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Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre

Jueves, 17 de noviembre de 2011

El texto en Boletín Oficial del Estado: 17 de noviembre de 2011, Núm. 277
I. Disposiciones generales
Ministerio de Justicia
Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por los que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los registradores mercantiles.
Rango: Real Decreto
Código de Verificación Electrónica (CVE): BOE-A-2011-17962
Páginas: 118907 a 118911 – 5 págs.
Contenido, oficial y auténtico, de la disposición:
PDF de la disposición
Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico, firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe insertando el código BOE-A-2011-17962 en la casilla de verificación de documentos.
TEXTO
Diversas leyes en los últimos años han modificado los aranceles notariales y registrales, sin que hayan tenido un reflejo en la normativa arancelaria.
La regulación de los aranceles de notarios y registradores se contiene en los Reales Decretos 1426/1989 y 1427/1989, de 17 de noviembre, y el Decreto 757/1973 respectivamente. Además, en materia hipotecaria, la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios, incorpora una previsión en su artículo 8 sobre los aranceles notariales y registrales en caso de subrogación, novación modificativa o cancelación de créditos o préstamos hipotecarios.
La Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, dio nueva redacción al mencionado precepto limitando los aranceles notariales y registrales aplicables a dichas operaciones.
Según la nueva redacción de dicha norma, además de a las operaciones de subrogación y novación modificativa, los honorarios notariales de las escrituras de cancelación de créditos o préstamos hipotecarios se calculan aplicando los aranceles correspondientes a los documentos sin cuantía previstos en el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre. Los honorarios registrales para la inscripción de dichas escrituras se calculan aplicando los aranceles correspondientes «al número 2 -inscripciones- del anexo 1 del Real Decreto 1427/1989, tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90 %».
El presente real decreto viene a coordinar en los reales decretos que específicamente regulan los aranceles aplicables por notarios y registradores las diversas modificaciones operadas por ley o normas con rango de ley en los últimos años y cuya aplicación ha dado lugar a diversas dudas interpretativas. En este sentido, en primer término se incorpora a la normativa sobre aranceles notariales y registrales las previsiones contenidas en el artículo 8 de la Ley 2/1994, según la redacción dada por la Ley 41/2007. El objetivo de dicha incorporación es dotar de claridad al sistema arancelario en aquellas operaciones que pueden tener una especial incidencia en el mercado hipotecario y en la financiación de empresas y particulares, evitando la disparidad de interpretaciones que, en ocasiones, se han producido.
Asimismo, se recogen los aranceles que para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada se establecieron en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que en el caso de los Registradores Mercantiles se lleva al Decreto 757/1973, de 29 de marzo, que aprueba su arancel.
Por otro lado, se pretende aclarar las dudas que ha suscitado la aplicación de la rebaja del 5 por 100 en los aranceles notariales y registrales prevista por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en su disposición adicional octava, y que obedece a la condición de funcionarios públicos de los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles, y cuya adopción respondió a la excepcionalidad de la situación económica que debiera comportar su limitación en el tiempo, pero a la que en estos momentos se debe dar uniformidad en lo que respecta a su aplicación. En concreto, se declara que dicha rebaja arancelaria se aplicará con carácter adicional a los demás descuentos, reducciones, bonificaciones o rebajas que se prevean en relación con los aranceles notariales y registrales que se calculen sobre la base que se indica en esta norma.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011,
DISPONGO:
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.
Uno. Se da nueva redacción a las letras f), g) y h) del apartado 1 del número 1 del anexo I:
«f) Escrituras de subrogación y novación modificativa de créditos o préstamos hipotecarios: 30,050605 euros.
Por las escrituras de cancelación de crédito o préstamo hipotecario, y con independencia del capital pendiente de amortizar y de que la operación se integre en un proceso de subrogación o novación hipotecaria, se percibirá 30,050605 euros, sin que se devengue cantidad alguna a partir del quinto folio de matriz y de copia, sea copia autorizada o copia simple.
g) Escrituras de constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática que no tuvieren entre sus socios personas jurídicas ni un capital social superior a 30.000 euros y cuyo órgano de administración delimitado en los estatutos sociales se estructure como un administrador único, varios administradores solidarios, cualquiera que sea su número, o dos administradores mancomunados, por todos los conceptos: 150 euros. Dicha cantidad será de 60 euros, por todos los conceptos, cuando, además de los requisitos anteriores, el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia.
h) Demás documentos (estado civil, emancipación, reconocimiento de filiación, etc.): 30,050605 euros.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo final al apartado 1 del número 2 del anexo I, con la siguiente redacción:
«En todos los supuestos de este apartado se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el notario. Esta rebaja también se llevará a cabo, en todo caso, en los supuestos previstos en los apartados siguientes de este número que resulten de la aplicación de esta escala y con carácter adicional a los demás descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente.»
Tres. El apartado 2 de la regla novena del anexo II pasa a tener la siguiente redacción:
«Novena.
2. Los derechos que los Notarios devenguen con arreglo a estos aranceles se consignarán en la oportuna minuta en la que se expresarán los suplidos, conceptos, bases y números del arancel aplicados que deberá firmar el Notario, de acuerdo con las obligaciones de información que se establecen en el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
La minuta deberá contener expresa mención del recurso que contra ella cabe y el plazo para su impugnación.
El modelo de minuta será uniforme para todas las Notarías y será aprobado por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Las operaciones, con independencia de su modo de tramitación, que no tengan señalados derechos en el arancel no devengarán derecho de cobro ninguno.»
Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad.
Uno. El apartado 1 del número 2 del anexo I pasa a tener la siguiente redacción:
«1. Por la inscripción, anotación o cancelación de cada finca o derecho, se percibirán las cantidades que fijan las siguientes escalas:
a) Si el valor de la finca o derecho no excede de 6.010,12 euros, 24,040484 euros.
b) Por el exceso comprendido entre 6.010,13 y 30.050,61 euros, 1,75 por 1.000.
c) Por el exceso comprendido entre 30.050,62 y 60.101,21 euros, 1,25 por 1.000.
d) Por el exceso comprendido entre 60.101,22 y 150.253,03 euros, 0,75 por 1.000.
e) Por el exceso comprendido entre 150.253,04 y 601.012,10 euros, 0,30 por 1.000.
f) Por el valor que exceda de 601.012,10 euros 0,20 por 1.000.
g) El arancel aplicable a la inscripción de escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o préstamos hipotecarios será el contemplado en este apartado, tomando como base el capital pendiente de amortizar reducido en un 90 por 100 y con independencia de que la operación se integre o no en un proceso de subrogación o novación hipotecaria.
En todo caso, el arancel global aplicable regulado en el número 2 del arancel no podrá superar los 2.181,673939 euros ni ser inferior a 24,040484 euros.
En todos los supuestos de este número se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el registrador de la propiedad. Esta rebaja también se llevará a cabo, en todo caso, en los supuestos previstos en los apartados siguientes de este número y con carácter adicional a los demás descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente y sin que resulte de aplicación a la misma lo dispuesto en el apartado 6 de este número.»
Dos. Se da nueva redacción al apartado 2 de la norma quinta y a la norma novena del anexo II:
«Quinta.
2. Los derechos devengados por los registradores con arreglo a estos aranceles se consignarán en la oportuna minuta, en la que deberán expresarse los suplidos, conceptos, bases y números del arancel. La minuta, que irá firmada por el Registrador, incluirá las obligaciones de información que se establecen en el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y deberá contener mención expresa al recurso que contra ella cabe y el plazo para su impugnación.»
«Novena.
Las operaciones, con independencia de su modo de tramitación, que no tengan señalados derechos en el arancel no devengarán derecho de cobro ninguno.»
Artículo tercero. Modificación del Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el adjunto Arancel de los Registradores Mercantiles.
Uno. El número 5 del Arancel de los Registradores Mercantiles pasa a tener la siguiente redacción:
«Por la inscripción o anotación de la constitución, absorción, fusión o transformación de cada Sociedad, así como por la emisión de obligaciones u otros títulos, se percibirán los derechos que se consignan en las siguientes escalas:
”¢ Escala primera. Si la cuantía del derecho objeto de la inscripción o anotación no excede de 3.005,06 euros: 6,010121 euros.
Ӣ Escala segunda. Por lo que exceda de 3.005,06 euros hasta 30.050,61 euros: 0,10 %.
Ӣ Escala tercera. Por lo que exceda de 30.050,61 euros hasta 90.151,82 euros: 0,08 %.
Ӣ Escala cuarta. Por lo que exceda de 90.151,82 euros hasta 240.404,84 euros: 0,06 %.
Ӣ Escala quinta. Por lo que exceda de 240.404,84 euros hasta 601.012,10 euros: 0,038 %.
Ӣ Escala sexta. Por lo que exceda de 601.012,10 euros hasta 1.202.024,21 euros: 0,02 %.
”¢ Escala séptima. Por lo que exceda de 1.202.024,21 euros hasta 6.010.121,04 euros: 0,009 %.
Ӣ Escala octava. Por lo que exceda de 6.010.121,04 euros, el 0,005 %.
En todo caso, el arancel global aplicable regulado en este número no podrá superar los 2.181,673939 euros.
Gozarán de la bonificación del 50 por 100 de los derechos que resulten por aplicación de las escalas de este número las Administraciones Públicas o sus organismos, en las inscripciones o anotaciones de las Entidades en que los mismos participen y en relación con el capital que en cada una de ellas les pertenezca.
En los anteriores supuestos previstos en este número se aplicará una rebaja del 5 por 100 del importe del arancel a percibir por el registrador mercantil. Esta rebaja también se llevará a cabo, en todo caso, en los supuestos previstos en los números siguientes en los que el arancel resulte de la aplicación de la escala prevista en este número 5 y con carácter adicional a los demás descuentos y rebajas previstos en la normativa vigente.
Por la inscripción de la constitución de sociedades de responsabilidad limitada por vía telemática que no tuvieren entre sus socios personas jurídicas ni un capital social superior a 30.000 euros y cuyo órgano de administración delimitado en los estatutos sociales se estructure como un administrador único, varios administradores solidarios, cualquiera que sea su número, o dos administradores mancomunados, se percibirá, por todos los conceptos, la cantidad fija de 100 euros. Dicha cantidad será, por todos los conceptos, de 40 euros cuando, además de los requisitos anteriores, el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada no sea superior a 3.100 euros y sus estatutos se adapten a algunos de los aprobados por el Ministerio de Justicia.»
Dos. Se añade una disposición adicional quinta nueva con la siguiente redacción:
«Quinta.
El importe de los derechos devengados, la base tenida en cuenta para su cálculo y los números del arancel aplicados se hará constar al pie del título registrado, al final de la certificación o nota informativa, en su caso, y tras la nota de despacho que se hubiere practicado en el libro diario.
Los derechos devengados por los registradores con arreglo a estos aranceles se consignarán en la oportuna minuta, en la que deberán expresarse los suplidos, conceptos, bases y números del arancel. La minuta, que irá firmada por el Registrador, incluirá las obligaciones de información que se establecen en el apartado 2 de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y deberá contener mención expresa al recurso que contra ella cabe y el plazo para su impugnación.
Los Registradores entregarán el original de la minuta al interesado y conservarán una copia de la misma.
El modelo de minuta será uniforme para todos los Registros y será aprobado por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Las operaciones, con independencia de su modo de tramitación, que no tengan señalados derechos en el arancel no devengarán derecho de cobro ninguno.»
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto tiene su base en la competencia estatal de la ordenación de los registros e instrumentos públicos del artículo 149.1.8ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de noviembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FRANCISCO CAAMAÑO DOM͍NGUEZ

The perfect storm

Jueves, 17 de noviembre de 2011

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Bonig: “Las ventajas del sofware libre de la Generalitat facilitan la labor de los Registradores de la Propiedad”

Jueves, 17 de noviembre de 2011

En la inauguración de l Congreso TEMPLE SIG REG

16/11/2011 | la noticia en elperiodic.com
Ӣ TEMPLE SIG REG es una herramienta que va a permitir conocer todo tipo de datos acerca de una finca

La conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig ha inaugurado el I Congreso de Registradores de la Propiedad usuarios del programa TEMPLE SIG REG, una herramienta informática desarrollada a partir de uno de los grandes proyectos de la conselleria, el gvSIG y que facilitará el trabajo en este sector.
Bonig ha señalado que “TEMPLE SIG REG, es una herramienta que va a permitir, mediante una gran base de datos actualizada, conocer el dominio y demás derechos reales existentes sobre una finca, sus inscripciones, anotaciones, dando fe jurídica del titular de la finca registral, sus hipotecas, embargos, cargas urbanísticas, etc”
La consellera ha indicado que “lo más importante es que nos va a permitir identificar gráficamente la finca, sus lindes, servidumbres, segregaciones, reparcelaciones, etc. Una información que hasta la fecha era suministrada por el Servicio de Catastro y que en no pocas veces, sobre todo en fincas con un historial de agrupaciones importante era una aventura y casi una misión imposible averiguar”.
“TEMPLE SIG REG, un sistema de información geográfica que permite geo-referenciar jurídicamente una parcela, informando al ciudadano sobre las condiciones del planeamiento urbanístico, infracciones que pudiesen existir sobre el territorio.” ha añadido Bonig.
La titular de Infraestructuras ha resaltado que “esto es solo el principio; con casi sesenta integrantes, “Cooperativa Registral de Servicios Tecnológicos”, la primera Cooperativa de Servicios Registrales del Mundo, no ha hecho sino iniciar un camino, abrir una puerta al futuro tecnológico que esta llamado a seguir creciendo. A un solo “click” de ratón, toda la información imaginable sobre un territorio, sobre una finca registral, sobre una parcela, es y será posible. Y eso, en los tiempos que vivimos es fundamental porque sobre todo y por encima de todo, nos otorga garantías, seguridad y seguridad jurídica”.
Proyecto gvSIG
El proyecto gvSIG se enmarca en el programa de migración a sistemas abiertos, de todos los sistemas informáticos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Una Conselleria que por su ámbito de competencias, actúa necesariamente sobre el territorio, teniendo que estudiarlo, transformarlo y adaptarlo, necesitando dotarse, para ello, de las herramientas informáticas más eficientes.
En este contexto, el gvSIG nació como una herramienta para manejar información geográfica, destinada a satisfacer las necesidades de los usuarios de la Generalitat Valenciana y la interoperatividad entre administraciones. Se configuró como una herramienta a medida, adaptada a nuestras necesidades y que nos proporciona una independencia tecnológica.
Con el tiempo, esta herramienta no solo ha servido para satisfacer las necesidades de los usuarios de la Generalitat sino que se ha situado como una aplicación referente para los usuarios de otras administraciones a nivel nacional e internacional.

Rodríguez-Piñero se compromete a trabajar con notarios y registradores las medidas para llegar a la dación en pago

Jueves, 17 de noviembre de 2011

16/11/2011 | la noticia en elperiodic.com

“No podemos dejar a los hipotecados en una situación de desventaja real frente a las entidades financieras”, ha dicho Inmaculada Rodríguez-Piñero, con ocasión de la reunión que ha mantenido esta mañana con las directivas de los colegios de registradores y notarios de la Comunitat Valenciana, con el fin de explicarles las propuestas socialistas relacionadas con la dación en pago de la vivienda y los problemas de insolvencia personal.
Uno de los problemas más acuciantes que ha puesto de manifiesto la crisis es la situación que viven miles de familias al no poder hacer frente al pago de su hipoteca y perder la vivienda, ha reconocido la candidata socialista, sobre todo cuando se tiene que seguir haciendo frente a la devolución de los préstamos. Ha explicado que en el programa electoral se recogen dos medidas muy concretas relacionadas con este problema: una reforma de la ley hipotecaria y una ley de insolvencia personal.
“Somos partidarios”, ha manifestado, “de impulsar la dación de pago y hacer obligatoria la oferta de la dación en pago en todas las nuevas hipotecas, para que sea el ciudadano el que decida entre las dos opciones”. Conscientes de que eso no resolverá el problema de los que ahora mismo tienen que hacer frente a la situación pérdida de su vivienda y devolución del préstamo, “los socialistas planteamos una reforma de la ley hipotecaria que incentive llegar a un acuerdo para la dación en pago antes de llegar a un proceso de subasta”, ya que “la peor situación a la que se puede llegar es el proceso de ejecución”.
Por ello, ha señalado, “tenemos que encontrar los mecanismos que impulsen ese acuerdo entre las partes para que el hipotecado no tenga que asumir todo el riesgo y todas las pérdidas”. Con este planteamiento, Inmaculada Rodríguez-Piñero quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a los hipotecados en esa situación.
La coordinadora del programa electoral socialista ha agregado otras medidas programáticas en este sentido. Por un lado, “una línea nueva de crédito del ICO para facilitar la situación de transitoriedad hasta que encuentren una solución definitiva para el pago de la hipoteca”. Por otro, la posibilidad de que “para aquellos que estén en situación de desempleo haya una prórroga necesaria y obligatoria en el plazo de devolución de las hipotecas”. En resumen, se trata de facilitar “todos los medios para que no se repitan las situaciones de desahucio que estamos viviendo”.

Los notarios devolverán los aranceles si la justicia lo exige

Jueves, 17 de noviembre de 2011

López Pardiñas advierte que la legislación anterior ofrecía “dudas interpretativas”
Lola Fernández – Benidorm (Alicante) – 15/11/2011 – la noticia en Cinco Días
El cobro, en algunas ocasiones excesivo, de aranceles de notarios y registradores en caso de cancelación hipotecaria ha vuelto a saltar a la palestra en la cuarta sesión del 11 Congreso Notarial que finaliza hoy en Benidorm (Alicante) para conmemorar el 150 Aniversario de la Ley del Notariado. El presidente de los notarios españoles, Manuel López Pardiñas, explicó ayer que el real decreto aprobado por el último Consejo de Ministros que delimitaba el cobro de aranceles hipotecarios ofrece “serias dudas interpretativas”.
“Entendemos que no existe ningún motivo para interpelar o cuestionar de la forma tan severa como se ha hecho la actuación de los notarios”, se defendió Pardiñas de las recientes manifestaciones de la OCU, y añadió que los fedatarios públicos “respetaremos siempre los pronunciamientos que puedan provenir de los tribunales respecto si procede la devolución de cantidades por parte de algún notario”.
Sin exoneración, según la OCU
La OCU así lo ha pedido en un comunicado que colgó el pasado sábado en su web y que ayer lanzó a los medios de comunicación. “El real decreto no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que han cobrado en exceso a los consumidores en las cancelaciones hipotecarias y que entendemos deberían devolver de oficio el excedente cobrado”, reclamaron desde la Organización de Consumidores. Además, la OCU recordó que el caso sigue siendo investigado por la fiscalía, que ha abierto un expediente del que se tienen que depurar las responsabilidades por los cobros indebidos a los consumidores.
Algunos notarios han decidido impugnar las resoluciones para señalar su disconformidad. “Ha habido una serie de resoluciones del Registro que han acordado la restitución de una serie de cantidades por parte de los notarios y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa al ámbito registral, pero lo cierto es que existen aún otra serie de resoluciones pendientes”.
Respecto a las cantidades que señala la OCU que tendrían que devolver (90 millones de euros), Pardiñas considera que “resulta complicado extrapolar esos datos, porque supone aventurar que todos los notarios han cobrado mal las cancelaciones hipotecarias”.
Para los notarios, el real decreto que fija en 30,05 euros las cancelaciones hipotecarias vuelve a comportar nuevas reducciones arancelarias. Así, si se excede la cancelación de cinco folios, solo se va a poder cobrar por esos cinco folios, o en el ámbito de la tramitación telemática, donde prácticamente se veta cualquier tipo de cobro o cantidad que no sean los importes fijos que estipula el real decreto y que antes no estaba especificado en la norma.
“Todo esto nos preocupa porque el sector está muy castigado”, advirtió el presidente de los notarios españoles. El Consejo General del Notariado, además, no quiere que la situación del colectivo pase inadvertida en este congreso. “Mientras se tramitaba la nueva norma, el Consejo General del Notariado puso de manifiesto que esta situación empezaba a comprometer desde el punto de vista económico la viabilidad del sistema notarial”, alertó López Pardiñas.
El sector se queja del cambio arancelario a la baja
Las notarías dan empleo a 18.000 profesionales, aparte de los 16.000 notarios que existen en España. El presidente del Consejo del Notariado afirmó ayer que “se había hecho un esfuerzo tremendo por no reducir puestos de trabajo, pero que medidas como el real decreto del viernes empiezan ya a comprometer su viabilidad futura”.
Aclaró, además, que lo que se le paga al notario no es solo como fedatario, sino que con ello paga el funcionamiento de la oficina notarial y los profesionales que la integran, cuyo perfil es muy cualificado y difícil de formar.
“En los últimos años, todas las modificaciones arancelarias sufridas por los notarios, unas 63 con el nuevo real decreto, han ido a la baja”, explicó Manuel López Pardiñas. Si a esto se le suma el IPC, más las subidas salariales y la crisis económica, el resultado deja al sistema de los notarios en una situación delicada. Para el vicepresidente del consejo, Joan Carles Ollé, resulta necesario aumentar las atribuciones de este colectivo. En este sentido, abogó por la Ley de Jurisdicción Voluntaria con el objetivo de desjudicializar muchas materias que no pertenecen al ámbito estrictamente contencioso.
Ollé citó como ejemplos asumir las competencias en la declaración de herederos no solo de ascendentes, descendientes y cónyuges, sino también de colaterales y resto de parientes.
Asimismo, abogó por asumir un papel en los divorcios consensuados y donde no existen hijos, pero también el vicepresidente del notariado reivindicó un rol en el nombramiento de un administrador único, en el procedimiento extrajudicial hipotecario y en el derecho concursal para los acuerdos de refinanciación empresarial.
Más salidas a quienes no pagan la hipoteca
Los notarios solicitan al nuevo Gobierno que salga de las urnas después del 20-N que elabore leyes de acuerdo a las necesidades de la sociedad española. En este sentido, el vicepresidente del notariado, Joan Carles Ollé, explicó ayer en qué consistía la Ley de Segunda Oportunidad que han aplicado otros países como Alemania, Francia y Bélgica con tan buenos resultados y a la que se refirió en la inauguración de las jornadas.
“Se trata de dar una salida a personas que no puedan pagar su hipoteca y que resulta mucho menos drástica que la dación en pago de la vivienda, que conduce inevitablemente a la pérdida de la misma”, añadió. En este tipo de normas, e indicó especialmente la francesa, se intenta buscar soluciones de mediación extrajudiciales y en caso de no haberse encontrado salidas, se promueve acudir a la solución judicial para resolver el asunto. “De esta forma, se distinguen distintas situaciones de insolvencia, se pueden encontrar fórmulas como el aplazamiento del pago del capital, pequeñas quitas o situaciones de carencia para evitar la pérdida del piso, pero también en caso de pérdida de vivienda se opta por buscar soluciones como el arrendamiento y, finalmente, si llega la insolvencia definitiva, se termina con la liquidación del inmueble”, propone.
El vehículo para llevarlo a cabo sería una ley, aunque Ollé también abre la posibilidad de reformar el concurso de particulares. Además, pedirían al nuevo Gobierno soluciones a la difícil situación económica en la que se encuentran las notarías y medidas para mantener las actuales estructuras de los despachos.
Denuncia
Historia
– Septiembre 2011: la OCU denuncia el cobro excesivo de notarios y registradores en la cancelación hipotecaria.
– Septiembre 2011: la fiscalía abre una investigación sobre el asunto, todavía en curso.
– 11 noviembre 2011: el Consejo de Ministros aprueba un real decreto para aclarar el asunto.
– 12 de noviembre: la OCU pide “no exonerar a notarios y registradores”.

La OCU considera “insuficiente” la nueva norma de aranceles de notarios y registradores

Jueves, 17 de noviembre de 2011

Aprobada el viernes en consejo de ministros
EP 14/11/2011 La noticia en El Confidencial
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha considerado positivo pero “insuficiente” el nuevo Real Decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros que clarifica los aranceles a cobrar por los notarios y registradores en las cancelaciones hipotecarias, según informa la asociación en un comunicado.
La OCU denunció el pasado mes de septiembre que un gran número de notarios y registradores habían cobrado más de 90 millones de euros de más en 2010 por las cancelaciones hipotecarias, incumpliendo las rebajas del arancel que incorporaba la Ley 41/2007. La Fiscalía abrió una investigación por estos hechos.
La asociación considera que la ley de aranceles ya era “suficientemente clara”, a pesar de la interpretación “interesada” y “forzada” hecha por muchos notarios y registradores. Estas interpretaciones han dado lugar a numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado confirmando la aplicación de la rebaja arancelaria a todas las cancelaciones.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la modificación legal a raíz de la denuncia de la OCU. La asociación advierte de que este Real Decreto no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que cobraron de más a los consumidores y que deberían devolver de oficio el exceso cobrado.
Por último, la OCU considera conveniente una revisión más profunda del arancel de notarios y registradores para aclarar el cobro de determinados conceptos que ambos incluyen en sus minutas y no están recogidos en el arancel (copias electrónicas, diligencias catastro, búsqueda de antecedentes, etc).

La banca se rinde: ningún depósito puede competir con las letras

Miércoles, 16 de noviembre de 2011

15.11.2011 M.Romani. La noticia en Expansión
El Estado tuvo que ofrecer hoy un interés del 5,022% para colocar letras a un año. Ni siquiera los mejores depósitos bancarios a tres años pagan tanto.
La guerra del pasivo para hacerse con el ahorro de los españoles no es el único frente abierto que tiene la banca española. Las entidades no sólo compiten entre sí, sino que les ha salido un nuevo y poderoso enemigo que busca seducir a los ciudadanos para que le presten sus ahorros a golpe de talonario: es el Estado.
En la subasta de hoy, el Tesoro tuvo que ofrecer el mayor interés de los últimos 14 años para colocar sus letras. En concreto, para las letras a doce meses ofreció una rentabilidad promedia del 5,022% TAE (tasa anual equivalente) y para las de 18 meses de plazo un 5,159%. En la anterior subasta, estos intereses habían sido del 3,608% y del 3,801%, respectivamente.
Ahora mismo en el mercado no hay ningún depósito, ni siquiera entre aquellos a plazos más largos, que pueda competir con los rendimientos ofrecidos por el Tesoro. El producto de ahorro a plazo más rentable del mercado es actualmente de Banco Finantia Sofinloc, que paga un 4,85% TAE para 18 meses. Apenas un punto básico menos ofrece Banco Espirito Santo (BES) para un plazo de dos años.
Para obtener un 4,55% de Bankia, hay que confiarle los ahorros durante tres años, mientras que CatalunyaCaixa ofrece un 4,5% si el dinero se deja durante cinco años.
El depósito que más directamente compite con la emisión de letras a un año es del portugués BES, con un 4,40%, es decir 0,6 puntos porcentuales menos de rentabilidad. Además, para acceder a este depósito, hay que invertir al menos 50.000 euros, mientras que la inversión mínima en letras es de apenas 1.000 euros.
También por encima de los pagarés
Los intereses que paga el Tesoro no sólo baten a los mejores depósitos bancarios, sino que además superan a los pagarés, el instrumento de moda entre bancos y cajas para captar liquidez minorista.
Los pagarés más rentables del mercado son los de Bankinter, que paga un 4% TAE a doce meses, por una inversión mínima de 15.000 euros. Siguen los pagarés de CaixaBank, con un 3,75% por un mínimo de mil euros invertidos. Entre el 3,60% y el 3,70% se sitúan los productos de Bankia, BBVA, Popular y Banesto, todos ellos a doce meses.
Las entidades financieras están recurriendo a los pagarés para evitar la penalización que el Gobierno ha impuesto a los superdepósitos el pasado verano para frenar la guerra del pasivo. Se estableció una penalización, bajo la forma de una mayor contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), para aquellos productos a un año que ofrecen un diferencial de 100 puntos básicos sobre el euribor a doce meses y de 150 puntos sobre el euribor a seis meses para los depósitos superiores a tres meses.
De esta penalización se escapan las entidades extranjeras que trabajan en España como sucursales y que, por lo tanto, están adscritas al FGD de su propio país. De hecho, los mejores depósitos del mercado son de bancos extranjeros que tienen este perfil, aunque hay otras entidades que, apremiadas por las exigencias de liquidez, están dispuestas a pagar la penalización que corresponda.
La fortaleza de la red
El punto de fuerza que tienen los bancos y las cajas para plantar cara al Tesoro es su red de distribución capilar, representada por 41.126 oficinas al cierre del primer semestre de este año. Las sucursales tienen una gran capacidad de colocación de todo tipo de producto a los clientes, lo que ofrece una ventaja comparativa a la banca frente al Tesoro.
Las letras, de hecho, también son vendidas en las sucursales bancarias, pero las entidades cobran una comisión para hacerlo, lo que resta atractivo al producto. El cliente interesado también puede adquirir las letras en las sucursales del Banco de España o directamente en la página web del Tesoro.

La Caixa alquilará 3.000 viviendas nuevas a entre 85 y 150 euros

Miércoles, 16 de noviembre de 2011

10.11.2011 EP La noticia en Expansión
La Obra Social de La Caixa ha presentado el proyecto ‘Alquiler Solidario’, un programa que permitirá que 3.000 familias puedan acceder a una vivienda nueva por un coste de entre 85 y 150 euros mensuales, con el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y los gastos comunitarios incluidos.

Como respuesta a la situación de crisis actual, La Obra Social de La Caixa ofrecerá 25 millones de euros para “facilitar que miles de personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales puedan vivir dignamente pese haber perdido el empleo”, ha explicado en rueda de prensa el director general de la fundación, Jaume Lanaspa.
El programa ‘Alquiler Solidario’ proporcionará pisos de 50 a 100 metros cuadrados con un precio de mercado de entre 170 y 300 euros al mes –BI y gastos comunitarios incluidos- y La Obra Social subvencionará la mitad, por lo que finalmente los arrendatarios pagaran entre 85 y 150 euros mensuales.
Además, para facilitar la entrada a la vivienda, el programa sólo pedirá a los arrendatarios una fianza correspondiente a un mes de alquiler, cuando en el mercado convencional se reclaman tres meses.
Los interesados pueden solicitar una vivienda desde este jueves a través de Internet, aunque de momento sólo en Tarragona y Sevilla, pues el resto de ciudades españolas se pondrán a disposición a partir del próximo mes de diciembre.
“Aún estamos arreglando algunos pisos para dejarlos impecables, ya que algunos aún no estaban ni acabados”, ha explicado el consejero delegado de Vivienda Asequible de la Obra Social de La Caixa, Jaume Cabré.
Las viviendas, algunas de ellas con piscina comunitaria y plaza de aparcamiento, proceden en su mayoría de promotores inmobiliarios que no han podido incorporarlas al mercado, aunque el 25% de ellas provienen de particulares que han entregado su piso a través de la dación en pago.
La iniciativa tiene prevista una duración de cinco años ya que la entidad confía en que “poco a poco las familias puedan encontrar empleo y recuperar la normalidad”, ha explicado Lanaspa, que ha recordado que mientras esto no ocurra La Obra Social les ofrecerá apoyo.
Por ello, si tras los cinco años de alquiler el arrendatario no ha tenido mejor fortuna, se estudiará su caso para poder buscar soluciones y “jamás se le expulsará de la vivienda”, ha asegurado el director ejecutivo de La Caixa, Jaume Giró.
Ingresos
Para acceder a uno de estos pisos de alquiler, repartidos por todo el Estado, será necesario ser mayor de edad y tener una renta anual inferior a 18.000 euros y superior a los 6.000.
“El programa se dirige a familias con problemas económicos, principalmente causados por un paro coyuntural, aunque también a jóvenes y mayores de 65 años”, ha explicado Lanaspa.
También será necesario tener nacionalidad española o residencia permanente en España, aunque no lo será vivir en la misma población en la que se solicite la vivienda.
Además de poder apuntarse al ‘Alquiler Solidario’ a través de Internet, también se podrá acceder mediante las entidades sociales y ayuntamientos.
La Caixa ofrecerá un total de 448 viviendas en Cataluña, que se podrán solicitar en su totalidad a partir del mes de diciembre y ser repartirán en 63 en la provincia de Barcelona -aunque en la ciudad de Barcelona no habrá ninguna disponible-, 62 en Girona, 161 en Lleida y 162 en Tarragona.

Los promotores proponen crear un banco malo financiado con deuda soberana

Martes, 15 de noviembre de 2011

Europa Press 14/11/2011 – La noticia en El Economista
Los promotores inmobiliarios insisten en que la salida de la crisis, para la economía y también para su sector, pasa por sacar los activos tóxicos del balance los bancos –valorados en 176.000 millones de euros por el Banco de España–, y se muestran a favor de crear una entidad en la que aislarlos para, una vez reestructurados, volver a ponerlos en el mercado cuando convenga. Así se destaponarían las cañerías del crédito y la economía real podría volver a fluir.
Ésta es la propuesta formulada por el presidente de la patronal de los promotores y constructores de España, José Manuel Galindo, en una entrevista con Europa Press, en la que desgranó algunas de sus ideas de cara a la próxima legislatura, incluidas en un plan de reestructuración del sector que ha remitido a los partidos que concurren a las elecciones del 20N.
Esta propuesta supone en la práctica la creación de un ‘banco malo’, (aunque Galindo insistió en llamarlo “fondo para la reestructuración de los activos financieros”) que evite que dichos activos –los adjudicados, créditos dudosos y subestándar– pierdan valor con el tiempo en el balance de las entidades en la ausencia de demanda y, por tanto, de un mercado que permita fijar un precio real. Según explicó Galindo, este es “el gran problema” de la banca en estos momentos.
Con la creación de un fondo que actúe a modo de “congelador”, se permitiría en primer lugar estructurar estos activos “de acuerdo con su periodo de maduración”. “Si un suelo tarda en madurar 10 años, lo que no tiene sentido es sacarlo hoy, porque probablemente no hay demanda para ese producto”, apuntó el presidente de APCE, a lo que añadió que más adelante se podría comercializar “en momentos de oportunidad” sin que hubiera perdido valor.
En cuanto al coste de una medida así, Galindo recordó que la Comisión Europea ha dado el visto bueno recientemente a Alemania para compensar con deuda soberana la cobertura de este tipo de vehículos para transferir activos tóxicos y que, por lo tanto, “ya hay un marco europeo que permite esta compensación”.
Activos tóxicos a cambio de deuda soberana
Concretamente, el Gobierno alemán aprobó una ley en 2009 para crear un ‘banco malo’ que se haría con los activos tóxicos a cambio de bonos garantizados durante un máximo de 20 años.
Una de las ventajas de esta maniobra sería la ponderación “más relajada” que exige la deuda soberana frente a los activos inmobiliarios y las menores necesidades de capital que requerirían las entidades financieras.
Además, Galindo señaló que “sería una forma de buscar mejores gestores para estos activos”, ya que “lo que no pueden hacer los bancos es dedicarse a ser bancos y luego ser capaces de hacer una buena gestión de activos inmobiliarios”.
“Habría que crear un equipo potente de gestión y tener una visión global y unitaria de cómo poner en valor esos activos”, añadió. Ahora bien, habría que acordar qué parte –la pública, la privada o las dos– se encargaría de hacer frente a las minusvalías de los activos.
En cifras, el presidente de APCE estimó que en estos momentos puede haber entre 140.000 y 150.000 millones de euros de deuda en manos de los bancos, que con los vencimientos del primer semestre de 2013 llegarían a los 160.000 o 170.000 millones de euros, prácticamente el montante calculado de activos tóxicos en los balances de la banca.
La deducción por vivienda, anticíclica
Con estos planteamientos, Galindo confió en poder sentarse a dialogar con el partido que gane las elecciones del 20N, más aún cuando otras de las medidas apoyadas por APCE se han visto reflejadas en algunas propuestas electorales.
Es el caso de la recuperación de la deducción por compra de vivienda, que el PP quiere restablecer con carácter retroactivo y el PSOE limitar para rentas de hasta 30.000 euros. En opinión de Galindo, esta es una figura fiscal que “debe ser anticíclica”, con lo que ahora tiene más sentido que en los años del ‘boom’, y “que desaparezca cuando desaparezca su necesidad”.
“No tenía sentido una desgravación fiscal cuando estaba subiendo el precio de la vivienda al 10% o al 14%, porque no hacía falta estimular la demanda, pero ahora hay una atonía general de la demanda porque no tiene capacidad económica”, añadió.
En cuanto a la reducción del IVA para compra de vivienda nueva del 8% al 4%, aplicada por el PSOE y que el PP quiere ampliar un año más, Galindo confió en que se mantenga, pese a las pegas que podría poner la Comisión Europea.
No se pronuncia sobre la dación en pago
Por otro lado, en cuanto a la dación en pago, que de una uotra manera tratan la mayoría de los candidatos, el presidente de APCE no entró a valorar si debería o no reformar la actual Ley Hipotecaria, pero se opuso a “cambiar las reglas de juego en medio del partido”, ya que puede suponer “costes difíciles de valorar” para las entidades financieras, por lo que apostó por que cualquier cambio al respecto afecte solo a las nuevas hipotecas.
Más allá, solo abogó por que el potencial comprador pueda elegir entre “varios productos”, entre ellos algunos que contemplen la dación en pago, aunque serían más costosos, y que cuente con mayor información sobre las condiciones de los préstamos.
Para finalizar, el presidente de APCE dijo que “aunque suene bien la música (de las propuestas electorales), a los promotores les gustaría seguir con la canción y poder escribirla conjuntamente”. “Tenemos que buscar soluciones a la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario si queremos que el crédito fluya”, insistió.

Hacienda ha enviado cartas a 100.000 inquilinos exigiéndoles que ingresen el alquiler en la Agencia Tributaria en vez de pagar a los propietarios que tienen deudas con el fisco

Martes, 15 de noviembre de 2011

La noticia en el Confidencial Digital ·1 octubre 2011
Hacienda ha entrado de lleno en el mercado inmobiliario. En las últimas semanas, ha comunicado hasta casi 100.000 españoles que viven en pisos de alquiler que deben comenzar a ingresar las mensualidades que pagan a sus caseros en una cuenta de la Agencia Tributaria. La razón: los propietarios de las viviendas en las que residen tienen deudas contraídas con el fisco.
Según ha podido saber El Confidencial Digital de personas que han recibido esta notificación, en la carta se informa al inquilino de que tiene que dejar de pagar el alquiler a sus caseros para proceder a ingresarlo en la Agencia Tributaria en el plazo de diez días, y su nombre figura, expresamente, como obligado al pago.
También se les comunica, posteriormente, por qué se le solicita ese pago. En realidad, es el propietario del inmueble en el que viven el que tiene deudas con la Agencia Tributaria, y se ha decidido embargarle el importe de los alquileres que le pagan sus inquilinos.
Según expertos fiscales, la actuación que lleva a cabo Hacienda es hacer valer su posición dominante para adelantarse a los caseros en el cobro de las mensualidades a sus inquilinos, y saldar por esta vía las deudas del propietario con el fisco.
Sin embargo, también advierten de que el embargo de los alquileres por parte de la Agencia Tributaria conlleva una importante desventaja para los ocupantes de la vivienda.
Hacienda se queda con las mensualidades, pero no contrae obligaciones con los inquilinos para mantener el inmueble en condiciones, ni para arreglar los desperfectos que se generen. Un aspecto que sigue quedando, a pesar de todo, en el tejado del propietario.

Las ventas de viviendas se redujeron un 28,2% en septiembre

Lunes, 14 de noviembre de 2011

Europa Press / La noticia en elEconomista.es 10/11/2011

La compraventa de viviendas cayó un 28,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 25.881 operaciones, siendo ésta la segunda cifra más baja de la serie histórica, según informa hoy el INE. Sólo en abril de este año se hicieron menos operaciones de compraventa de viviendas, con 24.100 transacciones.
Pese a ello, las operaciones de compraventa de viviendas moderaron su retroceso, después de haber marcado un descenso del 38% en agosto. En términos acumulados, las ventas han encogido un 17,3% en comparación con el mismo periodo de 2010.
De las 25.881 operaciones registradas en septiembre, el 85,3% fueron sobre vivienda libre y el 14,7% sobre vivienda protegida. En concreto, las transacciones por compraventa de viviendas libres cayeron un 30,6% respecto a septiembre de 2010, hasta sumar 22.065 operaciones, y las de protegidas descendieron un 11%, con 3.816 transacciones.
Caída generalizada
El número de pisos nuevos adquiridos bajó un 28% en tasa interanual, hasta 13.073 transacciones. En el caso de las casas usadas, el descenso es prácticamente el mismo: las compraventas bajaron el 28,5%, con 12.808 operaciones. Del total de transacciones, el 50,5% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron nuevas y el 49,5% usadas.

Las comunidades autónomas con el mayor número de transmisiones por cada 100.000 habitantes fueron Navarra (106) y Cantabria (97). En septiembre, el 59,3% de las compraventas de viviendas se registraron en las comunidades de Andalucía (4.778 transacciones), Valencia (3.790), Madrid (3.435) y Cataluña (3.344).
En septiembre, el número total de fincas transmitidas (rústicas y urbanas) alcanzó las 123.027, cifra un 15,4% inferior a la del mismo mes de 2010 y un 0,9% superior a la del mes de agosto. De esa cantidad, 55.846 fincas se transmitieron por compraventa (-22,9% en tasa interanual); 29.059 por herencia (-5,2%); 4.462 por donación (-19,1%) y 1.071 por permuta (-19,3%).

La noticia en el Instituto Nacional de Estadística

El 20% de los compradores de una vivienda durante el boom no podrá pagar

Lunes, 14 de noviembre de 2011

La noticia en elEconomista.es 11/11/2011

Casi una de cada cinco de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 son de alto riesgo, es decir, han entrado en proceso de ejecución hipotecaria o lo harán en los próximos años, según las estimaciones de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES).
La asociación destaca que estas cifras son resultado del auge de compras de viviendas registrado en la época del boom del mercado residencial, cuando los precios marcaban máximos. Entre 2004 y 2008, el periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria, se registraron 4.106.485 transacciones inmobiliarias.
Según indica AFES, del total de viviendas vendidas 170.627 ya han pasado por el desahucio por impago, mientras que otras 168.603 se encuentran actualmente inmersas en el proceso de ejecución hipotecaria -paso previo al desahucio-. Y de aquí a 2015, calcula que las ejecuciones hipotecarias habrán afectado a 373.912 viviendas más, con lo que el total de pisos ejecutados procedentes del boom inmobiliario ascendería a 713.142.
Para ilustrar las cifras, las compara con el volumen de transacciones inmobiliarias llevadas a cabo en 2007, cuando alcanzaron las 836.871. Esto quiere decir que el 85% de las viviendas que fueron adquiridas en un sólo año de la burbuja presentarían problemas para ser pagadas.
Por encima de sus posibilidades
“Se endeudaron por encima de sus posibilidades inducidos por una falsa expectativa de revalorización de la vivienda y la creencia de una estabilidad laboral indefinida. Nunca pensaron que perderían el empleo y que el precio de su vivienda caería en picado”, indica en su comunicado.
Sin embargo, la crisis económica y financiera mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España cambiaron el escenario para un buen número de propietarios.
La pasada semana, el Banco de España constataba en su último boletín económico que uno de cada dos hogares españoles tiene deudas pendientes derivadas de la adquisición de la vivienda principal, otras propiedades inmobiliarias, inversiones y reformas en el hogar, así como por la compra de vehículos y de otros bienes y servicios.
De este endeudamiento, la contribución más importante, nada menos que el 90% del total, procede de la financiación de las inversiones en activos inmobiliarios o financieros.
Condonación de la deuda
En este punto, AFES propone que las entidades financieras condonen parte o la totalidad de la deuda de los afectados. Por una parte, porque “el gran dramea social es que después de perder la casa se quede con una deuda que no va a poder saldar de por vida”, apunta el presidente de la asociación, Carlños Baños.
Y por otra, porque “a los bancos tampoco les interesa quedarse las casas y convertirse en las mayores inmobiliarias de este país”, añade.
También piden una reactivación del crédito y un ajuste aún mayor de los precios de los inmuebles, “para ajustarlos a la demanda”.

Despedirse a decretazos

Domingo, 13 de noviembre de 2011

11/11/2011
By julio El texto en Tiingo.net
#empleadosderegistro. Con este hashtag en Twitter han intentado paralizar los empleados de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles el decreto que, finalmente, esta mañana ha servido al Consejo de Ministros para despedirse de este colectivo. No han conseguido convertirlo en Trending Topic, tampoco han conseguido que sus cientos de menciones a personajes y personalidades haya surtido ningún efecto. Sus mensajes, dirigidos a medios de comunicación, periodistas, sindicatos y twitteros famosillos no han llegado a ninguna parte o, de haberlos visto, casi nadie se ha hecho eco.
Resulta chocante que un colectivo con más de 15000 empleados en algo mas de 1000 registros a lo largo y ancho de toda España, no haya tenido más medio para hacerse escuchar que intentarlo a través de las redes sociales. Resulta más curioso aún ver que ningún sindicato ni grupo político haya movido un dedo para intentar parar el decretazo.
Pero vayamos al asunto, ya que creo haber empezado por el final. Resulta que, como todos sabemos, el sector inmobiliario y financiero están absolutamente parados, lo que implica una frenada directa en el tráfico mercantil e inmobiliario y, por ende, en el trabajo de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Ante esta situación el actual Gobierno, como ya hicieron otros antes que éste, decide rebajar los aranceles de notarios y registradores, medida muy populista por ir contra funcionarios con altos ingresos, pero muy poco efectiva porque solo beneficia a la banca y las grandes fortunas ya que son éstas las que acuden asiduamente a estas oficinas. No así el ciudadano de a pié, que irá al Registro un par de veces en su vida, y eso con suerte. Al notario puede que alguna vez más, si es que tiene algo para dejar en testamento.
Como decía, estas rebajas arancelarias, cuyo beneficio hacia el usuario común es minúsculo, si que supone un grave perjuicio para quienes dependen de estas oficinas para vivir: los empleados de los registros y de las notarías. Difícilmente se puede pretender que un “empresario” mantenga empleos cuando el trabajo se reduce a la mitad y además hay que cobrarlo más barato. Y aunque notarios y registradores no sean empresarios en sentido estricto, sí que es cierto que ni los registros ni las notarías cuestan un céntimo al Estado ya que son oficinas públicas sometidas a arancel que se autogestionan. De esta forma, de los ingresos de estas oficinas se pagan absolutamente todos los gastos, incluyendo los salarios de los empleados -no confundir con funcionarios, pues no lo son-, material de las oficinas, alquiler de las mismas, sistemas informáticos, impuestos directos e indirectos y un largo etcétera que cualquier empresario o autónomo conoce a la perfección. Aquí viene la pregunta del millón: Si no cuestan un Euro al Estado ¿a qué viene una rebaja arancelaria vía Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. ¿En qué reduce el déficit público rebajar el arancel de unas oficinas que no generan déficit público pues se autogestionan?. Antes hubo otra serie de rebajas arancelarias, pero por lo menos no se sostenían en una falacia semejante.
Pero siendo como es el Gobierno saliente, no nos extraña que confunda la velocidad con el tocino, pues no solo introdujo esta rebaja en un Real Decreto con el que nada tenía que ver, sino que se preocupó bastante poco por saber lo que hacía, ya que rebajó un 5% únicamente las operaciones previstas en el número 2.1 del arancel de los registradores.
Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores de la propiedad resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre [...]
El número 2.1 del RD 1427/1989 se encarga básicamente una de serie de operaciones que no estaban previstas en otros puntos del arancel que ya contemplan por sí mismas rebajas, como la compra de fincas rústicas, locales comerciales o cocheras, donaciones, etcétera, por lo que la rebaja se entiende referida a estas operaciones, siendo además acumulable a otras operaciones jurídicas ya rebajadas por legislación posterior, como todas aquéllas relativas a la adquisición de vivienda, -hasta un -45%. aproximadamente-.
En esta introducción que hago de los hechos he de aclarar, para su total comprensión, el desarrollo legislativo de otra rebaja anterior, esta vez introducida por la Ley 41/2007 de reforma del mercado hipotecario. Esta Ley especial, en lo que nos ocupa, modificaba a su vez la la Ley 2/1994 de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, estableciendo que
Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, “Inscripciones”, del anexo I del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Registradores de la Propiedad, tomando como base la cifra del capital pendiente de amortizar, con una reducción del 90%.
Obsérvese que, como expuse en el párrafo anterior, se modifica la Ley 2/1994 de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, esto es, que esta rebaja del 90% sobe la cifra del capital pendiente de amortizar únicamente se prevé para la aplicación del arancel en aquéllas cancelaciones de hipoteca que sean consecuencia directa de una subrogación (cambio de entidad acreedora) o modificación del préstamo hipotecario que redunde un beneficio hacia el deudor, como bien decía la propia Ley en su exposición de motivos:
“El descenso generalizado de los tipos de interés experimentado en los últimos meses ha repercutido, como es lógico, en los de los préstamos hipotecarios, y parece razonable y digno de protección que los ciudadanos que concertaron sus préstamos con anterioridad a la bajada de los tipos puedan beneficiarse de las ventajas que supone este descenso”
Como vemos, todas estas medidas pueden ser acertadas en tanto benefician al consumidor y redundan en un abaratamiento de costes hacia quien, habiendo contratado tiempo atrás una hipoteca a un tipo de interés alto, quisiese beneficiarse de las bajadas de intereses posteriores o las mejores ofertas del mercado mediante la contratación de su hipoteca con otra entidad que ofreciese mejores condiciones, no permitiendo que los costes registrales y notariales fueran obstáculo hacia la obtención de esas mejoras. De momento, creo que se me entiende.
Pues bien, aún siendo todas estas rebajas meridianamente claras en cuanto al tipo de operaciones que benefician: las contenidas en el número 2.1 del arancel de los registradores y las cancelaciones, modificaciones y subrogaciones hipotecarias destinadas a que el ciudadano pueda beneficiarse de las ventajas que supuso el descenso en los tipos de interés, no faltó quien, con todo su derecho, impugnó sus minutas entendiendo que cualquier cancelación, modificación o subrogación hipotecaria estaba contemplada en el ámbito de aplicación de estas medidas.
La Dirección General de los Registros y del Notariado -órgano político- resolvió y, también en el ejercicio de sus derechos, los Registradores y Notarios afectados por estas resoluciones acudieron a la vía judicial para dilucidar de una vez por todas si la ley y los decretos hay que aplicarlos conforme a la letra o conforme a la paja mental que el político de turno tenga metida en la cabeza cuando decide redactarla.
En resumen: Se elaboran decretos y leyes que se aplican conforme a la letra de la ley salvo que la justicia diga lo contrario. Ni siquiera se congela su aplicación hasta que la justicia se pronuncie, más allá, se sigue aplicando conforme a la literalidad de la normativa impugnada. Hasta aquí todo claro.
Y en esto que llega la OCU y se monta una campaña propagandística acojonante que, sin tener en cuenta todo lo expuesto, bien por desconocimiento, bien por interés, se dedica a afirmar literalmente que “notarios y registradores cobran de más“. El resto es por todos conocido pues ha salido en prensa escrita, televisión y radio, llegando incluso a la fiscalía general que abrió una investigación al respecto. En estos momentos supongo que la investigación sigue abierta, pues de otra forma ya hubiera informado la OCU de su magnífica victoria frente a notarios y registradores. La otra posibilidad es que no haya indicio de irregularidad y por lo tanto no se haya informado de una estrepitosa caida al vacío. Insisto en que desconozco los avances de la fiscalía.
Los que si conozco, por haber estado pendiente de ello las últimas 48 horas (en realidad algún tiempo mas, aunque no tan “a cara perro”), es la solución salomónica que ha decidido dar el Consejo de Ministros a esta situación: elaborar un nuevo decreto por el que se aclara todo lo anterior, estableciendo básicamente que donde dije digo digo Diego, de manera que donde ponía 2.1 quería poner 2 y donde ponía “beneficiarse de las ventajas que supone este descenso”, quería decir “te regalo esta subvención que no me cuesta un duro pues la pagan otros pero mola mucho por si así me votas”. Y de oca a oca, tiro porque me toca y resuelvo políticamente una cuestión que está en mano de la justicia, no vaya a ser que me metan un “zas en toda la boca” y se me quede cara de Pepe Blanco echando gasolina con un coche de la Guardia Civil en el surtidor de enfrente.
Con esta resolución, en el último Consejo de Ministros, en sesión celebrada el 11/11/11 a las 10 (menudo fallo), rodeados de churritos y cafés bien calentitos, se despide el PSOE de los #empleadosderegistros, únicos perjudicados, como ya se ha dicho, pues difícilmente se van a mantener sus puestos de trabajo cuando lo poco que había hay que hacerlo casi gratis. Y no, para quien pueda pensarlo, esta no es una lanza rota en favor de notarios y registradores ni pretendo con esto salvar su arancel. Podría parecerme justo quitarle dos mil Euros a quien gana veinte mil, pero no me lo parece quitarle ciento veinte a quien gana mil doscientos. Sin olvidar, como dije antes, que este último no es funcionario ni tiene que ver rebajado su sueldo en un 5% ni en otras cantidades que no sean producto lógico de la caída del sector inmobiliario. Y con esto, volvemos al principio de este artículo, en un bucle que recuerda mucho a la negociación del Convenio Colectivo de los Registradores y sus empleados, caducado hace casi 20 años (debe ser el único caso en España), del que, no obstante, nada quiere saber ni este Gobierno, ni los que le precedieron, ni los que vengan detrás; el próximo, por cierto, con un registrador de la propiedad a la cabeza. Saquen conclusiones.

Nueva norma sobre arancel de notarios y registros: positiva, pero insuficiente

Domingo, 13 de noviembre de 2011

La noticia en OCU

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto modificando el arancel de notarios y registradores en cancelaciones hipotecarias. Para la OCU, que denunció recientemente las facturas incorrectas, esta nueva norma es positiva, pero insuficiente.
El consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica el arancel notarial y registral en materia de cancelación de hipotecas. La OCU denunció en el mes de septiembre que un gran número de notarios y registradores cobraban de más en las cancelaciones hipotecarias, incumpliendo las rebajas del arancel que incorporaba la Ley 41/2007.
La OCU considera positivo el hecho de que el nuevo Real Decreto establezca de forma clara la obligatoriedad de aplicar el arancel por parte de notarios y registradores para todo tipo de cancelaciones hipotecarias, aunque considera que la ley ya era suficientemente clara, a pesar de la interpretación interesada y forzada hecha por muchos notarios y registradores que ha dado lugar a numerosas resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado que confirman la aplicación de la rebaja arancelaria a todas las cancelaciones.
Reacción tras la denuncia
La OCU agradece la rapidez con la que se ha producido esta modificación legal a raíz de la denuncia de la OCU. Sin embargo este Real Decreto no puede servir para exonerar la responsabilidad de las actuaciones de aquellos notarios y registradores que han cobrado de más a los consumidores en las cancelaciones hipotecarias y que entendemos que deberían devolver de oficio el exceso cobrado. En este sentido la OCU recuerda que a raíz de su denuncia, la Fiscalía ha abierto un expediente del que se tiene que depurar las responsabilidades por los cobros indebidos a los consumidores. Por último la OCU considera conveniente una revisión más en profundidad del arancel de notarios y registradores para aclarar el cobro de determinados conceptos que ambos incluyen en sus minutas y no están recogidos en el arancel (copias electrónicas, diligencias catastro, búsqueda de antecedentes..etc). Muchos de estos conceptos se minutan basándose en un número de arancel que sencillamente no existe en la norma arancelaria de notarios y registradores. La inclusión de estos conceptos que consideramos no minutables en muchos casos compensan las rebajas arancelarias establecidas.
Una reforma necesaria
Para la OCU cree necesaria un reforma más profunda del sistema, que incluya, por ejemplo, que la intervención notarial sea voluntaria para todo tipo de actos, con acceso directo al registro de determinados contratos tipo autorizados en un modelo legalmente establecido, o la cancelación de oficio de la hipoteca por el Registro de la Propiedad una vez que el banco le comunique la liquidación del saldo y sin coste para el cliente.

Las comisiones bancarias suben un 15% en el año

Sábado, 12 de noviembre de 2011

12.11.2011 Madrid Ana Antón La noticia en Expansión
¿Es usted un cliente rentable para su entidad? Si no lo es, prepárese para soportar cada vez más gravosas comisiones. Y es que, a menos de dos meses para cerrar el año, las entidades están comunicando a sus clientes las nuevas tarifas. Y, con pocas excepciones, todas son al alza.
La banca se enfrenta a tiempos difíciles y los clientes están pagando, en parte, los platos rotos. Algunos se están beneficiando de las atractivas tasas de remuneración del ahorro, pero no se libran de verse penalizados por mayores cargos en los servicios financieros. De hecho, las principales comisiones han subido alrededor de un 15% en el año.
El aumento del coste de financiación -el cierre del mercado ha disparado la rentabilidad de los depósitos-, y la severa caída de ingresos por la ralentización del volumen de negocio y la mora dominan el futuro de este sector. El resultado: un margen de interés muy tocado, que en el conjunto de la banca española se ha desplomado un 38%, pasando de 11.432 millones en junio de 2009, a 7.276 millones en 2011, según los últimos datos del Banco de España.
Para compensar estas pérdidas, la banca trata de mejorar sus ingresos en comisiones. Por ejemplo, Santander, BBVA, La Caixa y Popular cobraron a sus clientes entre enero y septiembre de este año 13.093 millones de euros en comisiones, un 6,9% más que un año antes.
Clientes ”˜aptos”™
Según fuentes del sector, en términos generales, un cliente con un saldo bajo en su cuenta comienza a ser rentable si tiene contratados, al menos, 5 productos. Si el volumen medio se sitúa en torno a 900 euros, tres productos bastarían. Y, si uno de los productos es la hipoteca, dos productos adicionales convertirían a un particular en “apto” para la cuenta de resultados de la entidad.
En un momento en el que la banca precisa, no ya arrojar beneficios, sino sobrevivir al actual entorno, el reto del sector es fidelizar a los clientes. Para ello, bancos y cajas están promocionado a bombo y platillo campañas de “Comisiones Cero”, que exigen, habitualmente, domiciliar la nómina. “Es el producto que más vincula porque suele llevar asociado recibos, tarjetas, transferencias, hipoteca, etcétera”, explica el portavoz de un banco.
Sin embargo, dichas campañas no están exentas de letra pequeña. La mayor parte elimina el importe de las operaciones más habituales, como las transferencias nacionales, el mantenimiento de la cuenta o la tarjeta de débito. Pero existe un nutrido abanico de operaciones (cambios de divisas, devolución de recibos, cheques, tarjetas de crédito, descubiertos, cuentas de valores, extracciones en cajeros, avisos a móviles… ) que sí conllevan un cargo. Es ahí donde la banca está apretando más las tuercas.
Frente a los clientes rentables, están los que mantienen una relación residual con la entidad. Muchos de ellos se enfrentarán a comisiones, en algunos casos, disuasorias.
CatalunyaCaixa, por ejemplo, acaba de informar a 5.000 clientes, vinculados únicamente con un préstamo hipotecario, de que tendrán que abonar 75 euros al semestre a partir de enero de 2012 (frente a los 11 que se les cobraba hasta ahora) por el mantenimiento de la cuenta que sirve de soporte a dicho crédito. Se trata de un incremento del 582% que los clientes podrán evitar domiciliando dos recibos, la nómina o pensión, contratando una tarjeta o un seguro, o invirtiendo, al menos, 3.000 euros en un producto de la caja. Fuentes de la entidad señalan que esta misiva afecta a un reducido número de clientes que, en el momento de formalizar su hipoteca se comprometieron a vincularse más con la entidad.
BBVA también acaba de comunicar que, desde enero, cobrará por las extracciones a débito en cajeros no BBVA, de Servired, 1,2% con un mínimo de 1 euro, un 67% más de lo que se paga actualmente, 0,60 euros. Para retiradas de efectivo a crédito, la comisión sube al 3,5%, con un cargo mínimo de 3 euros.
La Caixa comenzará a cobrar 2,25 euros al mes por el mantenimiento de las cuentas y 0,60 euros por apunte a los clientes que no tengan el servicio de CuentaCero.com o Línea Abierta. También ha subido las comisiones de sus tarjetas de crédito, de 23 a 26 euros para el primer titular y de 18 a 21 para el segundo.
Bankia elimina las comisiones de los clientes con nómina o pensión o mil acciones de Bankia. El resto pagará 2 euros al mes (frente a 1 euro que se pagaba antes), salvo que su saldo medio mensual sea de 2.000 euros.
Reclamar cargos en cuentas impuestas El Servicio de Reclamaciones del Banco de España considera una mala práctica bancaria el cobro de comisión por mantenimiento de una cuenta cuando sólo sirva para domiciliar los reembolsos de un crédito o para abonar los intereses de un depósito. Siempre que dicha cuenta no se utilice para otros fines, no corresponde a los clientes correr con los gastos. Bancos y cajas suelen cobrar por este servicio, puesto que la institución lo recomienda, pero no lo exige. Sin embargo, en caso de reclamación al Banco de España, el cliente siempre lleva la razón.

Hacienda se lanza contra miles de negocios sumergidos por la crisis

Sábado, 12 de noviembre de 2011

Investigará locales ilegales cuyo consumo eléctrico denota actividad
La Agencia Tributaria ha iniciado una operación contra la economía sumergida que supondrá la visita de la inspección fiscal a 7.000 locales que, si bien no están registrados como negocios, presentan un consumo eléctrico sospechosamente elevado. Será la primera vez que Hacienda utiliza los datos de consumo que les remiten las compañías eléctricas.
Jaume Viñas – Cádiz – 12/11/2011 – La noticia en Cinco Días
El director general de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, aprovechó el viernes la clausura del congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado para arengar a este colectivo. “Vuestra actividad es clave para mantener el Estado de bienestar”, subrayó en su discurso.
Meseguer anunció la puesta en marcha de un plan que, partiendo de la información de consumo eléctrico, contempla inspeccionar a 7.000 locales que, probablemente, alberguen actividades económicas no declaradas. La operación finalizará en febrero. Meseguer aseguró que los datos de consumo energético también servirán para iniciar una ronda de inspecciones en viviendas. El objetivo principal, en este caso, será descubrir rentas por alquiler que no tributan como tal y evitar que los contribuyentes utilicen una segunda residencia para aplicar la deducción por vivienda habitual.
Por otra parte, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un plan a partir del 1 de diciembre que permitirá que las personas físicas con deudas en vía ejecutiva con la Administración puedan abonar sus sanciones por teléfono. Meseguer aseguró que este sistema, que podrán utilizar unos 750.000 contribuyentes al año, reducirá los trámites tributarios, ya que los sancionados no deberán desplazarse a una entidad bancaria para efectuar el pago ni hacer cola en una sede de Hacienda para conocer los pormenores de la deuda.
En cualquier caso, el número de teléfono de Hacienda (901 200 345) solo estará operativo para deudas inferiores a 18.000 euros, que son la inmensa mayoría. Además, la mayor parte de las sanciones corresponden a multas de tráfico no satisfechas. Cuando ello sucede, la Agencia Tributaria inicia la llamada vía ejecutiva que suele incluir embargos. La deuda media de los contribuyentes que podrán pagar las sanciones por teléfono asciende a 350 euros.
El pago telefónico, en el que el titular de la deuda deberá dar su número de cuenta bancaria, también servirá para aquellos inquilinos que han recibido recientemente una notificación de Hacienda instándoles a que abonen el pago del alquiler directamente a la Agencia Tributaria en lugar de pagar al propietario de la vivienda. Hacienda, con esta medida, trata de cobrar las deudas tributarias de empresas inmobiliarias o personas físicas que se dedican al arrendamiento de pisos. Sin embargo, la confusa carta de notificación que la Agencia Tributaria ha remitido a un buen número de inquilinos (se han realizado unos 95.000 embargos de crédito de este tipo) ha provocado la intervención de la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. Esta institución ha abierto una investigación de oficio a la Agencia Tributaria para que remita un escrito “claro, razonable y accesible” a todos los ciudadanos.
Respecto a la próxima campaña de renta, el objetivo de Hacienda es que los contribuyentes con “declaraciones a pagar” también puedan abonar el IRPF a través de una simple llamada telefónica. Si bien Meseguer lamentó que la Agencia Tributaria cuente con menos recursos que el año anterior, aseguró que el plan de lucha contra el fraude permitirá ingresar 10.000 millones este año, un 1% del PIB. Supone una cifra similar a la registrada en el año anterior. Además, el presente ejercicio se cerrará con unos 1.000 delitos fiscales denunciados.
Grandes y pequeños
La deuda tributaria media descubierta por contribuyente asciende a 250.000 euros. Con este dato, Meseguer trató de refutar la idea de que Hacienda solo se atreve con los pequeños contribuyentes. “Es una lástima no poder revelar los nombres para demostrar que no es verdad”, dijo.

El Gobierno clarifica en un Real Decreto los aranceles que deben aplicar notarios y registradores

Viernes, 11 de noviembre de 2011

Consejo de Ministros
El Gobierno clarifica en un Real Decreto los aranceles que deben aplicar notarios y registradores
â–ª La norma determina el régimen arancelario de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos hipotecarios, además de introducir criterios de mayor claridad y transparencia en las minutas
â–ª Sólo en la cancelación de hipotecas por vivienda este Real Decreto hubiera supuesto en 2010 un ahorro para el ciudadano de unos 90 millones de euros, según estimaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
11 de noviembre de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, un Real Decreto que ordena y clarifica la normativa vigente sobre los aranceles aplicables por notarios y registradores. Para ello, la nueva norma modifica los Reales Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, que regulan dichos aranceles en el caso de los notarios y los registradores, respectivamente, y el Decreto 757/1973, de 29 de marzo, que establece el de los registradores mercantiles.
El Real Decreto ha sido elaborado a partir de las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), a causa de la inseguridad jurídica existente en esta materia, y pone fin a la disparidad de interpretaciones sobre el arancel notarial y registral a aplicar a las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación de créditos o préstamos hipotecarios y su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Igualmente, la norma hoy aprobada aclara las dudas suscitadas por la aplicación de la rebaja del 5 por 100 en los aranceles notariales y registrales, prevista por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. En este sentido, se declara que dicha rebaja arancelaria, consecuente con la establecida de media a los funcionarios, se aplicará con carácter adicional a los demás descuentos, reducciones, bonificaciones o rebajas que se prevean en relación con los aranceles notariales y registrales que se calculen sobre la base que se indica en esta norma.
Asimismo, se recogen los aranceles que para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada se establecieron en el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
El Real Decreto aprobado supone un ahorro muy importante para todos los usuarios de estos servicios profesionales. Según estimaciones de la OCU, sólo en el campo de cancelación de hipotecas constituidas sobre viviendas, el ahorro hubiera supuesto en 2010 unos 90 millones de euros.
Por último, se introducen criterios de transparencia y claridad en las minutas, para lo que se incrementan las obligaciones de información en ellas por parte de los notarios y registradores. El Real Decreto establece un principio de “neutralidad arancelaria” con independencia de que en las operaciones se apliquen procedimiento electrónicos, de tal forma que ello no suponga un arancel más elevado.

A las familias les cuesta mucho reducir su deuda hipotecaria

Jueves, 10 de noviembre de 2011

Cifras publicadas por el Banco de España
Este año será el primero que cierre con un saldo vivo inferior al anterior
La caída de los ingresos impide una amortización más rápida de la deuda
Raquel Díaz Guijarro – Madrid – 08/11/2011 – La noticia en Cinco Días
Uno de los argumentos que se utiliza para atacar a España y su situación económica no es tanto el endeudamiento público y sí el privado. Las últimas cifras publicadas por el Banco de España, relativas al segundo trimestre de este año, muestran cómo el total del crédito a empresas y hogares se elevó a finales de junio a más de 1,8 billones de euros, de los cuales la mitad fue para financiar actividades productivas.
Así, las familias mantenían en esa fecha una deuda total de más de 804.257 millones de euros, un 2% menos que en idéntico periodo del año anterior.
De esos créditos, el 77,7%, es decir, más de 625.000 millones de euros, corresponde a préstamos para adquisición de vivienda, apenas un 0,8% menos deuda que la que atesoraban un año antes. ¿Quiere esto decir que los hogares no han comenzado aún de manera mayoritaria el desapalancamiento que tanto reclaman los mercados a España? Los números agregados parecen querer decir eso.
De hecho, llama la atención que después de tres años de dura crisis económica, 2011 vaya a ser el primer ejercicio que finalice con un saldo vivo de deuda hipotecaria de los hogares por compra de vivienda inferior al de un año antes.
Al cierre de 2010, la deuda de las familias por adquisición de casa ascendía a 632.449 millones de euros, todavía un 1,2% superior a la registrada un año antes. Después, nada más comenzar este 2011 la tendencia a la baja parece haberse consolidado definitivamente.
No se vende ni un piso
Esta tibia reducción de la deuda de las familias se explica por varios factores. El primero de ellos es la crisis. Después de tres años, son ya una mayoría los hogares donde han disminuido sus ingresos totales, bien por la pérdida de empleo de alguno de sus miembros o bien por verse afectados por reducciones o congelaciones salariales.
Con esta tesitura es más complicado que en el pasado destinar una parte del ahorro a la amortización anticipada de la hipoteca pendiente. Y es que fuentes del sector bancario admiten que mientras los plazos medios de contratación no bajan de 22-24 años, el tiempo real que tardan las familias en cancelar esas deudas es sensiblemente inferior, de poco más de una docena de años; aunque no existen estadísticas fiables sobre este particular, admiten las mismas fuentes. A una situación ya de por sí delicada de la economía doméstica se une que el euríbor retomó hace varios meses una senda alcista, solo truncada parcialmente en los últimos días con el anuncio del BCE de rebaja de los tipos de interés oficiales. Pese a esa rebaja el euríbor se mantiene por encima del 2%. Otro de los factores clave que ya se deja sentir en el volumen de deuda hipotecaria es que apenas se registran transacciones inmobiliarias. Las últimas estadísticas publicadas apuntan una caída de las ventas del entorno del 40%, según sea la tipología de la vivienda.
En principio, el desplome de las ventas se explica por sí solo por los datos macroeconómicos: actividad estancada y cinco millones de parados. Además, bancos y cajas han endurecido hasta tal extremo las condiciones para la concesión de hipotecas que hasta un 75% de las pocas ventas de casas que se llegan a formalizar se van al traste en una primera intentona por falta de financiación.
Para saber hasta qué punto la crisis ha hecho mella en la cultura de los hogares y ha cambiado los hábitos de estos a la hora de decidir cómo pagar sus bienes de consumo, probablemente haya que esperar más trimestres y ver cómo evoluciona el endeudamiento.
Lo que sí es cierto es que los préstamos al consumo no han dejado de caer desde el mismo inicio de la crisis en 2008 (ver ilustración). Si en 2007 las familias tenían deudas por 56.576 millones de euros para la compra de bienes de consumo duraderos (coches y electrodomésticos, entre otros), un año después el saldo vivo ya había disminuido un 4,2% y el 30 de junio pasado ascendía a 40.201 millones, un 28,9% menos
¿Cambiarán los hábitos del crédito por la crisis?
El Banco de España comenzó en 2005 a publicar el volumen de créditos con garantía hipotecaria cuya finalidad no era la compra ni rehabilitación de vivienda.
En aquel año, los hogares españoles financiaron con préstamos hipotecarios bienes o servicios (viajes, cursos) distintos a la compra de una casa por valor de 25.834 millones de euros. Un año después ese saldo se había disparado un 37%, hasta sumar 35.392 millones. En el tercer trimestre de 2010 alcanzó su máximo, de 54.621 millones, un 111,4% más que cinco años atrás. También esta clase de prácticas parece que ha tocado techo. En apenas tres trimestres, ese volumen de crédito ha descendido hasta los 48.789 millones, un 10,6% menos. Los expertos creen que este tipo de créditos, que suele ser una ampliación de capital de la hipoteca vigente, disminuirá por el endurecimiento del acceso a la financiación.
La cifra
625.021 millones de euros es el saldo vivo del total de créditos que mantienen las familias por adquisición de casa hasta junio pasado

La pelea frente al déficit: el Gobierno dispara las multas tributarias un 13% en un año

Jueves, 10 de noviembre de 2011

08.11.2011 Calixto Rivero. La noticia en Expansión
Las cuentas del Estado no cuadran, según la mayoría de los expertos. Y por ello, la Agencia Tributaria ha disparado las multas, las sanciones y los recargos en el último año. Según los últimos datos de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda, el Fisco ingreso por “multas, sanciones y recargos” 413,8 millones hasta septiembre, un 13% más que en el mismo periodo de 2010.
Las multas impuestas, y recaudadas en el mismo ejercicio, se han elevado exponencialmente en la última legislatura. En 2008 las multas tributarias efectivamente cobradas ascendían a 223 millones de euros. Ahora la cifra casi se duplica. El total de las multas y sanciones (tributarias y no tributarias) del Estado superan ya los 500 millones de euros, un 4,1% más que el año anterior.
El cobro de las sanciones es esencial en un momento de máxima preocupación sobre la situación de las arcas públicas. Si se cobraran todas las multas pendientes (de este año y anteriores) se reduciría el déficit un 0,2%, una cifra que ayudaría, y mucho, a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria que exige Bruselas.
¿El problema? Que muchos de estos recargos están parados en los tribunales y en la burocracia, por lo que la cifra representativa no es cuánto puede cobrar Hacienda por multas sino lo que consigue ingresar en caja.
Impagos a Hacienda
Este problema se suma al de los impagos de Hacienda. La Agencia Tributaria tiene una deuda pendiente de cobrar de 19.152 millones de euros al cierre de 2010 (cerca de un 2% del PIB), frente a los 15.700 millones que se registraron el año pasado. Este aumento del 20% es menos llamativo si se mira la evolución de estas cantidades desde 2007, cuando el departamento que ahora dirige Juan Manuel López Carbajo tenía que lidiar con 10.000 millones de deudas, la mitad que en la actualidad, según datos de la Memoria de la Agencia Tributaria de 2010.

ADICAE y las principales organizaciones sociales urgen al Gobierno para que adopte la moratoria hipotecaria

Miércoles, 9 de noviembre de 2011

Sindicatos, organizaciones sociales e incluso colegios profesionales, ya se han sumado a esta iniciativa que pretende introducir el debate hipotecario en la campaña electoral.
Fuente: ADICAE – 07 de noviembre de 2011 La noticia en lacerca.com
ADICAE, junto a un nutrido grupo de organizaciones sociales, ha puesto en marcha el Foro Social Hipotecario, germen en torno al cual comienza a agruparse la Sociedad Civil en demanda de sus reivindicaciones contra los abusos de la banca, los mercados y la insensibilidad de los gobernantes.
ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) y varias de las principales organizaciones sociales han instado al Gobierno para que adopte urgente e inmediatamente la moratoria hipotecaria que bajo la forma de Real Decreto presentó en agosto pasado y que solucionaría el grave problema al que se ven abocadas más de 270.000 familias amenazadas por el impago de sus hipotecas.
Esa exigencia al Gobierno es fruto del Foro Social Hipotecario, que se ha constituido por iniciativa de ADICAE y en torno al cual la Sociedad Civil comienza a organizarse para reclamar medidas para frenar la sangría de embargos, ejecuciones y desahucios. Según cálculos de ADICAE, durante los 15 días de la campaña electoral se producirán 7.500 desahucios, embargos o ejecuciones.
En el primer encuentro del Foro Social Hipotecario celebrado el pasado 3 de noviembre participaron, entre otras, además de ADICAE, movimientos sociales, como el 15-M, organizaciones sindicales, como CCOO y UGT y destacados representantes del Colegio de Registradores de la Propiedad.
Prueba del interés que ha despertado la problemática hipotecaria en los partidos políticos es la presencia en los programas electorales de medidas como la dación en pago, aunque lo hacen “de una manera poco precisa y con un gran confusionismo”, según el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos.
De hecho, en el Foro Social, participó la diputada y portavoz del PSOE en materia de vivienda, Ana Fuentes Pacheco. La parlamentaria aseguró que en los cuatro años de legislatura, el objetivo principal de su grupo ha sido “que no se produjeran los desahucios y que las familias pudieran continuar en el domicilio”.
No obstante, la representante del PSOE reconoció que el Parlamento y el Gobierno habían actuado con excesiva lentitud en este asunto ya que la subcomisión encargada de estudiar la reformar hipotecaria “se constituyó muy tarde”.
El vicedecano del Colegio de Registradores de Bilbao, Carlos Ballugera, explicó que su experiencia indica que las cláusulas suelo que han colocado los bancos en las escrituras hipotecarias “alteran ”˜de facto”™ la cláusula de variabilidad” del tipo de interés”.
Ballugera trajo a colación la reciente aprobación por el Gobierno de la Orden Ministeral de Transparencia que afecta directamente a los contratos hipotecarios y a la relación de los consumidores con la banca y cuya promulgación se ha realizado con “nocturnidad y alevosía” aprovechando los últimos días de vida del Ejecutivo.
Para el vicedecano del Colegio de Registradores, la dación en pago no siempre es una buena solución para los consumidores, ya que, por ejemplo, puede ocurrir que “si llevan 15 años pagando, es absurdo que por tres años de impago tengan que entregar la vivienda”.
En un tono combativo, el representante de la Comisión de Economía del 15-M, Pedro Martí, expresó su indignación por “el poder que tiene el sector financiero sobre la política y la ciudadanía”.
Martí realizó una reclamación inmediata al Ejecutivo para que “se impida realizar préstamos a más de 20 años; que los préstamos no superen el 60% del valor de tasación y que las tasadoras sean independientes y se encuentren sometidas, de verdad, al control de un organismo público”.
En línea similar, el representante en Madrid de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, José María Ruiz, indicó que “el problema más inmediato es el de las ejecuciones y desahucios hipotecarios” y apuntó como responsables a la “banca, los especuladores financieros y a los gobernantes”.
La moratoria hipotecaria impulsada por el Foro Social y por ADICAE es una iniciativa que tiene su referente en otros países, como Hungría y Estados Unidos, por ejemplo, en los que ya se ha puesto en marcha con éxito. Precisamente el presidente de EEUU, Barack Obama, acaba de anunciar que ampliará dicha medida para frenar la dramática situación que viven millones de familias.
En España son ya más de 100 instituciones y organizaciones sociales las que han expresado su apoyo a esta medida, y más de 28.500 las personas que a través de la web de ADICAE (http://colectivos.adicae.net/support_p.php?id=51) y la plataforma Actuable han firmado la misma.

Registradores estiman una bajada de actividad de más del 45% en Andalucía desde el inicio de crisis hasta 2011

Miércoles, 9 de noviembre de 2011

Sevilla 7 Noviembre La noticia en Europa Press
Los registradores de la propiedad andaluces prevén que para finales de este año se obtenga una bajada acumulada del número de documentos gestionados del -45,59 por ciento en toda Andalucía, desde el inicio de la crisis, en 2007, según han indicado a Europa Press fuentes del sector, que reconocen la existencia de registros “deficitarios”, por lo que esperan que esto “se corrija en el futuro, agrupando determinados registros”, algo que depende del Ministerio de Justicia.
Fuentes del Colegio de Registradores han indicado a Europa Press que respecto del volumen de actividad de los registros de Andalucía en estos últimos años, aunque en 2011 no hay datos todavía, se espera una bajada de gestión de documentación en torno al siete u ocho por ciento, por lo que a final de año la bajada acumulada de Andalucía sería del 45,59 por ciento y en concreto la de Andalucía occidental del -47,97 por ciento.
De esta forma, entre 2005 y 210 el número de documentos ha descendido un 41,18 por ciento en toda la Comunidad, hasta los 703.469 documentos registrados el pasado año, siendo mas acusada la bajada en zonas como Cádiz (-47,22 por ciento); Sevilla (-45,79 por ciento), Málaga (-41,51 por ciento); Huelva (-39,94 por ciento); y Almería (-38,26 por ciento).

En el resto de provincias, la bajada fue menor, registrándose un descenso en este período un descenso del -36,38 por ciento en Córdoba; del -37,3 por ciento en Jaén; del -34,88 por ciento en Granada; del -24,78 por ciento en Ceuta, y del -27,69 por ciento en Melilla.
Las fuentes advierten que, en lo que se refiere al volumen de ingresos, “la bajada es mayor ya que la documentación que se genera en época de crisis –certificaciones para procedimientos ejecutivos, o embargos, entre otras– produce menos ingresos que en época de expansión económica”.
Las fuentes han lamentado que existen “registros deficitarios”, algo que se debe, aparte de la crisis, a la “excesiva” fragmentación de las circunscripciones territoriales creadas en la última Demarcación Registral, llevada a cabo por el Ministerio de Justicia, que el colectivo espera que “se corrija en el futuro, agrupando determinados registros”, una circunstancia que, según han recordado, “no depende de los registradores sino del Ministerio”.

¿Cómo son las pocas hipotecas que conceden actualmente los bancos?

Martes, 8 de noviembre de 2011

La noticia en diario abierto

Las estadísticas demuestran que cada vez se dan menos hipotecas en España, pero ¿cómo son las que se conceden? La crisis no solamente ha afectado al número de préstamos hipotecarios concedidos, sino también a sus características
Más hipotecas mixtas, de menor importe y a menor plazo
La incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés, así como de la propia economía doméstica han supuesto un incremento de las hipotecas mixtas. Se trata de hipotecas en las que durante un período inicial de normalmente entre 3 y 5 años el tipo de interés es fijo y después pasa a ser una hipoteca variable normal con revisiones periódicas cada año o seis meses. Estas hipotecas han pasado de ser casi inexistentes a copar poco menos del 20% de las nuevas hipotecas concedidas.
El plazo medio de las nuevas hipotecas y el importe medio se han reducido sensiblemente frenando la escalada que sufrieron durante la burbuja. Este cambio de tendencia se debe sobre todo a la modificación de criterios de riesgo de los bancos, que exigen una mayor entrada o desembolso inicial. Esto unido a la caída del precio de la vivienda llevan a que se soliciten hipotecas por un importe medio inferior. no obstante, llama la atención el hecho de que desde mediados de 2009 esté creciendo de nuevo el plazo medio, que ha pasado de unos 290 meses (24 años y 2 meses) a más de 310 meses (25 años y 10 meses)
El tipo de interés de las hipotecas: ¿un espejismo?
La mayor parte de los grandes países europeos han aprovechado la caída del euribor para incrementar sus márgenes. En España, las ofertas bancarias dejan el tipo de interés de las hipotecas por debajo de la media y resultan llamativos los tipos de interés para hipotecas del Reino Unido. Allí no hay euribor, sino libor y actualmente tiene un interés inferior al Eurico, sin embargo, sus bancos cobran un tipo de interés cercano al 4%. Sin especular sobre cómo evolucionará el euribor, sí podemos esperar que la tendencia a hipotecas de menor importe, a plazos de 25-30 años y mixtas (con un período inicial fijo) se consolidará y la lógica nos lleva a pensar que el diferencial que aplican las entidades seguirá subiendo para mejorar la rentabilidad de las hipotecas (por desgracia para los nuevos hipotecados).

El BCE baja tipos pero ni los hipotecados ni el ladrillo español sentirán sus efectos

Lunes, 7 de noviembre de 2011

Elena Sanz – La noticia en El Confidencial – 05/11/2011
Mario Draghi ha entrado por la puerta grande en el BCE. El jueves anunciaba, por sorpresa, una bajada de los tipos de interés del 1,5% al 1,25%. La primera rebaja en dos años y medio y un auténtico golpe de timón respecto a la política monetaria de su antecesor en el cargo, Jean-Claude Trichet.
Fue una buena noticia para los mercados -las bolsas subieron con fuerza- y para la maltrecha economía de la zona euro pero de escaso impacto, al menos por el momento, para el bolsillo de miles de hipotecados españoles y para la reactivación del ‘ladrillo’ español ya que el principal caballo de batalla sigue siendo la falta de financiación para la compra de vivienda.
“La bajada de tipos supone una ligera mejoría en las condiciones a las que se podrá acceder al crédito hipotecario, aunque no es una medida definitiva que permita vislumbrar un cambio de rumbo para el sector. Las otras dos palancas necesarias para reactivar el mercado inmobiliario, empleo y bajada de precios, todavía parecen muy lejos de haber tocado suelo”, comentaba Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com tras la inesperada decisión de Mario Draghi.
De hecho, el paro no ha dejado de subir -ya roza los 5 millones-, mientras que diferentes expertos estiman que los precios todavía tiene un recorrido a la baja que oscila entre el 8% de los más optimistas hasta el 15% de los más pesimistas.
Pero, ¿qué pasará con los miles de españoles cuya hipoteca está referenciada al Euríbor? La decisión de Draghi también pilló por sorpresa al mercado interbancario. De hecho, el Euríbor a 12 meses cerró el jueves en el 2,105%, apenas cuatro milésimas menos que un día antes. Tampoco lo descontaba el indicador a tres meses, cuya evolución suele ir de la mano de los tipos oficiales y que cerró ligeramente por encima del 1,5%.
Sin efecto sobre los bolsillos de los hipotecados
Un día después de la decisión, la reacción del Euríbor no se hizo esperar al bajar seis centésimas en su cotización diaria hasta situarse en el 2,044 %, la tasa más baja desde principios de abril. No obstante, y recién estrenado el mes de noviembre -cerró octubre en el 2,110%, su nivel más alto en tres meses-, el descenso del indicador todavía no sería lo suficientemente pronunciado como para producir un alivio en los bolsillos del los hipotecados.
Para que esto fuera así el Euríbor debería situarse por debajo incluso del 1,5%, nivel en el que se encontraba hace un año. Sólo quienes tengan que revisar semestralmente su hipoteca a partir de diciembre pueden experimentar cierto alivio ya que, entre mayo y julio, el indicador ha cerrado por encima del 2,1%.
No obstante, los expertos consultados no descartan que puedan producirse nuevas rebajas de tipos. “No sé si será en diciembre o algo más adelante pero lo cierto es que las malas perspectivas para la economía de la zona euro para el primer trimestre de 2012 nos hace pensar en bajadas adiciones. No descarto que durante los primeros meses del próximo ejercicio los tipos caigan incluso por debajo del 1%”, explica a El Confidencial, Nicolás López, analista de MG Markets. En su opinión la bajada puede ser de hasta un punto.
Un ascenso imparable
El Euríbor inició su carrera alcista a comienzos de 2010 y aceleró su subida en los primeros meses de este ejercicio. En apenas cuatro meses pasó del 1,5% (en enero) a superar el 2% (en abril), impulsado por la expectativa de una subida de tipos que fue confirmada por el BCE en abril cuando elevó el precio del dinero del 1% al 1,25%.
La brecha entre los tipos oficiales y el Euríbor a 12 meses llegó a alcanzar los 100 puntos básicos para posteriormente estabilizarse en torno a 75 puntos básicos y el Euríbor, en torno al 2%. Tras la segunda subida de tipos en junio, el diferencial se redujo en torno a 50 -60 puntos básicos, nivel en el que se ha movido hasta la fecha y que, de mantenerse, podría llevar al Euríbor al 1,75%. Sólo el tiempo y Draghi marcarán el devenir del índice.

Programas electorales

Domingo, 6 de noviembre de 2011

Izquierda Unida

Partido Popular

Partido Socialista Obrero Español

CiU

PNV

ERC

BNG

ICV

UPyD

Amaiur

Equo

Magro defiende en Londres la seguridad jurídica de España para animar a invertir

Domingo, 6 de noviembre de 2011

La cámara de comercio española en el Reino Unido invita al presidente de la Audiencia para explicar el sistema judicial del país
José Antonio Martínez. La noticia en Información
Seguridad jurídica para invertir en España. Ésta es la idea que ha defendido en Londres ante inversores británicos el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro, en unas jornadas que recientemente ha organizado la cámara de comercio española en esta capital europea. Lo cierto es que la Comunidad Valenciana aparece con mucha frecuencia en los diarios de corte sensacionalista y el temor se apodera del colectivo de inversores cuando se habla de casos de estafas inmobiliarias en Torrevieja. El objetivo último de estas jornadas es demostrar que en España existe seguridad jurídica y que no se trata de una república bananera. En ellas se analizaba el sistema judicial español y uno de los ponentes invitados para explicarlo era el presidente de la Audiencia alicantina, Vicente Magro. El magistrado no sólo defendió la solvencia del sistema español, sino que también lanzó algunas de sus propuestas para seguir mejorando y que, según su opinión, también son válidas para ser utilizadas en ese país.

En palabras del magistrado, en España “estamos trabajando para que exista seguridad jurídica” y “hay muchos profesionales que estamos apostando por esta seguridad que se reclama y que quien quiera puede venir a vivir o a invertir, o ambas cosas”. Para Magro, la existencia de “casos puntuales” no debe manchar la imagen del país.

Una estafa inmobiliaria en Torrevieja ha sido tema de portada en los tabloides británicos. Asimismo, el asesinato hace unos años de un matrimonio británico en la provincia de Alicante que había venido a comprar una vivienda también causó una gran conmoción en el Reino Unido. Hechos que han generado una leyenda negra en este país y por tanto recelos y dudas sobre si es seguro invertir en España.

El magistrado en su ponencia dio algunos datos sobre cuál era la realidad de la crisis. En España, los procesos monitorios, juicios para reclamaciones de cantidad en los que no es necesario tener ni abogado ni procurador, entre 2007 a 2011 se ha pasado de 400.000 a 850.000 asuntos, con 32.000 embargos, casi 20.000 lanzamientos por desahucio y más de 2.000 procesos concursales presentados, el nuevo modelo que la legislación mercantil prevé para las suspensiones de pagos. Eso sí, para el presidente de la Audiencia alicantina el número de jueces es muy reducido: 4.800 magistrados que deben repartirse los casi diez millones de asuntos que a lo largo de todo el año 2011 se registraron en los juzgados españoles.

Siempre pendiente de presentar nuevas propuestas con las que mejorar la calidad de la Justicia, Magro explicó algunas de sus ideas y que también podrían ser utilizadas en ese país.

La primera de ellas es la creación de juzgados especializados en Derecho Inmobiliario, a cuyo frente estarían magistrados especialistas en este tipo de materias , garantizando la solvencia del sistema español frente a las reticencias de los inversores indecisos, así como también se pondrían en marcha mecanismos para agilizar la tramitación de estas demandas judiciales.

Otra de sus ideas fue la creación de un domicilio electrónico, como el DNI, con el que evitarse los cerca de 40 millones de actos de comunicación que realizan los juzgados de toda España al año. Según Magro, el ahorro de personal y tiempo podría permitir dedicar esos recursos a otros temas. De esta manera, según Magro, también se evitarían los retrasos en la tramitación de los procedimientos que se producen a causa de los morosos que tratan de evitar todas las notificaciones del juzgado.

También para Magro, las empresas también pueden poner en marcha recursos para protegerse de las actividades de alguno de sus empleados que utilice la pantalla de la mercantil como marco para cometer hechos delictivos. El magistrado aboga por la figura del “keeping track”, que sería el encargado de controlar y conocer lo que se hace en la empresa, con la obligación de evitar que el descontrol de empleados o directivos puede generar alguna actuación desleal en la que terceras personas resultan defraudadas.

“Los afectados se sienten indefensos ante los delitos económicos de todo tipo que en ocasiones se cometen bajo el escudo de una empresa”, aseguró. El “keeping track” protegería a las empresas de ser condenadas penalmente por una de estas actuaciones fraudulentas, ya que la reforma del Código Penal aprobada el año pasado permite responsabilizar también a las mercantiles.

La cuarta idea defendida por Magro es tratar de impulsar reformas que permitan reducir la excesiva burocratización de los procedimientos. Para el magistrado, no todo consiste en crear nuevos juzgados, sino también en buscar leyes y mecanismos que sean adecuados. En esta línea, recordó que el actual contexto de crisis económica hace difícil que se puedan hacer las inversiones de medios necesarias para los juzgados. En esta línea, abogó por poner a dos jueces al frente de cada juzgado a fin de duplicar el ritmo de resolución de asuntos; así como por poner en marcha servicios comunes de atención, tramitación y ejecución de las sentencias.