AIRE

30.03.2012 La noticia en Expansión
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita.
Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallardón para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos.
Otro de los objetivos que se ha marcado el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.
Según ha dicho la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para “evitar el exceso o abuso” de los recursos.
Así, ha indicado que se trata de quien ya tiene la sentencia de un órgano judicial “contribuya con los costes” que genera recurrirla en una segunda instancia.
La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.
También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados.
Según la estimación del Gobierno, si se mantuvieran los datos de 2010, cuando se recaudaron 172 millones de euros a través de esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300 millones con las nuevas tasas, cuya recaudación, teniendo en cuenta la actual coyuntura de crisis económica, se destinará a mantener y financiar el sistema de justicia gratuita.
En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.
Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100% pasando de 600 a 1.200.
En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200.
Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.
Esta reforma, según han informado fuentes de Justicia, no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) según la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste.
En cuanto a la gestión, el anteproyecto también contempla, entre sus novedades, que los procuradores y abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.

Anulados los nombramientos de registradores adscritos por resolución del ministro de justicia de 6 de marzo de 2012.

Por Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, se convocó concurso de méritos para proveer plazas de Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 253/2011, de 28 de febrero, sobre régimen jurídico de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Por Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto, se resolvió dicho concurso de méritos nombrándose tres notarios y dos registradores como adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dicha Orden, en lo que a los registradores adscritos se refiere, fue impugnada por dos de los registradores participantes en dicho concurso de méritos. Mediante Resolución del Ministro, de fecha 2/12/2011 se resolvió sólo uno de los recursos interpuestos, estimándolo parcialmente, dejando sin efecto la Orden recurrida y “ordenando la retroacción de actuaciones al momento de constituirse la Comisión de Valoración “.

A consecuencia de ello, se dictó la nueva Orden ministerial JUS/3505/2011 de 21 de diciembre, que modifica la Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto impugnada, en el sentido de nombrar registrador adscrito al recurrente con exclusión de uno de los primeramente nombrados por la Orden impugnada.

Esta orden fue impugnada por el registrador excluido al considerar que la nueva Orden vulneraba sus derechos de audiencia y defensa al haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, conforme a lo previsto en los artículos 112.2 y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pues ningún momento tuvo conocimiento ni de la interposición del recurso, ni de las resoluciones que en él se dictaron, ni se le concedió el preceptivo trámite de audiencia para formular alegaciones en defensa de sus derechos.

Ahora la resolución del Ministro de Justicia de 6 de marzo de 2012 resuelve dicho recurso, así como el otro recurso contra la Orden de 12 agosto, que no fue resuelto en su día, y anula los nombramientos de Registradores contenidos en la Orden JUS/2423/2011, de 12 de agosto, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Orden JUS/1598/2011, de 31 de mayo, para proveer plazas de Notarios y Registradores adscritos a la Dirección General de los Registros y del Notariado y declara nula y sin efecto la Orden JUS/3505/2011, de 21 de diciembre, por la que se modifica la anterior, en relación con los Registradores adscritos por resultar evidente el incumplimiento por parte de la Administración de los trámites de audiencia y notificación, con la consiguiente indefensión del interesado.

Tendrá dos efectos: reducirá la mora, pero se entregarán pisos cuyo valor sea menor que el de la hipoteca
29/03/2012 – - Europa Press – La noticia en Finanzas.com
La agencia de calificación crediticia Fitch considera que la reciente introducción de un real decreto que facilita la dación en pago a los hogares más vulnerables puede dar como un resultado una mayor incidencia de propietarios en apuros que opten por “entregar las llaves” de su vivienda al banco y liberarse así de la deuda hipotecaria.
Así, la calificadora de riesgos apunta que la entrada en vigor de este decreto dará como resultado dos resultados distintos y opuestos, ya que, por una parte se esperan menores pérdidas en los préstamos que en los que son sometidos a subastas tradicionales, mientras que por otro lado, podría tener efectos perjudiciales al “incentivar a los prestatarios a entregar las llaves”, especialmente en casos en los que el valor del préstamo supera al de la vivienda.
“El impacto sobre las titulizaciones españolas no está claro”, apunta Fitch, que llevará a cabo un análisis más en profundidad para valorar las posibles consecuencias y determinar, si fuera necesario, si algunas operaciones pudieran verse negativamente afectadas.

Redacción fotocasa.es , 26/03/2012

Según las últimas cifras y estadísticas ofrecidas por el Registro de la Propiedad, el último trimestre de 2011 el endeudamiento hipotecario por vivienda se ha situado en los 112.697 € durante el cuarto trimestre, muy próximo a los niveles mínimos de los últimos nueve años. De hecho, esta variable se sitúa con resultados similares a los del año 2004, alejándose de los máximos de 2007, con cuantías medias próximas a los 150.000 €. En el año 2011 el endeudamiento hipotecario por vivienda ha descendido un 3,85% con respecto a 2010.

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha situado en más de 112.000 euros.

Los Bancos siguen siendo la agrupación con mayor endeudamiento hipotecario medio por vivienda (117.557 €), seguidos de Cajas de Ahorros (107.196 €) y Otras entidades financieras (103.078 €).

Duración de las nuevas hipotecas de vivienda

En cuanto a los plazos de contratación de las nuevas hipotecas sobre vivienda, han presentado su tercer trimestre consecutivo con descensos (1,00% en el cuarto trimestre; 1,33% en 2011), alcanzando los 23 años y 9 meses. Las Cajas de Ahorros han contado con el mayor plazo medio con 24 años y 6 meses, seguidas de Bancos con 23 años y 11 meses y Otras entidades financieras con 21 años y 2 meses.

Interés variable mayoritario

Los tipos de interés contratados en las nuevas hipotecas han mantenido el predominio del tipo de interés variable (96,99% de los contratos), mostrando una reducida contratación a tipo fijo (3,01%), con el Euríbor a la cabeza, 90,92%, seguido a gran distancia del IRPH, 3,95% y otros índices de referencia, 2,12%.

Las cuantías de los tipos de interés contratadas en los nuevos créditos hipotecarios acumulan su tercer trimestre consecutivo de crecimiento, alcanzando de media por operación el 4,11% en el cuarto trimestre y el 3,72% en 2011. Este crecimiento se está produciendo a pesar de la progresiva reducción del Euríbor, mostrando el progresivo incremento del diferencial aplicado por las entidades financieras sobre los índices de referencia.

El volumen de trabajo se desploma en 2011 un 50 % hasta mínimos históricos similares a los de 1995
V. R. Valencia – La noticia en levante-emv.com
La prolongación de la crisis inmobiliaria está ahogando a los registradores de la propiedad. El volumen de documentos que entran en los despachos refleja un nivel de actividad similar al mínimo histórico de 1995, hace dieciséis años.
En el punto álgido del ciclo inmobiliario anterior, en 2006, el número de documentos presentados en los registros españoles superó la cifra de seis millones. A partir de 2007 se produjo una evolución descendente que llevó a apenas tres millones de documentos. “cercenando el 50 % de la actividad que tenían los registros de la propiedad cinco años antes”, según un informe publicado ayer por el Colegio de Registradores. La caída fue especialmente señalada en 2008 (-23,08 %) y en 2011 (-17,44 %). En períodos estables de la economía, entre 1997 y 2000, la cifra de documentos oscilaba en los 4 millones de documentos.
El informe de los registradores incluye además datos sobre la actividad inmobiliaria. El endeudamiento hipotecario medio recogido en las escrituras presentadas se ha situado en 112.697 euros durante el cuarto trimestre del año, similar a los niveles mínimos de los últimos nueve años. Los resultados son similares a los de 2004 y muy lejos de los de 2007, cuando la media era de 150.000 euros. En 2011 el endeudamiento hipotecario por vivienda ha descendido un 3,85 % con respecto de 2010. Los bancos siguen siendo la agrupación con mayor endeudamiento hipotecario medio por vivienda (117.557 euros), seguidos de cajas de ahorros (107.196 euros) y otras entidades financieras (103.078 euros).
Las estadísticas de los registradores reflejan también que las cuantías de los tipos de interés contratadas en los nuevos créditos hipotecarios acumulan su tercer trimestre consecutivo de crecimiento alcanzando una media por operación del 4,11 % en el cuarto trimestre y del 3,72 % en 2011. “Este crecimiento se está produciendo a pesar de la progresiva reducción del Euríbor, mostrando el progresivo incremento del diferencial aplicado por las entidades financieras sobre los índices de referencia”.
En lo que se refiere a los plazos de los nuevos créditos hipotecarios sobre viviendas, han presentado su tercer trimestre consecutivo de descensos. La media en el cuatro trimestre de 2011 se situó en 23 años y nueve meses. Las cajas de ahorro han contado con el mayor plazo medio (24 años y seis meses), seguidas de los bancos (23 años y once meses).

La noticia en infoMelilla.com
Se trata de una pieza separada del llamado caso del voto por correo que investiga la supuesta compra de votos en las elecciones generales de 2008
El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, en una pieza separada del llamado caso del voto por correo que investiga la supuesta compra de votos en las elecciones generales de 2008, ha imputado a un notario de la ciudad, P.A.L.C., por supuestos delitos de falsedad y prevaricación.

Según un auto dictado por el juez Miguel ́ngel García, al que ha tenido acceso Efe, se han detectado una serie de irregularidades en la formalización de poderes notariales para emitir el voto por correo de personas que se encontraban impedidas y que, por tanto, no se podían presentar en la sede de Correos.

Cuarenta y dos de esos certificados médicos estaban firmados, según un informe de la Guardia Civil, por Z.K.M., esposa de Mustafa Aberchan, presidente de Coalición por Melilla (CPM), imputado también en el procedimiento y considerado junto al ex secretario general del PSOE de la ciudad Dionisio Muñoz, instigador de la trama.

El juez asevera en su escrito que ninguna de las personas a las que la doctora le expidió su certificación médica fueron vistos por ésta en horario laboral y en el desempeño de su trabajo.

Por ello, al igual que al notario, se le imputa también por presuntos delitos de falsedad y prevaricación.

Según consta en el auto judicial, el notario P.A.L.C. realizó el día 27 de febrero de 2008 un total de 49 poderes electorales, una cifra que resulta poco verosímil debido a la necesidad de tener que desplazarse para ello a distintas zonas de Melilla, los lugares de residencia de las personas de los presuntos poderdantes.

Todo ello se refuerza con el testimonio de personas que, supuestamente, habían dado el poder notarial a un apoderado para ejercer el voto, algo que negaron, llegando incluso a aseverar que ni siquiera conocían al que, teóricamente, era su representante.

“Se aprecian serias dudas de que el notario haya estado presente en el otorgamiento de todos los poderes electorales, no sólo porque diez personas son las que testifican tal extremo, sino porque además, según la Guardia Civil, no hay tiempo material de llevarse a cabo la totalidad de los actos protocolarios”, recoge el auto.

El juez apunta directamente a Mustafa Aberchan y a Dionisio Muñoz como las personas encargadas de urdir la trama por la que se pretendía, presuntamente, comprar votos en favor de la coalición PSOE-CPM en las elecciones de 2008, ofreciendo a cambio un puesto de trabajo en los planes de empleo de la Delegación de Gobierno.

La suma de imputados en el procedimiento, que ha sido dividido en varias piezas separadas supera la treintena, entre ellos, dos exdelegados del Gobierno, dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo y gran parte de la cúpula del PSOE de Melilla.

La noticia en Real State 25/03/2012
Los bancos de los países europeos, con más problemas económicos, han ido incrementado los tipos de interés que aplican a las hipotecas, por lo que a sus ciudadanos les resulta más caro comprar casas o mantener sus pagos, en un momento en que esos países necesitan desesperadamente que la gente gaste.

Las entidades financieras de Italia, España y Portugal han aumentado sus tipos de interés hipotecarios, como consecuencia de los altos costes que les supone su financiación. El aumento de tipos está comprendido entre el uno y el dos por ciento, en el último año.
En el Reino Unido, los grandes prestamistas anunciaron aumentos de los tipos de algunas de las hipotecas existentes, a principios de mes, la razón dada consiste también en los mayores costes de financiación y echan la culpa a la crisis de la deuda soberana de la zona euro..
Desde que aparecieron los males económicos en Europa, los préstamos a familias y empresas han caído drásticamente, especialmente en países con alto nivel de deuda pública y sectores bancarios débiles, e incluso el crédito que está disponible es cada vez más caro.
Los analistas dicen que unos tipos más altos para las hipotecas existentes, podrían dar lugar a la reestructuración del préstamo o al incumplimiento, por parte de los propietarios de las viviendas con problemas de liquidez.
Los bancos consiguen los fondos para los préstamos hipotecarios por varias vías, incluidas las de los depósitos y los préstamos en el mercado interbancario. Pero los tipos de interés de los depósitos se han mantenido en niveles históricamente bajos, lo que dificulta la captación de dinero hacia ellos. Al mismo tiempo, los bancos suelen ser reacios a prestarse entre ellos y, cuando lo hacen, es a plazos cortos y a unos tipos muy altos.
El Banco Central Europeo concedió un billón de euros en préstamos baratos, a los bancos, en diciembre del año pasado y febrero de este año. Dichos préstamos estaban destinados a alentar los préstamos interbancarios y a que el crédito fluyera a las economías europeas, con el fin de estimular el crecimiento
Pero hasta ahora, los préstamos interbancarios siguen siendo difíciles de conseguir. Y la financiación hipotecaria no se descongela, porque los préstamos del BCE se deben devolver en tres años, mientras que la mayoría de los préstamos para la compra de vivienda son a un plazo muy superior. Esto no es óbice para que los bancos transfieran los costos a los clientes..
La subida de los tipos hipotecarios, además de reducir el gasto en consumo, tiene un efecto negativo en los mercados inmobiliarios de los países de la zona euro con problemas, y contribuyen a aumentar la caída de los precios de los inmuebles.
En nuestro país los precios medios de la vivienda cayeron un 11,2 en tasa interanual en el cuarto trimestre de 2011, según el Instituto Nacional de Estadística, INE.
En España, donde la mayoría de los tipos de interés hipotecarios se basan en el Euribor, las subidas se aplican a los diferenciales en relación con el punto de referencia. Los tipos promedio de los préstamos nuevos ha crecido hasta el 3,71 por ciento en enero, desde el 2,88 por ciento del año anterior, según datos del Banco de España.
Además, un grupo de bancos españoles han estado hablando con los reguladores para buscar alternativas a al euribor como punto de referencia para las hipotecas. Los bancos creen que el uso de otras referencias para los tipos de las hipotecas les daría una mayor flexibilidad para fijar los tipos, lo que podría aumentar los márgenes.
En Italia y Portugal, también, los tipos medios de las nuevas hipotecas han estado subiendo en el último año, lo que refleja el mayor costo de la financiación y la regulación, según los analistas y los bancos centrales. En Portugal se ha producido una caída en picado del mercado inmobiliario.
Los problemas del mercado de la propiedad en algunos países europeos, con problemas fiscales, se encuentran en marcado contraste con el mercado de la vivienda en el corazón de la zona euro, Alemania. Los bancos alemanes se han de repartir los préstamos hipotecarios a tipos más bajos que sus colegas europeos, en un contexto económico fuerte. Los precios medios de la propiedad aumentaron un cinco por ciento en el último año, el doble de la tasa de inflación.

La noticia en facilísimo.com

Una inmobiliaria ha sido condenada por el Tribunal Supremo por vender una misma finca a dos clientes distintos. Por ello, tendrá que pagar al primer comprador un total de 250.713,66 euros, pues el segundo la registró en el Registro de la Propiedad.

El primer comprador no ha podido llevar a cabo su intención de conseguir quedarse con la propiedad, ya que la empresa a la que se revendió la finca en escritura pública, el 29 de julio de 2002, actuó de buena fe, según declaran los tribunales.

Previamente, el demandante había acudido al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella, en el año 2003, y a la Audiencia Provincial de Málaga, en el año 2005. Después de la desestimación de ambas, en el año 2008 se volvió a reabrir el caso en la Audiencia de Málaga, ante cuya sentencia se presentaron recursos por infracción procesal y de casación. Finalmente, el Tribunal Supremo ha aceptado el recurso, condenando a la inmobiliaria a indemnizar al demandante.

La batalla de la luz
La reforma eléctrica se abrirá con un recorte a la distribución
El Gobierno aprobará un real decreto ley con una rebaja de los ingresos de la distribución y una subida de las tarifas.

Carmen Monforte – Madrid – 24/03/2012 – La noticia en Cinco Días
Esta vez no se trata de una leyenda urbana. El Gobierno está preparando un paquete de medidas para “reformar” el sistema eléctrico sin contar con la opinión de las empresas del sector: ni de las grandes compañías eléctricas integradas en Unesa (Endesa Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España) ni de las más pequeñas del subsector de las renovables. Esta unilateralidad ha creado un profundo malestar entre los directivos de las compañías, que no entienden cómo “la reforma energética más importante de los últimos años cuyo objetivo es poner coto al déficit de tarifa se va a abordar sin negociación ni pacto alguno con nadie”.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, avanzó recientemente que la reforma eléctrica se articularía a través de dos paquetes de medidas, uno a finales de este mes y el otro a finales de abril o principios de mayo. Efectivamente, según fuentes de toda solvencia, el Ministerio de Industria (en conexión con la Oficina Económica de Moncloa que dirige ́lvaro Nadal) está trabajando en secreto en un primer real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros de la próxima semana, que incluirá dos iniciativas. Por un lado, un importante recorte de la retribución de la distribución (el negocio regulado de las compañías eléctricas) y una subida de los peajes eléctricos a partir del 1 de abril, que se establecerían por primera vez en la historia, a través de una norma con rango de ley.
Entre las compañías eléctricas se había extendido el temor de que el Gobierno pudiese meter la tijera a los ingresos de las redes de distribución, que, tras varios años de negociación, estrenaron el año pasado un nuevo sistema de remuneración “más objetivo y razonable”. La partida para la distribución en los peajes de acceso para este año asciende a 5.700 millones de euros, lo que supone aproximadamente un 40% de los mismos. Cualquier tipo de recorte de dicha partida, subrayan en el sector, “afectará directamente a la calidad del suministro”.
La distribución eléctrica es un monopolio natural y, por tanto, regulado que no solo está en manos de las cinco grandes eléctricas, sino también de otras 300 pequeñas compañías distribuidoras, que trabajan, especialmente, en zonas rurales.
Favoritismo de REE
Pero lo que más ha sorprendido del nuevo real decreto-ley, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, es que el recorte no afecte también a la retribución de las redes de transporte (la distribución en alta tensión) que explota el operador del sistema, Red Eléctrica. El Estado, a través de la SEPI, tiene un 20% de esta compañía, que disfruta de una especie de acción de oro, pues ningún inversor, excepto el sector público, puede tener más de un 5% del capital.
Precisamente, una de las propuestas del informe para resolver el déficit de tarifa elaborado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a petición del Ministerio de Industria, hace referencia a “medidas a corto plazo sobre los costes de las actividades reguladas y “sobre el aplazamiento de inversiones previstas en la actual planificación”. El objeto de esta propuesta es “moderar cuanto antes la senda creciente de los costes de acceso y promover una regulación eficiente de las actividades reguladas”, señala la CNE.
Sin embargo, el informe hacía referencia tanto a una revisión de la retribución de la distribución, como del transporte, que se debería calcular, en su opinión, utilizando “el criterio de la amortización de sus activos por su valor neto y no bruto”. El regulador también aludía a la retribución de las infraestructuras del gestor de la red de gasoductos, Enagás.
La sola lectura de un informe no vinculante, que fue publicado el 9 de marzo, hizo desplomarse la cotización de ambas compañías, especialmente, la de REE, que cayó un 5%. Las protestas de su nuevo presidente, José Folgado, que se incorporaba ese mismo día al puesto, provocaron las iras del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, contra la CNE. En un comunicado, Marti señaló que la publicación del informe (una obligación legal para el regulador) había “lesionado los intereses” de las empresas, en referencia implícita a REE. Por la misma regla de tres, aseguran en las eléctricas, el recorte que pergeña el Gobierno “lesionará los intereses de las distribuidoras y, de paso, el de los consumidores, pues afectará al suministro”.
Tarifas por ley
Además de estos cambios, el real decreto-ley del viernes, día 30, incluirá la subida de las tarifas del segundo trimestre que Industria debía haber aprobado en una orden ministerial, previo dictamen de la CNE.
Al recurrir a una ley, Soria evita ese dictamen, para cuya solicitud, por otra parte, había agotado el plazo legal de la revisión de los peajes eléctricos. Además, la revisión de próximo trimestre es muy especial: además de coincidir y formar parte del paquete de reformas del sistema eléctrico, tiene que incluir la refacturación de los consumos del último trimestre de 2011 y del primero de este año impuesta en sendos acuerdos de cautelares del Tribunal Supremo.
Según las compañías eléctricas, una interpretación estricta de las cautelares implicarían una subida de los peajes del 35% (la mitad de la factura), la más amplia se traduciría en una subida del 3%. En la revisión en estudio, el ministerio contaría con una ventaja, la bajada del coste de la energía en un 7% (según el resultado de la subasta Cesur celebrada esta semana), con la que podría compensar la fuerte subida de los peajes que imponen no solo el Supremo, sino las circunstancias.
El déficit de tarifa previsto para este año ronda los 5.000 millones de euros, cuando la ley solo reconoce ex ante 1.500 millones de euros (el que se puede titulizar con el aval del Estado). La diferencia, y esta es la clave de las cautelares del Supremo, se debe refacturar en el próximo recibo de la luz.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
El primer mes del año se firman 29.167 préstamos, un 41% menos que en 2011
La estadística interanual acumula ya 21 meses consecutivos en ‘números rojos’
El importe medio de los nuevos créditos se sitúa en 107.217 €, un 9,5% menos
El tipo de interés medio aplicado se dispara hasta el 4,42%, un 19% más
La noticia en El Mundo – Madrid 26/03/2012
Año nuevo, vida vieja. El mercado hipotecario ha arrancado 2012 por el mismo camino de ‘números rojos’ con el que cerró 2011 (-32%). Durante el primer mes del ejercicio, apenas se firmaron 29.167 hipotecas para la compra de casa, un 41,3% menos que en el mismo periodo de 2011, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Este porcentaje negativo representa el mes número 21 consecutivo de la estadística en negativo en tasa interanual. Un balance que contrasta con el registrado en tasa intermensual: el número de firmas de hipotecas crece en enero respecto a diciembre un 18,5%.
Las entidades aprueban 3.127 millones de euros, casi la mitad que en el ejercicio anterior
El importe medio de los nuevos préstamos sellados sobre viviendas asciende a 107.217 euros, un 9,5% menos que en 2011 y 3,2% más que en el mes precedente. En total, durante enero las entidades financieras otorgaron 3.127 millones de euros de financiación para la adquisición de casa. Cantidad que supone un descenso del 46,9% interanual y un aumento del 22,3% intermensual.
En el conjunto del mercado, fincas tanto urbanas como rústicas, se concedieron un total de 47.435 hipotecas, lo que significa un descenso del 37,1% respecto a 2011, mientras que el importe subió el 5% y se situó en 122.973 euros. En enero, el importe total de los créditos hipotecarios sobre fincas fue de 5.833 millones de euros, el 34% menos, de los que 5.308 millones correspondieron a fincas urbanas (-35,3%) y 525 a rústicas (-15,6%).
Los bancos concentran el 64,7% de los préstamos, mientras que las cajas de ahorro conceden el 18,9%
Los bancos concentraron el 64,7% de los préstamos, mientras que las cajas de ahorro concedieron el 18,9% y el resto de entidades financieras, el 16,4%. En cuanto al capital prestado, en enero, los bancos concedieron el 67,6% del total; las cajas, el 18,2%, y otras entidades, el 14,2%.
El tipo de interés medio aplicado fue del 4,42%, superior en un 19,1% al de enero de 2011 y en un 1,6% al de diciembre de ese año. Por entidades, las cajas concedieron las hipotecas a un interés medio del 4,37% y un plazo de 23 años, mientras que los bancos dieron sus préstamos a 21 años y con un interés medio del 4,55%.
El 92,8% de las hipotecas constituidas se firmó a un tipo de interés variable, con el Euribor como principal referente (87,8 %), en tanto que el 7,2% optó por un tipo fijo.
Las cancelaciones de créditos caen un 7,5%, hasta las 40.515
El número de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad fue de 30.571, el 6,6% menos que en enero de 2011, y en la mayoría de los casos (40,6%) se debió a una modificación del tipo de interés.
Por otra parte, en el primer mes del año se cancelaron en los registros de la propiedad 40.515 hipotecas, un 7,5% menos que en enero del año anterior.
Por comunidades autónomas, el número de fincas con hipoteca constituidas por cada 100.000 habitantes registró tasas interanuales negativas en todas, lideradas por Aragón (61%) y Galicia (49,2%). En cuanto al valor medio de las hipotecas, la comunidad con mayor importe fue Madrid, con 169.892 euros -el 4 % más-, en tanto que Andalucía registró la mayor variación al alza, con un repunte del 30%.

Instan a Rita Barberá a mediar ante Fabra para que el deterioro del instituto no repercuta en la ciudad
José Parrilla Valencia – La noticia en levante-emc.com
Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valencia -PSPV, Compromís y EUPV- han presentado una moción conjunta en la Comisión de Urbanismo solicitando a la alcaldesa Rita Barberá que realice las gestiones necesarias con el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para garantizar todos los proyectos encargados al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), cuyas funciones están siendo recortadas por la administración autonómica.
Según reza el texto de la moción, en los últimos 25 años el IVVSA ha tenido un papel determinante en el cambio de la ciudad y en la actualidad está en un proceso de deterioro que ha empezado con la supresión de algunas de sus áreas de actividad y que seguirá con la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo, lo que supondrá nuevos despidos en una empresa que ya ha bajado de 390 a 328 trabajadores.
En estas condiciones, los tres grupos de la oposición piden a Rita Barberá que arranque a Alberto Fabra un compromiso para mantener los proyectos iniciados a Valencia. Citan, en concreto, el entorno de la muralla musulmana; la edificación del solar de las casitas de papel y las viviendas protegidas del solar del cine de verano, ambos en Nazaret; el entorno del parque de Doctor lluch; la reparación de las 1.200 viviendas del Grupo Esperanza Virgen de los Desamparados; la rehabilitación de vivienda pública en Cardenal Benlloch; la conclusión de viviendas públicas en Sociópolis; la rehabilitación de viviendas en Cabanyal y otro tanto en el barrio de Russafa.

130 millones de deudas
Exigen, así mismo, que la Generalitat abone al Instituto de la Vivienda los 130 millones de euros que le deben distintas consellerias, deuda que ya ha tenido un efecto inmediato de descenso de actividad y pérdida de empleo.

Aprobada la Ley de Transparencia

La noticia en diario abierto

La Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante 10 años a los gestores públicos que cometan irregularidades muy graves. La norma, aprobada en el Consejo de Ministros, establece que los sueldos de los gestores locales se fijarán cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
Los gestores públicos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su cargo, tales como falsear u ocultar datos contables, podrán enfrentarse a diez años de inhabilitación y una multa, según consta en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establecerá también baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales.

La norma prevé un “código de buen gobierno con rango legal” que incluye “principios éticos y de actuación que dejan de ser meras recomendaciones porque se constituyen en obligaciones de cumplimiento legal”, por lo cual su incumplimiento acarreará sanciones. Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha indicado que las infracciones consideradas “muy graves y algunas graves” por el anteproyecto de ley podrán llevar a la destitución en el cargo del gestor en cuestión y la imposibilidad de poder volver a ser nombrado por un periodo de entre cinco y diez años. Además, en el caso de “verdadero falseamiento u ocultación de datos de naturaleza contable, la conducta será constitutiva de delito, pudiendo ser penada con la inhabilitación por diez años y la correspondiente multa”.

El anteproyecto de ley fija un “primer paso” hacia la fijación de baremos en la retribución de los miembros de las entidades locales, que constarán en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para fijar estos baremos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, se tendrán en cuenta las características de cada entidad local, el tamaño de la misma y sus circunstancias económicas o administrativas.

Las empresas deberán informar al detalle de sus ventas y compras
Las pymes tendrán en breve la posibilidad de pagar el IVA en el momento en que cobran las facturas en lugar de hacerlo, como sucede ahora, cuando las emiten. Esta medida, tantas veces reclamada y que mejorará la tesorería de muchas sociedades, tendrá como contrapartida el envío de mucha más información a Hacienda.
Jaume Viñas – Madrid – 22/03/2012 – La noticia en Cinco Días
El IVA es el impuesto que más quebraderos de cabeza provoca en las empresas. Hasta ahora, el régimen del IVA ha seguido el llamado criterio de devengo, lo que supone que una empresa debe ingresar el impuesto en el momento en que emite una factura con independencia del momento en que la cobre. Ello deteriora la tesorería de las compañías, que deben adelantar un dinero al fisco que no han cobrado y, quizás, no cobrarán.
Esta situación cambiará en breve cuando el Ejecutivo cumpla su promesa electoral e implante -primero para los proveedores públicos y después para el resto- el llamado criterio de caja, que permitirá que las pymes no abonen el IVA hasta cobrar la factura. Un medida que parece de sentido común y, sin embargo, presenta muchas dificultades técnicas. El Ejecutivo reconoce que el cambio normativo eleva el riesgo de fraude fiscal. Precisamente por eso, la medida se empezará a aplicar sobre las empresas que son proveedoras del sector público. Hacienda argumenta que tiene más información de estas compañías y ello reduce el riesgo de fraude. Además, se evitan distorsiones, ya que la Administración pública no puede deducirse el IVA. En cualquier caso, el objetivo es extender esta medida al conjunto de pymes, que tendrán libertad para aplicar el criterio de devengo en unas operaciones y, el de caja, en otras.
El vicepresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez, entiende económicamente la medida, pero alerta que abre una vía de “fraude de difícil control”, ya que no resulta tan sencillo averiguar si una compañía ha cobrado realmente o no una factura. Además, advierte que los efectivos de la Agencia Tributaria son reducidos para asumir la carga de trabajo derivado del cambio de régimen del IVA.
Para evitar que la medida se convierta en un coladero del fraude, Hacienda elevará los mecanismos de control. Así, gana enteros la posibilidad de que se obligue a las empresas que aplican el criterio de caja a remitir periódicamente los libros registro del IVA, un documento que contempla el detalle de toda y cada una de las facturas que recibe y emite una empresa. Fuentes empresariales aseguran que muchas pymes no tienen suficiente capacidad organizativa ni tecnológica para cumplir con esa obligación formal.
Abel García, miembro de Aedaf, apunta que los costes derivados del envío de mayor información pueden ser tan elevados que desincentive a las pymes a acogerse al criterio de caja. Así, tanto asesores como inspectores fiscales coinciden en que la medida es buena pero, por distintas razones, temen que su puesta en marcha resulte menos efectiva de lo previsto.
Si uno no ingresa el tributo, otro no se lo deduce
Es cierto, como denuncian las empresas, que las compañías que efectúan una venta deben pagar el IVA cuando emiten la factura y no cuando la cobran. Sin embargo, cuando son ellas las que compran, también pueden deducirse el impuesto antes de efectuar el pago. En principio, el cambio normativo que prepara el Gobierno beneficiará a las empresas cuando realicen una venta y tendrá efectos negativos cuando las compañías reciban una factura. El Gobierno podría mantener el criterio de devengo en la deducibilidad del IVA, una posibilidad que Hacienda rechaza, ya que supondría que debería devolver el IVA soportado por una empresa sin haber recibido el ingreso.
Por otra parte, Abel García, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), alerta que el cambio normativo provocará distorsiones en la competencia, ya que las grandes empresas exigirán en sus operaciones con pymes que se aplique siempre el criterio de devengo para poder deducirse el IVA. Hay que recordar que la posibilidad de pagar el IVA en el momento de cobrar la factura solo regirá para las pymes, ya que la normativa europea impide su generalización.
Así, las empresas deberán mantener una doble contabilidad. En una anotarán las facturas que se rigen por el criterio de devengo y, en otra, por el criterio de caja, lo que supone un aumento de los costes de gestión y un cambio en los sistemas informáticos.
Para evitar todo esto, García propone que las empresas puedan recuperar automáticamente el IVA ingresado cuando haya vencido el límite legal para cobrar una factura. Actualmente, el plazo de pago es de 75 días para las empresas y de 40 días para la Administración.
Las cifras
3,2 millones es el número de contribuyentes que declararon el IVA en 2009, último dato disponible. Supone un 3,1% menos que el ejercicio anterior.
97% del total de declarantes del impuesto sobre el valor añadido son pequeñas y medianas empresas o autónomos.

Corrupción urbanistica
El exalcalde de Alcaucín y un arquitecto provincial, arrestados por segunda vez en el ‘caso Arcos’. La trama ofrecía terreno no urbanizable que hacían pasar por edificable manipulando datos catastrales

J. A. Sau / J. Torres 14/03/2012 La noticia en Diario de Córdoba
Ecologistas en Acción concluyó en un estudio en el 2009 que Alcaucín era el pueblo con mayor índice de insostenibilidad urbanística de la Axarquía de Málaga. Entre el 2000 y el 2008, la población del municipio se multiplicó más de un 63%, lo que explicaría, por ejemplo, por qué el Ayuntamiento trató de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el que intentó convertir todo su extrarradio –144.000 metros cuadrados– en suelo urbanizable.
Todo ello desembocó en febrero del 2009 en el caso Arcos contra la corrupción urbanística, que contabiliza hoy 55 imputados y ayer vivió su segundo episodio: ocho personas fueron detenidas y otras siete imputadas por estafar supuestamente a extranjeros con la venta de suelo no urbanizable que hacían pasar por edificable. Para ello, manipulaban los datos del catastro. Dos de los arrestados lo fueron por segunda vez: el exalcalde José Manuel Martín Alba y el exjefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación José Mora.

Operación sincronizada.
La jornada comenzó temprano. A las ocho de la mañana, cuando los más madrugadores acababan de tomarse el café, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron al unísono a la unidad de gestión catastral del Patronato de Recaudación Provincial, ubicada en el Parque tecnológico de Andalucía, en Málaga; a la gerencia del catastro, en la segunda planta de la Delegación de la Agencia Tributaria; a una sede catastral de Cristo de la Epidemia, a un despacho de abogados y a varios domicilios particulares. Los investigadores entregaron un auto firmado por Irene Urbón, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, en el que autorizaba a efectuar registros y ordenaba la detención de hasta ocho personas. Otras siete fueron imputadas.
La investigación de estos nuevos hechos empezó hace más de un año, como ya publicó este periódico el 28 de enero del 2011 cuando la instructora comenzó a perseguir la estafa en la venta de viviendas a extranjeros. La Guardia Civil asegura que modificaron fraudulentamente el catastro, “haciendo creer a los interesados en la adquisición de suelo, principalmente a extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables”. El juzgado estaba buscando a los extranjeros estafados para ofrecerles personarse como acusación particular.

Siete delitos.
Esta nueva línea de investigación dio lugar a una pieza separada sobre la que pesa el secreto de sumario para las partes y que se llevó con total sigilo hasta ayer. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, y estafa. A estos se añaden, según el auto, al que accedió este diario, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Entre los arrestados no solo están José Mora y Martín Alba, éste esposado en su casa, sino también un funcionario del patronato, dos de la gerencia territorial del catastro, un abogado con despacho en la capital ya detenido en febrero del 2009, cuando estalló el caso, y un promotor inmobiliario.
Hay otros siete imputados, entre ellos tres auxiliares más de la unidad de gestión catastral. Los funcionarios, “coordinados por un abogado, modificaban las bases de datos del catastro con la finalidad de introducir en la misma información falsa o cuando menos engañosa, dando cobertura legal a la construcción de edificaciones en suelo no urbanizable”. A cambio de ello, siempre según la Guardia Civil, recibieron comisiones ilegales. En concreto, en torno a 300 euros según el caso.

Registro de la sede.
La operación se enmarca dentro del caso Arcos contra la corrupción urbanística pero se denominó Tristán, y continúa abierta. No se descartan nuevas detenciones a lo largo de estos días. Los investigadores de la UCO se llevaron numerosos documentos del Patronato de Recaudación, aunque se centraron en expedientes posteriores al año 2001. También copiaron archivos informáticos para su posterior análisis. Otro caso y una larga lista de delitos: prevaricación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, estafa y falsedad.

Ortiz reclama 2,6 millones por la construcción del nuevo Ayuntamiento de San Vicente
C. R. F. Alicante La noticia en Información
El grupo Cívica, del constructor Enrique Ortiz, ha solicitado al Ayuntamiento de San Vicente el pago de dos facturas por un valor total de 2.657.191 euros. La entidad reclamó en octubre de 2010 ambos pagos por las obras de construcción del nuevo Ayuntamiento y del aparcamiento subterráneo.
Las facturas han salido a la luz después de que el Ayuntamiento hiciera público que no acudirá al Plan de Pago a Proveedores del Gobierno debido a que las deudas certificadas por la intervención municipal se sitúa en sólo 8.720 euros. Desde el equipo de Gobierno local explicaron ayer que las deudas que reclama Ortiz no tienen que pagarlas el Ayuntamiento sino el Instituto Valenciano de la Vivienda -IVVSA-, pues es el organismo que comprometió el pago de estas cantidades con la empresa. Además, destacaron que el informe remitido al Gobierno “lo realiza la Intervención municipal, que son fedatarios públicos”.
La deuda del IVVSA se ha abordado recientemente en pleno con motivo del informe de morosidad. Si Cívica no cobra del IVVSA, a su vez este organismo ha informado recientemente al Ayuntamiento de que le debe siete millones de euros por distintas obras. Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Marco, apunta que el Consistorio no puede pagar porque antes la Generalitat tiene que abonar estas cantidades a la Administración local. También el Ayuntamiento tiene pendientes de cobrar Fondos Feder de la UE.
“Facturas en el cajón”
Por su parte, la portavoz de Esquerra Unida, Mariló Jordá, también aseguró que “el Ayuntamiento tiene todavía obligaciones económicas por reconocer con diversos proveedores. La edil citó el caso concreto de la adjudicataria de la contrata de basuras, Cespa, que “reclama que el Ayuntamiento le abone 1.083.045 euros para compensar económicamente el incremento del coste de vertidos en la planta de tratamiento de Xixona entre 2009 y 2011. La edil manifestó que el concejal de Hacienda “mantiene todavía facturas en el cajón no reconocidas”.

La mayor entidad de España
Ambas entidades esperan cerrar a lo largo del fin de semana los últimos detalles de la operación.
La noticia en Libre Mercado 23-03-2012
Caixabank y Banca Cívica han llegado este viernes por la tarde a un principio de acuerdo para su integración. Con este pacto, se forma la que será (si no hay nuevas operaciones en el sector) la entidad por activos más grande de España. Según fuentes cercanas a ambas entidades, el acuerdo está prácticamente cerrado.
La intención es que a comienzos de la semana que viene pueda formalizarse de manera oficial el acuerdo, con la ratificación de sus órganos de dirección.
Fuentes cercanas a la operación han indicado a Europa Press que faltan por concretar aspectos clave como el precio del canje de acciones, por lo que las conversaciones y contactos se prolongarán durante todo este fin de semana.
Estas fuentes consultadas apuntan a que a inicios de la próxima semana, con seguridad el lunes, CaixaBank celebrará un consejo de administración de carácter extraordinario para dar el visto bueno y aprobar la operación, mientras que Banca Cívica aún no ha convocado a sus consejeros.
Las mismas fuentes agregan que el precio de dicha operación estaría por encima del cierre de Bolsa de Banca Cívica este viernes. Las acciones de la entidad (creada tras la unión de Caja Burgos, Caja Sol, Caja Navarra y Caja Canarias) caían más de un 6% a lo largo de la jornada del viernes, ante el miedo de los inversores a que Caixabank realizase una oferta a la baja.
Tras rumores de cierre inminente del acuerdo de la operación desde hace una semana, se descartó un anuncio oficial durante el fin de semana dada la coincidencia con las elecciones andaluzas.
Se trata de la segunda integración realizada tras la reforma financiera auspiciada por Luis de Guindos, después de que BBVA se hiciera con Unnim. El ministro de Economía vaticinó en su momento que cuando terminase el proceso de fusiones no quedarían en España más de 14-15 grandes entidades.

16-03-2012 por Marta Checa García – El artículo en Inmodiario

Madrid. Está claro a estas alturas, que la crisis se ha instalado como compañera de mesa en nuestro menú diario, pero ello no significa que nos debamos conformar con su compañía.

Desde el punto de vista jurídico, por ser el ámbito profesional que desarrollo, propongo por ejemplo rescatar figuras jurídicas, que en su momento resultaron eficaces y que a fuerza de no ser utilizadas quedaron relegadas al olvido.

Una de ellas, es el contrato de arrendamiento con opción a compra, que tímidamente estamos empezando a incorporar pero aún con cierto recelo, a pesar de haber sido una figura jurídica en su momento bastante utilizada, y ello por representar una fórmula que en algunas ocasiones puede ayudar a flexibilizar las ventas de inmuebles, permitiendo que parte del precio de la compra pueda ser financiado sin necesidad de acudir a una Entidad Bancaria.

Habiendo comenzado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Organismo adscrito al Ministerio de la Vivienda a utilizar esta fórmula, con el fin de activar las ventas. Es un contrato en el que si se hacen constar suficientes garantías para el cumplimiento de su contenido, puede ser totalmente seguro para las dos partes, esto es, arrendador-posible vendedor, y arrendatario-posible comprador.

Como tal, no está regulado expresamente en ninguna norma específica, por lo que habrá de aplicarse de un lado los artículos comprendidos en las disposiciones generales de los contratos del Código Civil (1.255 y siguientes) y de otro lado, lo preceptuado por la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos.

El Reglamento Hipotecario a través de su artículo 14 establece la posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Configurándose como un único negocio jurídico, sin que sea preciso otorgar uno nuevo posterior para que la venta cuyo derecho de opción se ha pactado, se perfeccione.

En cuanto al contenido de su clausulado, en principio podrían establecerse las siguientes condiciones:

Identificación de las partes y del bien inmueble, uso permitido, plazo del arrendamiento, así como el momento en el que se podría optar por la compra, rentas a satisfacer por la parte arrendataria, explicando si éstas son o no abonadas en parte o en su totalidad a cuenta del precio de la compra de optarse por ello, actualización de éstas mientras no se ejercite el derecho de opción, fianza, gastos del mantenimiento del inmueble y comunidad de propietarios, servicios derivados del uso, obras, ”¦”¦

Haciendo constar de forma independiente y clara la otorgación del derecho de opción de compra en relación al inmueble, fijándose para ello, el plazo para ejercitarlo debiendo dejar muy claro éste, el precio de compra, su elevación a Escritura Pública, los gastos de la transmisión, la inscripción en el Registro, la situación de cargas del inmueble a la fecha de la opción, forma de resolución de éstas y la forma de comunicar el ejercicio de la referida opción de compra.

Resultando sin duda válida, la opción de compra pactada, si ésta se ejercita en la forma y el plazo establecido en el contrato, siendo de vital importancia la claridad respecto a la forma a través de la cual habrá de ser comunicada por el arrendatario-optante al propietario el ejercicio de su opción de compra, al ser exigido que dicho conocimiento llegue a este último, a quién deberá instarse para el otorgamiento de la correspondiente Escritura Pública con el pago del precio estipulado.

22.03.12 – J. G. Badía | Murcia. La noticia en laverdad.es
«La justicia somos todos y todos debemos remar en la misma dirección». Con estas palabras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, Juan Martínez Moya, alababa el trabajo que han desarrollado, desde el 8 de marzo de 2011, tres secretarios judiciales, tres registradores de la Propiedad y un juez de Primera Instancia, para consensuar el ‘Manual de buenas prácticas procesales’.
El resultado de esta estrecha colaboración se ha plasmado en las 84 páginas del protocolo que han diseñado el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad.
«Un protocolo pionero en España que ya nos han solicitado otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Andalucía», destacaba el decano de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Murcia, Juan de la Cierva.
Esta edición unifica «los criterios de actuación de las 37 oficinas del registro y las 3 mercantiles que operarán bajo este protocolo, porque tradicionalmente cada registro ha estado funcionando como un islote», según resalta de la Cierva. De esta forma, también se reducirán los plazos, «entre uno y dos meses», en los trámites de adjudicaciones judiciales, embargos de propiedades, expedientes de dominio de fincas…

Reino Unido baja impuestos a las rentas más altas y a las empresas y sube el tabaco
La noticia en elEconomista.es | Agencias 21/03/2012
El Gobierno británico ha anunciado hoy que bajará del 50 al 45% a partir de abril de 2013 el tipo máximo del impuesto sobre la renta, al tiempo que beneficiará a las personas con menos ingresos, al elevar el umbral en que empezarán a pagar impuestos. El déficit público del Reino Unido se disparó en febrero por encima de las previsiones.
El ministro de Economía, George Osborne, ha anunciado estos cambios de política fiscal al presentar ante el Parlamento el presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2012-13, en el que, ha señalado, se prioriza “la estabilidad y la competitividad”.
La tasa para las rentas superiores a las 150.000 libras anuales (179.000 euros) bajará al 45%, después de que en 2009 el anterior gobierno laborista lo pasara del 40 al 50%.
Osborne ha defendido que el impuesto para las rentas más altas era el mayor entre los principales países del mundo y estaba dañando la economía británica y provocando “grandes distorsiones”. “Ningún ministro puede mantener una tasa que daña la economía y no recauda virtualmente nada”, ha agregado.
En este sentido, ha incidido en que mantener el tipo máximo tendría sentido si se recaudara más dinero, pero, por el contrario, provocó el desplazamiento de 16.000 millones de libras (19.200 millones de euros) para evitar este impuesto. Además, cree que otras medidas que afectan a los más ricos permitirán recaudar cinco veces más de lo que se pierde al reducir el tipo máximo de la renta.
Para contrarrestar este paso, el Gobierno británico ha decidido elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta a las personas físicas en 1.100 libras (1.317 euros), desde las 8.105 libras (9.705 euros) hasta 9.205 libras (11.022 euros), también a partir del mes de abril.
Además, Osborne ha propuesto también a partir de este mes de abril un recorte de dos puntos, hasta el 24%, del Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Su intención, además, es dejarlo en el 22% en 2014.
El nuevo porcentaje sitúa al Reino Unido en posición ventajosa respecto a otras grandes economías, al ser un 18% inferior al que se aplica en EEUU, un 16% menos que en Japón, un 12% menos que el Impuesto de Sociedades en Francia e inferior en un 8% al de Alemania, según ha explicado Osborne.
IVA e Impuesto sobre el tabaco
Osborne también ha anunciado que se revisará el IVA para hacer frente a las lagunas y las anomalías en el sistema y ha remarcado que espera aumentar en 1.000 millones de libras (1.200 millones de euros) los ingresos fiscales debido a las nuevas medidas contra la evasión fiscal que presentará este año.
Asimismo, ha informado de que el Gobierno británico no subirá los impuestos a la gasolina y al alcohol, pero sí incrementará un 5% los tasas al tabaco y se introducirá un nuevo impuestos a las maquinas de videojuegos para compensar los descensos de ingresos.
Asimismo, el gobierno ha anunciado una subida de impuestos que gravan la compraventa de residencias con un valor superior a los dos millones de libras. El equivalente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales pasará del 5 al 7%, pero será del 15% si las viviendas son adquiridas a través de empresas.
Además, se ha aprobado una congelación de las desgravaciones fiscales de las pensiones lo que, en la práctica supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
Por otra parte, ha destacado que el Ejecutivo relajará las leyes comerciales durante los ocho domingos en torno a las Olimpiadas y las Paraolimpiadas para que los comercios minoristas puedan beneficiarse de estos eventos, y ha asegurado que el Plan Nacional de Infraestructuras priorizará inversiones en carreteras, ferrocarriles, energías limpias y redes de banca ancha.
Aprecia una leve mejora de la economía
El Gobierno británico se ha mostrado este miércoles moderadamente optimista respecto a la evolución de la economía, al pronosticar que el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido crecerá un 0,8% este año, una décima más de lo augurado en noviembre, y un 2% en 2013, frente al 2,1% previsto anteriormente.
Reducción del déficit al 7,6%
Respecto al desequilibrio de las cuentas públicas de Reino Unido, el ministro de Finanzas ha asegurado que el déficit presupuestario británico “está bajando” y cerrará el ejercicio fiscal en el 7,6% del PIB, mientras que la deuda pública llegará al 76,3% en 2014.
“El endeudamiento se reducirá este año a 126.000 millones de libras (144.827 millones de euros), lo que representa 1.000 millones menos de lo previsto anteriormente y unos 30.000 millones de libras menos que antes de mi llegada al Ministerio”, ha dicho Osborne.

Las promotoras usaron el año pasado solo un 15% del dinero del ICO para impulsar el alquiler
Las empresas del ladrillo ven cómo los recursos aumentan para el resto de sectores
Luis Doncel Madrid 20 marzo 2012 – La noticia en El País

El Gobierno aprobó el pasado fin de semana una batería de medidas para facilitar que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas. A través de cinco acuerdos distintos, se ampliaron las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pasan así de 19.000 a 22.000 millones. ¿Para todos los sectores? No, hay uno que se ha quedado huérfano de esta lluvia de liquidez. Se trata del inmobiliario.
El Ministerio de Economía acaba de eliminar el tramo stock de vivienda, que financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran sus inmuebles en alquiler. La justificación del Gobierno es que así pretende favorecer que los empresarios del ladrillo saquen cuanto antes al mercado los pisos que no logran vender; y a precios más bajos.
Hay además otro motivo: el relativo fracaso que estas líneas de crédito han tenido en el pasado. En un país en el que hay cerca de un millón de viviendas que no encuentran comprador y en el que las empresas inmobiliarias luchan por sobrevivir, es sorprendente que de los 3.000 millones disponibles el año pasado, se utilizara en torno al 15%. Las 227 operaciones que se cerraron gracias a la financiación del tramo stock vivienda de la línea ICO absorbieron 468 millones de euros. “Se ha visto que el mercado no va por ahí y que hay que buscar otras vías. Habrá que orientar las ayudas hacia la rehabilitación”, apuntan fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.
La línea de crédito para la vivienda cae en un año de 3.000 a 1.000 millones
Por eso el decreto aprobado el pasado viernes establece una línea del ICO dotada con 1.000 millones de euros ””un tercio del dinero destinado al instrumento equivalente del año pasado”” para promover la rehabilitación de viviendas y edificios. La novedad es que en esta ocasión el dinero se podría destinar a financiar la reforma de los elementos comunes de los edificios.
Pese a que Ana Pastor ha insistido desde que se hizo cargo del Ministerio de Fomento en que una de sus prioridades en materia de vivienda será el impulso al alquiler, con esta línea de financiación desaparece un acicate importante para que las empresas se dediquen a colgar el cartel de “se alquila” a aquellos inmuebles que hoy por hoy son incapaces de vender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya anunció a principios del pasado mes de febrero que la reforma financiera empujaría a bancos y cajas a sacar al mercado el ladrillo que arrastran en sus cuentas a precios más reducidos. “Los ciudadanos que quieran comprar viviendas se beneficiarán de esta medida”, concluyó Guindos.
El ICO amplía hasta 22.000 millones la dotación de cinco vías de financiación
Mientras que los promotores inmobiliarios ven cómo menguan los recursos que les ofrece el ICO, estos aumentan para el resto de sectores; y además se abaratan. Los 22.000 millones previstos de dotación se ofrecerán a un tipo de interés más bajo como consecuencia de la mejora esperada en el coste de financiación que el ICO tiene que afrontar. Al mismo tiempo, aumenta el margen de las entidades, es decir, la compensación que reciben los bancos por asumir el riesgo de las operaciones. Con este aumento de los beneficios, el Gobierno pretende incentivar la comercialización de las líneas ICO.
Además del instrumento para financiar la vivienda, el ICO ha reorientado otras cinco líneas: inversión, que financia proyectos como la adquisición de activos fijos productivos, vehículos o empresas; internacionalización, destinada a proyectos de inversión en el extranjero; liquidez, para capital circulante para autónomos; y emprendedores, para los que hayan iniciado su actividad empresarial en los últimos cinco años

Jueces y Abogados creen que la reforma apenas va a afectar en Pamplona y que no va a desatascar asuntos
e.c. – 19 de Marzo de 2012 – El artículo en noticiasdenavarra.com
Pamplona. Las primeras propuestas de Gallardón para reformar la anquilosada Administración de Justicia no han dejado indiferentes a los afectados. Si una de esas medidas resultó especialmente llamativa fue la Ley de Mediación y Jurisdicción Voluntaria, que propone que los notarios puedan celebrar matrimonios civiles y también divorcios de mutuo acuerdo y en los que no haya hijos menores de edad. El nuevo ministro anunció tal reforma con la intención, según él, de desatascar la Justicia. Sin embargo, los profesionales implicados no ven que el fin justifique la medida, que la intervención de los notarios no creen que vaya a suponer una gran descarga de trabajo. La juez de Familia de Pamplona, Margarita Pérez-Salazar, opina que “en Pamplona va a haber pocas parejas a las que les pueda compensar el divorcio en el notario. Aquí tenemos un sistema de mutuos acuerdos (precisamente el caso de divorcio para el que está pensada la actuación del notario) que funciona bastante bien, con una duración máxima del procedimiento de una semana y un tiempo mínimo de dos días. Es algo que a los juzgados nos descarga de trabajo y que a las partes les da celeridad. Pero la transcendencia que puede tener en este entorno la inclusión de los notarios no va a ser mucha. Está pensado para otros sitios. Quizás para Madrid, donde un acuerdo puede tardar 3 meses”.
La magistrada no concibe esta medida -y ahora tampoco el ministro, aunque al principio no lo dijera tan claro-, sin la intervención “imprescindible” del abogado que asesore a la pareja. “De hecho, aunque sea un divorcio pactado me parece más conveniente todavía acudir con dos letrados, uno por cada miembro de la pareja”. Y observa que puede darse un problema, puesto que ahora son los jueces los que examinan si el acuerdo es beneficioso para los dos. “Esa labor de ponderar el acuerdo la tendrían que asumir ahora los notarios y no es fácil. Yo tuve un caso en el que eché para atrás un convenio regulador porque el marido no estaba bien. Ahí se suspendió la ratificación del acuerdo. El hombre acudió al forense, se le incapacitó, y luego el divorcio se hizo a través de un juicio al que acudió con un tutor”.
Los abogados matrimonialistas son más beligerantes con la propuesta de Gallardón. “Una medida así solo está pensada para ciudades grandes que tengan un gran atasco judicial. En Pamplona eso no es efectivo, porque el divorcio pactado en parejas sin hijos es uno de los trámites más rápidos en los tribunales. Además, el notario no va a poder asumir el riesgo de aconsejar a la pareja qué es lo que le conviene y lo que no. Para eso estamos los abogados, que somos los que asumimos el consejo, nos mojamos porque sabemos el criterio de los tribunales y lo que más les interesa a nuestros clientes”, afirma el experimentado letrado Jorge Batalla.
Desde el despacho de María Ibáñez, apuntan que “para opinar de esa ley, primero tengo que leerla con todo detalle, porque ahora en Justicia se opina de todo demasiado rápido. Aunque de la información que ha trascendido me queda una cosa clara, si la medida se adopta para desatascar la Justicia desde luego que así no se va a lograr. Los divorcios con acuerdo son muy rápidos y no son el problema de la Justicia. En Pamplona se trata una tramitación fulminante”.
La abogada Pilar Cunchillos incide en la misma línea: “El derecho de familia necesita una reforma a fondo y no andar trasteando. Los divorcios no colapsan nada, como mucho colapsarán las ejecuciones. Y hay otra cuestión clara, que este es un proceso en el que siempre tiene que estar presente el abogado, porque es la manera de que el proceso tenga todas las garantías”, explica.

La agencia de calificación alerta de los “riesgos” de las cuentas de las autonomías
Mantiene la nota de la deuda soberana de España en ‘A3′ con perspectiva negativa
20 de marzo del 2012 – Europa Press / Madrid La noticia en El Periódico
La agencia de calificación crediticia Moody’s ha decidido mantener en A3 con perspectiva negativa la nota de la deuda soberana de España, a pesar de la rebaja del objetivo de déficit para el 2012 desde el 4,4% al 5,3%, según ha informado a través de un comunicado en el que recoge las conclusiones de un informe sobre nuestro país.
Moody’s explica que el cambio de cifras no afecta a la actual nota de la deuda soberana porque la agencia ya había previsto en su último análisis sobre la solvencia de España una desviación del objetivo de déficit para este año y un ritmo más lento en la consolidación fiscal.
Más medidas
No obstante, la agencia advierte de que “la perspectiva fiscal sigue siendo un desafío” para España, por lo que apunta que el Gobierno deberá implementar “ajustes fiscales sustanciales” este año. “Muchas medidas ya han sido identificadas, pero no serán suficientes para alcanzar el objetivo de déficit”, subraya.
En este sentido, Moody’s indica que “estas reformas son también esenciales para que España tenga alguna posibilidad de reducir el déficit presupuestario más allá del 3% del PIB en el 2013, tal y como se ha comprometido con la Comisión Europea”.
Riesgos
En concreto, la agencia señala que sigue viendo “riesgos significativos en cuanto a la capacidad de las regiones españolas (comunidades autónomas) para alcanzar sus objetivos de déficit para este año sin abordar profundas reformas estructurales”.
A este respecto, ha valorado positivamente la política del Gobierno para promover un marco de liquidez más estable para las comunidades autónomas, aunque ha advertido de que “no aborda las razones fundamentales de la acumulación de deuda comercial, que están relacionadas con cuestiones estructurales –como, por ejemplo, el gasto sanitario– y los problemas de acceso a los mercados”.

Intercambia créditos por activos para reducir deuda
Marcos Lamelas. Barcelona 20/03/2012 La noticia en El Confidencial
El grueso de la actividad de Renta Corporación en 2011 no fue tanto el negocio inmobiliario como la dación en pago. De hecho, como reflejan los datos de las cuentas del 2011, el 78% de sus ventas fueron en realidad intercambios de créditos por activos para reducir el endeudamiento del grupo.
La compañía que preside Luis Hernández de Cabanyes, cuya familia es el accionista mayoritario, destacó en la presentación de sus resultados que, por un lado, había vuelto a los beneficios pero que, por otro, se encuentra en una situación cercana a la parálisis.
De los 150,9 millones de euros que el grupo declara como ventas de 2011, el grupo canjeó deuda por capital por un total de 117,9 millones, un poco por encima de lo que estaba previsto en el pacto de financiación que se cerró en abril de ese año.
Esto supone que las ventas reales fueron de apenas 33 millones en todo el año, si bien consiguieron que Renta Corporación volviese a los beneficios, que fueron de 3,3 millones.
Renta Corporación no ha podido adaptarse al cambio de ciclo. Renta se dedicaba a la rehabilitación de activos inmobiliarios en centros urbanos. Pero durante la década de la burbuja, cuando Renta Corporación salió a bolsa en 2006 a 29 euros por acción, el grueso del negocio eran plusvalías obtenidas por la rotación muy rápida de activos.
Este ciclo de compraventas ahora es imposible de reproducir y, además, no encontraría banca que lo financiase. Los títulos de Renta Corporación están ahora a 1,06 euros, casi treinta veces menos que cuando saltó al parqué. Toda la empresa apenas vale en bolsa 29 millones.
La política de Renta Corporación ha servido para reducir su deuda financiera neta. El endeudamiento se ha rebajado en 175 millones respecto a 2010, pero todavía es muy alto, de 240,8 millones de euros, sobre un patrimonio de 57 millones, de los que 54 millones son, en realidad, un crédito participativo renegociado con la banca acreedora que contablemente se considera como recursos propios.
Perspectivas futuras
En las perspectivas que manifiesta Renta Corporación en su informe de gestión se asegura que el “grupo se centrará en el mercado residencial nacional, con el objetivo de mantener una cartera permanente de 30 operaciones e incrementando paulatinamente su tamaño a la vez que consolidando rentabilidades brutas medias en torno al 15%-20%”.
Además de las daciones en pago, Renta registró en 2011 otros ingresos, los de alquileres y otros, que ascendieron a 5,8 millones, de los que en realidad alquileres sólo fueron 1,1 millones, reduciéndose de manera importante, a medida que numerosos activos han ido pasando a manos de los bancos.

El Gobierno aprueba este mes la ley de Emprendedores que elimina trabas para abrir negocios, facilita el acceso al crédito y rebaja la fiscalidad
Susana Alcelay 20/03/2012 La noticia en ABC

La maraña legislativa autonómica es un serio obstáculo para abrir negocios en España. La ley de Emprendedores garantizará que una empresa que reúna las condiciones para poner en marcha una actividad en una región determinada cumplirá con la normativa en cualquier otra región. Es lo mismo que decir unidad de mercado, la que desde hace años se ha perdido y reclaman las empresas.
Menos burocracia, incentivos fiscales, más facilidades para obtener crédito y apoyo a la internacionalización son las principales medidas que incluye la nueva norma que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros este mes, probablemente el viernes. Nuevas reglas de juego para emprender en España que han diseñado cinco ministerios y que son una respuesta a la promesa electoral de Mariano Rajoy.
El Ejecutivo no desatenderá el objetivo de animar la recuperación y lo hará, así, apoyando al tejido productivo. Y el primer paso será definir el concepto de emprendedor como «aquella persona que está iniciando una actividad económica, a la que se suman las empresas constituidas o los trabajadores autónomos que lleven operando menos de dos años». Las medidas que se ultiman no solo van dirigidas, por tanto, a los nuevos empresarios, también a los negocios en marcha, que son los que tienen mayor índice de mortandad. Cerca del 70% no llega al quinto año.
El objetivo de la ley es crear empresas, «poner de nuevo en marcha el proceso de crecimiento generador de empleo», con medidas que incluyen simplificación administrativa y unidad de mercado. Habrá reducción de plazos para crear una empresa y reducción de costes para su constitución. Con la nueva norma, una tarjeta de crédito y una conexión a internet serán suficientes para poner en marcha una empresa. Desde ese momento, el nuevo proyecto comenzará a funcionar y se abrirá un plazo de seis meses para aportar la documentación requerida.
Clave para que un negocio prospere es la financiación. La nueva ley incluirá medidas para facilitar la liquidez de las pequeñas empresas y propiciar que los futuros empresarios dispongan de capital para emprender. Es idea del Ejecutivo importar la fórmula de los «business angels», que ya se aplica con éxito en países como EE.UU. y consiste en la inversión privada en nuevos proyectos a cambio, en este caso, de incentivos fiscales en el IRPF o en Sociedades.
Otra de las fórmulas que se pondrá en marcha es un fondo de capital semilla con financiación mixta, pública y privada, y una política de fomento de microcréditos. Y a todo ello se une la opción de capitalizar la prestación por desempleo siempre que el beneficiario desee constituirse como autónomo o quiera participar como socio en una empresa de nueva creación.
Sobre la mesa están diversos incentivos fiscales a la actividad emprendedora. Entre ellos, rebajas de cuotas, mantener tipos reducidos en Sociedades para pequeñas empresas o eliminar requisitos como el de generación de empleo para que las pymes puedan aplicar el tipo reducido del 20%. También se busca fomentar la I+D+i con más deducciones.

El Arzobispado compostelano pide la “máxima colaboración” de los párrocos de las diócesis gallegas.

C. Villar – Santiago – La noticia en El Faro de Vigo
El Arzobispado de Santiago se halla inmerso en un “amplio proyecto” para inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes eclesiásticos, según proclama el boletín oficial de la archidiócesis de febrero. Por ello exhorta desde sus páginas a los sacerdotes de la archidiócesis a “colaborar” al “máximo”. Al respecto, les piden que “cuiden adecuadamente las documentaciones y escrituras de los bienes muebles e inmuebles, impidan la introducción de servidumbres, vigilen la defensa de las aguas de regadío y de las traídas de las rectorales, estén atentos a la legislación sobre arrendamientos y procuren tener al día los contratos de alquiler y arrendamiento y presten especial atención cuando se elaboren las normas urbanísticas en los respectivos concellos”.

El objetivo es obtener un dibujo claro del patrimonio de la archidiócesis, que se extiende desde Santiago a parte de A Coruña y de Pontevedra, porque se está trabajando en una actualización de la normativa eclesiástica que se aplica al conjunto de bienes de la Iglesia que tienen como objetivo ayudar al sostenimiento de los clérigos.

Desde el Concilio Vaticano II, la tendencia de la normativa canónica es trascender el sistema beneficial para que los eclesiásticos vivan de lo que se le retribuye como contrapartida a la prestación de su servicio ministerial y no de rentas. Esas rentas derivadas de las propiedades estarían destinadas, en cambio, a completar la gratificación que se les pasa a los sacerdotes hasta que esta sea suficiente para vivir, una gestión de la que se encarga el Instituto de Sustentación dos Clérigos (ISC). De ahí la importancia de tener todo los bienes patrimoniales correctamente inventariados para la Iglesia.

En lo que sí ha avanzado el inventariado de la archidiócesis compostelana es en lo tocante a su patrimonio cultural e histórico. La colaboración entre Fiscalía, fuerzas de seguridad, Xunta y Arzobispado con vistas a elaborar un protocolo, “Igrexa segura”, que facilitase la protección de bienes de valor -a raíz de la desaparición del Códice Calixtino, hace ahora nueve meses- hacía necesario la elaboración de un catálogo exhaustivo, conforme, además, con los requisitos policiales, para seguir el rastro de las piezas si fuese necesario. Según fuentes del Arzobispado, esta tarea ya ha sido completada.

Archivo
El Códice Calixtino desapareció del Arquivo de la catedral. La archidiócesis que dirige Julián Barrio también hace manifiesta su preocupación por otros archivos, tal vez menos estelares, pero sí de gran valor histórico. Así, al respecto el Arzobispado prosigue su campaña de recogida para incorporar al Arquivo Histórico Diocesano los libros y documentos anteriores al año 1900 existentes en los archivos parroquiales.

La archidiócesis compostelana considera que cada vez son más parroquias las que no tienen sacerdote residente y que, además de que las rectorales no siempre disponen de espacios apropiados para concentrar allí los diversos archivos que tiene a su cargo el sacerdote, en otros casos, como ocurre con las rectorales abandonadas, carecen de las medidas necesarias de seguridad.

19.03.2012 EP La noticia en Expansión
La agencia de ráting Fitch ha advertido de que la banca española podría necesitar más provisiones y pronosticó “muchas fusiones” bancarias si las entidades quieren cumplir con los requisitos del Gobierno.
En un informe, la agencia señala que “la banca española afronta desafíos significativos”, como el cumplimiento de unos requisitos de capital más estrictos, la necesidad de recuperar la confianza de los inversores y nuevos deterioros de créditos a pymes e hipotecas, que, según la firma “podrían hacer necesarias más provisiones”. El último plan del ministro de Economía Luis de Guindos fuerza a las entidades a reforzarse con 52.000 millones de euros en provisiones.
Esto conllevará nuevas fusiones bancarias, además de las cerradas recientemente (BBVA+Unnim y Unicaja-Caja España Duero) y la que está ya encarrilada (La Caixa + Banca Cívica). “Los estrictos requisitos [de capital] y el corto plazo de implementación crean un gran incentivo para más consolidación y muchos de los bancos van a necesitar fusionarse”, asegura Fitch, que apunta especialmente a aquellos que han recibido ayudas del Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
Los precios de la vivienda
Fitch señala que el “pronunciado declive” en los precios de la vivienda -que según cifras del INE citadas por la agencia calificadora alcanzó una media del 11,2 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado, el peor dato desde el primer trimestre de 2007- pone de relieve la “necesidad de provisiones más duras” para el sector bancario en relación con sus activos inmobiliarios lo que, a su vez, garantizará una mayor transparencia en sus hojas de resultados.
“Los requisitos de aprovisionamientos más estrictos que se aprobaron en febrero presionarán aún más las cuentas de resultados de los bancos y sus niveles de capital, pero vemos estas medidas como un paso necesario y creemos que la mayor parte de los grandes bancos serán capaces de absorber los nuevos requerimientos sin problemas”, apostilla la entidad.

16.03.2012 Madrid M.Romani. La noticia en Expansión
Todas las entidades aseguran que, desde hace meses, aplican la dación en pago en determinados casos, pero se niegan a dar número. Tienen miedo a que el anuncio desate las peticiones de más clientes.
“Desde antes de que el Gobierno pusiera en marcha el Código de Buenas Prácticas ya hacíamos daciones en pago en muchos casos, en los que ni te conviene estar años persiguiendo a un cliente que no te puede pagar”. Son las palabras de un ejecutivo de un banco cotizado español que asegura que estos casos se cuentan por decenas de miles en el conjunto del sistema.
Sin embargo, cuándo se les pregunta a las entidades cuántas daciones en pago han realizado la respuesta es un tajante “no comment”. Hay pocas excepciones, entre ellas la de CatalunyaCaixa que, hace unos días, revelaba que ha aplicado esta fórmula para 6.500 familias desde 2008.
La razón está clara y así lo cuentan desde un banco: “no queremos fomentar un efecto llamada, para que más personas acudan reclamando la aplicación de esta fórmula”. Algo que los bancos quieren evitar ya que consideran que una aplicación masiva de la dación en pago pondría en riesgo todo el mercado hipotecario y, especialmente, las emisiones de deuda relacionadas con estos préstamos.
Con todo, la adhesión de la banca al Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno ha sido masiva. El primero en apuntarse fue Santander, que de alguna forma ha marcado la pauta al resto del sector, pese a que en el seno de la banca persisten opiniones en contra de la iniciativa del Ejecutivo.
Evitar los embargos
En cambio, bancos y cajas sí están dispuestos a contar largo y tendido las medidas que toman para evitar los embargos: refinanciaciones, aplicación de periodos de carencia del capital, alargamiento de los plazos, etcétera.
Lo que está claro, es que evitar los embargos va en su propio interés, ya que de poco les vale engordar aún más sus abultadas carteras de pisos que, además, desde la aplicación del Real Decreto sobre Saneamiento del Sistema Financiero, tienen que provisionar con hasta el 40% de su valor.
Los embargos y relativos desahucios, además, tienen un coste muy elevado en término de reputación corporativa, en un momento en que la opinión pública está muy sensible con la banca, que en muchos sectores se considera uno de los principales responsables de la crisis.

17 marzo, 2012 Agustín Valladolid – El punto medio
La idea de Ruiz-Gallardón de que los notarios puedan casar y divorciar encuentra serias reticencias en jueces, fiscales y expertos en Derecho de Familia
Allá por 1914 el polifacético Joaquín Costa, en su “Reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia”, escribió: “El número de sentencias ha de estar en razón inversa del número de escrituras; teóricamente, notaría abierta, juzgado cerrado”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al anunciar hace unos días que su departamento estudiaba la opción de dotar a los notarios de competencias para autorizar matrimonios y divorcios, recuperaba, actualizándolo, el conocido aserto del ilustre aragonés: “Notaría abierta, juzgado desatascado”, podría ser la adaptación gallardonista de aquella, casi decimonónica, declaración de intenciones. Han pasado casi cien años, pero seguimos igual. O eso parece.
A Ruiz-Gallardón le ha caído en suerte un ministerio complejo; probablemente el departamento que acumula más retrasos, y fracasos, en la adecuación de los servicios que gestiona a las necesidades reales de los ciudadanos; probablemente el más lastrado por corporativismos cuya raíz es tan profunda y transversal que nadie parece atreverse a desarraigarla por miedo al tsunami que podría provocar tamaña osadía; y, sin ninguna duda, el único departamento que no ha culminado, ni en el fondo ni en la forma, la transición democrática. Ruiz-Gallardón, fiscal de carrera, sabe que el suyo no es un Ministerio fácil. En España ingresan en los juzgados entre 9 y 10 millones de casos al año. Unas tres veces más que en Francia, a pesar de que nuestra población es significativamente inferior a la del país vecino (unos 20 millones de habitantes menos). O sea: que tenemos un problema. Y serio.
Por eso cuando el ministro anunció la posible atribución de competencias a los notarios para que estos celebren matrimonios y divorcios, fueron muchos los que consideraron la iniciativa sensata, necesaria y de seguros efectos benéficos para la Justicia. Sin embargo, después de escuchar atentamente a los expertos, la impresión es que la reforma, pudiendo ser en algunos aspectos sensata y necesaria, no parece que vaya a tener la eficacia pretendida.
¿Compensar la crisis del ladrillo?
Hace unos días participé en la Facultad de Derecho de la UNED en una sesión académica organizada por el Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE). El prestigioso catedrático de Derecho Civil y presidente del IDADFE, Carlos Lasarte, reunió en dos mesas redondas, a magistrados, jueces, fiscales, notarios, abogados especializados en Derecho de Familia y dos representantes del Gobierno, el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez, y el director general de Asuntos Consulares, Luis Fernández-Cid (pueden ver la relación completa de participantes en este enlace: http://www.uned.es/dpto-dcivil/IDADFE/). La conclusión que saqué tras varias horas de opiniones y debate fue que si lo que pretendía Ruiz-Gallardón era aliviar la crisis de las notarías, o ayudar a que se desatasquen los juzgados, tendrá que hacer algo más profundo que derivar a un colectivo ajeno a la Administración de Justicia determinadas funciones.
La crisis del ladrillo y la financiera, muy ligadas entre sí, han ocasionado un descenso importante en la facturación de notarios y registradores. Se firman bastantes menos compraventas que antaño y la concesión de hipotecas también ha menguado extraordinariamente. Pero ni los matrimonios, ni mucho menos los divorcios, van a compensar ese deterioro económico, salvo que las tarifas que se apliquen sean estratosféricas y el paso de los españolitos por la notaría sea de obligado cumplimiento.
Pero vayamos a lo que ocurre con los divorcios, que son los que teóricamente provocan el atasco judicial. La medida arreglaría poco o nada, ya que entre los que se producen sin acuerdo y pasan por los tribunales, y los que a pesar de mediar consenso exigen la intervención de jueces o fiscales por existir en el matrimonio hijos menores, suman un 85 por ciento del total de los divorcios o separaciones que se dan anualmente en España.
Todo ello sin entrar en el debate de si un empresario, que es lo que también son los titulares de las Notarías (además de fedatarios públicos), debe tutelar derechos fundamentales o, incluso, pedir a la fiscalía o a la policía informes oficiales para dirimir conflictos tanto en matrimonios (aquellos en los que existan indicios de fraude, los conocidos como “matrimonios de conveniencia”), como en divorcios.
La impresión, tras escuchar las expertas opiniones de los ponentes en la sesión del IDADFE, es que el ministro buscó un titular y lo obtuvo; o lanzó un globo sonda para medir el eco de sus palabras. Pero lo que quedó claro es que no es esta la reforma que el matrimonio civil necesita; ni tampoco un buen instrumento para desjudicializar eficazmente aspectos del derecho civil, ni mucho menos para desatascar los juzgados. Contra eso, contra una justicia lenta y decimonónica, solo se lucha con más jueces y simplificando los procedimientos, como apuntaron el vocal del CGPJ Fernández-Carnicero, y el decano de los juzgados de Madrid, González Armengol

La caída del euríbor no se reflejará en las cuotas
Una parte de los hipotecados españoles no disfrutará de la caída del euríbor. Las cláusulas suelo vuelven a convertirse en barreras que impiden sacar partido de la relajación del mercado monetario.

Pablo M. Simón / Tatiana Nogueras – Madrid – 17/03/2012 – La noticia en Cinco Días
La cuota de las hipotecas revisadas con el euríbor de febrero bajará por primera vez desde agosto de 2010… Al menos, teóricamente. En la práctica, depende de que en las escrituras del préstamo no conste un suelo (tipo de interés mínimo). Y es que una parte importante de la cartera de créditos de la banca española cuenta con este tipo de cláusulas.
El euríbor a 12 meses, el índice más utilizado como referencia hipotecaria en España, se sitúa por debajo del 1,5% después de una intensa tendencia a la baja desde diciembre del año pasado. Entonces, se situaba en el entorno del 2%. El descenso respecto a los máximos de octubre de 2008, cuando llegó a traspasar la barrera del 5,5%, es casi de tres puntos porcentuales.
Las inyecciones de liquidez del BCE, que realizó una megasubasta a finales de diciembre y también el pasado 29 de febrero, comienzan a tener resultados en los bolsillos de algunos ciudadanos. El jueves, Mario Draghi elevó las previsiones de inflación para este y el próximo ejercicio, lo que reduce las posibilidades inmediatas de rebajas del precio del dinero. Sin embargo, la mayoría de los expertos considera que los posibles movimientos, si se producen, serán a la baja.
La cuota de una hipoteca de 150.000 euros con un diferencial de un punto porcentual revisada en febrero, cuando el euríbor hipotecario (media mensual del euribor diario a 12 meses) se situó en el 1,678%, quedaría en unos 686 euros, frente a los 689 anteriores de febrero del año pasado. Es la primera bajada en año y medio.
A pesar de que vuelven a escena los riesgos inflacionistas, todos los indicios apuntan a que marzo también concluirá con otra importante caída del índice hipotecario: previsiblemente, concluirá en el entorno del 1,5%. La rebaja para un préstamo como el mencionado alcanzaría unos 32 euros mensuales, de manera que el ahorro al año alcanzaría los 385 euros anuales.
La mala noticia es que una parte importante de las hipotecas firmadas en España tienen una salvaguarda para las entidades financieras, que cubren sus márgenes con tipos de interés mínimos, haga lo que haga el euríbor. “Limitan el efecto de las revisiones de las carteras crediticias con tipos de interés más bajos”, explica Nuria ́lvarez, de Renta 4.
El efecto de los suelos hipotecarios se nota especialmente en momentos como el actual, cuando la referencia se sitúa en niveles históricamente bajos, pues abre la puerta a que se active la cláusula, aunque esta se sitúe en niveles relativamente razonables. Por ejemplo, con un euríbor del 1,5% y un diferencial de 0,4 puntos ya comenzaría a actuar un suelo del 2%.
Obviamente, cuanto más alto sea el suelo, menos margen tienen los hipotecados para beneficiarse del descenso del euríbor. Con un mínimo del 3%, una hipoteca de 150.000 euros a 25 años pagará como mínimo 711 euros mensuales.
No existen datos globales sobre el porcentaje de hipotecas con suelo en España, pero las entidades más transparentes sí dan a conocer esta cifra. Por ejemplo, en torno a la mitad de la cartera crediticia de Popular cuenta con un tipo de interés mínimo y el 62% de estas tenía el suelo activado a finales de 2011. Fuentes financieras señalan que el porcentaje no es extrapolable al resto de las entidades, si bien la tendencia a imponer suelos es creciente en los últimos tiempos.
Asimismo, algunas entidades informan de cuál es el tipo de interés mínimo de sus hipotecas en sus oficinas o, incluso, en su página web. En concreto, la Hipoteca Joven de Bancopopular-e tiene un suelo del 2,75%, mientras que la Hipoteca Activa Plus de ActivoBank fija el interés mínimo en el 3% y ha aumentado el diferencial sobre el euríbor hasta el 1,49%. La Hipoteca Bonificada de Sabadell, por su parte, tiene un suelo del 3,75% con un tipo fijo del 3,90% durante el primer año y de euríbor más 1,40% con tres productos vinculados a partir del segundo año.
En este momento, la Hipoteca Joven de Unnim es la que tiene el suelo más alto, en el 4,25%. Los primeros 24 meses, el tipo es fijo y se sitúa en el 4,75%. A partir de los dos años, el interés aplicado es el euríbor más 2,75%. Otra de las hipotecas de esta entidad, la Hipoteca Récord, cuenta con un suelo del 3,50%.
Sin embargo, no todas tienen esta cláusula. La Hipoteca Naranja de ING, la Hipoteca Azul de iBanesto o la Hipoteca Open de OpenBank son algunos ejemplos.

Pertenecen a la propia Hacienda Pública o no tienen titular.
El Defensor del Pueblo pide al Catastro que mejore la inspección.
Algunos valores catastrales se encuentran fuera del límite legalmente fijado.
La noticia en 20minutos.
En España hay 726.000 viviendas sin titular. Son muchas; tantas, por ejemplo, como las que conforman el excedente de los bancos. La cifra la ha aportado la oficina del Defensor del Pueblo, que recuerda que al no tener titular significa que nadie tributa por estas 726.000 viviendas.

La oficina, que dirige María Luisa Cava de Llano, ha pedido a la Dirección General del Catastro que vuelque los esfuerzos de la inspección en la investigación de fincas que actualmente no tienen titular.

El valor catastral se fija de forma unilateral por la Administración. En un informe monográfico, titulado ‘La realidad catastral en España, desde la perspectiva del Defensor del Pueblo’, la oficina considera que la Administración debe insistir en reducir este número de viviendas, ya que las fincas o pertenecen a la Hacienda Pública o tienen un dueño que debe tributar por ellas.

El procedimiento para la aprobación del valor catastral y sus actualizaciones son el principal escollo para que los ciudadanos comprendan la actividad de la Dirección General del Catastro, ya que el valor catastral se fija de forma unilateral por la Administración y su desvirtuación precisa la impugnación por los interesados, lo que aleja el proceso de la justicia tributaria.
Valor catastral y mercado inmobiliario
Otro de los problemas que detecta la institución es que la actual situación del mercado inmobiliario puede producir que algunos valores catastrales se encuentren fuera del límite legalmente fijado, lo que ha sido objeto de numerosas quejas.

El proceso para fijar el valor catastral está alejado de la justicia tributariaUna de las deficiencias detectadas, según el Defensor del Pueblo, es la “insuficiente dotación” de personal, una circunstancia que se encuentra detrás de los retrasos en la resolución de procedimientos. Además, asegura que existe una tendencia cada vez mayor a la amortización de plazas.

Con todo, se han formulado 42 recomendaciones relativas a cuestiones generales dirigidas al Catastro y a la Secretaría de Estado de Hacienda con la pretensión de que el Catastro mejore su servicio y lo haga más accesible a los ciudadanos.

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Joaquín Trigo Portela-17/03/2012 El artículo en el Economista.es
Un paro laboral general es costoso, no sólo porque reduce la producción y deteriora la imagen del país, sino porque, con nuestras normas y prácticas, siempre hay grupos que fuerzan conductas legítimas sea informando o exhibiendo herramientas fuera de su ámbito. Además, en el caso actual la huelga trata de frenar el acercamiento de la normativa laboral española a las pautas que rigen en la UE.
La nueva legislación facilita la contratación, entre otras cosas porque en caso de caída de ingresos o ventas durante nueve meses consecutivos el despido será más fácil y barato. Esto se presenta como una reducción de empleo, cuando lo que realmente frena la contratación es el riesgo de tener que despedir pagando cantidades muy por encima de la media de la UE, precisamente en plena caída de ingresos, con lo que se consigue perder empleos y empresas.
En los últimos tres años, el número de procesos concursales fue de 5.096 en 2009, de 4.855 en 2010, y de 6.755 en 2011. En estos casos, la inmensa mayor parte de las empresas no fue capaz de recuperarse y los trabajadores cobraron de FOGASA, poco y tarde. Sin embargo, se insiste en que la nueva ley abarata el despido, cuando lo que busca la norma es el mantenimiento activo de las empresas, sin lo cual no hay empleo actual ni futuro.
Otras alegaciones de los convocantes cuestionan que se elimine la autorización de la Dirección General de Trabajo para ERE, despidos y reducción de la jornada. En realidad, la añoranza de la autarquía, con sus interventores sindicales, es un freno a la atracción de empresas extranjeras y un estímulo a la deslocalización de las nacionales.
La posibilidad de tener convenio propio evita la dependencia de circunstancias incontrolables y eso mismo también se favorece cuando las pautas del trabajo se ajustan a las características de cada empresa, de sus actividades y clientes. Las empresas contratan para producir, crecer y prosperar. Un despido injustificado genera malestar en la plantilla, con lo que la calidad de la producción y las relaciones internas se degradan e inciden negativamente en la relación con los clientes.
A renglón seguido, el consejo de administración exige explicaciones, de modo que las decisiones arbitrarias o mal fundamentadas acaban siendo penalizadas. Esta pauta es disuasoria y está en línea con el reconocimiento de las aportaciones de diverso tipo que pueden hacer todos los trabajadores, quienes dejan de colaborar desde el momento en que son tratados de forma inadecuada.
Los cambios adicionales, como la supervisión del absentismo injustificado, tratan de evitar abusos, porque quienes lo hacen perjudican a los compañeros, a la empresa, a los clientes, a los profesionales de la sanidad que pierden el tiempo con cuentistas y tienen menos horas para atender a los demás ciudadanos, los realmente enfermos.
La negociación de estos asuntos, que según se alega justifican la huelga, tiene una larga trayectoria que siempre ha perseguido frenar el acercamiento de las leyes y prácticas españolas a las de la UE. Tras la última norma, queda mucho más por hacer, desde el papel asignado a los liberados, que ejercen incluso en las Administraciones Públicas, hasta la propia ley de huelga, que debería asegurar unos servicios mínimos que nunca se han cumplido.

José María Triper – 15/03/2012 La noticia en elEconomista.es
Ni el 4,4 ni el 5,3. La patronal CEOE considera que si el reto de cerrar el año 2012 con un déficit público del 4,4% del PIB era “imposible”, cumplir con el 5,3% del PIB, que son los deberes que nos ha impuesto ahora Bruselas, será “una epopeya”, en un periodo de recesión profunda de la economía, por lo que este año el desequilibrio de las cuenta públicas se elevará hasta el 6,1% del PIB.
Por ello, el informe de la Comisión de Economía de la organización empresarial, presentado durante la reunión de la Junta Directiva de ayer, considera “inaplazable” subir el IVA y los impuestos especiales, dado que el ajuste que debe realizar el Gobierno para llegar a la cifra exigida por Bruselas será de 60.000 millones de euros y en menos de un año.
Una cifra que sale de sumar a los 34.000 millones de ajuste que maneja el Gobierno (el 3,2% del PIB), otros 6.000 millones de pago de intereses de la deuda, 4.000 millones en aumento de las pensiones y 16.000 millones de euros más por los llamadas “estabilizadores automáticos”, entre los que destacan la caída de la recaudación impositiva y el hundimiento del consumo interno.
Esta cifra de ajuste hace que la CEOE haya empeorado sus previsiones económicas para España en el ejercicio en curso y el siguiente, hasta el punto que los responsables de la Comisión de Economía de la patronal dan ya por perdido el segundo semestre de este año y aseguran que será todavía “aun más duro que el primero”, al tiempo que matiza la posible recuperación, moderada, para el año 2013.
Las previsiones del último Informe de Previsiones de la Economía Española para 2012 y 2013 avanzan “una caída de la actividad hasta el último trimestre de este año, a partir del cual se anticipa una gradual recuperación”.
Para la patronal española, “habrá que esperar hasta 2014 para que la demanda interna comience a aportar crecimiento al PIB”, ya que incluso al final del año próximo la construcción y el gasto público seguirán en contracción”.
Respecto al sector exterior, las exportaciones seguirán jugando un papel “muy destacable en la recuperación, aunque se desacelerarán por el menor crecimiento internacional, mientras que las importaciones, en línea con la demanda interna, se reducirán”. A pesar de todo, la aportación del sector exterior al PIB se mantendrá positiva en ambos ejercicios.
El consumo se hunde
Dentro de la evolución de la demanda interna, el informe de la patronal apunta que el gasto de las familias volverá a retroceder en 2012, de forma más intensa que en 2011, como consecuencia “del descenso del empleo, la elevada tasa de paro y la moderación en el ritmo de crecimiento de los salarios”, además de por “la menor accesibilidad al crédito, que supondrá una restricción al gasto, especialmente en bienes duraderos”.
La CEOE destaca también que el compromiso con la estabilidad presupuestaria implica “una notable contención del gasto público durante los próximos años, de cara a reducir el déficit hasta el 3% del PIB en 2013, sobre todo en un contexto de estancamiento de la demanda interna e inflación moderada, que limitará los ingresos públicos, y con un incremento del coste de la financiación, que absorberá un parte importante del gasto. De hecho, afirman, “se anticipan los mayores descensos del consumo público de los últimos treinta años”.
Respecto al déficit público, las previsiones de la organización empresarial estiman que finalizará con un déficit del 6,1% del PIB, casi un punto superior al objetivo del 5,3% marcado por Bruselas, dado que “se presume complicado que las comunidades autónomas vayan a reducir a la mitad el déficit público y la Seguridad Social termine con equilibrio presupuestario”.
En 2013 se prevé que el desequilibrio de las cuentas públicas se reduzca hasta el 3,9% del PIB. En este año, CEOE estima que “persistirá la destrucción de empleo neto, aunque de forma menos intensa que en 2012″, y advierte que “el control del crecimiento del gasto de las comunidades autónomas ha de ser uno de los principales ejes de la política económica para la reducción del déficit”.

La noticia en Información.es – Alicante – F. J. B.
La Dirección General de los Registros y del Notariado ha desestimado el recurso de la mercantil “Creación de Epistemes”, promotora de una urbanización de bungalows levantada sobre suelo protegido en Tabarca, contra la resolución del Registro de la Propiedad de Alicante de negar la inscripción de 6 bungalows. Algo que no impide legalmente su venta, pero complica una operación clave para poder adquirir una propiedad: la suscripción del crédito, ya que las entidades financieras exigen una nota registral de la propiedad objeto de compraventa, antes de plantear el préstamo.
La empresa había presentado sus alegaciones y en el recurso reflejó que la promoción recibió licencia municipal de obras el 17 de diciembre de 1996 y que, incluso, no ha caducado. La mercantil solicitó la inscripción de siete viviendas en el Registro número 7 de Alicante el 24 de febrero de 2010, pero la titular del mismo sólo accedió a registrar una, debido a que resto están construidas sobre la servidumbre de protección de Costas vigente en la isla.

Las víctimas de los presuntos estafadores que vendían pisos embargados o con cargas hipotecarias llegaron a amueblar las viviendas y hasta enseñárselas a los amigos
Amalia F. Lérida / Sevilla 16/03/2012 – La noticia en ABC
Se hacían pasar por fiscales, abogados, peritos y hasta abusaron de la confianza que dan los años al frente de una inmobiliaria en el pueblo para vender, supuestamente, pisos que no eran suyos con el señuelo, dados sus precios tan atractivos, de que estaban embargados o tenían alguna carga hipotecaria. De momento, hay cinco imputados por un delito de estafa a unas 20 personas de las que consiguieron más de dos millones de euros, de los que tres están en la cárcel y otros dos en libertad,
Ayer uno de ellos, A.M.C. tenía que ir a declarar al Juzgado de Instrucción número 11 junto a diez de las víctimas. Pero nadie lo vio.
«Esperemos que no se atreva a venir. A lo mejor lo han citado a otra hora o por otro sitio», decían los afectados que esperaban en la puerta con sus abogados respectivos rememorando la mala hora en que «caímos en esto». «¡Yo de Punta Umbría no quiero ni hablar!». Porque en esa localidad hicieron buena parte de su agosto los imputados con la venta de casas ””en 120.000 euros o 60.000”” que fueron amuebladas, habitadas e incluso enseñadas con orgullo «a familiares y amigos para que fueran a visitarnos»; y en «la calle Ancha mi apartamento se lo vendieron a diez».
«Hasta el día en que un hombre nos llamó y dijo que era el dueño. No sé como pueden pasar estas cosas si nosotros firmamos un contrato, con todos los datos en las dependencias que Colegio de Abogados que ellos utilizaban haciendo el paripé. Con eso basta ¿no?».
Las «buenas artes» de los imputados, «las prisas que tenían siempre por firmar papeles» y los bajos precios engatusaron tanto a los compradores que ni siquiera comprobaron en el Registro de la Propiedad la titularidad del inmueble y las cargas. Y no porque no estuvieran informados. Entre las víctimas hay una abogada y un ex diputado andaluz que pagó por 600 hectáreas de terreno en Hinojos 103.000 euros y otra joven que trabaja en una inmobiliaria, como uno de los encarcelados. «Yo me dí cuenta y lo llamé para que me devolviera una fianza de 3.000 euros el muy sinvergͼenza. Como yo le dije: ¿no te entra “na” por el cuerpo con dos hijas que tienes. Cómo será el tío que engañó hasta la prima, la prima hermana, y le cobró 20.000 euros» .
La investigación sigue abierta porque aún tienen que «salir más estafadores y más víctimas», dijeron ayer fuentes policiales.

Hacienda limitará los beneficios fiscales a las grandes empresas
Hacienda estudia incorporar en los Presupuestos de este año ciertas limitaciones a los beneficios fiscales que aplican los grandes conglomerados empresariales que tributan como una sola compañía. Los llamados grupos consolidados representan el 0,2% del total de declarantes del impuesto de sociedades y acaparan el 60% de las deducciones fiscales.
Jaume Viñas – Madrid – 15/03/2012 – La noticia en Cinco Días
Cuando el pasado martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que el Gobierno haría “uso este año de herramientas fiscales equitativas” se refería, entre otras medidas, a limitar los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes empresas. Y, especialmente, los grupos consolidados, que tienen la capacidad para reducir a la mitad su factura fiscal a través de bonificaciones. En 2010, último año del que hay datos, la cuota íntegra en el impuesto sobre sociedades de los 3.000 grupos consolidados que tributan en España ascendió a 12.146 millones, una cifra que, tras aplicar las deducciones que contempla la legislación, se redujo a 6.100 millones.
Se trata de un viejo problema. El impuesto sobre sociedades es, sobre el papel, un impuesto progresivo en el que las pymes tributan al 25% y las grandes empresas al 30%. Sin embargo, la multitud de deducciones y la capacidad de ingeniería fiscal de las grandes compañías provoca que, en realidad, una pyme aplique un gravamen mayor que una multinacional.
Por ejemplo, una empresa con unos ingresos que no superan los 50.000 euros tributa a un tipo efectivo del 22,9%, mientras que un grupo consolidado -con ingresos superiores a los 1.000 millones- aplica un gravamen del 15%. De hecho, una multinacional paga como un asalariado medio en el IRPF.
Fuentes internas de la Agencia Tributaria aseguran que las empresas que cotizan en Bolsa tributan todavía a tipos menores. “Pagan lo que quieren”, aseguran. En este sentido, el Gobierno de Mariano Rajoy, al igual que el anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha reconocido “que se abusa de los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades”. Sin embargo, esperará a que la situación económica mejore para abordar un reforma en profundidad del tributo. En cualquier caso, que existe un problema es evidente. En este sentido, el Plan de Control Tributario para este año indica que la inspección “prestará especial atención a la deducción de gastos financieros generados artificiosamente con el único propósito de no pagar impuestos”.
Los informes que hasta ahora ha manejado el Ministerio de Hacienda contemplan “limpiar” de deducciones y beneficios fiscales el impuesto a cambio de reducir el tipo nominal, que en España asciende al 30%, uno de los más altos de la UE. Hacienda, de momento, descarta una rebaja de los gravámenes nominales.
Prioridad en el recorte del gasto
El impuesto sobre sociedades es, con diferencia, el tributo que peor evolución registra desde que estalló la crisis. En 2007, el Estado recaudaba 44.823 millones por el impuesto que grava los beneficios empresariales una cifra que se ha reducido hasta los 16.611 millones. Es decir, ha caído un 62% en cuatro años. Con todo, la recaudación de este tributo registró en 2011 un ligero incremento del 2,5% anual, una dato que resulta engañoso. El aumento se explica por el incremento de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Esta medida que adoptó a la desesperada el anterior Gobierno en agosto para cumplir con la reducción del déficit y que afectó a empresas que facturan más de 20 millones, permitió ingresar 2.000 millones adicionales. Sin ese importe, la recaudación del impuesto sobre sociedades habría caído un 10%.
Si bien Hacienda estudia medidas que permitan elevar los ingresos en el impuesto sobre sociedades, es consciente de que la capacidad recaudatoria de este tributo en un entorno de recesión es muy limitada. En este sentido, Montoro mantiene que los Presupuestos para el ejercicio en curso que se presentarán el próximo 30 de marzo incluirán medidas más drásticas por el lado del gasto que por el de los ingresos. En cualquier caso, cada vez gana más fuerza la posibilidad de elevar los impuestos especiales.
La cifra
15% es el tipo efectivo por el que tributan los grupos consolidados en el impuesto de sociedades tras aplicar las deducciones.

El fraude cuestiona la seguridad de viviendas y ambulatorios en cinco comunidades
Isabel Landa López San Sebastián – 10 MAR 2012 – La noticia en El País
Un presunto delito por falsificación masiva y reiterada de firmas de geólogos colegiados en los estudios geotécnicos, obligatorios en la construcción de edificios para garantizar el estado del terreno y posterior cimentación, ha hecho que se disparen las alarmas por la existencia de 19 informes fraudulentos ””algunos con firma de un geólogo muerto”” que podrían suponer un riesgo en la edificación de inmuebles principalmente en La Rioja, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra.
Se trata de viviendas unifamiliares, naves industriales o muros. En algún caso un centro de salud, como el de Zabalgana en Vitoria. “Es un tema muy grave porque estamos hablando de seguridad. La empresa que trabaja de forma irregular se está llevando todo el mercado porque sus presupuestos son un 30% más baratos que otras”, alerta Virginia Ormaetxea, secretaria del Colegio de Geólogos de Euskadi.
El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) detectó una serie de irregularidades en los informes realizados por Industria de Perforaciones Cantábricas, SL, con sede social en Getxo (Bizkaia), que también opera como IPC Estudios Geotécnicos. El colegio pudo notificar el fraude a algunos de los promotores, pero no a las Administraciones, que una vez estas han dado el permiso de edificación son los arquitectos y promotores los responsables en solicitar una repetición del estudio si detectan una irregularidad. “Además, nos consta que en muchos casos la propia Administración está concediendo permisos faltando el informe geotécnico”, señalan desde el colegio vasco.
La empresa querellada ofrecía presupuestos un 30% más baratos
El ICOG presentó el 14 de octubre de 2010 una querella criminal en los juzgados de instrucción de Madrid ””que se encuentra en fase de instrucción”” contra la empresa Industria de Perforaciones Cantábricas por la presunta participación en delitos de usurpación del estado civil, intrusismo, falsificación documental en documento público y estafa. Son tres las personas querelladas; la administradora única de la empresa, el gerente y el responsable de sondeos y ensayos. El modus operandi consistía en la utilización de la firma de tres geólogos colegiados, dos de ellos sin tener constancia de que se estaba utilizando su nombre para firmar los supuestos informes geotécnicos irregulares y un tercer técnico a quien usurparon la firma mientras estuvo dos años de baja enfermo de un cáncer e incluso una vez fallecido.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PA͍S, los hechos que motivaron la presentación de la querella fueron a raíz de que Perforaciones Cantábricas presentara unos estudios geotécnicos para ser visados con la firma del geólogo C. J. F-R. El detonante que puso en alerta a los geólogos ocurrió el 10 de febrero de 2010 cuando llegaron al ICOG cuatro copias del estudio geotécnico para el proyecto de cimentación de un muro en Labraza (́vila); tres copias estaban supuestamente firmadas por el colegiado C. G. y otra supuestamente por C. J. F-R. Pero no podía haber sido este último dado que había fallecido dos meses antes, el 8 de diciembre de 2009. Fue en ese momento cuando el colegio se puso en contacto con C. G., que informó de que no había realizado ni firmado tal estudio geotécnico.
“Se detectó que había informes técnicos que no cumplían la calidad exigida por el código de edificación. Nos pusimos en contacto con el colegiado que los firmaba y comprobamos que llevaba muerto varios meses, incluso cuando llamamos a la empresa nos dieron a entender que seguía vivo”, señalan fuentes del Colegio Oficial de Geólogos.
El ICOG detectó 14 estudios geotécnicos fraudulentos entre 2008 y 2010
A la vista de las irregularidades detectadas, el ICOG decidió encargar un dictamen a un perito calígrafo para el análisis de las firmas de los estudios geotécnicos en los que se analizan el agua, la roca y el suelo. De las conclusiones periciales se desprendió que se podría haber cometido falsificación de la firma de C. J. F-R en 14 estudios geotécnicos presentados al colegio para su visado entre marzo de 2008 y febrero de 2010. El ICOG aclara en este punto que los estudios pasaron los controles, “eran aceptables y pasaron los mínimos requeridos”, y por eso fueron visados.
Pero IPC, que declinó responder a las preguntas de este periódico, ha seguido dando rienda suelta a sus falsificaciones. Desde que se emite un informe geotécnico hasta que se lleva a cabo la edificación de un inmueble pueden pasar hasta dos años. “Tiempo suficiente para que la empresa barra el sector de una comunidad y pasarse a otra antes de que salten las alarmas del supuesto fraude”, denuncian los geólogos vascos.
Ante la aparición de nuevos informes fraudulentos, el ICOG se vio obligado a ampliar la querella a nuevos hechos. “Nuestro problema es que a los 14 meses de haber interpuesto la querella sabemos que siguen operando de forma irregular y la justicia va muy lenta”, señala el ICOG.
La Universidad de Navarra también vivió hace cinco años un episodio similar. IPC subcontrataba al laboratorio de edificaciones de la Escuela Superior de Arquitectura para elaborar informes. Fue cliente asiduo entre 2003 y 2007 hasta que el laboratorio detectó ciertas irregularidades y dejaron de trabajar para la empresa. El fraude no llegó a materializarse en una demanda y se saldó con un acuerdo entre los abogados de cada parte.
“A través de un cliente nos dimos cuenta de que IPC falsificaba los ensayos con copias y typex. Utilizaban la hoja con nuestro encabezamiento y cambiaban los datos y los parámetros de los estudios. Desde entonces, dejamos de trabajar con ellos”, explica el geólogo Antonio Aretxabala, director técnico del laboratorio de edificaciones y geólogo, a quien suplantaron la firma en varias ocasiones.
“Sin los visados es la ley de la selva”
La importancia del visado de un estudio geotécnico radica en que este asegura que profesionales competentes han constatado que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción.
El Colegio Oficial de Geólogos ha podido detectar las acciones irregulares de IPC porque hasta la aprobación del Real Decreto 1000/2010 el visado de estudios geotécnicos ””unos 100 euros”” era obligatorio; una certificación que avalaba el cumplimiento del código técnico de edificación. “Con los visados había cierto control pero a partir de ahora será la ley de la selva”, aseguran desde el ICOG.
Desde el 1 de octubre de 2010 los estudios geotécnicos han dejado de ser obligatorios. “Si un colegiado incumple, aplicamos el código deontológico y lo podemos sancionar y de hecho ya lo hacemos. Ahora no hay control, cualquier profesional puede firmar un estudio porque nadie los va a supervisar”, inciden.
El ICOG cree que hay que exigir responsabilidad, recuperar los visados geotécnicos y si hay algún problema en los edificios, resultado de la mala práctica profesional, que haya una responsabilidad civil y penal al geólogo y al colegio. “La Administración no lo puede controlar todo y además no lo hace.
El objetivo es que los ciudadanos estén protegidos, que no haya empresas que se salten todas las normas”.
Los geólogos afirman que un buen informe geotécnico permite ahorrar dinero al promotor. Si no se hacen los proyectos del edificio con un coeficiente de seguridad adecuado, el proyectista no confía en ellos y se diseñan las cimentaciones con unos coeficientes de seguridad demasiado altos que requiere una mayor inversión económica.

Mercado inmobiliario español
El pinchazo del precio de la vivienda, una realidad a medias
El mercado ofrece descuentos que llegan al 80%, si bien en inmuebles antiguos y poco atractivos. El sector aún debe acometer una rebaja global más profunda para cerrar por fin la ardua digestión del ladrillo.

Fernando Martínez – 10/03/2012 – La noticia en Cinco Días
Ante la gran pregunta de si los precios de la vivienda seguirán bajando, la respuesta unánime es que sí, que continuarán cayendo, al menos en 2012, pero también que depende de las zonas. El ajuste por ahora se ha concentrado de forma casi exclusiva en la costa mediterránea, sobre todo a partir de la segunda línea de playa, los barrios periféricos y desarrollos urbanísticos del extrarradio y ciudades pequeñas. Pero el mercado inmobiliario español aún tiene camino por recorrer en el recorte de precios, el necesario para que oferta y demanda vuelvan a encontrarse en un punto desde el que poder dar salida a todo el stock de viviendas que ahoga los balances de bancos, inmobiliarias y constructoras y desde el que cerrar por fin el penoso capítulo de indigestión del ladrillo, que ha sumido en la depresión a la economía española.
De acuerdo con datos que maneja la Reserva Federal de EE UU, la caída de precios en España ha sido del 17% entre 2008 y 2011 Fomento lo cifra en el 18,6%, mientras que en Irlanda, el país más comparable en cuanto a boom inmobiliario, el descenso de precios ha sido del 49% en el mismo periodo de tiempo. Esto da una idea del recorrido teórico que le queda por delante al sector y del margen que le queda al comprador de una vivienda para aspirar a una rebaja de precio. Desde el portal inmobiliario Idealista.com apuntan incluso que, haciendo ofertas con sangre fría, “se pueden conseguir unos precios muy buenos con una perspectiva no ya inmediata, sino incluso de medio y largo plazo”, explica el cofundador del portal y director de operaciones, César Oteiza. Siempre eso sí, que el comprador disponga de ahorros suficientes y del acceso despejado a la hipoteca con la que financiar su adquisición.
Aún faltan años para la normalización
En España hay 1,5 millones de viviendas construidas sin vender, según los cálculos de Fotocasa. Pero además hay unos tres millones de viviendas vacías y la banca, entre promociones y ejecuciones, debe dar salida a una cifra sobre la que no hay consenso, pero que en el mercado se estima en un mínimo de 150.000 viviendas. En estas circunstancias, la normalización del mercado inmobiliario tardará años en llegar.
“Hemos de asumir que habrá muchas urbanizaciones en muchos núcleos urbanos que permanecerán vacías durante años”, admite Christian Palau, director de Fotocasa. Para empezar a hablar de normalización, “perfectamente pueden faltar cuatro o cinco años todavía”, asegura el presidente del G-14, el grupo que reúne a las principales inmobiliarias del país, Fernando Rodríguez-Avial (entrevista completa en CincoDías.com), también presidente de Vallehermoso y Testa. Rodríguez-Avial considera que, cuando el mercado se normalice, el número de ventas de viviendas oscilará entre 200.000 y 300.000 al año. Y para eso será necesario, según Rodríguez-Avial, que se den varias condiciones: “que fluya el crédito. Si no fluye, no hay manera de reactivar el sector (…); habrá que reestructurar el sector, que será francamente más pequeño de lo que es ahora, y tendrá que haber ahorro por parte de los compradores, porque la financiación al 100% se ha terminado”.
El ministerio de Fomento ha informado esta semana de que en 2011 se vendieron 347.305 viviendas, frente a las más de 995.000 transacciones de 2006. Un tercio de las operaciones se cerraron en el último trimestre, incentivadas en parte por la eliminación de la desgravación en el IRPF por la adquisición de vivienda habitual promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora ha recuperado Mariano Rajoy.
El efecto arrastre de la banca
La necesidad de los bancos de incrementar sustancialmente la dotación de provisiones o deshacerse del parque inmobiliario en su poder, a consecuencia de la reforma financiera aprobada el pasado 4 de febrero, está ya teniendo efectos visibles. “Hemos observado que en Idealista.com ha aumentado un 33% el número de particulares que está tocando los precios a la baja. Nada indica que la tendencia de que estamos cayendo en precios vaya a cambiar a corto plazo”, destaca César Oteiza. Esa es la realidad. Otra cosa muy distinta es aspirar a una vivienda excelente, en una buena ubicación y a un precio muy rebajado.
El portal inmobiliario de Banesto, Casaktua, ha anunciado esta semana la puesta a la venta de 4.600 viviendas en toda España, con descuentos que pueden llegar hasta el 80%. Echando un vistazo a la promoción, en Madrid ciudad hay a la venta inmuebles cuyo precio se ha recortado más de un 70% y hay un buen puñado de pisos con precios que oscilan entre 50.000 y 70.000 euros. Ahora bien, se trata de viviendas muy antiguas, de tamaño pequeño y localizadas en su práctica totalidad en barrios deprimidos y periféricos; es decir, casas con muy difícil salida incluso a esos niveles.
Desde una entidad que pidió no ser identificada resumen la situación: “Los grandes núcleos urbanos han caído entre un 12% y un 15%; hay poca oferta y no van a bajar más. Pero en zonas periféricas el ajuste es del 25%-30% y seguirán cayendo más, porque hay un exceso de oferta. Ahí, la reforma financiera jugará un papel, porque la dotación media va a ser del 50% y eso permite descuentos más agresivos. No son solo los bancos, los promotores de la zona que hayan aguantado no tendrán otro remedio que tirar los precios a la baja. Por último, en zonas turísticas y segundas residencias, las rebajas alcanzan con facilidad el 50% o el 60%. Eso es así ahora y seguirá siendo así en los próximos meses”.
Las entidades que entren en procesos de fusión tendrán de plazo hasta diciembre de 2013 para cumplir con las exigencias de provisiones: 80% en el suelo; 65% en promociones en construcción y 35% en vivienda terminada. La cuestión es si el mercado permitirá a los bancos emplear tanto tiempo. “Los precios de la vivienda van a caer sobre todo este año, más que en 2013″, pronostica Francisco Fernández Romero, socio responsable del sector inmobiliario de Ernst & Young.
En ocho años se ha construido en España el 60% de todas las viviendas de Europa. En algunas provincias, como ́vila, hay una casa por cada habitante. El promedio de personas (incluyendo menores de edad) por vivienda es de 1,8. Con estos números, queda claro que es mucho el ladrillo por digerir. Y a ello aún tendrá que ayudar la caída de precios.
Las cifras
30% es lo que considera el sector que ha caído de media el precio de la vivienda desde el pico de la burbuja. El ajuste que maneja el Ministerio de Fomento es el 18,6%.
25,8 millones era el parque estimado de viviendas en España en 2010, último dato disponible. La cifra supone un saldo de 1,8 habitantes por cada vivienda en España.
445 días es lo que tarda de media en venderse una casa, según el portal inmobiliario Idealista.com.
63,5% es lo que han caído las ventas en España en 2011 respecto a 2006.
80% son los descuentos ofrecidos por algunas entidades.

Fortress compra el porfolio de impagados a un 5% de su valor facial
Agustín Marco – 16/03/2012 El artículo en El Confidencial
Tras dos meses de intensas negociaciones, Banco Santander y Fortress han llegado a un acuerdo para que el fondo estadounidense adquiera una cartera de créditos impagados al consumo de 1.100 millones de euros. Según fuentes próximas a la operación, Fortress ha pagado entre un 4 y un 5% del valor facial de los préstamos, por lo que la entidad española recupera unos 55 millones del total.

Como el resto de bancos, Santander está obligado a provisionar el 100% del importe de los préstamos personales a los pocos meses desde que el cliente deja de abonar las cuotas. Son las deudas que el Banco de España exige dotar con mayor celeridad al tratarse de créditos que, al contrario que ocurre con los hipotecarios, no tienen garantías en la mayoría de los casos. Por tanto, con la venta de este porfolio de impagados, el grupo consigue recuperar parte de las provisiones realizadas para cubrir la morosidad

En esta ocasión, tras una duras conversaciones, Santander y Fortress han aceptado valorar esa cartera a entre cuatro y cinco centavos -medida admitida en este tipo de transacciones- por cada dólar. El fondo oportunista o buitre, como se les conoce habitualmente, quería abonar entre 2 y 3, mientras el banco español pedía casi 10. Tras la última ruptura de las negociaciones, hace justo quince días, las posturas se han acercado lo suficiente para cerrar la operación.

Además de recuperar parte de lo ya perdido, el banco presidido por Emilio Botín se libra también de tener que gestionar ese tipo de préstamos, que exigen un equipo muy amplío de comerciales, así como hacer frente a muchos litigios judiciales. Las ventajas para Fortress son que, al comprar la cartera con esos descuentos tan significativos, si consigue negociar con los clientes una quita, tiene muchas posibilidades de obtener una elevada rentabilidad a esos impagados.

Banco Santander llevaba más de cuatro meses intentando sacarse de encima este problema, ya que, incluso con la normativa anterior sobre dotaciones, los créditos al consumo son los que antes se tenían que provisionar. La entidad había negociado con distintos fondos internacionales especialistas en este tipo de cartera, pero desde principios de enero había dado exclusividad a Fortress.

Esta sociedad es una de las mayores del mundo, con activos bajo gestión por más de 43.700 millones de dólares a finales de 2011 entre sus cuatro divisiones: capital riesgo, activos tradicionales, mercados y carteras de crédito. Esta última área de negocio fue lanzada en 2002 bajo el mando de Pete Briger. Hoy está formada por unos 300 profesionales repartidos por ocho zonas geográficas que buscan oportunidades para aprovecharse de las caídas de los ciclos económicos. Solo esta división administra 12.500 millones de dólares.

Esta es la segunda venta que hace Grupo Santander relacionada con su actividad de impagados y recuperaciones. La semana pasada anunció que ha vendido a Lindorff el 100% de Reintegra Comercial España, la filial de gestión de recobros de la entidad financiera, si bien no precisó el importe de la transacción. Con esta compra, Lindorff se convierte en el líder del mercado en España, donde ya cuenta conun equipo de 720 profesionales.

Más ventas

Fortress ha tenido que batallar en esta subasta con otros fondos internacionales como Cerberus, Apollo y Orion, que también se habían interesado por este negocio. Santander convocó a la mayoría de los conocidos como fondos buitres para que pujaran por estos 1.100 millones de créditos al consumo, más otros 450 millones de créditos personales y otros 350 millones de hipotecarios.

La subasta de estar cartera de fallidos de 2.000 millones forma parte de una limpieza de balance mucho más grande que Banco Santander ha diseñado para sanear su cuenta de resultados, una estrategia que cobra especialmente importancia tras los últimos cambios regulatorios. La entidad controlada por la familia Botín tiene previsto deshacerse de activos valorados en más de 5.000 millones de euros, como adelantó este diario el 19 de septiembre. Desde el banco matizan que esa cifra es menor, pero no la concretan.

Zaragoza, 15 marzo 2012 (Europa Press) La noticia en lainformacion.com
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha firmado este jueves con la decana territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad, Pilar Palazón, un convenio que actualiza su colaboración para la gestión y liquidación de impuestos cedidos por el Estado a la Comunidad en las oficinas liquidadoras que están al cargo de estos profesionales.
El acuerdo incorpora nuevos aspectos a la colaboración que mantienen desde 1989 el Ejecutivo autónomo y el Colegio de Registradores de la Propiedad, ratificada mediante la firma de sucesivos convenios en virtud de los cuales los registradores ejercen en las oficinas que tienen en municipios de la Comunidad funciones de gestión, liquidación y recaudación en los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con las ventajas que esto supone para el contribuyente, que no tiene que acudir a los servicios centrales de la Administración.
En opinión del consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, “este instrumento que ahora renovamos y mejoramos acerca la gestión tributaria al ciudadano a través de las oficinas repartidas por todo el territorio, simplifica el trabajo de la Administración y presta un servicio de calidad a cargo de personal profesional de altísima cualificación como el que aportan los registradores”.
La decana territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad ha destacado también que este acuerdo permite acercar los servicios al territorio y a los ciudadanos y ha explicado que la recaudación de ingresos en esta materia “sigue en caída”.
En este sentido, Pilar Palazón ha apuntado que ha disminuido “el número de escrituras públicas y han aumentado los documentos judiciales y administrativos, con lo cual en términos de recaudación eso supone un descenso”, que han cifrado en un 60 por ciento desde 2008 hasta ahora en cuanto a documentación.
Novedades
El acuerdo firmado este jueves incluye novedades en el ámbito territorial, precisando más la distribución competencial sobre los documentos presentados en las distintas oficinas gestoras, buscando eliminar duplicidades y agilizar la tramitación de expedientes.
Además, se modifica el contenido de las funciones encomendadas a las oficinas liquidadoras, ampliando su alcance y ajustándolas a los pasos que se dan en la tramitación de los expedientes. Así, se diferencia entre las funciones relacionadas con la asistencia al contribuyente, recepción de documentos o grabación de datos en soporte informático y las ejecutadas con posterioridad a la presentación del expediente para comprobar los documentos presentados y practicar en su caso liquidaciones complementarias.
También se aborda la concentración de oficinas y se habilita la posibilidad de crear oficinas de extensión (para atender al público, recibir documentos y grabar expedientes) y oficinas comarcales, en las que se desarrollarán los procedimientos de gestión tributaria.
El nuevo convenio no incorpora variaciones sustanciales respecto a las retribuciones que perciben los registradores de la propiedad por las funciones que tienen encomendadas, ni tampoco respecto a la forma de percibirlas, que consiste en pagos mensuales en función de los pagos del ejercicio anterior que se ajustan si es necesario al finalizar el año.
259 millones en tres años
En el periodo 2009-2011, las oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad han recaudado en la Comunidad autónoma 259,2 millones de euros. Además, las oficinas liquidadoras aportan el 21,1 por ciento de lo recaudado en Aragón en lo que al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecta, ocupándose del 44,6 por ciento de todos los expedientes presentados.
En Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las oficinas liquidadoras aportan el 22,9 por ciento de la recaudación y el 38,5 por ciento de las autoliquidaciones presentadas.
En estos momentos hay 25 oficinas liquidadoras en Aragón, repartidas por las provincias de Huesca (Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sariñena, Tamarite de Litera y Sabiñánigo), Teruel (Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos) y Zaragoza (La Almunia de Doña Godina, Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, Pina de Ebro y Tarazona).