AIRE

12.2010 José Luis Requero – Expansión
Quizás las palabras más usadas en el conflicto de los controladores sean “privilegiados” y “chantajistas”. Un chantaje siempre es malo; en cambio un privilegio puede ser odioso o razonable. En su caso no creo que reclamen un privilegio sino sus condiciones de trabajo. Otra cosa es que esas condiciones, en especial las salariales, sean estratosféricamente superiores a los de la inmensa mayoría.
Lo que han hecho es criticable. No me refiero al caos aéreo, es más, no sé si son los únicos responsables o si les han provocado. Como no soy maniqueo y los problemas laborales, sociales y políticos son complejos, no creo que sean el mal sin mezcla de bien ni las autoridades el bien sin mezcla de mal. Pero, insisto, su actitud es muy criticable.
España es el país de la envidia y su ciudadanía manipulable, pero hay algo objetivo: que con casi cinco millones de parados y donde el salario medio está en 21.500 euros al año, que generen un conflicto unos empleados públicos que cobran 330.000 euros anuales indica algo de torpeza. Con sus condiciones de sueldo -que es lo único que se ve- no se pueden adoptar modos, formas ni actitudes sindicalistas, de conflicto ni de huelga, abierta o encubierta.
Son profesionales cualificados, de gran responsabilidad y no discuto sus retribuciones ni reivindico que se les quite: eso sería envidia miserable. Pero por esa razón, y aun sin conocer los intríngulis de su conflicto, la manera de defender sus derechos laborales debería ser sin estruendo, debe pasar por ser los mejores amigos de cada ministro, sus leales colabores en la seguridad y orden del tráfico aéreo; los garantes de que todo va a funcionar bien, sin huelgas ni conflictos. Aunque tengan que hacer renuncias.
Hay más empleados públicos que -según la lógica reinante- serían privilegiados. Pienso en notarios y registradores. No discuto que tengan retribuciones millonarias; probablemente invocarán razones de derecho sobrenatural para que sea así, si no poco atractivo tendría su función. Pero ese no es el tema, máxime si ese régimen acaba siendo rentable para todos porque el servicio que prestan es bueno; es más -y no lo digo con ironías- debería plantearse si otros muchos servicios públicos no funcionarían mejor con retribuciones ligadas al trabajo realizado. Pero, aparte de los rifirrafes incompresibles que hay entre esos colectivos, sus problemas no trascienden, no se sindicalizan, ni hacen huelgas ni paralizan el tráfico jurídico ni comercial.
Pero los controladores han cometido otro error. Han dado pie a que sea arma política y reclamo de movilización lo peor de nuestra idiosincrasia: lo que de rastreo hay en toda demagogia; han provocado que haya ciudadanos que les odien al tiempo que estiman a esos políticos que amasan patrimonios injustificados mientras les califican de privilegiados; han provocado que se lance un mensaje inquietante: que quien se desmarca del pensamiento y del interés político dominante es carne de trituradora; que se vea con complacencia al Ejército en la calle. El león se ha lanzado contra una de las gacelas de la manada que andaba algo atontada; el resto huye, aplaude o no se da por enterado. Y todo celebrando un aniversario de la Constitución.

05.12.10 – Joaquin Batista – La Verdad – Alicante
La reforma del Código Penal, que llega este mes, perseguirá a los alcaldes que no denuncien las construcciones ilegales
En tres años, la Conselleria ha iniciado 1.500 expedientes que prevén la demolición de viviendas ilegales
Los propietarios que se resisten a derribar sus casas ilegales pueden ser sancionados con 30.000 euros
Muchas viviendas se construyeron en las décadas de los 60 y los 70, cuando existía permisividad con las irregularidades urbanísticas. Otras nacieron de la mano de casos de corrupción, con centenares de vecinos que compraron propiedades paradisíacas y se toparon con un engaño que coincide perfectamente con la palabra estafa.
Por desgracia, en la Comunitat Valenciana han germinado demasiadas viviendas ilegales que generan una doble problemática. Tienen un impacto medioambiental y sus propietarios, por regla general, carecen de los necesarios servicios básicos: luz, agua, asfaltado o alcantarillado. La competencia en materia urbanística recae en los ayuntamientos, que son los encargados de vigilar y denunciar casos de viviendas irregulares, bien porque se han construido sin la preceptiva licencia o porque se han levantado en zonas no urbanizables. Además de la labor inspectora, tienen la obligación de propiciar investigaciones judiciales por si se ha cometido algún tipo de delito, pero no todos los alcaldes actúan conforme prevé la ley. Se limitan a sancionar y el expediente iniciado no tiene más recorrido. Se evita así derivarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que determine si existe alguna responsabilidad penal relacionada con la ordenación del territorio. El problema fue denunciado en 2009 por el fiscal titular de la provincia de Valencia, Joaquín Baños, después de detectar que muchos de los municipios de la provincia no habían remitido ningún expediente pese a contar con amplias extensiones de suelo no urbanizable.
La advertencia dio resultado, tal y como explicaba el propio Baños la pasada semana. En 2009 se iniciaron 252 diligencias de investigación penal de casos relacionados con construcciones ilegales, un dato que en 2010, a falta de un mes para cerrar el ejercicio, asciende a 343, 30 de ellas pendientes de tramitarse. Además, se han formulado 49 escritos de acusación por delito urbanístico contra particulares que deberán responder ante la justicia de la ilegalidad cometida.
Para tratar de implicar más a los Ayuntamientos, o para evitar su inacción, la reforma del Código Penal prevista para el 24 de diciembre incluye la figura de la prevaricación omisiva. Esto significa que un funcionario público podrá ser imputado no sólo si aprueba planeamientos urbanísticos que son ilegales, sino también cuando silencien las irregularidades cometidas o eviten realizar la labor inspectora que les corresponde por ley.
Al fin y al cabo, resolver el problema de una vivienda ilegal supone enfrentarse al vecino, que es un potencial votante, de ahí que en muchos casos se haya intentado solucionar la situación con una sanción económica, sin más complicación. Además, Baños explica que la ley establece que sólo se pueden derribar los inmuebles ilegales en un plazo de cuatro años, antes de que prescriba la infracción. Pasado ese tiempo quedan legalizadas, salvo en casos de construcciones en espacios protegidos.
La reforma del Código Penal ampliará las penas de prisión, que oscilarán entre el año y medio y los cuatro años (hasta ahora el máximo eran dos), además de imponer la sanción y la correspondiente inhabilitación para cargo público.
Aunque resulta complicado hacer una estimación de viviendas en situación irregular en la Comunitat, pues son los ayuntamientos los que tienen la mayoría de competencias en la materia, las cifras de los diferentes organismos, como la Conselleria de Territorio o la Fiscalía de Medio Ambiente, permiten hacerse una idea del problema.
En el caso del Consell, su tarea se centra en infracciones cometidas en suelo no urbanizable protegido. Según la Conselleria, en los últimos tres años se han iniciado 1.500 expedientes de restauración de la legalidad urbanística, que en la mayoría de los casos suponen la demolición de la construcción. Según la ley valenciana (LUV), esta figura contempla diferentes acciones. «Tratándose de obras de edificación, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente», según se puede leer en el artículo 225. Otros supuestos hacen referencia a la necesidad de devolver la parcela afectada a su situación original.
Todos estos expedientes siguen un recorrido común. Tras ser detectada la vivienda, bien sea a través de herramientas cartográficas o mediante denuncias de particulares o de otros organismos, como la Policía Autonómica, se insta al propietario a solicitar una licencia de obras a su ayuntamiento. En caso de que no sea concedida porque no procede, no tendrá más remedio que derribarla. Incluso si se resiste, puede ser multado con sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros al mes durante un máximo de diez (30.000 euros como mucho).
La idea es forzar al propietario a que ejecute la orden de restauración a través de «sanciones coercitivas». Si pese a todo se resiste, se puede ordenar la demolición de forma subsidiaria. Eso sí, desde la Conselleria que dirige Juan Cotino matizan que «la Administración autonómica centra todo su esfuerzo en la tramitación de los expedientes de restauración de la legalidad al considerar que lo fundamental es resolver la situación, más que imponer sanciones de carácter económico».
Si se dan los supuestos que permiten el mantenimiento de una vivienda, como la prescripción de la ilegalidad (tras cuatro años), se puede dar la opción, con carácter excepcional, de intentar regularizarla mediante un plan urbanístico, siempre que se incluya en un núcleo consolidado. Es lo que se está haciendo en Catral.
Además, según los datos facilitados por la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, en 2008 los municipios remitieron 4.500 expedientes relacionados con viviendas ilegales