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Archivo de noviembre de 2010

El candidato del PP de Estepona aconsejó por escrito cómo evitar impuestos

Martes, 30 de noviembre de 2010

García Urbano pide al colegio de notarios que evalúe su actuación
El candidato del PP de Estepona aconsejó por escrito cómo evitar impuestos
Juana Viúdez – Málaga – 17/11/2010 – El País

El candidato del PP a la alcaldía de Estepona (Málaga) y fedatario público, José María García Urbano, se ha puesto en manos del Consejo General del Notariado para que le digan hasta dónde puede llegar para defenderse por su aparición en el sumario del caso Astapa y si estuvo bien hecho su trabajo como notario con los padres del ex asesor de Urbanismo gilista de Estepona, Pedro López, implicados en la trama de corrupción esteponera.
De momento, el Consejo General del Notariado no quiere pronunciarse
Un portavoz del Consejo General del Notariado, órgano que agrupa a los 17 colegios profesionales del país, aseguró ayer que ni ellos, ni el Colegio de notarios de Andalucía, órgano al que pertenece García Urbano, “tienen previsto pronunciarse sobre el caso, de momento”.
Los investigadores de Astapa están estudiando un escrito en el que García Urbano daba consejos profesionales a los padres de Pedro López para que transmitieran la herencia a sus hijos evitando todos los impuestos posibles. Entre ellos está esperar cuatro años para inscribir una escritura modificada o hacer un acta notarial del cerramiento de un patio y aguardar otros cuatro años para que quede “eternamente legalizado”.
La policía se ha mostrado especialmente interesada en el papel de García Urbano en la escritura de obra nueva sobre una finca calificada como suelo rústico y ha avanzado al juez que se hará un estudio detallado del escrito.
Fuentes del PP de Estepona aseguran que García Urbano ha pedido al Colegio de Notarios que se pronuncie sobre los aspectos éticos de estos consejos y les ha ofrecido que examinen toda la documentación relacionada con las operaciones.
El escrito se incluye en la última parte del sumario del caso Astapa sobre la que se ha levantado el secreto. Se trata de tres folios mecanografiados y redactados en tono informal en los que García Urbano va detallando el estado de cada una de las propiedades de la familia López.
No está firmado y tampoco lleva el sello de la notaría. Lo suscribe “vuestro amigo José María” y, según los investigadores, data de 2005, época en la que Pedro López ya era gerente de Urbanismo con la formación posgilista PES.
La petición al Consejo General del Notariado llega después de que el secretario del PSOE de Málaga, Miguel ́ngel Heredia, asegurara que García Urbano “no es trigo limpio” y que ayer, otros cargos socialistas recordaran en una conferencia de prensa monográfica que la policía le investigó en el caso Malaya, ahora en juicio, por sus negocios urbanísticos con el abogado Juan Hoffman, procesado en la trama de corrupción marbellí.
Durante su intervención, se refirieron a él como “el notario del Jesús Gil y Gil”, porque se firmó en su despacho la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz en agosto de 2003, y “el notario malayo”.
García Urbano contraatacó anunciando una querella “por vulnerar su derecho al honor y a la propia imagen” al intentar inculparlo en un proceso judicial en el que no ha sido imputado, ni citado a declarar.
El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, se mostró seguro de que el Colegio de notarios se pronunciará sobre “la vulneración de derechos profesionales y la indefensión” de su candidato con respecto al caso Astapa. “El juez sabe mejor que nadie la indefensión que está sufriendo”, añadió.
García Urbano declaró como testigo en junio de 2008, coincidiendo con las primeras detenciones. Su testimonio continúa bajo secreto, según varias fuentes.

El Euribor cerrará el mes en el 1,54% y encarecerá de nuevo las hipotecas

Martes, 30 de noviembre de 2010

Europa Press | Madrid 26/11/2010 – El Mundo
El Euribor, tipo al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas que conceden bancos y cajas, volverá a encarecer de nuevo las hipoteca en noviembre, al repuntar hasta el 1,54%, con lo que las familias pagarán de media al año unos 250 euros más que hace un año.
El índice situó el viernes su tasa diaria en el 1,531%, dos milésimas por debajo del nivel del jueves y a falta de dos días para que finalice oficialmente el mes, el indicador supera en 0,31 puntos el nivel de hace un año (1,231%).
De este modo, las familias que tengan una hipoteca media de unos 140.000 euros, a un plazo de 25 años y con un diferencial del 0,80%, pagarán de media a partir de noviembre unos 616,84 euros por sus préstamos, lo que supone 21 euros más que hace un año, y eleva a 251 euros el encarecimiento anual.
Los hogares que tengan una hipoteca de revisión semestral también experimentarán subidas, aunque algo inferiores a las de revisión anual, ya que el indicador se situaba en junio en la cuota del 1,281%. En este caso, el repunte se situarán en unos 220 euros al año.
El incremento del Euribor reducirá el poder adquisitivo de las familias durante 2011. Los analistas explican que pese a que los tipos de interés permanecen estables y no se prevé que repunten hasta finales de 2011 o, incluso, principios de 2012, el Euribor tiene que ajustarse a la situación económica.
El indicador permaneció en niveles mínimos durante más de ocho meses hasta que tocó suelo en marzo (1,215%), por lo que la senda que le queda por recorrer a partir de ahora es al alza, según indican los expertos.
La previsión es que el indicador se acerque al 1,6% a finales de año, aunque este nivel no lo superará hasta 2011. Los repuntes serán mínimos durante los próximos meses y no experimentará grandes variaciaciones hasta que finalmente el BCE dé por concluida su política de estancamiento del oficial del dinero.

Gestorías y asesorías pierden casi un tercio de sus clientes por la crisis

Lunes, 29 de noviembre de 2010

Verónica Rodríguez / Rocío Calderón 28/11/2010 – El Economista
Es el efecto dominó: si los clientes, pequeñas empresas en su mayoría, caen, las gestorías que les sirven también lo hacen. Y si a eso se une que los primeros bajan su facturación, los otros no se libran de ello.
Hablamos de un sector compuesto de 181.089 despachos profesionales de asesoría y gestoría a empresas, según datos del INE, que en los últimos dos años ha perdido un 30% de sus clientes, según estimaciones de la asociación del sector, Asefiget.
Casi la mitad de estos profesionales, el 40%, vio el año pasado mermada su cartera y un número más significativo aún, el 87%, o disminuyó o como mucho mantuvo su facturación, según datos de un estudio de Sage.
Pero más allá de las grandes cifras, el día a día de estos pequeños despachos es reflejo de la crisis que afecta a la economía real de nuestro tejido empresarial. “Las pequeñas empresas sufren tensiones de tesorería porque sus clientes no les pagan o lo hacen a 180 días, van al banco con pagarés y ni por esas: no le adelantan el dinero porque no se fían de que puedan devolverlo”, explica Ricardo Perpiñán, dueño del despacho Ripergi.
Impacto en varios frentes
Este panorama, como es lógico, impacta de lleno en las gestorías y asesorías. Hay tres frentes abiertos, como cuenta Amparo Colás, de Servisama Gestión: “Por un lado, las empresas que cierran y que son un cliente menos para nosotros; por otro, las que están mal y no te pueden pagar. Algo complicado porque conoces al dueño, se trata de pequeñas pymes con las que llevas trabajando muchos años y les dices ya me pagarás cuando puedas, hasta que echan el cierre y ya no puedes cobrar nada”.
Y el tercer problema, el intrusismo: “La crisis arroja al paro a muchos directivos de empresas o profesionales de la banca que empiezan a ofrecer sus servicios de forma informal, sin darse de alta en la Seguridad Social”, explica Juan José de los Mozos, presidente de Asefiget. “Un día, viene un cliente y te dice que por 60 euros le ofrecen llevar todos sus asuntos; los despachos no podemos competir con eso sin renunciar a nuestra calidad y responsabilidad”, tercia Amparo Colás.
Cierre de las de toda la vida
Lo cierto es que sólo en el 20% de los despachos se detectó un alta de clientes en 2009; en el 80% restante, su número se redujo. “Visito unos cuantos despachos al mes y me dicen que como esta crisis, ninguna”, relata Eufemio Escobar, director general de Despachos en la compañía tecnológica. Y es que una mala coyuntura siempre ha traído consigo cierre de empresas: la gestoría pierde el cliente pero gana en factura de atípicos, esto es, todo el papeleo necesario para la liquidación del negocio.
“Ahora, estos trabajos extraordinarios no son suficientes porque es el propio despacho el que a su vez sufre en sus carnes la crisis”, añade Escobar. Con todo lo que ello implica: las cuentas empiezan a no cuadrar, se hace necesario despedir a personal, no se consiguen nuevos contratos… “Están cayendo empresas de las de toda la vida, que nunca tuvieron problemas”, dice Juan José de los Mozos que relata cómo un colega le contaba que había propuesto hasta 180 proyectos en un mes y que no había conseguido cerrar ninguno.
Luis Guerra, socio director de ALT-Asesores añade que la mayoría de las empresas que han cerrado sus puertas tenían una cartera de clientes muy concreta. “El sector está muy afectado por la situación financiera pero, sobre todo, están sufriendo aquellas asesorías que tenían sólo clientes en los sectores en crisis, como la construcción o la hostelería”. La mayoría de éstas se ajusta al perfil de microempresa, con menos de 10 empleados y una limitada cartera de clientes.
Necesaria reconversión
La receta, según explican los expertos consultados, parece ser: renovarse o morir. “Hay despachos que siguen funcionando como hace 20 años y que no se plantean las nuevas necesidades de sus clientes”, señala Eufemio Escobar. En esta época de sequía financiera, las empresas buscan recursos donde sea, algo que el gestor puede hacer por ella, cribando, por ejemplo, el catálogo de subvenciones públicas y privadas que van publicándose periódicamente.
La gestión documental también cobra gran protagonismo en estos momentos, con los mayores requerimientos telemáticos que plantea la Administración. El despacho puede custodiar y gestionar electrónicamente desde las escrituras hasta el depósito de cuentas, IVA, sociedades… Y otra área que puede potenciarse es la de fusiones y adquisiciones.
Finalmente, es necesario diversificar la cartera de clientes, buscando nuevos sectores que ahora estén en disposición de generar negocio y puedan necesitar del apoyo administrativo o asesor de estos despachos.

Sin el crédito de los bancos, la venta de viviendas no se recuperará

Lunes, 29 de noviembre de 2010

Temor al desempleo
Nuevas estimaciones indican que el precio de los pisos caerá otro 20%
Finanzas.com 20/11/2010 – Cristina Vallejo
Los intereses de las hipotecas suben un 10% en tres meses y no pararán en 2011
La situación de bancos y cajas no permite que se concedan hipotecas, lo que impide la recuperación de los precios. Nuevas estimaciones indican que caerán otro 20 por ciento.
Ya no son sólo los promotores. También los agentes de la propiedad inmobiliaria se quejan de la sequía de crédito que asola el “ladrillo” español. Un informe elaborado por el consejo general de los colegios de los agentes inmobiliarios, los API”˜s, desvela que la banca niega el 70 por ciento de las hipotecas que se solicitan. El porcentaje llega hasta el 83 por ciento en el caso de la Comunidad Valencia y roza el 80 por ciento en Murcia y Alicante, mientras que en La Rioja y en Navarra el número de hipotecas rechazadas se reduce hasta el 50 por ciento.
Conclusión: de media, se echan atrás dos de cada tres créditos hipotecarios que se solicitan. En el año 2007, sólo una de cada tres hipotecas se denegaba.
El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España daba alguna clave de por qué no fluye el crédito. La primera es obvia: las familias han visto cómo se deteriora su calidad crediticia porque hay muchos riesgos de pérdida de empleo, por ejemplo. De ahí que los bancos se hayan puesto mucho más exquisitos. Además, aunque Grecia o Irlanda pillen muy lejos, sus respectivas crisis de deuda, en primavera, la primera, y en las últimas semanas, la segunda, endurecen las condiciones de financiación de todas las entidades, especialmente las de países periféricos, como España. Además, como dice Carmen Muñoz, de Fitch, bancos y cajas españoles son extremadamente dependientes de la liquidez extranjera para conceder préstamos. Y, dado que las tensiones sobre las deudas públicas periféricas van a estar sobre la mesa durante muchos meses, lo más probable es que, como dice el Banco de España, las tasas de variación del crédito sigan siendo negativas a corto plazo.
Además, como afirma Fernando Rodríguez de Acuña, presidente de RR Acuña & Asociados, la nueva normativa de provisiones para las entidades merma su beneficio, lo que provoca que aumenten las garantías que exigen para conceder un crédito. De hecho, el Banco de España recomienda a las entidades que, dado que caen los márgenes de intereses, deberían esforzarse por repercutir a los préstamos el incremento de sus costes de financiación. ¿Qué significa esto? Simplemente: subidas de tipos. Se endurece, pues, el acceso a la financiación bancaria. Un flaco favor a la vivienda.
La mayor exigencia de los bancos a sus clientes se refleja en otro dato: el valor del préstamo sobre el total de la tasación es de un 62 por ciento. Una cifra muy conservadora. Por debajo del ya razonable 80 por ciento. “Este escenario se traducirá en una contracción del crédito y en un incremento de los tipos de interés. Todo ello determinará una disminución de la demanda para aquellas viviendas que no procedan de las propias instituciones de crédito”, aseguran desde Acuña. De hecho, éste es uno de los argumentos que esgrime esta casa de análisis para afirmar que los precios caerán un 20 por ciento más de aquí al año 2015. A este fenómeno se une otro: “Cajas y bancos tendrán muchas dificultades para cobrar los intereses y el principal de los préstamos concedidos a las empresas inmobiliarias, por lo que siguen viéndose obligadas a refinanciar”, según Rodríguez de Acuña. Ello también detrae recursos para la financiación de la adquisición de viviendas.
Extender vencimientos
Por tanto, el fenómeno no es una mera sensación de los agentes inmobiliarios. Los gráficos sobre estas líneas hacen pensar que el crédito sigue sin fluir. De esta manera, es muy difícil que la vivienda se recupere. El organismo que dirige Miguel ́ngel Fernández Ordóñez quiere que esta situación mejore y aconseja a bancos y cajas que alarguen los plazos de sus vencimientos lo más posible. Así, tendrían más margen para prestar.
Aunque, según la última estadística registral inmobiliaria, correspondiente al tercer trimestre, el número de compraventas aumentó un 12,88 por ciento en términos intertrimestrales. Y el endeudamiento hipotecario por vivienda también ha contado con un ligero repunte.

Cataluña, en campaña

Domingo, 28 de noviembre de 2010

Joaquín Trigo Portela – 26/11/2010 – Cinco Días

Cataluña no está en campaña, pero tiene una campaña electoral en curso. Se espera que en el Parlament entren seis o siete partidos. Tres llevan dos legislaturas gobernando en coalición. Ahora, que se conocen más, se critican suavemente y afirman que no repetirán la experiencia, así ahorran justificar la alianza y su persistencia. Los demás contendientes tampoco son especialmente acerbos, especialmente en temas económicos. Por su parte, a la población le importa la economía, el empleo, la salida de la crisis y el buen gobierno.

Desde 2000 hasta el tercer trimestre de 2010, el Instituto Nacional de Estadística aporta datos, consistentes, coherentes y amplios, sobre la actividad económica. En el año 2000 había en Cataluña 492.546 empresas frente a las 2.595.392 del conjunto de España, esto representaba el 18,98%, según datos del Directorio Central de Empresas (Dirce). Tras un aumento del 25,8%, en 2009 el porcentaje de empresas catalanas sobre el total estatal se situaba en el 18,46%. En el grupo de empresas de más de 1.000 empleados, en Cataluña el número subió desde 105 a 166, esto es un 18,1%, mientras que en España se pasó de 467 a 789, con un aumento del 68,95%, por lo que la cuota de Cataluña pasó del 24,24% al 21,98%.

La aportación relativa de Cataluña a la actividad económica española, medida por el PIB, según la contabilidad regional de España en el periodo 2000-2009, se redujo apenas un 0,31%, pasando del 18,9% al 18,59%. Lo relevante en esto está en el descenso del peso de la industria, 0,52%, y de la energía, 2,94%, mientras que construcción y servicios subían un 0,52% y un 0,27%, respectivamente. La mayor aportación la hizo el rublo de agricultura, ganadería y pesca que pasó del 8,41% al 9,98% del total de la producción española. Es un rasgo curioso conseguido gracias a un proceso continuo de aumento en el volumen de producción, pero sobre todo en la mejora de la calidad.

La situación laboral en Cataluña (17,67% de paro EPA, de media enero-septiembre 2010) es más favorable que la del conjunto estatal (19,98%), especialmente si se considera que su tasa de actividad -porcentaje de población en edad activa que está ocupada o buscando empleo- es el 62,83% frente al 60,0% en el conjunto estatal. Las diferentes Administraciones de la comunidad autónoma han aumentado el número de sus funcionarios y empleados, mientras desde enero 2009 hasta final de tercer trimestre de 2010 desaparecieron 26.670 empresas, según datos del Dirce. Paralelamente, el número de empresas concursadas en el tercer trimestre de 2010, según datos del INE, fue, en Cataluña, de 245, que suponen el 25,4% del total de España (964) y apuntan a más expedientes de regulación de empleo que incrementarán el paro involuntario.

El número de agencias, observatorios, institutos y entes afines supera los 200. Se habló, hace meses, de una reducción drástica que afectaría a 70 de estas entidades, pero no se llevó a cabo y actividades destacadas de una consejería relevante se reorganizaron como agencia. No hay debate sobre este tema y tampoco lo hay sobre las empresas participadas por varias Administraciones que actúan como si fueran privadas.

La mejora en la gestión en cuanto a mejor calidad de prestaciones y reducción de costes no se debate. La transubstanciación de las cuatro diputaciones provinciales que se convierten en siete veguerías, pero de momento, con petición formal de otra, indican que los conceptos de ahorro, eficiencia y calidad esperan su turno. Sin embargo, en la Administración hay personas capaces, inteligentes y bien formadas que ya han elaborado las pautas para la mayor calidad, claridad y simplificación de las normas, para hacerlas fáciles de cumplir y supervisar. España perdió la iniciativa comunitaria Better Regulation, que ahorra costes y aporta eficiencia. Aunque llegue tarde será mejor que nunca.

Los votantes catalanes creen en su país. Suscriben emisiones de deuda pública estatales y territoriales, respetarán a su Gobierno, que esperan sea respetable, sobrio, transparente y eficaz. Saben que tienen buena atención médica, que se ha mejorado en infraestructuras, pero que hacen falta más. Quieren mejor educación, mejor asignación de recursos y menor fiscalidad. Saben que, por tener más renta, pagan más que las comunidades menos favorecidas y les parece lógico, sin embargo esperan que en la redistribución haya equidad y no superposiciones de transferencias.

Joaquín Trigo Portela. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional

No pueden alterarse las reglas de la ejecución hipotecaria en el caso en que se haya adjudicado el uso del inmueble

Domingo, 28 de noviembre de 2010

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Colmenar Viejo (Madrid) desestimó la demanda de juicio ordinario pidiendo que se declarara el derecho de una entidad a poseer la vivienda que le ha sido adjudicada en el procedimiento hipotecario condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a que en el plazo de 30 días desaloje, la vivienda bajo apercibimiento de lanzamiento.
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Ia entidad a la que le había sido adjudicada la vivienda, la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó Sentencia desestimándolo. Interpuesto recurso de casación por la sociedad, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 8 de octubre de 2010, resolvió los mismos.
En su razonamiento, la entidad utiliza diferentes argumentos respecto a la infracción del Art. 1320 CC, diciendo que integra la norma básica de protección de la vivienda en fase de normalidad del matrimonio y es un mecanismo para asegurar la ocupación por el cónyuge no titular. No hay norma que dé preferencia a la vivienda en relación a las ejecuciones. Añade que en la crisis matrimonial, “se rompe la situación coposesoria que presupone el Art. 1320 CC”, por lo que hay que determinar quién va a ser el titular del uso y por ello, se debe aplicar el Art. 96.4 CC; el derecho de uso atribuido en la resolución judicial se debería haber inscrito en el Registro de la Propiedad, para que no pudiera verse perjudicado por las posteriores transmisiones efectuadas por el propietario. La atribución de la vivienda familiar es oponible a terceros, pero ello se encuentra supeditado a que su titularidad traiga causa de un acto de disposición llevado a cabo por el cónyuge no usuario con posterioridad a la decisión judicial. Esta oponibilidad deberá referirse a quien tenga inscrito el derecho. La sentencia dictada en el procedimiento matrimonial no puede perjudicar a los terceros que no han sido parte en aquel proceso. Por ello, si el derecho a la vivienda no tuvo acceso al Registro, no será oponible al tercero adjudicatario, que se verá protegido por las normas de la Ley Hipotecaria.
Señala el ponente, que es cierto que el Tribunal Supremo ha declarado que el derecho a la vivienda acordado judicialmente en la sentencia de separación o de divorcio no tiene carácter de derecho real sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad corresponde en todo caso al cónyuge a quien se atribuye la custodia o a aquel que se estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado de protección. Desde el punto de vista patrimonial, el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un cónyuge no titular no impone más restricciones que la limitación de disponer impuesta al otro cónyuge, la cual se cifra en la necesidad de obtener el consentimiento del cónyuge titular del derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que puedan ser calificados como actos de disposición de la vivienda. Esta limitación es oponible a terceros y por ello es inscribible en el Registro de la Propiedad.
Ciertamente, la doctrina resumida ha sido dictada para los supuestos en que un tercero ha cedido el uso de la vivienda a uno de los cónyuges, sin contraprestación, pero ello no impide que la fijación jurisprudencial de la naturaleza del derecho al uso atribuido a uno de los cónyuges en sentencia de separación o divorcio sea aplicable en todos aquellos casos en que ello sucede.
La doctrina jurisprudencial ha interpretado el art. 1320 CC como una norma de protección de la vivienda familiar. La doctrina, a su vez, considera que con dicho artículo se pretende conseguir la protección de la vivienda, y por ello se protege a uno de los cónyuges contra las iniciativas unilaterales del otro; alguna parte de la doctrina señala que en el fondo de la norma se encuentra el principio de igualdad, que se proyecta en un doble sentido: en el consenso para la elección de la vivienda y en el control de ambos cónyuges para su conservación. El consentimiento se exige para aquellos casos en que el acto de disposición implica la eliminación directa del bien del patrimonio de su propietario, así como aquellos negocios jurídicos, como la hipoteca, que llevan consigo posibilidades de que el bien en cuestión desaparezca de dicho patrimonio, por la ejecución en caso de impago de la deuda garantizada con el derecho real.
El consentimiento constituye una medida de control, que se presenta como “declaración de voluntad de conformidad con el negocio jurídico ajeno -es decir, concluido por otro- por la que un cónyuge tolera o concede su aprobación a un acto en el que no es parte”, siendo requisito de validez del acto de disposición, ya que su ausencia determina la anulabilidad del negocio jurídico en cuestión.
En el presente litigio, la esposa aceptó la hipoteca constituida por su marido sobre un bien destinado a vivienda habitual; de este modo, el negocio jurídico de disposición es válido y no puede ser anulado, porque en su celebración concurrieron los requisitos exigidos en el art. 1320 CC cuando el bien hipotecado se destina a vivienda familiar. En consecuencia, ejecutado el inmueble que garantizaba con hipoteca la deuda del marido, no puede oponerse la posesión derivada del derecho de uso del inmueble atribuido a la recurrida y sus hijas.
Además, es cierto que en el caso de que el impago y la posterior ejecución hubiese tenido lugar constante matrimonio, se hubiera producido el lanzamiento de los cónyuges como consecuencia de la adjudicación del inmueble al tercero adquirente, argumento que lleva a afirmar que no pueden alterarse las reglas de la ejecución hipotecaria en el caso en que se haya adjudicado el uso del inmueble a uno de los cónyuges que por otra parte, había consentido en su momento el acto de disposición. Porque, además, no se trata de la buena o mala fe del adquirente, dado que la hipoteca existía y era válida como consecuencia del consentimiento prestado por el cónyuge no propietario antes de la atribución del uso en el procedimiento matrimonial.
Por lo tanto, al haberse estimado el recurso de casación presentado por la representación procesal de la entidad adjudicataria de la vivienda, se casa y anula la sentencia recurrida. Por tanto, se estima la demanda presentada por dicha entidad y en consecuencia se declara su derecho a poseer la vivienda que le ha sido adjudicada en el procedimiento hipotecario con desalojo de la demandada.
Equipo jurídico de Datadiar.com – Capital News

Empleados de notarías se manifiestan en A Coruña

Domingo, 28 de noviembre de 2010

La opinión. A Coruña

“Los trabajadores de notarías se puedan quedar en el paro cada vez que un notario pide un traslado”
EP Un centenar de trabajadores de notarías de toda Galicia se han manifestado este viernes delante de la sede del Colegio Notarial de A Coruña para reclamar la negociación de un nuevo convenio territorial para la comunidad, después de haber denunciado el actual a principios del 2010.

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada sindical de la CIG en Vigo, Maruchi García, ha comentado la “necesidad” de negociar un nuevo convenio con el que “impedir” que, en su opinión, los trabajadores de notarías se puedan quedar en el paro cada vez que un notario pide un traslado.

“Queremos ser empleados de notarías y no de notarios”, ha comentado García, quien ha indicado que, con el actual convenio, quedan “a expensas” de si el nuevo notario que llega “te quiere o no”.

Con más de 300 trabajadores afectados, la delegada de la CIG también ha denunciado el hecho de que tengan formarse “entre compañeros”, al tiempo que ha reclamado “mejorar salariales” para los empleados de notarías.

España tiene que refinanciar deuda por 60.000 millones en los próximos seis meses

Domingo, 28 de noviembre de 2010

Eduardo Segovia – 26/11/2010 Cotizalia
El Reino de España afronta un calendario de vencimientos de deuda que se antoja muy complicado si no mejora notablemente la situación actual del mercado. Concretamente, debe refinanciar 59.000 millones de bonos que vencen en el primer semestre de 2011, según cifras del banco de inversión Nomura. Es decir, debe realizar emisiones por ese importe para no incurrir en impago. Y a eso hay que sumar lo que necesite emitir el Tesoro para financiar el déficit público, que se situará en el 6% el próximo año según las previsiones del Gobierno (tildadas de optimistas por los organismos internacionales).
Estos vencimientos no recogen las letras a corto plazo ni la deuda avalada por el Estado de organismos públicos y entidades financieras; si se suman, la cantidad se duplicaría aproximadamente. Los mayores problemas se concentran en abril (vencimientos de bonos por 18.000 millones) y junio (23.000 millones); posteriormente, hará falta refinanciar otros 18.000 millones en octubre. Pero los problemas pueden llegar ya en enero, aunque la cifra sea menor: refinanciar ese mes 5.000 millones en bonos y otros 9.000 en letras se antoja muy complicado con una prima de riesgo que puede alcanzar perfectamente a fin de año los 300 puntos básicos (3 puntos porcentuales).
De hecho, hoy el diferencial del bono español a 10 años con el alemán vuelve a subir hasta 260 puntos básicos, nuevo máximo desde agosto de 1996, tras la ligera tregua de los dos últimos días. Una subida alimentada por la inacción del Gobierno, que ya empieza a ser criticada en público por grandes empresarios nacionales, como el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.
Nomura opina en un informe que “dadas las condiciones actuales, que el mercado pueda o no absorber todas estas emisiones no es trivial, aunque se haga de forma gradual desde ahora hasta que tengan lugar estos vencimientos”. Lo positivo es que España financia gran parte de sus necesidades mesiante letras a corto plazo, que son más fáciles de renovar a un coste no prohibitivo; no obstante, en la última subasta a tres meses el Tesoro tuvo que pagar un 83% más de interés.
Lo que descarta este análisis es que España reduzca sus necesidades de financiación en 2011: aunque es verdad que nuestra deuda pública en relación al PIB es inferior a la del resto de países periféricos, el problema es la velocidad a la que se está incrementando, porque el crecimiento del PIB nominal es muy inferior a nuestros costes de financiación. Por tanto, la única solución es obtener un superávit primario (sin contar los intereses de la deuda), algo que se antoja imposible.
“Los superávits primarios son muy difíciles de alcanzar; nuestros economistas prevén un déficit primario del 5,2% del PIB en 2011 y del 3,5% para 2012”, afirma Nomura. La razón es el enorme coste de la Seguridad Social y de los subsidios de desempleo con una tasa de paro del 20% que no tiene visos de reducirse, junto con el desplome de los ingresos del Estado por su excesiva dependencia de la burbuja inmobiliaria.
Por tanto, España va a tener muchos problemas para refinanciar su deuda en 2011 en las actuales condiciones del mercado: “El deterioro del endeudamiento, un crecimiento anémico y este fuerte calendario de vencimientos van a pesar en el sentimiento de mercado y probablemente harán subir más los costes de financiación de España”.
“Si esto va a terminar en una crisis de financiación a gran escala es difícil de decir, y dependerá de los detalles del plan de rescate de Irlanda, de los políticos europeos y de si el mercado considera que los diferenciales actuales empiezan a ser atractivos para comprar deuda española”, concluye esta firma.

Si una escritura cumple la ley del país de la UE de origen puede registrarse

Sábado, 27 de noviembre de 2010

X.G.P. 26/11/2010 – El Economista
La escritura notarial de un crédito hipotecario otorgada en un país de la UE es válida en España a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si cumple las reglas formales de la legislación del país de origen.
Así se establece en una sentencia del Juzgado nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, que descarta que sea necesaria una equivalencia de formas entre la escritura notarial del país comunitario y las exigencias formales establecidas por la legislación española.
La ponente, la magistrada-juez Hernández Sarmiento, basa su decisión en el artículo 9.1 del Convenio de Roma, que establece que “un contrato celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se haya celebrado”.
La sentencia considera que esto será así, “sin que tal previsión se vea afectada por el apartado 6 del mismo artículo, que hace referencia, según la interpretación más usual, a las exigencias de orden público”.
La magistrada-juez considera que esta cuestión resulta intrascendente, toda vez que en el derecho español se sigue el principio de libertad de forma, por lo que determina que “el otorgamiento de escritura no sólo cumple, sino que supera las exigencias formales de nuestro ordenamiento jurídico, incluidas también las requeridas por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para que tal documento hiciera prueba de juicio”.
Así, reconoce que se ha acompañado la escritura con la traducción oficial y la apostilla del Convenio de la Haya, según ordena el artículo 323 de la LEC.
Por ello, concluye que “no existe duda de que estamos ante un contrato plenamente válido y eficaz, que deberá dar lugar a la inscripción pretendida y a la consiguiente cancelación de hipoteca previamente constituida”.
Otras solicitudes
En esta misma línea, la magistrada-juez desestima las solicitudes sobre el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que incluye el registrador en su calificación negativa.
La exigencia del registrador de la Propiedad para que se acredite la liquidación de impuestos de una escritura notarial realizada antes de proceder a su inscripción registral, con efectos de prevención del fraude, determina que resulta contraria a los principios del Derecho Comunitario en materia de libre prestación de servicios.

Gómez Bermúdez dice que el turno de oficio es “insostenible”

Sábado, 27 de noviembre de 2010

El magistrado aboga por establecer un sistema de costas proporcionales.
Lola Fernández – Pamplona – 18/11/2010 – Cinco Días
El turno de oficio, integrado por 38.000 abogados y que el pasado año realizó 1,8 millones de actuaciones en toda España, “no se puede mantener”, según la opinión de Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A su juicio, “la regulación de este servicio es claramente insatisfactoria y hace insostenible el sistema”, tal y como explicó en las IV Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Pamplona, por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Desde su punto de vista, la Ley del Turno de Oficio presenta varias deficiencias, pero sin duda es el artículo 27 uno de los que más problemas está ocasionando. “La norma prevé que el abogado que haya asistido a una persona que finalmente demuestre tener recursos económicos, pueda cobrar de éste la asistencia recibida, sin embargo, esto provoca la degradación del abogado y el traslado de la gestión del cobro”, ya que a menudo debe insistir hasta la saciedad.
El magistrado asegura que muchos letrados que en esta situación deciden desestimar el cobro, por eso aboga “por la subrogación del pago, que sea la Administración quien pague al abogado y que luego ésta lo reclame al particular” añade. No es lo único. Gómez Bermúdez también realizó una propuesta de sostenibilidad basada en un “sistema proporcional de costas”. “El actual sistema es absurdo, no se puede permitir que todo el mundo pleitee por todo, hay que acabar con la gratuidad para todos y en todos los casos”.
Para el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, es cierto que la Ley del Turno de Oficio, de enero de 1996, “resulta insuficiente”, pero alertó de que “no se podía dejar derogar la norma y facilitar que cada gobierno regional legislará a su manera”. Defendió que la financiación que exige actualmente es mayor, sobre todo, después de ampliarse varios derechos como los de los menores, las mujeres, inmigrantes y presidarios, y reconoció el derecho de los letrados a cobrar un sueldo digno en tiempo y forma. Actualmente, el turno de oficio cuesta 265 millones de euros, y el 80% de esta cantidad lo aportan las Comunidades Autónomas.
En opinión de Carnicer, el turno de oficio deberá ampliarse en los próximos dos o tres años a discapacitados y a la tercera edad.
Por su parte, Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, cree que el turno de oficio debe seguir siendo público hasta el punto incluso de rechazar el copago, algo que también defendió Bermúdez.
Las quejas de los usuarios
A pesar de que la justicia gratuita obtuvo casi una calificación de notable en valoración por los ciudadanos -en concreto, un 6,8- María Luisa Cava de Llano, actual Defensora del Pueblo, reconoció durante su participación en las jornadas que existen algunas críticas. “La gente se queja de que hay una falta de información sobre los requisitos que necesita un ciudadano para acceder al turno de oficio, excesiva burocratización en los certificados y tardanza en la designación de los letrados, e incluso falta de comunicación” dijo.
Además, existen quejas entre quienes renuncian a un determinado abogado para pedir otro e incluso reclamaciones respecto a absentismos e incumplimientos de deberes.
La Defensora del Pueblo llamó especialmente la atención sobre los detenidos fuera de España y pidió para los países que no están dentro de la UE “acuerdos de intervención bajo el principio de reciprocidad”.

Los letrados sopesan medidas contra Justicia por una deuda de casi un millón de euros

Viernes, 26 de noviembre de 2010

Los 300 abogados que ejercen el turno de oficio en Orihuela y Torrevieja no reciben sus honorarios desde el pasado mes de abril
D. P. – Información

La Conselleria de Justicia adeuda una media de 3.000 euros a cada uno de los aproximadamente trescientos abogados que ejercen el turno de oficio en los juzgados de Orihuela y Torrevieja. La Generalitat no les ha pagado sus honorarios correspondientes a una parte del segundo trimestre de este año (de abril a julio) y todo el tercer trimestre (de agosto a octubre). Una representación de los letrados afectados abordó ayer por la tarde este asunto en una reunión en el Colegio de Abogados de Orihuela para plantear medidas de presión ante la administración autonómica. Los abogados no están dispuestos a que la situación se arrastre hasta final de año como ocurrió en 2009, en el que la Conselleria de Justicia abonó lo que adeudaba a todos los turnos de oficio de la Comunidad un 23 de diciembre.
Fuentes de este colectivo profesional indicaron que los usuarios de la justicia gratuita son cada vez más numerosos debido a que la crisis ha dejado a muchos ciudadanos dentro de los umbrales económicos para acreditar recursos insuficientes para litigar. El único argumento de la Conselleria para no hacer frente a esta deuda es la falta de consignación presupuestaria. Los letrados no se explican cómo una administración como la valenciana es incapaz de presupuestar una partida para cubrir este gasto. El Consell se ha comprometido a pagar en marzo de 2011. Algunos colegios profesionales de la Comunidad han aceptado el plazo y han suscrito una póliza para adelantar el dinero a sus colegiados. Orihuela no está por la labor porque entienden que los letrados que no están en el turno de oficio no tienen por qué cargar con esa responsabilidad.
Esta situación se suma a la falta de medios materiales que padece el juzgado. Desde el mes de octubre, como recogió este diario, los abogados deben abonar de su bolsillo las fotocopias de todos los autos de los asuntos en los que sean parte. O se pertrechan de papel para realizarlas o acuden a la oficina del colegio de abogados, donde abonan 15 céntimos por fotocopia. La custodia de los autos judiciales, que normalmente es competencia de los secretarios, queda en manos de los letrados, en dependencias ajenas a los propios juzgados.

¿Qué ofrece este servicio público a los ciudadanos?
Todos los Colegios de Abogados disponen de un servicio de asesoramiento gratuito a favor de los peticionarios de asistencia jurídica gratuita para orientar y encauzar sus pretensiones. Quienes cumplen los requisitos y obtienen la asistencia de un abogado de oficio tienen derecho a ser asistidos como detenidos o presos, a la defensa y representación gratuitas con abogado y procurador en el procedimiento judicial, “cuando su intervención sea preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribuna”, a la “exención de hacer los depósitos que sean necesarios para la interposición de cualesquiera recursos” o, entre otras, a la asistencia pericial gratuita a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales.

Una viguesa se proclama dueña del Sol

Viernes, 26 de noviembre de 2010

Conflicto astral. Según el acta notarial, es la dueña del astro «al no conocerse en 5.000 millones de años propietario alguno»
́ngel Paniagua – Vigo/La voz de Galicia . 25/11/2010

Al notario le dio la risa. La mujer que tenía enfrente pretendía que diera fe de que se declaraba propietaria del Sol. Del astro rey. Del eje del sistema solar. Pero el hombre se recompuso y escuchó. «Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros…», reza el acta de manifestaciones que levantó el notario.
Ella es viguesa, se llama ́ngeles Durán y vive en Salvaterra de Miño. «Existe un convenio internacional por el cual ningún país puede hacerse dueño de los planetas», explica la nueva terrateniente. Pero tal acuerdo no vincula a las personas «y hay un americano que escrituró casi todos los planetas y la luna; pero no el Sol», cuenta. Así que vio una clara oportunidad y decidió convertirse en su dueña y señora.
Lo hizo gracias a un método muy apropiado a las circunstancias: «La adquisición de la propiedad referida constituye una aprehensión electromagnética y radiactiva, al no existir ni conocerse en cinco mil millones de años propietario alguno hasta la fecha», dice el escrito notarial, que también la declara dueña «por usucapión, habiendo hecho de la propiedad del Sol de buena fe, de forma pacífica e ininterrumpidamente durante más de 31 años».
Dice que ya se ha reunido con el Ministerio de Industria -con idéntico asombro- para explicarles lo que hay. Incluso asegura que podría cobrar un canon a todo el mundo que utilice la energía solar. Que para eso es su dueña: «Si se paga por los ríos, ¿por qué por esto no?». Sea cierto o no, asegura que daría el 50% de los ingresos a los Presupuestos Generales del Estado, el 20% para las pensiones mínimas, un 10% para investigación y sanidad y otro 10% para erradicar el hambre. Quedaría un 10% para su bolsillo. Le faltaría acudir al Registro de la Propiedad para anotarse como propietaria del Sol, pero claro, el registro español no tiene competencias sobre el sistema solar.
El notario al que le dio la risa tuvo que consultar con su colegio profesional. Lo hizo y levantó acta. Lo más curioso del asunto es que su despacho está en O Porriño, en una urbanización que, aunque parezca de chiste, se llama El Sol.

Corredor ve la rehabilitación urbana como ‘pilar’ para la reactivación económica

Jueves, 25 de noviembre de 2010

Inaugura el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 10)
Esta actividad, en su opinión, creará ‘empleo más estable y de calidad’
Apuesta por ‘un modelo de desarrollo menos extensivo y más integrador’
Cree en un mercado del suelo más transparente y eficiente, no especulativo
Europa Press | Madrid 24/11/2010 – El Mundo
La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ha destacado la rehabilitación y la regeneración urbana como uno de los pilares para la reactivación económica y la generación de empleo. La ex ministra también ha apuntado que garantizaría la competitividad de la economía a corto y medio plazo durante la inauguración de unas jornadas sobre rehabilitación integrada de barrios celebradas en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 10).
“En un país como España -en el que más del 80% de la población reside en entornos urbanos-, con un rápido crecimiento urbanístico y con las graves consecuencias que el brusco ajuste de la construcción residencial ha tenido, la rehabilitación y la regeneración urbana deben ser los pilares para la reactivación económica del sector de la edificación y la creación de empleo más estable y de calidad”, ha afirmado Corredor.

La secretaria de Estado también ha destacado el papel de los poderes públicos, sobre todo de los entes locales, para atraer la inversión privada y hacer realidad la participación ciudadana en el ámbito de la regeneración urbana.
Corredor ha citado algunas de las iniciativas tomadas por el Gobierno para fomentar la regeneración urbana integrada, como el propio Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 o el texto refundido de la Ley de Suelo. Ambas normativas están “encaminadas a avanzar hacia un modelo de desarrollo menos extensivo y más integrador y a lograr un mercado del suelo más transparente y eficiente, combatiendo además las prácticas especulativas”.
Asimismo, ha recordado que la Secretaría de Estado que dirige trabaja en la elaboración de la Ley de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, prevista en el calendario legislativo del Gobierno para los próximos meses.
“Los proyectos de Ley de Economía Sostenible, ya en tramitación parlamentaria avanzada, y de Calidad y Sostenibilidad del Medio Urbano, en fase de anteproyecto, también pretenden profundizar en medidas que faciliten a las administraciones públicas y, especialmente a las locales, herramientas de intervención en la ciudad consolidada de similar eficacia a las que ya disponen para los nuevos desarrollos urbanísticos”, ha explicado

La abogacía se queja de la alta exigencia de la ley de blanqueo

Jueves, 25 de noviembre de 2010

Hay causas de discriminación
La profesión se siente “en desventaja” respecto a notarios y entidades financieras
El Tesoro ha abierto una audiencia pública para recibir alegaciones
Lola Fernández – Madrid – 24/11/2010
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en vigor desde hace siete meses, está levantando ampollas entre los profesionales de la abogacía. A la espera todavía de su desarrollo reglamentario, Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), denunció ayer en la presentación del II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, que tendrá lugar este jueves y viernes en Barcelona, que “el protocolo al que están obligados los abogados les coloca en clara desventaja respecto a otros sujetos obligados, como son los notarios o las entidades financieras”.
Entre las causas de discriminación, apunta al tamaño de los colectivos y sus responsabilidades. “Es más fácil coordinar a 3.000 notarios que a 160.000 abogados, eso para empezar, pero además si los notarios denuncian alguna situación sospechosa de blanqueo de capitales no vulneran el secreto profesional, algo que sí ocurre con los abogados”, asegura Sánchez Stewart. Desde su punto de vista, el letrado no debe ocultar nada si se le utiliza para blanquear dinero, pero tampoco debe vulnerar el secreto profesional, “ésta es una situación sinuosa y la línea resulta complicada”.
Entidades financieras
Respecto a las entidades financieras, asegura que éstas cuentan con grandes estructuras y múltiples medios frente a los abogados, cuyas obligaciones son iguales para los grandes bufetes como para los más pequeños. “Muchos no saben cómo afrontar la gestión organizativa, administrativa y financiera que les exige la ley para afrontar los casos en los que pudiera sospechar que existe alguna actuación delictiva”, critica Sánchez Stewart.
Para el consejero y a la vez presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, Nielson Sánchez Stewart, la nueva normativa impone “medidas desproporcionadas, inútiles y exóticas que no llevan a ninguna finalidad, porque el abogado que finalmente colabora conscientemente con el blanqueo de capitales no es un letrado, es un delincuente”.
La Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales, además, resulta contraria al principio de confidencialidad que rige la abogacía. “¿Cómo se puede tener confianza cuando la ley te obliga a desconfiar?”, se pregunta Sánchez Stewart. Además, considera que esta situación puede originar que el cliente al consultar con un abogado le ofrezca una información parcial, “lo que podrá afectar al derecho de defensa”.
En su opinión, estas exigencias se acompañan con una serie de “medidas punitivas”, contenidas en el nuevo Código Penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. No obstante, la abogacía española confía en que el reglamento de la Ley 10/2010, cuyo texto no ha pasado todavía por sus manos, exima de una serie de obligaciones a algunos de los sujetos obligados. Hasta el 15 de diciembre, la Dirección General del Tesoro ha abierto una audiencia pública para recibir alegaciones y saber cuáles de las funciones de los sujetos obligados son susceptibles de diligencias simplificadas. “Nosotros no pedimos ningún tipo de privilegio. El secreto profesional es un beneficio del justiciable, no del abogado, de hecho es el cliente el que tiene derecho a una defensa y confidencialidad”, asegura Stewart

Los empleados de notarías anulan la huelga del 26 de noviembre

Miércoles, 24 de noviembre de 2010

23.11.2010 Victoria Martínez-Vares – Expansión
No habrá paro de los trabajadores de notarías el próximo 26 de noviembre.
La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Empleados de Notarías (Feapen) ha cancelado la huelga que había convocado, junto con CSI-CSIF, para el próximo 26 de noviembre. Los empleados de notarías llamaron al paro para mostrar su descontento con el I Convenio Colectivo del sector, que se firmó el pasado 15 de julio.
La patronal notarial firmó con UGT y CCOO un texto que, según las centrales sindicales, “acabará con el caos retributivo existente en la actualidad”. Feapen, sin embargo, lo rechazó por considerarlo un “atropello”.
Con la rúbrica, que tuvo lugar en la sede de Garrigues, concluyeron tres años de ardua e intensa negociación no exenta de dificultades. Buena prueba de ello, es que Feapen, que preside Juan Carlos Rodicio, se opuso frontalmente al Convenio al considerar que es un “atropello” pues “cercena derechos elementales de los trabajadores”.
El Convenio, que dará cobertura a las necesidades laborales de los 20.000 empleados que trabajan en las 3.000 notarías españolas, fue valorado muy positivamente por la Federación Española de Asociaciones Patronales de Notarios (Fedane). Su presidente, Ignacio Navas Olóriz, destaca que con su rúbrica el notariado “da un paso al frente en un momento muy delicado de la economía, apostando por la unificación a nivel estatal de las condiciones laborales de los empleados de nuestras oficinas”.
En el mismo sentido, se pronuncian las centrales sindicales UGT y CCOO para las que el texto produce “una unificación eficaz de normas por la vía de aumentar el número de materias reservadas a la negociación estatal” y que se refieren a retribución, tiempo de trabajo -salvo distribución horaria y jornada de verano-, traslado de notario, formación profesional o jubilación, entre otras.
Navas consideró que el Convenio, cuyo preacuerdo se firmó el pasado 28 de junio y que fue sancionado definitivamente el 15 de julio, “será muy positivo” para un sector que también ha sido golpeado por la crisis -la contratación ha caído un 46% de media en toda España, con zonas que alcanza el 70%- y que, por tanto, “podrá salir de la coyuntura económica sin despidos”.
Desde la patronal se estimó que el Convenio mejorará los salarios más bajos, conciliará el derecho del notario al traslado de notaría con el de los empleados a percibir la indemnización correspondiente. Asimismo, Navas afirmó categóricamente que, la unificación de masas salariales “no supondrá que se reduzca el sueldo real a percibir” y recalcó que se había apostado con fuerza “por la formación continuada”.
Los sindicatos firmantes, a su vez, señalaron que el convenio también establece un incremento salarial en función del IPC para los cerca de 20.000 empleados de notarías y unos complementos salariales vinculados a la productividad que sustituyen a la antigͼedad.
Denuncias
Feapen denunció, nada más conocer que se había alcanzado un preacuerdo con UGT y CCOO, que interpondría un conflicto colectivo para el sector. Para esta federación el texto resultará “nefasto” al suprimir “un derecho histórico irrenunciable” como es el complemento de antigͼedad. Entienden, a su vez, que no “articula ninguna fórmula que permita la estabilidad y la seguridad laboral”.
Feapen avisó a la patronal notarial de que “sacarían a la opinión pública todas las irregularidades en el notariado, que incluso son denunciables en los juzgados”. Al respecto, Navas contesta que esta Federación, al verse frustrada, ha hecho una “campaña en prensa insultante”, al tiempo que advierte de que si tienen datos de irregularidades “los pongan en conocimiento de la Fiscalía” y si no lo hacen “será una injuria que tendrá consecuencias”. Navas apostilló que dicha amenaza “ha sido un error absoluto” y estima que “la deriva de Feapen es la que les ha impedido firmar el Convenio”.

Transparencia

Miércoles, 24 de noviembre de 2010

Ayer publicábamos un enlace titulado “conflicto de intereses”. Y nos preguntábamos si la presencia de un registrador como directivo de una empresa de informática podría tener implicaciones en relación con una nueva aplicación colegial.

El compañero en cuestión se ha puesto en contacto con nosotros para hacernos saber que no ostenta cargo alguno de responsabilidad ni tiene facultades decisorias en la organización registral.

La española Futuver presente en el XXIII Encuentro Latinoamericano de Consulta Registral de México

Miércoles, 24 de noviembre de 2010

Jueves, 23 de Septiembre de 2010 Rodrigo Conde – empresaexterior.com
En el encuentro, que se celebra durante 5 días, representantes de 13 países de Latinoamérica intercambian sus experiencias técnicas y jurídicas.

La pyme asturiana Futuver, empresa global de servicios tecnológicos y consultoría de gestión, está presente en el XXIII Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, que se celebra en México durante 5 días, en el que representantes de 13 países de Latinoamérica intercambian experiencias técnicas y jurídicas.
La modernización del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, realizada por Futuver, ha inaugurado el encuentro como ejemplo de modelo de éxito. Este Registro se ha sometido a un proceso de modernización -que a la fecha lleva ya un avance del 80 por ciento- lo convierte en uno de los más modernos de América Latina por integrar nuevas técnicas registrales, como la implementación del Folio Electrónico.
“La digitalización del Registro Público, además de contribuir a simplificar los tiempos de trámites, significa pasar de los antiguos esquemas costosos y complicados a un instrumento que además de agilizar los procedimientos, permitirá en breve su consulta rápida y eficaz desde cualquier parte del planeta”, según ha expuesto el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, durante la inauguración del Encuentro.
La digitalización del Registro Público significa pasar de los antiguos esquemas costosos y complicados a un instrumento que además de agilizar los procedimientos, permitirá en breve su consulta rápida y eficaz desde cualquier parte del planeta.
Por su parte, la Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Leticia Bonifaz Alfonso, ha afirmado que con la Modernización del Registro Público de la Propiedad y el Comercio “la capital del país se pone una vez más a la vanguardia al mejorar sus índices de competitividad”, y que tan pronto concluya el proceso de su actualización, que se encuentra en su tercera etapa, este organismo será reconocido como modelo de éxito en el campo de la modernización registral”.
Además del Registro de DF, Futuver ha realizado también la Modernización de los Registros de la Propiedad del Estado de Tamaulipas (PEM Tamaulipas). En este proyecto, como en el del Registro del D.F, se ha contemplado una actuación integral sobre los registros de la Propiedad, que abarca acciones como: diagnóstico de la situación (tecnológico, organizativo y Jurídico), elaboración del plan de cambio y el diseño de nuevos procesos, profesionalización del personal de los registros, contratación de nuevos profesionales y su capacitación, informatización del Registro con su ERP de gestión integral denominado Futureg.
En el caso de Tamaulipas, además, Futuver se han ocupado de la elaboración de un marco jurídico nuevo, con el impulso de la nueva Ley de Registros de la Propiedad, y de acercar el servicio del Registro a los ciudadanos a través de la apertura de 5 nuevas oficinas repartidas a lo largo del Estado, ya que existía sólo una oficina para todo el Estado, en Ciudad Victoria, la capital.
Futuver es una empresa de referencia en Servicios Tecnológicos y Consultoría de Gestión, fundada en 1997 en Gijón. Futuver inició su proceso de internacionalización con la implantación en México en 2006, que culminó en 2007 con la creación de Futuver México S.A. de C.V., esta filial cuenta con participación accionarial de socios locales y con un equipo de 50 personas.
Su sede central se encuentra en el Parque Tecnológico de Gijón, ubicada en un edificio propio de 1.500 metros cuadrados, que cuenta entre otras dependencias innovadoras con un Laboratorio de I+D e instalaciones de ocio pensadas para el descanso de sus trabajadores. Con 100 empleados en la actualidad, y una facturación de 10,5 millones de euros en 2009, Futuver tiene sedes en Madrid y Galicia, además de la oficina en México y una delegación en Rumania.

Banco Santander echa el cierre a una de sus firmas de inversión inmobiliaria

Martes, 23 de noviembre de 2010

elEconomista.es 18/11/2010
Finalmente, la entidad que preside Emilio Botíon ha tenido que poner punto y final a una sus sociedades de inversión inmobiliaria. Tras la críticas a su gestión por parte de los accionistas, que no han querido seguir adelante con la inversión, Santander se ha visto forzado a disolverla y devolver el capital.
La firma en cuestión es Real Estate Society España (REIS España), un vehículo para grandes inversores enfocado al negocio de la explotación en régimen de alquiler de edificios comerciales y oficinas. Esta, junto con otras tres firmas, REIS 1, REIS 2 y REIS Cataluña, gestionaban en enero de 2009 un patrimonio de 400 millones de euros.
Un mal momento
Estas cuatro sociedades fueron creadas entre 2006 y 2007 con el objetivo de aprovechar el boom inmobiliario que en ese momento se estaba viviendo en España. Sin embargo, poco después sobrevino el estallido de la burbuja inmobiliaria y el proyecto se topó con un escollo importante.
Este hecho, sumado con algunas decisiones tomadas por los administradores de las firmas, tuvo como resultado las quejas de varios de sus inversores, que en 2009 presentaron una querella en Barcelona por mala gestión.
Ese mismo año, la situación del mercado inmobiliario español les llevó a replantearse su estrategia de inversión y su plan de negocio para garantizar su superviviencia, tratando de enfocarse a escenarios internacionales. Pero las cosas no han mejorado desde entonces y una de estas sociedades, REIS España, habría comunicado sus planes para ser liquidada y devolver el capital a sus socios el pasado 22 de septiembre, según informa hoy el diario Expansión.
El principal accionista de la firma es Banco Santander, con un 31%. Además, figuran con participaciones del 5% Carmen Martínez Bordiú; Josep María Benet (socio de Jaume Roures en Mediapro); Enrique Masó, ex alcalde de Barcelona, entre otros.
Cada accionista entró a formar parte de las REIS con un capital inicial de unos 6 millones de euros. Cada sociedad esá constituida por entre diez y 20 socios.

Asunto: ¿Conflicto de intereses?

Martes, 23 de noviembre de 2010

¿Tiene esto algo que ver con la nueva aplicacion colegial que se nos quiere instalar?

Enlace aquí

El Ibex pierde los 10.000 puntos por el temor a un contagio irlandés

Martes, 23 de noviembre de 2010

22.11.2010 Expansión
El rescate irlandés ha disparado el temor a que se extienda el contagio a Portugal y España. El Ibex ha perdido los 10.000 puntos y ha cerrado finalmente en los 9.996,40 puntos, con un recorte del 2,7%.

El Ibex subió en la apertura más del 1%. Sin embargo, la alegría dura poco en casa del pobre. A las dos horas de sesión, los números rojos regresaron al mercado para ya no hacer más que aumentar. El selectivo ha perdido la barrera psicológica de los 10.000 puntos, con un recorte del 2,68%.
La banca, principal tenedora de bonos de los países implicados, es la que ha impulsado los desplomes. Se estima que los bancos españoles podría tener deuda portuguesa (próximo país en ser rescatado según todas las quinielas) por valor de unos 70.000 millones de euros.
El riesgo país (diferencia entre la rentabilidad de los bonos alemán y español a 10 años), que el viernes cerró en 202 puntos, se sitúa en 210,5 puntos básicos.
La puntilla la ha dado la agencia de calificación crediticia Moody’s al anunciar que podría bajar varios escalones el rating de Irlanda, aunque manteniendo el grado de inversión.
Tras el rescate de Irlanda, los inversores han vuelto a dirigir sus miradas hacia Portugal y España como próximos candidatos al rescate, lo que pesa sobre sus respectivos mercados de valores.
El Bank of America Merrill Lynch en su informe semanal asegura que “el riesgo de contagio no es insignificante”. Además, “una vez que Irlanda obtenga la ayuda, los mercados pueden centrarse en Portugal y España. Si bien estos dos países tienen un cuadro macro y unas finanzas públicas en una situación distinta a Irlanda o Grecia, los diferenciales se han ampliado para estos países recientemente. Si los inversores cuestionan la sostenibilidad de sus cuentas públicas y/o la salud de sus sistemas financieros, la financiación del mercado podría llegar a verse restringida”.
El informe destaca que “el peligro es que Europa sigue adoptando un enfoque poco sistemático, se fija los problemas más inmediatos, pero no en las cuestiones más profundas. Esto podría significar periódicas mini-crisis”. Por ello, añade que “el Fondo de Estabilidad Europeo debe ser capaz de soportar las necesidades de liquidez de Irlanda, Portugal y España en los próximos dos años”.
Tampoco el euro aguanta la presión. La moneda única, que comenzó la sesión recuperando la cota de 1,37 dólares, cotiza ya con pérdidas frente al billete verde en los 1,365 unidades.
Por lo que respecta a las materias primas, el petróleo baja tímidamente mientras que el oro muestra ligeros repuntes.
Ibex

En la renta variable española, la banca ha liderado los descensos con desplomes que rondan en todos los casos el 4%. Las mayores caídas corresponden al Banco Sabadell, con el 4,22%, en el día que comenzaban a cotizar las nuevas acciones como parte de la contraprestación de la OPA dirigida a la totalidad de las acciones del Banco Guipuzcoano. De los dos grandes, Santander se desploma el 4,03%, mientras que BBVA cede el 3,87%.
Telecinco, cuyos derechos de suscripción preferente de la ampliación de capital para la fusión con Cuatro han comenzado a cotizar hoy, han caído el 2,67%.
Solo un valor del selectivo español se ha salvado de la quema. Técnicas Reunidas ha cerrado con un repunte del 0,61%.
Al margen del Ibex, dos compañías han centrado la atención de los inversores. Por una parte, destacan las pérdidas de SOS, cifradas en el 8%, que mañana empezará su ampliación de capital para reforzar su capital.
En el otro extremo, la inmobiliaria Fergo Aisa, que anunció que a lo largo de los próximos días convocará una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que previsiblemente aprobará una ampliación de capital no dineraria por un importe máximo de 200 millones de euros, subió casi el 7%.

El lío hipotecario de EEUU

Lunes, 22 de noviembre de 2010

Fernando P. Méndez 22/11/2010 – El Economista

El Mortgage Electronic Registration System (MERS) es un registro privado creado a principios de los 90 por algunas de las principales firmas hipotecarias norteamericanas con la finalidad de eludir la necesidad de registrar en los Registros de la Propiedad las cesiones de créditos hipotecarios y, de ese modo, facilitar las ventas de los mismos entre las propias entidades acreedoras, según se afirmaba.
La razón alegada: evitar las tasas registrales y la lentitud de unas oficinas mal dotadas, que únicamente trabajaban -y trabajan- en soporte papel. Se hallan acogidas a este sistema unos 64 millones de hipotecas, o la mitad de todas las vigentes en el país.
El mecanismo del sistema -detalles y variaciones al margen- es el siguiente: se hace constar en el Registro Público a MERS como acreedor -en realidad no lo es en ningún caso-.
A continuación, MERS cede el crédito hipotecario -en muchas ocasiones en blanco- a una entidad financiera, lo que inicia una rueda de transmisiones que no se han hecho constar en el Registro de la Propiedad y, al parecer, tampoco en el MERS en una gran cantidad de casos. Ello ha permitido desconectar la titularidad del crédito hipotecario, que consta en el Registro de la Propiedad, de la titularidad -¿real?- del crédito.
En Estados Unidos, en general, no existe un Registro que determine los derechos, como en España y en otros países. Como consecuencia, cuando se inicia una ejecución, el acreedor debe aportar la cadena de documentos que justifica su titularidad hipotecaria.
Aquí comienzan los problemas del MERS: los acreedores tienen serias dificultades para justificarla. Para conseguirlo, incluso se han antedatado y modificado documentos y falsificado firmas, al parecer, de forma muy generalizada. Ello ha dado lugar al escándalo denominado robosigning. Si bien las primeras sentencias señalaban fallos de procedimiento que impedían la ejecución, las más recientes están indicando fallos sustantivos centrados en la ruptura de la cadena de títulos.
Consecuencias
Todo ello está teniendo consecuencias de diverso alcance. Así, algunas compañías de seguros de títulos -necesarias debido a la ausencia de un Registro de derechos- se están negando a asegurar las adquisiciones derivadas de ejecuciones hipotecarias; o un número creciente de deudores está rechazando pagar sus hipotecas, en ocasiones de buena fe, hasta que se aclare la situación; en otros casos de manera oportuna, pues conviene recordar que alrededor del 25% de las hipotecas norteamericanas se hallan underwater, es decir, el valor de la casa hipotecada está por debajo de la deuda y, en algunos estados, el deudor puede liberarse del débito entregando las llaves.
Pero la auténtica bomba de relojería puede venir de las reclamaciones de los inversores, especialmente de los institucionales, en las mortgage backed securities (MBS), es decir, en los títulos financieros -muchos de ellos estructurados- garantizados con hipotecas. En sus demandas, reclaman a las entidades hipotecarias que gestionan sus hipotecas a través del sistema MERS que les devuelvan las cantidades que invirtieron en su día en sus MBS, alegando que estamos en presencia de un proceso fraudulento desde el origen, del que el MERS sería un instrumento necesario.
La argumentación viene a ser la siguiente: MERS ha permitido la securitización de las hipotecas y la ocultación de sus titulares tras un velo de opacidad. Al inscribirse las hipotecas de forma fraudulenta a nombre de MERS en los registros públicos y ocultar a los mismos las diversas cesiones de los créditos garantizados por las mismas, se ha defraudado el propósito de estos registros: que los ciudadanos tuviesen conocimiento de todas las transacciones sobre los inmuebles, a fin de evitarles sorpresas.
Esta ocultación facilitó la explosión de una práctica de préstamos depredatorios -subprime- de la cual no podrían ser responsabilizados los prestamistas porque tampoco podrían ser identificados, ni por los prestatarios, ni por los inversores seducidos para la compra de paquetes de hipotecas sin valor. Se afirma también que, sin el MERS, las entidades no habrían podido ocultar a los reguladores la extensión del riesgo de las pérdidas financieras como consecuencia de las prácticas depredatorias de préstamos residenciales, así como la reventa y titulación fraudulenta de estos préstamos que, sin el MERS, no hubieran podido comercializarse.
Es preciso recordar, ahora, que la comercialización de tales securities fue posible porque se mezclaron con hipotecas prime, creando paquetes a los que las agencias de rating les dieron una muy alta calificación. Después se supo que sus ejecutivos cobraban comisiones por la venta de tales productos y que algunas de las entidades emisoras eran accionistas de tales agencias.
Éste sería el esquema posibilitado por la fraudulenta designación del MERS como beneficiario en millones de deeds of trusts en numerosos estados y la ocultación a los registros públicos -y, por tanto, a los potenciales inversores- de la identidad real de los acreedores hipotecarios.
Si estas demandas prosperaran, pondrían al sistema financiero nuevamente al borde del colapso. De momento, están afectando gravemente a toda la industria del Real Estate, así como al valor de los MBS que muchos e importantes fondos tienen en sus carteras.
Sea cual sea el fin de este lío, de él debemos obtener algunas consecuencias: sería conveniente que los estados iniciaran un proceso de evolución hacia el establecimiento de registros de derechos y, cuando menos, que sus vetustas oficinas registrales funcionasen mejor, pues su mal funcionamiento ha sido la razón o la coartada para la creación del MERS.
Sombra injustificada
Sea o no un procedimiento fraudulento, genera una opacidad y una discrecionalidad injustificadas, para cuya consecución es preciso eludir la transparencia que implica todo Registro Público, por débiles que sean sus efectos, como es en el caso de Estados Unidos.
La historia siempre es la misma: para obtener un ámbito de poder mayor que el otorgado por las leyes, se intenta eludir el registro, y cuando no se puede, se intenta capturarlo en beneficio de los propios intereses y a costa de otros intereses legítimos pero con menor capacidad de interlocución política.
Y este riesgo es universal. En España lo hemos vivido, lo estamos viviendo y, en parte, lo estamos sufriendo: ciertas medidas introducidas, por ejemplo, por la ley 24/2001, o por la más cercana ley 41/2007, (1) han aumentado el riesgo para los propietarios que actúen mediante apoderado, (2) pretenden dificultar que los registradores califiquen la legalidad de las denominadas cláusulas financieras de los préstamos hipotecarios -intento afortunadamente vedado por la reciente Resolución de de la Dirección General de los Registros de 1-10-2010-, lo que es muy grave, porque los jueces no las pueden enjuiciar en el procedimiento especial de ejecución, sino tan sólo posteriormente, una vez ejecutada la hipoteca y subastada la vivienda, si el deudor inicia un nuevo procedimiento; éste, largo y engorroso, o (3) hacen más onerosos a los deudores hipotecarios derechos reconocidos por otras leyes -cambio de acreedor-, hasta el punto de hacerlos prácticamente inviables.
A pesar de ello, el mercado hipotecario español es infinitamente más competitivo que el norteamericano, lo cual se debe a diversos factores y, entre ellos, en un lugar preferente, al diseño y funcionamiento de nuestro sistema registral, como es, además, generalmente reconocido.
Con demasiada frecuencia, sin embargo, da la impresión de que nuestros reguladores desconocen su ingeniería jurídica y organizativa y proyectan reformas que causan asombro por su frivolidad. Conviene, por ello, no olvidar nunca que siempre existe el peligro de que el Estado sea capturado por determinados intereses que promuevan regulaciones que les permitan prácticas depredatorias. Si esto sucede, las consecuencias perjudiciales para la mayoría están aseguradas.
Fernando P. Méndez. Registrador de la Propiedad y Mercantil. Fundador y primer presidente de la European Land Registry Asociation

´Las gestiones en el Registro Civil se podrán hacer desde cualquier ciudad´

Lunes, 22 de noviembre de 2010

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José Antonio Martínez. Información. Alicante
La directora general de Registros y Notariado, María ́ngeles Alcalá Díaz, ha presentado esta semana en la Universidad de Alicante la nueva ley de Registros Civiles en un acto organizado por la cátedra Bienvenido Oliver, fruto del acuerdo entre el Departamento de Derecho Civil y el Colegio de Registradores.
¿Qué opina de la polémica que ha generado la intención de que el alfabeto marque qué apellido tiene preferencia en los hijos?
Es un artículo dentro de una legislación mucho más amplia como es el anteproyecto de ley de Registros Civiles. No se ha hecho una legislación específica sobre el cambio de apellidos. En España ya se podía hacer desde el año 1999 y se hizo a instancias de la Unión Europea que instaba a acabar con las discriminaciones en función del sexo. Desde entonces, se puede elegir con qué apellido se inscribe al hijo en el registro con el del padre o con el de la madre. Con esta reforma, se pretende dar un elemento objetivo para tomar la decisión en el caso en que no existe un acuerdo entre ambos. El primer apellido lo establecerá el orden alfabético. Me ha sorprendido la polémica que se ha formado por una ley que es mucho más amplia y que tiene más de 200 artículos. Como novedad, se introducía la posibilidad de la supresión del apellido en los casos de malos tratos en el ámbito familiar, que ahora va a ser mucho más flexible.

¿Cree que la gente se amoldará a este cambio?
La ley lo que ofrece es la posibilidad de elegir. No se trata de obligar o no obligar a nadie.

¿Van a desaparecer los jueces de los registros civiles?
Hasta ahora los registros civiles dependían de los jueces pero éstos nunca ha desempeñado funciones jurisdiccionales. Esta situación es fruto de la Ley de 1957 pero se ha tratado más de motivos históricos que de una situación real. Lo cierto es que con la nueva ley se persigue que los registros queden desjudicializados.

¿Supone eso que van a desaparecer los controles para evitar situaciones como los matrimonios de conveniencia?
Los controles van a seguir existiendo. El grueso de los expedientes matrimoniales los van a llevar en los ayuntamientos con el auxilio de los encargados de los registros civiles. Se van a continuar aplicando todos los controles que existen en la actualidad.
Hay un grupo de jueces dedicados e exclusiva a registros civiles que ha expresado sus recelos a la nueva ley.
En realidad sólo hay quince jueces destinados en exclusiva a registros civiles. El resto comparten sus funciones con el resto de asuntos ordinarios de su juzgado. Entiendo que esta ley supone un cambio en su actividad profesional, pero no va a suponer una merma en sus carreras judiciales. Existen muchos destinos dentro de la judicatura española donde van a poder continuando con su trayectoria profesional.

Hablando de decisiones jurisdiccionales, la antigua magistrada del Registro Civil de Dénia, Laura Alabau, causó un gran revuelo al presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las bodas gays, ¿se han dado más casos como éste o la ley se aplica con normalidad?
Se ha tratado de una situación puntual. En estos momentos la ley de matrimonios homosexuales está recurrida ante el Tribunal Constitucional (por el Partido Popular). Mientras se resuelva, la ley se está aplicando con total normalidad y sin incidencias. Lo que ocurrió en Dénia fue un caso que causó en su día cierta polémica pero que ya ha quedado en el pasado.

¿En qué va a consistir la reforma de los registros civiles?
Se trata de una reforma en profundidad de los registros civiles tanto en aspectos organizativos, estructurales y tecnológicos. Por primera vez no se trata de crear un organismo que es una obligación para el ciudadano, sino de hacer un verdadero servicio público para éste.
Esta reforma va a depender de una gran inversión tecnológica, ¿los recortes presupuestarios por la crisis no pueden frenar el desarrollo de esta ley?
En estos momentos, gran parte de la inversión ya se ha realizado. La digitalización de los registros civiles ya se ha hecho y se está acometiendo en otros organismos como los juzgados de paz. Asimismo, la informatización de los registros está ya prácticamente acabada. Por tanto, gran parte de la inversión que se necesita está realizada a falta de algún retoque.
¿Se tiende a la ventanilla única con la reforma?
Con la reforma acaba la competencia territorial de los registros civiles. Todas las oficinas estarán interconectadas entre sí, con lo que se podrá realizar cualquier gestión con independencia de la ciudad en la que se encuentre.

¿Significa esto el fin de las colas?
Sí, se acabarán con las colas.

La banca endurece el crédito hipotecario para compensar la ‘guerra del pasivo’

Lunes, 22 de noviembre de 2010

En paralelo, el euríbor eleva las cuotas mensuales
El tipo medio de los créditos nuevos para la adquisición de vivienda comienza a subir, al tiempo que el euríbor ya eleva las cuotas mensuales a los particulares en las revisiones. Bancos y cajas recomponen así en parte el margen de intermediación dañado por el alza de los tipos para depósitos.
Miriam Calavia – Madrid – 20/11/2010- Cinco Días
La banca española ha puesto en los últimos meses toda su artillería pesada en su estrategia para captar el ahorro de los clientes y atender así sus necesidades de financiación. Para evitar un estrechamiento excesivo de su margen comercial, que tal como ha recordado el Gobernador del Banco de España puede tener un efecto perjudicial en sus cuentas de resultados en 2011 -BBVA cifró el desfase en unos 7.000 millones en 2010-, las entidades han comenzado a elevar el precio del dinero para los créditos hipotecarios.
Según los datos del Banco de España, el tipo medio de los depósitos se situó en el 1,61% en septiembre, aunque en algunos casos las ofertas de bancos y cajas elevan la remuneración a más del 4%. Por ejemplo, Banco Sabadell ofrece un depósito al 5% TAE , vinculado, eso sí, a la contratación de un plan de pensiones; Banco Popular y Santander pusieron sobre la mesa rentabilidades del 4%. Así, un abanico de altas remuneraciones se extiende por todas las entidades del sector.
Ante tal despliegue comercial, la banca ha optado por encarecer los créditos para poder recomponer el margen de intereses. De este modo, la media de los tipos de interés de las nuevas operaciones de créditos que realizan las entidades se situó en el 3,38% en septiembre, frente al 3,17% de junio y al 3,16% del mes de mayo. En los préstamos para la adquisición de vivienda, el tipo medio ha subido progresivamente desde el 2,50% de mayo hasta el 2,65% que marca en septiembre.
Otras fuentes del sector sitúan los tipos de interés de los créditos hipotecarios nuevos ya en el 2,7% en septiembre, tres décimas por encima de la cifra negociada en junio.
Con el euríbor también al alza desde abril de este año -ha pasado del 1,225% al 1,420% en septiembre-, el esfuerzo financiero de las familias para comprar una casa también ha aumentado. En el tercer trimestre, los hogares españoles dedicaron el 26,9% de sus ingresos brutos anuales a dicha inversión (contadas las deducciones fiscales), una décima más que en el trimestre anterior, según el Banco de España. Sin tener en cuenta la desgravación actual del 15% del total aportado hasta un máximo de 9.015 euros, la carga financiera se eleva al 33,2%, también una décima más que entre abril y junio.
Las cuotas mensuales de los hipotecados comenzaron a subir de forma paulatina desde julio y agosto pasados, cuando el euríbor de este año en tasa anual comenzó a superar levemente al de doce meses antes. Pero a partir de ahora el endurecimiento es mayor, ya que mientras el euríbor se sitúa en el 1,50%, hace un año estaba únicamente en el 1,24%. Además, algunas entidades reconocen que han elevado los diferenciales sobre el euríbor en la concesión del crédito para la adquisición de vivienda.

Te embargo hasta la calle

Lunes, 22 de noviembre de 2010

Los viales de la urbanización Porto Brasa, en Sada, han sido embargados por una entidad bancaria al promotor de los quince chalés, sobre los que pesa una orden de derribo
Con la crisis los bancos se han hecho con casas, coches, fincas y en Sada, también con las calles de una urbanización, la del camino de O Fiunchedo. El insólito caso se debe a que el notario registró los viales del complejo residencial como si fuesen una parcela. Los propietarios no ganan así para sorpresas y no precisamente agradables, ya que sobre los 15 chalés de Porto Brasa también pesa una orden de derribo que ha sido recurrida por el Concello, amparándose en que existe en segunda licencia que todavía está en vigor
Nuria Rodriguez | Sada – La Opinión
Los bancos embargan casas, fincas? Y ahora también caminos. Esa es la anómala situación con la que se han encontrado propietarios de la urbanización Porto Brasa, en Sada, situada en las inmediaciones del cementerio municipal.

Los dos viales del complejo residencial, que forman una T, pertenecen ahora a una entidad bancaria que se los ha embargado por sentencia a la promotora y que se ha convertido, además, en la propietaria de dos de los quince chalés de la urbanización. La insólita situación sólo tiene una explicación: el notario escrituró los viales y las aceras de la urbanización en calidad de parcela.

Por otro lado, e independientemente de la titularidad de los caminos, su uso debe ser público, sobre todo cuando son la única forma de acceder a las viviendas. Sin embargo, la ley fija como inembargables los bienes de dominio público “o afectos a un uso o servicio público”, de ahí la paradoja.

La pregunta ahora es: ¿Qué sucedería si al banco se le diese por cortar el camino? Una posibilidad sin duda remota, pero al fin y al cabo, una posibilidad.

La extraña situación se suma a la incertidumbre sobre la situación legal de la viviendas. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado al Concello el derribo de los quince chalés. Lo ha hecho mediante providencia del pasado 22 de octubre y tras anular, en 2008, el estudio de detalle y la licencia de obra concedida por el equipo de gobierno que presidía Ramón Rodríguez Ares en 2000.

No obstante, el Ayuntamiento concedió una segunda licencia a la promotora en 2005, en un intento por legalizar la situación de la urbanización. Esa licencia también fue recurrida por la misma persona que denunció la concedida en 2000 y hay un proceso judicial abierto, por lo que el Concello, amparándose en que todavía hay un permiso en vigor, ha solicitado al juez la inejecución de la sentencia en la que se ordena el derribo de los chalés, en un intento así por defender “el interés general”.

La Generalitat dispone de un mes para vender 2.600 millones de deuda

Lunes, 22 de noviembre de 2010

Los mercados exteriores desconfían de que las cajas valencianas puedan conceder más liquidez a la administración
Victoria Jiménez – Londres. Corresponsal
La aversión del capital internacional contra la economía periférica europea vuelve a la carga: la Generalitat Valenciana ha llegado hasta noviembre sin obtener el 43% de los 6.000 millones de euros (2.580 millones) que necesita para refinanciar el déficit público en 2010.
Según Fitch Ratings, la única salida a la penuria actual del gobierno de Camps sería recurrir a la venta de bonos y pagarés a corto plazo en el mercado minorista, como hiciera en octubre con la emisión de 1.000 millones de deuda colocada a través de Bancaja y CAM. Para ello, el Ejecutivo central ha ampliado la capacidad de oferta de pagarés de la Generalitat, desde 1.700 millones de euros hasta el nuevo límite de 3.000 millones. Así, la administración valenciana podría evitar la asfixia crediticia que le causaba la barrera oficial de los 4.500 millones en deuda autonómica de máximo para comercializar en los mercados.
La recesión, sin embargo, ha demostrado ser más estricta que el Ministerio de Economía y Hacienda, y los inversores en Londres y Wall Street dudan ahora de que ni siquiera el sector financiero regional disponga de pulmón suficiente para garantizar una vía de soporte al estrangulado erario valenciano.

Juego para los oportunistas
El departamento comercial de uno de los fondos de inversión especulativa en Mayfair (Londres) mantiene una visión más optimista, aunque no por los motivos que el gobierno valenciano desearía. V. K., uno de los agentes bursátiles del fondo, comenta con discreción a Levante-EMV que “los bonos regionales europeos son muy interesantes porque las administraciones ‘subsoberanas’ se ven forzadas a ofrecer altos rendimientos”.
Desafortunadamente, sólo el capital de riesgo y los inversores rapaces parecen ver algún provecho en la situación por la que atraviesa la economía del sur de Europa. Especialistas del sector bancario como Geraldine Lambe, en cambio, alertan contra anteriores e injustificados excesos de confianza. “Con los gobiernos estatales atrapados en esta sequía de capital, algunos mandatarios europeos esperaban que las administraciones regionales y municipales podrían acudir a los mercados de bonos para recabar fondos”, afirma Lambe, “pero no está sucediendo así, sino lo contrario”.
BNP Paribas apunta que los requisitos que la inversión exterior exige a las comunidades autónomas españolas para inyectar capital en sus operaciones se han recrudecido conforme las bolsas se preparan para finalizar el año. Las calificaciones de las agencias de riesgo son consistentemente negativas, por lo que “los emisores regionales [como la Generalitat Valenciana] ven imposible acceder al crédito con fechas de vencimiento a largo plazo, más convenientes para superar la etapa dura de la recesión”.

Malas notas
En efecto, la agencia Standard&Poor’s (S&P) describe la deuda del Consell con las palabras “alta” y “riesgo creciente”. Su último informe de octubre señala que “históricamente, el acceso de la comunidad autónoma a los mercados del capital ha sido fluido y se le concedía largas líneas de crédito. Esta bonanza pertenece hoy al pasado”.
S&P ve “un deterioro progresivo del balance de fondos de la región”, cuyo resultado es la falta de liquidez a corto plazo de las finanzas públicas. Las conclusiones a las que ha llegado la agencia Moody’s coinciden con las de S&P: aunque la urgencia del gobierno valenciano por obtener préstamos representa menos del 25% de sus ingresos -en el caso de Cataluña, la cifra es del 40%, los datos revelan que la hacienda valenciana recauda menos por impuestos directos e indirectos en 2010 que cinco años atrás.
Según Moody’s, entidad que el pasado viernes bajó la nota de la deuda del Consell desde “Aa3” a “A1”, situándola con “perpectiva negativa”, la pérdida es de 1.267 millones de euros. Además, en un comentario del mes pasado sobre las previsiones de la Generalitat del producto interior bruto valenciano que se obtendrá en 2011, Moody’s asevera inequívocamente que son “irreales”. “Íšnicamente cuando países grandes como España resbalen en la escalera de la deuda, el euro comenzará a tener problemas serios”, se lee en un dossier reciente de Deutsche Bank AG. De igual forma, para España, cuando autonomías de las que depende la balanza exterior estatal y su productividad den signos de agotamiento, la recesión olerá a depresión. Diciembre será decisivo, no sólo para las finanzas públicas valencianas.
Los expertos creen que las cajas deben cerrar un 30% más de oficinas

“Las dificultades de las entidades bancarias, especialmente de aquellas que arrastran pérdidas sin declarar como las de la periferia española, van a empeorar, y la presión económica va a crecer”, dice Edward Harrinson, un ex asesor de Deutsche Bank. Christopher Bjork, autor del blog The Source para el periódico de negocios “Wall Street Journal” se muestra de acuerdo: “tras haberse engullido el dinero del rescate público que había de facilitar su reforma, las cajas se han lanzado a competir contra los bancos y ofrecer cuentas corrientes en condiciones que provocan pérdidas pero que logran captar depósitos”. La única explicación de esta campaña es que “los inversores internacionales en Londres continúan discriminado a la cajas, y éstas no tienen otra opción que intentar ampliar su cartera de clientes a toda costa”. En opinión de Andrew Lim, analista en la firma Matrix Corporate Capital, las cajas han incumplido las promesas que hicieron durante los compromisos de fusión, como por ejemplo el cierre oficinas comerciales (aún existe un exceso del más del 30%). “En los mercados, la pregunta es hasta cuándo pueden seguir operando como si la crisis no les afectara. En realidad -cree Lim-, lo único que están consiguiendo es retrasar el momento en que reconozcan el estado real de sus cuentas”.

La SPA desvirtúa su razón de ser y comienza a ofrecer el alquiler con opción a compra

Domingo, 21 de noviembre de 2010

La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, y el director general de la CAM, Roberto López, en la firma del convenio entre ambos organismos. – El Mundo
Corredor: Esta apuesta convierte a la Sociedad en un ‘instrumento potente’
Incorpora 4.700 inmuebles de la CAM más a su cartera en este régimen mixto
Rentas desde 200 € a descontar en parte si la operación acaba en compra
El contrato de arrendamiento de las viviendas tendrá vigencia inicial de 7 años
Europa Press | El Mundo | Madrid 17/11/2010
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) amplía horizontes al mismo tiempo que desvirtúa su razón de ser: el arrendamiento puro. Este organismo estatal ofrecerá a partir de ahora viviendas en alquiler con opción a compra -es decir, operaciones que pueden desembocar en ventas a medio y largo plazo-, un nuevo servicio que ha inaugurado con el convenio firmado con Mediterranean, la filial inmobiliaria de Caja Mediterráneo. Gracias a este nuevo pacto, incorpora a su oferta 4.700 inmuebles distribuidos por todo el país con rentas a partir de los 200 euros.
En rueda de prensa, la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, ha resaltado que este nuevo servicio hace de la SPA un “instrumento potente” para dar salida a viviendas en ‘stock’ en este caso destinadas a aquellos que prefieren aplazar su decisión de compra.
El inquilino podrá convertirse en propietario transcurridos los 18 meses iniciales
Según ha explicado, el contrato de arrendamiento de estas viviendas tendrá una vigencia inicial de siete años, pero el inquilino podrá resolverlo en cualquier momento siempre que lo comunique con un mes de antelación.
El arrendatario podrá ejercitar la opción de compra transcurridos 18 meses desde la firma del contrato de alquiler por un precio de 105.000 euros de media, al que se descontarán las cantidades entregadas en concepto de alquiler en diversos porcentajes.
Casi 8.000 pisos de la banca en la cartera estatal
Según ha recordado Corredor, este acuerdo se suma al firmado en el mes de mayo con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y a los convenios suscritos con La Caixa, Bancaja y la división inmobiliaria del Santander, Altamira Real Estate.
La Sociedad mantiene conversaciones con otras entidades para firmar nuevos convenios
En virtud de estos acuerdos, la SPA ha evaluado unos 10.000 inmuebles y ha incorporado a su oferta unas 7.900 viviendas, con lo que es previsible que la cartera de pisos procedentes de entidades financieras siga aumentando. Además, la SPA mantiene actualmente conversaciones con otras entidades para firmar nuevos convenios.
Por otro lado, Corredor ha destacado que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento también colabora con más de 200 promotores para comercializar sus viviendas, que han buscado en la SPA su “prestigio” y su “experiencia”.
Por su parte, el director general de la CAM, Roberto López, ha mostrado su confianza en la SPA, a la que ha calificado también de “potente instrumento” para dar salida a su ‘stock’ de viviendas.
La SPA ha cerrado 15.500 contratos de alquiler desde su creación, lo que ha supuesto que más de 38.000 ciudadanos hayan accedido a una vivienda. Además, hasta 18.000 arrendadores particulares han aceptado las condiciones de la sociedad y más de 31.000 inquilinos se han interesado por alguna de sus viviendas. En total, la SPA ha evaluado 45.000 inmuebles. [Un 4% menos de contratos en octubre]

El Síndic investigará el fraude de los pisos sociales en Badía

Domingo, 21 de noviembre de 2010

El Síndic recuerda que el acceso a la vivienda es un “derecho constitucional”
LL. P. – Barcelona – 19/11/2010 El Pais

El Síndic de Greuges investigará a la Administración por las ventas irregulares de pisos protegidos que se dieron en toda Cataluña, especialmente en Badia del Vallͨs, durante los años del boom inmobiliario. A pesar de que estas compraventas se producían entre particulares, el síndic, Rafael Ribó, consideró ayer que las transacciones evidencian la una “falta de coordinación y control” por parte de la Administración competente, que en este caso es la Generalitat.
El organismo aprecia falta de información cuando se firmaron las hipotecas en Badia
Precisamente, la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explicó en una entrevista a EL PA͍S que hasta 2008, cuando entró en vigor la ley de vivienda, Cataluña carecía de mecanismos para controlar “de forma sistemática” las compraventas de viviendas de protección oficial.
Las transacciones irregulares de pisos protegidos han salido a la luz en Badia del Vallͨs por las particularidades de la localidad. La ciudad es una de las que más sufren los estragos del paro, lo cual ha supuesto que muchos ciudadanos, de momento unas 80 familias, no puedan afrontar sus hipotecas. Esas dificultades, que los dejaron al borde del desahucio, se produjeron porque habían comprado su vivienda de protección oficial (VPO) de régimen general -la más barata de todas las figuras de VPO- a un precio que incluso multiplicaba por 15 el valor tasado del piso. Y eso se dio, y ahí está la segunda singularidad, en un municipio en el que el 99,9% de las casas son sociales.
El Síndic de Greuges consideró que “situaciones como la de Badia del Vallͨs” han puesto de manifiesto “una falta de coordinación y de control” en las transacciones de viviendas públicas por parte de la Administración. Además, destapan casos en los que el ciudadano, cuando se dirige a su entidad financiera para contratar un crédito hipotecario, “puede no disponer de una información clara y comprensible”.
El síndic, Rafael Ribó, coincidió con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, en el diagnóstico: “buena parte” de este problema es de “carácter privado”, entre las entidades financieras que otorgaron esos créditos y las personas que los pidieron. Sin embargo, Ribó aseguró en un comunicado que, puesto que el acceso a la vivienda se trata de un “derecho constitucional y estatutario”, estudiará las medidas que ha adoptado la Administración para controlar estas transacciones a partir de ahora, ya que la ley establece que, mientras una vivienda esté protegida, no puede venderse a precio libre, sino solo por el valor tasado.
El Síndic se dirigirá ahora al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para pedir información sobre estas medidas. Según el comunicado, la intervención del Síndic se encaminará también a estudiar “propuestas de mejora” de la coordinación de los agentes implicados -Administración, entidades financieras, notarios, registradores y particulares- en las transmisiones de viviendas y fijar los mecanismos para evitar que se vulnere la normativa.
En la nota, el Síndic de Greuges también muestra preocupación por los desahucios que son fruto de la crisis y de las cargas hipotecarias, lo que es “especialmente grave” para quienes no pueden cubrirlas y se quedan en situación de exclusión social. Según Trilla, la Generalitat no ha podido cerrar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Cataluña para que realicen daciones en pago con quienes no puedan pagar la hipoteca, es decir, ejecutar el crédito y quedarse el piso, pero no echar a su ocupante, que pasaría a pagar un alquiler a la entidad. Aun así, la Generalitat ha puesto en marcha la oficina Ofideute, que trata de mediar entre personas que podrían quedarse sin casas y bancos y cajas.

Un juez de Barcelona condena el ‘swap’ hipotecario y exige la devolución del dinero

Sábado, 20 de noviembre de 2010

HIPOTECAS | Comercialización de cláusulas polémicas
Declara ‘nulas las condiciones del contrato permuta financiera de intereses’
Comercializado como un seguro para proteger al cliente de subidas de los tipos
‘No hay duda de existencia de consentimiento viciado por falta de información’
El contrato se concertó sólo ‘por un año’ y no por toda la duración del crédito
Europa Press | Madrid 19/11/2010 El Mundo
Los fallos judiciales contra las cláusulas hipotecarias abusivas llevan camino de convertirse en una bola de nieve que no para de crecer. Si hace unas semanas se conocía la primera sentencia ‘antisuelo’ emitida por un Juzgado de Sevilla, ahora ha sido el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona el que ha dictado el primer fallo emitido en la capital catalana contra el otro gran producto polémico comercializado en las hipotecas: el ‘swap’. En este caso, un juez ha dado la razón a un cliente frente a una entidad financiera y anula el contrato de permuta financiera de tipos de interés, según el dictamen del pasado 9 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press.
Primer paso que ‘abre el camino para que sean estimadas más demandas de nulidad’
La sentencia, dictada contra el Banco Popular, declara “la nulidad de las condiciones particulares y generales del contrato de permuta financiera de intereses”, así como de las liquidaciones practicadas en virtud de la cobertura de dicho contrato. Este producto financiero fue comercializado como un seguro para proteger al cliente de las subidas de los tipos de interés hipotecarios. Los ‘pillados’ por esta cláusula se contarían por decenas de miles. Sólo Caixa Galicia ha presentado recientemente un listado de casi 12.000 clientes con ‘swap’.
Este fallo de anulación de un ‘swap’ es el primero dictado en Barcelona y el segundo en Cataluña. Un primer paso que “abre el camino para que sean estimadas más demandas de nulidad por el contenido de los razonamientos de la resolución y por la importancia del juzgado”, según ha explicado a Europa Press el abogado del cliente de la entidad, Arcadi Sala-Planell, del bufete BBS Abogados.
La primera la dictó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Amposta (Tarragona) contra el Banco Santander. Además, existen otras dos más favorables al cliente emitidas por el Juzgado de lo Mercantil de Girona.
El juez titular, Antonio Pascual Nuño, concluye que “no hay duda de la existencia de un consentimiento viciado por falta de información” al cliente que “no era un profesional financiero, sino un particular” y que contrató el paquete de hipoteca más ‘swap’ “sin ser suficientemente informado y sin que le practicaran el test de conveniencia”.
El juez dice que el director de la sucursal ‘obtenía bonificación correspondiente’
La sentencia destaca que existe “un hecho especial y de gran trascendencia” para inclinarse a favor del demandante que es que el contrato se concertó sólo “por un año” y no por toda la duración del pago de la hipoteca.
En este sentido, el juez concluye que la explicación más razonable es que el director de la sucursal del Banco Popular donde se firmó el contrato “obtenía la bonificación correspondiente, lo que le llevó a firmar el contrato de permuta financiera del tipo de interés, que de golpe arroja un saldo negativo superior a los 11.000 euros”.
Sala-Planell explica que lo “curioso” de este caso es que el banco obligó al cliente a suscribir una póliza de crédito para cargarle las liquidaciones del ‘swap’ a una cuenta corriente a la que no ha tenido acceso el cliente

La Audiencia exculpa a una notaria imputada por blanqueo en el ‘caso Hidalgo’

Sábado, 20 de noviembre de 2010

18.11.10 – 01:29 – M. M. | Málaga. – Sur.es

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decido exculpar a la notaria Amelia Bergillos en el ‘caso Hidalgo’, al considerar que los hechos que se le imputaban -autorizar 27 escrituras de constitución de sociedades entre 1982 y 2006, sin haberlas comunicado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)- no son constitutivos de delito.
La resolución de la Sala atiende la petición del abogado de la notaria y revoca el auto de imputación de la juez instructora de Marbella, María Jesús del Pilar Márquez. El tribunal se basa en la evolución normativa del régimen jurídico aplicable a los notarios en materia de prevención de blanqueo, que sólo es sujeto obligado a comunicar las operaciones desde abril de 2005, según un reciente informe emitido por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo en el Consejo General del Notariado. Además, la Sala se hace eco de una petición derivada del propio SEPBLAC en 2004 en la que solicitaba que no se comunicaran, como hacían algunos notarios «automáticamente», cualquier inversión en la que actuara una entidad de paraísos fiscales, sino exclusivamente las operaciones sospechosas sobre el origen ilícito del dinero.
Percepción subjetiva
Igualmente, el Tribunal en referencia a este informe afirma que la percepción inevitablemente subjetiva del propio notario respecto del nivel de riesgo de la operación que autoriza «no ha de servir de mínimo para una imputación penal». Por ello da la razón a la defensa de la notaria que sostiene que cuando la imputación se fundamenta en la imprudente o dolosa falta de comunicación de la autorización de 27 escrituras a lo largo de 24 años «deben darse indicios de conocer o haber podido conocer la procedencia ilícita de los fondos o del carácter delictivo de los actos que antecedieron a su intervención profesional, lo que no se ha reseñado ni advertido así por la juez de instrucción».
La juez María Jesús del Pilar Márquez, la quinta instructora del caso Hidalgo, imputó de nuevo a cuatro notarios, entre ellos Amelia Bergillos, a los que el anterior juez instructor Manuel Martín Hernández-Carrillo, retiró los cargos, al considerar que no habían tenido participación en las conductas que motivan la causa.
La notaria Amelia Bergillos está acusada también en el ‘caso Ballena Blanca’, igualmente por blanqueo de capitales.

Los Registros de la Propiedad de Madrid comienzan el lunes el traslado a una nueva sede en la calle Alcalá

Sábado, 20 de noviembre de 2010

Madrid, 17 nov. (Europa Press) –
Los Registros de la Propiedad de Madrid comenzarán el lunes el traslado al nuevo edificio de la calle Alcalá, 540, donde se centralizarán las 55 oficinas registrales en un único inmueble caracterizado por su “modernidad, funcionalidad y garantías de seguridad”, ha informado el Colegio de Registradores.
El traslado, que afectará a todos los Registros de la ciudad de Madrid (más de 50 oficinas y 500 personas), comenzará el lunes con los situados en la calle Edison, y el día 26, afectará a los de Príncipe de Vergara, 72. En ese mismo día se abrirán ya al público los primeros Registros en la calle Alcalá 540, y los últimos en desplazarse abrirán el 11 de diciembre.
Se trata de una operación compleja que obligará a cerrar al público cuatro días cada oficina. No obstante, una vez hecho el traslado, se podrá disfrutar de un edificio dotado con las últimas tecnologías y en él se centralizarán todas las operaciones que afecten a Madrid.
El edificio cuenta también con guardería para los hijos de registradores y empleados, así como aparcamiento rotatorio al servicio de quienes tengan que desplazarse al mismo.
En la página web del Colegio de Registradores (www.registradores.org) consta el calendario Registro por Registro, así como los nuevos números de teléfono de los Registros de la Propiedad de Madrid.