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El Confidencial Digital

Empresas ficticias, ”˜parados”™ con uno o más empleos, personas que trabajan sin alta en la seguridad social… La economía sumergida cuesta al Estado más de 90.000 millones anuales, y el Gobierno califica ya la situación de insostenible: ha intensificado las investigaciones con visitas a locales y empresas para combatir los fraudes contra Hacienda.
El pasado 28 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan para “aflorar, perseguir y penar” la economía sumergida, un fenómeno que representa, según cálculos del Gobierno, el 24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. Pese a que la nueva ley entró en vigor el pasado 7 de mayo, Hacienda lleva desde principios de año sometiendo a empresarios y trabajadores a unos duros y exhaustivos controles.
Según ha sabido El Confidencial Digital, el Ministerio de Trabajo introdujo, en las Directrices del Plan de Control Tributario para el presente año, una orden para que se empezar a realizar inspecciones presenciales en locales y empresas de toda España y de todos los sectores económicos, con el objetivo de descender el número de fraudes fiscales, que no han parado de crecer desde el comienzo de la crisis.
Para esta misión, la Agencia Tributaria lleva, desde el mes de febrero, enviando inspectores a todas las comunidades autónomas -salvo País Vasco y Navarra- para que controlen, ”˜in situ”™, la actividad económica de empresas y particulares que están considerados como “sospechosos” por Trabajo.

Los fraudes más frecuentes
Según las fuentes consultadas por este diario, los funcionarios de Hacienda encargados de estas investigaciones han llevado a cabo 8.575 actuaciones en empresas hasta el 23 de mayo de 2011. Fruto de estas pesquisas, se han abierto 257 expedientes basados en las irregularidades observadas.
Los inspectores de la Agencia Tributaria se han encontrado con una buena lista de fraudes cometidos por compañías y empleados. Éstos han sido los más frecuentes:
–Personas físicas y jurídicas que no se habían dado de alta en la seguridad social. Los datos incorporados a la base de datos del ministerio de Trabajo corresponden a 5.396 nuevos contribuyentes, que antes de los controles no declaraban a Hacienda.
–Extranjeros sin autorización para trabajar. Durante los meses de marzo y abril, se contabilizaron 68 casos en los que las empresas tenían como empleados a personas sin su permiso de residencia en regla.
–Cobro de ayudas de la seguridad social pese a tener trabajo. En el mismo periodo, se detectaron 164 casos en los que se compatibilizaron prestaciones de seguridad social (por desempleo, incapacidad, o jubilación contributiva) con un puesto de trabajo.
–Existencia de empresas ficticias sin actividad real. Los inspectores han detectado que fueron creadas para simular una relación laboral inexistente, con el objetivo de recibir prestaciones de seguridad social o “beneficios indebidos”.
La investigación de los inspectores también se ha extendido al trabajo declarado de forma incompleta o incorrecta, como “encuadramientos indebidos, diferencias de cotización y otros supuestos de seguridad social, así como derivaciones de responsabilidad”.
Según el documento del Gobierno antes citado, todas estas actuaciones “han incrementado la percepción de control ejercido por las administraciones, lo que favorece la regularización inducida, y han permitido el descubrimiento de conductas irregulares”.

El Ministerio de Fomento no admitirá el centro comercial en Rabasa hasta que se garantice que no se merma la capacidad de las autovías próximas
Manuel Dopazo. Información

Un informe demoledor que cuestiona seriamente los dos proyectos más importantes que está tramitando el Ayuntamiento, el de Ikea en Rabasa, a cuya implantación pone serios reparos, y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así es el informe de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento sobre el PGOU, que es preceptivo y vinculante, en el que advierte a la Gerencia de Urbanismo que no admitirá la implantación del centro comercial de Ikea sin demostrar que no supondrá merma del servicio de las autovías próximas. Además, obliga a modificar hasta un total de 12 planes parciales previstos en el PGOU que lindan con carreteras nacionales al reclamar que se amplie la zona de servidumbre de las mismas.
El informe de Carreteras ha caído como un mazazo en el Ayuntamiento, ya que no sólo obliga a modificar el PGOU, sino que la relevancia de los cambios es tal, que tras introducirlos en el documento el Ayuntamiento se verá obligado a someterlo a una nueva exposición pública. Además, el informe desfavorable de Carreteras ha sorprendido por sus múltiples reparos ya que el mismo organismo del Ministerio de Fomento emitió un primer informe sobre el PGOU, en 2008, en el que se advertían menos deficiencias y no era desfavorable, aunque es verdad que no se pronunciaban sobre Ikea porque entonces todavía no se contemplaba su implantación en el PGOU.
Hasta tal punto ha impactado el informe en el Ayuntamiento que la nueva concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, que ayer fue informada detenidamente de su contenido, ya ha decidido gestionar una reunión con Carreteras para tratar el asunto y buscar soluciones. Para la edil del PP, entre el primero y este segundo informe de Carreteras sobre el PGOU hay serias contradicciones de las que pedirá explicaciones.
Con respecto a los reparos sobre el plan Rabasa, el informe del organismo de Fomento supone un gran varapalo para la viabilidad de Ikea pues, aunque es verdad que no cierra las puertas a su implantación, lo cierto es que pone serias dificultades al mismo al advertir que el proyecto de urbanización de Rabasa no será autorizado “en tanto no se demuestre que las nuevas conexiones e infraestructuras a realizar por el urbanizador no representarán una merma en el nivel de servicio de las autovías de su entorno ni en los ramales existentes”.
Los reparos serios sobre Ikea no se limitan a los citados ya que también demanda la elaboración de un estudio de tráfico que justifique la “viabilidad” de las nuevas conexiones propuestas desde Rabasa con la red de carreteras del Estado. Este estudio ya fue exigido cuando la Dirección General de Carreteras informó sobre el plan Rabasa pero, según se recalca en el informe, sigue sin aprobarse y, además subraya que “existen fundadas reservas por nuestra parte sobre la viabilidad de implantar conexiones” con un nuevo vial de acceso a la ciudad previsto en el plan Rabasa y que conectará con Ikea.
Por lo que respecta al PGOU en general, Carreteras obliga al Ayuntamiento a modificar hasta un total de doce planes parciales, porque están afectados por carreteras nacionales y en todos los casos exige cambios en la zona de servidumbre de las mismas, de forma que los terrenos limítrofes a las autovías y carreteras se califiquen como zona verde. En total son seis los viales de ámbito nacional que atraviesan el término municipal, de los que uno es la carretera nacional N-334 y las cinco restantes son autovías: A-31, A-7, A-70, A-77 y A-79.
Esta exigencia obliga a modificar gran parte de los planes parciales que se prevén en el PGOU, incluyendo la mayoría de los más importantes en el desarrollo futuro de la ciudad. Así, la Gerencia de Urbanismo deberá rectificar los planes de Rabasa, Orgegia, Campamento (frente a Rabasa y junto a la Universidad), Panteón de los Guijarro (Villafranqueza), Barítono Paco Latorre, Pla de Nadal (próximo al Palmeral), Ampliación del Pla de la Vallonga, Ampliación de las Atalayas, Fontcalent, Ampliación de la Universidad, Las Lomas (Garbinet) y la Plataforma Logística.
Sobre esta reserva de suelo limítrofe con los viarios de ámbito nacional el informe critica que en los planes parciales se haga coincidir el límite autorizado para edificar con la fachada de los futuros edificios a construir, al advertir que ello implicará que la zona de servidumbre, entre estas edificaciones y las carreteras nacionales, se destinen a “viales, servicios, zonas verdes” de las urbanizaciones construidas, “contraviniendo la obligatoriedad de destinarlas a zonas verdes no computables”.
La edil de Urbanismo apenas ha tenido tiempo de estudiar el informe y consultarlo con sus técnicos, pero es consciente de lo que se le ha venido encima ya que además de todos estos cambios generales hay otros numerosos reparos a tramos concretos de muchos de los viarios previstos, con rectificación de trazados y supresión de conexiones. Todo ello va a obligar al Ayuntamiento a un ímprobo esfuerzo para poder obtener el visto bueno de Carreteras.

Hipermercados inviables
El término municipal de Alicante no podrá acoger en el futuro más hipermercados, según recalca la Unidad de Carreteras al advertir de una “contradicción” en la redacción del PGOU. Así, el organismo de Fomento señala que en el PGOU se permite como único emplazamiento para los hipermercados las “zonas colindantes con al autovía A-7 y con acceso desde la misma”. Carreteras recuerda al Ayuntamiento que esta ubicación hace “inviables” a los hipermercados ya que “las autovías, por imperativo legal, no pueden tener acceso directo”. Incluso en el caso de que el acceso sea indirecto, el informe indica que debería exigirse en el PGOU un estudio previo de tráfico.

El examen a la banca europea – El balance general
El Gobierno y el Banco de España niegan los suspensos porque los bancos cuentan con suficientes provisiones – El sector “es más sólido que el de los grandes países”
͍ñigo de Barrón – Madrid – 16/07/2011 – El País

El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, comparó ayer los resultados de las pruebas de resistencia a 90 entidades europeas con los Oscar de Hollywood, “aunque aquí no se hablará de ganadores, sino de perdedores”. Dio en el clavo: todos los focos se pusieron sobre las cinco entidades españolas que no han alcanzado la nota mínima de capital, el 5%, en un hipotético escenario de recesión: CatalunyaCaixa, Unnim, la CAM y el Grupo Caja 3 (Caja de la Inmaculada, Caja Badajoz y Caja Círculo Católico de Burgos), además del Banco Pastor. El BBVA quedó entre los primeros por solvencia de Europa, seguido del Santander.
El supervisor cree que es más grave el problema de Grecia que el de la banca
“Una forma de no suspender es no presentarse”, critica Ordóñez
En los grandes países de Europa aprobaron los bancos de dos economías rescatadas (Portugal e Irlanda) así como los franceses, italianos, alemanes y británicos que se presentaron. No pasaron la prueba dos bancos griegos y un austriaco, además de los españoles.
En total, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), estas ocho entidades necesitarían un capital adicional de 2.500 millones de euros. De esta cantidad, 1.564 millones corresponden a los españoles (solo la CAM tiene un déficit de 947 millones).
Sin embargo, como todas ellas tienen provisiones anticíclicas (una hucha para los tiempos de crisis), el Banco de España considera que no necesitan más capital y las considera aprobadas. Estas provisiones suma 17.000 millones. Tampoco pedirán capital las entidades griegas y el banco austríaco. Es decir, después de tanta tensión por las pruebas de esfuerzo, ninguna entidad europea ha suspendido, según el criterio de los Gobiernos afectados. Un mensaje poco creíble para los mercados. El bono español a 10 años cerró, antes de conocerse los resultados, en el 6,1% de rentabilidad, uno de los máximos desde 1997. La prima de riesgo se quedó en 337 puntos básicos sobre el bono alemán, una de sus mayores cotas. La gran incógnita es qué harán los mercados el lunes, el día en que Bankia tiene que cerrar las peticiones de los inversores institucionales para salir a Bolsa.
¿Por qué sacar menos de un 5 no es un suspenso? La polémica estaba servida porque la EBA (para contentar a unos Gobiernos y a otros) admitió que las pruebas de resistencia tuvieran dos notas: la oficial y otra ajustada a la contabilidad de cada país. En esta se añadieron más activos para calcular el capital. “No admito que han suspendido. Solo que se han quedado por debajo del 5 oficial, pero tienen capital suficiente con las provisiones y no necesitan más”, insistió Ordóñez. Admitió discrepancias con la EBA sobre el capital, pero alabó su cometido y recordó que él mismo participó en su gestión, que consideró el origen del supervisor europeo.
“Es verdad que la noción del suspenso puede estar ahí, pero lo importante es que no necesitan más capital, lo llamemos como lo llamemos. No han suspendido”, sentenció Elena Salgado, vicepresidenta primera del Gobierno, en una rueda de prensa posterior. En su opinión, el resultado es “excelente” y muestra la “solidez” del sistema financiero español “que está por encima de grandes países”.
Ordóñez, que empezó su presentación nervioso y acabó charlando con tranquilidad, quitó hierro al asunto porque no cree que los bancos sean el punto negro de Europa. “El problema número uno es la incapacidad para solucionar la crisis de la economía griega, que es el 2% de la Unión. El populismo hace que los políticos salgan de las reuniones sin una solución. Lo grave es que Grecia no paga su deuda. Al lado de eso, los demás problemas son pequeños”, concluyó. El gobernador reiteró la necesidad de profundizar en las reformas en España, como incide siempre en sus comparecencias públicas.
Precisamente los exámenes han sido cuestionados por los analistas porque las carteras de deuda soberana no han sido estresadas y la situación actual es peor que la que se contempla en las pruebas. Ordóñez admitió que la EBA no había sido muy estricta con las carteras de deuda denominadas a vencimiento y disponibles para la venta. Para subsanar esta laxitud, el gobernador aclaró que la EBA ha dicho que “aquellos que hayan obtenido una nota cercana al 5 y tengan una exposición importante al riesgo soberano, deben quedar bajo vigilancia”.
Al igual que en 2010, este año España ha sido el país que más entidades ha presentado y el que más suspensos ha cosechado. En las anteriores pruebas cayeron cuatro cajas y el Banco de España también mostró su satisfacción por haber sido el único sistema financiero europeo que examina al 95% de las entidades. La media europea es del 65% de sistema. El gobernador admitió que la estrategia es arriesgada. “Puede que haya sido un error. Si hubiéramos presentado solo cuatro entidades (Santander, BBVA, La Caixa y Bankia), que es lo que nos exigía el examen, no hubiéramos tenido ningún suspenso. Pero hemos optado por la transparencia total. Que el mercado sepa todo sobre los balances de las entidades porque el problema español está acotado a unas pocas cajas”, comentó.
El problema español es que buena parte de las cajas que suspendieron hace un año, han vuelto a caer. Es decir, está limitado pero también enquistado, pese a que la reforma de las cajas empezó hace tres años. Las que repiten suspenso son CatalunyaCaixa, Unnim y la CAM, que no apareció explícitamente porque estaba negociando una fusión. Ordóñez dedicó buena parte de su discuro a la defensa de la reforma de las cajas. “Podíamos haber optado por el manguerazo de dinero público a todas las entidades. Pero hemos optado por obligar a que se saneen, se fusionen y después inyectar capital público bajo duras condiciones”, explicó.
El gobernador alardeó de fortaleza frente a los países con aprobados generales: “Ninguno de los seis grandes países europeos puede decir que no ha tenido que ayudar a sus principales bancos”. Incluso atacó a Alemania, después de que el banco Helaba se retirara el jueves del examen para evitar el suspenso: “Una forma de no suspender es no presentarse”.
Respecto al daño reputacional que puede sufrir el sistema español por los suspensos, el supervisor comentó: “Es posible que en los primeros días se destaque lo negativo por la repercusión en los medios, pero los expertos verán que las entidades españolas son sólidas”.
Sin embargo, España repite parte de las entidades suspendidas. Los periodistas cuestionaron la tardanza en reformar las cajas. El gobernador lo rebatió. “Es cierto que las cajas se deberían haberse reformado antes, hace cinco o 20 años, pero se han reestructurado y recapitalizado en casi 100.000 millones. Eso no se hace en un día. Los cambios profundos tardan”.
Las ideas clave
- Ocho entidades, de las 90 que se sometían a las pruebas, no han logrado los mínimos de capital: cinco españolas, dos griegas y una austríaca. Ninguna necesitará, sin embargo, pedir más capital del que ya tienen en sus balances.
- España podría haber presentado al examen solo a las cuatro mayores (Santander, BBVA, La Caixa y Bankia), ya que representan más del 50% del sistema, que es lo que exigía la Autoridad Europea.
- El Banco de España prefirió examinar a todas para aumentar la transparencia y defender la solidez del sistema.
- El gobernador, Miguel Fernández Ordóñez, dijo que el problema de Europa no es el sistema financiero, sino que Grecia no paga sus deudas; y pidió a los políticos que “se dejen de populismo” y lo resuelvan.
- Lo más importante ahora es el análisis que hagan los especialistas tras unos días para conocer la situación real de las entidades.