la presión del amplio ’stock’”. Este IPV también habla ya de subidas en algunas zonas de España.
      Según Corredor, todo apunta a que “se está consolidando la estabilización del sector” residencial en España, no sólo por la “ralentización” y “atenuación” de la caída del precio de la vivienda, sino también la mejoría en los ritmos de compraventa.

     La juez de Molina de Segura les obliga a depositar 6,4 millones de euros y, de no hacerlo, ordena que les embarguen sus bienes
     12.06.10  Ricardo Fernandez laverdad.es | Murcia.
     Para evitar el pago de 3,3 millones a Hacienda se interpuso una sociedad a nombre de un indigente
     Un furgón blindado trasladó a la notaría 17.300 billetes de 500 euros: 8,6 millones
     La denominada ‘Operación Lila’ acumula hasta este momento 22 imputados, entre vendedores del terreno, compradores, intermediarios y empleados de banca y de notarías, entre ellos un notario de Molina
     La mayor fianza para el mayor fraude fiscal, del que se tiene constancia, cometido con billetes de 500 euros. Perpetrado con sacas enteras de billetes de color púrpura, aunque se tratara de dinero ‘negro’. Ejecutado con 17.320 billetes prensados en apetecibles fajos de idéntico grosor y peso. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Molina de Segura, Marta Florenciano Lajusticia, ha impuesto una fianza de casi 6,4 millones de euros (más de mil millones de pesetas) contra un grupo de destacados empresarios y promotores inmobiliarios de ámbito nacional, que se encuentran imputados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
     El auto, dictado el pasado día 14, pretende asegurar el pago de las responsabilidades patrimoniales que puedan establecerse en su día, cuando recaiga sentencia, y por ello la juez ordena que, de no ser depositadas esas fianzas en el plazo de diez días, los citados empresarios sean «embargados de cuantos bienes posean para el pago de la cota defraudada: metálico existente en sus cuentas corrientes, salarios o nóminas -si es que las tienen-, inmuebles a su nombre, participaciones que puedan poseer en distintas sociedades…, oficiando a los respectivos administradores el embargo y quedando desde este momento intervenidas y a disposición del juzgado».
     Entre estos destacados promotores imputados y amenazados de embargo se encuentran Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas, consejeros mancomunados de la sociedad Nozar Promobys S.L.; Rafael Ángel Salas Martín, también consejero de Nozar Promobys S.L. y ex diputado responsable de la Diputación de Almería por Alianza Popular (AP) a finales de los 80; el empresario almeriense Estanislao Berruezo García, presidente y consejero delegado mancomunado de Nozar Promobys S.L., así como su hijo Javier Berruezo, también consejero de esa sociedad, y los murcianos asociados en torno a Provisol Resort S.L. Antonio Javier Belmonte Albaladejo, Mariano Lorente Villa, Juan León Molina y José Francisco Moreno Riquelme.
     La investigación por estos hechos, bautizada como ‘Operación Lila’ y desarrollada por los expertos en blanqueo de capitales y evasión de impuestos del Servicio de Vigilancia Aduanera y agentes de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Policía, se inició en el año 2007, aunque no ha sido hasta muy recientemente cuando se ha tenido algún conocimiento del asunto, por haber permanecido declarado secreto.
     Objetivo: ocultar plusvalías
     Las diligencias judiciales, constituidas por doce tomos que están en poder de ‘La Verdad’, desvelan cómo el 8 de noviembre del 2005 se elevó a pública en una notaría de Molina de Segura una escritura de compraventa de terrenos por un importe total de 2.950 millones de pesetas (más de 17,7 millones de euros), de los que 750 millones de pesetas (algo más de 4,5 millones de euros) iban a ser entregados en ‘negro’ por la supuesta exigencia de los vendedores, los socios de la sociedad Provisol Resort S.L. (Mariano Lorente, Juan León Molina, José Francisco Moreno Riquelme y José Antonio Ruiz Dólera), que habían adquirido recientemente esas tres fincas con fines aparentemente especulativos.
     El problema del dinero ‘negro’ se le planteaba al interesado en adquirir esos terrenos, el empresario almeriense Estanislao Berruezo, que se veía obligado a conseguir una enorme cantidad de dinero en metálico. Para solucionar el problema, siempre según los informes de los expertos de Aduanas y de la Policía Nacional, Berruezo decide presuntamente meter en la operación una sociedad interpuesta, sin actividad y a nombre de un ‘testaferro’. La mercantil elegida es ‘Sotos Herreros, José SLNE’, que estaba a nombre de un hombre que se encontraba en la indigencia y a la que se hizo figurar como titular de una opción de compra sobre las mencionadas parcelas.
     De esta manera, formalmente sería Provisol Resort SL la que vendería a ‘Sotos Herreros, José SLNE’, por un importe de 2.200 millones de pesetas (13.222.266 euros), que es la cantidad que se iba a pagar en blanco. Y esta sociedad interpuesta la revendería, a su vez, por 2.950 millones (17,7 millones de euros), ya que en esa cantidad sí se incluían ya los 750 millones de pesetas que se iban a entregar en ‘negro’.
     Quien en último término acaba adquiriendo los terrenos es el citado Estanislao Berruezo, que para esta operación se había asociado al 50% con unos importantes promotores madrileños, los hermanos Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas, propietarios del Grupo Nozar, dando origen a la mercantil Nozar Promobys SL.
     Dinero ‘a capazos’
     Como los vendedores exigían supuestamente que el pago de los 750 millones de pesetas en ‘negro’ se hiciera en el acto de la firma de la escritura, eso obligó presuntamente a los compradores a requerir de un banco de su confianza que trasladara hasta la notaría todo ese dinero en metálico, en sacas y en un furgón blindado con sus correspondientes vigilantes de seguridad. En realidad, la cantidad en metálico que se repartió fue de 878 millones de pesetas (5.276.886 euros), pues a la cuantía inicial se le añadieron otros 128 millones de pesetas, también en ‘negro’, que iban dirigidos en apariencia a pagar por los ’servicios’ prestados por la sociedad interpuesta (se calcula que 120 millones) e incluso, especulan los investigadores, quizás incluso a gratificar al notario (ocho millones de pesetas) por cerrar los ojos ante una operación con tal apariencia de irregular.
     Las ventajas que iba a proporcionar haber interpuesto una sociedad ‘fantasma’ en esta operación, en concreto, la mencionada ‘Sotos Herreros, José SLNE’, es que las aparentes plusvalías generadas por la reventa de los terrenos (de 2.200 1 2.950 millones de pesetas ), y que en realidad escondían el pago en ‘negro’ de 750 millones de pesetas, iban a ser ocultadas a Hacienda y, por tanto, no se iba a declarar un IVA que ascendía a 3,3 millones de euros (550 millones de pesetas). En caso de que se abriera alguna inspección o investigación al respecto, el sospechoso sería el indigente a nombre de quien figuraba esa sociedad interpuesta.
     Berruezo quedaba ‘limpio’
     Como el supuesto objetivo de Estanislao Berruezo era cerrar la operación dando la apariencia de que él y sus socios de Nozar sí habían cumplido con Hacienda, expidió supuestamente en la notaría un cheque ‘al portador’, para evitar que se supiera a quién iba destinado, por importe de 3,3 millones de euros, que era la cantidad que debía pagar a Hacienda en concepto de IVA. Ese dinero le fue reintegrado en dinero en metálico, en la misma notaría, y lo ‘blanqueó’ presuntamente ese mismo día, pagando con ello unos terrenos en Águilas, que se sospecha que fueron escriturados en una cantidad muy inferior a la que realmente se pagó.
     Los investigadores consideran que, en total, el furgón blindado de una entidad bancaria de Molina de Segura trasladó a la notaría un total de 8.660.000 euros en billetes de 500 euros, que son los que habrían servido para pagar la parte en ‘negro’ de la compraventa (4,5 millones de euros), los ’servicios’ prestados por quien suministró la sociedad interpuesta (unos 760.000 euros), el fingido pago del IVA de la segunda compraventa por parte de Nozar Promobys SL (3,3 millones de euros) y 90.000 euros de una falsa opción de compra. En suma, 17.320 billetes de 500 euros que acabaron siendo repartidos en la notaría.
     La ‘Operación Lila’ se ha cerrado hasta el momento con 22 imputados, entre los que se encuentran vendedores, compradores, intermediarios y personal de entidades bancarias y de la notaría.
     La juez instructora continuó ayer con la investigación tomando declaración como imputados a dos de los compradores, los hermanos Juan Carlos y Luis Emilio Nozaleda Arenas. Otros supuestos implicados, entre ellos el director de la oficina central de una entidad bancaria en Granada y varios intermediarios, tendrán que comparecer en las dependencias judiciales en los próximos días.

     Maquillaje en los balances de la banca
     La banca podría absorber una caída de los precios inmobiliarios del 50%
     Esade considera han “maquillado” la morosidad de los constructores
     Europa Press | Madrid 15/06/2010 - El Mundo
     Las entidades financieras arrastran una cartera de crédito de 445.000 millones de euros con promotores y constructores, de los cuales más de un tercio, unos 165.500 millones de euros, puede ser considerado “crédito problemático”, según el informe ‘Bancos, Cajas y Sector Inmobiliario’ realizado por el catedrático de Esade Xavier Mena.
     Según el estudio, los bancos y las cajas, que sólo tienen declarados fallidos 4.000 millones de euros, han protagonizado “una huida hacia adelante”, aplazando el reconocimiento de estas pérdidas latentes mediante fórmulas como la refinanciación de las inmobiliarias, embargos y adjudicaciones a precios muy bajos, aceptando daciones en pago o sustituyendo el crédito por acciones de las inmobiliarias.
     Además, considera que la morosidad de promotores y constructores ha quedado así “maquillada” hasta sólo el 9,6% (en 1993 llegó al 13%), mientras que en el caso de alguna entidad ha alcanzado casi el 30%.
     Los bancos y las cajas sólo tienen declarados fallidos 4.000 millones de euros
     El informe, que señala que el Banco de España “está presionando cada vez más” al sector financiero para que contabilice la pérdida de valor de los pisos y solares que entran en su balance, estima que el conjunto de bancos y cajas pueden absorber unas pérdidas de hasta el 35% de los créditos problemáticos concedidos a promotores y constructores, “gracias al cojín guardado durante las buenas épocas (provisiones genéricas requeridas por el Banco de España)”.
     Se puede asumir una caída del 50% de los precios
     Igualmente, si se añade los ingresos futuros (margen de explotación), los fondos propios (capital y reservas) y la venta de los solares y los pisos que han entrado en el balance de los bancos y cajas, el conjunto de las entidades financieras podría absorber una caída de los precios inmobiliarios del 50%.
     Así, Mena defiende que las cinco entidades financieras más grandes (Santander, BBVA, la Caixa, Caja Madrid y Banco Popular), que representan casi el 60% del total, podrían absorber las pérdidas de valor de los activos inmobiliarios, aunque “un gran número de entidades financieras entrarían en quiebra si no se hiciera nada”.
     El informe advierte también de que los bancos y cajas financiaron el ‘boom’ inmobiliario con ahorro exterior y, debido a que los mercados mayoristas internacionales están cerrados para la mayoría de las entidades financieras, muchos “no podrán retornar este dinero en los próximos meses”.
     El 19,1% de los créditos hipotecarios financió más del 80% del valor tasado de la vivienda
     Además, el deterioro por la crisis de Grecia y la degradación de ‘rating’ de España “dificulta y encarece” éste recurso tanto a los bancos como a las demás empresas, indica el informe, que subraya que también el recurso de la ‘barra libre’ de liquidez abundante y barata del Banco Central Europeo (BCE) “se ha acabado”, según el Esade.
     Por otra parte, considera que “la guerra” para captar el ahorro familiar ha estallado con ofertas de tipo de interés del 4% para nuevos depósitos por parte de las grandes entidades, aunque éstas “no pueden ser replicadas por muchas cajas de ahorros”.
     Respecto a la nueva normativa internacional que pondrá a finales de 2012 unos requerimientos de capital más elevados y restrictivos, cree que en estos momentos la mayoría de cajas y bancos españoles “no cumplen” con ellos, por lo que deberán “espabilarse y levantar más recursos propios”, cuando han vendido la mayor parte de participaciones industriales y hasta oficinas y “no quedan grandes plusvalías que realizar”.
     Menos de 20 cajas, tras el FROB
     Sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) lanzado por Banco de España para recapitalizar las entidades financieras que no pueden resistir, señala que la mejora de la eficiencia obligará a “reducir drásticamente los servicios centrales, la red de oficinas y la plantilla”, por lo que el número de cajas de ahorros puede pasar a menos de 20 entidades.
     Además, advierte que el futuro de las entidades medianas y pequeñas “está comprometido” debido a la reforma de la Ley de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) y de las fusiones impulsadas desde el FROB, ya que “la supervivencia obligará a perder vínculos con el territorio cercano y a cambios en la Obra Social”.
     El estudio también señala que el 19,1% de los créditos hipotecarios financió más del 80% del valor tasado de la vivienda. Muchos jóvenes e inmigrantes hipotecados deben más de lo que tienen o tendrán, por lo que con un paro superior al 20% y el agotamiento progresivo de la cobertura de subsidio, “se disparará la morosidad”.

     Firma del SIP
     La unión liderada por Caja Madrid y Bancaja estudia reducir en un 13% la plantilla total del grupo resultante e intentar hacerlo a través de prejubilaciones, lo que afectará a unos 3.400 empleados de casi 26.000, según fuentes financieras conocedoras de la operación.
     Ep - Madrid - 15/06/2010
     La nueva sociedad, que nacerá de la alianza bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) entre las dos grandes cajas con la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las de Ávila, Segovia y Rioja, tiene previsto también reducir el número de sucursales en algo más de 500, lo que viene a ser el 12% de su red total.
     Las mismas fuentes explicaron que el ajuste, tanto en el número de oficinas como en la plantilla, afectará principalmente a Caja Madrid y Bancaja, por las dimensiones de ambas entidades.
     Firma del protocolo de integración
     Caja Madrid, Bancaja, La Caja Insular de Canarias, Caixa Laietana, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja firmaron hoy el protocolo de constitución del Sistema de Protección Institucional (SIP) en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
     A la firma acudieron el presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato; el presidente de Bancaja, José Luis Olivas Martínez; el presidente de La Caja Insular de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero; su homólogo de Caixa Laietana, Jaume Boter de Palau; el presidente de Caja Avila, Agustín González González; así como el de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos y el presidente de Caja Rioja, Fernando Beltrán Aparicio.
     Los máximos representantes de las entidades financieras mostraron “su satisfacción” por el inicio de esta alianza estratégica, que les consolida como la primera caja de ahorros de España, con unos activos de 340.000 millones de euros, y les convierte en la primera entidad de banca comercial y de empresas en el mercado nacional por volumen de negocio, informó Caja Madrid en un comunicado.
     Esta unión vía SIP permitirá al grupo establecer sinergias y reforzar la liquidez y solvencia, así como ampliar la cobertura geográfica para dar mejor servicio a familias y empresas.
     El nuevo grupo, que ha solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 4.456 millones de euros, envió ayer al Banco de España la documentación para su aprobación. Posteriormente, serán las Asambleas correspondientes de cada entidad las que tendrán que dar su aprobación definitiva.

     Compraventas - Comercializa más de 500 entre enero y mayo

     En lo que va de año ha ingreso 120 millones de euros tras vender medio millar
     Desde mayo de 2009 acumula 5.400 operaciones, entre ventas y alquileres
     Afirma que continuará con campañas tras la fusión con C. Tarragona y Manresa
     Europa Press | Barcelona – El Mundo - 14/06/2010
     Caixa Catalunya ingresó 120 millones de euros hasta mayo con la venta de más de 500 inmuebles, y ha obtenido una “importante rentabilidad” alquilando otros 730 en los cinco primeros meses del año, informó la caja de ahorros.
     En un año, desde que lanzó el ‘pack oportunidad vivienda’ en mayo de 2009, la entidad ha acumulado 5.400 pisos vendidos (1.650) o alquilados (3.750), de los que más de 1.200 corresponden al periodo enero-mayo de este año.
     Desde que puso en marcha el plan de venta de inmuebles, Caixa Catalunya ha obtenido ingresos de casi 390 millones de euros tan solo con la venta de inmuebles a particulares.
     Además, ha captado 245 millones más derivados de las ventas a inversores tanto de oficinas -bajo la fórmula ’sale and lease back’- como de edificios singulares. Un informe de la caja catalana publicado en mayo estimaba que el ajuste inmobiliario se completará en 2010.
     La nueva entidad resultante de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa dará continuidad al proyecto lanzado por la entidad presidida por Narcís Serra, “dados los buenos resultados obtenidos”.

     Por abaratar el despido

     Los sindicatos convocarán la protesta para septiembre u octubre por razones operativas

     EP – Información.es CC.OO y UGT convocarán “casi con toda probabilidad” la huelga general para después del verano, “en los meses de septiembre u octubre”, siendo el 29 de septiembre una de las fechas que se barajan al coincidir con las movilizaciones que ese día llevará a cabo en diversos países la Confederación Europa de Sindicatos (CES), informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

     “Preparar una huelga general exige entre 20 días y un mes”, indicaron las mismas fuentes, que pusieron como ejemplo la última vez que se convocó un paro general en España, el 20 de junio de 2002, durante el Gobierno de José María Aznar. Entonces, dijeron, ya se habló de la huelga casi dos meses antes, en el 1º de mayo de aquel año.

     Así pues, los sindicatos creen que la preparación de la huelga “va a ser dura” puesto que “va a tener contraprogramadores”. De hecho, señalaron que el Gobierno ha retrasado los plazos de aprobación de la reforma laboral “de forma consciente” para agotar su turno de Presidencia en la UE y evitar que el conflicto social estallase antes de abandonarlo.

     “Han retrasado el calendario”, indicaron, para añadir que, en este contexto, daría tiempo legalmente a celebrar la huelga general en junio, pero que en la práctica “los procesos exigen más detalle”.

     A caballo entre septiembre y octubre se encuentra el 29 de septiembre, que “es una fecha probable” para celebrar la huelga general, puesto que coincide con las movilizaciones previstas a nivel europeo por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

     Según explicaron desde el entorno de los sindicatos, es posible que estas movilizaciones desemboquen en un paro general en países como Italia o Francia, con lo que el movimiento sindical podría seguir estos pasos en España.

     Además, desde el PSOE no se descarta tramitar como proyecto de ley la reforma del mercado laboral con el fin de lograr el consenso más amplio posible. Ello permitiría colocar la huelga general en pleno debate parlamentario de la reforma.

     Sin embargo, habrá que esperar a mañana para saber si finalmente ésta es la fecha elegida, una vez que la anuncien los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, tras la reunión de las comisiones ejecutivas confederales de ambas centrales sindicales.

     Al parecer, los sindicatos creen que el 29 de septiembre tiene el inconveniente de ser un miércoles, que “no es el mejor día” para convocar este tipo de paros, mientras que lo ideal sería un martes o un jueves, días en los que “tienen un poco más de impacto”.

     Lo que está claro es que habrá huelga general en protesta por el decreto de reforma laboral que el Gobierno aprobará el próximo miércoles, día 16 de junio, como adelantó hoy el portavoz de CC.OO., Fernando Lezcano, quien instó a esperar a mañana para saber, entre otras cosas, el “recorrido” que se seguirá para prepararla.

     Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, aunque se limitó a decir que “estamos cerca de la huelga general”, también señaló que el “compromiso” de los sindicatos es que la huelga general sea “masiva”, a lo que añadió que, con este fin, se trabajará en los centros de trabajo mediante “un proceso ascendente de movilización y de vinculación con los trabajadores”.

     Reforma laboral
     Ocaña desmiente que España vaya acudir al fondo de rescate europeo y apremia a concretar las medidas
     14/06/2010 - Santander / F.S.Jiménez – Finanzas.com
     El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirma que el Gobierno aprobará el próximo miércoles en el consejo de ministros una reforma laboral que abarate el despido pero desmiente que se utilizará fondos públicos para completar las indemnizaciones. Ocaña apunta a que el Ejecutivo trabaja para que las empresas creen un seguro que cubra parte de los costes laborales del despido.
     El próximo miércoles el Gobierno en Consejo de Ministros aprobará a través de decreto ley la reforma laboral. Tras la ruptura de las negociaciones con sindicatos y empresarios, se había especulado con la posibilidad de que el Ejecutivo hubiera propuesto abaratar el despido sin que suponga un recorte en la indemnización para el trabajador.

     La propuesta que se manejaba es que el Estado cubriera parte del coste con fondos públicos. Carlos Ocaña, secretario de Hacienda ha desmentido que el Gobierno vaya a hacerse cargo de una parte de la indemnización. Ocaña ha explicado que se trabaja para que las empresas formen un seguro o fondo para reducir los costes laborales.

     Ocaña, durante el seminario de la Universidad Menéndez Pelayo ‘Tres décadas de economía española. De la consolidación de la democracia a la crisis actual. Evolución y Perspectivas’, ha desmentido que España esté negociando financiación con las instituciones europeas. De esta manera, ha negado que España vaya a acudir al fondo de rescate europeo a raíz de las informaciones publicadas en varios medios internacionales que afirmaban que se están produciendo conversaciones con la Comisión Europea para activar el fondo.

     En este sentido, Ocaña ha afirmado que el Gobierno está trabajando para que no se produzca esta situación. Los países europeos se encuentran con dificultades de financiación en la deuda pública por el elevado déficit y nivel de endeudamiento. Los mercados están encareciendo los préstamos hasta el punto de que pueda colapsar el sistema.

     Para ello, El Ejecutivo ha adoptado medidas para ajustar el gasto público y ha emprendido las reformas del mercado laboral y del sistema financiero para convencer a los inversores de que invertir en España es seguro. “Necesitamos que abran los mercados con lo que es necesario que concretemos las  medidas adoptadas”. Los esfuerzos se están centrando en recortar los gastos y por ahora el Gobierno no estudia nuevas medidas en la partida de ingresos, así Ocaña descarta que se anuncien nuevas subidas de impuestos.

     Sobre la reforma laboral, el secretario de Hacienda considera que las tasas de paro del 20% son insostenibles económica y socialmente. El objetivo del decreto que se aprobará en dos días será aumentar la flexibilidad del mercado y rebajar los costes laborales, según Ocaña. El texto contendrá propuestas para reducir la dualidad entre los trabajadores fijos y temporales; así como, revisar las bonificaciones de las bonificaciones, abrir la negociación colectiva y aumentar la flexibilidad dentro de las empresas.

     En cuanto a los últimos movimientos de unión de las cajas de ahorro, Ocaña se ha mostrado satisfecho con que el Gobierno pusiera una fecha límite para que las entidades puedan acogerse al FROB. Para el secretario ha sido un acierto porque las cajas se han apresurado a impulsar las integraciones. Además, ha recordado que el Gobierno sigue con el compromiso de que la Ley de cajas que regulará los órganos de gobierno de las cajas estará lista antes del final del verano.

     “El objetivo de las reformas es recuperar competitividad que ha perdido nivel en estos años por la crisis económica. Antes se hacía devaluando la divisa, y ahora también pero indirectamente. Con estas reformas se reduce precios y bajan salarios, aumentando la productividad. Esto exige un Estado que gaste menos y un mercado laboral eficiente para recuperar la senda del crecimiento”, ha concluido Ocaña.

     Instituto Nacional de Estadística

     Abril 2010. Datos provisionales
     El número de fincas transmitidas en abril aumenta un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior
     Las compraventas de viviendas aumentan en un 17,6% en tasa interanual
     El número de fincas transmitidas en el mes de abril es de 149.739, un 4,5% más que en el mismo mes de 2009 y un 11,2% menos que en marzo de 2010.
     En el caso de las compraventas de fincas, el número de transmisiones es de 73.879, lo que supone un aumento interanual del 7,7% y un descenso del 10,6% respecto al mes precedente.

     Pulsando aquí enlace al Instituto Nacional de Estadística

     La titular de Vivienda analiza el incremento interanual de las compraventas en abril como un indicador de que el sector “mes a mes parece asentarse en una fase de mayor estabilidad”
     Santander, 14 de junio de 2010-  La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor,   ha asegurado que “el futuro de nuestras áreas urbanas no puede basarse en su crecimiento ilimitado sino en una intervención sobre la ciudad existente que integre las políticas urbanas en un marco de sostenibilidad energética, medioambiental, económica y social y que, al mismo tiempo, contribuya a la recuperación y generación de empleo de calidad y a la cohesión social”.
     La ministra ha inaugurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el seminario La práctica de la regeneración urbana en España. Hacia un nuevo modelo de desarrollo urbano, organizado por la Entidad Estatal de Suelo, SEPES, dependiente del Ministerio de Vivienda.
     La ministra ha explicado que la reflexión sobre el modelo de ciudad se produce en un momento en el que “el sector inmobiliario residencial está superando una parte importante del duro ajuste que ha vivido en los últimos años y ahora, mes a mes, parece asentarse en una fase de mayor estabilidad”. En este sentido, se ha referido al incremento interanual de las compraventas en abril “por cuarto mes consecutivo, es decir, que la tendencia de este indicador durante todo este 2010 está siendo positiva”, ha concluido.
     Corredor ha dicho que esta mayor estabilidad permite abordar con más sosiego la reflexión sobre el fututo de nuestras ciudades y de la construcción residencial.
     Ha subrayado que gran parte del desarrollo urbano de los años precedentes se llevó a cabo extendiendo la urbanización a miles de hectáreas. “Nunca antes se había urbanizado tanto suelo ni construido tantas viviendas y paralelamente, en muchos casos, se produjo una degradación de la ciudad consolidada y un deterioro de la cohesión social que afectan especialmente a los cascos antiguos pero también a conjuntos residenciales más modernos, de los años cincuenta y sesenta”.
     “Ante esta situación –ha explicado-, el Ministerio está impulsando una nueva forma de hacer ciudad más intensiva y sostenible, donde la exigencia de alcanzar niveles óptimos de eficiencia energética sea coherente con la necesidad de recuperar entornos degradados, actuando sobre el parque de viviendas existentes. Para lograrlo, hemos basado nuestra actuación en la regeneración urbana y la rehabilitación de viviendas”.
     Crecimiento sólido y equilibrado
     Corredor ha subrayado que “durante los años de bonanza vivimos por encima de nuestras posibilidades y la evolución del sector no siempre fue pareja a las necesidades reales del país”. Ha recordado que en un solo año se llegaron a iniciar más de 700.000 viviendas cuando la demanda de nuevos hogares rondaba las 350.000.
     “El Gobierno considera que el sector de la construcción debe seguir desempeñando un papel relevante pero hay que evitar los desequilibrios perjudiciales del pasado. El sector debe reorientarse, y lo está haciendo, hacía nuevos ámbitos de actividad que generen empleo estable y contribuyan a incrementar nuestra competitividad y productividad. Uno de esos ámbitos es el de la rehabilitación y regeneración urbana”, ha asegurado.
     La ministra ha concluido diciendo que “estamos sentando las bases para un crecimiento más sólido y equilibrado de la economía y eso pasa también por la reducción del déficit público, como el resto de la eurozona, y por abordar reformas como la del mercado laborar para facilitar la creación de empleo y, sobre todo, empleo de calidad”.
     Corredor ha asegurado que los cambios que va a introducir el Gobierno “sustanciales y de larga duración” persiguen acabar con la dualidad de nuestro mercado de trabajo  y hacer de la contratación indefinida la norma. Para conseguirlo “no hemos ahorrado esfuerzos de diálogo con los agentes sociales, y tampoco vamos a escatimarlos con las fuerzas políticas. Esperemos que los partidos estén a la altura de las circunstancias”.

     12-06-2010 ,  Expansión
     Se avecina una batalla fiscal entre regiones y cada una de las huestes se pertrecha. La situación de déficit asfixiante que padecen las autonomías y el margen dado en la revisión del modelo de financiación marcan el terreno de la contienda. Tras los anuncios de diversos barones del PSOE, que han aprobado fuertes subidas impositivas dentro de su ámbito de decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, movió ayer ficha.
     Aseguró que ninguna comunidad gobernada por su partido subirá los impuestos “en los próximos tiempos”. De las medidas aprobadas por Andalucía, Extremadura, Cataluña o Asturias, dijo que son “malas para la economía y para la creación de empleo”.
     En la inauguración de la convención del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Rajoy siguió el criterio que ya habían tomado alguno de sus barones regionales, como es el caso de Esperanza Aguirre o Alberto Núñez-Feijóo. De hecho, el líder gallego anunció el pasado jueves una serie de rebajas tributarias encaminadas a reactivar el mercado de la vivienda.
Rajoy insistió en su alocución de ayer en que las regiones populares no seguirán la línea de “la lluvia de impuestos” en varias autonomías, en lo que define como “un golpe de gracia a las clases medias”. A este golpe añadió la inminente subida del IVA y de la tarifa de la luz, así como la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que “genera una enorme desconfianza en los ciudadanos”.
     Precariedad
     “Subir los impuestos como hacen ahora los socialistas es malo para el crecimiento económico y para la creación de empleo”, apostilló tras denunciar “la situación muy preocupante” que está provocando el Gobierno con sus medidas. Y en vez de poner soluciones, ha insistido Rajoy, “a las comunidades del PSOE no se les ocurre otra cosa que proceder a una subida de impuestos que ponen en situación precaria a muchos ciudadanos”.
     Para el líder de los populares, su partido tiene una política económica distinta, y una muestra de ello, en su opinión, es que las comunidades autónomas que gobierna su partido (Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Murcia) no subirán los impuestos.
     Estas declaraciones se producen en un momento que la indignación con algunos líderes autonómicos va en aumento. De momento, los presidentes socialistas tanto de Castilla-La Mancha como de Aragón se han apresurado a desmarcarse de la subida general auspiciada por Fernández Vara y Griñán.
     Andalucía se defiende
     El mismo Griñán, tuvo ayer que salir al paso y asegurar que su subida fiscal “no tiene letra pequeña” y sólo afecta a las rentas superiores a los 80.000 euros anuales. La polémica se suscitó a raíz de un documento distribuido el pasado jueves por la Consejería de Hacienda con medidas fiscales no detalladas por Griñán como la eliminación de la deducción autonómica al alquiler de vivienda habitual.

     Las entidades de Francia y Alemania son las que más dinero han prestado
     Alicia González - Madrid - 13/06/2010 - El País
     El nerviosismo de los mercados ante las dificultades por las que atraviesa la economía española resulta comprensible.  La exposición de la banca de la eurozona a España ronda los 602.000 millones. Entre Irlanda, Portugal y Grecia, las entidades de la eurozona se juegan 705.000 millones, lo que prueba el enorme riesgo concentrado sólo con España. Esos son los datos del informe trimestral sobre banca y mercados financieros que el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) ha hecho público esta noche.
     Esos 602.000 millones son los préstamos de los bancos de la eurozona tanto para el sector público español como para el privado empresarial y financiero. Esta sería la factura que estaría en juego en el caso de España sufriera serios problemas de solvencia. Por eso, a los países de la eurozona no les interesa que España caiga y presionan para que se adopten medidas con rapidez para tranquilizar a los mercados.
     Los bancos franceses son los que tienen una mayor exposición a España con 205.000 millones, seguidos de los alemanes, con 167.000 millones. A diferencia de lo que sucede con Irlanda, Grecia o Portugal, también tienen una destacada exposición los bancos de Estados Unidos, por una cuantía que ronda los 140.000 millones, por encima de la exposición de la banca británica (115.000 millones). En sentido contrario, las entidades españolas tienen concentrada su mayor exposición en Portugal, con 110.000 millones y casi dos tercios de ellos, en el sector privado no financiero.
     Dentro de España, los países del euro tampoco han dirigido sus fondos a los mismos sectores. Así, la banca francesa ha apostado principalmente por el sector privado empresarial (80.000 millones de dólares) mientras que casi la mitad de la exposición de la banca alemana se concentra en el sector bancario (unos 90.000 millones).

    Suponga que todos los días 10 hombres se reúnen en un bar para charlar y beber cerveza. La cuenta total de los diez hombres es de 100 euros.
     Si ellos pagasen la cuenta de la manera proporcional en que se pagan los impuestos en la sociedad de un país, la cosa sería más o menos así, de acuerdo con la escala de riqueza e ingresos de cada uno:
     Los primeros 4 hombres (los más pobres) no pagan nada.

     El 5º paga 1 euro.

     El 6º paga 3 euros.

     El 7º paga 7 euros.

     El 8º paga 12 euros.

     El 9º paga 18 euros.

     El 10º (el más rico) paga 59 euros.

     Entonces, eso es lo que decidieron que harían en adelante, todos se divertían, y estaban de acuerdo con el acuerdo entre ellos. Hasta que un día, el dueño del bar les metió en un problema: “Ya que ustedes son tan buenos clientes,” les dijo, “Les voy a reducir el coste de sus cervezas diarias en 20 euros. Las cañas desde ahora costarán 80 euros.”
     El grupo quiso, sin embargo, seguir pagando la cuenta en la misma proporción que lo hacían antes, de modo que los cuatro primeros siguieron bebiendo gratis. La rebaja no les afectaba en absoluto.
     ¿Pero qué pasa con los otros seis bebedores, los que realmente pagan la cuenta? ¿Cómo debía dividir los 20 euros de rebaja de manera que cada uno recibiese una porción justa?

     Calcularon que los 20 euros divididos en 6 eran 3,33 euros. Pero si restaban eso de la porción de cada uno, entonces el 5º y 6º hombre estarían cobrando para beber, ya que el 5º pagaba antes 1 euro y el 6º 3 euros. Entonces el barman sugirió que sería justo reducir la cuenta de cada uno aproximadamente en la misma proporción, y procedió a calcular la cantidad que cada uno debería pagar:
     El 5º bebedor, lo mismo que los cuatro primeros, no pagaría nada (100% de ahorro).

     El 6º pagaría ahora 2 euros en lugar de 3 euros. (se ahorra 33%)

     El 7º pagaría 5 euros en lugar de 7 euros. (se ahorra 28%).

     El 8º pagaría 9 euros en lugar de 12 euros. (se ahorra 25%).

     El 9º pagaría 14 euros en lugar de 18 euros. (se ahorra 22%).

     El 10º pagaría 49 euros en lugar de 59 euros (se ahorra 16%).

     Cada uno de los seis pagadores estaba ahora en una situación mejor que antes.
     Y los primeros cuatros bebedores seguirían bebiendo gratis, y un quinto también.
     Pero, una vez fuera del bar, comenzaron a comparar lo que estaban ahorrando.

     “Yo sólo recibí un peso de los 20 euros ahorrados,” dijo el 6º hombre. Señaló al 10º bebedor y dijo: “Pero él recibió 10 euros!”

     “Sí, es correcto,” dijo el 5º hombre. “Yo también sólo ahorré 1 euro. Es injusto que él reciba diez veces más que yo.”

     Verdad!!,” , exclamó el 7º hombre. “¿Por qué recibe él 10 euros de rebaja cuando yo recibo nada más que 2 euros? Los ricos siempre reciben los mayores beneficios!”

     “Un momento!”, gritaron los cuatro primeros al mismo tiempo. “Nosotros no hemos recibido nada de nada. El sistema explota a los pobres!”

     Los nueve hombres rodearon al 10º y le dieron una paliza.

     La noche siguiente el 10º hombre no acudió a beber, de modo que los nueve se sentaron y bebieron sus cervezas sin él. Pero a la hora de pagar la cuenta descubrieron algo inquietante:

     Entre todos ellos no juntaban el dinero para pagar ni siquiera LA MITAD de la cuenta.

     Y así es, amigos y amigas, periodistas y profesores universitarios, gremialistas y asalariados, profesionales y gente de la calle, la manera en que funciona el sistema de impuestos. La gente que paga los impuestos más altos son los que se benefician más de una reducción de impuestos.
     Póngales impuestos muy altos, atáquenlos por ser ricos, y lo más probable es que no aparezcan nunca más. De hecho, es casi seguro que comenzarán a beber en algún bar en el extranjero donde la atmósfera es algo más amigable.

     Moraleja: “El problema con ciertos sistemas es que eventualmente uno termina quedándose sin el dinero de la otra gente.”

     Para quienes comprenden, no es necesaria una explicación.

     Los jueces rechazan la bajada del salario, que será de 300 euros al mes
     El recorte del 10% será también para los togados en prácticas que son mileuristas.Aseguran que la medida es arbitraria y afecta a la garantía de independencia.
     12/06/2010 Yolanda Tena Sola-Vera  Mediterráneo. Castellón
     Los representantes y miembros de las asociaciones judiciales en Castellón (Francisco de Vitoria  Don Carlos Domínguez–, y Jueces por la Democracia Don José Manuel Marco–), así como el decano, José Luis Conde-Pumpido, mostraron su rechazo a la medida prevista por el Gobierno central de reducir su salario un 10%, lo que les equipara con los altos cargos.
     Los profesionales consideran que van a recurrir el decreto previsto por el Gobierno porque creen que es “arbitrario, desproporcionado y discriminatorio” con respecto a otros funcionarios de su mismo nivel retributivo, que solo verán menguados sus ingresos, de media, en un 5%. Es el caso, según los juristas consultados, de los registradores, notarios o abogados del Estado, que tienen puestos equivalentes y para los que el Gobierno prevé recortes más bajos. Asimismo, recuerdan que no forman parte de la Administración: “Nosotros somos servidores públicos que hemos superado un examen”.
     Según estimaciones de las asociaciones, el plan supondrá una bajada del 7,86% sobre el sueldo de los magistrados –en torno a 300 euros de media al mes– y de algo menos, un 7,36%, para los jueces (200 euros). Además, critican que el recorte del 10% se aplique también a los jueces en prácticas que son mileuristas.
     En general, achacan esta decisión a la “improvisación”. Por este motivo, y porque consideran que “hay fallos en el decreto”, ya anuncian que van a recurrir. Los profesionales entienden que no se ha seguido el trámite legal y reglamentario para reducir sus salarios puesto que ellos, al contrario de otro tipo de funcionario, gozan de independencia económica y tienen su propia ley de retribuciones. Y ya estudian si modificar sus emolumentos con decreto es inconstitucional.
     Se añade además una cuestión judicial. Y es que tendrían que ser jueces los que resolvieran el recurso con lo que tendrán que abstenerse. De ahí que creen que, al final, “sea el Constitucional quien decida sobre su situación”. “Nuestra protesta no es porque nos bajen el sueldo, sino porque este es esencial para un adecuado ejercicio de nuestra función la independencia económica”. Y consideran que sus salarios “deben estar al margen de los vaivenes político económicos, porque precisamente es una de las garantías de la independencia judicial”.

     12-06-2010 ,  J. M. Lamet  - Expansión
     La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P) se está convirtiendo en uno de los peores enemigos del optimismo económico del Gobierno.
     A las dos bajadas de la calificación soberana de España que ha firmado la compañía estadounidense (desde AAA a AA) se suma ahora un varapalo a todas y cada una de las principales previsiones que conforman la ruta de salida de la crisis que ha trazado el Ejecutivo.
     Las estimaciones macroeconómicas de S&P son radicalmente diferentes de las que ha elaborado el Ministerio de Economía como esqueleto del plan de estabilidad de las cuentas públicas, mediante el cual España debería reducir el déficit al 3% antes de finalizar 2013. La estimación de crecimiento que hace S&P llega a ser no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces peor que la del Ejecutivo, según el informe Escenarios de Estrés: Grecia, Portugal y España de la agencia calificadora, al que ha tenido acceso Expansión.
     S&P disminuye su previsión de crecimiento del PIB en 2011 desde el 0,8% al 0,3%. El avance del 1,3% que prevé el Ministerio de Economía y Hacienda es más del cuádruple. La agencia cree que su nueva predicción “refleja el impacto estimado [en el PIB] de los recortes del gasto anunciados”. Desde 2012 hasta 2016 –último año examinado por S&P– el PIB se mantendría en el tope del 1%. Mientras, el Ejecutivo espera un 2,5% en 2012 y un 2,7% en 2013. El doble de optimista.
     Creación de empleo
     La estimación de PIB de la agencia de riesgo comporta otra dura realidad: al menos hasta 2017 el país no crearía empleo neto, ya que la economía española necesita avanzar al menos un 1,4% para generar puestos de trabajo. Sin embargo, Salgado ya prevé que en 2011 la creación de empleo sea del 0,3% (y del 1,7% y el 1,8% en los dos años siguientes, respectivamente).
     En cuanto al déficit, si el Ejecutivo apuesta por reducirlo del 11,2% de 2009 hasta el 3% en 2013 –como exige Bruselas–, los analistas de Standard & Poor’s lo ven en el 4,9% en ese mismo año. Y no calculan que España baje del 3% hasta 2016 (2,2%).
     Deuda pública
     Tampoco hay tregua en la deuda pública, el principal foco al que afectan las calificaciones de Standard & Poor’s. Según la compañía, la ratio de deuda sobre PIB de España alcanzará el 81,8% en 2013, cuando Zapatero y Salgado la sitúan en el 74,1%. Es decir, S&P cree que la diferencia será de más de 77.000 millones de euros de deuda. Y seguirá subiendo, hasta pesar el 86,3% del PIB en 2016, según la agencia de rátings.
     Y ése es el escenario base. Hay dos aún peores, en los que S&P somete a España a sendos niveles de “estrés económico”. En el escenario de “estrés sencillo”, la deuda alcanzaría el 104% del PIB, por ejemplo. Y en el de “estrés doble” el PIB caería un 2,7% en 2011, no se cumpliría ni siquiera en 2016 con el protocolo de déficit excesivo y la ratio de endeudamiento bruto soberano superaría el 124% del PIB. Ambos escenarios acercarían a España a pedir un rescate de los socios de la eurozona.
     ¿Rescate a España? “No”
     Precisamente ese rumor es el que había corrido a toda velocidad por los mercados. Pero la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en que es “rotundamente falso” que España vaya a recurrir a la ayuda de emergencia de sus socios europeos, en referencia a la información publicada por Financial Times Deutschland en la que se afirma que los países de la UE se preparan para que, después de Grecia, sea España la que se vea forzada a recurrir al fondo de estabilización del euro, dotado con 750.000 millones de euros. Por su parte, la Comisión Europea afirmó que no tiene conocimiento de que España vaya a pedir que se active el fondo y resaltó que estas especulaciones “no tienen razón de ser”.
      El paro sigue siendo la mayor preocupación
     El paro sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos españoles, al ser citado como principal problema por el 79,9% de los encuestados en el último barómetro del CIS, que también detecta una subida del 4,1% en las menciones a los problemas económicos, figurando como segunda inquietud ciudadana, informó Efe. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado a 2.483 personas del 4 al 13 de mayo, en una semana muy adversa para las bolsas y cuando el Gobierno anunció su plan de ajuste en el Congreso, sitúa los problemas económicos en segundo puesto de las preocupaciones, con el 50,9%, la cifra más alta en un año.
     La estimación de PIB de la agencia implica que España no crearía empleo neto hasta, al menos, 2017
     Suben en casi dos puntos las personas que creen que la situación económica general de España es “mala” o “muy mala” (el 76,1% piensa así) y en similar proporción los que vaticinan que dentro de un año será todavía peor, al pasar de un 26,9% de pesimistas en abril al 28,8% del último barómetro. Con todo, el aumento en la preocupación de los españoles por el desempleo ha sido sólo de dos décimas, ya que en el anterior estudio del CIS se situaba en el 79,7% y ahora pasa al 79,9%, sin superar la marca de la década a la que se llegó en febrero, con el 82,9%.
     Al mismo tiempo, se consolida la tendencia a la baja del terrorismo, al situarse en porcentajes inéditos en los últimos 15 años, en concreto del 9,2%, en sexta posición.
     Tras los asuntos económicos, el tercer problema para los españoles sigue siendo la clase dirigente y los partidos políticos, citados por el 18,8%, seis décimas menos que el mes anterior, (el 61,6% cree que la situación política es “mala” o “muy mala”), y en cuarto lugar está la inmigración, con un 14,1%, ligeramente superior al 13,3% de abril.
     En quinto puesto queda la inseguridad ciudadana, que aumenta cuatro décimas hasta el 9,7%. Preguntados por los problemas que más les afectan personalmente, los encuestados siguen mencionando el paro como el mayor de todos (41,5%), la economía (37,8%) y la vivienda (7,9%).
     Tres escenarios
     1. “Escenario base”: el crecimiento del PIB será de sólo el 0,3% en 2011, y no superará el 1% hasta, al menos, 2017. El déficit no bajaría del 3% hasta 2016.
     2. “Estrés sencillo”: la deuda pública en circulación equivaldría al 104% del PIB. En 2013 el déficit sería del 5,6%. El PIB subiría sólo un 0,5% en 2012.
     3. “Estrés doble”: el déficit sería del 6,4% en 2013, duplicando las exigencias de Bruselas. La ratio deuda/PIB sería del 124%. Tres años de recesión.

     La operación podría producirse con una absorción en la que la entidad catalana engulliría a la vasca
     Lluis Pellicer / Cristina Delgado - Barcelona - 10/06/2010
 
     Banco Sabadell y Banco Guipuzcoano están negociando la fusión de las dos entidades bancarias. Según informaron este jueves fuentes financieras, ambas entidades han mantenido conversaciones y ahora están estudiando la viabilidad de la operación, por lo que aún no hay nada cerrado. Sin embargo, el Banco Guipuzcoano debatió ya sobre esta posibilidad.
     Las fuentes consultadas afirman que la operación podría producirse con una absorción en la que el banco que preside Josep Oliu engulliría al Guipuzcoano, que tiene unos activos ocho veces inferiores a los de la entidad catalana. Estas fuentes agregaron, además, que la unión se realizaría mediante un intercambio de acciones. De producirse, se trataría de la primera fusión bancaria en esta crisis.
     La fusión permitiría al Sabadell hacerse un hueco en el mercado vasco, donde su presencia es escasa, a través de un banco que cuyo balance no presenta demasiados problemas pero cuya principal dificultad en esta crisis es su reducido tamaño. Banco Guipuzcoano tiene unos activos de 10.396 millones de euros, mientras que los del Sabadell ascienden a más de 82.000 millones.
     Ambas entidades, además, se conocen, puesto que Banco Sabadell ya tuvo una participación del 10,12% en el Guipuzcoano en 2000. La entidad catalana acabó vendiendo ese paquete a BBK. La eventual fusión, además, contaría con el beneplácito del Banco de España.
     Banco Sabadell tiene en la actualidad 1.180 oficinas, mientras que el Guipuzcoano cuenta con 250. El banco catalán obtuvo un beneficio de 108,38 millones de euros en el primer trimestre, mientras que el Guipuzcoano cerró ese periodo con un beneficio de 11,4 millones.

     La Dirección General de Registros y Notariado prevé regularlo
     Lola Fernández - Madrid - 11/06/2010 – Cinco Días
     La directora general de Registros y Notariado, María Ángeles Alcalá, adelantó ayer a CincoDías que la nueva normativa que regulará el acceso telemático de los notarios al contenido de los libros registrales saldrá con toda probabilidad antes del verano y supondrá un profundo cambio para las relaciones de ambos colectivos y para la ciudadanía.
     El decano del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, señaló que, incluso, confía en que esté resuelto este asunto en pocos días: “Espero que este mismo mes se fije la nueva instrucción”. El Colegio de Registradores había previsto una reunión para el próximo lunes con la Dirección General de Registros y Notariado, pero finalmente ha quedado aplazada con objeto de poder abordar más profundamente la instrucción. “Primero serán los notarios, luego la judicatura y las administraciones públicas, para acabar facilitando el acceso en tiempo real a este servicio a los mismos ciudadanos y a quienes tengan interés, porque también hay que cuidar el problema de la política de protección de datos y la privacidad” ha explicado Candau.
     Actualmente, los registradores son quienes deciden caso por caso quien tiene interés legítimo para solicitar la información. “Con los notarios lo que haremos es que la primera vez la vamos a valorar para luego poner a su disposición esa información online”, ha aclarado el decano de los registradores.
     La nueva instrucción se adopta meses después de que el Consejo General del Notariado presentara varias denuncias contra los registradores acusándoles de impedirles la consulta telemática (los registradores ofrecen la información a los notarios actualmente por vía fax). Los registradores se defendieron argumentando que dicho acceso estaba sujeto a una serie de desarrollos normativos y a la aprobación de un modelo informático de consulta por parte de la Dirección General de los Registradores y Notariado.
     Alfonso Candau también respondió a preguntas sobre la evolución del registro mercantil. “Hemos detectado un aumento muy importante de empresas que presentan concursos de acreedores. En el Juzgado de lo Mercantil se ha duplicado, e incluso, triplicado los expedientes desde que se creó, que era un momento de bonanza económica”. A pesar de esto, el presidente de los registradores confirma que se siguen creando empresas, “lo cual no quiere decir que se cree empleo”.