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Archivo de julio de 2010

Cataluña aplaza pagos comprometidos por las dificultades para emitir deuda

Sábado, 31 de julio de 2010

Jordi Sacristán – 30/07/2010 El Economista
La Generalitat de Cataluña tiene problemas de tesorería para hacer frente a sus pagos comprometidos. El síntoma más evidente de esta situación son los retrasos constantes que tiene el departamento de Sanidad en el pago de las facturas a los centros hospitalarios concertados y cuyo importe asciende a unos 600 millones de euros.
De estos 600 millones, 440 corresponde al abono de facturas por prestación de servicios de hospitales concertados. Desde el pasado mes de abril, estas facturas han sufrido retrasos en los pagos. Además de las facturas, Sanidad también aporta otros 170 millones de euros mensuales en concepto de complementos salariales al personal sanitario.
En una reunión celebrada el pasado miércoles, la Generalitat también anunció el aplazamiento a 60 días de los pagos. Hasta ahora el abono se hacía con un plazo de 30 días. Esta medida puede generar un profundo malestar entre los profesionales del sector aunque los hospitales tienen la obligación legal de hacer frente al pago de las nóminas.
Desde abril
Las dificultades de financiación de la administración catalana se arrastran desde abril. En esas fechas y ante las dificultades que ya existían en los mercados financieros occidentales, el consejero de Economía catalán, Antoni Castells, emprendió una gira por Japón para tantear una emisión de bonos samurai (títulos emitidos en yenes por una entidad extranjera).
No se fijó una cantidad al tratarse ésta de una decisión inmediatamente anterior a la emisión. La operación, prevista para unas semanas después, no se ha llevado a cabo debido a que la agencia de calificación Fitch rebajó el nivel de la deuda catalana. Además, en aquellas fechas, la Unión Europea obligó al Gobierno español a aplicar un severo plan de ajuste para garantizar su solvencia.
En los tres primeros meses de 2010, Cataluña había conseguido colocar hasta 2.150 millones de euros en bonos. Lo hizo en las dos primeras operaciones de una serie que a lo largo de todo este año deberían alcanzar los 9.000 millones, cifra necesaria para hacer frente a las necesidades de tesorería. El precio pagado en las emisiones fue de entre el 4,95 y el 3,87%.
Tanteó a los bancos
Ante el cierre de los mercados y para hacer frente a sus pagos, la Generalitat sondeó a las principales entidades bancarias españolas. La intención era firmar un crédito sindicado de 1.000 millones. La mala acogida también ha paralizado esta operación. Según algunas fuentes sólo La Caixa y Caixa Catalunya estaban dispuestas a aportar una parte de ese préstamo.
Para hacer frente a los pagos más inmediatos, a principios de mes el departamento de Economía colocó pagarés por un importe de seis millones, en una subasta ordinaria cuya única adjudicataria fue La Caixa. Cuatro millones de euros se lanzaron a tres meses, con un tipo marginal del 1,41%; un millón de euros más a seis meses a 1,84%, y otro millón a 12 meses al 3,3%

Los portavoces de Vivienda cuestionan el sistema de ejecuciones hipotecarias

Viernes, 30 de julio de 2010

Embargos de casas por impago
Solicitan que el Notariado valore la Ley Hipotecaria ante el Parlamento
Europa Press | Santander | Madrid 28/07/2010 El Mundo
Los diputados portavoces del PSOE, PP y CiU en la Comisión de Vivienda del Congreso han cuestionado el actual sistema de ejecución judicial de las hipotecas en caso de impago. Por ello, han pedido al Consejo General del Notariado que exponga su valoración al respecto ante el Parlamento.
Los responsables de vivienda del PSOE, PP y CiU, Ana Fuentes, Pablo Matos y Pere Macías, respectivamente, han planteado este debate durante el seminario ‘Políticas de Rehabilitación de Viviendas. Problemática jurídica y económica’, que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, organizado por los notarios.
La actual ley permite que el banco se quede con el piso por el 50% de la tasación en caso de subasta desierta
Esta petición parlamentaria se ha producido al hilo del debate generado sobre la actual regulación de la Ley Hipotecaria, que permite que la entidad crediticia se quede, en caso de una subasta desierta, con la propiedad del bien hipotecado por el 50% del valor de tasación, conservando la acción personal contra los demás bienes del deudor, hasta conseguir el pago de la totalidad de la deuda.
Para el Notariado, una posible reforma legal de esta materia debería valorar las consecuencias que tendría sobre las normas contables o de provisión a los bancos, así como calibrar su influencia sobre la seguridad y la estabilidad del mercado hipotecario y, en especial, su incidencia en el sistema financiero.
A favor de la rehabilitación
Por otro lado, los tres portavoces de Vivienda en el Congreso se han mostrado a favor de fomentar la rehabilitación para impulsar la recuperación del sector inmobiliario.
La diputada socialista ha afirmado que “hablar de rehabilitación de viviendas es hacerlo de nueva economía en un país que ya se está adaptando a las nuevas formas de producción”, y ha requirido coordinación entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas para determinar las zonas de actuación preferentes.
PP: La política del Ejecutivo excluye de las ayudas [a la rehabilitación] las reformas de modernización en general
Por su parte, el diputado popular ha reconocido que “no existen diferencias” entre las distintas formaciones políticas sobre “las bondades de la rehabilitación”, pero ha precisado que la política del Ejecutivo favorece de forma clara los proyectos integrales de rehabilitación de barrios y de ciudades, mientras excluye de las ayudas, subvenciones y ventajas fiscales a las reformas de modernización en general.
Por último, el diputado de CiU, ha admitido que “no se ha logrado que triunfe el mercado del alquiler, mientras el mercado de la vivienda sigue sin crecer y la rehabilitación no avanza”, por lo que la clave, en su opinión, pasa por “convencer a familias para que destinen parte de sus gastos a la mejora de su vivienda”.

El ‘martes negro’ de Beatriz Corredor

Viernes, 30 de julio de 2010

‘Bienvenida a la realidad’

Corredor comunicó los recortes en Vivienda en un clima de máxima tensión
ELMUNDO.es ha podido conocer todos los detalles de la reunión con las CCAA
Los consejeros socialistas también rechazaron las medidas tajantemente
Murcia: Su vestido negro refleja, ministra, lo que suponen las medidas que nos acaba de anunciar: ‘la defunción del Ministerio de Vivienda’
Jorge Salido Cobo | Madrid 29/07/2010
La soledad acompañó a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, durante la celebración de la Conferencia Sectorial con los consejeros autonómicos del ramo. ELMUNDO.es ha podido conocer los detalles internos del tenso encuentro, donde Corredor anunció los recortes presupuestarios que realizará su departamento y que levantaron mucho más que ampollas entre los asistentes. Incluso las CCAA socialistas le expresaron su más absoluto rechazo a las medidas que les estaba imponiendo.
“Bienvenida a la realidad, señora ministra”, comenzó su intervención la representante de la Comunidad de Madrid (PP). Poco sorprendida por lo que estaba escuchando, Mariño recordó a Corredor que, como ya le había avisado, “este Plan de Vivienda era irreal” y ahora le estaba dando la razón. En este sentido, los responsables ‘populares’ en bloque pidieron un replanteamiento urgente del documento ya que los ajustes paralizaban ‘ipso facto’ el texto, que perdía toda la validez.
Extremadura (PSOE): ‘Comprendemos la compleja situación económica, pero no compartimos para nada sus propuestas’
Como ya se preveía, la tensión se palpaba en el ambiente, aunque en ningún momento se perdieron las formas en lo que iba a ser el ‘martes negro’ de Corredor. Además de la oposición, la ministra también escuchó reproches desde los sillones socialistas, donde sus ocupantes se mostraban muy incómodos, principalmente desde el extremeño (PSOE). “Comprendemos la compleja situación económica, pero no compartimos para nada sus propuestas”, le dijo el responsable de vivienda de la región presidida por Fernández Vara.
La representante de Andalucía, la conocida Rosa Aguilar (Independiente), acusó a Corredor de “hacer política en negativo sin posibilidad de diálogo previo al anuncio”. Además, la cordobesa le recriminó, muy enfadada, las formas en las que les estaba informado de los importantes ajustes que se iban a llevar a cabo. “Nos cuenta las medidas y sin que podamos opinar se marcha a hablar con la prensa. Eso es todo una falta de respecto institucional”. Además, Corredor respondió en rueda de prensa a una sala plagada de periodistas en prácticas y lidió sin problemas las cuatro preguntas -incluida sobre Tomás Gómez- que permitió.
Asturias (IU) y Cataluña (IpC-IU) recordaron a Corredor que la política fiscal también sirve para combatir el déficit. Se quejaron de que los recortes anunciados perjudicaban principalmente a las políticas de vivienda más progresistas, que son las que realmente están impulsando la VPO y el alquiler, y no protegían el estado de bienestar. La consejera asturiana, además, le comunicó que en su comunidad se continuaría con la ayuda a la compra de vivienda protegida en su tramo autonómico.
La ministra sólo se salió del guión al responder al consejero de Murcia (PP)
A pesar de todos estos reproches, la ministra aguantó el tipo y no perdió las formas. Sólo elevó su tono más de lo normal cuando le tocó el turno al consejero de Murcia (PP). Éste, en referencia a su vestuario negro, afirmó que su ropa representaba lo que suponía las medidas que les estaba anunciando: “la defunción del Ministerio de Vivienda”. Fue entonces cuando Corredor elevó el tono de sus palabras, y saliéndose del guión, respondió que no era creyente y prefería ir al infierno, que era más divertido.
Además de toda esta cascada de críticas desde cualquier rincón de la mesa, Corredor se llevó un susto extra. El cartel de ‘Gobierno de España. Ministerio de Vivienda’ que estaba delante de ella se descolgó y cayó en plena Sectorial. Este incidente, visto por muchos como una señal, alimentó los cuchicheos y risas entre los consejeros. No fueron pocos los que interpretaron este desplome como una metáfora de lo que le podía ocurrir al departamento donde ese encontraban.
En medio de este clima de acusaciones continuas generalizadas, sólo una voz de alzó en defensa de la ministra, más sola que nunca. Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que intervino durante apenas minuto y medio, respaldó la política del Ministerio porque, en su opinión, “favorecía el acceso a la vivienda”.
‘Tirón de orejas’ también de la banca
AEB y CECA: Ampliar la financiación del 80% al 90% para compra de VPO va en contra de las directrices europeas
Ya en la sesión vespertina con los agentes del sector, y sin ya apenas presentes consejeros autonómicos, Corredor tuvo que seguir capeando el temporal. Esta vez, los ataques llegaron desde la banca. Los representantes de la Asociación España de Banca (AEB) y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) le recordaron que ampliar la financiación del 80% al 90% para compra de VPO iba en contra de las directrices europeas, que piden prudencia en los créditos. Además, le amenazaron con denunciar esto no sólo verbalmente sino también por escrito.
De este modo, la ‘V Conferencia Sectorial de Vivienda’ ha significado un punto de inflexión en las relaciones del Ministerio con las CCAA. Todos los consejeros se quejaron de la política de hechos consumados que parecía comenzar en Vivienda, donde hasta ahora había imperado el consenso y los acuerdos. Será a partir de septiembre cuando Corredor tratará de calmar los ánimos. Fecha en la comenzará las reuniones bilaterales con todas las comunidades para negociar los recortes y ver finalmente cómo cuajan en cada región los recortes presupuestarios hecho públicos.

Corredor confirma la supresión de las ayudas directas a la compra de vivienda protegida

Jueves, 29 de julio de 2010

Anuncia los recortes presupuestarios ya filtrados

Reducirá en un 40% la subvención a promotores para fomentar el alquiler social
El Ministerio exigirá a las CCAA la compensación de las ayudas no justificadas
Mónica Tragacete | Ana Isabel Jerónimo | Madrid 27/07/2010 – El Mundo
Por si aún quedaba alguna duda, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha confirmado los recortes presupuestarios que su departamento llevará a cabo desde este mismo año hasta 2013, “medidas irrenunciables” para la ministra. Enmarcados en el Plan de Austeridad abanderado por el Ejecutivo, los ‘tijeretazos’ -que fueron filtrados con anterioridad a su anuncio oficial a un medio económico de tirada nacional y que Su Vivienda ha detallado posteriormente- “afectan sobre todo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (PEVR), pero también a otras políticas del Ministerio”, ha referido la ministra. Cinco puntos entre los que destaca el adiós a la AEDE, Ayuda Estatal Directa a la Entrada (compra de VPO).

“Ante las dificultades presupuestarias de las políticas públicas debemos priorizar en qué gastamos”, ha señalado Corredor, que ha comparecido ante una sala de prensa abarrotada de periodistas en un receso de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que se celebra en el Ministerio, y sobre la que planea un clima de máxima tensión y rebelión, según ha podido saber ELMUNDO.es.
Todas las CCAA ya expresaron su total desacuerdo con las medidas en la Comisión Multilateral, cita previa y preparatoria de la Sectorial. En ésta, incluso las regiones socialistas tomaron la palabra para cargar duramente contra estos recortes “sociales”. Un malestar que, a buen seguro, Corredor estará constatando durante la celebración de la cumbre estatal de vivienda.
‘Flexibilidad sin superar el presupuesto’
Además de la eliminación de la AEDE, a partir de 2011, Corredor ha confirmado ya para el presente año 2010 la suspensión de la Reserva de Eficacia, que ascendía hasta un 20% sobre lo presupuestado inicialmente, destinada a las CCAA que superaran los objetivos previstos dentro del PEVR 2009-2012. Un premio a la eficacia para las regiones más activas que desaparece.
Corredor: ‘Todas las CCAA tienen alguna actuación sin justificar’
“Seremos flexibles con las actuaciones de las CCAA siempre que no se supere el presupuesto”, ha dicho Corredor, aunque lo cierto es que la severidad con las CCAA va aún más lejos, porque la ministra ha avisado de que su Ministerio les exigirá la “compensación de las ayudas no justificadas”.
“Todas las Comunidades Autónomas tienen alguna actuación sin justificar, algunas tardan hasta ocho años en hacerlo”, ha informado la titular de Vivienda, para quien esta reclamación -que según sus datos asciende a 628 millones de euros- beneficiaría “tanto a las mismas CCAA, que dispondrán de mayor presupuesto para otras actuaciones, como a los ciudadanos”. La reclamación de esta cuantía será progresiva cada ejercicio económico, según ha indicado la ministra.
Mirando hacia los próximos ejercicios 2011 y 2012, la ministra ha sido más tajante aún: “las medidas van a ser más restrictivas”. De este modo, al igual que el final de la AEDE, a partir de 2011 no se renovarán las subvenciones a las ventanillas únicas de información de las CCAA -ha puesto como ejemplo el fin de respaldo económico estatal a los puntos de información gestión de la RBE, el gran caballo de batalla entre el Ministerio y las CCAA-.
Menos ‘efectivo’ para los promotores
Se recorta un 40% la ayuda destinada a la promoción del alquiler por parte de los promotores privados
También se suprimirán, como ya les había adelantado Su Vivienda, las ayudas a los promotores para inscripción de suelo VPO. Aunque con esta decisión Corredor estaría desvirtuando una de las líneas estratégicas de su cartera -a saber, el alquiler y la rehabilitación-, sostiene que “esta medida se compensará con la nueva línea del ICO para la promoción de vivienda protegida en compra y por la gestión urbanizadora de SEPES para VPO y la Oferta Pública de Compra de Suelo (OPCS)”.
El único dato, aún desconocido por los medios, que Corredor ha especificado en su comparecencia en el receso de la Sectorial ha sido el del recorte a la ayuda destinada a la promoción del alquiler por parte de los promotores privados. Ha informado de que esta rebaja estará en torno al 40%. “En este sentido, se reduce la ayuda, pero no los objetivos porque esta subvención es de las más demandadas. A pesar de este 40% menos, seguirá siendo atractiva para los promotores”, ha afirmado.
El recorte, en números
“No se puede cuantificar a cuanto asciende el recorte porque los Presupuestos Generales para 2011 aún no se han cerrado”, ha informado Corredor, quien sin embargo ha realizado una estimación teniendo en cuenta las partidas del Ministerio en el año 2009. La AEDE supuso un desembolso de 306 millones de euros, la subvención a promotores para la inscripción de suelo VPO ascendió a 41 millones, la subvención para el fomento privado del alquiler a 149, las ventanillas únicas a 21 y, por último, el 20% de la Reserva de Eficacia correspondería a los aproximadamente 1.400 millones del presupuesto del Plan Estatal.
“Pese al recorte, el presupuesto del Ministerio sigue en máximos históricos”, se ha defendido la titular de Vivienda. Lo cierto es que su Ministerio tendrá en torno a 797 millones de euros menos de los que disponer hasta 2013.

Los bancos soportarían una mora de promotores del 30%

Jueves, 29 de julio de 2010

16.07.2010 M. Martínez – Expansión
Los bancos del Ibex podrían soportar un escenario en el que la morosidad del sector promotor, el principal caballo de batalla de las entidades españolas, se disparara hasta el 30%, es decir, triplicara los niveles actuales, del 10,7%.
Así lo consideran los expertos de Nomura, que han analizado la capacidad de resistencia de los principales bancos en un escenario en el que se multiplicara la tasa de impagos de todas las carteras, no sólo la inmobiliaria.
Los expertos de la firma japonesa contemplan una probabilidad de impago del 20% en el crédito al consumo, por encima del 9% actual. En las hipotecas de particulares, el porcentaje se sitúa en el 5%. La mora real roza el 3%. El escenario proyectado por Nomura también maneja cifras conservadoras en lo que se refiere a las pérdidas que generarían los préstamos morosos.
En las hipotecas de particulares, la banca recuperaría el 80% del crédito con la venta del inmueble que garantiza el préstamo (en la crisis de 1993 recuperó prácticamente el 100%). Y en el crédito al promotor, el 40%, lo mismo que en la cartera de inmuebles.
“A pesar de estas pérdidas relativamente altas, dados los niveles de capital y provisiones, e incluyendo los beneficios operativos a un año, los principales bancos tienen capacidad para absorber estas pérdidas sin requerir capital adicional”, dice Nomura.
En este escenario, el core capital (capital y reservas sobre activos por riesgo) de todas las entidades superaría el 4%. Si el listón de esta ratio de solvencia se fijara en el 6%, Popular, Banesto, Bankinter y Sabadell requerirían, en conjunto, 3.100 millones. Este importe es equivalente al 16% de su capitalización de mercado.
Más allá de los bancos, Nomura cree que las cajas podrían necesitar reforzar aún más su solvencia. No obstante, considera que la parte sustancial de la recapitalización ya está en marcha. Barclays, por su parte, calcula que las cajas necesitarán 36.200 millones. Su proyección se basa en extrapolar cifras de Caja Madrid al conjunto del sector.
El grifo de liquidez del BCE
Nomura destaca que los temores sobre la falta de liquidez siguen presionando a la banca española. La firma señala, no obstante, que los datos de apelación al BCE -en niveles récord, con 126.000 millones- sugieren que la percepción del mercado “podría ser peor que la realidad”. En ese sentido, subraya el crecimiento de los depósitos minoristas registrado por las entidades, con un aumento de 20.000 millones hasta mayo.

Qué hacen los bancos españoles con el dinero que sacan al BCE: reciben los préstamos al 1 por ciento y lo colocan en bonos del tesoro al 3 por ciento

Miércoles, 28 de julio de 2010

Viernes, 16 de julio de 2010. El Confidencial Digital

En el Banco Central Europeo han saltado todas las alarmas ante el aumento de la demanda de liquidez por parte de los bancos y cajas españolas, que en junio recibieron del BCE 126.000 millones de euros.
Con las cifras del pasado mes, que incrementaban en 41.000 millones la demanda de mayo, el sector financiero español llega a máximos históricos porque supone ya el 25 por ciento de la demanda de liquidez de toda la eurozona
El porcentaje de España supera con mucho el peso de nuestra economía en la zona euro. El argumento de los bancos es que recurren al BCE por las dificultades que encuentran con los mercados mayoristas y en el interbancario a la hora a afrontar los vencimientos de su deuda.
Sin embargo, fuentes del sector financiero consultadas por El Confidencial Digital ofrecen otra explicación a lo que también está ocurriendo con el dinero del Banco Central Europeo: los bancos españoles piden fondos al BCE, no para vencimientos de la deuda, ni para prestarlo; reciben el dinero al 1 por ciento, y lo meten en bonos del tesoro al 3 por ciento.
Además, con ello responden también a las presiones del Gobierno, a banqueros como Emilio Botín, para que inviertan en bonos del Estado y le saquen de apuros.

La Abogacía, bloqueada por la parálisis de sus normas clave

Miércoles, 28 de julio de 2010

27.07.2010 M. Serraller/José Mª López Agúndez. Madrid – Expansión
Las tres normas más importantes para los abogados en los próximos quince años, la Ley de Acceso, la Ley de Justicia Gratuita y el Estatuto General de la Abogacía, se encuentran en un punto muerto. Se trata de las normas que -por diversas razones- más necesita la profesión y en las que no se observan avances significativos, a pesar de que cuenten con plazos para cumplirse o de que lleven más de tres años en estudio.
El caso más llamativo es el de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, que está prevista su entrada en vigor a finales de 2011. A día de hoy, no se dispone de un borrador definitivo, aunque se han conocido cuatro textos, tal y como ha venido informando EXPANSIÓN.
En esta norma los plazos son importantes porque, además de introducir una prueba de acceso para ejercer la abogacía, se establecerá un sistema de postgrado y prácticas en despachos de abogados, esquema en el que participarán las universidades, los propios bufetes, las escuelas de práctica jurídica y los colegios de abogados.
Según se explica desde el Ministerio de Justicia, se encuentra en la fase de informes por otros ministerios (Educación), luego se enviará al Consejo de Estado y finalmente al Consejo de Ministros. La previsión era que este proceso hubiera empezado el pasado junio.
La otra norma que introducirá cambios a su sistema actual de funcionamiento es la futura Ley de Justicia Gratuita. Esta ley afecta a los colegios, a las consejerías de Justicia de las autonomías y a los letrados del turno de oficio.
Además, la norma actual es de 1996, lo que significa que está desfasada en relación con temas tan esenciales como la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad, por poner dos ejemplos. Cuando entró en vigor, no se preveía una afluencia de inmigrantes como la que hubo poco después ni existían realidades como el matrimonio homosexual.
A ello se añaden los problemas que afectan al Turno de Oficio, motivados en parte por la crisis económica, que ha provocado demoras en el pago de la factura en algunas autonomías.
Desde Justicia apuntan que esta ley “se está trabajando con las comunidades autónomas y se están manteniendo reuniones”, pero no se precisa una fecha para iniciar su tramitación. Después de consultar con fuentes cercanas al proceso de elaboración, Expansión ya adelantó que con toda probabilidad agotaría este año.
Además, está pendiente de esta ley el Decreto que prepara la Comunidad de Madrid (CAM) para restringir el acceso al turno de oficio. La CAM tenía intención que viera la luz antes de junio, pero el retraso de la ley estatal lo ha postergado.
En lo que se refiere al Estatuto General de la Abogacía que, a día de hoy, lo más probable es que tenga rango de norma reglamentaria, fuentes consultadas por EXPANSIÓN apuntan que se han aprobado unos 80 artículos -es decir, dos tercios- en las votaciones que se están celebrando en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, que preside Carlos Carnicer.
Queda la parte más conflictiva, el reparto de poder entre los colegios en las votaciones que se realizan en el Pleno del Consejo para los acuerdos que se tengan que adoptar en cuestiones que afectan al propio Estatuto de la Abogacía o a los presupuestos. El actual sistema de doble mayoría -mayoría de consejeros (decanos) que también representen una mayoría de colegiados- es lo que está en discusión entre los colegios grandes y los que tienen menos colegiados.
El punto de equilibrio al que se quiere llegar es que la mayoría para adoptar acuerdos se consiga sólo con el número de colegiados pero limitando el voto según una serie de baremos para la dimensión del colegio en cuestión, de forma que la mayoría exija la votación de al menos entre 25 y 38 colegios. En otras palabras, que a los colegios grandes se les asigne un baremo de votos que corresponda en función de su número de abogados, pero que el resultado sea ponderado.
Sin embargo, no parece fácil el entendimiento según explican otras fuentes consultadas. Lo cierto es que también está pendiente de aprobación la parte de infracciones y sanciones del futuro Estatuto. El horizonte más optimista de aprobación es la vuelta del verano, pero tampoco se puede descartar que las discusiones lleven más tiempo.
Hay que recordar, de todas formas, que este texto lleva en el horno unos tres años. En abril de 2008 se preveía su próxima aprobación. Y en fecha más cercana, el pasado enero, en rueda de prensa, el decano del colegio de abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, estimó que estaría listo antes de verano.
Desconcierto en bufetes, colegios y universidades
El cuarto y último borrador del Reglamento de la Ley de Acceso a la Abogacía estará en el Consejo de Estado en junio. Así lo aseguró un asesor en el gabinete del ministro de Justicia el pasado 21 de abril.
“El desarrollo reglamentario es inminente y vendrá acompañado de la orden ministerial”, adelantó en un foro que organizó la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Aún con junio como horizonte seguro, colegios, bufetes y universidades mostraron su preocupación ante un Anteproyecto que lleva más de cuatro años en el tintero. Y que ahora podría retrasarse más. En octubre de 2006 se aprobó la Ley 34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, que establece que para poder ejercer como abogado, el licenciado en Derecho (a partir de ahora, graduado) debe hacer un curso o máster y unas prácticas que se extienden un año y medio, y un examen.
La Ley de Acceso deberá ser efectiva en 2011. Así, el año que viene saldrán al mercado los últimos licenciados. Quienes acaben sus estudios en 2012 deberán cursar máster y prácticas y hacer el examen, por lo que no podrán ejercer hasta 2014.

Beatriz Corredor: ”˜El esfuerzo presupuestario del Ministerio de Vivienda se centrará a partir de ahora en el alquiler y la rehabilitación”™

Miércoles, 28 de julio de 2010

La ministra coloca la primera piedra de un ́rea de Urbanización Prioritaria de Suelo en la pedanía de Los Dolores de Murcia en la que se construirán 247 viviendas protegidas
La titular de Vivienda invita al Gobierno de Murcia a adherirse a la Plataforma Social para el fomento de la rehabilitación que ya integra a más de una veintena de administraciones e instituciones y organismos económicos sociales y financieros
22 de julio de 2010.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que “en línea con la política de reducción del déficit público y ante los ajustes presupuestarios que todas las Administraciones Públicas vamos a afrontar debemos priorizar las líneas que consideramos estratégicas y que coinciden con las más demandadas por los ciudadanos y las CCAA como son el fomento del alquiler y el impulso a la rehabilitación”.
La ministra ha puesto hoy, junto con el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Murcia, José Ballesta, la primera piedra de un ́rea de Urbanización Prioritaria de Suelo en la pedanía Los Dolores de Murcia en la que se construirán 247 viviendas protegidas.
Durante su intervención, la ministra ha anunciado que “el esfuerzo presupuestario del Ministerio de Vivienda se centrará a partir de ahora en estos dos ejes estratégicos, por la repercusión social del alquiler y la incidencia de la rehabilitación en la dinamización de la economía y la generación de empleo”.
La ministra ha anticipado que se está analizando con las CCAA el reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 “para garantizar el futuro de las políticas públicas de vivienda” y ha subrayado que “desde el Ministerio de Vivienda vamos a ofrecer la mayor flexibilidad posible para que las comunidades puedan conseguir el mayor número de objetivos. En la búsqueda del máximo consenso, vamos a escuchar las aportaciones de las CCAA, siempre que se mantengan las líneas que consideramos prioritarias”
Corredor ha expresado su voluntad de “seguir colaborando con las Comunidades y Ciudades Autónomas, complementando sus políticas públicas de vivienda y prestándoles apoyo financiero en función de la disponibilidad presupuestaria, como lo hemos venido haciendo y como lo demuestra que el 85% de las actuaciones protegidas en 2009 en toda España han sido financiadas por el Ministerio de Vivienda”. En este sentido, ha asegurado que el Ministerio financiará todos los objetivos firmados con las CCAA para el año 2010 y los suscritos en acuerdos bilaterales durante este año y años anteriores.
No obstante, ha matizado que la calificación de actuaciones protegidas es una competencia exclusiva de las autonomías y por tanto, “no está supeditada a la disponibilidad presupuestaria del Estado”. “Las CCAA tienen la competencia y los recursos para decidir cómo articulan, financian y gestionan la política de vivienda en su territorio”, ha apostillado.
́rea de Urbanización Prioritaria de Suelo en Los Dolores
La ministra ha colocado la primera piedra de las obras del ́rea de Urbanización Prioritaria de Suelo de la pedanía Los Dolores de Murcia. El Ministerio aportará 643.188 euros para la urbanización del suelo en el que se edificarán 247 viviendas protegidas.
Esta actuación forma parte de los acuerdos suscritos en la última reunión bilateral de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación celebrada con el Gobierno de Murcia el pasado mes de enero. A través de dicho plan, el Ministerio financió en 2009 más de 3.000 objetivos para facilitar a otras tantas familias murcianas el acceso a una vivienda protegida o a mejorar la que ya poseen, lo que supone un grado de cumplimiento del 94,8% de las actuaciones acordadas.
Las líneas más demandadas por los ciudadanos en Murcia fueron las ayudas a inquilinos, con un grado de ejecución del 110% de los objetivos convenidos y el Programa Renove, para obras de mejora de eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, en el que se alcanzó el 113% de los compromisos acordados.
Plataforma Social para el fomento de la rehabilitación
Beatriz Corredor se ha referido, asimismo, a la Plataforma Social para el fomento de la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de edificios y viviendas liderada por el Ministerio de Vivienda. “Su objetivo -ha explicado- es poner a disposición de los agentes económicos y sociales instrumentos de gestión, ágiles y eficaces, que faciliten a los ciudadanos la tramitación y gestión de las obras, así como la obtención de las ayudas que las distintas administraciones ponemos a su disposición, sin que sea necesaria ninguna inversión pública, ni duplicidad de ventanillas, o una mayor burocracia”.
La ministra ha invitado al Gobierno de la Región de Murcia a adherirse a esta Plataforma Social de la que ya forman parte más de una veintena de administraciones e instituciones y organismos económicos sociales y financieros porque “el consenso es siempre conveniente para garantizar el éxito de los proyectos que construyen un país, pero en época de crisis y de dificultades, ese consenso se torna imprescindible”, ha concluido.

Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba el nuevo Registro Civil, que será electrónico y con una base de datos común para toda España

Martes, 27 de julio de 2010

23 de julio de 2010

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957. El Ministerio de Justicia cumple así con otro de sus objetivos claves para esta legislatura. El Registro Civil que ahora se configura, ya no será una carga administrativa para el ciudadano, sino un auténtico servicio público, moderno, rápido, accesible y único para toda España.
GABINETE DE MINISTERIO COMUNICACIÓN DE JUSTICIA
Nota de prensa
Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el nuevo Registro Civil, que será electrónico y con una base de datos común para toda España
â–ª La nueva Ley es uno de los objetivos centrales de la política de Justicia para esta legislatura y supone un cambio profundo del actual modelo, vigente desde 1957
â–ª Dejarán de expedirse los tradicionales libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales
– Se sustituye el Registro de hechos por un Registro Civil de personas
â–ªCada ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil. Con la inscripción de nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC)
â–ª Los ciudadanos y las distintas administraciones tendrán acceso informático a los datos y se podrán obtener certificaciones por Internet
– El Proyecto incorpora elementos básicos para la protección de la igualdad, la dignidad y la intimidad de los ciudadanos
23 de julio de 2010. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957. El Ministerio de Justicia cumple así con otro de sus objetivos claves para esta legislatura. El Registro Civil que ahora se configura, ya no será una carga administrativa para el ciudadano, sino un auténtico servicio público, moderno, rápido, accesible y único para toda España.
Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. Normalmente, no tendrá que ir personalmente al Registro, ya que la gran mayoría de los trámites se realizarán directamente por las administraciones públicas, como por ejemplo el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones por parte de los hospitales (nacimientos, defunciones”¦), de los ayuntamientos (matrimonios), de los juzgados o de las notarías. Por otra parte, las certificaciones podrán solicitarse y recibir por Internet.
El nuevo Registro se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.
Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de Internet. En todo caso, las administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al Registro.
El Proyecto de Ley del nuevo Registro Civil regula aspectos importantes para la protección de la igualdad, la dignidad y la intimidad de los ciudadanos. Así, se suprimen elementos de discriminación por razones de sexo, se incorporan instrumentos para la protección de menores y discapacitados que, aunque ya se cumplían en virtud de convenios internacionales, no tenían hasta ahora reflejo normativo específico en el Registro Civil, y se protegen de modo especial algunos datos personales sensibles limitando su publicidad.
Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización, por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Con ello, se descarga a los jueces de una función
impropia, lo que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Otro aspecto significativo del nuevo Registro Civil es que refuerza el papel de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, que, en este sentido, actuarán no sólo como receptores y emisores de solicitudes dirigidas al Registro, sino también como actores en la tramitación de expedientes y la celebración de matrimonios civiles.
Por otra parte, se configura, por primera vez en nuestro Derecho, un catálogo de derechos y de obligaciones de los ciudadanos respecto al Registro Civil y se modifica la LEC para aquellos casos en los que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales en un procedimiento judicial sobre su estado civil (filiación, validez matrimonial, etc.), estableciendo un procedimiento sencillo y rápido.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la regulación de las atribuciones de los juzgados y Tribunales en relación con el Registro Civil a la nueva normativa.
UN REGISTRO CIVIL CENTRADO EN LAS PERSONAS
”¢ El ciudadano como eje central. Los libros tradicionales en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía, en el que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida.
Ӣ Basado en los principios de igualdad y dignidad. El nuevo modelo se basa en el principio de igualdad entre todos los hombres y mujeres y en la dignidad como valor esencial de la persona.
͚NICO Y ḾS ACCESIBLE
”¢ Uno para toda España. Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
”¢ Electrónico. Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil.
”¢ Acceso por medios electrónicos. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por Internet.
DE SERVICIOS
”¢ Pensado para los ciudadanos. Se minimizan las cargas burocráticas y las comparecencias personales. Con el nuevo sistema sólo, de forma excepcional, será necesario acudir personalmente al Registro Civil.
”¢ Eficaz. Los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía informática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etc.
”¢ Acceso directo de las administraciones. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.
UNA ORGANIZACIÓN ḾS MODERNA
”¢ Desjudicializado. El Registro Civil se configura como órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Los encargados del registro serán funcionarios públicos cualificados. Se descarga a los órganos judiciales de trabajo, permitiendo a los jueces dedicarse a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
”¢ Simplificación. El nuevo Registro Civil se articula en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas. Oficinas Generales. Unidad básica del Registro Civil y encargadas de las funciones ordinarias. En cada comunidad autónoma existirán, al menos, una oficina, y otra más por cada 500 mil habitantes.
Oficina Central. Su función será inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
Oficinas Consulares. Son las dependencias del Registro Civil en el extranjero y no varían sustancialmente con respecto al actual modelo.
ACORDE AL ESTADO DE LAS AUTONOM͍AS
”¢ Pluralidad lingͼística. Se reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado. Los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
”¢ Derecho autonómico. Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.
La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura, según comprometió el ministro Francisco Caamaño en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 26 de marzo de 2009. Este proyecto figura entre las prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2009,y es también una promesa electoral del actual Gobierno del PSOE.

Estadística de Hipotecas (Base 2003). Mayo 2010. Datos provisionales

Martes, 27 de julio de 2010

El importe medio de las hipotecas constituidas en mayo desciende un 7,8% en tasa interanual y alcanza los 124.906 euros
El número de hipotecas que cambian sus condiciones desciende un 6,4% y las cancelaciones registrales un 0,5%
Durante el mes de mayo el importe medio por hipoteca constituida se sitúa en 124.906 euros, cifra un 7,8% inferior que la del mismo mes del año anterior y un 3,7% inferior a la registrada en abril de 2010.
En el caso de hipotecas constituidas sobre viviendas, el importe medio es de 114.990 euros, un 4,4% menos que en el mismo mes de 2009 y un 0,8% superior al registrado en abril de 2010.

Enlace al Instituto Nacioal de Estadística

La crisis en el sector de la construcción baja los salarios hasta un 30%

Martes, 27 de julio de 2010

elEconomista.es 26/07/2010 –

La construcción seguirá cayendo hasta 2013
El estallido de la burbuja inmobiliaria dinamitó los cimientos de la construcción hasta el punto de que 170.000 empresas del sector se dieron de baja en los ejercicios 2008 y 2009, lo que supone el 23% del total en España. Es más, según un estudio realizado por la Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios sobre el sector de la construcción, el grueso de los cierres (el 63,5%) se registró durante el año pasado.
La mayor parte de las sociedades constructoras desaparecidas eran de pequeña o mediana dimensión, con un sólo trabajador, o micropymes, según el informe, que prevé que la destrucción de empresas del ramo continúe en 2010. Con el cierre de tantas empresas crece el desempleo en el sector, y las retribuciones a los peones, oficiales, capataces y encargados de obra han disminuido hasta un 30% en la Comunidad Valenciana. Datos que sirven de ejemplo para entender la situación a nivel nacional.
“En la época de vacas gordas que no había mano de obra muchas empresas pagaban lo que fuera porque no existía personal, ahora ya no se hacen horas extras y si las tienen que hacer las incluyen en el sueldo”, explica el responsable de la sección de Construcción de CSIF a El mercantil valenciano en su versión digital en un artículo de José Luis Zaragozá. La situación ha cambiado mucho y en estos años los sueldos han bajado en un baile de cifras en el que todos pierden. Un peón ordinario que cobraba 1.200 euros al mes ha pasado a 900, mientras que un especialista se queda en los 1.100 porque pierden las retribuciones por horas extras. Un oficial de primera ha pasado de 2.000 a 1.400 euros mensuales, mientras que un capataz ha visto mermado sus retribuciones de 2.500 a 1.600 euros. En cuanto a los encargados, pierden mil euros, ya que se quedan en salarios próximos a los 2.000 euros mensuales cuando antes superaban los 3.000 euros.
Para colmo el futuro no parece mucho mejor y se cree que la construcción en España seguirá cayendo hasta 2013 por el frenazo en la inversión en nuevas infraestructuras, segmento que hasta ahora compensaba parte de la caída del sector de la edificación de viviendas, según el informe Euroconstruct del primer semestre de 2010.

El Senado rechaza legislar las cláusulas ‘suelo’ en hipotecas

Lunes, 26 de julio de 2010

Hipotecas | Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios
El Banco de España alertó del fuerte impacto negativo en la banca si se suprimía
Todos los grupos, menos el PP, se acogen a las indicaciones del organismo
Estas cláusulas afectan a dos de cada tres hipotecados, según los ‘populares’
Adicae lamenta esta decisión, que deja indefensos a los consumidores
Europa Press | Madrid 23/07/2010 – El Mundo
El Pleno del Senado ha rechazado, con 120 votos a favor, 132 en contra y una abstención, incluir una modificación en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios para legislar y regular el carácter abusivo de las cláusulas suelo de las hipotecas.
La proposición de Ley, presentada por el Partido Popular, ha sido rechazada después de que el 23 de septiembre de 2009 el Pleno de la Cámara Alta aprobara por unanimidad una moción para reclamar al Gobierno medidas para evitar los abusos de las entidades bancarias en las revisiones de los créditos hipotecarios.
Con esta decisión, todos los grupos políticos del Senado, a excepción del PP, se han decantado por acoger las conclusiones emitidas por el Banco de España en un informe que advirtió de que la eliminación de las cláusulas de suelo de las hipotecas tendría un impacto negativo en las cuentas de las entidades financieras. El Banco de España elaboró este informe en noviembre de 2009 a petición del Senado.
Estas cláusulas abusivas impiden al hipotecado beneficiarse de las bajadas del Euribor
Este tipo de cláusulas consiste en establecer un ‘suelo’ para el tipo de interés de los préstamos concedidos para la compra de vivienda independientemente del Euribor, principal índice hipotecario en España, que ha marcado varios mínimos históricos en los últimos meses. Por ello, estos ‘suelos’ fijan un mínimo del que no se puede bajar e impiden al usuario beneficiarse de las bajadas del Euribor.
Las hipotecas también tienen cláusulas de ‘techo’, pero mientras éste suele rondar entre el 10% y el 12% del interés, el suelo está en el 3% de media, aunque en algunos casos queda fijado en el 4% e incluso en el 5%.
Reacciones ante el rechazo
El senador del PP por Segovia, Francisco Javier Vázquez, que ha defendido la proposición de Ley ante la Cámara, ha explicado que la regulación de estas cláusulas beneficiaría a dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca.
Por su parte, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha lamentado que finalmente el Senado “se haya decantado por defender los intereses del sector bancario, en lograr de defender a los consumidores”.
Entre 1,5 millones y 3,1 millones sufren las consecuencias de los ‘suelos’, según el INE
En este sentido, Pardos ha recordado que el impacto de estas cláusulas en los consumidores es “abrumador”, ya que de los 4,4 millones de usuarios que se han vinculado a una hipoteca en los últimos cuatro años, según datos del INE, entre 1,5 millones y 3,1 millones están sufriendo las consecuencias de los ‘suelos’, que suponen pérdidas anuales que puede llegar a los 6.000 euros.
Además, Adicae ha recordado que numerosos españoles se enfrentan a embargos de sus viviendas por problemas de impago. A ello añade que los juzgados españoles están repletos de demandas presentadas por los clientes de hipotecas contra las entidades bancarias por los presuntos abusos cometidos con estas cláusulas.
“Los legisladores tienen que evitar que los jueces se vean desbordados por este tipo de demandas que, además, carecen de una regulación concreta lo que están dando lugar a resoluciones contradictorias”, ha explicado Adicae.

Las constructoras auguran una cadena de EREs y la pérdida de 110.000 empleos

Lunes, 26 de julio de 2010

Europa Press 22/07/2010 – El Economista
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) augura una cadena de expedientes de regulación de empleo (EREs) en el sector como consecuencia del recorte de infraestructuras anunciado hoy por el Ministerio de Fomento que, según sus cálculos, supondrá la pérdida de entre 75.000 y 110.000 empleos.
“Se prevé una caída brusca en el empleo del sector y muy concentrada en los próximos meses”, indicaron a Europa Press en fuentes de la patronal, que aseguran que las medidas anunciadas hoy por el departamento que dirige José Blanco constituyen el mayor ajuste de obra civil de la historia.
La patronal teme también que esta reducción de inversión en la obra pública suponga la desaparición de empresas constructoras, “sobre todo de aquellas que no puedan encontrar nichos de actividad alternativos”.
La CNC indicó que además de ajustes de empleo y el riesgo de desaparición de las empresas, la suspensión de contratos puede provocar problemas financieros a las constructoras, toda vez que los créditos que solicitan para ejecutar los proyectos tiene a la obras como garantía.
Por todo ello, la patronal solicitó a Fomento que ponga en marcha cuanto antes el Plan Extraordinario de Infraestructuras que actualmente prepara, con el que se prevé promover obras por 17.000 millones de euros en dos años en colaboración con la iniciativa privada.
Además, la CNC pide al Gobierno que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 prime la reducción del gasto no productivo con el fin de que “quede algún remanente” para las obras públicas.

Tercera fase de la crisis: la burocracia

Domingo, 25 de julio de 2010

Joaquín Trigo Portela 23/07/2010 El Economista
En buena parte de los países occidentales se encaró la crisis con pautas parecidas. Inicialmente, tomaron la forma de gasto rápido, desmedido y sin planificación. El fracaso dio paso a reformas legislativas en el ámbito financiero y laboral, sin conseguir resultados perceptibles, pero derrochando recursos escasos y aumentando el endeudamiento, su coste y la dificultad de incrementarlo o, simplemente, renovarlo.
El nuevo fiasco obligó a considerar el gasto de las Administraciones Públicas (AAPP), en forma de subvenciones y prestaciones variadas. Poco después, se empezó a cuestionar el volumen asignado a pagos de personal directo y asociado, el número de funcionarios, su actividad, sus prerrogativas y su pertinencia.
Privilegios de los funcionarios
El personal al servicio de las AAPP es elevado, su jornada más reducida que la media total, cobra más a igualdad de funciones, tiene más vacaciones y mejores prestaciones complementarias, se retira a edad más temprana, tiene garantizado de por vida el puesto de trabajo… Parte de ellos evidenciaron sus conocimientos en una oposición, trabajan duramente y renuncian a los mayores emolumentos que pueden obtener en actividades privadas, pero, en general, menudean las reclamaciones laborales de quienes quieren las condiciones de empleos similares en el sector público mientras que nadie pugna por igualar las del sector privado.
La seguridad de algunos, en el marco incierto y movedizo de los demás, empieza a ser considerada como una asimetría que, para algunos, roza el agravio, especialmente cuando a lo largo de la crisis aumentó el número de efectivos en los diferentes niveles administrativos.
Reducción de puestos
Así, desde Inglaterra y EEUU hasta la propia España, se reconoce que el exceso de sector público es un freno a la recuperación, porque detrae recursos para la inversión. En consecuencia, se plantea mantener y mejorar la eficiencia de las instancias que atienden directamente a los ciudadanos a la vez que se postula la reducción de puestos innecesarios, la eliminación de fundaciones, agencias, comisiones, institutos y una larga lista de entes que viven del erario público.
La idea es buena aunque, como medida de política económica, su eficacia dependerá del grado en que se aplique. Probablemente, después de grandes declamaciones, lo que se consiga será mínimo, ya que la Administración tiende a dominar a la política porque sabe más de los asuntos que le conciernen, tiene más experiencia, más tiempo y más paciencia.
Además, buena parte de los diputados y senadores proceden de las filas del funcionariado, que también nutre a las distintas figuras organizacionales, junto a miembros de una y otra afiliación, que pueden ser buenos técnicos pero que pueden ser redundantes o innecesarios. De ahí la propuesta de reducir los niveles administrativos y las plazas consiguientes.
¿Auditorias?
El cambio en la deriva de las AAPP también debe devolver a los parlamentos la función reguladora que ha cedido a entidades que, junto a ella, acumulan tareas de inspección y sanción, cuya superposición puede cuestionar los principios democráticos de separación de funciones y la conveniencia democrática de mantener cheks and balances. Adicionalmente, debe resaltarse que las AAPP sólo pueden hacer lo que tienen expresamente autorizado, mientras que los ciudadanos son libres de hacer todo lo que no está explícitamente prohibido.
Hasta ahora, los límites prefijados para las AAPP, por ejemplo en la Unión Europea en cuanto al volumen de déficit público y de endeudamiento, se han considerado con una benevolencia que ha propiciado excesos difíciles de corregir. Sin responsabilidad personal ni política, esos comportamientos no encontraron frenos relevantes y las posibilidades de sanción han sido un freno.
En otros ámbitos algunas prácticas dudosas que podrían haberse evitado han persistido porque el sistema de verificación es lento, incompleto y está en manos elegidas por los mismos partidos que dominan las instancias reguladoras. En cambio, en el ámbito privado las auditorías realizadas por expertos independientes son la pauta normal exigida por la norma. Ese criterio ha de ampliarse a las Administraciones y a todos los dependientes del Presupuesto público.
La calidad y pertinencia de la regulación deben estar a la altura de las exigencias de la competitividad en un mundo abierto, esto es, con sencillez y claridad, sin redundancias, obligaciones innecesarias, penalizaciones excesivas ni necesidad de interpretación continua.
Esto es, con criterios precisos, con estabilidad y sin sorpresas. La presión de la crisis ayuda a conseguir estas mejoras que facilitan un crecimiento sostenido. Sin ellas, la creación de empleo y su calidad, la sanidad financiera de las AAPP y la confianza en el futuro estarán en entredicho.
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.

El examen de la banca europea – Los criterios aplicados y los resultados

Domingo, 25 de julio de 2010

España aplica en su examen el mayor ajuste inmobiliario
El test contempla caídas del 55% en las oficinas y del 23% en los pisos
Miguel Jiménez – Madrid – 24/07/2010 – ABC
El Banco de España ha sido el supervisor que ha contemplado en las pruebas de resistencia a la banca un ajuste más duro de los precios en el mercado inmobiliario, lo que se ha traducido en una mayor severidad para las entidades examinadas. El Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) advierte que no hay datos de precios inmobiliarios de referencia que permitan crear un modelo homogéneo, de modo que los escenarios de precios de la vivienda los ha establecido cada país. El resultado es que las diferencias son enormes.
Por poner un ejemplo, en el escenario más adverso contemplado, el Banco de Francia prevé una caída de precios de las oficinas del 4,5% en 2010 y de la misma cuantía en 2011, mientras que el Banco de España ha previsto un desplome de los precios del 35% este año y del 30% en 2011, según la información facilitada por el organismo europeo. Obviamente, el impacto que eso tiene en las pruebas de resistencia es enorme.
El gobernador del Banco de España puso ayer el acento en la mayor dureza de los supuestos españoles, lo que, unido a que se ha examinado a prácticamente todo el sector financiero, es lo que explica que cinco de las siete entidades que han suspendido el examen sean españolas.
Las pruebas de estrés tratan de ver cuál sería la solvencia de las entidades ante escenarios adversos. Como referencia se ha tomado el coeficiente de solvencia Tier 1 o de nivel 1. Ese coeficiente se calcula como la proporción de capital, reservas, beneficios no distribuidos, cuotas participativas (en el caso de las cajas) y participaciones preferentes perpetuas en relación con los activos ponderados por riesgo (principalmente créditos). El nivel que se ha establecido para medir la salud es el 6%. Convencionalmente, los que superan ese nivel aprueban y los que no, necesitan capital adicional para estar preparados para un agravamiento de la crisis. Los escenarios macroeconómicos considerados por las autoridades europeas son dos, uno de referencia y otro adverso. El “escenario tensionado de referencia” toma como referencia las variables macroeconómicas previstas, pero añadiendo supuestos de tensión. Es un ejercicio de resistencia en circunstancias claramente difíciles, pero no extremas. El “escenario tensionado adverso” se traduce en el caso español en una caída del PIB acumulada en 2010-2011 de 2,6 puntos porcentuales, que se añade a la fuerte contracción de la economía española en 2009 (-3,6%). “Esta hipótesis de caída del PIB está fuera de los rangos de predicción actuales de los diferentes organismos nacionales e internacionales y analistas privados”, advierte el Banco de España. Aún hay un tercer escenario que añade al segundo una crisis de la deuda, siendo el que se usa para determinar las necesidades de capital adicionales
En cuanto al ajuste inmobiliario previsto, se han considerado deterioros hipotéticos de los activos, que son coherentes con caídas del precio desde el máximo del ciclo actual del precio de la vivienda terminada del 28%, de la vivienda en curso del 50% y del suelo del 61%, según explica el Banco de España.
Más en concreto, la información facilitada por el CEBS señala que en el escenario de referencia, España prevé una caída de los precios de la vivienda del 3,8% en 2010 y del 5,2% en 2011, que en el escenario de tensión se convierten en descensos del 8,8% en 2010 y del 15,2% en 2011, es decir, una caída acumulada del 23% en dos años. En cuanto a la caída de los precios de las oficinas, se prevé un descenso acumulado del 55% en dos años.
Esos supuestos españoles contrastan con los que han asumido otros supervisores. Alemania, Holanda o Reino Unido prevén en el peor de los casos caídas de precios del 10% anual tanto en oficinas como en vivienda y Francia, solo del 4,5% al año. Italia es aún más conservadora y prevé que los precios apenas caigan en el escenario más adverso (1,6% en 2010 y 2% en 2011), sin apenas diferencia con el escenario base. En Grecia, un país con una crisis mucho más grave que la española, las caídas de precio previstas tanto para los pisos como para las oficinas son de menos del 7% en dos años, frente al 55% español de las oficinas y el 23% de las viviendas. Por no hablar de Austria, que tanto si las cosas van según lo previsto como si se da el escenario más adverso, toman para sus supuestos una subida de las oficinas y de los pisos del 2% en 2010 y del 2,7% en 2011.

El Gobierno prepara inyecciones de capital para cuatro fusiones de cajas

Domingo, 25 de julio de 2010

Banca Cívica, las dos fusiones de cajas catalanas y la de Caja España y Caja Duero necesitan liquidez, según los test de estrés, que tampoco pasa Cajasur
Moncho Veloso / Madrid 24/07/2010 – ABC

El sistema financiero español continúa sano. Sólido y solvente. Todos los bancos superaron los test de estrés con creces. Como era de esperar, eso sí, algunas cajas de ahorros están heridas. Cinco no sobrevivirían a un hipotético caso de más recesión. Las uniones de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, que forman el nuevo grupo Diada; la de Sabadell, Terrassa y Manlleu (Unnim); la de Caja Duero y España (Espiga), y el grupo Banca Cívica ””Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos””, además de Cajasur, necesitarían 2.000 millones de euros para afrontar un situación de empeoramiento de la economía. El Banco de España reconoció ayer que abordará su recapitalización antes de que finalice el año.

Los analistas preveían que esa inyección de capital, en caso de ser necesaria ””y ahora lo es””, se produciría cuanto antes, para despejar inmediatamente cualquier duda sobre la solvencia del sector. El gobernador del supervisor español, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, adelantó ayer, durante la presentación de las notas que se desprenden de ese examen a toda la banca europea, que esas cajas deberán presentar sus planes privados de recapitalización antes de que termine el año, «o incluso antes». «No tiene sentido aplazarlo más», dijo.
Lo fundamental será determinar cómo dar liquidez a las entidades que no lograron alcanzar el requisito mínimo de solvencia fijado por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), encargado de los test de estrés, en un 6%. Cuanto más bajo es ese porcentaje, mayores son las dificultades de la entidad ante un escenario de tensión económica. Diada, con un 3,9%, es la peor situada de las cinco que suspenden. Le siguen CajaSur (4,3%), Unnim (4,5%), Banca Cívica (4,7%) y Espiga (5,6%). La caja andaluza necesitaría 208 millones adicionales para resistir una nueva etapa de recesión; Diada, 1.032 millones; Unnim, 270; Banca Cívica, 406, y Espiga, 127.
Banca Cívica y CajaSur no han recurrido todavía al FROB. Las otras tres recibieron en su día 2.155 millones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al que el Banco de España no descarta recurrir de nuevo para conseguir ese objetivo de recapitalización. «Tiene dinero de sobra», señaló Ordóñez descartando la posibilidad de no completar una operación de ese tipo. De hecho, la Comisión Europea autorizó ayer prorrogarlo hasta el 31 de diciembre. Solo CajaSur quedaría fuera de esos planes de inyección de capital porque BBK, con 2.500 millones en excedentes, asumiría ese coste.
Aun así, Ordóñez no cierra las puertas a que las entidades busquen por sí mismas financiación privada. «Tienen que cumplir con lo marcado y tendrán que acudir a los mercados», dijo. Banca Cívica ya se movió en ese sentido incluso antes de hacerse públicos sus resultados que ayer aprobó la entrada en su capital de la firma JC Flowers, que suscribirá 450 millones de su deuda.
Solvencia general
En el resto del sector no hubo problemas. Los grandes bancos, entre ellos Santander y BBVA, pasaron y con nota sus pruebas de solvencia; ambos soportarían mucho mejor que sus homólogos europeos una situación de tensión máxima. El mejor, eso sí, fue Banca March. Tampoco los medianos y pequeños tendrían problemas. Y también hay cajas bien situadas: las mejores, BBK, con un «Tier 1» ””recursos propios de máxima calidad del total de activos ponderados por riesgo”” del 14,1%, Kutxa (10,6%) y Unicaja (9%). En el 6% mínimo están dos bancos y dos cajas: Banco Pastor, Banco Guipuzcoano, CajaSol y Caja Guadalajara.
Al dar a conocer esas calificaciones, Ordóñez remarcó la dureza de los escenarios dibujados. El gobernador presumió de que las pruebas en España incluían información adicional y baremos más exigentes. Se plantearon dos escenarios, uno con las previsiones macroeconómicas actuales y otro tensionado al máximo, con una reducción adicional del PIB español de 2,6 puntos entre 2010 y 2011, más paro, una brusca caída de los precios de la vivienda (28%) y del suelo (61%) , entre otros criterios. El gobernador se congratuló además de que nuestro país haya analizado entidad por entidad hasta cubrir el 95% del sector, y no solo el 50%, como han hecho la mayoría de los supervisores europeos. «La metodología no ha sido la misma, estamos probando a nuestras entidades en escenarios más duros que el resto de países», celebró Ordóñez.
En este sentido, el gobernador fue tajante: «Todos las entidades resisten adecuadamente en todos los escenarios». Y recordó que las pruebas de solvencia ponen a bancos y cajas en situaciones de deterioro económico «altamente impensables». Lo que queda por comprobar ahora es si la publicación de los resultados de esos test tendrá el efecto buscado: que España recupere la confianza perdida durante la crisis. Ordóñez, que advirtió de que eso no se dará de forma inmediata, confía en que así sea.
El Banco de España reconoció que las principales sospechas de los inversores se centraron en la cartera crediticia de las entidades españolas, muy expuestas al sector inmobiliario y de la construcción. Sobre todo en el caso de las cajas. Pero Ordóñez apuntó que también eran y son necesarios cambios en la política del Gobierno para la contención del gasto y avanzar en reformas como la laboral o la de las pensiones. «Los test son solo una parte del proceso de reestructuración del sector», puntualizó. Y la reordenación bancaria, solo una tarea para esa recuperación de la credibilidad.

Registros publicará las resoluciones pendientes, con sentencias firmes

Sábado, 24 de julio de 2010

X. G. P. 22/07/2010 El Economista

El ‘silencio hipotecario’ de la Dirección de Registros vence al año
La Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) está a la espera de tener confirmación de la firmeza de las sentencias sobre las resoluciones, firmadas por la entonces directora general Pilar Blanco, anuladas por los tribunales y que aún no se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informan diferentes fuentes del colectivo registral consultadas por elEconomista.
Así, son varias las resoluciones del Centro Directivo que se refieren en sus fundamentos a otras que habían sido anuladas previamente por los tribunales. No obstante, la DGRN aún no las ha publicado.
En esta situación se encuentra la resolución de 13 de marzo de 2008, que remite a la resolución de 19 de octubre de 2005, anulada por sentencia de 20 de octubre de 2006 del Juzgado de Primera Instancia de Almería nº2.
También, la resolución de 20 de septiembre de 2009 remite a la de 4 de marzo de 2005, cuando ésta había sido ya anulada por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Gerona, de 3 de julio de 2008, ya firme e ignorada por la DGRN. Esta sentencia rechazaba que una misma hipoteca garantizase diferentes créditos fue reseñada por elEconomista el 14 de noviembre de 2008.
Otro caso destacado es el de la resolución de 15 de febrero de 2008, que confirmaba la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Alicante 3 Fernando Trigo, ante el recurso interpuesto por un letrado de una caja de ahorros; nota de calificación que tomó por base legal la sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid, de 12 de noviembre de 2004. La resolución no se ha publicado en el BOE.
Tan sólo un mes después
Ante un asunto idéntico, una nota igual del mismo registrador, un mismo letrado recurrente y escrituras idénticas del mismo notario, la DGRN, tan sólo un mes después, dictaba tres resoluciones, del 18 de marzo de 2008, que sí fueron publicadas en el BOE, aunque eran contradictorias con la de 15 de febrero de 2008.
La doctrina de las de 18 de marzo de 2008 es exactamente la contraria de la del 15 de febrero. Se trataba de una hipoteca en garantía de dos fracciones sujetas a regímenes totalmente distintos respecto a escrituras y notas de calificación anteriores a la reforma de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.
En la resolución de 15 de febrero de 2008 se entendía que no cabe la inscripción por no poderse constituir una sola hipoteca en garantía de dos fracciones distintas con distinto régimen por existir subsidiación en la segunda. En cambio, en las tres de 18 de marzo de 2008 se entiende que sí cabe constituir una sola hipoteca en garantía de dos fracciones distintas.
Estas resoluciones entraban en contradicción con la sentencia firme del juzgado de Valladolid, que ya había anulado una resolución en este mismo sentido por permitir la inscripción en esos casos.
El Juzgado de Primera Instancia ha dictado esta sentencia eliminando las tres resoluciones DGRN por extemporáneas, por entender que son nulas por tal razón. Este caso está pendiente de resolución de los recursos presentados.

Caja Madrid aumenta la venta de inmuebles un 600% hasta mayo

Viernes, 23 de julio de 2010

Ingresa 159 millones
Caja Madrid ha vendido en los cinco primeros meses del año 1.237 inmuebles, un 600% más que en el mismo período del año anterior, un incremento de la venta de activos que permitió a la entidad obtener unos ingresos de 158,8 millones de euros, según informó la caja en un comunicado.
EP – Madrid – 22/07/2010 – Cinco Días
Esta cifra supuso, además, un crecimiento de cerca del 19% respecto al número de inmuebles que la entidad vendió en todo el año 2009. El 50% de los inmuebles se vendieron en la Comunidad de Madrid y el otro 50% en el resto del territorio nacional, donde destacaron las provincias de Alicante y Sevilla. Para impulsar la comercialización de las viviendas, Caja Madrid ha lanzado al mercado una nueva marca, Hogares Caja Madrid, con la que impulsará la venta de sus activos inmobiliarios a través de su red de oficinas.
La red de oficinas vendió el 52% de los inmuebles en 2010. A este canal se une ahora la apertura de ”corners” comerciales o puntos de venta especializados en 30 oficinas, distribuidas por todo el territorio nacional, preferentemente en las capitales de provincia.
Los ”corners” serán atendidos por personal externo de empresas colaboradores y comercializadoras de los inmuebles. Este plan de venta se complementa con una financiación hipotecaria preferente, que financia hasta el 100% de la inversión, sin incluir gastos, al euríbor + 0,90 y un plazo máximo de 40 años (con el límite del 80% del valor de tasación).
Por otro lado, Caja Madrid se fue también muy activa en la venta de inmuebles a través de ferias inmobiliarias y jornadas de “puertas abiertas”, que le permiten ofrecer viviendas en condiciones ventajosas.
Además, la oferta inmobiliaria de Caja Madrid está disponible en Internet a través de un buscador online. En www.cajamadrid.es todos los interesados pueden consultar la información detallada del inmueble, su ubicación, solicitar una visita o presentar una oferta.
La entidad continúa también con su apuesta por las subastas on-line a través de Reser, sociedad del grupo Caja Madrid. Durante el mes de julio, Reser subastará 213 inmuebles (211 viviendas, 1 local y 1 trastero) propiedad de Caja Madrid por un valor total de 29 millones de euros.

La ministra de vivienda que vendía pisos en sus ratos libres

Jueves, 22 de julio de 2010

Carlos Sánchez – 21/07/2010 El Confidencial
En Los Siete Magníficos -un retrato único sobre qué hacer cuando el mal aplasta al bien- un meditabundo Steve McQueen cuenta a Yul Brynner -simplemente magistral- la historia de un hombre que se precipita desde un décimo piso. En su atormentado viaje hacia la nada, y cada vez que descendía un piso durante su fatal periplo, el desdichado individuo -una especie de José Luis Rodríguez Zapatero- decía a los vecinos que se asomaban a sus ventanas: ”˜Por ahora, todo va bien”¦”™, ”˜por ahora, todo va bien”¦”™
A veces da la sensación de que harto de tanta crisis, el Gobierno y una parte de la opinión pública han optado por engañarse a sí mismo, y eso explica que de forma recurrente se interprete la realidad a la luz de un voluntarismo político sin límites. Como si la realidad pudiera cambiarse simplemente con desearlo.
En el otro extremo hay quien piensa que éste es un país en descomposición, y que tarde o temprano acabará por estallar de la mano de casi cinco millones de parados. Se recupera por esta vía la imagen del español de toda la vida que dibujaba Mingote: un señor bajito, con bigote y cabreado. En otras palabras, esa España del ”˜no”™ imbuida de un cierto sentimiento trágico de la vida, que diría Unamuno.
La causa de tamaño dislate debe tener algo que ver con la escasa tradición que tiene este país a la hora de analizar los números. Probablemente por el hecho de que a los dirigentes políticos se les valora más por su olfato político (Suárez o González) que por su capacidad de análisis, lo que ha convertido las cifras o las estadísticas en un arma arrojadiza que se dispara como el revólver de Chris Adams, el personaje de Yul Brynner en la película.
Sin empleo no hay formación de nuevos hogares, y sin puestos de trabajo que llevarse a la boca difícilmente se recuperará el mercado de la vivienda, aunque lo diga la ministra
Un buen ejemplo lo ofrece la ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, empeñada desde que llegó a la antigua sede del Iryda -aquel viejo instrumento del franquismo para la reforma agraria que nunca llegó- en demostrar que el mercado inmobiliario se está recuperando.
Y para llegar a esta conclusión luce los últimos datos de compraventa de viviendas, que reflejan que en mayo se cerraron 37.789 operaciones. Es verdad que son 4.000 más que el mes anterior; pero la ministra calla que hace un año (en pleno tumulto financiero) se registraron 49.647 compraventas, y que en 2008 -cuando la crisis tomaba ya cuerpo- se cerró la compraventa de 75.883 viviendas. Es decir, justo el doble que en mayo de 2010.
Lo relevante en este caso no son las cifras. Al fin y al cabo, el pinchazo inmobiliario es una catástrofe económica heredada de una política económica irresponsable de este y el anterior Gobierno, que dejaron en manos de ayuntamientos codiciosos la política de ordenación de territorio. Lo verdaderamente singular es que se intente ocultar la realidad del mercado inmobiliario creando falsas expectativas, y que perjudican a los compradores de vivienda.
Hay un dato que ilustra la naturaleza del problema y que con toda seguridad conocen los asesores de la ministra de Vivienda (y probablemente ella misma): la evolución del número de hogares. Se trata de una variable fundamental para entender el funcionamiento del mercado inmobiliario. Pues bien, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el primer trimestre el número de nuevos hogares (saldo entre los que se crean y se destruyen) cayó en 6.000, hasta los 17,1 millones.
No se trata de un dato cualquiera. Estamos ante la primera caída desde que hace medio siglo comenzó a elaborarse la EPA, lo que da idea de su importancia histórica. Nunca antes había caído la formación de hogares en un trimestre, lo que sin duda se debe a un fenómeno de reagrupamiento familiar (principalmente juvenil) derivado de la crudeza de la crisis. Y que obliga a muchos jóvenes a volver al hogar paterno por falta de empleo.
Sin empleo, no hay vivienda
No estamos ante un fenómeno esporádico. En el último año tan sólo se han creado en España 132.000 hogares, una cifra extraordinariamente baja. Para hacer una idea de lo que significa hay que tener en cuenta que en la última década se ha situado entre 400.000 y 500.000, lo que significa que hoy se crean en España casi una cuarta parte de los hogares que se formaban durante los años de expansión económica.
¿Adivina la ministra por qué? ¡Bravo! Sin empleo no hay formación de nuevos hogares, y si no hay puestos de trabajo que llevarse a la boca ni que decir tiene que difícilmente se recuperará el mercado de la vivienda, como sostiene Corredor.
No son ganas de fastidiar, pero la propia vicepresidenta Salgado reconoce en sus previsiones macroeconómicas que este año (media anual) se destruirán alrededor de 350.000 empleos y el año próximo apenas se generarán 55.000 puestos de trabajo. A la luz de estos datos no parece razonable pensar que el repunte inmobiliario esté a tiro de piedra. Y si no que se lo pregunte a sus colegas de profesión, los registradores, con caídas del negocio del 60%, lo que ha puesto a muchos despachos al borde de presentar un ERE.
La recuperación no está cerca. Simplemente por otra razón fácil de comprender. Con los precios actuales la economía española tardará años en dar salida al stock de viviendas (700.000, según el propio Ministerio). Los precios deben bajar para dar salida a tanto piso sin vender. Y mucho. Exactamente como en otros países en los que ha estallado la burbuja inmobiliaria, y en los que a ninguna entidad financiera se le ha ocurrido aguantar en sus balances el valor de la vivienda de forma ficticia. Es por ello que en lugar de mirar hacia otro lado, parece que lo razonabe es que la ministra cambie de discurso y dirija sus ojos hacia el banco azul. Exatamente hacia el tercer escaño según se mira desde la presidencia del Congreso de los Diputados, donde se sienta la vicepresidenta Salgado, con autoridad suficiente para reclamar al Banco de España un endurecimiento de las provisiones por activos inmobiliarios no vendidos.
Cuando las casas quemen en el balance de los bancos, los precios bajarán y se comprarán más viviendas. Y entonces volverá el ciclo inversor y tendrá razón la ministra. Comenzará la recuperación del mercado inmobiliario. ¡Albricias! Como cuando los siete magníficos entraron a sangre y fuego en el pacífico pueblo mexcano subyugado por el malvado Calvera.

La factura más difícil de cobrar es la del Estado

Miércoles, 21 de julio de 2010

Las instituciones públicas tardan cinco meses en pagar sus facturas, lo que estrangula a las empresas, especialmente a las más pequeñas.
Paloma G. Moreno – Madrid – 19/07/2010
Pagar tarde, mal y nunca se ha convertido casi en una religión en España en los últimos años y la Administración pública es uno de sus principales seguidores de esta práctica. Hasta cinco meses (153 días) están tardando el conjunto de las instituciones públicas en pagar sus facturas actualmente, según el estudio ͍ndice de riesgo 2010, elaborado por la compañía sueca de gestión de crédito Intrum Justitia. Un retraso que ha empeorado peligrosamente la morosidad de 2009 en 14 días, nos aleja aún más de la media europea, donde el pago de las facturas no supera los 63 días como máximo y, lo que es peor, ha agravado los problemas de liquidez que sufren muchas empresas.
Luis Salvatierra, director general de Intrum Justitia, ha estimado que si la Administración española liquidara a tiempo sus deudas inyectaría a la economía unos 10.600 millones de euros, una cifra superior al crédito que España ha concedido a Grecia. “Los políticos no se dan cuenta de que los retrasos en los pagos impactan gravemente y de una manera directa en la economía de los países y reducirlos debería ser el primer paso para salir de la crisis y paliar el problema actual de liquidez”, afirma Salvatierra.
Un problema que se ha cebado principalmente con las pequeñas y medianas empresas, lo que justifica que este colectivo también haya recibido como agua de mayo la entrada en vigor de la reforma de la ley de morosidad, el pasado 7 de julio. Aunque habrá que respetar un periodo de transición de tres años fijado en la norma, para que los organismos públicos se vean obligados a pagar a sus proveedores en un máximo de 30 días y a las empresas privadas, de 60, para empezar, algo es algo. Teniendo en cuenta, además, que en estos momentos la supervivencia del 65% de las pymes y el 80% de los autónomos está en juego.
Ahora bien, el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos no son los únicos que tienen la mala costumbre de pagar con retraso. Las empresas privadas también se han ganado a pulso el calificativo de malas pagadoras, sobre todo en los últimos años. Bien sea por el arraigo de la cultura de alargar al máximo los plazos de pago, bien por las dificultades para imponer condiciones más restrictivas de pago a los clientes o por un problema estructural, agravado por la crisis, la realidad es que las entidades privadas también pagan mucho más tarde a sus proveedores que en Europa. Hasta 103 días tardan las empresas españolas en pagar sus facturas (59 días los particulares), según recoge el informe de Intrum Justitia. Un dato que contrasta con la media europea (no superior a los 55 días) y sitúa a España a la cola de Europa, junto a Grecia (106 días) e Italia (117 días).
Así y todo, las empresas españolas se han esforzado más que la Administración para mejorar su comportamiento de pago este año, aumentando en sólo dos días el plazo medio de pago frente a los 14 días de las instituciones públicas, destaca Salvatierra.
La falta de una legislación más restrictiva en España que en algunos países de Europa, como los nórdicos, que cuentan con una experiencia de más de 20 años; el intrincado funcionamiento de los tribunales, así como la dinámica de las empresas españolas, que hasta ahora se preocupaban más de vender y menos de asegurarse a quién y cómo, son algunos de los factores que no están ayudando a solucionar los problemas a la hora de cobrar a los clientes y a su vez pagar a los proveedores. Esta situación, además, se ha visto muy agravada por la crisis, las dificultades para acceder al crédito y los problemas financieros que están sufriendo la mayoría de sus clientes.
De hecho, según recoge este estudio, el riesgo de las operaciones comerciales en España ha alcanzado su peor nivel desde 2004, situándose en el puesto 167 (sobre 200). Las pérdidas por impagos también han subido sobremanera este año, alcanzando los 2.460 millones de euros. El volumen de créditos impagados creció un 26% en los primeros tres meses del año.
Pero la situación en Europa tampoco está mucho mejor. Aunque en la mayoría de los países las compañías pagan antes que en España, la crisis también ha hecho mella. Tanto es así que el coste de las pérdidas por impagos estimado en Europa ha crecido este año un 8%, alcanzando los 300.000 millones de euros (equivale a la deuda griega), lo que ha puesto contra las cuerdas a 200.000 empresas, que en estos momentos corren el riesgo de declararse insolventes. Y nada menos que el 25% de esta cifra se debe a la morosidad.
Más aún, en toda Europa, perseguir los impagos se ha convertido en una tarea que absorbe una gran cantidad de recursos económicos de las sociedades. Un capítulo en el que según han estimado en Intrum Justitia, las entidades gastan alrededor de 25.000 millones de euros (abogados, cartas, llamadas, recursos, etcétera). Este capítulo también es más problemático para las pymes, ya que al contar con menos recursos, normalmente postergan esta decisión demasiado en el tiempo.
Aplicar medidas preventivas, como analizar en profundidad la cartera de clientes antes de conceder un crédito, comenzar las gestiones de los impagados con más antelación y aplicar una política de crédito adecuada a cada cliente son algunas de las medidas que Salvatierra recomienda poner en práctica a las compañías para cobrar, ya que es la única forma de mejorar la competitividad. En España, en estos momentos, la Administración debe a las empresas unos 38.000 millones de euros y las compañías adeudan a sus proveedores unos 60.000 millones.
Ley de plazos para la morosidad
El devengo de intereses en caso de impago y la compensación por los costes de cobro que conllevaría la gestión de estas operaciones son algunas de las medidas recogidas en la ley de morosidad más valoradas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), además del recorte de los plazos de los pagos. La ley, encaminada a igualar los plazos con Europa, establece un periodo transitorio de adaptación que en el caso de la Administración pública fija en 50 días para lo que queda de este año y 2011, 45 días para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013. En el caso de las empresas privadas, salvo el sector de alimentación y productos perecederos, obligados a pagar en 30 días, la norma establece 85 días lo que queda de 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 días en 2013.
Para las constructoras que actualmente tardan en saldar sus facturas con los proveedores y subcontratistas más de 100 días, la ley fija un plazo de 120 días hasta diciembre de 2011, 90 días para 2012 y 60 días a partir de 2013.
Además, la nueva norma establece que las empresas deben informar en su memoria sobre sus plazos de pago y la posibilidad de recurrir las cláusulas abusivas por parte de las asociaciones y corporaciones empresariales, preservando la identidad de quien sufre los abusos. También prohíbe la negociación de los plazos.

La banca, el elemento distorsionador de los precios de la vivienda

Miércoles, 21 de julio de 2010

Los precios se muestran sordos y ciegos ante la parálisis del mercado
¿Se están conteniendo? La estrategia de la banca frena su caída
Jose F. Leal | Madrid -16/07/2010 – El MUndo
Las casas deberían bajar mucho más de lo que las estadísticas oficiales -publicadas hoy- dicen que han bajado. Así lo piensan los compradores de vivienda, los expertos locales y los organismos internacionales como Fitch, el FMI, la revista The Economist, entre otros.
Pero los precios se muestran sordos y ciegos ante la parálisis del mercado y la saturación de carteles y pisos en las calles. Sólo la necesidad perentoria y los incentivos coyunturales, como la subida del IVA de julio y el final de las deducciones por compra a partir de enero de 2011, mantienen el nivel de las ventas, mínimas aún si se comparan con las de años atrás.
En los años del ‘boom’, estas reflejaron con fidelidad la celeridad con la que se elevaban los precios, pero la caída no está siendo igual de rápida, y esto lastra la recuperación o, al menos, la reducción del ‘stock’. ¿Se están conteniendo los precios? Con la mayoría de los grandes promotores ahogados por el endudamiento, los bancos son los que están actualmente marcando el ritmo de los precios.
Las rebajas serán pequeñas
“No podemos esperar grandes bajadas en los próximos meses”
“Los promotores no pueden bajar más sus precios, porque han llegado al que pagaron por construirlos y bajar más supondría vender debajo del importe de la financiación”, explica Joan Bermúdez, consultor y directivo de Aegi, la patronal de los agentes inmobiliarios. Por eso, y aunque sería necesario para vender todo lo que queda, “no podemos esperar grandes bajadas en los próximos meses”, añade. Más aún porque el mercado de segunda mano actualmente se mueve “por necesidades puntuales de los vendedores”, concluye.
Los precios han caído nominalmente un 12% en dos años, desde sus máximos y la pregunta es recurrente ¿porqué no bajan más aún los precios si el mercado lo pide a gritos y el Euribor está por los suelos? “La explicación principal es que los bancos están vendiendo sus propias viviendas mejorando su financiación a cambio de no bajar el precio”, explica José Luis Campos Echevarría, economista de Profit.
Evidentemente, “esta estrategia tiene un coste a medio plazo, pero permite solucionar el gran problema que tienen en el corto plazo, que es sacarse de encima los pisos sin que los precios bajen demasiado”, añade Campos.
Esta estrategia responde a dos factores: por un lado, los bancos no están sacando todas las viviendas que poseen al mercado de una sola vez sino con cuentagotas, y, por otro, no pueden vender esas viviendas ‘a cualquier precio’, ya que no les compensa anotar en sus balances abultadas pérdidas contables -venderlas por menos de las que las compraron- con tal de deshacerse de ellas. Otro gallo cantará cuando, a partir de octubre, tengan que empezar a provisionar hasta el 30% de su valor si las mantienen.
Con las casas adjudicadas los bancos “vuelven a cometer los mismos errores de los años del ‘boom’, al ofrecer financiación al 100%”
Así, las entidades financieras, las principales tenedoras de viviendas en la actualidad, “son ahora mismo el elemento distorsionador del mercado inmobiliario”, señala Bermúdez, y los que tienen la manija que regula los precios, pues actúan de forma selectiva en algunas zonas para vender rápido y “sólo están rebajando los pisos procedentes de remates y embargos hipotecarios”, con los que, por cierto, “están volviendo a cometer los mismos errores que durante los años de ventas masivas de vivienda, al ofrecer financiación al 100%”, analiza Bermúdez.

Un 40% de las empresas presentarán sus cuentas por Internet

Martes, 20 de julio de 2010

El Servicio de Certificación de los Registradores (SCR) ha recibido los libros contables de 199.818 empresas españolas en 2010 mediante su plataforma de envío telemático, es decir, un 37% más que en el período anterior. Se espera que casi una de cada dos empresas españolas envíen sus cuentas anuales al registro mercantil que les corresponda por Internet, haciendo uso de firma electrónica, finalizando el plazo el 30 de julio, y donde se espera 450.000 empresas usen el servicio telemático.
Cibersur.com | 19/07/2010
Gracias a los avanzados niveles de seguridad y a la funcionalidad de la plataforma de envíos telemáticos de los Registradores, este servicio no ha dejado de crecer desde su creación en 2004, consolidándose como una herramienta de gran utilidad para las empresas españolas.

Madrid y Valencia son los registros que más libros enviados de forma telemática han recibido (33.023 y 25.252 respectivamente). En cuanto al crecimiento respecto a 2009, Vizcaya destaca con un 125% más de envíos.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha recibido este año los libros anuales de 199.818 compañías españolas, lo que equivale al 16,5% del tejido empresarial nacional, a través de la plataforma de gestión documental del Servicio de Certificación de Registradores (SCR).

El porcentaje de empresas ha aumentado, por tanto, un 37% respecto al periodo fiscal 2008-2009, lo que pone de manifiesto la consolidación del uso de esta plataforma desde que se pusiera en marcha en 2004, año en el que el número de envíos fue de 5.631.

Este periodo se ha caracterizado por un crecimiento neto respecto a 2009 en un gran número de registros. Concretamente, en 25 de ellos se ha recibido un 50% más de libros para legalizar.

El incremento en los envíos ha sido manifiesto también desde el principio del año: mientras que los envíos en enero y febrero han sido escasos en campañas anteriores, en 2010 los registros han recibido un 149% y un 115% más, respectivamente.

Además del envío de libros para legalización, cuyo plazo finaliza el 30 de abril, el próximo 30 de julio finaliza el plazo para que las empresas envíen sus cuentas anuales del año 2009 para su depósito, esperándose que más del 40% de dichas empresas usen Internet y la plataforma de SCR para hacerlas llegar al registro mercantil que le corresponda sin necesidad de hacer colas. De hecho, la estimación que está barajando SCR en referencia al uso del servicio es que más de 450.000 empresas usarán el portal electrónico para hacer llegar sus cuentas anuales.

Arjan Sundardas, Director General de Servicio de Certificación de los Registradores, ha señalado que “el aumento espectacular de recepción de libros en la mayoría de los registros es una muestra de que los empresarios españoles cada vez conocen mejor las herramientas tecnológicas que los registros ponen a su alcance y son más conscientes de los beneficios que su uso les reporta.” Y añade que “desde SCR estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado en los últimos años para la mejora de los servicios, además de los servicios telemáticos también hemos reforzado el servicio de atención al cliente, atendiendo el 100% de las llamadas y reduciendo el tiempo de espera. Aunque somos conscientes que todavía queda mucho camino por hacer”.

Joaquín Rodriguez Hernández, Director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores, ha comentado “el Colegio de los Registradores, a través de su Servicio de Certificación, ha permitido agilizar y asegurar la relación de los ciudadanos con los registros a través de Internet, logrando que la e-administración esté cada vez más presente en nuestro día a día.”

Los Registradores recortan el proyecto para su futura sede en el Casco Vello

Martes, 20 de julio de 2010

Rebajan en más de 1.000 m2 la superficie, “condicionados por la situación económica”

Javier Mosquera. Faro de Vigo

Los Registradores de la Propiedad han revisado a la baja el proyecto para su futura sede en el Casco Vello. La previsión inicial era destinar unos cuatro mil metros cuadrados en un conjunto de cuatro inmuebles situados en la calle Real, mientras que las previsiones que barajan actualmente sitúan el total edificado entre 2.700 y 3.000 m2.
Pese a este reajuste “condicionado por las circunstancias”, explican, los Registradores insisten en que “el proyecto sigue adelante y va a ser espectacular, porque es muy necesario y más con el Registro Mercantil, que también se ubicará en esas nuevas instalaciones”.
Los colegiados reconocen que su desarrollo estuvo un tiempo parado tanto por el cambio de gobierno en la entidad a nivel nacional como por la situación económica, “pero se han retomado las conversaciones con el Consorcio del Casco Vello, que mantiene una apuesta muy fuerte por la iniciativa y a partir de septiembre se le dará el impulso definitivo, pues ya trabajamos con un calendario formal”.
Margarita Alconchel, titular del número 6 y delegada provincial de la Junta de Gobierno del colegio considera que “cuando se acometió el proyecto inicial la situación era otra y lo que estamos ahora es aguantando el tipo y manteniendo a todo el personal, pero lo que se pretende es fantástico y hay que hacerlo realista”. “Centralizar todos los Registros en un mismo edificio -prosigue- es una auténtica necesidad porque están desperdigados y con muchas carencias de espacio”. Califica de muy buena la zona elegida “aunque en algunos momentos hubo reticencias por la seguridad ciudadana en la zona, pues empezamos a trabajar muy temprano”.

El PP pedirá que la cláusula suelo no pueda superar el 40% del Euribor

Martes, 20 de julio de 2010

Hipotecas- Condiciones abusivas
Beneficiaría a “dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca”
Servimedia – Madrid 19/07/2010 – El Mundo
El Grupo Popular del Senado defenderá en el Pleno del próximo miércoles una proposición de Ley para reformar la regulación de los “suelos» y “techos” de las hipotecas de interés variable en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, reclamando, entre otras cosas, que se declaren abusivos los “suelos” mayores en un 40% del valor de índice de referencia aplicable en el momento de la contratación, por antonomasia el Euribor.
Según calcula el PP, la reforma, que expondrá su senador Francisco Javier Vázquez, beneficiaría, en caso de ser aprobada,”a dos de cada tres ciudadanos que tienen contratada una hipoteca”.
Los populares recuerdan que las asociaciones de consumidores y usuarios han denunciado la existencia de cláusulas que prevén techos del 14% o el 15%, que las entidades financieras saben que nunca se alcanzarán, mientras que los suelos se sitúan entre el 3% y 5%, con lo que impiden beneficiarse de un euribor más bajo.
Vázquez indicó que muchas veces no se informa de dichas cláusulas a los consumidores y que impedir por contrato la repercusión de las bajadas del euríbor es una interpretación cuando menos dudosa de la legislación de protección de los consumidores.
el art 90 bis
“Estas prácticas”, denunció, “pueden considerarse abusivas dentro del sector bancario”, y, aunque no las aplique “la mayoría del sector”, están expresamente prohibidas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El PP pedirá, por ello, que se comience a tramitar la reforma de la Ley para incluir un nuevo artículo, el 90 bis, que regule las cláusulas de “suelo” y “techo” y tipifique en qué casos son abusivas.
También introduciría una disposición adicional, para que el Gobierno apruebe en los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la reforma las modificaciones reglamentarias necesarias.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma del arbitraje que reducirá carga de trabajo y costes a los tribunales

Lunes, 19 de julio de 2010

Nota de prensa del Ministerio de Justicia – 16 de julio de 2010 Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma del arbitraje que reducirá carga de trabajo y costes a los tribunales

También establece un procedimiento arbitral para resolver las controversias jurídicas relevantes que puedan surgir entre la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, o entre dos o más de ellos

Las funciones de apoyo y control judicial del arbitraje se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que hoy corresponden a los juzgados de primera instancia y de lo mercantil

Con esta reforma España refuerza su posición internacional como Corte Arbitral, sobre todo con los países iberoamericanos 16 de julio de 2010.
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado hoy el proyecto de Ley para la reforma de la Ley 60/2003, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado, que se acompaña de un proyecto de Ley Orgánica complementaria por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en lo que se refiere a las funciones de apoyo al arbitraje de los tribunales.
La finalidad de esta norma es impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o controversias, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales a la vez que los costes. Asimismo, otorga mayor rapidez y conformidad con la resolución por laudo, al haber sido dictado por árbitros designados por las partes. Con la reforma se pretende potenciar el uso del arbitraje y reforzar la posición internacional de España como corte de arbitraje, sobre todo en relación con los países iberoamericanos.

Principales modificaciones

Las funciones de apoyo y control judicial del arbitraje se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que incluye el nombramiento judicial de los árbitros, el conocimiento de la acción de anulación del laudo y el exequátur de laudos extranjeros, que hoy corresponden a los juzgados de primera instancia y de lo mercantil.
Se eleva, por tanto, el nivel de los órganos judiciales que realizan tales funciones y se potencia la uniformidad de criterio, lo que redunda en una mayor previsibilidad de las decisiones. Internacionalmente esta medida es valorada muy positivamente pues atribuir las decisiones jurisdiccionales derivadas del arbitraje, en especial el reconocimiento de laudos extranjeros a tribunales superiores, supone elevar de rango la institución arbitral.

Se modifica el tratamiento judicial de la existencia de una cláusula arbitral, la cual deja de ser una falta de jurisdicción o competencia que haya de ponerse de manifiesto mediante declinatoria, para tratarse como una excepción procesal, cuya tramitación resulta más funcional para los arbitrajes tanto nacionales como internacionales.

Sin perjuicio de otras posibilidades en el ámbito societario, se explicita la posibilidad del arbitraje en materia de impugnaciones sociales, reconociendo el arbitraje estatutario para las sociedades de capital.

Se refuerza tanto la capacidad, la responsabilidad y las incompatibilidades de los árbitros, así como el papel de las instituciones arbitrales, en aras a potenciar su independencia y la transparencia de su labor. La reforma respeta el régimen de los arbitrajes de consumo, a los que las previsiones de la Ley de Arbitraje se aplican tan sólo supletoriamente.

Se introducen modificaciones de carácter formal en los laudos, en los cuales desaparece la mención a los votos particulares y se pasa a exigir en todo caso la motivación de los laudos.

Se simplifica la tramitación de la acción de anulación de los laudos definitivos establecida en la vigente Ley de Arbitraje y se incorpora como novedad una solución rápida a los supuestos de extralimitación parcial del laudo.

También se incorporan las entidades públicas a los sistemas alternativos de resolución de controversias con renuncia a cualquier otra vía jurisdiccional o administrativa. A través de una disposición adicional, con la rúbrica de “Controversias jurídicas en la Administración General del Estado y sus Organismos públicos” se establece un procedimiento arbitral para resolver las controversias jurídicas relevantes que puedan surgir entre la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, o entre dos o más de ellos. Asimismo, el procedimiento será de aplicación a las sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector público estatal con sus organismos de tutela o matrices.
Quedan fuera de este procedimiento las cuestiones de naturaleza penal, responsabilidad contable, conflictos de atribuciones y las cuestiones derivadas de las actuaciones de la Intervención General del Estado.

Por último, se modifica la vigente regla de nulidad del convenio arbitral en caso de concurso de acreedores por la de su vigencia, sin perjuicio de que el juez del concurso pueda anularlo en caso de perjuicio para los acreedores.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley que permitirá la aplicación de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía

Lunes, 19 de julio de 2010

Nota de prensa del Ministerio de Justicia.

Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el proyecto de ley que permitirá la aplicación de los procesos
europeos monitorio y de escasa cuantía
Agilizará el cobro de deudas ante los tribunales, de especial utilidad para las operaciones comerciales que afectan sobre todo a pequeños y medianos empresarios
Se eleva de 900 a 2.000 euros la cantidad para la que no es precisa la intervención de abogado y procurador en los procesos civiles
16 de julio de 2010. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado hoy el proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
Esta reforma supone una aproximación a los instrumentos que, con igual propósito de tutelar los créditos, se han ido implantando en la Unión Europea durante estos últimos años, a través de lo que la doctrina califica como un derecho procesal europeo. Asimismo, se han introducido en el derecho interno algunos principios que inspira el Derecho comunitario con el propósito de aproximar la legislación nacional a la europea.
En este sentido, se destaca que se ha elevado en el juicio verbal la cuantía para la que no es precisa la intervención de abogado y de procurador, que pasa de 900 a 2.000 euros, en consonancia con la cantidad del proceso europeo de escasa cuantía.
En la legislación comunitaria, el proceso monitorio europeo aprobado por el Reglamento 1896/2006, aparece como una vía de reclamación transfronteriza de créditos pecuniarios no impugnados, y el proceso europeo de escasa cuantía aprobado por el Reglamento 861/2007, permite cualquier tipo de demanda cuando su valor, excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2.000 euros.
Ambos procesos comprenden únicamente reclamaciones en asuntos civiles y mercantiles, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, con inclusión del contrato de trabajo dentro del ámbito del proceso monitorio europeo, que en el derecho español no se incluye dentro del Derecho Civil o Mercantil.
Los procesos europeo monitorio y de escasa cuantía tienen aplicación únicamente en litigios transfronterizos. Sin embargo, sí se ha pretendido equiparar cualquier reclamación de índole similar al margen de que se trate de un litigio nacional o transfronterizo, situando al mismo nivel a cualquier acreedor que reclame su deuda en España y tanto si reside en España como si lo hace en otro país de la Unión Europea.

Los promotores, maniatados por la restricción crediticia

Domingo, 18 de julio de 2010

Denuncia | José Manuel Galindo, presidente de la APCE
El parón en la construcción de pisos se debe a que ‘no hay un duro’
Galindo afirma que hay zonas ya en las que hay demanda de vivienda sin cubrir
‘Si continuamos en esta situación, seguiremos destruyendo empleo’
Servimedia | Madrid 15/07/2010 – El Mundo

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, ha asegurado que hay zonas en las que hay demanda de vivienda sin cubrir, pero que no se pueden iniciar nuevas promociones por las restricciones crediticias.
En la rueda de prensa de presentación de propuestas de la patronal CEOE -donde se integra APCE- sobre rehabilitación de viviendas, Galindo aseguró que el “poco inicio de viviendas es consecuencia de la absoluta restricción crediticia; no hay un duro”.
“Hay zonas de actividad donde hay carencia en relación a la demanda, y se iniciarían viviendas pero no hay crédito”, subrayó el presidente de la patronal, quien agregó que las entidades no financian ni siquiera promociones cuya venta esté asegurada.
En este sentido, apuntó que “si continuamos en esta situación, seguiremos destruyendo empleo”. Sobre la posible competencia de bancos y cajas en la venta de pisos, Galindo indicó que “no me preocupa que quieran vender sus activos, hablo de reactivar la producción”.
Además, aprovechó para indicar que “ninguna vivienda se ha producido sin un crédito y una licencia”, con lo que quiso recordar que la responsabilidad de la crisis inmobiliaria no es sólo de las empresas del sector.

¿Vuelven a subir las hipotecas?

Sábado, 17 de julio de 2010

Levante-EMV.com Economía – Antonio Gallardo

Euríbor por encima del 1,3%
El Euríbor cotiza por encima del nivel de hace un año y las cuotas a pagar son más caras
El Euríbor no es inmune a las tensiones de tipos de interés del mercado, el referente de más del 90% de las hipotecas ha superado con claridad la cuota del 1,3% en la que llevaba meses oscilando y ya cotiza ligeramente por encima del nivel de agosto de 2009. Aunque la diferencia es ligeramente superior, supone que vuelvan a ser más caras las cuotas a pagar tanto para los que quieran acceder a la vivienda, como a los que ya la están pagando sus cuotas y verán que junto a la subida del IVA el presupuesto familiar vuelve a ser más restrictivo.

Ante este posible cambio de escenario, lo más recomendable es siempre buscar la mejor opción para el que tenga ya una hipoteca y más cuidado para el que decida aprovechar los últimos meses de desgravación por compra de vivienda habitual para todos, con independencia de lo que ganemos cada año.

Para los que busquen una hipoteca para primera vivienda, deben tener muy en cuenta que las cuotas actuales no se parecerán en nada si suben los tipos, este ha sido uno de los problemas que ha hecho más grave la crisis financiera en España, la regla del 30%-35% vale de poco si se contratan hipotecas a largo plazo con unos tipos tan bajos como los actuales por todo ello, el consumidor debe tener en cuenta que debe tener un buen margen si la situación cambia.

Un porcentaje de alrededor del 25% de los ingresos es mucho más apropiado, a esto se puede añadir algunas fórmulas que protejan de subidas, huyendo siempre de productos de riesgo que muchas veces se disfrazan de seguros, como los SWAPS, pero que limitan el pago si sube pero pueden generar grandes perjuicios si bajan. Seguros de desempleo o negociar un techo hipotecario acorde con la realidad es muy buena opción.

Contratar hipotecas con periodos de carencia, en la que sólo se pagan intereses, puede ayudar a pagar menos los primeros años, pero con tipos bajos, si podemos es mejor pagar la cuota íntegramente y así disminuir capital y por tanto pagar finalmente menos cantidad.

Novación o Subrogación para generar hipotecas

Mejorar las condiciones de nuestra hipoteca sólo es posible para quienes tengan una situación financiera saneada y especialmente lo que deban respecto al valor de su vivienda sea un porcentaje lo más bajo posible, lo cual generará mayor seguridad al banco que el 80% tradicional.

Para los que puedan deben fijarse en aspectos esenciales además del tipo de interés inferior, no tener cláusula de suelo o que sea lo más baja posible, e intentar que la entidad financiera asuma la mayor parte de los gastos (tasación, comisión de subrogación, etc.). También que esta bajada de tipos no esté basada en contratar muchos productos que no necesitemos y que suponen un sobrecoste.

Pero la opción más barata es presionar a nuestra entidad a que mejore las condiciones haciendo una novación, sin tener que pasar por el notario y asumir más gastos. Ser un buen cliente y tener una posición de fuerza puede ayudarnos a mejorar nuestra situación financiera.

Antonio Gallardo. Director de Contenidos iahorro. Comparador de hipotecas

Se firma el I Convenio Estatal de Notarías pese al rechazo de los empleados

Viernes, 16 de julio de 2010

15.07.2010 Victoria Martinez Vares – Expansión
La patronal notarial firmó ayer con UGT y CCOO un texto que, según las centrales sindicales, “acabará con el caos retributivo existente en la actualidad”. La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Empleados de Notarías (Feapen), sin embargo, lo rechaza por considerarlo un “atropello”.
La patronal notarial ha rubricado hoy con FeS-UGT y Comfía-CCOO, el I Convenio Estatal de Notarias que entrará en vigor tras su publicación en el BOE. Con la firma, que tuvo lugar en la sede de Garrigues, concluyen tres años de ardua e intensa negociación no exenta de dificultades. Buena prueba de ello, es que la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Empleados de Notarías (Feapen), que preside Juan Carlos Rodicio, se opone frontalmente al Convenio al considerar que es un “atropello” pues “cercena derechos elementales de los trabajadores”.
El Convenio, que dará cobertura a las necesidades laborales de los 20.000 empleados que trabajan en las 3.000 notarías españolas, es valorado muy positivamente por la Federación Española de Asociaciones Patronales de Notarios (Fedane). Su presidente, Ignacio Navas Olóriz, destaca que con su rúbrica el notariado “da un paso al frente en un momento muy delicado de la economía, apostando por la unificación a nivel estatal de las condiciones laborales de los empleados de nuestras oficinas”.
En el mismo sentido, se pronuncian las centrales sindicales UGT y CCOO para las que el texto produce “una unificación eficaz de normas por la vía de aumentar el número de materias reservadas a la negociación estatal” y que se refieren a retribución, tiempo de trabajo -salvo distribución horaria y jornada de verano-, traslado de notario, formación profesional o jubilación, entre otras.
Navas considera que el Convenio, cuyo preacuerdo se firmó el pasado 28 de junio y que hoy ha sido sancionado definitivamente, “será muy positivo” para un sector que también ha sido golpeado por la crisis -la contratación ha caído un 46% de media en toda España, con zonas que alcanza el 70%- y que, por tanto, “podrá salir de la coyuntura económica sin despidos”.
Desde la patronal se estima que el convenio mejorará los salarios más bajos, conciliará el derecho del notario al traslado de notaría con el de los empleados a percibir la indemnización correspondiente. Asimismo, Navas afirma categóricamente que, la unificación de masas salariales “no supondrá que se reduzca el sueldo real a percibir” y recalca que se ha apostado con fuerza “por la formación continuada”.
Los sindicatos firmantes, a su vez, señalan que el convenio también establece un incremento salarial en función del IPC para los cerca de 20.000 empleados de notarías y unos complementos salariales vinculados a la productividad que sustituyen a la antigͼedad.
Denuncias
Feapen denunció, nada más conocer que se había alcanzado un preacuerdo con UGT y CCOO, que interpondría un conflicto colectivo para el sector. Para esta federación el texto resultará “nefasto” al suprimir “un derecho histórico irrenunciable” como es el complemento de antigͼedad. Entienden, a su vez, que no “articula ninguna fórmula que permita la estabilidad y la seguridad laboral”.
Feapen avisó a la patronal notarial de que “sacarían a la opinión pública todas las irregularidades en el notariado, que incluso son denunciables en los juzgados”. Al respecto, Navas contesta que esta Federación, al verse frustrada, ha hecho una “campaña en prensa insultante”, al tiempo que advierte de que si tienen datos de irregularidades “los pongan en conocimiento de la Fiscalía” y si no lo hacen “será una injuria que tendrá consecuencias”. Navas apostilla que dicha amenaza “ha sido un error absoluto” y estima que “la deriva de Feapen es la que les ha impedido firmar el convenio”.

La presión fiscal sobre la vivienda sube un 28% en plena caída de precios

Jueves, 15 de julio de 2010

Debido al incremento de la recaudación por IBI
La presión fiscal sobre la vivienda sube un 28% en plena caída de precios

Carlos Sánchez.- 12/07/2010 – El Confidencial
Los pisos bajan”¦, la presión fiscal sobre el valor de la vivienda”¦ no deja de subir. Así puede resumirse el análisis más reciente que ha elaborado la dirección general del Catastro sobre los impuestos que pagan los contribuyentes sobre sus bienes inmuebles. Y la conclusión que saca no deja lugar a dudas. Desde el año 2006, la presión fiscal -medida a partir de la evolución de la cuota líquida del IBI (sin bonificaciones)- ha crecido nada menos que un 28%. O dicho en otros términos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha pasado de representar el 0,71% del producto interior bruto al 0,91%.
Los datos de Catastro, sin embargo, chocan contra la realidad del precio de los pisos -en última instancia el subyacente del IBI-, que no han dejado de bajar desde que estallara la burbuja inmobiliaria. Los datos compilados por el Banco de España muestran, en concreto, que la vivienda bajó un 3,2% en 2008 -en términos interanuales- y un 7,1% en 2009. Es decir, un 10,3% de forma acumulada. Esto significa que se pagan más impuestos por un bien que cada vez vale menos, lo que supone una subida impositiva adicional de la presión fiscal. O encubierta, como se prefiera.
El incremento de la recaudación por IBI ha sido, sin embargo, extremadamente poco homogénea. En cuatro comunidades autónomas, la presión fiscal sobre la vivienda supera el 1% del PIB regional: la Comunidad Valenciana (1,18%), Andalucía (1,16%), Cataluña (1,07%) y Baleares (1,05%). Por el contrario, en el País Vaso apenas representa el 0,47% del PIB, y el 0,65% en Galicia. La Comunidad de Madrid, donde también se ha producido un ”˜boom”™ inmobiliario, se encuentra, sin embargo, entre las regiones con menor presión fiscal sobre la vivienda, apena el 0,79% del pib del territorio.
La importancia del IBI sobre la recaudación fiscal de los municipios es capital. No en vano, el impuesto de bienes inmuebles representa el 18,3% de los ingresos no financieros de los ayuntamientos; pero si se compara con las recaudación total vía impuestos (sin incluir transferencias del Estado) se estaría hablando del 53%. O lo que es lo mismo, 8.997 millones de euros. La única partida que supera a los ingresos derivados del IBI, según cifras oficiales, tiene que ver precisamente con las transferencias corrientes de la Administración General del Estado, que en 2008 superaron los 10.200 millones de euros.
¿Y cuáles son los ayuntamientos con mayor presión sobre los bienes inmuebles? Entre las grandes capitales la palma se la lleva Valencia, donde el tipo de gravamen de los bienes de carácter urbano se sitúa en el 0,97%, muy por encima del 0,84% de Sevilla o del 0,75% de Barcelona. Entre los municipios con menos población destaca el caso de Huelva, con un tipo de gravamen del 1,06%, más del doble que Albacete, apenas un 0,45%.
En la cola también se sitúan San Sebastián (0,18%), Vitoria-Gasteiz (0,22%) o Pamplona (0,35%), cuyos ciudadanos se benefician de la existencia de un sistema fiscal propio. Madrid, sin embargo, con diferencia la ciudad más endeudada de España, más de 7.300 millones de euros, mantiene un tipo de IB bajo en relación a otros municipios, del 0,58%.

Asimetría fiscal
La asimetría existente entre precios que bajan y recibos que suben ya fue estudiada en su día por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a instancias del ayuntamiento de Gijón, que ha sido el más beligerante en este asunto. El municipio asturiano reclamó que la administración aprobara normas para que los valores catastrales se ajustaran a la evolución real del mercado inmobiliario en aquellos ayuntamientos que hubieran hecho la revisión en los últimos años.

Gijón argumentó que aunque la revisión del valor catastral se hace de forma escalonada a lo largo de diez años, el Gobierno central cada año y en la Ley de Presupuestos introduce una actualización que generalmente se sitúa en el 2%, equivalente al aumento de la inflación prevista. La dirección general del Catastro recogió el guante y trasladó en su día a la FEMP un borrador de propuesta en el que se incluía la introducción de un coeficiente reductor para adecuar los recibos del IBI a la evolución del mercado inmobiliario.

Los ayuntamientos, sin embargo, rechazaron esta propuesta. Dijeron que no estaba “justificada” la regulación de un coeficiente reductor, y entre los argumentos que dieron estaba el siguiente. “Es muy probable que esta medida”, dijeron, “obligue a los municipios revisados, mediante presión ciudadana, a aplicar el coeficiente en contra de su voluntad y sus necesidades (sic), tanto si han aplicado o no bonificaciones para evitar convulsiones sociales”.

La FEMP, igualmente, esgrimió que la aplicación de coeficientes reductores implicaría que “cada año se debería estar atento a la evolución del mercado”, y eso “complica muchísimo la gestión e incorpora una nueva variable de inquietud en la población frente a sus obligaciones tributarias municipales en un tiempo de crisis nada recomendable”-

Así, las cosas, y con este ‘no’ por montera, la realidad está ahí. Los ayuntamientos continúan haciendo caso omiso de la rebaja del precio de los pisos.