A I R E

     Carlos Sánchez - 17/08/2010 – El Confidencial
     Los datos los acaba de publicar la Agencia Tributaria (página 26 de este documento) y no dejan lugar a dudas sobre el aumento de la presión fiscal en los últimos años en términos individuales. En particular en el Impuesto sobre la Renta. Según esos datos, el IRPF devengado por persona y año ha pasado de 1.901 euros en 2004 a los 2.322 euros de 2008. Se trata, por lo tanto, de un incremento del 22% en menos de un lustro, lo que pone de manifiesto la intensidad de la subida. 
     El aumento de lo que hay que pagar a Hacienda por IRPF se ha producido pese a la reforma fiscal del año 2007, que rebajó el tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta del 45% al 43%. La causa de este incremento de la presión tributaria individual tiene que ver con lo que los hacendistas denominan subida fiscal en frío, cuando los impuestos crecen como consecuencia del aumento de las bases imponibles (y no de los tipos impositivos) al tratarse de un impuesto progresivo. Hay que tener en cuenta que la renta bruta media por persona y año, según la Agencia Tributaria, se situó en 2004 en 17.301 euros, lejos de los 21.396 euros estimados para 2008, último año con datos disponibles. Los precios subieron durante esos años un 13,5%, lo que significa que apenas hubo ganancia del poder adquisitivo, como señala esta tabla del INE.
     Las cifras de la Agencia Tributaria ponen de manifiesto, igualmente, que en contra de lo que se suele creer, el IRPF en España no es más reducido que en la media de la UE. Ni siquiera  respecto de la eurozona, donde la presión fiscal es históricamente más elevada para financiar el Estado de bienestar. Eurostat –la agencia de estadísticas de la UE- publica anualmente un informe titulado Taxation Trends in the European Union (Tendencias fiscales en la Unión Europea) en el que en relación al IRPF pone de relieve que el tipo máximo se sitúa en 2010 en el 42,4%, frente al 43% de España. Si la comparación se hace con la UE a 27, la distancia es todavía mayor. Incluyendo los nuevos estados miembro, el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa en el 37,5%. O lo que es lo mismo, 5,5 puntos menos que España.
 
     El hecho de que el IRPF español sea más elevado que la media comunitaria se explica por la tendencia claramente descendente observada en los últimos años  en la UE, donde el tipo máximo ha bajado en nada menos que 7,2 puntos. (6 puntos porcentuales en el caso de la eurozona). Por el contrario, en España se ha pasado de un marginal del 48% al 43% todavía vigente, y que es el que ahora podría subir a nivel estatal (en algunas comunidades autónomas del PSOE ya han anunciado una próxima elevación). De los 27 países de la UE, en 15 el tipo máximo del IRPF es inferior al español, donde además es operativo a partir de unos ingresos relativamente bajos: 53.407 euros brutos al año.
      Impuestos para financiar el Estado de bienestar
     Incluso en países donde la elevada presión fiscal es una de sus señas de identidad para financiar el Estado de bienestar (el argumento de José Blanco para proponer una subida de impuestos), la tendencia es claramente descendente. En  Alemania el tipo marginal máximo ha bajado desde que comenzó la década 6,3 puntos (del 53,8% al 47,5%); en Dinamarca 8,2 puntos (59,7% al 51,5%); en Holanda 8 puntos (del 60% al 52%), mientras que en Francia ha caído en nada menos que 13,2 puntos (del 59% al 45,8%). Suecia rompe la tendencia con una subida del IRPF de 4,9 puntos (del  51,5% al 56,4%).
     También frente a lo que se suele creer, el tipo impositivo de Sociedades –el tributo que grava los beneficios empresariales- es más alto en España que en la UE. En el caso español se sitúa en el 30%, por encima del 25,7% estimado para la eurozona y del 23.2% en la UE a 27. Como sucede en el caso del  IRPF, la causa de esta distancia tiene que ver el hecho de que en la inmensa mayoría de los países europeos se ha producido una tendencia claramente descendente en el Impuesto de Sociedades, hasta el punto de que ha bajado en 9,2 puntos porcentuales en la eurozona y 8,7 puntos en la UE a 27. Por el contrario, en España el descenso ha sido de cinco puntos (del 35% al 30%). El caso de Alemania es el más relevante toda vez que allí las empresas han pasado de pagar un 51,6% por sus beneficios a un 29,8%, lo que significa una reducción de nada menos que de 21,8 puntos porcentuales.
     En el único tributo en que la fiscalidad española es claramente inferior a la comunitaria es el IVA. En este documento publicado hace justo un mes por Bruselas –y actualizado al 1 de julio de este año- se pone de relieve que de los 27 países europeos, en sólo cuatro el tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido  es inferior al español (Chipre, Luxemburgo, Reino Unido y Malta). En el resto es superior, con un máximo del 25% que marcan Dinamarca, Suecia y Hungría. En el tipo de IVA reducido, que se sitúa en el 8% desde el pasado 1 de julio, España se sitúa en niveles medios, aunque en este caso las comparaciones son difíciles de realizar ya que hay gran dispersión. En Suecia o Bélgica, por ejemplo, el tipo medio del IVA (según productos) se mueve dentro de una horquilla que va entre el 6% y el 12%.
     Menos empleo, más economía sumergida
     ¿Quiere decir esto que la presión fiscal total -no la individual- es más alta en España que en la media de la Unión Europea?  En absoluto. Es sensiblemente inferior. Básicamente por una doble razón. Aunque los tipos impositivos son más elevados (tanto en IRPF como en Sociedades) el Estado recauda menos. Por un lado por la caída del empleo –lo que reduce las bases imponibles-, y por otro por el enorme peso de la economía sumergida. La tasa de empleo de España se sitúa en el 59,8% (trabajadores con edades comprendidas entre 16 y 64 años), mientras que en la UE es 5 puntos superior, hasta el 64,7%. Mientras que la mayoría de los estudios sitúan la economía sumergida entre el 20% y el 25% del PIB. Y sólo por eso, los datos más recientes de Eurostat indican que mientras en la eurozona los ingresos tributarios  respecto del PIB se situaron en 2008 en un 39,7%, en España se desplomaron hasta el 33,1%, un nivel desconocidos en dos décadas, y que sitúa los ingresos públicos en niveles de los años 80. Y ello pese a que la economía española creció ese año por encima de la UE.
      La caída es tan espectacular que de los 27 países miembro, en sólo siete el Estado recauda menos: Estonia, Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia. Es decir, en casi todos los casos países del este de Europa donde la presión fiscal es mínima. En Lituania, por ejemplo, tanto el tipo máximo del IRPF como el de Sociedades son del 15%, un punto porcentual menos que en Rumania; mientras que en Eslovaquia el tipo impositivo de ambos tributos es del 19%.
     La menor presión fiscal existente en España, por lo tanto, no tiene nada que ver con la existencia de tipos nominales más bajos -como sugiere el ministro de Fomento- sino con la incapacidad del Estado para recaudar por la caída de la actividad económica. Los datos más recientes de la Agencia Tributaria indican, por ejemplo, que la base imponible agregada (suma del IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales) se situó en 2009 en 1,15 billones de euros. Es decir, un 6,1% menos que en 2008, año en que se produjo otro descenso del 4,7%. Las rentas brutas de los hogares cayeron un 2,5% (pero nada menos que un -14,2% las rentas del capital y un -11,9% las ligadas a actividades empresariales). Mientras que en Sociedades la caída de las bases imponibles (lo que realmente grava Hacienda) ha sido de un 20,3%. Las bases imponibles han caído también de forma extraordinaria en gasto en compra de vivienda (-36,7%) o consumo de gasolinas (-25,8%), lo que ha mermado la recaudación del Estado.
     Dicho en otros términos, la elasticidad de los ingresos respecto del PIB se ha desplomado. Hasta el extremo de que la presión fiscal tributaria (sin cotizaciones sociales e ingresos patrimoniales) ha pasado de representar el 19,1% del producto interior bruto  en 2007 al 13,7% dos años más tarde. O dicho en otros términos, la pérdida de recaudación por el desplome de la actividad económica es equivalente a unos 50.000 millones de euros, lo que explica la caída de la presión fiscal. No es, por lo tanto, debido a que los tipos impositivos sean más reducidos que en la UE.
     De hecho, el tipo efectivo de los salarios (descontando deducciones y desgravaciones) se situó en 2009 en el 14,74%, por debajo del 15,15% de 2006. El tipo efectivo de las retenciones de las nóminas bajó incluso hasta el 11,42%. En todo caso, muy por debajo del tipo medio nominal, un 24%. En el caso de los consejeros de empresas (cotizadas y no cotizadas)- que en teoría obtienen los mayores ingresos-, el tipo efectivo o real es del 31,18%. Por lo tanto, casi 13 puntos menos que el marginal máximo, convertido en un fetiche fiscal.

     Servimedia 16/08/2010 El Economista

     Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclamaron este lunes al Gobierno que antes de hablar de subidas de impuestos centre sus esfuerzos en combatir la economía sumergida.
     El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, declaró que “lo primero es hacer cumplir la ley al mayor número de personas y después que homologue los impuestos a la media europea”.
     Desde Gestha respondían así a las últimas declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, quien abogó por aumentar la presión fiscal con subidas de impuestos en España para mejorar los servicios públicos.
     Mollinedo indicó que es cierto que la presión fiscal en España, cifrada en 2008 en el 33,9% del PIB, está por debajo de la media de la UE-15, que se sitúa en el 41%.
     España a la cabeza en economía sumergida
     El secretario general de Gestha afirmó que es “una diferencia muy grande”, pero agregó que una parte importante de la menor recaudación de impuestos en España se debe a la economía sumergida, que en España es el doble que la media europea.
     En este sentido, indicó que si se combatiera la economía sumergida se conseguiría recaudar unos 38.500 millones anuales, que supondrían 3,8 puntos del PIB, con lo que la presión fiscal en España subiría hasta el 37,7%.
     Así, la diferencia se reduciría a poco más de tres puntos, y sería en esa situación cuando se debería plantear la posibilidad de subir impuestos para equipararse con Europa en presión fiscal.
     Mollinedo lamentó que al no luchar contra la economía sumergida, al final las clases medias son las más afectadas por las subidas de impuestos, como ya ocurrió con la eliminación parcial de la deducción de 400 euros y con la subida del IVA.
Además, aseguró que los técnicos de Hacienda tienen “las manos atadas” en la lucha contra el fraude porque las normas son “muy anticuadas” y sólo se pueden centrar en pequeños contribuyentes y no en grandes fortunas y corporaciones industriales.

     Urbanismo - Datos de 490 localidades
     Las localidades registradas reúnen el 68% del total de los residentes en España
     A finales de 2011 habrá información urbanística de 1.463 municipios españoles
     Servimedia - Madrid 16/08/2010 – El Mundo
     El Sistema de Información Urbana (SIU) del Ministerio de Vivienda ha puesto ya a disposición de los ciudadanos información de 490 municipios españoles e integra el 60% de los principales núcleos urbanos. Las localidades registradas reúnen el 85% de la población de las principales áreas urbanas españolas y a su vez el 68% del total de los residentes en España, según ha informado el departamento de Beatriz Corredor.
     Se prevé la incorporación de los datos urbanísticos de Ceuta y Melilla
     El Sistema de Información Urbana es una herramienta digital desarrollada por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de incrementar la información disponible en materia de suelo y urbanismo y combatir la corrupción urbanística. En cuanto a la distribución territorial de los municipios integrados en el SIU, las 17 comunidades autónomas tienen en el sistema al menos cinco municipios de los incluidos en las principales áreas urbanas de sus respectivos territorios. Está prevista la incorporación de la información urbanística de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
     Desde su presentación en noviembre de 2009 se han firmado convenios de colaboración con comunidades autónomas para incorporar al sistema información sobre los municipios españoles. Como consecuencia de estos convenios, así como del programa de impulso Urbanismo en Red, se prevé para finales de este año la inscripción de aproximadamente 580 municipios y al final del primer semestre de 2011 otros 393. De este modo, las previsiones apuntan a que el SIU podrá disponer a finales del segundo semestre de 2011 de información urbanística de 1.463 municipios españoles.

     El transporte y los gastos relacionados con la vivienda, los que más tiran hacia arriba del índice de precios
     ABC / Madrid 12/08/2010
     El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó cuatro décimas respecto a julio del año anterior, hasta el 1,9 por ciento, ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos se vieron influidos por la subida del IVA que entró en vigor en julio, y que afectó especialmente a componentes como el gas, la electricidad, los automóviles y los servicios telefónicos.

     El calzado es, junto a la ropa, lo que más ha bajado en julio
     Los componentes con mayor repercusión en el descenso mensual, que se produjo tras cuatro meses de subidas, fueron el vestido y el calzado, con una bajada del 11,7%, y el menaje, que descendió el 0,4%. La inflación subyacente -que excluye la variación de los precios de los alimentos frescos no elaborados y la energía- se situó en el 0,8%, cuatro décimas más que la registrada en junio.
     A pesar de que España continúa en recesión cuando la mayoría de países de la Unión Monetaria ya han salido de la misma,el diferencial de inflación español respecto a Europa (que antes de la crisis se estableció en aproximadamente un punto más de subida de precios que siempre marcaba nuestro país) parece ahora volver a reflejarse y, desde febrero de este año, cuando el IPCA (armonizado) de España y la UEM coincidía, parece estabilizarse ahora en unas dos décimas por encima (un 1,7% en la UEM frente al 1,9% español).
     Evolución mensual
     En cuanto a la evolución mensual de los precios, en julio la tasa de variación del IPC ha sido de cuatro décimas negativas. Pese a la aumento de la gran mayoría de productos en términos mensuales (sobre todo los relacionados con vivienda, ocio y cultura (viajes organizados sobre todo) o transporte, el fuerte tirón hacia abajo de ropa y calzado es uno de los responsables de este retroceso.

     El titular de Fomento apuesta por “homologar” las tasas a la media de la UE para poder invertir en servicios e infraestructuras “de primera”
     15/08/2010  Madrid. (Europa Press).- La Vanguardia - El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que los impuestos españoles son “muy bajos” y ha señalado que en un futuro hay que pensar en buscar fórmulas para “homologarlos” a la media de la UE con el objetivo de lograr servicios e infraestructuras “de primera”.
     “No estoy planteando una subida de impuestos, simplemente digo, como reflexión, que España, en relación con los servicios públicos que tiene, y en relación a las infraestructuras que tiene, y que debería seguir desarrollando, cuenta con una base impositiva muy baja en relación con la media de los países europeos”, ha indicado.

     En una entrevista a Europa Press, el ministro de Fomento respondió así del Gobierno tras ser preguntado si finalmente se subirá la carga fiscal a los que más tienen, como ha planteado el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando el debate de las cuentas para 2011 a partir del mes de septiembre. Según Blanco, no habrá que esperar mucho para saber si habrá subida y para quienes: “Cuando abordemos el Presupuesto General del Estado para 2011 en los próximos días, los ciudadanos conocerán la política de ingresos y gastos”, precisó.

     Así pues, a modo de “reflexión”, Blanco tomó partido y afirmó que España, “en relación con los servicios públicos que tiene y en relación a las infraestructuras que tiene y que tiene que seguir desarrollando, cuenta con una base impositiva muy baja en relación con la media de los países europeos”. “La pregunta que siempre se tienen que hacer los ciudadanos es que si queremos unos servicios públicos de primera o unas infraestructuras de primera, tendremos que tener también impuestos homologables a los de los países europeos”, añadió.

     Por el momento, el Gobierno ha confirmado en varias ocasiones a lo largo del último mes que su intención es subir impuestos en el marco de los próximos Presupuestos, aunque sólo para las rentas más altas. La incógnita abierta hasta ahora era si ello afectaría a los tramos del IRPF, si se rescataría el Impuesto sobre el Patrimonio o si se crearía una nueva figura impositiva. “Si hay que pedir nuevos esfuerzos a los españoles lo haré, lo haré en los PGE (…). La idea del Gobierno es que esos esfuerzo van a ser para aquellos con alta capacidad económica”, aseguró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación, a mediados del mes de julio.

     Zapatero dijo entonces que se trataba tan sólo de una “idea” para pedir “nuevos esfuerzos” a los ciudadanos con alta capacidad económica. Desde entonces no ha habido concreciones, aunque en los primeros días de agosto el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, aseguró de nuevo que el Gobierno mantiene “totalmente abierta” la posibilidad de subir los impuestos a las rentas más altas.

     Según dijo, el Ejecutivo “está estudiando” la subida fiscal para “los sectores de la sociedad que tienen las rentas mucho más altas” y añadió que la propuesta “se verá en su momento”. Ese momento son los Presupuestos Generales del Estado para 2011, que se debatirán a partir de septiembre. Zapatero también avanzó en el Debate sobre el Estado de la Nación que tomaría las decisiones oportunas, en un contexto de déficit y necesidad de ingresos del Estado, “cueste lo que cueste”.

     elEconomista.es 15/08/2010 -

     En el verano de 2007 estallaba la burbuja inmobiliaria en nuestro país. La entonces incipiente crisis afectaba directamente a uno de los sectores con más peso en la economía española. Tres años después, el panorama ha cambiado considerablemente, el mundo entero se ha visto obligado a modificar sus bases económicas, y se trata, a paso lento, de volver a normalizar la situación.
     Baste un dato para hacerse a la idea de cómo ha sido la caída. Entre el 30 de junio de aquel año 2007 y el mismo día de 2010, la capitalización de las inmobiliarias españolas se ha reducido en una cuarta parte, como informa este domingo el diario El País en su suplemento Negocios.
     Echando la vista atrás, observamos que en el año 2006, 12 de las 35 mayores operaciones corporativas de financiación en Europa las protagonizaron las inmobiliarias españolas. A día de hoy, el panorama ha cambiado tanto, que en 2010 se prevé que en nuestro país se construyan apenas 100.000 casas, menos de la octava parte de aquel año 2006.
     Es evidente que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha afectado de forma notable a la economía de nuestro país en términos generales. Las previsiones estiman que en el año 2011, el PIB habrá caído un 5,4% respecto a 2007, por la repercusión de la crisis de este sector.
     Grandes deudas en las inmobiliarias
     La situación de las principales compañias inmobiliarias españolas es igual de desoladora. Muchas han entrado en concurso de acreedores por sus elevadísimas deudas, y otras sobreviven a duras penas, a la espera de que pueda llegar una nueva etapa de crecimiento.
     Entre las nueve principales empresas del sector (Metrovacesa, Renta Corporación, Quabit, Colonia, Fadesa, Reyal Urbis, Realia, Testa y Vallehermoso), el endeudamiento total es de 28.424,15 millones de euros, al cierre del primer trimestre del año 2010.

     Europa Press  12/08/2010 – El Economista
    La oferta de viviendas de entre 100.000 y 200.000 euros se ha disparado en los grandes mercados inmobiliarios españoles ante las dificultades que encuentran los propietarios para vender sus inmuebles en medio de la crisis, según idealista.com.
     Concretamente, la oferta en esta horquilla de precios en Madrid creció un 55,3% en el último año -de julio de 2009 a julio de 2010-, hasta representar el 27,4% del total. De esta forma, es la primera vez desde mayo de 2003 que este segmento de precios es el mayoritario en la oferta de viviendas en la capital.
     En el caso de Barcelona, el incremento de la oferta de estas viviendas fue del 48,1%, lo que supone la segunda opción más ofertada de la ciudad condal (18,3%), sólo por detrás de las viviendas en venta de entre 200.000 y 300.000 euros (30,3%). Este segmento de precios no alcanzaba este porcentaje desde junio de 2004.
     Crecimiento desde mínimos
     Por otro lado, el portal inmobiliario concreta que desde que alcanzara su nivel más bajo (8,1%) en agosto de 2006, el segmento de pisos entre 100.000 y 200.000 euros en Madrid ha crecido un 458%, mientras que en Barcelona, donde tocaron fondo en octubre de 2006 (3%), el crecimiento ha alcanzado el 638%.
     Para el jefe de Estudios de idealista.com, Fernando Encinar, esta tendencia tiene que ver con la situación actual del mercado inmobiliario, en el que la sobreoferta no se reduce y el comprador ya no puede alcanzar los precios que piden los vendedores porque los bancos ya no ayudan con la concesión de hipotecas.
     “En el pasado más reciente los precios habían bajado lo suficiente para reactivar la compraventa, pero desde hace unos meses los propietarios son más reacciones a seguir ajustando sus ofertas y en consecuencia las ventas también se están reduciendo”, añade idealista para apostillar que “la única salida hoy en día para una vendedor es asumir que tendrá que seguir bajando el precio de su casa si quiere cerrar la operación”.

     Xavier Gil Pecharromán 13/08/2010 – El Economista
     Notarios y registradores de la Propiedad y Mercantiles quedan obligados, a partir de ahora, a seguir las directrices de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat (DGDEJ) publicadas en sus consultas, después de que el BOE publicase ayer un auto del Tribunal Constitucional (TC), de 29 de julio, que levanta la suspensión al artículo 7.2, de la Ley catalana 5/2009, de 28 de abril.
     Este artículo establece que las respuestas a las consultas realizadas por notarios y registradores sobre el Derecho catalán son vinculantes para todos ellos, y, por ello, deben ajustar la interpretación y aplicación que hagan del derecho catalán al contenido de dichas respuestas.
     Cuerpos de ámbito estatal
     La Abogacía del Estado, por indicación del Ministerio de Justicia, promovió el recurso de constitucionalidad 1017-2010, en el que defendía que la atribución de dicha potestad carecía de cobertura legal, dada la condición de cuerpos estatales de notarios y registradores y su dependencia jerárquica de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), que era el único órgano que, hasta ahora, podía dictarles instrucciones de obligado cumplimiento .
     El auto del TC levanta también la suspensión del artículo 3.3, que regula que si la persona que presenta un recurso en el Registro lo interpone ante la DGRN, y el registrador, manteniendo la calificación, entiende que es competente la DGDEJ, debe formar expediente y elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel hecho. En estos casos, la DGDEJ debe comunicarlo sin demora al Ministerio de Justicia para su conocimiento.
     Importantes limitaciones
     Sin embargo, el Pleno del TC ha mantenido importantes limitaciones. Así, entra en vigor el artículo 1 de la Ley, que regula el régimen de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o de sus cláusulas concretas que deben inscribirse en un registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de Cataluña, siempre y cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción.
     En este caso, el auto, mantiene en suspenso la frase “junto con otros motivos”, que daría la posibilidad de extender la competencia de la Administración catalana a los asuntos basados de forma conjunta en normativa estatal y catalana.
     El Pleno del TC mantiene también en suspenso parte del artículo 3.4, en aspectos en que otorga a la Generalitat competencia para resolver recursos inscribibles en un Registro en Cataluña, promovidos por varios usuarios y basados en Derecho estatal y catalán.
     La suspensión afecta a dos frases del artículo 3,4 de la Ley 5/2009, de 28 de abril (destacadas en cursiva), que dice: “Si varios interesados optan por interponer cada uno un recurso gubernativo y al menos uno se basa en normas del derecho catalán o en su infracción, la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat debe sustanciar todos los recursos, incluidos los que no aleguen la infracción de una norma del derecho catalán, en una sola pieza y debe resolverlos acumuladamente”.

     Las entidades españolas sufren más la sequía de liquidez que el resto de Europa
     Francisco S. Jiménez / Finanzas.com 12/08/2010
     Los bancos y cajas admiten que el acceso al mercado interbancario y a la renta fija permanecieron casi cerrados el pasado trimestre y prevén que las condiciones se mantengan en los próximos meses.
     Lo dicen los propios bancos en una encuesta elaborada por el Banco de España. Una vez que el sistema financiero español se ha desnudado con las pruebas de resistencia ante todo el mundo, daba la sensación de que los tres años desde que estalló la crisis subprime con el mercado interbancario cerrado habían pasado a los libros de Historia. Las diez entidades consultadas prevén «un deterioro de las condiciones de acceso a las fuentes de financiación por mayor», destaca en las conclusiones el órgano supervisor.
     Antes de que se desatara la crisis de deuda pública europea, los mercados se abrieron para las entidades financieras a finales de 2009 y comienzo de este ejercicio, pero el crack financiero de Grecia y la desconfianza que se generó en otros países, como España, por miedo al contagio cerraron de nuevo la renta fija y el interbancario. Para los próximos tres meses las entidades esperan deterioros adicionales, aunque más moderados que los registrados entre abril y julio.

     11.08.2010 Íñigo Coello de Portugal - Expansión
     Nos quejamos de que los controladores aéreos hagan huelga. Y razones hay. Pero hay en España un servicio público que vive en perpetuo retraso: los juzgados y tribunales.
     No hay ninguna administración en España que ofrezca tan malos resultados como la Administración de Justicia. Las quejas son continuas. Y con razón. La Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, se hace eco año tras año, desde hace decenios, del mal funcionamiento de la administración de justicia que él mismo gobierna. Pero sigue sin cambiar nada. En realidad uno llega a preguntarse si el Consejo General del Poder Judicial está para consolidar el problema mucho más que para arreglarlo.
     La memoria publicada en 2010 por el CGPJ, que es la de 2009, da los datos de 2008. En esto de la justicia todo va con retraso. De 2009 de momento sólo hay una estadística sin aprobar oficialmente (”La Justicia dato a dato”).
     En 2008 ingresaron en los juzgados y tribunales 9.048.785 asuntos nuevos. Es decir, 196 asuntos por cada 1.000 habitantes. A 31 de diciembre de 2008 los jueces se fueron a bailar la fiesta de fin de año con 2.788.198 asuntos pendientes. Lo cual es muy lógico porque también ellos tienen que divertirse (un juez amargado es un peligro) y porque es imposible tener el contador a “0″ porque siempre habrá alguna demanda que entre el 30 de diciembre. Lo importante es entonces la proporción de asuntos sin resolver comparada con los asuntos ingresados. Esa proporción es nada menos que el 30,81% (2.788.198/9.048.785=0,3081). ¿Qué pensarían ustedes de una empresa de suministros que se fuera de fiesta mientras tuviera pendientes de entregar el 30% de sus pedidos del año?
     Si lo dicho vale para la Administración de Justicia en general, para el orden jurisdiccional civil, que es donde se ventilan la mayoría de los temas económicos, los números demuestran que tener un pleito es tener una desgracia. “Pleitos tengas y los ganes”.
     En 2008 ingresaron 1.708.762 asuntos civiles nuevos y quedaron 1.090.562 asuntos pendientes de resolver. Esto quiere decir que los jueces se fueron a bailar la fiesta de fin de año con el 63,82 por ciento de los asuntos pendientes. En los juzgados de primera instancia ingresaron 785.465 asuntos y quedaban en trámite a fin de año un total de 472.847 asuntos, lo que quiere decir que estaba el 60,19 por ciento de los asuntos sin resolver.
     En los juzgados de lo mercantil la situación es todavía peor: entraron 32.040 asuntos y quedaban sin resolver 27.461, el 85,70 por ciento de los asuntos. Y el retraso va a peor. Aplicando los datos no oficiales pero del CGPJ que se contienen en el folleto “la Justicia dato a dato”, en 2009 ingresaron 9.567.280 asuntos nuevos y había 3.133.006 pendientes a fin de año, el 32,74 por ciento. En la jurisdicción civil entraron 2.025.568 asuntos nuevos y quedaron pendientes 1.329.625, el 65,64 por ciento.
     Desde un punto de vista macroeconómico este retraso es muy lesivo para los intereses generales. La ratio más importante para calcular la injusticia continuada que es el retraso de los tribunales es el valor económico medio (la “cuantía media”) de los pleitos en trámite. Nadie lo sabe. Nadie la ha calculado. Si por hipótesis asignamos a cada demanda pendiente en 2008 en el orden jurisdiccional civil un valor económico de 18.000 euros (es la cuantía que la ley impone para la cuantía indeterminada) y excluimos los monitorios pendientes (en total 422.884) a los que asignamos un valor medio de 1.000 euros, en 2008 estaban pendientes de resolución asuntos por valor de ((1.090.562 - 422.884) * 18.000) + (422.884 * 1.000) = 12.441.088.000 euros. 12,4 millardos de euros sólo en la jurisdicción civil.
     Directiva Bolkestein
     Toda la Unión Europea ha celebrado la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (”Directiva Bolkestein”) por considerar que el sector servicios es clave para el desarrollo económico. Y ha dado lugar en España a dos revolucionarias leyes para el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Pues bien, 12,9 millardos de euros sólo en asuntos civiles demuestran que poner los juzgados a funcionar es mucho más importante que modificar el sector servicios.
     A pesar de todo esto los tribunales cierran en agosto. El único servicio público al que una Ley Orgánica obliga a cerrar en agosto es la Administración de Justicia. La Ley orgánica del Poder Judicial dispone que “serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones”. O sea que un servicio público que funciona tan mal como la administración de justicia encima cierra un mes al año. Los legisladores están locos. Porque además en la práctica un mes son dos meses, ya que una cosa es cuándo cierra el juzgado y otra cuándo el juez se va de vacaciones. El juez no necesariamente se va en agosto. El turno de vacaciones se organiza de tal modo que hay jueces que se van del 15 de julio al 15 de agosto y otros que se van del 15 de agosto al 15 de septiembre.
     Con lo cual los juzgados no dejan de funcionar un mes sino dos. El “convenio colectivo” no es nada malo. Está en el artículo 371 de la misma ley orgánica y dice que “los Jueces y Magistrados tendrán derecho a un permiso anual de un mes de vacaciones, excepto los destinados en las Islas Canarias, que podrán acumular en un sólo período las vacaciones correspondientes a dos años”. Ahí no dice que tengan que irse en agosto. Los únicos que tienen que hacerlo son los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo y del resto de los Tribunales. Sólo a estos la ley impone que “disfrutarán de este permiso durante el mes de agosto”.
     Derecho de huelga
     El derecho de huelga está reconocido por la Constitución a los controladores aéreos. A los jueces no. Sin embargo, los jueces han hecho huelga y no les ha pasado nada. La huelga la hicieron porque consideraban que necesitaban más medios y que se les pagaba poco. Yo también considero, como casi todo el mundo, que los controladores cobran demasiado y trabajan muy poco.
     Pero cuando han constituido un problema social, el Gobierno y todo el mundo se ha enfrentado con ellos y ha exigido los cambios pertinentes. No espero que ningún político se meta con los jueces porque ellos saben bien que también los hay de instrucción. Pero sí espero alguna sencilla medida, fácil de implementar y es exigirles que saquen más papel. Y para eso algo tan fácil como que el poder judicial siga existiendo en agosto. Sigo sin entender por qué están cerrados los Tribunales en agosto. Los aeropuertos no cierran. Los puertos no cierran. Las carreteras no cierran. Los bares no cierran. Los suministradores no cierran. Hacienda no cierra. Las Comunidades Autónomas no cierran. Todo el mundo se organiza. ¿Los jueces por qué no?

     Xavier Gil Pecharromán - 11/08/2010 - El Economista
     El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer un total de 21 sentencias firmes, procedentes de Juzgados de Primera Instancia y de las Audiencias Provinciales, que han anulado resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), tal y como exige el artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
     Las sentencias, pertenecientes al periodo en que estuvo al frente de la DGRN la anterior directora general, Pilar Blanco Limones, corresponden a los años 2007, 2008 y 2009, aunque se incluye en la publicación un fallo de la Audiencia Provincial del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Pamplona, de 4 de julio de 2005.
     Estas sentencias incluyen algunos de los asuntos más polémicos de últimos años y su publicación había sido anunciada hace algunas semanas a los colectivos de notarios y registradores por la actual directora general del Centro Directivo, Ángeles Alcalá.
     Nota del registrador
     Entre los temas abordados por estas sentencias se incluye la anulación de resoluciones sobre el contenido de la Nota del registrador de la Propiedad o Mercantil, después de emitir una calificación negativa sobre una solicitud de inscripción.
     En esta línea se encuentra, por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz (de 29 de abril de 2010), en la que se anula una resolución de la DGRN que sostenía que el contenido del informe emitido por el registrador debía limitarse a cuestiones de mero trámite. El Centro Directivo consideraba que la única finalidad del mismo es cumplir un trámite, sin que cupiese incluir argumento alguno, ni dar réplica a los argumentos utilizados por el recurrente, dado que entendía que no debía actuar como contestación a la demanda.
     El ponente, el magistrado Paumard Collado, señala en la sentencia publicada ayer que aunque es cierto que el registrador no es propiamente parte en el procedimiento gubernativo, ello no significa que no sólo pueda, sino que incluso deba extender su informe a todas aquellas cuestiones que puedan ser relevantes para la decisión del recurso.
Con esta resolución, la DGRN trataba de lograr una mayor rapidez en la tramitación de los recursos y que se emitiese un mayor número de calificaciones, mientras que los recursos consideraban que se perdía seguridad jurídica tanto para los titulares de los bienes o derechos a registrar como para terceras personas interesadas.
     Legitimación para recurrir
     Se recogen, entre otras, sentencias de las audiencias de Málaga (de 9 de octubre de 2008, 2 de febrero de y 21 de octubre de 2009), que reconocen legitimación al registrador cuya nota de calificación sea revocada, para recurrir la resolución estimatoria del Recurso gubernativo, de la DGRN.
     Consideran los magistrados que los registradores, como la propia DGRN, actúan en defensa de la legalidad y de unos terceros que no se encuentran presentes, pero que pueden ser alcanzados sus derechos. “No reconocer esta obviedad sería tanto como desconocer el principio de prioridad registral, base de nuestro sistema registral, y que el mismo queda sujeto a la voluntad de la Administración para dictar resolución fuera del plazo legal”, señala la última de ellas.
Partiendo, por tanto, del reconocimiento de legitimación al registrador, consideran que estas resoluciones de la DGRN son nulas por haber sido extemporáneas, a tenor de lo establecido en el artículo 327.6 de la Ley Hipotecaria.
     La ‘bronca’ de los poderes
     Una de las sentencias más destacadas de cuantas se han publicado es de la Audiencia Provincial de Madrid, de 13 de mayo de 2009, que puso fin a la bronca que mantuvieron notarios y registradores sobre la llamada doctrina de los poderes, en torno a la interpretación del artículo 98.2 de 24/2001 y 24/2005.
     Este artículo necesitaba una aclaración, puesto que partiendo del mero sentido literal del texto se podía concluir que el juicio o valoración de suficiencia notarial suponía una vinculación absoluta, gracias a la fe notarial, no sólo para los interesados y terceros no intervinientes, sino también para los tribunales y demás órganos del Estado.
     La sentencia, referida a este artículo, al contrario de la de la Audiencia Provincial de Málaga de 4 de febrero de 2009, se refería a la reforma de este texto incluida en la Ley 24/2005, aunque los hechos que juzgaba eran anteriores.
     Fallo de la Audiencia de Madrid
     La Audiencia de Madrid consideraba en su sentencia que el notario debe hacer un juicio de suficiencia motivado o fundamentado a través de la reseña -aunque sea sucinta- de las facultades representativas tal como resulten del poder, para que el registrador pueda calificar este juicio, pues éste no es vinculante y puede ser desvirtuado en el procedimiento registral.
     Considera también que el artículo 98.1 regula un doble requisito (reseña y juicio de suficiencia), que no puede simplificarse en uno sólo. Considera, además, que todos los funcionarios públicos han de motivar suficientemente los actos que realicen, por lo que debe ser motivado cualquier juicio de suficiencia, que debe plasmarse en una narración sucinta de los hechos.
     La situación está ahora a la espera de un fallo definitivo. Mientras, se mantiene el debate entre registradores y notarios, ya que si bien los primeros siguen calificando la suficiencia de los poderes presentados por los notarios, éstos mantienen que la Ley 24/2005 les exime de la reseña justificativa y el registrador sólo puede interpretar si el juicio es ilógico. Análisis que disiente del fallo publicado.

     Eduardo Segovia - 12/08/2010 Cotizalia
     Los bancos y cajas de ahorros no piensan conceder más crédito a las promotoras inmobiliarias hasta que no den salida al grueso de las viviendas que se han adjudicado como pago de créditos incobrables, según confirman diferentes entidades. Un proceso que explica la fuerte caída de la construcción de casas nuevas en nuestro país y que se va a prolongar durante años. Sin embargo, la banca sí va a continuar refinanciando a las inmobiliarias, especialmente las más grandes, que tienen créditos que no pueden pagar, para evitar que se produzca otra oleada de concursos de acreedores que dañe todavía más las cuentas de resultados del sector.

     “La explicación es bien sencilla”, asegura un directivo de una importante caja de ahorros. “En España hay exceso de viviendas que no se venden, y muchas de ellas en los balances de las entidades. Por tanto, no tiene sentido seguir construyendo más hasta que no se reduzca ese stock y, en consecuencia, tampoco lo tiene conceder más crédito promotor para ello”. Un stock que se sitúa en torno a las 700.000 unidades, según el propio Ministerio de Vivienda, pero que podría ser muy superior según los cálculos de la banca.

     Según datos de Fomento, hasta mayo sólo se han iniciado 40.000 viviendas en nuestro país, un 21,8% menos que en el mismo período de 2009 y a años luz de las 865.000 que se construyeron en el conjunto del año del pico de la burbuja: 2006. Y las expectativas del sector son que esta reducción continúe durante bastante más tiempo.

     A este exceso de oferta se añade la necesidad de bancos y cajas de dar salida a la ingente cantidad de ‘ladrillos’ que han comprado a las promotoras o se han adjudicado en pago de créditos que no iban a poder cobrar. Ésta es la principal amenaza que se cierne sobre el sector, como pusieron de manifiesto los test de estrés de finales de julio. Pero las entidades no quieren bajar los precios de venta a niveles inferiores al crédito que dieron en su día para financiar su construcción para no perder dinero, lo cual hace que estén teniendo muchas dificultades para darles salida.

     “Es cierto que estamos anunciando grandes descuentos en la venta de los pisos y que se dan hipotecas por el 100% de ese valor, pero son descuentos respecto a los precios máximos de la burbuja, que eran disparatados. Por tanto, los precios siguen siendo excesivos para la situación económica actual del país. Empieza a verse algo de demanda dispuesta a comprar, pero hace falta que las rebajas sean mayores”, admiten en un banco. De hecho, los propios promotores inmobiliarios acusan a la banca de impedir la caída del precio de la vivienda  y señalan que, con el exceso de oferta actual, son los compradores los que tienen el poder negociador para exigir mayores descuentos.

     El drama, claro está, es para las promotoras que todavía luchan para mantenerse vivas y que no van a contar con financiación para ello. “El negocio de la promoción inmobiliaria ha desaparecido y dudo de que en el futuro haya empresas privadas que se dediquen a tomar prestado dinero para construir viviendas. Las inmobiliarias de los bancos van a dominar el negocio durante muchos años”, vaticina un promotor que se ha visto obligado a echar el cierre.

     Refinanciar a las grandes para evitar el concurso

     En cambio, la situación es muy distinta para las grandes promotoras que tienen inmensos créditos sindicados con numerosas entidades financieras. En este caso, el mal menor para la banca es refinanciar esos préstamos alargando el plazo de devolución y no cobrando intereses mientras tanto. Se trata de una ‘patada a seguir’ para mantener vivas a estas empresas hasta que la crisis amaine.

     Pero ése no es el verdadero objetivo de bancos y cajas: “Ahora mismo las cuentas de resultados están muy delicadas con la caída de los márgenes y del volumen de negocio, y más aún con las nuevas obligaciones que ha impuesto el Banco de España de provisionar más rápidamente los créditos morosos. Nadie quiere nuevos concursos de acreedores, y mucho menos de la dimensión de las grandes inmobiliarias, porque harían un siete a los resultados. Es preferible refinanciar y a ver qué pasa en los próximos años”, admite una de las  fuentes consultadas.

     Otra va más allá: “Sabemos perfectamente que muchas de estas empresas tampoco van a poder pagar los créditos dentro de tres ni de cinco años. Pero esperemos que para entonces la banca esté mejor que ahora y pueda aguantar un concurso que ahora mismo no puede permitirse”. Con esta filosofía, ya han refinanciado casi todos los grandes del ladrillo; sólo falta Metrovacesa, que espera cerrar su proceso en septiembre. El último ejemplo ha sido el aplazamiento de la devolución de un crédito de 10 millones a Quabit (la antigua Astroc, que durante un tiempo se llamó Afirma), pese a que la empresa que preside Félix Abádanes asegura no haber dispuesto de ese dinero.

     Balance del mercado inmobiliario
     Los datos de producción de vivienda aseguran que hasta mayo se iniciaron 40.019 casas, lo que indica que haciendo una extrapolación avalada por los expertos, a final de año se habrán construido menos de 100.000, la cifra más baja de la serie histórica y una octava parte de lo que se edificaba en 2006.
     La rebaja de precios se acelera al 4,3% en julio y acumula un 16,9%
     Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 11/08/2010 – Cinco Días
     Sólo los datos relativos a las ventas parecen reflejar una cierta mejoría, aunque habrá que esperar a ver cómo se comporta la demanda en el segundo semestre, último con el actual régimen de deducciones fiscales a la compra de vivienda. Por lo que se refiere a la producción y los precios, 2010 será, con toda probabilidad, el segundo annus horribilis del sector.
     Las cifras que maneja Fomento sostienen que de enero a mayo se inició la construcción de 40.019 viviendas, un 21,8% menos que en idéntico periodo del año anterior y una octava parte de lo registrado en 2006, que finalizó con el récord de más de 865.000 casas visadas, más que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Es, por tanto, en el lado de la oferta donde más se deja sentir el crac inmobiliario.Haciendo una extrapolación con los datos hasta mayo, este ejercicio puede terminar con menos de 100.000 viviendas iniciadas. En los últimos doce meses (junio 2009-mayo 2010) se visaron 99.635. La actividad constructora ya cerró 2009 en unos niveles anormalmente bajos, con apenas 110.000 visados debido al desplome de la demanda y las dificultades de acceso a crédito que sufrieron promotores y familias.
     Efecto fiscal
     Por contra, a comienzos de este año las transacciones de pisos iniciaron una suave recuperación después de 24meses de descensos, impulsadas por varios factores. Uno de ellos fue la irrupción de bancos y cajas en su nuevo papel de promotores inmobiliarios. Y es que ante el endurecimiento de la política de provisiones dictada por el Banco de España, las entidades han optado por sacar al mercado los pisos procedentes de embargos hipotecarios decretados a familias y empresas. Otro de los factores clave ha sido el abaratamiento de los inmuebles. En España son cada vez más las estadísticas que miden la evolución de los precios de las casas, aunque sólo dos son consideradas oficiales: la que elabora el Ministerio de Vivienda y la del INE.
     Pues bien, según la primera, que es la única que publica el precio del metro cuadrado, las casas acumulan en la actualidad una depreciación desde máximos (principios de 2008) del 12%. El resto de estudios coincide en que la tendencia continúa siendo a la baja, aunque las caídas parecen estabilizarse en una horquilla del -3% al -5%. La tasadora Tinsa, una de las líderes del sector, también difundió ayer los primeros datos relativos al segundo semestre, en concreto a julio, que estima un leve repunte de las rebajas al haber pasado del -4,0% en junio al -4,3% el mes pasado. Esta compañía, sin embargo, y según los datos que obtiene de sus tasaciones, asegura que los inmuebles ya acumulan rebajas del 16,9%desde máximos, lejos en cualquier caso de los negros augurios que siguen realizando no pocos organismos internacionales.
     El tercer factor que estaría incidiendo en la suave recuperación de las ventas es el llamado efecto fiscal. Los expertos consideran que la subida del IVA, (que ya se produjo el 1 de julio) que sólo grava a las casas nuevas y la próxima eliminación (enero 2011) de la deducción por compra de vivienda a las rentas superiores a los 24.000 euros anuales estaría detrás de una parte importante de las transacciones que se están produciendo en estos momentos. El INE hizo pública ayer los datos relativos a junio. Ese mes se vendieron 37.297 pisos, un 7% más que en junio de 2009, pero un 1,3% menos que el mes anterior. Se trata del sexto incremento consecutivo tras dos años de constantes retrocesos, aunque el ritmo de recuperación parece haberse amortiguado después de las subidas detectadas en abril ymayo, del 17,6% y el 11,9% respectivamente. ¿Se habrá agotado el impacto de los cambios fiscales como revulsivo de las ventas de casas? Los analistas consideran que habrá que esperar porque “los meses de verano suelen registrar perturbaciones en el volumen de ventas y la evolución de los precios”, recuerdan en Tinsa.
     Un millón de stock
     En cualquier caso, sumadas todas las compras del primer semestre éstas contabilizan 226.267, casi lamitad de las que se vendían en idéntico periodo antes del estallido de la burbuja. Esta contracción del mercado, unida al ingente stock de un millón de inmuebles que aún permanece sin vender ni alquilar es lo que explica que se inicien tan pocas casas.
Todos los servicios de estudios sostienen que el mercado superará la crisis en lamedida en que sea capaz de absorber ese excedente. “Mientras no se drene el stock, muy pocas empresas iniciarán nuevas promociones”, recuerdan desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Sobre la posibilidad de que desde las Administraciones Públicas se pongan en macha nuevasmedidas para incentivar la venta de inmuebles de ese stock, el feo escenario presupuestario lo ha impedido ya, por lo que promotores y expertos confían en que el precio logre llevar a su punto de equilibrio a la oferta y la demanda. “Y el crédito continúe fluyendo sin sobresaltos”, aseguran en una consultora. Por su parte, desde el portal inmobiliario Idealista.com, lo tienen claro. “Primavera suele ser la época más fuerte de ventas, ya que entre marzo y junio cristalizan las decisiones de compra que se toman en los primerosmeses del año, pero ahora los precios se empiezan a ralentizar y eso está frenando las compras, por lo que para que éstas sigan aumentando, deben continuar las rebajas”, advierten desde esta empresa.

     Fuente: INE - EP - 13/08/2010 – Cotizalia
     La economía española creció un 0,2% en el segundo trimestre del año, una décima superior a la del trimestre anterior, aunque se anotó una caída del 0,2% en tasa interanual, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos coinciden con la estimación realizada el pasado viernes por el Banco de España.
     Con este leve crecimiento intertrimestral, la economía española encadena dos trimestres consecutivos en positivo, después de que saliera de la recesión en los primeros tres meses del año al crecer un 0,1%. De forma similar a los últimos trimestres, la actividad global modera su contracción, habiendo decrecido 1,1 puntos que en el trimestre anterior (-1,3%).
Este resultado, según el INE, es consecuencia fundamentalmente de una contribución menos negativa de la demanda nacional. Desde el Gobierno no se contempla que la economía española vaya a registrar este año algún trimestre negativo, a pesar de admitir que el crecimiento del PIB durante el tercer trimestre será inferior al registrado en el segundo.
     Coincide con el Banco de España
     Las cifras del INE, que publicará los datos definitivos del segundo trimestre el próximo 26 de agosto, coinciden plenamente con los que difundió el pasado viernes el Banco de España, que destacó que la actividad mantuvo durante el segundo trimestre una “pauta de recuperación similar a la del primero”, en un entorno de “acusada” volatilidad de los mercados financieros y de crisis de confianza “muy aguda”.
     Sin embargo, advierte de que la consolidación de la recuperación que ha iniciado la economía, con tasas de crecimiento que “seguirán siendo débiles todavía durante algunos trimestres más”, requiere “una pronta y firme instrumentación de los planes de consolidación fiscal comprometidos y de las reformas estructurales aprobadas o anunciadas”.
     Más aún, el Banco de España considera que el plan de consolidación fiscal está sujeto a “riesgos apreciables”, pues cuestiones como el techo de gasto para 2011 o los recortes en las comunidades autónomas deben ser “detalladas”. En este sentido, avisa de que “el Gobierno debe estar preparado para instrumentar medidas fiscales restrictivas adicionales si la consecución de los objetivos presupuestaros se viera en peligro”.
     “Así, el seguimiento de la ejecución presupuestaria y la rápida puesta en práctica de las medidas ya aprobadas resultan cruciales en la coyuntura actual de manera que se garantice la credibilidad de la senda de ajuste en el medio plazo”, apostilla.
     Mejor comportamiento del consumo
     Por otro lado, el Banco de España concreta que, por el lado del gasto, el retroceso de la demanda nacional se atenuó notablemente en el segundo trimestre, con un descenso interanual del 0,8%, como consecuencia, sobre todo, del repunte del consumo privado, al tiempo que la aportación positiva de la demanda exterior neta se reducía hasta 0,6 puntos porcentuales del PIB.
     Así, mientras que, a su juicio, las condiciones de financiación a las que se enfrentan las entidades de crédito, las empresas y las administraciones “siguen siendo sustancialmente más restrictivas que las existentes en trimestres anteriores”, el gasto en consumo de los hogares mantuvo la tónica de recuperación de los meses previos, estimándose una tasa intertrimestral del 0,7% y del 1,5% en términos interanuales.
     Según explica el Banco de España, la incidencia del plan de ayuda directa a la adquisición de automóviles continuó impulsando la demanda, al igual que el adelanto de las compras ante la subida del IVA, efectiva desde el mes de julio, han precipitado la adquisición de otros bienes de consumo duradero.
     Sin embargo, la entidad emisora advierte de que “a medida que se vayan agotando estos efectos, el consumo podría atenuar su ritmo de avance, en un contexto de descenso de la renta disponible, como consecuencia del menor crecimiento de las rentas salariales.
     Señala incluso que la evolución del consumo podría verse condicionada por el alza de impuestos indirectos al inicio del tercer trimestre, aunque en un horizonte más amplio cabría esperar un continuación en su recuperación.
     “El restablecimiento de la confianza y un panorama menos incierto sobre las perspectivas del mercado laboral, al hilo de la reforma laboral en marcha, serían ingredientes fundamentales de una recuperación sostenida del consumo”, añade.

     La prima de riesgo de España se dispara un 18% en tres días
     12/08/2010 El Mundo | Agencias
     Madrid.- Desde que Zapatero habló hace tres días de un nuevo aumento del gasto, se ha disparado el precio que debe pagar el Tesoro en sus colocaciones. Así, la prima de riesgo ofrecida por los bonos españoles a 10 años respecto al ‘bund’ alemán ha pasado de los 150 puntos básicos a los que cotizaba el martes a los 177 de este jueves.
     El miedo del mercado a nuevas iniciativas inversoras por parte de las deficitarias cuentas de España se ha juntado a las recientes dudas sobre la recuperación económica de EEUU y, por ende, del resto del mundo.
     La Reserva Federal de Estados Unidos va a reinvertir en deuda pública después de comprobar que “el ritmo de recuperación económóica probablemente será más modesto a corto plazo de lo previsto.
     Todo ello ha incrementado un 18% el diferencial entre el bono español y el alemán, situándose en el nivel más alto en cuatro semanas.
     En concreto, los bonos españoles con vencimiento a 10 años ofrecían una rentabilidad del 4,19%, frente al rendimiento del 2,42% abonado por sus homólogos germanos, que siguen encadenando mínimos en la retribución ofrecida a los inversores ante el aumento de su demanda.
     Para más inri, el Banco Central Europeo ha dicho que el Gobierno debería ser más austero y no descarta que a partir del próximo año sean necesarios nuevos ajustes presupuestarios. “Medidas adicionales” que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, no descarta tomar en caso de que el comportamiento de la economía sea más negativo de lo previsto.

     10 de Agosto de 2010 Vivienda - Europa Press 10/08/2010 El Economista
     La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, asegura que el sector residencial muestra una “tendencia a la estabilización” en tanto que “se está moderando el precio de la vivienda, se reaniman las transacciones y se está equilibrando la demanda y la oferta”.
     Sin embargo, la ministra de Vivienda se resiste a hacer previsiones sobre cuándo se podrá dar por cerrado el ajuste del ‘ladrillo’ y volverán a repuntar los precios de la vivienda.
     “Depende mucho de qué vivienda hablemos y de donde esté esa vivienda”, según señaló la titular del ramo en declaraciones a Europa Press.
     Repuntan los precios de la vivienda
     Según los datos que maneja el Ministerio, ya se registran subidas en algunas provincias, si bien, “puede haber recorrido a la baja en viviendas como las de la costa o las situadas en barrios aislados o en zonas sin equipamientos”.
     Mientras se estabilizan los precios de la vivienda, el problema del sector inmobiliario se sigue centrando en la necesaria absorción del ’stock’ de viviendas sin vender, que sigue lastrando la plena reactivación del sector.
     Con este ánimo, el Ministerio de Vivienda, a través de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) ha abierto sendas líneas de colaboración con los promotores y las cajas de ahorros para dar salida a sus excedentes en el mercado del alquiler, cooperación que no descarta establecer también con los bancos.
     Según el último balance de Vivienda, son ya 240 los promotores que han cedido viviendas a la SPA para su comercialización, un total de 30.600 inmuebles a los que se suman otros 5.200 que las cajas han ofrecido a la entidad presidida por Nieves Huertas en tan sólo dos meses, desde que el gabinete de Corredor firmara un acuerdo marco con la patronal de las cajas (CECA), que contaban al cierre de 2009 con unas 137.000 viviendas en cartera.
     Los bancos se quieren deshacer del ’stock’
     El pasado 22 de julio, hace menos de quince días, el brazo inmobiliario del Santander, Altamira Real Estate, firmó un acuerdo bilateral con Vivienda para ofrecer en alquiler un parque inicial de 600 viviendas a estrenar. No se trata de un acuerdo marco, pero sí de un principio.
     “El interés (de las entidades financieras) va más allá del interés que puedan manifestar las cajas de ahorros”, también alcanza a los bancos, indicó Corredor, quien destacó el hecho de que el primero en colaborar con la SPA sea precisamente el primer banco español.
     Preguntada por si tiene previsto firmar un acuerdo con la patronal de la banca (AEB) similar al suscrito con las cajas, la ministra de Vivienda lanzó el guante: “El Santander es el primer banco del país y si ha manifestado interés estamos abiertos a valorar el interés de cualquier otra entidad financiera”.

     10.08.2010 M. Martínez / D. Badía. Madrid. Expansión
     El Banco de España da nuevos pasos para aumentar la transparencia del mercado hipotecario y, en concreto, de aquellos bonos emitidos por bancos y cajas que estén respaldados por hipotecas. El supervisor va a implantar una nueva circular que obligará a las entidades a publicar información más detallada sobre los créditos que avalan estos títulos.
     El proyecto, remitido a las patronales, estará a consulta hasta el 19 de septiembre. La intención del Banco del España es que la circular entre en vigor en la segunda quincena de noviembre, según la información hecha pública por el supervisor.
     La normativa actual, plasmada en el real decreto de abril de 2009 sobre regulación del mercado hipotecario, obliga a la banca a llevar un registro contable especial de los préstamos y créditos hipotecarios que sirven de garantía a las emisiones de cédulas (deuda respaldada por una cartera de préstamos y el patrimonio del emisor) o bonos hipotecarios.
     Una parte de los datos incluidos en ese registro tiene que publicarse en las cuentas anuales de las entidades emisoras.  La nueva circular, que desarrolla el mencionado real decreto, amplía los datos del registro contable que la banca deberá dar a conocer.
     Desglose
     Entre otros puntos, el sector desglosará qué parte de los préstamos que sirven de cobertura está al corriente de pagos o es morosa. Especificará si las hipotecas se han suscrito con hogares o con personas jurídicas, y dentro de estas últimas, qué proporción está destinada a promoción inmobiliaria.
     Se indicará igualmente la parte de los créditos que está garantizada por edificios terminados, inmuebles en construcción o terrenos. También la relación entre los créditos y el valor de tasación de los inmuebles.
     La nueva circular del Banco de España va, indirectamente, en la misma línea de los esfuerzos mostrados por el Banco Central Europeo (BCE) para hacer más transparente un mercado cuya mejora es crucial para la reactivación del crédito. La institución monetaria también ha demandado información más exhaustiva sobre los fondos de titulización que utilizan las entidades europeas en las subastas, con el fin de valorar el riesgo de estos activos y contribuir a que vuelva poco a poco la confianza de los inversores hacia este tipo de activos.
     Y es que tal y como ha indicado el miembro del BCE José Manuel González Páramo en algunas ocasiones, la titulización favorece la diversificación y la distribución del riesgo, permitiendo al mismo tiempo economizar capital a las entidades de crédito. De hecho, durante el episodio del boom inmobiliario vivido en España, la titulización y la emisión de cédulas fueron las dos vías de captación de fondos más importantes para financiar el crédito.
     Según las cifras del mercado de renta fija privada en España, AIAF, el saldo vivo de titulizaciones y cédulas hipotecarias llegó a alcanzar un récord de 644.205 millones en 2009. Pese a que el mercado dejó de funcionar tras el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en verano de 2007, el saldo no ha caído en picado.
     Esto se debe a que las entidades han llevado este tipo de activos a las subastas del BCE para obtener financiación en los plazos cortos. No obstante, la propia institución está endureciendo los criterios para otorgar créditos a cambio de bonos hipotecarios (ver información adjunta).
     Hipotecas de riesgo
     La nueva circular también concreta algunos detalles técnicos de cara a establecer qué préstamos pueden respaldar los bonos hipotecarios. La regulación actual contempla que sean los créditos de menor riesgo, es decir, aquellos en los que el importe del préstamo y el valor de tasación del inmueble no supera el 80%.
     Este límite, con todo, se puede sobrepasar si la hipoteca cuenta con un aval bancario o seguro aportado por una entidad que tenga un ráting mínimo de A1, A+ o equiparable. Nunca se puede superar, en cualquier caso, el listón del 95%, máximo admisible siempre que la entidad aseguradora tenga una calificación crediticia igual o superior a la de España. En la actualidad, sólo cumplen este requisito Santander, BBVA y Banesto, según S&P.
     En el resto de las hipotecas, el techo lo determina caso por caso el Banco de España. Para ello –clarifica la nueva circular–, las entidades remitirán al supervisor una propuesta de porcentaje máximo a aplicar. Tras verificar las cláusulas específicas del aval y el ráting, el regulador se pronunciará en un plazo máximo de tres meses.

     Últimos datos publicados por el Banco de España
     La actividad inmobiliaria acapara el 60% del crédito y la industria, el 8%
     El cambio de modelo productivo va para largo. Pasados dos años desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la actividad inmobiliaria todavía acapara el 60% de la financiación en España, apenas un punto por debajo del máximo de entonces. Y en paralelo, los últimos datos apuntan que del nuevo crédito, sólo empieza a cimentar su recuperación el concedido a hogares, algo que está lejos de suceder con el de las empresas.
     Marcos Ezquerra - Madrid - 09/08/2010 Cinco Días
     El ajuste financiero avanza, aunque de forma casi imperceptible. La concentración sectorial del crédito en las actividades ligadas a la construcción sigue siendo una de las mayores trabas para lograr el recambio de un modelo productivo que se ha probado insostenible. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el crédito destinado a construcción residencial y adquisición de vivienda alcanzó en el primer trimestre 1.104.818 millones de euros. Eso supone el 60,4% de los 1.826.989 millones del saldo vivo que las entidades de crédito mantienen con los sectores residentes en España y, por lo demás, supera ampliamente el producto interior bruto del país.
     Hace dos años, en la cúspide de la burbuja inmobiliaria, construcción y vivienda acaparaban el 61,3% de la financiación a los sectores residentes (es decir, los dos años de crisis económica han recortado apenas un punto a esa cuota). El ajuste, tan brutal en otros aspectos (como el del mercado laboral o un déficit corriente que se ha reducido a la mitad), es escaso en el ámbito sectorial. Y lo es más, si se compara con la velocidad a la que antes se había movido el crédito de manos: en 1992, en el arranque de la anterior crisis económica española, sólo uno de cada tres euros financiaba la inversión en vivienda.
     La historia, a partir de entonces, es bien conocida: la entrada en el euro llevó a un descenso de los tipos de interés hasta niveles negativos en términos reales, lo que, unido a los estímulos fiscales en forma de deducciones, hicieron del ladrillo la estrella de la economía española. La parte mala es que también sembraron los desequilibrios que hoy explican el retraso de España en salir de la recesión con respecto a sus socios europeos.
     Los datos no invitan a pensar en una reestructuración positiva: la industria apenas supera el 8% del crédito total (149.302 millones de euros), mientas que los servicios no llegan al 20%.
     Las cifras del Banco de España ofrecen un ángulo adicional: la distribución sectorial del crédito a las actividades productivas, de cuyo cálculo se excluye la adquisición y rehabilitación de vivienda propia. Pues bien, también en este capítulo la construcción y los servicios inmobiliarios se llevan la palma, acaparando la mitad de la financiación productiva (12,8% y 36,9%, respectivamente). Respecto al reparto de hace dos años, la cuota conjunta apenas se ha recortado en cuatro décimas.
     En el periodo citado, la financiación destinada al sector industrial sólo aumentó en tres décimas, para situarse en el 15,2% del total. Y, si bien ha sido notable la caída de la financiación del sector constructor (18,1%, hasta el 12,8%), la destinada a los servicios inmobiliarios (fundamentalmente, promoción de vivienda) ha aumentado en casi tres puntos su porción de la tarta, hasta acaparar ya el 36,9% del total.
     La importancia de la distribución financiera no es meramente teórica ni se ciñe a plazos largos en el desarrollo económico de un país. También tiene incidencia en el muy corto plazo: el enorme volumen vivo de crédito a constructoras y promotoras es uno de los argumentos que explican los ataques sufridos por la economía española en los mercados de deuda, que elevaron los diferenciales respecto a las emisiones de Alemania hasta niveles desconocidos (el del bono a diez años llegó a superar ampliamente los 200 puntos básicos).
     El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, hace ya más de dos años, llevó a la quiebra a numerosas empresas del ramo, convirtiendo en incobrables buen número de préstamos y sembrando las dudas entre los inversores. Esas tensiones, por su parte, obligaron al Gobierno a rectificar de forma drástica su política económica y anunciar el mayor ajuste fiscal de la democracia, que incluye recortes salariales para los funcionarios y congelación para los pensionistas. La creación del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado con 99.000 millones de euros, tenía entre sus objetivos recapitalizar entidades para disipar los temores de los mercados.
     Las empresas no recuperan crédito
     En lo que respecta a los flujos financieros, los datos más recientes, publicados el jueves pasado, reflejan una recuperación modesta pero continuada en el crédito a los hogares: la variación interanual alcanzó en junio el 1%, después del 0,6% de mayo y el 0,2% de abril. Así, los 912.045 millones de euros totalizados a mediados de año sitúan la financiación de los hogares de nuevo en los niveles de 2008 (es decir, en su máximo histórico). El proceso de desapalancamiento está afectando poco a las familias, y muy poco si se observa aisladamente la evolución del crédito para vivienda: en junio alcanzó los 684.922 millones, después de crecer un 1,4% en términos interanuales. Más moderación se observa en el crédito para consumo, que, tras disminuir dos décimas, se situó en junio en 224.416 millones. Después de 14 meses a la baja, se encuentra a poco más de 6.000 millones de su valor al arranque de la crisis.
     Las empresas no financieras presentan un panorama bien distinto: con 1.301.893 millones de saldo vivo, acumulan un semestre con caídas interanuales superiores al 2% (2,1%, en junio), y la distancia frente al máximo de hace un año roza ya los 25.000 millones. Hay que considerar que el ajuste empresarial comenzó más tarde que el de los hogares (hasta noviembre del año pasado no comenzó a descender el crédito vivo, y hace poco más de un año todavía crecía a ritmos del 6%). La senda descendente indica un proceso de desapalancamiento que, con todo, presenta síntomas de desaceleración. Las estimaciones del Banco de España respecto al segundo trimestre señalan que la inversión empresarial mantuvo un perfil contractivo, “en un entorno de acusada incertidumbre sobre las condiciones de financiación, de exceso de capacidad acumulada y de necesidad de desapalancamiento de algunos sectores”. Es decir, que los excesos anteriores hacen pensar en unas expectativas inversoras muy limitadas para el próximo futuro, lo que puede condicionar la recuperación de la actividad.
     Un país endeudado
     La evolución del endeudamiento del conjunto del país explica buena parte de las dificultades económicas actuales. Un vistazo a los últimos decenios muestra un comportamiento de la deuda bien revelador: la carga global del país equivalía prácticamente al PIB en 1980, y tardó más de 20 años en crecer otro 100%. Sin embargo, desde el año 2000 hasta la actualidad (es decir, en la mitad de tiempo) el endeudamiento acumulado por el conjunto de los sectores ha sumado casi otras dos veces el producto anual, hasta rozar ya el 400%. En este segundo intervalo temporal, el crecimiento de la deuda fue muy notable en las empresas y en los hogares (en ambos casos, prácticamente duplicándose), pero adquirió tintes dramáticos en el caso de las entidades financieras, donde se multiplicó por siete.
     La espiral alcista de la vivienda explica en gran medida estas evoluciones, igual que la durísima digestión de los excesos está llevando a un rápido avance de la deuda pública en los últimos ejercicios. La recesión económica obligó a todos los gobiernos de los países avanzados a destinar ingentes cantidades de recursos a gasto público, en una típica política económica keynesiana. En el caso español, ello ha significado pasar de un superávit fiscal hace apenas tres años a un déficit de dos dígitos el año pasado. Aquí las cuentas funcionan igual que en las economías domésticas: para gastar más de lo que se gana, hay que pedir prestado. Por eso, el nivel de deuda pública ha pasado desde el 36,2% de 2007 a superar el 65% este mismo año.
     Esas fuertes tensiones financieras sufridas por el Estado serían más digeribles si hubiesen venido acompañadas de un recorte análogo de las necesidades de financiación de los sectores privados. Las cifras demuestran, empero, la lentitud de su desapalancamiento y la resistencia al cambio del modelo de crecimiento centrado en el ladrillo.
     Las cifras
     1,1 billones de euros de saldo vivo de los créditos destinados a construcción y vivienda en el primer trimestre del año.
     1% de avance interanual de la deuda viva de los hogares en junio. La cifra global ascendió en esa fecha a 912.045 millones.
     60,1% es el porcentaje de financiación destinado a vivienda y construcción.

     F. Tadeo 11/08/2010 – El Economista

     La Caja del Mediterráneo (CAM) hace todo lo posible para deshacerse de los activos inmobiliarios adjudicados en los últimos dos años como consecuencia de los impagos de créditos y del canje de deuda por activos. Hace poco más de un mes ha entrado en el proyecto Aliancia Zero, una gestora de pisos y suelo creado el pasado otoño por ocho cajas de pequeño tamaño junto con Gerens Hill.
     La entidad alicantina se ha incorporado a esta sociedad con la compra de un 14,6 por ciento del capital por 13 millones y del 2 por ciento su matriz Gerens Hill Gestión de Activos (G2Hill).
     La inmobiliaria llevó a cabo en junio una ampliación de capital de 19 millones de euros, la segunda que realiza en 2010. La primera tuvo lugar en marzo por un importe de 8 millones.
     Aliancia Zero nació en septiembre de la mano de Gerens Hill y constituyó la alternativa a la promotora creada por una veintena de cajas de ahorros junto a Ahorro Corporación, Asci.
     El volumen de activos iniciales era de 200 millones, aportados entre otros por Caja Badajoz, Caja Burgos, Caja Rioja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Insular y La CAI. Un 40 por ciento de la cartera estaba formada por suelo (unos 220.000 metros cuadrados), mientras que el resto eran promociones en curso y en fase de venta, equivalentes a 240.000 metros cuadrados edificables (50.000 metros cuadrados son de obra terminada).
     La intención era elevar esta cifra y sumar al proyecto nuevos socios. La entrada de CAM supone un espaldarazo al plan de negocio que pilota desde febrero Álvaro Peña. La alicantina cuenta con un volumen de activos inmobiliarios valorados en poco más de 1.700 millones de euros, según consta en su informe semestral.
     Jove compra cuotas de la caja
     CAM está en proceso de fusión con Cajastur, Caja Cantabria y Extremadura. Antes de que esta operación se cierre en otoño, el inversor gallego Manuel Jove ha apostado por la buena marcha de la integración y ha adquirido 45.000 cuotas participativas (acciones sin derecho de voto) de la entidad presidida por Modesto Crespo. La alicantina es la única caja que está presente en el mercado de valores a través de este instrumento.
     Según consta en los registros de la CNMV, Jove también ha comprado otros títulos de sociedades cotizadas en el primer semestre de 2010, entre las que destacan Inditex y Vueling, firmas en las que ha invertido un total de 118.000 euros a través de sus sociedades de inversión de capital variable (sicav).
     El empresario, primer accionista del BBVA, ha destinado un importe de 52.000 euros en la firma textil del también gallego Amancio Ortega. Asimismo, tenía 21.000 euros en títulos de Vueling.
     No obstante, entre los movimientos realizados por Jove sobresalen las desinversiones. En concreto, había deshecho las posiciones en Santander, BME, Gas Natural y ACS.

     Eduardo Segovia - 10/08/2010 Cotizalia
     La situación de liquidez de la mayor parte de la banca española sigue siendo muy complicada a pesar de los test de estrés y de la relajación del riesgo país. Con un BCE que quiere reducir la dependencia de bancos y cajas de su ventanilla (que está en máximos históricos) y con unos mercados mayoristas que siguen cerrados salvo para las entidades más grandes, muchos van a tener grandes dificultades para financiar los vencimientos de deuda que restan hasta fin de año.  En esa tesitura, la única solución es captar más depósitos de los clientes con una nueva guerra del pasivo, según distintas entidades consultadas.
     El problema es que la banca española ya tiene muy llena esta hucha, y va a ser difícil captar más. Según datos del Banco de España, nuestro país es el segundo de la zona euro por volumen de depósitos con 1,09 billones de euros a cierre de junio, sólo por detrás de Alemania con 1,12 billones. Eso significa que queda poco dinero fresco para repartir entre muchas entidades, lo que las aboca a ofrecer tipos de interés muy por encima del euribor, que, aunque ha subido en el último mes, no ha superado el 1,5%.
     A esto se suma el vencimiento de muchos de los depósitos a seis meses lanzados en marzo para responder al famoso producto del Santander que ofrecía un 4% de rentabilidad. “Si no mantienes las condiciones, el dinero se irá a otras entidades que sí van a seguir dando el 4% o al menos el 3,5%”, explican en una caja de ahorros.
     Además, la captación de depósitos se ha repartido de forma muy desigual, con un aumento neto de 20.000 millones en los bancos y una caída de 18.000 millones en las cajas hasta mayo, según  cifras de Nomura. Precisamente, el banco presidido por Emilio Botín ha sido el más beneficiado de la guerra que él mismo inició con la captación de 30.000 millones y 2,2 puntos de cuota de mercado. De ahí que la entidad no tenga necesidad de lanzar productos similares a partir de septiembre, según un portavoz de la misma, aunque en el sector no se descarta que lo haga “para aprovechar la debilidad de las cajas y seguir quitándoles cuota de mercado”.
     Pero recurrir a los depósitos tiene un impacto muy duro en los márgenes: “No puedes estar indefinidamente pagando los depósitos al 4% y cobrando el 1% por las hipotecas, es un negocio ruinoso. Si en septiembre vemos un recrudecimiento de la guerra del pasivo, muchas entidades van a pasarlo muy mal”, vaticinan en una de las grandes.
     Refinanciar al menos el 50%
     Pero a la fuerza ahorcan y, aunque no den más crédito, bancos y cajas tienen que atender inapelablemente a sus vencimientos de deuda. “Si el sector consigue renovar el 50% de las emisiones de deuda que vencen de este año, no habrá problemas de liquidez; pero si los mercados siguen cerrados, la guerra del pasivo será inevitable”, estima otra de las entidades consultadas.
     Esta opinión es compartida por grandes firmas internacionales de análisis. JP Morgan estima que bancos y cajas deben afrontar unos vencimientos de 64.000 millones en 2010, el 46% de su financiación total, divididos en 21.000 millones en préstamos interbancarios, 19.000 millones en pagarés a corto plazo (papel comercial) y 24.000 millones en instrumentos de deuda a medio y largo plazo. A su juicio, no va a ser capaz de renovarlos por la dificultad para acceder a los mercados.
     “Las enormes exigencias de refinanciación del Gobierno español en los próximos meses, junto con el apalancamiento adicional derivado del FROB, es un entorno que claramente no ayuda a los bancos nacionales para aceeder a los mercados”, según este banco de inversión.
     2011 y 2012, peor todavía
     Y los problemas no acaban en 2010: en 2011 y 2012 vamos a asistir a unos “desproporcionados vencimientos” de las cajas porque expiran los tres años de las emisiones avaladas por el Estado de 2008 y 2009.
     La agencia de rating Fitch considera que algunas entidades españolas y portuguesas, excluyendo a Santander y BBVA, “corren el riesgo de ver reducidos sus ratings si no mejoran pronto sus opciones de financiación”.  Fitch destaca que aquellos bancos que han pasado con un ‘aprobado justo’, es decir, que tienen un ratio Tier 1 entre el 6% y el 7%, van a necesitar ampliar capital o presentar planes creíbles de desapalancamiento para conseguir dinero de los inversores.
 
     En todo caso, la otra cara de estos problemas de financiación es una inevitable reducción adicional del crédito por parte de la mayoría de las entidades españolas (si hay poca liquidez y se necesita para los vencimientos, no pueden prestarla), así como la necesidad de vender activos que ya estamos viendo desde hace meses.

     10.08.2010 Europa Press - Expansión
     El precio medio de la vivienda registró un descenso del 4,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior, tres décimas porcentuales más respecto al dato que se anotó en junio, según el índice que Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa) realiza sobre pisos libres, tanto nuevos como usados.
     De esta forma se rompe la tendencia de moderación en los descensos que venía produciéndose de manera ininterrumpida desde junio del año pasado. Según la tasadora, la razón de este cambio podría encontrarse en la subida de los impuestos indirectos y las habituales perturbaciones de los meses de verano.
     La bajada acumulada desde el máximo que alcanzó en diciembre de 2007, en pleno ‘boom’ inmobiliario, apenas experimenta cambios significativos y se sitúa en el 16,9%.
     Por zonas, los pisos bajaron en todas ellas en el último año. En concreto, el descenso más acusado se registró en las capitales y grandes ciudades, donde el precio cayó un 5%, volviendo a niveles similares a los del trimestre de verano de 2005.
     Por su parte, el subíndice de la costa mediterránea se contrajo un 4,9% y el de las áreas metropolitanas experimentó un recorte del 4,4%. En último lugar, volvieron a situarse Baleares y Canarias y el apartado dedicado al resto de municipios, que registraron un descenso del 4% y del 3%, respectivamente.
    En cuanto a los descensos acumulados, cabe destacar el de la costa mediterránea, que ha experimentado una caída del 22%, por delante de las grandes ciudades (-18,4%), áreas metropolitanas (-18,1%), Baleares y Canarias (-15,6%) y, finalmente, en el resto de los municipios (-13,8%).

     Diputación de León. 611 entidades locales ya tienen su inventario de bienes
     Es básico para conocer dónde están las fincas pertenecientes a los pueblos

     L.C.- La Crónica de León / León
     La Diputación de León, tiene entre sus principales objetivos la colaboración con las entidades locales de la provincia, especialmente con las juntas vecinales que cuentan con menos medios personales, materiales y económicos.
     Desde 1986 se vienen contratando y financiando los inventarios de bienes de las entidades locales, ya que constituyen una garantía para la conservación y defensa de los bienes en ellos incluidos.
     Hasta la fecha, son 611 las entidades locales de la provincia (64 ayuntamientos, 539 juntas vecinales y el Concejo de Valdeón, que integra 8 entidades) las que ya cuentan con su inventario de bienes.
     La inversión realizada hasta ahora, en estas veintiséis contrataciones, asciende a un millón setecientos ochenta mil euros.
     La Diputación entregaba los últimos inventarios de bienes a 19 entidades locales, el pasado mes de mayo. Se trataba de la XXVI contratación, dividida en 5 lotes, en la que se realizaron 19 inventarios (2 ayuntamientos y 17 juntas vecinales), con un coste de 57.000 euros.
     La Diputación, según las necesidades y directrices de la entidad local, asesora en la administración y disposición de sus bienes con sometimiento a los principios de eficacia, economía y legalidad.
     La importancia de que todas las entidades locales dispongan de inventario de bienes reside en el hecho de que hoy en día los pueblos se están despoblando, y es difícil establecer donde están las fincas pertenecientes a la junta vecinal o al ayuntamiento; sobre todo si son rústicas. Así los inventarios son fundamentales para localizar los citados bienes, y también como medio para acreditar la propiedad de los mismos ante posibles usurpaciones.
     Pero para que el inventario sea efectivo, ha de reflejar la realidad patrimonial del ayuntamiento, la situación jurídica en la que se encuentran sus bienes, por lo que la actualización del mismo es imprescindible, pues un inventario no actualizado no sirve ni como instrumento de defensa del patrimonio ni tampoco como herramienta para su gestión.
     Para facilitar la aprobación del instrumento que se entrega y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, junto con el inventario se incorpora un modelo de expediente con todos los trámites a efectuar por la entidad local para aprobar el documento y sobre todo, y más importante, para proceder a su inscripción.
     Los ayuntamientos, para solicitar la confección de inventarios, deben remitir al Servicio de Asesoramiento a Municipios de la institución provincial, los impresos correspondientes para que se realice una valoración de los costes que podrían suponer la realización de los mismos.
     Una vez valorados, se incluyen en la propuesta para la siguiente contratación, siendo totalmente gratuito para la entidad local solicitante.
     En la actualidad se encuentra en tramitación la XXVII contratación en sus diferentes fases.

     08.08.2010 Calixto Rivero/J.J. M. Madrid - Cinco Días
     Los alcaldes más morosos podrán ver peligrar sus bienes personales si no pagan en 30 días las deudas que hayan contraído con el sector privado los ayuntamientos que rigen. El auto de una sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) ha optado por esta contundente medida ante la negativa del primer edil de Castilleja de Guzmán (Sevilla) a hacer frente a las deudas que tenía contraída con la empresa Aroa S. L.

     Según la sala de lo contencioso-administrativo de este Tribunal, el Ayuntamiento se verá obligado a pagar en 30 días las obras, como obliga la nueva Ley de Morosidad que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Si no, el alcalde y el secretario general del consistorio tendrán que responder con sus propios bienes personales. El juez les comunica la “advertencia expresa de imposición de multas coercitivas en sus respectivos patrimonios personales en el caso de incumplimiento de las obligaciones estipuladas”.
     El artículo 112 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa dejaba la puerta abierta a esta medida, aunque los jueces no necesitaban recurrir a ella. Los consistorios podían cumplir con los compromisos de pago con créditos municipales.
     Sin embargo, este caso cobra especial relevancia hoy día ante las crecientes dificultades financieras que atraviesan los consistorios por culpa del despilfarro de dinero público y de la caída de la recaudación de los principales impuestos ligados a la construcción. Tienen un acceso al crédito limitado. Las deudas de los más de 8.000 municipios que hay en España superaron en el primer trimestre de 2010 los 36.000 millones de euros, según datos del Banco de España.
      La decisión del TSJA ha llamado la atención de los abogados que habitualmente trabajan con problemas de impagos de las administraciones públicas. Expertos que trabajan habitualmente en este tipo de casos consultados por este periódico señalan que “habitualmente se embargan los fondos propios de los ayuntamientos” cuando un juez dicta sentencia contra un municipio por impagos. “No me he encontrado en toda mi carrera profesional con ningún caso parecido”, destaca uno de ellos.
     En esta misma línea, un portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local señala que en toda su carrera profesional sólo se ha encontrado casos en los que se “ha obligado a embargar fondos del propio ayuntamiento y bienes patrimoniales que no son de dominio público”.
     A su juicio, si esta sentencia se repite en los numerosos pleitos que hay actualmente abiertos por impagos municipales, muchos responsables de los municipios se verían en la tesitura de elegir entre dejar de pagar las nóminas o dejar de pagar a las empresas acreedoras.
     Sin embargo, Antonio Díaz, el gerente de Aroa S. L., la empresa que ha ganado la demanda, opina que las víctimas no son los alcaldes, sino los trabajadores que ven peligrar su puesto cuando una Administración no paga.
Díaz, al que el primer edil planteaba pagar en 10 años después de cerca de 10 de retraso, recuerda que una de las novedades del auto del TSJ andaluz es que los alcaldes no podrán recurrir a endeudarse más si no incluyen los compromisos de pago que ya habían adquirido. En cualquier caso, a partir del próximo 1 de enero los ayuntamientos ya no podrán endeudarse más en el largo plazo, según el Real Decreto que aprobó el Gobierno en mayo para acelerar el recorte del déficit público.
     Expansión contactó con el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba (PSOE), para conocer su versión sobre el auto de la sentencia del TSJA, aunque declinó hacer declaraciones porque el consistorio lo ha recurrido.

     Según el BIS. El precio de la vivienda en España podría caer un 75% por el efecto contractivo sobre la demanda del envejecimiento de la población, del mismo modo que el ‘baby boom’ provocó un incremento de su valor cuando estas generaciones alcanzaron la edad adulta y comenzaron a comprar viviendas.
     Ep - Madrid - 09/08/2010 – Cinco Días
     Ésta es una de las principales conclusiones que se extraen de un informe elaborado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en el que se explica que, según las proyecciones demográficas para los próximos 40 años, sólo Portugal experimentaría un impacto aún más severo sobre los precios de la vivienda.
     Con descensos en el entorno del 75% se situarían también países como Grecia, Alemania o Italia. El impacto sería inferior en los países de habla inglesa, como es el caso de Irlanda, Canadá o EE.UU., donde el recorte no superaría el 50%.
     “Las estimaciones sugieren que el precio real de las viviendas se enfrentará a una sustancial presión negativa durante los próximos 40 años a causa del envejecimiento”, indica el informe.
     Ahora bien, el Banco de Pagos Internacionales hace hincapié en que estas caídas de precios estimadas no son previsiones concretas, con lo que los precios de la vivienda podrían crecer sustancialmente a pesar de las presiones demográficas, en tanto que están vinculados también a variables sociales o económicas.
     En este sentido, el informe señala que entre los años 1970 y 2009 los precios subieron en España algo más de un 300% en un escenario de impacto demográfico neutro, mientras que en Finlandia aumentaron aproximadamente el doble de la caída que cabría esperar.

     elEconomista.es / Agencias 5/08/2010 -

     El crédito concedido por las entidades financieras a las empresas se redujo un 2,1% interanual en junio, hasta situarse en 1,30 billones de euros el saldo total de préstamos. Por su parte, la financiación a las familias creció el 1% y sumó 912.045 millones, según los datos publicados hoy por el Banco de España.
     La deuda total de los hogares suma de esta forma cuatro meses seguidos de repuntes tras seis meses consecutivos cayendo. Este crecimiento supera la senda de la deuda de los hogares hace un año, cuando crecía a ritmos del 0,5%.
     Deuda hipotecaria
     En el caso de las familias, el crédito para vivienda representó tres cuartas partes del total, hasta 684.922 millones de euros, y registró un aumento del 1,4% en comparación con junio de 2009.
     Este incremento supone el mayor registrado en trece meses, cuando la deuda hipotecaria crecía un 1,9%, en abril del pasado año. De este modo, el repunte comienza a estabilizarse en los datos de comienzos de 2009.
     Por el contrario, la deuda de las empresas continuó su descenso en junio (-2,1%) por octavo mes consecutivo, hasta alcanzar 1,30 billones de euros, muy por debajo del crecimiento del 3,7% que registraba el saldo de los préstamos en el mismo periodo de 2009. 
     Las sociedades compensaron la reducción del crédito concedido por las entidades financieras con valores distintos de acciones, que aumentaron un 48,7%.