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Archivo del 9 de marzo de 2012

Manuel García Prada recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort

viernes, 9 de marzo de 2012

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La foto en Leonoticias.com

Manuel García Prada recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su trayectoria profesional, compromiso y lealtad

León, 9 Marzo 2012. (La noticia en Europa Press) –
El presidente de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada, ha recibido este viernes la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su trayectoria, «rica en frutos y dilatada en el tiempo»; su compromiso en el ámbito profesional, así como su «lealtad y respeto» en el plano institucional.
Así lo ha manifestado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, quien ha destacado el «óptimo componente personal» de Manuel García, al mismo tiempo que ha alabado su sentido práctico, su eficacia, su disposición hacia el trabajo y, «por encima de todo», su compañerismo.
En el acto de entrega de la Cruz de San Raimundo de Peñafort también ha intervenido el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Manuel Carreras Maraña, quien ha subrayado la generosidad y sencillez de García Prada, a quien se ha referido como un «ejemplo de honestidad».
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de León ha agradecido este reconocimiento y ha manifestado su alegría por un galardón que, en cierto modo, «colma» sus aspiraciones.
Tras hacer un repaso por su carrera, García Prada ha explicado que la condecoración que recibe es un reconocimiento a toda una trayectoria profesional, donde, según ha asegurado, ha tratado de cumplir con su obligación de juzgar y ejecutar lo juzgado «lo mejor» que ha sabido. «Recibir y atender a los profesionales de la curia cuantas veces era requerido y tratar de transmitir una justicia amable y respetuosa con el ciudadano», ha recalcado.
Trayectoria
Manuel García Prada nació en Toreno (León) en 1952 y se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo en el año 1974. Ingresó en la Escuela Judicial en Madrid en 1979 y fue destinado al Juzgado de Becerreá (Lugo) y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Bañeza (León), donde permaneció hasta agosto de 1986.
En ese momento, con motivo de su ascenso a la categoría de magistrado, fue destinado a la entonces Magistratura de Trabajo número uno de ́lava. Posteriormente, se trasladó en concurso ordinario a la Magistratura de Trabajo número uno de Orense y allí fue nombrado juez único para toda Galicia para resolver un conflicto colectivo que afectaba a las explotaciones de pizarra en todo el ámbito de la comunidad autónoma.
En noviembre de 1990 fue nombrado en concurso ordinario magistrado de la Audiencia Provincial de León, en la Sección Primera, hasta el día 22 de julio de 2004, que accedió al cargo de presidente de la Audiencia y de dicha Sección.
La distinción
La concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a Manuel García Prada se realizó por petición del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín, el 4 de octubre de 2011, al Ministerio de Justicia. Dicha propuesta fue aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por unanimidad.
La sala de Gobierno destacó, además de los méritos que figuran en su expediente, su trabajo como magistrado, donde ha dictado importantes y novedosas sentencias.
Al acto de entrega de la Cruz de San Raimundo de Peñafort han asistido el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Javier San Martín; el Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván y la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, entre otros.

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La representación de los registradores de la propiedad y mercantiles estuvo encabezada por Don Eugenio Rodríguez Cepeda. Asistieron todos los registradores de León capital, de La Bañeza y de la ciudad de Lugo. La asociación AIRE estuvo representada por su presidente.

Entrevista en la Crónica de León. Manuel García Prada, Presidente de la Audiencia Provincial

viernes, 9 de marzo de 2012

Entrevista en la Crónica de León

“La Audiencia no se ha visto afectada por la Oficina Judicial, que en León necesita 15 funcionarios más”

Alicia Torres / León
Recibe hoy la Cruz de San Raimundo de Peñafort, momento que el presidente de la Audiencia, Manuel García Prada, aprovecha para analizar el pasado de la Justicia en León, su presente con la Oficina Judicial como protagonista y el futuro con la apuesta de crear la Sección Cuarta en Ponferrada.

Hoy recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort. ¿Qué significa?
Lo recibo con satisfacción porque considero que es un reconocimiento a mi trayectoria ya que se cumplen 33 años desde que me incorporé a la carrera judicial. Es una condecoración muy valorada.

¿En qué centrará su intervención?
Voy a hablar de mi trayectoria en los diferentes juzgados, de los funcionarios que han trabajado conmigo y haré una reflexión sobre la Justicia. Y alguna reivindicación para León también caerá.

¿Cómo ha impactado la crisis en la Justicia de León en 2011?
Sigue habiendo un gran volumen de concursos, un incremento importante en asuntos de lo Social, que entiende de temas laborales… en los juzgados se traslada lo que pasa en la sociedad y en la economía.

¿Se supera el límite marcado por el Consejo General del Poder Judicial?
En Primera Instancia y en lo Social el volumen de entrada se supera desde 2009 y en Contencioso Administrativo y en Civil también.

Hace un año reivindicaba un Juzgado de Primera Instancia, otro de Instrucción y uno nuevo de lo Social para León. ¿Se mantienen?
Se mantienen y recientemente he elaborado un informe con motivo de la memoria anual para el TSJ y he reproducido estas peticiones. Otra cosa es que se puedan materializar a corto plazo por motivos presupuestarios, pero somos realistas y este año no se van a crear.

Se habla mucho del mal funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en los juzgados pero ¿cómo se encuentra la Audiencia?
La Audiencia no se ha visto prácticamente afectada negativamente por la NOJ. Las dos secciones civiles ingresaron los mismos asuntos que en 2010, incluso un poco por encima. Y a su vez las sentencias salen con la misma regularidad que antes.

¿Y qué pasa en los juzgados?
El Servicio Común General funciona satisfactoriamente bien aunque tiene algunas disfunciones ya que se ha detectado que hace falta un mayor número de funcionarios para atender al ciudadano y a los profesionales, si bien el registro de asuntos y reparto se desarrolla con cierta regularidad. El Servicio Común de Ejecución, que ejecuta las resoluciones judiciales, funciona moderadamente bien, no hay especiales retrasos… pero el punto negro está en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Scop).

¿Qué tipo de problemas se han detectado y qué solución tienen?
Hay dos tipos de problemas. Unos son coyunturales pero hay otros estructurales que no se arreglan por sí solos y se deben abordar de frente y con medidas drásticas. El problema, sobre todo, está en el Scop que presta apoyo a los juzgados de lo Social y de lo Contencioso. Hay carencia de personal porque son cuatro funcionarios por cada servicio que no son suficientes para la ingente carga de trabajo. Se está reforzando de forma provisional con prórrogas mensuales pero no es solución porque lo que se debe aumentar es la plantilla.

¿Cómo funcionan las Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) que asisten a los jueces?
También se han detectado problemas estructurales en la dotación de personal en los Juzgados de Instrucción. Por su mecánica, el juez instructor requiere a su lado un mayor número de funcionarios y sería necesario que hubiera unos seis funcionarios en cada Upad. Y lo mismo se puede decir en el Juzgado de lo Mercantil y en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Son cambios estructurales para modificar la Relación de Puestos de Trabajo.

¿Confía en que sí se atiendan estas demandas de mayor personal?
Voy a ser optimista porque creo que hay que diferenciar entre la creación de juzgados y las demandas de personal. Hay que tener en cuenta que León ha sido una ciudad casi pionera en la NOJ, donde se ha desplegado en 25 juzgados y en la Audiencia y ahora no se puede dejar que este proyecto tan ambicioso fracase. Si el Ministerio tiene responsabilidad debería atender estas demandas que tampoco supondrán un gran incremento de gasto público puesto que son 10 ó 15 funcionarios. No creo que sea inasumible.

¿Es operativo que la NOJ esté implantada en León y en la Audiencia pero no en Ponferrada?
Podría haber repercutido si la NOJ hubiera causado agravios en la Audiencia pero no ha sido así. Quizá haría falta un refuerzo en la Sección Penal con la creación de un funcionario más pero no han sido necesarios los refuerzos.

La Junta de Personal de Justicia criticaba que los expedientes tuvieran que viajar en taxi…
Con la NOJ los expedientes viajan bastante pero hay que matizar que han podido venir en taxi algún día puntual porque es una empresa de transporte urgente la que está contratada para gestionar este servicio. También hay que tener en cuenta que la sede de la Fiscalía está en la Audiencia desde antes de la NOJ, por lo que ha pasado siempre.

¿La solución es el expediente digital?
El proceso de modernización tiene tres fases: el expediente digital, la NOJ y el Tribunal de Instancia. Muchos de los problemas de migración desaparecerían con el expediente digital. Pero repito e insisto en que la NOJ y el expediente digital requieren de un sistema informático muy potente y que no falle. Si el sistema no funciona, la Justicia no va a ninguna parte. Triunfarán si funciona la informática y es algo que tengo clarísimo porque todo pivota sobre un soporte informático.

¿Se arrepiente León de haber sido casi pionera en la NOJ?
Estoy convencido de la innovación y de que había que hacer algo en la Justicia porque no se podría seguir con la creación de un juzgado al año, funcionando como departamentos estancos y sin estar conectados. Cuando el Ministerio presenta el proyecto parece que todo va a ser fantástico, pero con la experiencia de estos nuevo meses quizá hubiera sido más recomendable, visto los fallos informáticos, que comenzaran a funcionar primero el Servicio Común General y el de Ejecución y dejar para después el Scop.

¿Qué volumen de trabajo tiene la Audiencia Provincial?
Penal ingresó el año pasado unos 1.650 asuntos y las dos secciones civiles conocieron, entre ambas, 1.370 asuntos. En Civil se mantiene el registro de años atrás, sólo ha subido ligeramente, y en Penal ha descendido un poco con respecto a 2010.

¿Para cuándo la Sección Cuarta?
Es un deseo frustrado y una de mis peticiones constantes. Ha habido dos momentos en los que se ha estado a punto de aprobar pero como ha habido varios cambios de equipos ministeriales se ha malogrado en el último minuto. Y ahora con esta situación de crisis y de reducción del gasto público, las previsiones no son nada optimistas.

¿Y el ”˜plan b”™ de crear dos nuevas plazas de magistrado?
Crear secciones desplazadas es difícil porque es una excepción pero cuando haya oportunidad seguiremos insistiendo. Y pese a que no estamos en situación de crear plazas,insisto en que una es urgente para la Sección Penal yla otra plaza de magistrado serviría de ”˜comodín”™. Pero no harían falta si se creara la Sección Cuarta que asumiría las competencias del partido judicial de El Bierzo que supone el 35% de los asuntos de la Audiencia.

La Junta cedió al Ministerio unas instalaciones para la Sección Cuarta. ¿Qué pasó con este trámite?
Se hizo una gestión y se nos garantizó la cesión de unas instalaciones, encima de la Fiscalía de ́rea, en la calle Ave María. En este sentido, sí se nos pusieron facilidades.

¿Cómo van las obras de los juzgados de Ponferrada y de Villablino?
En Ponferrada han comenzado recientemente. Hay poca actividad pero lo importante es que hayan empezado. Y en Villablino es urgente acometer la reforma pero la crisis aún no lo permite.

¿Cómo repercutiría la transferencia de competencias de Justicia?
Lo importantes es que la dotación presupuestaria de la Junta en Justicia sea la necesaria para atender las necesidades. Si los recursos económicos son los adecuados para atender todos los juzgados del territorio, la gestión sería más ágil y eso sí repercutiría al ciudadano.

Rajoy ultima un plan para evitar las «excesivas» duplicidades en el Estado

viernes, 9 de marzo de 2012

Televisiones, Defensores del Pueblo, consejos consultivos, universidades, empresas públicas, miles de leyes son algunos motivos de la sobrecarga institucional
La noticia en ABC 08/03/2012 –

El Gobierno eliminará organismos autónomos, entes y empresas públicas ante las «excesivas» duplicidades, anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de Control al Gobierno. Tan pronto como quede acordado con las autonomías la cuestión del déficit, el Gobierno hablará de «unidad de mercado y duplicidades».
En palabras del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se trata de evitar que los ayuntamientos tengan que financiar las denominadas competencias impropias que corresponden a otras administraciones. Algunos motivos de la sobrecarga institucional tienen que ver con las televisiones, los Defensores del Pueblo, consejos consultivos o universidades:
Televisiones
El agujero de las televisiones autonómicas ha ido a más (1.466 millones en 2010). La gestión privada está ya en el centro del debate.
Defensores del Pueblo
El PP estudia la posibilidad de eliminar los Defensores del Pueblo que mantienen doce comunidades.
Consejos consultivos
Se trata de otros órganos duplicados en las administraciones, que podrían evitarse para reducir el gasto en las comunidades.
Protección de datos
Las agencias de protección de datos son otros organismos que, según un informe autonómico de UPyD, podrían eliminarse.
Justicia
Hay incluso sistemas informáticos incompatibles entre sí. Al coste que ello puede producir se añade la incomunicación añadida.
Distintos mercados
Las diferentes regulaciones, tributos e incluso planes educativos están muy lejos de la unidad de mercado.
Empresas públicas
Solo Andalucía tiene 54 empresas públicas, con un presupuesto de 5.282 millones de euros, según UPyD
«Embajadas»
Las comunidades mantienen oficinas en el exterior, sus «embajadas», como el caso de Cataluña, que se niega a prescindir de ellas.
Cámaras de cuentas
Algunos grupos, como UPyD, defienden la supresión de estas cámaras, por la duplicidad de competencias que suponen.
Defensa de la competencia
Tribunales o comisiones que proliferan en diferentes regiones, y que se solapan con los generales.
Sistema sanitario
El fraccionamiento de los servicios ha multiplicado algunos gastos. Una contratación centralizada lograría mejores precios.
Miles de leyes
En el informe autonómico de UPyD se estima que en España hay 100.000 leyes y reglamentos en vigor, sin contar las normas europeas.
Universidades
Las universidades públicas han proliferado hasta llegar al medio centenar, con 6.700 millones de presupuesto.
Observatorios
Cada Comunidad tiene sus observatorios, que sólo «observan» en su territorio, de manera parcial.

Botín sufre su primera condena por la venta de convertibles del Santander

viernes, 9 de marzo de 2012

Puede ser el inicio de una avalancha de demandas
La noticia en El Confidencial 08/03/2012
El Banco Santander ha sufrido la primera condena por la venta de los famosos ‘Valores Santander’, la emisión de convertibles por importe de 7.000 millones que ha hecho perder a miles de clientes más de la mitad de su dinero. Un juzgado de Alicante ha sentenciado al banco a devolver a un cliente los 45.000 euros que invirtió en estos productos por no informarle adecuadamente de sus características.
Según informa la agencia Dow Jones Newswires, el juez condena al banco a devolver el importe de la inversión más el interés legal del dinero devengado desde octubre de 2007 y menos los cupones cobrados por el cliente en este período.
Lo relevante no es la cantidad, sino que sienta un precedente y da argumentos a los abogados y asociaciones de consumidores que están agrupando a los afectados por este producto para presentar demandas conjuntas contra el Santander. No obstante, se trata de una condena en primera instancia que puede ser recurrida por el banco y que no será firme hasta que llegue al Supremo.
La cuestión en este caso y en todos los que pueden venir a partir de ahora es si el banco informó adecuadamente o no a los clientes a la hora de venderles estas convertibles. Obviamente, la entidad defiende que actuó siempre de forma correcta, pero el demandante alega que los empleados de la entidad le hicieron creer que estaba comprando un producto sin riesgo y a corto plazo, con cierta semejanza con los depósitos. Y el juez le ha dado la razón, hasta el punto de considerar esta circunstancia suficiente para anular el contrato de venta.
Este es el campo de batalla en el que se basan otras demandas contra la banca por la venta de productos complejos que los clientes no entendían en la mayoría de los casos. El ejemplo más conocido es el de los clips o swaps hipotecarios -derivados que protegían a los hipotecados de las subidas del Euribor pero que les hacían perder dinero con las bajadas-, donde los tribunales están fallando masivamente en contra de las entidades. Lo mismo ocurre con los bonos de Lehman -que se vendieron como productos seguros y pasaron a valer cero con la qiuebra del banco- y, más recientemente, con las preferentes.
Historia de un desastre
Los ‘Valores Santander’ fueron emitidos en octubre de 2007 para financiar su parte de la adquisición del grupo ABN Amro, que acometió junto a Fortis y Royal Bank of Scotland. Estas convertibles se colocaron mayoritariamente en la red con el reclamo de un interés del 7,5% el primer año, que se convertía en Euribor más 2,75 puntos a partir del segundo.Si la oferta por el banco holandés fracasaba, el Santander devolvería el dinero a los clientes en el plazo de un año, lo que asemejaba el producto a un depósito y llamó a engaño a numerosos particulares.
La oferta, que tuvo éxito -Santander se quedó con el brasileño Banco Real y dio el pase casi inmediatamente al italiano Antonveneta, ambos adquiridos al ABN-, establecía que estos bonos se convertirían en acciones en octubre de 2012 con una prima del 16% sobre la cotización del banco entonces. No parecía una subida excesiva en cinco años, lo que dio confianza a muchos clientes a la hora de embarcarse en esta inversión. Sin embargo, el resultado ha sido catastrófico, ya que el valor ha caído hasta 5,99 al cierre de ayer, y tendría que volver a 14 para que los inversores no perdieran dinero.
De ahí que desde hace tiempo se rumoree que Botín va a ofrecer alguna compensación a sus clientes por estas pérdidas, como hizo en los casos de los bonos de Lehman Brothers o los fondos de Optimal que invertían en la estafa de Madoff.
Ahora bien, de momento al que le ha salido la jugada redonda con estas convertibles es al banco. No sólo consiguió ese éxito con ABN Amro sino que han conseguido que los ‘Valores Santander’ sean las únicas convertibles de la banca española que computarán como capital para cumplir los requisitos impuestos por la Autoriudad Bancaria Europea (EBA).

Denuncian que hay un polígono en la finca que heredaron

viernes, 9 de marzo de 2012

El Ayuntamiento dice que el plan de la zona cuenta con la aprobación de la Junta
Nuria Pérez / Castilblanco de los Arroyos – La noticia en ABC Sevilla 05/03/2012
Hace cinco años que heredaron de su padre una finca rústica de 110 mil metros cuadrados en el «Huerto del Cura» en Castilblanco de los Arroyos, inscrita en el Registro de la Propiedad nº3 de Sevilla. Hoy, gran parte del suelo está ocupado por viviendas unifamiliares y, en su parte norte, por el polígono industrial «Cruz Alta», lo que ha llevado a los herederos a denunciar en el Juzgado de Guardia de Sevilla al Ayuntamiento castilblanqueño por permitir su construcción al carecer, según advierten, de la calificación urbanística pertinente.
Tras acudir al Registro de la Propiedad, los demandantes señalan así que la finca continúa manteniendo su carácter rústico y que no aparece «ninguna inscripción de las naves industriales y múltiples negocios» instalados en el polígono. Tampoco en la Oficina del Catastro de Sevilla.
Del polígono industrial, e incluso de un hotel que se levantó en la zona, al que también piden, a través de una demanda judicial de reclamación, más de 165
mil euros por ocupar supuestamente 3.160 metros cuadrados, «no existe expediente de legalización» ya que, según la LOUA, «no se pueden recalificar estos terrenos ni construir en ellos».
Para realizar obras del polígono, «se invadieron», por ejemplo, según consta en la denuncia, unos 1.500 metros cuadrados de una de las parcelas después de que el Ayuntamiento diera su autorización para abrir una entrada de acceso. La corporación municipal justificó el permiso, según explican en la denuncia, porque por dicho terreno transcurre una vía pecuaria pese a que «eso no es cierto» en función de los planos de los que dispone la Junta al respecto.
Los demandantes también denuncian que, durante las obras de mejora de la carretera Sevilla-Castilblanco, «se apropiaron» de una cruz de hierro enclavada en la propiedad privada de los herederos y que, actualmente, está reubicada en la rotonda construida de acceso al polígono.
El conflicto viene de lejos. Las segregaciones de la finca se habrían realizado por un familiar «presuntamente de forma ilegal y en su propio beneficio» mediante el «mal uso» de un poder notarial que le concedió el padre de los herederos en 1971. Sobre este familiar pesa también una demanda ante un posible delito de estafa al haber vendido presuntamente gran parte de las parcelas por contratos de compraventa de los que, según apuntan, «ni aparecen facturas, ni contratos ni el dinero de los mismos».
Por su parte, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Castilblanco, José Reyes, desmintió las acusaciones por no obedecer «a la realidad» y aseguró que el Plan Parcial Cruz Alta fue aprobado de manera definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía dos años después de que se aprobara una modificación de las normas subsidiarias en diciembre de 1995 por la que los terrenos pasaron a ser industriales.