A I R E

     19.09.2010 A. Monzón. Madrid - Expansión
     La banca no duda en utilizar todas las armas a su alcance para poner coto a los elevados índices de morosidad -en sus niveles más altos desde 1996- que lastran sus cuentas. En este empeño, muchas entidades financieras han recurrido a los servicios de investigación de detectives para perseguir a los clientes en mora, con el fin de recuperar los créditos impagados.
     Un informe de la agencia Detectys resalta que durante 2009 recibieron el encargo de más de 150.000 investigaciones para entidades financieras, el triple que el año anterior. El presidente de la agencia, Manuel Rosa, asegura que durante el presente ejercicio el volumen de consultas se mantiene en niveles similares a los de 2009.
     El estudio de Detectys, que trabaja actualmente para siete entidades financieras españolas, señala que los bancos suelen recurrir a los servicios de investigación para solicitar informes de localización y solvencia de sus deudores, principalmente en el caso de particulares o pequeñas empresas. También, los informes de uso de bienes hipotecados suponen más de un tercio de las consultas. Mediante la contratación de detectives, las entidades tratan de agilizar la búsqueda y recuperación de los activos en mora, evitando procesos judiciales que suelen resultar más costosos en tiempo y recursos.
     Manuel Rosa destaca que son más los bancos y cajas de ahorros grandes los que contratan detectives en su lucha contra la mora, que las entidades de menor tamaño. Además, el presidente de Detectys asegura que esta labor de búsqueda de los morosos permite a estas entidades financieras situar sus índices de impagos entre los más bajos del sector.
     Con estos servicios, la banca trata de evitar los altos costes de los procesos judiciales
     Rosa cree que las entidades deberían recurrir a los servicios de detectives especializados desde el mismo momento en que no logran contactar con un cliente en mora, “cuando el impago está más fresco”, ya que de este modo es más fácil obtener resultados satisfactorios de la investigación.
     Resultados
     En más del 50% de las consultas que recibió Detectys para localizar a deudores de la banca, la agencia logró comunicar a la entidad un nuevo domicilio del cliente en mora, tras comprobar que el que éste había facilitado era incorrecto. En cambio, casi en el 10% de los casos las investigaciones no lograron localizar a los morosos.
     La solvencia de los clientes con créditos en mora es otra de las preocupaciones para la banca. Un tercio de la investigaciones llevadas a cabo por Detectys da pruebas de que el deudor cuenta con bienes o ingresos susceptibles de embargo. En estos casos, un 13% de los deudores investigados tiene propiedades libres de cargas y un 37,6%, las tiene aunque con cargas a favor de alguna entidad.
     En cuanto a los clientes con deudas sobre créditos hipotecarios, Detectys resalta que cerca del 20% de éstos mantiene vacío el inmueble hipotecado, mientras que otro 20% lo tiene alquilado, lo utiliza como segunda residencia o cedida a algún familiar. Recurso al alza 1-Detectys realizó el año pasado más de 150.000 investigaciones para entidades financieras, el triple de las hechas en 2008. 2- Los bancos y cajas de mayor tamaño recurren a estos servicios con mayor asiduidad que las entidades más pequeñas.
 

     Supone el 56,7% del PIB
     17/09/2010 - Juan E. Maíllo – El Mundo
     Madrid.- La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se colocó al cierre del primer semestre del año al borde de los 600.000 millones de euros.
     En concreto, la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos sumaban un endeudamiento de 598.764 millones a 30 de junio, tras haber subido en 21.875 millones en un trimestre y en 95.824 millones en los 12 últimos meses.
     El Gobierno ha situado su deuda en 458.268 millones de euros, 12.075 millones más que en marzo y 70.293 más que un año atrás. Suponen subidas del 2,7% y el 18,1%, en cada caso.
     En cuanto a las comunidades autónomas, su deuda ha engordado en 9.462 millones en el último trimestre, un 10%; y en 21.804 millones, un 26,5%, desde junio de 2009.
     Por último, los ayuntamientos han cerrado el primer semestre con 36.413 millones de deuda. Se incrementa un 0,9% (338 millones) en tres meses y un 11,4% (3.728 millones) en un año.
     En relación con el PIB, la deuda del conjunto del Estado alcanza ya el 56,7%. El porcentaje se reparte en un 43,4% para el Gobierno; un 9,8% para las comunidades autónomas y un 3,4% para los ayuntamientos.
     Un año atrás el ratio deuda/PIB era del 47%, desglosado en el 36,3% de la Administración Central, el 7,7% de las regiones y el 3,1% de los municipios.

     Eurostat - La actividad se desploma un 36,5% en julio
     La construcción ha descendido un 3,1% en Europa en el último mes. | El  descenso interanual es cinco veces superior al de la media de la Eurozona
     La actividad en el ‘ladrillo’ español cae un 10,3% con respecto al mes de junio
     Vuelta a la tendencia de bajadas experimentada en la primera parte del año
     Europa Press | Bruselas (Bélgica) 17/09/2010 El Mundo
     La producción en el sector de la construcción se ha desplomado en el mes de julio. Según la oficina estadística europea Eurostat, España registra el mayor descenso interanual de la zona euro, con un 36,5% menos de actividad que en julio de 2009, cinco veces por encima de la media, que se ha situado en un 7,5%.
     Sólo Reino Unido, Suecia, Alemania y Polonia han visto crecer la actividad con respecto a hace un año
     España se coloca así a la cola de sus vecinos europeos, seguida por Rumania, con una caída interanual del 24,9%, y Bulgaria (-19%). Tan sólo Reino Unido, Suecia, Alemania y Polonia han visto crecer la actividad con respecto a hace un año.
     En términos intermensuales, el batacazo europeo también ha sido considerable. La producción descendió, de media, un 3,1% con respecto a junio. Mientras, en España la caída ha alcanzado el 10,3%.
     Regreso al pasado
     Estos datos contrastan con los referentes al mes de junio, cuando toda la Eurozona vivió un fuerte repunte del sector y nuestro país se situaba a la cabeza de ese crecimiento. Por el contrario, parecen retomar la tendencia experimentada en mayo y en abril pasados, cuando el sector retrocedió en España un 18,9% y un 18,5%, respectivamente.
     España lideró la producción en el sector en el mes de junio
     Entre los países que se libran de las malas noticias se encuentra Reino Unido, que, siguiendo la estela de junio, continúa registrando importantes incrementos. La construcción creció un 4,4% con respecto al mes anterior y un 13% más que hace un año. Suecia, Alemania y Polonia también experimentan subidas con respecto a junio.
     Por sectores, la construcción de edificios descendió un 3,3% en los países de la moneda única, dejando también atrás los incrementos de junio, mientras que la obra civil menguó un 0,9%. En términos interanuales, ambas áreas se encuentran de capa caída. Si la construcción cayó un 7,9%, la obra civil, por su parte, lo hizo un 6%.

     17-09-2010 por Tamara Vázquez. Madrid.Expansion
     Los opositores de elite ofrecen un perfil profesional muy codiciado en la empresa privada. Bufetes de abogados, consultoras y entidades financieras rastrean candidatos a una plaza pública, seducidos por su alto nivel de formación, su disciplina y el demostrado afán de superación.

     Cuando Miguel Ángel Araque suspendió la oposición que preparaba para Inspección de Hacienda, hacía tres años que su vida se había convertido en una rutina fácilmente reconocible para cualquier opositor: nueve o diez horas de estudio diario, durante seis días por semana, sin apenas vacaciones ni tiempo de ocio. Para entonces tenía 27 años, una doble licenciatura cursada en ICADE y ninguna experiencia profesional.  

     “Comprendí que me había dado el tiempo suficiente para sacar la plaza, pero que debía buscar otras fórmulas para continuar mi carrera laboral”, explica. Decidió probar suerte en la empresa privada y, en menos de un mes, tenía trabajo en el departamento fiscal del bufete Landwell. Desde entonces hasta ahora su trayectoria no ha abandonado la línea ascendente. Con 36 años, hoy trabaja como senior manager del despacho de abogados Mazars y Asociados donde, entre otras funciones, participa en procesos de selección de otros opositores que actualmente se encuentran en la misma situación que él afrontó.
     El caso de Araque no es excepcional. De hecho, como confirma Luis Bravo, socio del despacho de abogados Cuatrecasas, entre un 10% y un 20% de las incorporaciones que su bufete realiza cada año se cubren con opositores del Grupo A1 –titulados universitarios que preparan el acceso a las plazas con más categoría– que no han conseguido un puesto en la Administración Pública, sobre todo con abogados del Estado, inspectores de Hacienda y, en menor medida, jueces, fiscales, notarios y registradores. “Se trata de personas muy disciplinadas, con un elevado nivel de formación y una enorme capacidad de concentración y de sacrificio”, describe Bravo.
     Retribución
     El salario de entrada del ex opositor que entra en esta empresa es de 34.000 euros brutos anuales (el mismo que cualquier abogado recién licenciado), aunque normalmente su ascenso dentro de la compañía es más rápido que el de otros perfiles, “porque cuenta con herramientas que otros jóvenes abogados no poseen como, por ejemplo, su férrea capacidad de estudio, que es imprescindible para investigar sentencias y actualizar constantemente sus conocimientos”. Como curiosidad, Álvaro Mendiola, el socio de Cuatrecasas que dirige el área contenciosa en Madrid, también intentó hacer carrera como opositor antes de saltar al ámbito privado.
     José Ignacio Jiménez, socio responsable del departamento fiscal de Clifford Chance, también estudió una oposición antes de su etapa en el despacho y, periódicamente, contrata candidatos con este tipo de formación. Reconoce que el principal inconveniente que presentan es el nivel de idiomas que, por lo general, resulta bastante insuficiente. Bravo coincide con esta apreciación e insiste en que es fundamental que “todos los opositores tengan un plan B que incluya el aprendizaje del inglés”, sobre todo porque, según observa en su experiencia diaria, “en pocos años, el profesional de la abogacía que no hable con fluidez esa lengua apenas tendrá una oportunidad laboral. La cosa es muy seria, porque se considera que, en el futuro, podrá toparse con un nivel de tolerancia cero respecto a este tema”, insiste.
     Marta Pinto, directora del área legal de Michael Page, afirma que el opositor es un profesional muy “reconocido y valorado” en ciertos sectores, aunque observa otros tantos atolladeros en su transición a la empresa privada. Por ejemplo, “la integración en una firma en la que normalmente tienen que reportar a perfiles de menos edad o la remuneración que, en ocasiones, se les antoja inferior a la que merecen”, explica.
     Roque de Las Heras, presidente del Centro de Estudios Financieros, apunta un problema más: “Son personas que tuvieron un buen expediente académico en su fase universitaria y que poseen un gran afán de superación. En su caso, el hecho de no haber superado una oposición a veces les imprime cierta sensación de fracaso, aunque suelen superarlo en pocos meses”. Afortunadamente, esto no fue lo que sintió Sandra Núñez –una de las alumnas de la institución académica que dirige– cuando dos años y medio después de haber empezado a prepararse como inspectora de Hacienda, le faltó paciencia para terminar el proceso. “Me había fijado un plazo de tres años para conseguir la plaza, pero no pude esperar tanto”, recuerda esta joven. Así que empezó a buscar empleo y la jugada le salió bien. En apenas tres meses ya tenía un contrato de prueba en Caja Madrid, entidad en cuyo departamento fiscal sigue trabajando cinco años después y en la que ejerce como profesora de fiscalidad. Y es que, como concluye De Las Heras, aunque el refrán diga que “el que la sigue, la consigue”, en la carrera profesional hay ocasiones en las que “una retirada a tiempo también puede convertirse en una victoria”.

     En junio había 43.944 oficinas
     17/09/2010 Juan Emilio Maíllo - El Mundo
     Madrid.- Los bancos y cajas de ahorros españoles cerraron en el último año cerca de 1.200 oficinas. Continúa así el proceso de ajuste de la banca, que debe adaptar sus redes a la crisis que vive el país, que ha afectado notablemente al negocio bancario.
     Según los últimos datos del Banco de España, la red de oficinas en España ascendía a 43.944 a 30 de junio, frente a las 45.137 de un año antes. En los tres últimos meses, de abril a junio, se echó el candado a otras 191 oficinas.
     El ajuste está siendo mucho más intenso entre las cajas que entre los bancos. No en vano, la red de las primeras es mucho más tupida. A 30 de junio las cajas contaban con 23.903 sucursales, 704 menos que un año antes.
     En el caso de los bancos, por su parte, se ha echado el cierre a 356 oficinas, con lo que cuentan en la actualidad con 14.715.
     Mientras, las cajas rurales tienen hoy 5.019 sucursales, tras haber cerrado 62 desde junio de 2009. Y las financieras, entidades que dan créditos pero no captan depósitos, tienen 306, que son 71 menos que un año atrás. En términos relativos, las financieras son las que han hecho el ajuste más intenso.

     La morosidad de la banca se situó en julio en el 5,471%
     17/09/2010 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
     Madrid.- La morosidad del sector financiero repuntó el pasado mes de julio hasta el 5,471%, desde el 5,346% del mes precedente. Un año antes, la tasa estaba en el 4,731%.
     En conjunto, las entidades financieras que operan en España tenían a cierre del mes de julio 100.475 millones de euros en créditos de dudoso cobro, frente a los 87.523 millones de un año antes y los 98.906 de junio de 2010. La cifra supone superar por segunda vez en el ejercicio los 100.000 millones, como ya ocurrió en mayo.
     Destaca una fuerte contracción del crédito. Ha pasado de 1,850 billones de euros a 1,836 billones, es decir, 14.000 millones menos.
     Si se atiende al tipo de entidad financiera, el mayor incremento de la morosidad el pasado mes de julio se produjo entre las cajas de ahorros, al pasar del 5,31% al 5,51%. Los préstamos dudosos de estas entidades ascienden a 48.022 millones, cuando un año antes era de 45.856 millones (el 5,181% del total).
     En cuanto a los bancos, su subida es más moderada en julio, pero más intensa si se miran los 12 últimos meses. Su ratio de mora está en el 5,371%, frente al 5,316% de junio. El aumento del volumen de préstamos tóxicos no llega ni a los 100 millones, para alcanzar 43.482 millones de euros. En julio de 2009 los bancos tenían una morosidad del 4,141% (33.301 millones).
     Mientras, las cajas rurales vieron repuntar su tasa de dudosos en julio del 4,109% al 4,224%. Tienen 4.101 millones en créditos malos. Y las financieras mantienen su tendencia a la baja, con una morosidad en julio del 10,135%, levemente inferior a la de junio. La caída es de más de medio punto respecto a su máximo de marzo. En su cartera hay 4.232 millones en activos tóxicos.

     17.09.2010 Calixto Rivero - Expansión
     Las multas y las sanciones se están convirtiendo en una herramienta importante para enmendar el déficit en el que se encuentran las cuentas estatales: el Ejecutivo ha disparado un 29,4% la recaudación por recargos e intereses impuestos las empresas y asalariados hasta julio, según las últimas estadísticas de Ejecución Presupuestaria. Es el mayor avance registrado desde 2005.

     Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se instaló en La Moncloa en 2004, el Estado ingresaba 327 millones mediante sanciones tributarias. Ahora, legislatura y media después, recauda cerca de 519 millones de euros por esta misma partida, un 58% más, tanto por las propias multas como por los intereses que generan.
     No obstante, Hacienda tiene aún grandes problemas para que entren en caja efectivamente las sanciones impuestas a los contribuyentes. Según los últimos datos disponibles, el Ejecutivo sólo ha conseguido recaudar realmente hasta julio el 15,2% de lo que tenía previsto recibir en 2010 por medio esta partida. En lo que va de año, el Gobierno tiene pendientes de cobro 1.396 millones de euros en sanciones tributarias, más del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
     Previsiones caducas
     Las últimas cifras disponibles apuntan a que el Ministerio de Economía tendrá complicado ajustarse al molde que fijó en las Cuentas de 2010 sobre los ingresos de multas del Fisco. Si en los Presupuestos Generales del Estado estimaba que recaudaría efectivamente este año 885 millones de euros gracias a estas dos partidas, hasta la fecha sólo ha logrado ingresar 330 millones, un 37%.
     Estos datos ponen de manifiesto que el Gobierno se verá abocado a agilizar las sanciones en los últimos meses del año si no quiere que la evolución de estas cifras se convierta en otro punto en contra de las previsiones oficiales de déficit.
     Este desafío se agrava aún más si se tiene en cuenta otras situaciones coyunturales: la presunta huelga de bolis caídos que está secundando la Guardia Civil ha provocado que los ingresos por sanciones de tráfico se estén desplomando a un ritmo del 3%. La última caída de la recaudación de este tipo de sanciones se registró en 2006. Entonces las Fuerzas de Seguridad del Estado también protestaban por las condiciones laborales. Todo ello se traduce, en definitiva, en menos ingresos.
     La agilización del trabajo en la Agencia Tributaria es un tema que ya llevan denunciando desde hace tiempo los Inspectores de Hacienda, que han criticado en más de una ocasión que parte de su retribución dependa de que se elaboren más actas o no. En román paladino: estos funcionarios cobran más si consiguen recaudar más.
     Problemas
     Otra de las estrategias que ha impulsado el Ejecutivo para acabar con el déficit es reducir el plazo de las investigaciones que realiza a los contribuyentes, lo que a juicio de algunos expertos facilita que se cometan más errores.
     Todos los intentos son pocos para resolver la ecuación más difícil a la que se enfrenta Hacienda: debe reducir el déficit desde el 11,2% al 3% en 2013, lo que, sin duda, trastocará el Estado de Bienestar y obligará a los ciudadanos a pagar la crisis a base a multas, sanciones o subidas fiscales.
     El déficit pone en jaque las cuentas de Hacienda
     La Agencia Tributaria (AEAT) recibió 175 millones adicionales a su presupuesto de 2009 debido al cumplimiento de los objetivos previstos en la lucha contra el fraude fiscal, según recoge una resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). La modificación de crédito dentro del presupuesto de la AEAT ascendió el pasado año a 205,3 millones, de los que la mayoría, esos 175 millones, correspondieron al buen cumplimiento de la lucha contra el fraude, cantidad que supone el máximo de lo que prevén los Presupuestos Generales del Estado para este fin.
     El BOE destaca que el presupuesto de la Agencia Tributaria en 2009 fue de 1.425 millones, el 3,34% más que en 2008, año en el que fue de 1.379 millones. Asimismo, el gasto de personal de la AEAT en 2009 alcanzó los 1.028 millones, el 5,65% más que en 2008. El problema es que en 2010 la falta de plantilla y los problemas con el déficit no auguran tanto éxito.
     Como muestra, la anulación de todas las liquidaciones de IVA entre 2006 y 2008, que podrían poner en peligro una recaudación de 3.000 millones de euros, según fuentes de toda solvencia (ver Expansión del viernes 27 de agosto). A esto se suma que la mayoría de los analistas no ven viables las estimaciones económicas del Ejecutivo, que prevén que el PIB crezca un 1,3% en 2011. Si esta previsión no se cumple, el Gobierno se vería abocado a subir los impuestos de nuevo.

     Según el Instituto Nacional de Estadistica
     Sin embargo, la vivienda nueva está aguantando mejor la caída
16/09/2010 - Cristina Casillas – Finanzas.com
     La vivienda nueva está resistiendo mejor que la de segunda mano y la rebaja, en dos años de crisis, apenas llega al 10% de media, según se desprende de las estadísticas del Índice de Precios de la Vivienda que publica el INE.

    Los precios de la vivienda nueva apenas están bajando e incluso en muchas de las comunidades autonómicas están subiendo. Sólo la vivienda usada registra los tan anunciados descensos del 20%. Pero ojo, no en todas las comunidades.
Con las estadísticas en la mano, la vivienda general registró una subida del 9,8% en 2007, para descender un 1,5% en 2008 y un 6,7% en 2009. En tasa acumulada, la bajada se ha situado en el 8,2%. Si lo desagregamos en vivienda nueva y vivienda usada, vemos que en la primera, registró una subida del 11,9% en 2007, del 4,2% en 2008 y una bajada del 4,1% en 2009. Es decir, en dos años de crisis, la vivienda nueva ha subido un 0,1% en tasa acumulada.
     Las rebajas más importantes las encontramos en vivienda usada. Así, en 2007 subió un 8,2%, mientras que en 2008, el año en el que estalló la burbuja inmobiliaria, el descenso fue del 6,2% y en 2009 la caída fue del 9%. En total, en dos años, la vivienda usada ha perdido un 15,2% de su valor de media.
     Por Comunidades, cuatro registran subidas acumuladas de la vivienda nueva. Así, en Asturias, en los dos últimos años ha subido un 5,9%, en Extremadura, un 8,4%, en Galicia, un 7,5% y en Murcia, un 7,6%.
     En el resto de regiones, las caídas son menores que el precio de los pisos de segunda mano. Y en muchas de ellas, el acumulado de los dos últimos años sigue ofreciendo un balance positivo. Así, en Andalucía la vivienda nueva acumula un saldo positivo del 6,3%, tras subir un 6,7% en 2008 y bajar un 0,4% en 2009.
     Baleares y Canarias son otras dos regiones donde la vivienda nueva se resiste a bajar. Así, tras subir en 2008 y bajar en 2009 el saldo sigue siendo al alza. Un 2,3% y un 6,3% respectivamente. En Cantabria, prácticamente la subida de 2009 se la ha comido la rebaja de 2008, aún así, el balance es de 0,7%.
     Castilla y León y Castilla La Mancha atraviesan por la misma situación.
     Para encontrar rebajas importantes en el precio de la vivienda nueva hay que buscarlas en Madrid y Cataluña. Así, en la primera, tras subir un 0,3% en 2008, se desplomó la año siguiente un 11,5%. Lo mismo ocurre en Cataluña, que vio como los precios subían un 0,9% en 2008 y caían un 10%, mientras que en el País Vasco, el descenso fue menos moderado, pero también importante al situarse en el 6,1%.
     ¿Qué pasa con las viviendas de segunda mano?
     Las viviendas de segunda mano son las que están soportando las mayores caídas. Especialmente porque su margen de bajada también es mayor. Únicamente en este sector es dónde se acerca la rebaja al 20 o al 30% de su valor.
     Así, en Aragón, en apenas dos años, el precio de la vivienda usada ha caído un 20,5% (8,3% en 2008 y 12,2% en 2009). En Balares, el descenso acumulado alcanza el 15,9%, en Cantabria, del 12,9%, en Castilla y León del 9,6%.
     Sin embargo, en Cataluña y Madrid vuelven a registrar los mayores descensos. Así, en la primera comunidad la caída alcanza ya el 21,7% (un 9,7% en 2008 y un 12% en 2009). En Madrid, un 19,3%.
     En Navarra y País Vasco son otras dos de las Comunidades en los que más ha caído el precio de la vivienda de segunda mano. Así, en la primera, en dos años que llevamos de crisis un 21,7%, mientras que en la segunda, un 19,6%.
     Desaceleración en la primera mitad del año
     En lo que llevamos de año, vemos una desaceleración de la caída del precio de la vivienda. Así, en el segundo trimestre, subió un 1,6% trimestral, con lo que cual, hasta junio de 2010 el precio de la vivienda libre ha crecido un 0,4%. Sólo en tasa interanual vemos que se ha producido un descenso del 0,9%.
     Por tipo de vivienda, la variación anual de la vivienda nueva pasa del –4,2% del primer trimestre de 2010 al –1,7% en el segundo. Por su parte, la vivienda de segunda mano sitúa su tasa anual en el 0,0%, más de un punto por encima que en el trimestre anterior y alcanza así su primera tasa no negativa desde el cuarto trimestre de 2007.
Es curioso, ya que desde que empezó la crisis, la vivienda de segunda mano fue la que más rápido bajó, pero al mismo tiempo es la que antes está recuperando los precios.
 
     Para Miguel Ángel Alemany, director general de pisos.com, el portal inmobiliario del Grupo Vocento, “el precio de la vivienda continúa ajustándose, pero el margen es cada vez menor, y en las zonas con oferta limitada ya se están recogiendo pequeños repuntes”.
     Asimismo, los cambios fiscales como la subida del IVA o el fin de las deducciones, empujarán el saldo final de la compraventa en 2010 al alza, y que de cara al próximo año será la situación económica personal la que realmente marcará el ritmo. A pesar de que se cuente con un precio atractivo, si el marco laboral no es el más idóneo, la decisión de compra se retrasa inevitablemente. Por otro lado, si la entidad financiera no considera solvente al potencial comprador, aun existiendo ahorro previo, la compra se pospondrá. La normalización del sector inmobiliario seguirá marcada por un proceso lento.

     Rubén Esteller/ Lorena López 17/09/2010 – El Economista
     Iberdrolola y Endesa: las más favorecidas
     El Ministerio de Industria está dispuesto a darle oxígeno al Pacto de Estado de la Energía. Para ello, el departamento que dirige Miguel Sebastián ha decidido ignorar la posición del Partido Socialista y ha enviado a la Comisión Nacional de Energía un borrador de orden ministerial en la que congela los peajes y las tarifas y primas del régimen especial en la revisión del precio de la electricidad.
     Esta decisión, impuesta por el Partido Popular para seguir negociando con el Gobierno, le supone al Ministerio aceptar un desfase casi total en las cuentas de la hipoteca eléctrica.
     Según se detalla en la memoria económica de la orden, la decisión de congelar los peajes supondrá un incremento de entre 1.247 y 1.905 millones de euros en la cuenta del déficit tarifario para el año 2010 si se contabilizan los extracostes de las renovables y de la distribución.
     Estas cantidades han hecho que el Ministerio de Economía en la presentación del folleto para la titulización del déficit de tarifa haya sido previsor y haya propuesto la emisión de 25.000 millones, lo que supone 5.000 millones más de lo previsto en un primer momento.
     Es decir, que se da carta de naturaleza al descontrol tarifario que se está produciendo en el sector energético al tiempo que se intenta tranquilizar a las eléctricas reconociéndoles su futuro derecho a cobro de las mismas.
     Con la propuesta del Ministerio de Industria, la factura para los hogares y pymes acogidos a la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) previsiblemente no se encarecerá en la revisión de octubre o hará que la subida no sea “significativa”.
Industria tiene pendiente la subasta CESUR, que se celebrará el próximo 21 de septiembre, donde se tendrá en cuenta el alza de los precios de la energía para fijar definitivamente el coste del kilovatio. De hecho, en junio el Gobierno cambió completamente el borrador de orden ministerial que había enviado al regulador para que las cuentas le cuadraran y poder congelar el recibo de la luz.
     Nota explicativa 
     Para explicar este desfase del déficit, el Ministerio de Industria añade en la memoria económica una nota en la que explica que hay en tramitación un Real Decreto por el que se establecen los plazos de revisión de las tarifas.
     En la misma, el Gobierno explica que si se cargan los extracostes del régimen especial -es decir de las renovables- o si se reconociera el coste de distribución llevaría a escenarios de déficit que sobrepasan el límite de 3.000 millones de euros impuesto por norma para este año.
     Si se recogieran dichos extracostes este desajuste conllevaría una subida de peajes de entre el 55 y el 77 por ciento para la alta tensión (grandes consumidores) y de entre el 82 y el 115 por ciento para los pequeños usuarios (hogares y pymes), dependiendo de los escenarios.
     Según los escenarios previstos de costes e ingresos, en el primer escenario diseñado se incluirían 1.550 millones de extracoste de las renovables y en el segundo escenario se añade un coste por la distribución de 496 millones de euros, lo que según los números realizados por el ministerio provocaría una subida de todas las tarifas de un 40 por ciento en el escenario de las renovables y en un 56 por ciento para el segundo escenario, el de la distribución.
     Las eléctricas esperaban que en este mes de octubre se produjera un incremento de las tarifas eléctricas, por eso la decisión de congelar de nuevo el recibo ha supuesto un duro varapalo para las compañías que acogieron ayer con disgusto la propuesta del departamento de energía.
     De hecho, cuando el ministerio y el PP pactaron la anterior congelación, las compañías emitieron un comunicado conjunto en el que atacaban con fuerza esta decisión y muchas de ellas decidieron paralizar inversiones en España, tal y como adelantó en su momento elEconomista.
      En contra del PSOE
     La decisión del ministro Sebastián también ha creado un profundo malestar en el grupo parlamentario socialista, según indicaron fuentes consultadas por este diario. El Congreso de los Diputados rechazó el pasado día 14 de septiembre la propuesta realizada por el Partido Popular en la que se pedía que se congelara una vez más la tarifa eléctrica y ahora con esta propuesta han quedado claramente desautorizados.

     16.09.2010 M. Á. Patiño - Expansión
     El Gobierno va a elevar a un máximo de 25.000 millones la cantidad de dinero que podría pedir al sistema bancario para cubrir el denominado déficit de tarifa. Este agujero se crea en el sistema eléctrico porque los ingresos son inferiores a los costes, debido a que las tarifas de la luz no son suficientes.

     Hasta la crisis de los mercados financieros, ese agujero lo cubrían las propias eléctricas emitiendo deuda (titulizaciones), y después lo hizo la Comisión Nacional de Energía. Pero con la crisis de liquidez bancaria, todo se bloqueó, y tuvo que tomar partido el Gobierno, otorgando avales del Estado para poder colocar la deuda.
     Inicialmente, aprobó dar aval hasta un máximo de 20.000 millones. El hecho de que ahora contemple emisiones de deuda de hasta 25.000 millones puede ser por dos razones.
     Bien para cubrir posibles desfases de tesorería entre cobros y pagos del sistema eléctrico, o porque definitivamente haya tirado la toalla y prevea que no va a ser capaz de acabar a medio plazo con el déficit de tarifa. Este sólo se puede solucionar subiendo considerablemente las tarifas.
     Estas cifras se contemplan en el resumen de la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Madrid, la primera de una serie de road show entre inversores que continuarán en Londres el próximo lunes, así como en otras plazas europeas y asiáticas.
     “Los inversores asiáticos son muy importantes para colocar la deuda del déficit de tarifa, después del interés que han mostrado por la deuda pública española”, explican fuentes de un banco que va a participar en estas presentaciones a inversores.
     Y es que, pese a que Economía ha recalcado que la deuda del déficit no compite con la colocación de la deuda eléctrica, “al final le vamos a ofrecer los títulos a los principales inversores de deuda pública”, añaden las mismas fuentes.

     Según ‘The Wall Street Journal’

     Las “viviendas zombies” que existen en España pueden oscurecer el futuro económico del país, según un artículo del periódico The Wall Street Journal, en el que alerta de que el sector inmobiliario español tiene un millon y medio de unidades residenciales sin acabar, sin vender o sin potenciales compradores repartidas por todo el país.
     Ep - Madrid - 16/09/2010 – Cinco Días
     El rotativo estadounidense destaca que estas viviendas son la consecuencia de una burbuja inmobiliaria que aún se está desinflando y que amenaza con “socavar aún más la economía durante los próximos años”. “Es la resaca después de una fiesta épica, un periodo al que los españoles se refieren ahora como ‘Cuando pensábamos que éramos ricos’”, añade.
     The Wall Street Journal pone la Torre Lugano de Benidorm (Alicante), el edificio residencial más alto de España, como ejemplo de la brecha que se ha abierto entre los sueños recientes de la España de la “gloria económica” y su “sombría nueva realidad”.
     En su momento, la torre se vendió como un edificio de lujo y ahora se enfrenta a demandas por valor de 28,2 millones de euros por “defectos de construcción”, que han obligado incluso a alguno de sus vecinos a ducharse en aseos compartidos por fallos en las tuberías.
     Asimismo, el diario considera que la recuperación del sector inmobiliario llevará tiempo, como demuestra el hecho de que serán necesarios al menos tres años para vender todas las viviendas construidas durante el boom inmobiliario y que aún no tienen comprador.
     En esta línea, también destaca la existencia de otras construcciones similares a la torre de Benidorm como el aeropuerto de Ciudad Real, que está en gran parte sin usar y tiene una deuda multimillonaria, o el recinto ferial de Zaragoza, que está pensado como un parque de negocios y, en cambio, permanece prácticamente vacío dos años después de la Expo.
     “Prueba vital”
     El diario recuerda que España, que es la cuarta economía más grande de la zona euro y representa el 11% de producción total, fue considerada una “prueba temprana” del éxito de la moneda única. Por ello, ahora su capacidad para reanudar su crecimiento es “una prueba vital” para la futura estabilidad del euro y la salud económica de Europa.
     En este sentido, subraya que la “incertidumbre” sobre la capacidad de recuperación de España ha incrementado la presión sobre la deuda y las bolsas. Ante esta situación, destaca que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado nuevos recortes en los presupuestos para 2011 y que la Familia Real incluso ha visto reducida su asignación.
     Asimismo, señala que los bancos españoles, incapaces de acceder a los mercados internacionales, han tenido que recurrir al Banco Central Europeo (BCE) para mantener el crédito necesario. Al mismo tiempo, los inversores consideran que los bancos deben ser más transparentes sobre el número de préstamos incobrables y otros activos similares.
     El diario apunta que, en vez de revelar sus créditos problemáticos, los bancos han escogido refinanciar estos préstamos e incluir las ejecuciones hipotecarias y las viviendas sin vender como activos. Incluso después de conocer los resultados de las pruebas de resistencia, los economistas consideran que estos activos aún suponen un peligro y podrían convertir las entidades en “bancos zombies que se aferran al capital para cubrir sus pérdidas”.

And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, I’ll say it clear,
I’ll state my case, of which I’m certain.

I’ve lived a life that’s full.
I’ve traveled each and ev’ry highway;
And more, much more than this,
I did it my way.

Regrets, I’ve had a few;
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.

I planned each charted course;
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.

Yes, there were times, I’m sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall;
And did it my way.

I’ve loved, I’ve laughed and cried.
I’ve had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.

To think I did all that;
And may I say - not in a shy way,
” Oh no, oh no not me,
I did it my way”.

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!

A MI MANERA

Y ahora, el final está aquí,
Y entonces enfrento el telón final.
Mi amigo, lo diré sin rodeos,
Hablaré de mi caso, del cual estoy seguro.
He vivido una vida plena,
Viajé por todos y cada uno de los caminos.
Y más, mucho más que esto,
Lo hice a mi manera.

Arrepentimientos, he tenido unos pocos
Pero igualmente, muy pocos como para mencionarlos.
Hice lo que debía hacer
Y lo hice sin exenciones.
Planée cada programa de acción,
Cada paso cuidadoso a lo largo del camino.
Y más, mucho más que esto,
Lo hice a mi manera.

Sí, hubo oportunidades,
Estoy seguro que lo sabían,
Cuando mordí
Más de lo que podía masticar.
Pero al final,
Cuando hubo duda,
Me lo tragué todo y luego lo dije sin miedo.
Lo enfrenté todo y estuve orgulloso,
Y lo hice a mi manera.

He amado, he reído y llorado.
Tuve malas experiencias, me tocó perder.
Y ahora, que las lágrimas ceden,
Encuentro tan divertido
Pensar que hice todo eso.
Y permítanme decir, sin timidez,
‘Oh, no, oh, no, a mí no, yo sí lo hice a mi manera’.

Pues que es un hombre, ¿qué es lo que ha conseguido?
Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada.
Decir las cosas que realmente siente
Y no las palabras de alguien que se arrodilla.
Mi historia muestra que asumí los golpes
Y lo hice a mi manera.

Sí, fue a mi manera.

     Libertad de establecimiento

     Europa Press - Bruselas - 15/09/2010 - Cinco Días
     El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Pedro Ruiz Vllalón, ha dictaminado que es ilegal que un Estado miembro limite la profesión de notario sólo a sus nacionales y por eso ha recomendado al tribunal que condene a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria, Alemania y Grecia por ese motivo.
     El Tratado de la UE prevé que las actividades relacionadas con el poder público queden excluidas de la libertad de establecimiento. Pese a ello, el abogado general estima que la noción de lealtad no requiere necesariamente un vínculo de nacionalidad.

     La universidad estadounidense lideraba las 500 mejores desde 2004
     Natalia Sanmartin Fenollera - Madrid - 09/09/2010
     Desde el año 2004 el lema de la Universidad de Harvard -Veritas (verdad)- ha ondeado al frente de la clasificación de las 500 mejores universidades del mundo. Una primacía que acaba de ser sustituida por la de la británica Cambridge, que se ha convertido en el centro de conocimiento más prestigioso del mundo en 2010. La decisión ha sido tomada por el consejo académico de QS, entidad que tras rastrear la opinión de miles de académicos y empresarios de numerosos países del globo -entre ellos, España- publica el QS World University Ranking. Es la primera vez que la clasificación sitúa a una universidad no estadounidense en lo alto del pódium.
     En su edición de este año, el QS elige a Yale como tercera mejor universidad del mundo, seguida de UCL (University College London), MIT (Massachusetts Institute of Technology), Oxford, Imperial College of London, Chicago, California Institute of Technology (Caltech) y Princeton. Un top ten en el que los centros estadounidenses ganan la partida por seis a cuatro.
     Las universidades españolas han pasado de ocho a diez en la edición de este año. Entre las 200 primeras, el mejor lugar lo ocupa la Universidad de Barcelona, en el puesto 148 (sube 23 posiciones respecto a 2009). Tras ella, la Autónoma de Barcelona se queda en el 173 (aunque adelanta 38 puestos), seguida de la Autónoma de Madrid (213), Complutense (269) y Pompeu Fabra (336).
     El QS World University Ranking evalúa la calidad en investigación de las universidades, el nivel de contratación de los graduados, el compromiso en la enseñanza y el compromiso internacional. ¿A qué se debe el que Harvard haya perdido su primacía? El análisis de Danny Byrne, analista de QS, revela que hay dos campos en los que el centro ha cedido terreno -ratio de alumnos por facultad (ha bajado 11 posiciones) y plazas para el personal internacional (ha descendido 34)-, algo que puede atribuirse a las consecuencias de la crisis. Pese a que la universidad no depende de fondos públicos, el año pasado tuvo que afrontar un recorte de 5,4 millones de euros en su presupuesto y congelar las contrataciones internacionales.
     “Cambridge ha dado un buen paso al frente en la medida de sus menciones por facultad y Harvard ha retrocedido un pequeño paso en la medida de alumnos por facultad, tal vez a causa de una bien documentada congelación de contrataciones que ocurrió en 2008″, explicaba ayer Ben Sowter, jefe de división en la filial de inteligencia de QS y graduado de la Universidad de Nottingham en declaraciones a Bloomberg.
     El peso de la decisión a la hora de clasificar los centros corresponde a los 15.000 académicos de todo el mundo -suponen el 40% de encuestados- que el QS entrevista. Los profesores entrevistados tienen de media 19 años de experiencia en el mundo universitario, aunque hay un 45% que cuenta con más de 20 de ejercicio a sus espaldas. Estadounidenses y británicos lideran, por número de respuestas, la encuesta, en la que los académicos españoles suponen un 3%.
     Entre los empresarios consultados, la mayor parte de las respuestas provienen de los sectores de consultoría, ingeniería, finanzas y nuevas tecnologías.
     El ‘Top ten’
1. Cambridge
2. Harvard
3. Yale
4. UCL (University College of London)
5. MIT (Massachusetts Institute of Technology)
6. Oxford
7. Imperial College of London
8. Chicago
9. California Institute of Technology
10. Princeton

     F. Tadeo - 14/09/2010 – El Economista

     La nueva regulación propuesta por el Comité de Supervisores Bancarios de Basilea, que se aprobará previsiblemente en el G20 de noviembre, supondrá un elevado coste al sector y acelerará el proceso de privatización de las cajas de ahorros.
     En concreto, el sector necesita más de 40.000 millones. Todas las entidades españolas se verán afectados por los cambios normativos de una u otra manera. No sólo porque se cuadruplican los niveles de solvencia, sino porque su modo de calcularlo a partir de 2013 será diferente.
     Las actuales participaciones preferentes -un instrumento de deuda utilizado masivamente en los últimos años por la banca- dejarán de computar en el ratio de capital de primera categoría Tier 1. Según los datos de Aiaf, el sector acumula en su cartera cupones de este tipo por importe de 28.084 millones. Esta cantidad tendrá que ser sustituida por otro tipo de herramientas, como acciones o reservas, por lo que las cajas tendrán que utilizar las vías abiertas en la reforma legal recientemente aprobada para encaminarse hacia la privatización.
     Del saldo de preferentes colocadas en el mercado, más de la mitad -15.862 millones- corresponden a las cajas. El resto fueron lanzadas por sus principales rivales. Las entidades de ahorros, al no contar con capital social, deberán dar entrada a inversores privados en su seno para poder cumplir con los requisitos impuestos por Basilea III.
     No en vano, los reguladores no han querido ser demasiado exigentes para no alterar mucho la recuperación de la economía mundial y han permitido que las viejas participaciones se reconviertan en unas de nueva emisión en los próximos diez años, aunque unas condiciones mucho más caras, según fuentes consultadas por este periódico.
     El Comité de Basilea ha determinado que las emisiones ahora en circulación tendrán que desaparecer a partir de 2013, pero ha dejado la puerta abierta para que las entidades las vendan hasta 2023. El objetivo es que el proceso de desinversión sea más rápido y que a finales de 2018 la banca ya no acumule en sus balances este tipo de productos. Las condiciones de las nuevas preferentes serán definidas más adelante, pero los supervisores prefieren que el sector no acumule en demasía este tipo de instrumentos, mitad capital mitad deuda.
      El aumento de los ratios no afecta demasiado al sistema español. El Banco de España ha procurado que el sector contara siempre con distintos colchones para hacer frente a las crisis, como las provisiones para impagos. Pero, algunas cajas tendrán que buscar fondos extras. La subida del Tier 1 al 8,5 por ciento en 2019 deja en una posición delicada a diferentes entidades.
      De acuerdo con los datos publicados en los tests de estrés realizados este verano y teniendo en cuenta el escenario económico más probable que suceda, el base, tres cajas de ahorros y un banco presentarán a finales de 2011 un nivel de capital inferior, que suma casi 2.100 millones en conjunto.
     Plazos de adaptación laxos
     No obstante, tendrán un periodo de adaptación y, a juicio de las fuentes consultadas por este diario, los plazos son laxos y ninguno de estos cuatro grupos tendrán problemas de “solvencia” si las previsiones se cumplen y no hay una recaída fuerte de la economía.
     La nueva Caixa Catalunya, fruto de la fusión con Tarragona y Manresa, es la más perjudicada por el salto en la capitalización. Tendría que buscar 1.500 millones. Desde la entidad señalaron que no es un tema preocupante y que en la actualidad cumplen con las exigencias que se pedirán en 2018. Señalan que las sinergías de la integración están siendo mayores de las previstas inicialmente y que en 2013, tres ejercicios antes, podrían contar con un Tier cercano al 9 por ciento. Éstos son, al menos, los cálculos que tienen establecidos en el plan de la operación.
     A día de hoy el Tier 1 de la nueva Caixa Catalunya es del 7,1 por ciento, cinco puntos porcentuales más que las estimaciones proforma de cierre de 2009. Este aumento se debe principalmente por las plusvalías obtenidas por la venta del 50 por ciento de la aseguradora a Mapfre, por la que han contabilizado cerca de 500 millones.
     La otra gran integración de cajas catalanas, las que conforman Unnim, también sale mal parada con el aumento del capital mínimo. Las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu deberán lograr 474 millones de euros en los próximos años.
     Las otras dos entidades, el grupo naciente de la unión de Caja España-Caja Duero y Bankinter, también requieren de fondos de primera calidad adicionales, pero de menor cuantía. El primero tendrá que conseguir 95 millones extras y el segundo, 33 millones.
     El peso de los seguros
     Bankinter es el único banco que tendría que captar dinero adicional para adaptarse a Basilea III. Desde la entidad consideran que éste no es un problema y que sus niveles de capital son acordes a su perfil de riesgo. Además sostienen que cuentan con plusvalías latentes y con posibles desinversiones, como la venta de sus oficinas para hacer frente a los requerimientos.
     Además, afirman que es uno de los grupos más penalizados por la sus filiales de seguros. Explican que Línea Directa Aseguradora, compañía participada al 100% por Bankinter y que el banco considera como “uno de sus activos más valiosos”, consume 370 millones de euros de capital, en su mayoría como deducción directa del de máxima calidad.
     En ese sentido, añaden que una hipotética venta de Línea Directa incrementaría de forma notable los recursos propios del banco, tanto por las plusvalías obtenidas por su venta como por las menores cargas.
     A las participaciones y a los mayores ratios por Basilea se suma una tercera receta. Las entidades españolas tendrán que encontrar fondos para devolver las ayudas solicitadas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) antes de 2017. Las cajas han reclamado 10.600 millones de euros. Estas ayudas computan como capital de primera categoría hasta 2018. Después no serán contabilizadas en esta rúbrica, en caso de que alguna entidad no hay podido hacer frente a sus compromisos o se alarguen los plazos de devolución.
     El montante de las tres facturas eleva el montante total de recursos que tiene captar el sistema financiero español en los próximos ocho años a, al menos, más de 40.000 millones de euros.
     La cifra es inferior a las estimaciones realizadas hace varios meses por diferentes casas de análisis. La Caixa sostenía que el coste de Basilea III para nuestro sector podría alcanzar los 48.000 millones.
     En el día de ayer, los expertos coincidían en señalar que la nueva regulación es soportable por la banca española, sobre todo por el periodo de transición fijado.
     Citi aseguraba en un estudio que “los porcentajes han quedado en la parte baja de las previsiones de los inversores y del borrador que circulaba la semana pasada, por lo que debería ser gestionable para la mayoría de los bancos”.
     Guiño a los políticos
     Lo que más ha llamado la atención en el sector, además de la laxitud en los plazos de adaptación, es en las limitaciones que tendrán las entidades que no cumplan determinadas exigencias. Creen que es un guiño al poder políticos que los bancos centrales hayan propuesto que quien no cumpla con el colchón de capital especial de un 2,5 por ciento de los riesgos (que forma parte del Tier 1) verá recortada su capacidad para fijar la retribución variable o bonus a su cúpula directiva y la remuneración a los accionistas o dividendo.
     Este colchón deberá ser creado por las entidades a partir de 2015 y no tendrá que llegar el 2,5 por ciento hasta el 1 de enero de 2019. En esos tres años, el Comité de Basilea ha establecido un calendario con las exigencias intermedias.
     Además de estas reservas, la banca se verá obligada a contar con una hucha anticíclica, parecida a las provisiones del sistema español. Cada país tendrá margen de actuación y podrá estipular sus condiciones en función de las condiciones económicas.

     Las grandes ciudades y capitales, donde más caen los precios: 5,5%
     Las pisos acumulan una caída del 17,9% desde diciembre de 2007
     Europa Press - Madrid 14/09/2010 - El Mundo
     El precio medio de la vivienda registró un descenso del 4,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, tres décimas porcentuales más respecto al dato que se anotó en julio, según el índice que Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa) realiza sobre pisos libres, tanto nuevos como usados.
     Este porcentaje refleja un nuevo incremento, aunque leve (tres décimas), en el porcentaje de descenso interanual de los valores de las viviendas, modificando la senda de moderación de estas bajadas durante el primer semestre del año y que se truncó el pasado mes de julio, y el 4% registrado en junio.
     Según Tinsa, los resultados de los dos últimos meses no marcan una tendencia definitiva, por lo que es preciso esperar a los resultados del último cuatrimestre para sacar conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta que los datos corresponden a los meses de verano en los que la actividad en un tanto atípica. En agosto del año pasado, los precios bajaban un 8,9%
     La bajada acumulada desde el máximo que alcanzó en diciembre de 2007, en pleno ‘boom’ inmobiliario, se acentúa tras los descensos de los últimos dos meses y se sitúa ahora en el 17,9%.
     Las grandes capitales se resienten más
     Por zonas, los pisos bajaron en todas ellas en el último año, aunque en el subíndice de áreas metropolitanas se refleja un descenso interanual inferior al de julio.
     En concreto, las mayores bajadas interanuales de agosto corresponde a capitales y grandes ciudades y a Baleares y Canarias, con un descenso del 5,5% y del 5,3%, respectivamente. Por su parte, el descenso en la Costa Mediterránea se situó en el 4,9%, mientras que en las áreas metropolitanas y el resto de municipios, la caída en agosto fue del 3,5% en ambos casos.
     Por tanto, son las grandes ciudades y las zonas en las que se concentra un mayor volumen de vivienda vacacional las que más han contribuido en el mes de agosto al descenso del valor general de las viviendas.
     Esta situación provoca que la caída acumulada del precio respecto a la fecha en que éste alcanzó su valor máximo se haya incrementado en todas las zonas. La mayor bajada desde máximos se produce en la Costa Mediterránea, con un descenso acumulado del 23,7%, seguida por las capitales y grandes ciudades (-19,3%), las áreas metropolitanas (-18,7%), las Islas Baleares y Canarias (-17,1%) y, por último, el resto de municipios, con un descenso del 14,9%.

     Un tercio de compradores declara precios por debajo del mínimo

     Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 13/09/2010 Cinco Días
     Si ya transcurrió un año desde que adquirió su casa de segunda mano y considera que lo hizo a un precio cercano al chollo, tenga en cuenta que puede recibir una notificación de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid precisamente recordándole eso: que quizá compró significativamente por debajo de lo que el Ejecutivo regional cree que vale esa misma vivienda.
     Son las tablas de valoraciones que realiza el Gobierno de Esperanza Aguirre de todas las casas existentes en la región, así como de las plazas de garaje, locales comerciales y solares a efectos de determinar las cuantías a pagar en los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones. Fuentes de la Dirección General de Tributos de Madrid explican que esos valores datan de 1997, pero se actualizan cada año según la tendencia del mercado. “Durante el boom, revisamos al alza, este año lo haremos a la baja como desde hace dos ejercicios”, subrayan las mismas fuentes.
     ¿Cómo se realizan dichas valoraciones? Así como en los coches la fecha de matriculación es vital para determinar su valor de cara a una venta en el mercado de segunda mano, en la vivienda el primer factor que se considera es la ubicación. “Incluso en una misma calle, no valen igual los inmuebles de una acera que la de enfrente”, insisten. Por detrás de la localización se sitúa la superficie y como tercer elemento esencial la antigüedad de la finca.
     El número de cuartos de baño, las calidades de los materiales o el equipamiento domótico de la casa son completamente supletorios para establecer esos valores. En cambio, son fundamentales los precios a los que se cierran operaciones de viviendas similares en la zona de referencia. Así, se crean las denominadas “áreas de valor razonablemente uniforme”. Una vez que se obtienen todos estos datos, se logra fijar lo que los técnicos llaman el “valor mínimo de referencia” de cada inmueble. Si usted escrituró sensiblemente por debajo del mismo, la hacienda madrileña investigará a qué se debe la discrepancia. “Hay que tener en cuenta que a los valores que calculamos les restamos dos veces la desviación típica, de modo que se suelen situar entre el 70% y el 85% del valor de mercado. Por eso, un precio en escritura muy por debajo de ese valor nuestro nos obliga a realizar algunas comprobaciones para ver qué ha ocurrido”, señalan desde Tributos.
     Cuando el mercado estaba inmerso en su espiral alcista, en algunos casos se detectaba un precio anormalmente bajo que lo único que buscaba era ahorros en la factura fiscal. La supuesta existencia de dinero opaco al fisco y la facilidad con que se concedían las hipotecas invitaba a que los sesgos entre lo declarado ante notario y el precio real de la operación discrepara. “Ahora, eso de escriturar por la mitad se ha acabado”, afirman en Hacienda de Madrid.
     Porcentaje estable
     Pese a los cambios experimentados por el mercado, los responsables regionales aseguran que el porcentaje de casos investigados se mantiene estable. “Aproximadamente un tercio de los contribuyentes declara precios muy por debajo del mínimo y una vez que abrimos los expedientes, en muchos de ellos acabamos dando la razón al ciudadano”, aclaran.
     Como transmisiones patrimoniales grava el valor del bien y no su precio (el que figura en la escritura), si un contribuyente alega que encontró un chollo porque al vendedor le urgía la operación, no servirá como excusa para librarse de pagar el impuesto. Sí lo logrará si, por el contrario, se producen alguna de las dos circunstancias que admite la ley: el estado de conservación o la llamada inadecuación funcional. Es decir, para Hacienda sólo es justificable que usted haya pagado mucho menos por su casa si ésta se encontraba en mal estado y lo puede probar documentalmente (facturas de la reforma) o si el piso tenía una distribución obsoleta, está ubicada en una zona de botellón o próxima al aeropuerto, entre otras posibilidades. Estos elementos pueden justificar rebajas de valor de hasta el 20%. Por eso, para quien quiera conocer cuánto cree que vale su casa, la comunidad, o para el caso de las incómodas herencias, puede consultar por internet (www.madrid.org) o de manera presencial. Lo mejor de ello es que luego no se llevará sorpresas y, además, es gratis.

     Europa Press | Málaga12/09/2010 El Mundo
     La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar de nuevo mañana a la ex dueña y ex responsable de la residencia ‘Nuestra Señora de Gracia’ de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre por la presunta estafa a una pareja de ancianos extranjeros, que depositaron en ella “su plena confianza”.
     La acusada ya fue juzgada en junio por este delito por la Sección Novena de la Audiencia, que la condenó a seis años y medio de prisión. No obstante, la defensa de la mujer ha presentado un recurso de casación basado en infracción de ley por indebida aplicación del delito de estafa y por error en la apreciación de la prueba.
     Según los escritos iniciales de las acusaciones, tanto pública como particular, la acusada obtuvo a su favor en agosto de 2003 un poder notarial por parte de las víctimas. Así, entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre de dicho año, supuestamente la mujer retiró de una cuenta corriente de éstos 4.000 euros que “incorporó a su patrimonio”.
     Asimismo, según las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, la acusada utilizó el poder notarial y suscribió dos escrituras de constitución de hipoteca en garantía de pago de dos letras por importe de 42.000 y 36.000 euros, respectivamente, sobre una finca propiedad de los perjudicados. Según los escritos, la mujer realizó esta operación “sin conocimiento” de los ancianos. Al no abonarse las letras, se inició la ejecución hipotecaria ante un juzgado de instrucción de la capital, y, aunque según indica la acusación particular, se llegó a señalar fecha de subasta, el proceso finalmente quedó en suspenso.
     Para las acusaciones, se trata de un delito continuado de estafa, por el que el ministerio público solicita seis años y medio de prisión, mientras que la representación de la perjudicada -el marido ha fallecido- pide ocho años de cárcel. En cuanto a la multa, en ambos casos se insta al pago de 14.400 euros.
     Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal solicita una indemnización de 4.000 euros, cantidad a la que la acusación particular suma 50.000 euros por el daño moral ante el “terrible desasosiego” causado y la cantidad que se determine por “haberse gravado con sendas hipotecas su vivienda”.
     En la sentencia de junio se señaló que la mujer actuó para “obtener un beneficio económico ilícito de forma fraudulenta”, haciendo creer a varios ancianos que iba a gestionarles una solicitud para el cobro de una pensión o ayuda, para lo que tenían que firmar un contrato, en el que “se hacía constar que se cedían o donaban sus viviendas”.
     Así, se declaró probado que la acusada logró “que algunos ancianos residentes firmaran a su favor un poder general notarial para disponer de sus bienes, sin que éstos supieran que habían firmado el poder o desconociendo su contenido”. Una vez otorgados, supuestamente procedía a vender sus viviendas, las hipotecaba o se las autovendía.

     Tras un fin de semana de tensas negociaciones

     Los supervisores financieros y gobernadores de los bancos centrales han alcanzo un acuerdo sobre las nuevas normas de solvencia para la banca, conocidas como Basilea III. Tras un fin de semana de tensas negociaciones, el Comité de Basilea ha aprobado una nueva regulación que obligará a las entidades financieras a contar con más capital y de mayor calidad. El capital de máxima calidad (conocido como core capital) se aumentará del 2% al 4,5%. Además, se incluirá un colchón anticíclico de otro 2,5%.

     Miguel Moreno Mendieta - Madrid - 12/09/2010 - Cinco Días
     De acuerdo con una nota de prensa que ha distribuido el Comité de Basilea hace unos minutos, los supervisores financieros han aprobado íntegramente los acuerdos iniciales alcanzados el 26 de julio, que incorporaban mayores exigencias en materia de solvencia y nuevos requerimientos en materia de liquidez.
     El capital de máxima calidad (conocido como core capital) se aumentará del 2% al 4,5%. Además, se incluirá un colchón anticíclico de otro 2,5%. Finalmente se ha impuesto la postura de Estados Unidos de exigir una aplicación rápida de los nuevos niveles de capital, aunque con alguna concesión a Alemania, que pretendía una implementación más lenta.
Para la mayoría de países, las nuevas exigencias comenzarán a aplicarse en 2013, cuando se pedirá a las entidades financieras que tengan un ratio de core capital del 3,5%. En 2015, cuando se unirán todos los Estados que pertenecen al Comité de Basilea, el ratio se elevará hasta un 4,5%.
     Además, se mantiene la decisión de obligar a los bancos a dotar un colchón de capital anticíclico que les ayude a sortear mejor las crisis financieras. No será hasta 2016, una fecha en que se da por hecha la recuperación de la economía mundial, cuando se empezará a exigir este capital adicional. Su puesta en marcha también será progresiva: de un 0,625% inicial, a un 2,5% en enero de 2019.
     Así, dentro de ocho años y tres meses, los grupos financieros mundiales deberán contar con un ratio de core capital del 4,5% más el colchón del 2,5%. En total, un 7%, frente al 2% actual.
     El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, asegura en la nota de prensa que “los acuerdos alcanzados hoy son un reforzamiento importante de los estándares globales de capital”. También considera que “su contribución a la estabilidad financiera y al crecimiento a largo plazo será trascendental”.

     10.09.2010 José Mª López Agúndez - Expansión
     El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, atribuye el retraso en la elaboración del reglamento para el acceso a que su éxito “pasa por su implantación pacífica”, afirmó ayer en el Colegio de Madrid.
     “Creo conveniente que haya una ley reguladora del derecho de defensa, pero esta ley no tiene por qué ser orgánica, como sucede con otros derechos fundamentales”, afirmó Francisco Caamaño, ministro de Justicia, ayer por la mañana en una conferencia pronunciada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
     Caamaño glosó un discurso muy completo en el que trató prácticamente todas las cuestiones que afectan a la Abogacía y que tienen implicaciones legislativas, actuales o futuras. Por ejemplo, explicó algunas claves del futuro sistema de acceso al ejercicio de la abogacía.
     Ante un aforo repleto de abogados, Caamaño anunció que su departamento está “abordando muchos” de los “aspectos nucleares” del ejercicio de la abogacía, que serán incluidos en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, proyecto que estará listo a finales de este año. Esta norma “dará la investigación al fiscal”.
     El ministro defendió la incardinación del modelo de los colegios profesionales en el ordenamiento, aunque advirtió que su situación en el ordenamiento lleva implícitas unas obligaciones como “contrapartida”. Caamaño apuntó que “sería un error contemplar el proceso de liberalización como algo incompatible con la institución colegial”.
     Incluso fue más allá, y precisó que “no basta con disponer de una reserva de actividad; es necesario contar con un modelo organizativo para asegurar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos”. Entre las “contrapartidas” que tiene la posibilidad de contar con este modelo, Caamaño citó la “responsabilidad” de los colegios de velar por “el cumplimiento de los códigos deontológicos”, la adaptación del ejercicio de la abogacía a las nuevas tecnologías, en la formación para los abogados y la movilidad en el espacio europeo.
     El ministro destacó cómo “los colegios deben desempeñar un papel fundamental para facilitar el acceso a las nuevas tecnologías”. Esta realidad, precisó, provocará que surjan “nuevas normas deontológicas, por ejemplo, el secreto profesional se mezclará con el secreto de las comunicaciones a través de la red”.
     Preocupación
     Caamaño anunció que el proyecto de reglamento de la Ley de Acceso “será remitido la semana próxima al Consejo de Estado”. Sobre esta cuestión, explicó: “Me consta la preocupación de la Abogacía y la Universidad sobre cómo se conformará, así como del retraso acaecido”. El ministro atribuyó este retraso en elaborar la norma, del que ya se ha hecho eco este periódico a que “ha sido un proceso meditado”. El motivo es que “en esta tarea de adaptación Justicia ha trabajado con Educación y con las entidades universitarias buscando acallar las voces más críticas”. Y ahondó en el hecho de que “el éxito del modelo pasaba por su implantación pacífica; por eso hemos agotado el tiempo” para elaborar el reglamento.
     El nuevo periodo de formación que introducirá la Ley de Acceso, que entrará en vigor en octubre de 2011, constará de 90 créditos y abarcará un lapso temporal de año y medio. Caamaño explicó que en el futuro “se podrán convalidar los diferentes máster” que existan y se realicen, siempre que incluyan los créditos previstos para el acceso a la abogacía. Ello facilitará que se pueda completar el periodo de formación para los licenciados que opten por hacer oposiciones –en algunas se realizan cursos, como el de la Escuela Judicial– y a quienes opten por realizar otros máster, incluso de carácter superior: “Éste es el acuerdo a que hemos llegado y es satisfactorio para todos”.
     Por otro lado, apuntó que el anteproyecto de Ley de Mediación está pendiente de envío al Consejo de Estado. Esta norma, previsiblemente, ayudará a desbloquear unos 180.000 juicios anuales inferiores a 6.000 euros, procesos en los que habrá obligación previa de acudir al mediador antes de proseguir con la demanda.

     Verónica Rodríguez 12/09/2010 El Economista

     El negocio hipotecario sigue sin vivir sus mejores momentos; nuevos requerimientos conceder los préstamos y el compás de espera en el sector por la contención de precios abonan el terreno para los que quieren serle ‘infiel’ a su entidad.
     Todo está de cara para mejorar su hipoteca si usted cumple, claro, con el perfil de hipotecado que aceptan las entidades para subrogar el préstamo de otra entidad mejorando las condiciones, esto es, haber pagado religiosamente las cuotas cada mes durante al menos cinco años.
     Hay que tener en cuenta que hemos vivido en los últimos tiempos una situación excepcional, un entorno de tipos bajo provocado por la crisis que ha dado estabilidad a quienes soportan una hipoteca. Algo que torna a su fin. El consenso apunta que el euribor a 12 meses, la referencia para fijar la cuota de una hipoteca a tipo variable, alcanzará el 1,5 por ciento a finales de año, una subida suave si consideramos el cierre de ayer, 1,415, pero subida al fin y al cabo. Y si el diferencial que firmó con su banco en su día no es competitivo, puede ser el momento de cambiar con el objetivo de que su cuota se mantenga en niveles razonables.
     Otra circunstancia que favorece el cambio de hipoteca es la bajada de negocio en las entidades. Criterios más estrictos para la concesión de nuevos préstamos y el compás de espera que vive el sector, aún atenazado por la bajada de precios y una demanda dubitativa, abonan el terreno para aquellas operaciones que llegan con el aval de la antigüedad.
     Finalmente, sepa que si su banco quiere contraofertar a la entidad nueva que le ha hecho una propuesta, tiene que hacerlo por escrito y de forma vinculante, de modo que no quepa lugar después a modificaciones en las condiciones.
     Esta es precisamente una de las cuestiones que hay que estudiar con cuidado. No por ser hipotecas de subrogación dejan de tener condiciones que a veces desaconsejan serle infiel a la entidad actual. Está, por ejemplo, la Hipotecambias de Caja España con uno de los diferenciales más atractivos del mercado, 0,25 por ciento, que pide a cambio cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, suscribir un plan de pensiones de la entidad. Otros productos resultan más razonables, la hipoteca de cambio de banco de OpenBank, al 0,45 por ciento, sólo exige la domiciliación de la nómina y de tres recibos. Y la de ING, al 0,49 por ciento, exige hipotecarse por encima de los 150.000 euros.

     10.09.2010 Jaime E. Navarro - Expansión
     El Banco de España considera que las medidas tomadas para recuperar el crecimiento de la economía, fundamental para la estabilidad del sistema financiera, van por el buen camino.
     No obstante, llama a la prudencia y evita una posible euforia sobre el fin de la crisis: “nadie puede decir que hayamos salido de la crisis […], el grado de incertidumbre es elevado”, apuntó ayer el supervisor de la banca, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Durante su intervención ayer por la tarde en la presentación del Centro PwC-IE del sector financiero, pidió que los empresarios aprovechen las nuevas posibilidades de la reforma laboral, que se pongan en marcha cambios en el sistema educativo y que se aborde una reforma de las pensiones, que garanticen su viabilidad. Además, pidió que no se caiga en una “fatiga reformista”.
     Retos
     En el ámbito de las entidades de crédito, distinguió varios retos. Subrayó que el incremento de los activos dudosos (que conforman la morosidad) se ha detenido, pero que aún se debe prestar atención a su gestión, razón por la cual la nueva normativa de provisiones aumentará en este año un 2% el nivel de dotaciones necesarias. Sobre el problema inmobiliario de la banca, destacó que no se trata de una cuestión que no “se resolverá a corto plazo”. Además, pese a que la caída de los precios de las viviendas se está ralentizando, el supervisor ha pedido a las entidades que extremen la cautela a la hora de medir sus riesgos.
     El gobernador resaltó que los cambios que se van a sustanciar en la nueva normativa financiera de Basilea III (capital, liquidez y apalancamiento) van a tener un “impacto significativo” sobre la banca europea y, por extensión, en la española. No obstante, quiso dejar claro que las buenas prácticas que se quieren implantar en el sector financiero tras la crisis ya se llevan a cabo desde hace tiempo en España: provisiones anticíclicas, limitación de las actividades de riesgo y una supervisión cercana.
     Fernández Ordóñez calificó ayer como un “paso de gigante” la nueva arquitectura de supervisión financiera aprobada esta semana en el seno de la Unión Europea. Señaló que se trata ya de un éxito que los supervisores financieros de toda Europa se reúnan periódicamente y puntualizó que el nuevo Consejo Europeo de Riesgo ayudará para que todos los países tengan una fotografía más completa de los problemas sistémicos de la industria.
Ordóñez advirtió que la introducción de una tasa sobre los beneficios de las entidades financieras podría lastrar la concesión de crédito en España en un momento en que éste es necesario para reactivar la economía, y valoró que el debate a escala internacional sobre los impuestos bancarios se esté realizando con prudencia.
     Fernández Ordóñez defiende la validez de los test de estrés a la banca ante las últimas críticas
     Control del déficit también en los ayuntamientos
     El esfuerzo de reducir el déficit público no debe correr sólo a cargo del Estado central, sino que deben contribuir también las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. Este fue el recado que el gobernador dejó ayer a los presidentes autonómicos y a los alcaldes, justo un día después de que el Ejecutivo levantase las restricciones a las corporaciones municipales para endeudarse, tras habérselo prohibido hace unos meses.
     Fernández Ordóñez señaló que “unas cuentas saneadas y sostenibles” son indispensables para contar con la confianza de los mercados en los que se financia el Estado y del resto de agentes económicos. Pidió, asimismo, al Gobierno que los objetivos de reducción de la deuda pública se cumplan de forma estricta y que se corrija cualquier desviación en los planes del Ejecutivo. No obstante, el esfuerzo reformista no se debe limitar a este punto, sino que también deben ponerse en marcha reformas estructurales.

      9 de septiembre de 2010

     “En el mercado de servicios, la abogacía ostenta una posición singular y característica que no comparte con ninguna otra profesión: es el único servicio profesional que es objeto de un derecho fundamental”, afirmó hoy el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante  la conferencia que, bajo el título “Abogacía y Justicia en la Europa de hoy”, pronunció en la sede del Colegio de Abogados de Madrid.
     Tras señalar que “la defensa en juicio de los derechos e intereses de los ciudadanos constituye un servicio privado con una trascendente dimensión institucional, el ministro destacó que “la abogacía se erige en pieza fundamental del sistema de Justicia”, ya que “sin abogado no hay defensa y sin defensa no hay proceso justo ni juez imparcial”. Y añadió que, por esta razón, “sólo una abogacía institucionalmente organizada puede operar como el contrapoder que exige todo sistema de Justicia”.
     Francisco Caamaño explicó que la protección de los derechos e intereses de los usuarios “requiere de una supervisión que garantice la calidad de los servicios prestados. Por tanto –subrayó- la partencia de los abogados al colegio obedece a una obligación sistemática derivada de la función social que desempeñan”.
     El ministro se refirió también a la transformación que el ejercicio de la abogacía experimentará con la aplicación y uso de las nuevas tecnologías, abundó en el proceso de modernización de la Administración de Justicia emprendido por este Ministerio y, en respuesta a las demandas de los colegios de abogados para que el acceso a la abogacía esté condicionado a una formación específica, más allá del genérico título de grado en Derecho, Francisco Caamaño explicó que esta demanda ha sido atendida por la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que entrará en vigor el 31 de octubre de 2011 y dijo que “el reglamento de desarrollo, una vez adaptado al programa de Bolonia, será enviado próximamente al Consejo de Estado para informe”. Asimismo señaló que “el nuevo sistema de acceso va a garantizar que los futuros profesionales cuenten con una capacitación adecuada, que nos homologará con Europa y facilitará la libre circulación y establecimiento de nuestros profesionales en cualquier otro territorio de la UE”.
     Finalmente, el ministro de Justicia habló sobre La Asistencia Jurídica Gratuita, “otro ámbito en el que la abogacía desempeña con intensidad ese papel garante de los derechos de los ciudadanos”, dijo que los 230 millones de euros que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas destinan a esa prestación son una cantidad considerable que crece año tras año, “pero que la solución no pasa por un cambio de modelo, sino por una racionalización adecuada del sistema vigente; por lo que es hora de adecuar ese excelente sistema a las necesidades actuales”.

     9.09.2010 Expansión.com / EP
     Los Juzgados de lo Social asumirán todos los litigios que afecten al ámbito laboral y que hasta ahora se tramitaban en los juzgados civiles o contencioso-administrativos, según el contenido del Anteproyecto de Ley Reguladora del Procedimiento Judicial que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
     El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, adelantó hoy en un encuentro con los medios de comunicación algunos de los cambios de la futura regulación que dotará de contenido a la Ley Reguladora del Procedimiento Judicial aprobada en 1995 sin modificar su estructura actual.
     Campo destacó la necesidad de “unificar en el orden social todo aquello que afecta al ámbito laboral” con el objetivo de eliminar “el peregrinaje de jurisdicciones” y “dar una respuesta judicial integral, especializada y más ágil” a los conflictos laborales, dada la “exigencia actual” del entorno socio-económico.
     En este sentido, los jueces de lo social tramitarán íntegramente las demandas relativas a la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, las prestaciones públicas, así como los conflictos de vulneración de derechos en el ámbito laboral.
     El secretario de Estado de Justicia adelantó que “no habrá ningún cambio” en los artículos que regulan la responsabilidad del empresario en caso de accidente laboral, ya que la doctrina jurídica sobre esta materia “está consolidada” por el Tribunal Supremo.
     En este sentido, Campo recordó que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad del trabajador y, en caso de accidente, demostrar ante el juez que adoptó todas las medidas de seguridad exigidas.
     Dentro de dichas medidas, el empresario está obligado a prever la falta de diligencia del trabajador pero no responderá cuando la negligencia del empleado sea elevada. “No se modifican los artículos de imputación de responsabilidad del empresario”, matizó Campo.
     Por otro lado, la jurisdicción social también asumirá el trámite de los casos de acoso sexual o laboral. La futura Ley establecerá que, en caso de que el infractor sea un empleado, la víctima podrá elegir si demanda directamente al trabajador o se dirige contra el empresario.
     Por último, Campo aseguró que la unificación de los litigios laborales en los Juzgados de lo Social cuenta con el voto favorable de la mayoría de los jueces españoles de esta jurisdicción, la cual, consideró, es “la mejor y la más preparada” para tramitar en materia laboral.