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Archivo del 20 de abril de 2011

Los colegios no serán el único interlocutor con el Gobierno

Miércoles, 20 de abril de 2011

15.04.2011 José Mª López Agúndez – Expansión
El Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid avanza cómo debería ser la reforma de los servicios profesionales en las CCAA. Con la colegiación voluntaria surgirán las “asociaciones” de tipo profesional.
Una llamada de atención de cómo debería plasmarse en el futuro la reforma de los servicios profesionales en las autonomías. Así podría resumirse un informe que acaba de publicar el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de la Comunidad de Madrid y en el que se proponen varias ideas liberalizadoras.
El estudio es una propuesta que sólo puede surtir efecto cuando se apruebe la futura Ley de Servicios Profesionales -cuyo desarrollo es competencia del Estado-, una norma que está anunciada pero que, a día de hoy, todavía no cuenta aún con un anteproyecto. La reforma ha sido incluso anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Sin embargo, y a pesar de esta limitación competencial, el dictamen del TDC de Madrid tiene el valor de anunciar lo que puede ser el desarrollo en las autonomías de la norma que afectará a las profesiones en España.
El informe parte de los principios incluidos en su propia norma de desarrollo de la Ley Ómnibus y la Ley Paragͼas. Se trata de la Ley 8/2009 de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña.
Esta ley autonómica establece el principio general de colegiación voluntaria, exige requisitos para la creación de nuevos colegios profesionales -titulación oficial y razones de interés público- y que no afecta a las corporaciones ya inscritas en el registro autonómico de colegios de Madrid.
Sin embargo, el informe dibuja el escenario de cómo debería aplicarse la reforma cuando el Estado apruebe la Ley de Servicios Profesionales, extremo que, a día de hoy, no parece cercano.
Por ejemplo, propone una revisión retroactiva del actual registro de colegios y modificarlo a la luz de la futura colegiación voluntaria. Según el informe, en el registro madrileño hay 27 colegios, y la práctica totalidad cuentan con colegiación obligatoria. Sin embargo, como este escenario puede cambiar en el futuro de forma radical -serán mayoría las corporaciones de colegiación voluntaria, según se desprende de los anuncios de la futura reforma legislativa-, el informe plantea varias modificaciones.
Nueva denominación
Por ejemplo, que los colegios con colegiación voluntaria pierdan la “representación institucional exclusiva” de sus respectivas profesiones. En este sentido, propone denominar “asociaciones profesionales” a los colegios que en el futuro tengan colegiación voluntaria.
Según el informe, “se advierte la conveniencia de aplicar retroactivamente la norma que supedita la constitución de nuevos colegios a la exigencia de titulación oficial y concurrencia de razones de interés público, ya que no hay razón, al menos desde la perspectiva de la defensa de la competencia, que justifique la existencia de distintos regímenes para entidades de la misma naturaleza”.
Se trata de, precisa, “adecuar las organizaciones colegiales existentes en el ámbito madrileño a los requisitos exigidos por la ley”. Y añade que, “con mayor razón, en el caso de que se valorara la oportunidad de convertir los colegios de adscripción voluntaria en asociaciones profesionales”.
Un toque de atención para el futuro
La propuesta de quitar la representación institucional exclusiva de las profesiones a las corporaciones que sean de colegiación voluntaria no es más que uno de los preludios del escenario que se dibuja para los próximos tiempos. Con la llegada de la Ley Ómnibus, se ha iniciado una tendencia que diluye la influencia institucional de los colegios. Por este motivo, estas instituciones están obligadas a plantearse nuevas estrategias porque las leyes les exigen ser más accesibles a los consumidores.
El informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid recuerda los mandatos de la Ley Ómnibus: la colegiación telemática, la ventanilla única, la memoria anual, el servicio de atención a los colegiados y consumidores, entre otros, y que deben ser incorporados a la legislación autonómica. Ahora ya hay profesiones de colegiación voluntaria, como los agentes de la propiedad inmobiliaria o los biólogos. Sin embargo, con la reforma del Gobierno, en un futuro habrá muchas más profesiones en esta situación y que se citan en el informe de Madrid: los agentes comerciales, los decoradores, los comisionistas de aduanas, los fisioterapeutas, los podólogos, los psicólogos, los higienistas dentales, los veterinarios o los licenciados en educación física y los doctores en filosofía y letras, entre otros.

Un Catastro abierto, más útil para todos

Miércoles, 20 de abril de 2011

El Catastro facilita el negocio a las empresas con su base de datos
18/04/2011 – Cinco Días – Editorial
En contraste con la imagen decimonónica que tradicionalmente ha llevado a sus espaldas, la reforma que ha llevado a cabo en la Dirección General del Catastro la Ley de Economía Sostenible supone una verdadera revolución en el modo de funcionamiento de este organismo. Reclamada con insistencia desde distintos ámbitos a lo largo de los últimos años, la reforma del Catastro supone, entre otras novedades, la puesta a disposición a través de internet de forma completamente gratuita para los ciudadanos y las empresas de la ingente masa de información catastral.
La descarga masiva de esos contenidos en la red permitirá conocer fácilmente extremos como la descripción física, los datos jurídicos y el valor de un total de 75 millones de bienes inmuebles en toda España. Una valiosísima y vasta fuente de conocimiento que podrá ser utilizada sin coste alguno con fines particulares -pero también comerciales- con los únicos límites de protección de la privacidad que establece la ley.
Más allá de la modernización tecnológica que supone la puesta a disposición de todos esos datos en la red, el primer efecto que la reforma del Catastro traerá consigo es un cambio en el perfil de sus usuarios. Hasta hace poco tiempo eran las Administraciones públicas la principal fuente de peticiones de información dirigidas al organismo. Atraído por las posibilidades comerciales y la agilidad de acceso que posibilita la consulta a través de internet, el sector privado aparece ahora como el gran beneficiado de esta medida. Entidades financieras, promotores inmobiliarios, empresas de estudio de mercado, agentes de la propiedad, compañías de telecomunicaciones y profesionales constituyen ya algunos de los nuevos clientes del Catastro. Todos ellos se beneficiarán de la posibilidad de reutilizar una base de datos cuya puesta a disposición pública -según reconoce el propio organismo- ha tenido un coste prácticamente marginal.
El proceso de modernización que se está llevando a cabo en el seno de la Dirección General del Catastro no se limita a la descarga de su base de datos en la red. Entre los cambios que ha introducido la Ley de Economía Sostenible figuran soluciones a viejas asignaturas pendientes que, sin duda, debían haber sido abordadas hace tiempo. Es el caso de una mayor coordinación del organismo con los cuerpos de registradores de la propiedad y de notarios para garantizar la actualización de la información catastral y subsanar las posibles discrepancias entre esta y la realidad física inmobiliaria. El objetivo de estas mejoras es impulsar la agilidad del tráfico mercantil y facilitar una información más exacta y un mayor ahorro de tiempo por parte de ciudadanos y empresas. Unos objetivos imprescindibles para el Catastro del siglo XXI.