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Archivo de mayo de 2012

Tamadaba. Gran Canaria

Jueves, 31 de mayo de 2012

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Las claves de las reformas que pide Bruselas

Jueves, 31 de mayo de 2012

En su informe sobre las reformas y los ajustes puestos en marcha por el Gobierno, el Ejecutivo comunitario concluye que todos ellos son pasos en la buena dirección pero que resultan todavía insuficientes para corregir los graves desequilibrios de la economía española.
30 Mayo 12 – Bruselas – La noticia en larazon.es
Fiscalidad: España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)”, señala el informe. El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.
Bruselas pide también al Gobierno que suprima la deducción por vivienda que acaba de reintroducir y recuerda que fue una de las causas de la burbuja inmobiliaria.
Pensiones: la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 -que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión y que se aplica progresivamente hasta 2027- es un “paso importante” pero no suficiente. “Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno debe garantizar suficientes superávits primarios a medio plazo, acelerar el incremento gradual previsto en la edad de jubilación y llevar a cabo una actualización anticipada del factor de sostenibilidad previsto en el sistema de pensiones reformado” para ajustarlo a los cambios en la esperanza de vida, reclama Bruselas.

Laboral: el Ejecutivo comunitario considera también insuficiente la reforma aprobada en febrero y critica que el coste del despido en los contratos fijos sigue siendo demasiado alto en comparación con los temporales, lo que no contribuye a reducir la segmentación del mercado de trabajo español.
Bruselas también reclama suprimir las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo, especialmente en materia de formación. En este sentido, el Gobierno debería también mejorar la calidad de la formación profesional y potenciar la lucha contra el abandono escolar.

Presupuestos: además de presentar un plan presupuestario bianual para 2013 y 2014 -la condición exigida al Gobierno para dar un año de prórroga en la corrección del déficit excesivo-, el Ejecutivo comunitario solicita “establecer una institución presupuestaria independiente que proporcione análisis y recomendaciones y controle la política fiscal, además de estimar el impacto presupuestario de la legislación propuesta”.

Banca: la Comisión pide al Gobierno que complete la reestructuración en marcha “abordando la situación de las entidades que siguen siendo débiles” y que “defina una postura clara sobre la financiación y uso de los mecanismos de ayuda”.

Financiación y medidas sociales: Bruselas recomienda “revisar las prioridades de gasto” y redirigir fondos para facilitar a las pymes el acceso a financiación, para I+D y para los jóvenes. También reclama medidas para combatir la pobreza, en particular mejorando la formación de los grupos más vulnerables y la eficacia del apoyo para los niños.

Liberalización: el Ejecutivo comunitario quiere que España tome “medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, incluyendo las profesiones altamente reguladas” como notarios o registradores de la propiedad. El Gobierno debe reducir los retrasos en la obtención de licencias para abrir negocios y eliminar los solapamientos entre las exigencias de los diferentes niveles de la administración.

Energía: España debe completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos y abordar el problema del déficit tarifario “de forma global”.

Los registradores afinan: las casas bajaron un 10,6% en 2011

Jueves, 31 de mayo de 2012

Anuario inmobiliario – Baile estadístico
Fomento, notarios y registradores difieren en la caída del precio de los pisos
José F. Leal | Madrid 30/05/2012 La noticia en El Mundo
Registradores, notarios y tasadores tienen opiniones diferentes en torno a cuánto bajó el precio de la vivienda el año pasado. La horquilla se mueve en el amplio margen que va del 6,8% y el 11,5%. Los Registradores de la Propiedad afirman que el precio de las viviendas transmitidas en España que pasaron por sus registros -no es obligatorio hacerlo pero sí habitual- descendió un 10,59% en 2011, y un 23,9% desde sus máximos.
El dato es significativo, pues supera en cuatro puntos a la cifra que dio el Ministerio de Fomento sobre viviendas libres en enero, que publicó una caída del 6,8% para ese periodo y un 19% desde su cota máxima.
El balance de los colegas de profesión de Mariano Rajoy, realizado en colaboración con la Universidad de Zaragoza, también es dos puntos superior al dato que sirve Tinsa, (-8,1% anual) la mayor tasadora del país, al cierre del año. Curiosamente, Fomento se basa en los datos que le sirve Atasa, la patronal de los tasadores españoles, por lo que, en teoría, la cifra de Tinsa y la del órgano que rige la política de Vivienda deberían caminar parejos.
La única estadística a la que se asemeja es al ͍ndice de Precios de la Vivienda (IPV), que publica el INE con datos de los notarios españoles, que arrojó una caída del 11,2% en 2011, es decir, medio punto por encima.
Los registradores se inspiran en el método Case-Shiller, o de ‘ventas repetidas’, que computa viviendas que hayan sido vendidas por lo menos dos veces
No es margen de error, sino metodología. La explicación para esta diferencia de precios es que el análisis de precios de los registradores se construye tomando como referencia el método Case-Shiller de Standar & Poors, referencia en Estados Unidos, o de ‘ventas repetidas’, que computa únicamente datos de aquellas viviendas que hayan sido vendidas por lo menos dos veces dentro del periodo de estudio.
Este análisis presenta, según los registradores, “una mayor homogeneidad en sus características para establecer su precio, en contrapartida con los métodos tradicionales donde, en momentos distintos, se venden viviendas también distintas”.
Anuario registral
Los bancos ganan 10 puntos de cuota de mercado sobre las cajas de ahorro
La estadística registral de precios figura en el ‘Anuario de Estadística Registral Inmobiliaria’ correspondiente al pasado año publicado hoy por el Consejo General de Registradores de España.
Otro dato curioso que ofrece el estudio es que, como consecuencia del descenso de las compraventas, las viviendas transferidas en 2011 se mantuvieron en manos de su propietario una media de 8 años y 260 días, un total de 17 días más que en 2010.
Por su parte, el 6% de las viviendas vendidas -unas 22.300- en España durante 2011 correspondieron a ciudadanos extranjeros, con un incremento respecto al año 2010 (4,4%) que le sitúa en el nivel más alto de los últimos cuatro años, aunque por debajo de los resultados de 2006 (8,9%) y 2007 (8,2%).
La mayor cuota de mercado de nuevo crédito hipotecario concedido en 2011 correspondió, a diferencia de los últimos años, a los bancos, con un el 47,5%, seguidos de las cajas de ahorros (39,9%) y otras entidades financieras (12,5%).
Sólo el 6% de las viviendas vendidas en España fueron a parar a extranjeros
Así, las cajas perdieron en 2011 hasta 6,6 puntos porcentuales de cuota de mercado, mientras que los bancos ganaron 4 puntos porcentuales.
Los registradores de la propiedad explican que este cambio en la distribución de las cuotas del crédito hipotecario se explica por la transformación del sistema financiero, con la reconversión de numerosas cajas de ahorro en bancos.
Caen un 16,9% las ventas
Por primera vez en muchos años, se vendieron más viviendas usadas que nuevas (48,9%)
Por otro lado, los registradores concluyen que se produjeron 370.204 compraventas de viviendas en 2011, un 16,9% menos que en 2010, con lo que el pasado año se retomó el “intenso proceso de reducción” de las transacciones de los años 2008 y 2009, “sin que hayan surtido efecto los cambios fiscales de los últimos meses de 2011”, como la rebaja del IVA en la compra de viviendas nuevas y la recuperación de la deducción en el IRPF.
De hecho, la vivienda nueva ya no es la tipología con un mayor número de compraventas en 2011, con un 49,8% del total, frente al 51% de 2010. Como consecuencia, se incrementa el peso relativo de la vivienda usada, que representa ya el 50,1% de las transacciones de vivienda registradas en 2011.
Dentro de la vivienda nueva, la libre representó en 2011 el 41,8% del total de las compraventas y la protegida el 8%, con lo que la proporción de VPO vendidas aumentó respecto a 2010, cuando supusieron un 6,3% del total.
Como en años anteriores, más del 50% de los pisos transferidos cuentan con una superficie media superior a los 80 metros cuadrados; el 29,2% tienen entre 60 y 80 metros cuadrados; el 16,4%, entre 40 y 60 metros cuadrados; y únicamente el 3,2% tiene menos de 40 metros cuadrados.

Bruselas reclama a España la supresión de la deducción por vivienda

Jueves, 31 de mayo de 2012

Estimular la compra alimenta la especulación
Reducir la bonificación a la compra mejoraría ‘la eficiencia del sistema fiscal’
Este incentivo ‘elevó la deuda de los hogares y alimentó la burbuja’
Europa Press | Bruselas 30/05/2012 La noticia en El Mundo
La Comisión Europea ha criticado este miércoles la subida del IRPF aprobada en diciembre por el Gobierno de Mariano Rajoy por considerar que va “en la dirección contraria” a las recomendaciones de la UE y ha reclamado la supresión de la deducción por vivienda -suprimida por el gobierno de Rodríguez Zapatero pero que Rajoy ha reintroducido para tratar de reactivar el mercado-, recordando que contribuyó a crear la burbuja inmobiliaria.
El capítulo de fiscalidad e impuestos es el que recibe una nota más negativa en la evaluación que realiza del Ejecutivo comunitario de las reformas emprendidas por el Gobierno español.
España no ha tomado ninguna medida para revisar la eficacia de su sistema tributario, critica Bruselas
La Comisión considera que “reducir ventajas fiscales, como el trato fiscal favorable de la vivienda residencial (la deducibilidad de los pagos de intereses de las viviendas) aumentaría las bases fiscales y así ayudaría a mejorar la eficiencia del sistema fiscal”.
El Ejecutivo comunitario recuerda que este tipo de incentivos “elevaron la deuda de los hogares y alimentaron la burbuja inmobiliaria en España”.
Fiscalidad: España no ha cumplido
“España no ha tomado ninguna medida para aplicar la recomendación” formulada por la UE el año pasado de revisar la eficacia de su sistema tributario, lamenta el informe de la Comisión.
“Por el contrario, los recientes aumentos temporales en los impuestos indirectos, introducidos el 30 de diciembre de 2011, van en la dirección contraria a la recomendación del Consejo, ya que aumentan aún más la presión fiscal directa y por tanto las trabas al crecimiento del sistema fiscal español”, resalta Bruselas.
Más impuestos al tabaco y al alcohol
Bruselas señala que los ingresos por los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol en España son “relativamente bajos”, y lo mismo ocurre con las tasas medioambientales. En este sentido, el informe señala que “hay margen para aumentar los impuestos especiales sobre los carburantes para el transporte”.
También reclama precisiones sobre cómo se va suprimir progresivamente la ayuda al sector del carbón de aquí a 2018. Y pide más tasas para fomentar el reciclaje de residuos, así como un aumento de las tarifas del agua. “En particular, las políticas de precios de algunas regiones dan pocos incentivos a los agricultores para reducir el uso del agua para el regadío”, dice la Comisión.

Todos los licenciados en Derecho serán finalmente excluidos del máster de acceso a la Abogacía

Jueves, 31 de mayo de 2012

Enmienda del grupo popular
29.05.2012 Carlos García-León. El artículo en Expansión
El PP ha presentado esta mañana en el Congreso una enmienda transaccional, apoyado por todos los grupos parlamentarios, donde exime a todos los licenciados en Derecho, independientemente de cuándo empezaran o acaben sus estudios, de realizar ningún tipo de acceso a la abogacía según establecía la Ley 34/2006.
Vuelta de tuerca a última hora en los cambios en la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Expansión este martes una noticia con las 17 enmiendas presentadas por los seis grupos parlamentarios, incluido el PP, donde La Izquierda Plural y UPyD volvían a pedir que se eximiera a todos los licenciados en Derecho del acceso a la Abogacía. El PP no incluía ninguna petición en esta dirección. Todas las enmiendas se debatían este jueves en la Comisión de Justicia. Miles de estudiantes de la Licenciatura de Derecho habían perdido ya todas las esperanzas.
Sin embargo, la sorpresa ha llegado a mediodía del martes cuando el Grupo Popular ha aprovechado la ponencia del Congreso encargada de estudiar el proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles (donde se incluían los cambios en la Ley de Acceso a la Abogacía) para introducir una enmienda transaccional que excluye a los licenciados en Derecho de todo el proceso de acceso a la abogacía (máster, prácticas y examen). Podrán colegiarse sin problema en el plazo de dos años.
En la reunión de la ponencia, la vicepresidenta tercera del Congreso y miembro del grupo Popular, Dolors Montserrat, cuando se discutía a puerta cerrada los puntos para llevarlos el jueves a la Comisión y se estaba a punto de finalizar, ha presentado una enmienda transaccional -que se pacta con varios grupos- para eximir completamente a todos los licenciados en Derecho, tal como el Grupo Popular había solicitado en una propuesta no de ley presentada en el Congreso de los Diputados el 10 de febrero.
El propio presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada (de las filas populares) manifestaba en su cuenta personal de Twitter: “Todos los Licenciados en Derecho, “sin excepción”, quedan exentos de la aplicación de la Ley de acceso 34/2006. Promesa cumplida”
Dolors Montserrat ha explicado a Expansión que “hemos propuesto desde el PP un diálogo abierto con el resto de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo en este sentido y acabar con un problema iniciado en 2006 con una Ley que no tuvo en cuenta la opinión de los afectados. El PP ha logrado un consenso de todos los grupos”.
Montserrat ha añadido en declaraciones a este diario que “con la crisis económica, el paro juvenil entre el 45% y el 50% y con las universidades y colegios sin la capacidad suficiente en estos momentos para la realización de los máster y gestión de las prácticas -como nos habían manifestado-, pensábamos tanto desde el grupo Popular como desde el Ministerio de Justicia, que había que introducir este importante cambio”.
La nueva enmienda transaccional especifica: “Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes”.
La vicepresidenta tercera del Congreso ha asegurado que “el acuerdo ya es definitivo y sólo falta la votación oficial el jueves en la Comisión de Justicia para enviar el texto definitivo al Senado”. Montserrat añadió que “el resto de enmiendas presentadas sobre este tema, excepto alguna que corrige algún error de redacción o interpretación, ya no se votarán el jueves, al no tener ya sentido”.
Reacciones a la noticia
Las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular y una de las grandes impulsoras de este cambio, Beatriz Jurado, ha manifestado que “se hace justicia con miles de licenciados en Derecho”. NNGG se comprometió a “resolver una problemática que afecta a multitud de jóvenes estudiantes y que urge solucionar, y así devolver la igualdad entre los estudiantes de Derecho”, ha explicado.
Por su parte el presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procuraduría (Analap), José Beceiro, mostró a este diario su satisfacción por la enmienda transaccional presentada. “Estamos muy contentos porque ha sido siempre nuestro objetivo único e irrenunciable”, afirmó.
El portavoz de los estudiantes afectados manifestó que “estaba claro que el RD no solucionaba el problema sino que lo agravaba, y aunque muchos lo dieron todo por perdido, nosotros hemos seguido trabajando para convencer a todos los grupos de que era necesario eximir a los licenciados del acceso a la profesión”.
En el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sin embargo, la noticia no se ha recibido de igual forma. Un portavoz del CGAE ha explicado a Expansión que este cambio “no parece serio sino más bien el resultado de una improvisación”, y recomienda a los titulados en Derecho hacer el máster o formarse por su cuenta aunque no tengan que hacer de forma obligatoria el acceso que marca la Ley 34/2006″.
Además el portavoz del CGAE ha basado la postura de la Abogacía española en cinco puntos:
1. Todos estábamos de acuerdo (políticos, abogados, Consejo, universidades,…) con que sólo con la licenciatura no se tenían los conocimientos adecuados para ejercer como abogado; 2. Durante las últimas décadas la Abogacía ha hecho todo lo posible por mejorar la formación de los nuevos abogados, mediante las Escuelas de Práctica Jurídica; 3. La formación práctica y en habilidades del máster creemos que es imprescindible para la adecuada defensa del derecho de los ciudadanos; 4. Si ahora el legislador estima que no es necesario este máster, es su responsabilidad; 5. La Abogacía seguirá concentrando todos sus esfuerzos en la mejor formación del ejercicio profesional de los abogados.

Los alumnos de Derecho valencianos podrán hacer prácticas en registros

Jueves, 31 de mayo de 2012

Madrid, 29 de Mayo de 2012 – La noticia en Lawyerpress
El Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana ha acogido esta mañana la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Valencia, por el cual los alumnos de Grado y Postgrado de Derecho de esta universidad podrán realizar prácticas académicas externas en los registros de la propiedad.
Mª Emilia Adán, decana autonómica de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y José Vicente Morote, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia ”˜San Vicente Mártir”™, han sellado este convenio de cooperación educativa que estará vigente durante el curso académico 2011-2012, y que se prorrogará de forma automática cada curso. En la firma han estado presentes también Pilar G. Goyeneche, directora del Centro de Estudios Registrales, y Luisa Vicedo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la citada universidad.
Con esta iniciativa, los registradores contribuyen a la formación integral de los alumnos, complementando el aprendizaje teórico y práctico que éstos reciben durante su formación académica.

Eurofighter

Miércoles, 30 de mayo de 2012

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Caldera de Taburiente. La Palma

Miércoles, 30 de mayo de 2012

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La presión puede con Fernández Ordóñez que deja el Banco de España

Miércoles, 30 de mayo de 2012

No agotará su mandato y se irá un mes antes
Agencias. La noticia en negocios.com
El gobernador comunica al presidente del Gobierno su intención de adelantar la fecha de cese de su cargo, prevista para el 12 de julio.
El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, se ha reunido este martes con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le ha transmitido su intención de adelantar la fecha de su cese al próximo 10 de junio, un mes antes de que acabe oficialmente su mandato (12 de julio).
En un comunicado, el Banco de España ha explicado que tras el 11 de junio (fecha de recepción de los planes de reestructuración de las entidades financieras) comenzará una nueva etapa en la que habrá que tomar decisiones “muy importantes”, como la aprobación de dichos planes y los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el sistema bancario.
Si permaneciera en la institución hasta que finalizara su mandato, Fernández Ordóñez solo dispondría de un mes para tomar estas decisiones, por lo que cree que “la mejor” decisión para la institución y para su sucesor es que pueda incorporarse el 11 de junio y participar plenamente en estas decisiones.
Según el actual gobernador, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de las cuentas del Banco de España, la liquidación del Presupuesto y la presentación del informe anual la próxima semana se cierra un periodo de cinco años y once meses al frente del banco emisor.
Tal y como ha transmitido el Banco de España, Rajoy ha entendido que la decisión de Fernández Ordóñez favorece una transición “ágil y eficiente” en el puesto del gobernador, y servirá para que el Banco de España siga aportando su “conocimiento y profesionalidad” en la resolución de los problemas de la economía y del sistema bancario.
Linde, posible sucesor
Son muchos los nombres que han sonado para suceder al actual gobernador, aunque en los últimos días ha cobrado fuerza el de Luis Linde, que el pasado viernes fue nombrado nuevo consejero de la institución por su acreditada experiencia en el sector financiero.
Linde, de 67 años, entró así en el consejo de administración del Banco de España, pero no en la comisión ejecutiva, donde se llevarán a cabo los nombramientos teniendo en cuenta los pactos que han regido de composición de la misma.
De ser nombrado miembro de la comisión ejecutiva, Linde podría seguir la trayectoria descrita por los dos últimos gobernadores de la institución, Fernández Ordóñez y Jaime Caruana. Según los estatutos del Banco de España, 70 años es la edad máxima para ser consejero de la institución.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, avanzó el pasado lunes que tiene los candidatos a próximos gobernador y subgobernador en la cabeza, y que le trasladará su propuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Dejó claro que ambos cargos deben tener una cualificación profesional absoluta, tanto a escala nacional como internacional, y carecer de involucración política.

Ibercaja, Liberbank y Caja3 aprueban su fusión

Miércoles, 30 de mayo de 2012

La noticia en diarioabierto.es

Se crea el séptimo grupo financiero con 114.000 millones de euros en activos
Primera fusión tras la aprobación de la segunda reforma financiera. Los consejos de administración de Ibercaja Banco, Liberbank y Banco Grupo Caja3 han aprobado el protocolo de integración para crear el séptimo grupo financiero de España. El presidente será Amado Franco, actual responsable de Ibercaja.
BMN y Unicaja, condenados a entenderse tras la fusión entre Ibercaja y Liberbank.
En concreto, la nueva entidad contará con un volumen de activos de 114.000 millones de euros, un capital principal pro forma (a 31 de diciembre de 2011) del 10,5% y una holgada posición de liquidez.
El nuevo grupo, que no ha recibido ayudas públicas, será líder en sus territorios de actuación, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la provincia de Burgos, donde tendrá una cuota de mercado superior al 10%, además de una presencia muy significativa en Madrid y Valencia.
Además, tendrá sedes operativas y servicios centrales distribuidos en sus territorios de origen y la sede social en Madrid, por lo que la operación tendrá efectos neutros sobre la tributación autonómica.
La integración de los tres bancos, participados por ocho cajas de ahorros: Ibercaja, Grupo Cajastur (en el que se integra CCM), Caja Inmaculada, Caja Cantabria, Caja Extremadura, Cajacírculo de Burgos y Caja Badajoz, “se basa en la complementariedad en las líneas de negocio, con un modelo de gestión de banca minorista y de cercanía a sus clientes”, indicaron las entidades, destacando, asimismo, su afinidad cultural y vocación social, que seguirá presente a través de sus Obras Sociales.
La nueva entidad se funda bajo los principios del buen gobierno corporativo. Así, el consejo de administración tendrá un máximo de quince miembros, un tercio de los cuales será independiente y los otros dos reflejarán proporcionalmente el accionariado de los bancos que se integran.
Participación y Consejo
Ibercaja Banco contará con una participación del 46,5%, Liberbank del 4,% y Banco Grupo Caja3 del 8%. El presidente será Amado Franco Lahoz y el Consejero Delegado, Manuel Menéndez Menéndez.
La suma de Ibercaja, Liberbank y Caja3 tendrá un volumen de negocio de 181.000 millones de euros y unos activos de 114.000 millones de euros, lo que sitúa al grupo en el séptimo puesto por tamaño en el sector financiero español.
Asimismo, nacerá con unos recursos propios de 7.000 millones de euros; una holgada posición de liquidez, con casi 14.000 millones de activos líquidos y 15.000 millones de capacidad de emisión, que multiplican por tres los vencimientos de los dos próximos años, y una moderada dependencia de los mercados mayoristas, con un coeficiente inferior al 20%.
Las entidades destacaron que la alianza permite alcanzar “un tamaño adecuado para competir en un entorno global y acceder en las mejores condiciones de competitividad a la financiación en los mercados”.
Con una red de más de 2.500 oficinas, el nuevo grupo atenderá a casi seis millones de clientes con un modelo de negocio basado en banca minorista de proximidad, con el cliente como eje central de objetivos y acciones.
Además, como grupo propiedad de cajas de ahorros, comparte afinidad cultural y mantendrá la vocación social de las cajas que la integran, impulsando la permanencia de sus Obras Sociales.

El BCE rechaza el plan para impulsar Bankia, según el ‘FT’

Miércoles, 30 de mayo de 2012

29/05/2012 La noticia en El Economista

Pretendía inyectar cerca de 19.000 millones a través de bonos soberanos
La idea planteada por el Gobierno de Rajoy ha sido calificada de “poco ortodoxa”

Según acaba de adelantar el ‘Financial Times’, el plan presentado por el Gobierno de España para recapitalizar Bankia ha sido rechazado por el Banco Central Europeo (BCE). De esta forma, se tira por tierra la idea trazada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que pretendía inyectar cerca de 19.000 millones de euros a través de bonos soberanos en su empresa matriz.
Esta idea, calificada de “poco ortodoxa”, no sólo por el ‘Financial Times’, sino también por muchos expertos financieros, pretendía que a través de la inyección de bonos soberanos en la matriz de Bankia, el BCE aceptase dichos activos como garantía colateral para que el banco pudiera recibir financiación de la institución capitaneada por Mario Draghi.
Según explica el rotativo británico, la inyección directa de deuda pública hubiera permitido a Bankia tener acceso a la ventana de refinanciación a tres meses del BCE. Dicha operación hubiera evitado así la necesidad de tener que recaudar el dinero, cerca de 19.000 millones de euros, en el mercado de bonos, donde la desconfianza y la incertidumbre reina desde hace meses.
De hecho, el ‘FT’ destaca que la noticia del rechazo por parte del BCE ocurre en un momento en que España se enfrenta a un desorbitado encarecimiento a la hora de emitir deuda en el mercado de bonos. El Gobierno, según la cabecera económica, trata en estos momentos de persuadir a los inversores de que puede contener los problemas en el sector bancario, vapuleado por cerca de 180.000 millones de euros en préstamos incobrables, mayoritariamente derivados del mercado inmobiliario.
Madrid vs Bruselas
Para el ‘FT’, el rechazo por parte del BCE del plan propuesto por el Gobierno de España no hace más que reforzar la idea de que la única solución a una crisis, que está empujando los costes de endeudamiento a niveles insostenibles, es que la institución dirigida por Draghi, se convierta en el prestamista de última instancia del gobierno.
Aún así, la guerra entre Madrid y Bruselas es evidente. El ‘Financial Times’ cita a altos funcionarios del Gobierno a la hora de admitir que “los rescates de Portugal, Grecia e Irlanda han demostrado “ser catastróficos” y “España no va a ceder en su negativa a aceptar una forma similar de intervención”.

Presa de Las Niñas. Gran Canaria

Martes, 29 de mayo de 2012

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Rajoy: “No habrá ningún rescate de la banca española

Martes, 29 de mayo de 2012

Primera rueda de prensa en solitario en España: “Bankia no ha disparado la prima”
La noticia en El Confidencial. 28/05/2012
El presidente del Gobierno ha comparecido por primera vez en solitario en una rueda de prensa en nuestro país para hacer balance de los primeros seis meses desde que ganó las elecciones. Mariano Rajoy ha anunciado los cinco puntos que él cree fundamentales para salir de la crisis y, en el turno de preguntas, ha descartado que la nacionalización de Bankia haya disparado la prima de riesgo. “Al contrario, ha sido un ejercicio de transparencia”. También ha descartado “cualquier rescate de la banca española”
El presidente del Gobierno ha sido especialmente tajante a la hora de responder a las preguntas sobre la situación de la banca española y ha despejado la pregunta en una sola frase: “No va a haber ningún rescate”. También ha dejado claro que la hoja de ruta seguida con Bankia no tiene “nada que ver con que la prima se haya disparado”. La alternativa a Bankia, ha dejado claro Rajoy, era la quiebra, y ahora va “a sanearse, y cuando se convierta en la entidad saneada, se venderᔝ.
Desde la sede del PP en la madrileña calle Génova, Mariano Rajoy ha querido establecer en cinco puntos “lo más entendibles posibles” lo que será el accionar de su Gobierno. El primero de los puntos será “avanzar en la senda de la reducción del déficit público”, y ha insistido en su simil con la economía doméstica: “no se puede, y es malo, gastar lo que no se tiene”. Además, “es lo que nos impone nuestro compromiso con la UE”.
En segundo lugar, Rajoy ha anunciado que seguirá ahondando en las “reformas para mejorar la flexibilidad y la competitividad” de la economía española para que se “pueda producir, vender y crear empleo”. Así, “las reformas seguirán en los próximos meses”
En tercer lugar Rajoy ha pedido avanzar en las reformas estructurales de la UE para lograr “más integración en el mercado único”. En cuarto lugar, solventar el problema de la financiación de la deuda, y en quinto y último lugar, “que Europa fije con claridad el objetivo de mayor integridad fiscal, monetaria y política. Europa debe despejar cualquier duda sobre el futuro del euro”.
Preguntado por la reunión con Duran Lleida y los problemas de financiación de Cataluña, el presidente del Gobierno ha dicho que “me considero responsable de lo que pase en las comunidades autónomas”, y ha sido tajante al asegurar que “no vamos a dekar caer a ninguna comunidad”. Ante la insistencia de los periodistas, ha culminado: “No vamos a dejar caer a ninguna comunidad ni a ninguna entidad bancaria porque se caería el país”.

BNG propone asegurar el dinero de los compradores que no obtengan sus viviendas

Martes, 29 de mayo de 2012

Congreso | En el caso de que la promotora quiebre
El grupo gallego busca ‘ampliar la responsabilidad de los administradores’
Este fondo debería nutrirse con recursos y avales de los operadores del sector
Europa Press | Madrid 28/05/2012 La noticia en El Mundo
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a adoptar las medidas legales pertinentes para asegurar el dinero de los ciudadanos que compren vivienda nueva si la promotora o la constructora no la llega a entregar, así como para exigir a este tipo de compañías pruebas de “solvencia económica” antes de visar sus proyectos.
El BNG recuerda en su iniciativa que muchos ciudadanos que invirtieron sus ahorros en una vivienda nueva en construcción han sufrido los perjuicios de la crisis del sector inmobiliario, que ha provocado que gran parte de estas promociones no se finalizaran o, incluso, ni siquiera comenzaran a ser construidas.
En muchos casos los compradores ni siquiera han podido recuperar el dinero invertido en un proyecto
“Estos ciudadanos se encuentran en una situación de total indefensión, desamparados y, en muchos casos, ni siquiera han podido recuperar el dinero invertido en un proyecto de vivienda que nunca cuajó”, ha recordado el grupo parlamentario, que critica la “deficiente” legislación sobre este asunto.
Por eso, pide al Gobierno que apruebe “medidas legislativas que ofrezcan la suficiente garantía a los ciudadanos que invierten sus ahorros en la adquisición de una vivienda de nueva construcción que, por errores en la gestión de las empresas constructoras o promotoras, nunca llegan a ejecutarse”.
Recuperar lo invertido
En concreto, el BNG propone diseñar normas para que los ciudadanos puedan recuperar la totalidad del dinero invertido en los casos en que no lleguen a recibir las llaves de su vivienda, así como “endurecer el régimen administrativo sancionador y el Código Penal en los casos en que se incumpla por parte de promotores o constructores la obligación de entregar viviendas que se correspondan con promociones en construcción”.
Sugiere acreditar una solvencia económica suficiente para cubrir los compromisos económicos contraídos con los compradores
En la misma línea, sugiere también que se exijan a constructoras, promotoras o entidades bancarias acreditar una solvencia económica suficiente para cubrir los compromisos económicos contraídos con los compradores “antes de la concesión de la licencia urbanística” y “ampliar la responsabilidad patrimonial personal de los administradores” de este tipo de compañías para que “respondan con su patrimonio por las deudas contraídas por las empresas en caso de no cumplir con sus compromisos”.
Finalmente, exige la creación de un fondo destinado a indemnizar a personas afectadas por el incumplimiento de la entrega de viviendas en construcción o, en su caso, a “financiar la completa ejecución de las mismas”. Este fondo debería nutrirse con recursos y avales depositados por los operadores en el sector inmobiliario. El BNG aprovecha también su iniciativa para recordar al Gobierno que es “necesario” abordar una verdadera normativa de dación en pago.

Hacienda retendrá el 50% de la financiación a los ayuntamientos sin un plan de saneamiento

Martes, 29 de mayo de 2012

Plan de pago a proveedores
Agencias 27/05/2012 La noticia en El Confidencial
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas retendrá el 50% de la participación en los ingresos del Estado (PIE) a los ayuntamientos con deudas a proveedores que no han presentado el correspondiente plan de ajuste o que, habiéndolo presentado, se les rechazó.
Un total de 4.623 entidades locales se han sumado al plan de pago a proveedores por el que saldarán la deuda con empresas y autónomos acumulada hasta el 31 de diciembre de 2011. Para ello, han tenido que aprobar un plan económico-financiero en el que aseguran cómo van a devolver el préstamo a lo largo de los años y, después, firmar el crédito con alguna de las 26 entidades que participan en la operación. El tipo ha quedado fijado en el 5,939 por ciento.
De ese total de entidades locales, y según precisó en una conferencia reciente el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, 2.004 consistorios no han elaborado el obligado plan de ajuste y otros 315 que sí lo presentaron han obtenido una valoración negativa.
La retención de la mitad de la financiación estatal se mantendrá hasta la amortización de la operación. Los proveedores podrán cobrar las facturas pendientes con estos consistorios y ese dinero detraído servirá de aval.
Entre esos planes de ajuste rechazados, Beteta ha asegurado que figuran “datos escalofriantes” como los de un ayuntamiento de Guadalajara (Pioz, según confesó luego su alcaldesa) que necesitaría 7.058 años para saldar la deuda, y otro de Teruel que pasaría 462 haciéndolo.
El secretario de Estado ha subrayado que esta situación de incumplimiento no es nueva. En 2008, 3.222 ayuntamientos de los más de 9.000 que existen no rindieron cuentas anuales ante el Tribunal de Cuentas; en 2007, habían fallado 2.629 y el año anterior, 2.496.
La hora de cobrar
Resueltos estos trámites, cientos de grandes empresas, de pymes y de autónomos podrán cobrar a partir del 1 de junio las 1,62 millones de facturas pendientes de pago por parte de los ayuntamientos que se han acogido a este plan; la deuda total suma 9.750 millones de euros.
La segunda pata de este programa es autonómica. Los gobiernos regionales tienen una vía paralela a la municipal para financiar también el pago de esta deuda. En estas fechas, los proveedores están revisando y aceptando los datos de las facturas pendientes y a lo largo de junio, las comunidades deberán cerrar y firmar los créditos con los bancos para que empresas y autónomos puedan empezar a cobrar.
Todas las autonomías se han sumado a este plan salvo Galicia, Navarra y el País Vasco. Presentan en total casi cuatro millones de facturas, por valor de 17.255 millones de euros.

Portugal. Las familias en dificultades podrán estar 18 meses sin pagar la hipoteca

Martes, 29 de mayo de 2012

En la propuesta de los socialdemócratas también se pretende prohibir la subida del spread en caso de divorcio o de viudedad
Belén Rodrigo La noticia en ABC.es / Lisboa Día 28/05/2012
Las familias portuguesas en apuros por causa de la crisis o, en situación de incumplimiento van a poder pasar 18 meses sin pagar la hipoteca. Esta es la propuesta que el Partido Socialdemócrata (PSD), fuerza mayoritaria del Gobierno de coalición lusa, va a llevar al Parlamento para que se incluya en el decreto que el Ejecutivo está finalizando sobre dicha materia.
Según ha avanzado el rotativo «Jornal de Negocios», existe también la opción de que durante cuatro años, estas familias paguen al banco únicamente los intereses de la letra. De esta forma, se pretende proteger a los afectados y ayudar a la negociación entre clientes y bancos sin que sea necesario acudir al tribunal.
Esta propuesta autoriza a crear un régimen extraordinario de protección a los deudores «en situación económica muy difícil». En lo que se refiere al margen (spread) de la tasa de interés que los bancos pueden cobrar durante dicho periodo, queda limitada al 0,25% sobre las tasas del Euríbor.
Por su parte, los bancos se verán obligados a presentar un plan de reestructuración de la deuda de los clientes, que sirva para aliviar los encargos para las familias. El plazo del préstamo se puede alargar hasta los 75 años.
Quién no pueda realmente pagar el préstamo puede entregar el inmueble al banco con la opción de alquilarlo. En este caso el valor de la renta que sustituye al de la hipoteca estaría limitado al 45% del salario de quien entrega la casa.
Se pueden beneficiar de este régimen las familias en las que al menos uno de sus miembros esté en paro o hayan sufrido una reducción significativa del rendimiento anual, con el aumento de la tasa de esfuerzo al 55%, en el caso de los hogares sin personas dependientes o al 50%, cuando haya dependientes. Además para poderse beneficiar de la medida, estas familias no tendrán derecho a tener otros bienes o patrimonio suficiente para saldar esa deuda, ni un rendimiento bruto superior a los 25 mil euros anuales.
En la propuesta de los socialdemócratas también se pretende prohibir la subida del spread en caso de divorcio o de viudedad.
Otros partidos, como el CDS-PP, el BE y el PCP presentarán también propuestas de ley para proteger mejor a las familias que no pueden pagar la hipoteca.
Crédito para los municipios
Los ministros de Finanzas y de Asuntos Parlamentarios, Vítor Gaspar y Miguel Relvas, respectivamente, han firmado con la Asociación Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) un acuerdo que prevé una línea de financiación de 1.000 millones de euros para resolver los problemas de deuda a corto plazo, que sean superiores a 90 días. En contrapartida, los municipios que reciban ayuda firmarán un compromiso de reestructuración financiera global.
Según los datos avanzados en la prensa portuguesa, hasta el 31 de marzo de este año la deuda de los municipios a corto plazo, superior a 90 días, era de 1,4 mil millones de euros.
Una vez firmado el acuerdo, los ayuntamientos deben hacer llegar al Gobierno una lista de sus deudas a corto plazo (de 90 días a un año).
Luego será el propio Estado quien pague las deudas directamente a los distribuidores, sin necesidad de que el dinero pase por los municipios.

Samsung Galaxy S III, un rey para Android

Martes, 29 de mayo de 2012

Sale a la venta
Marta Villalba El artículo en diarioabierto.es
Llega a las tiendas el smartphone Samsung Galaxy S III, el mayor rival para el iPhone 4S.

Galaxy S III, el smartphone estrella de Samsung, llega a las tiendas el 29 de mayo. El mayor rival del iPhone 4S de Apple viene con un récord de preservas con más de 9 millones en todo el mundo. “Sabíamos que iba a tener buena acogida. La expectación que está teniendo es muy buena. Los operadores están encantados con las preservas”, afirma Luis de la Peña, director de Marketing Telecom de Samsung España.
No es de extrañar este éxito teniendo en cuenta que es el teléfono más avanzado del mercado. La pantalla más grande, el procesador más potente, la última versión de Android”¦ Un teléfono elegante y plagado de pequeñas aplicaciones muy prácticas. Características que le llevan al trono del reino de los smartphones Android. Este sistema operativo reina hoy con un 59% de cuota de mercado en todo el mundo, frente al 23% del iOS de Apple, según los datos de IDC en el primer trimestre de 2012.
La pantalla HD Super Amoled del Galaxy S III aumenta hasta las 4,8 pulgadas, un 22% más con respecto al anterior modelo (4,3 pulgadas). Para que este incremento no suponga llevar un “zapatófono” en el bolsillo, Samsung ha estrechado su marco y solo es un 16% mayor que el Galaxy S II. Además es un teléfono muy fino (136,6 x 70,6 8,6 milímetros) y muy ligero (133 gramos). Se comercializa en dos colores, el blanco y el azul.
Además de incorporar la última versión del sistema operativo Android (la 4.0, conocida como Ice Cream Sandwich), el último móvil de Samsung integra varias aplicaciones para manejar y comunicarse con el teléfono.
-Smart Stay: identifica que estás leyendo la pantalla del teléfono y no se apaga hasta que dejas de mirar.
-Pop Up Play: posibilita tener abiertas dos aplicaciones a la vez. Por ejemplo, mientras ves un vídeo puedes escribir un mensaje sin tener que parar la reproducción
-Reconocimiento facial: detecta una sonrisa otros gestos del usuario, una función ya incluida en al Galaxy Nexus, un teléfono de Google fabricado por Samsung.
-S Beam: permite compartir contenidos entre dos Galaxy S III en unos segundos con solo tocarse ambos teléfonos.
-S Voice: asistente de voz en español para interactuar con el teléfono. Por ejemplo, activar la cámara de fotos, controlar el reproductor de música, enviar mensajes u organizar la agenda.
-Direct Call: cuando el usuario está escribiendo un mensaje y en vez de enviarlo decide llamarle, con solo acercarse el teléfono a la oreja se activa la llamada.
-Smart Alert: si te has alejado de tu teléfono, cuando vuelve a cogerlo te avisa si has recibido alguna llamada o mensaje mediante con una vibración.
-AllShare Cast: el Galaxy S III se conecta al televisor de casa para reproducir los contenidos del teléfono sin cables. Lo mismo con AllShare Play para tabletas y ordenadores.
La cámara del Samsung Galaxy S III ofrece 8 megapíxeles (la frontal 1,9) y varias funciones novedosas:
-Buddy Photo: para compartir fotos de forma simultánea entre todos los amigos que aparecen en la imagen.
-Best Photo: elige de forma automática la mejor imagen de las ocho captadas por el usuario.
-Burst Shot: captura 20 fotos seguidas en milisegundos.
Galaxy S III también destaca por su potente procesador Exynos de cuatro núcleos a 1,4 Ghz, que consume un 20% menos que su antecesor. De momento, solo se lanza con capacidades de 16 y 32 GB de memoria interna (ampliables mediante tarjetas microSD). Además, incorpora 1 Gb de RAM y tecnología NFC.
El precio del teléfono liberado es 659 euros. Con las operadoras éste varía en función de los puntos y la tarifa. Orange solo lo comercializa de momento en azul. Movistar empezará a venderlos a partir de las 19.00 h del 29 de mayo en sus tiendas más conocidas, con un precio a partir de 26 euros. Vodafone desde 0 euros con la tarifa con la tarifa @XL.

Un tributo a Rafael Arnaiz Eguren

Lunes, 28 de mayo de 2012

Beatriz Corredor – 28/05/2012 – En Tribuna de Cinco Días
Quizá sea conveniente comenzar estas líneas explicando el porqué de su título. Y es que aunque hoy los términos urbanismo y registro de la propiedad están indisolublemente relacionados, lo cierto es que no siempre fue así. De hecho, la interrelación entre los actos urbanísticos y el registro se inició en 1956, con la primera Ley de Régimen del Suelo. Desde entonces hasta ahora, la normativa urbanística se ha ido multiplicando y complicando, no solo por la transferencia de las competencias en la materia a las comunidades autónomas y por la intervención de las corporaciones locales en el desarrollo urbano, sino porque la aplicación en la práctica de dicha regulación, es decir, la ejecución del planeamiento diseñado por las Administraciones competentes, ha convertido al Registro de la Propiedad en una pieza esencial del sistema jurídico inmobiliario, que regula y garantiza los derechos de la Administración y de los particulares en los procesos de transformación del suelo, al imponer no solo limitaciones al contenido ordinario del derecho de propiedad, sino también el cumplimiento de cargas y obligaciones al -propietario.
Así considerado, el Derecho urbanístico es el conjunto de disposiciones destinadas a regular la ordenación del territorio y el uso del suelo y la edificacion; y “la transformación del suelo supone un conjunto de operaciones económicas difícilmente realizables sin una clarificación precisa de la titularidad de los inmuebles afectados y, sobre todo, sin la garantía registral de las distintas obligaciones económicas que genera el proceso, tanto frente a la Administración como frente a las entidades que financian la urbanización y construcción”.
Me he permitido usar las palabras que escribió en la introducción de su obra Registro de la Propiedad y urbanismo el gran jurista y registrador de propiedad Rafael Arnaiz Eguren, con quien estamos en deuda todos los profesionales del Derecho -y también los urbanistas- que intervenimos en el ámbito inmobiliario y a quien respetuosa y cariñosamente dedico estas líneas hoy con motivo de su jubilación. Esta obra, junto a La inscripción registral de los actos de naturaleza urbanística, es una aportación esencial a la coordinación entre la protección de los derechos de propiedad y el proceso de transformación urbanística, y ambos se han convertido en tratados de uso cotidiano para los registradores, abogados, técnicos de las Administraciones públicas, urbanistas y, en general, especialistas en Derecho inmobiliario.
Y así es: la labor de investigación y desarrollo de la normativa urbanística a la que Rafael Arnaiz consagró parte de su vida profesional ha influido decisivamente, cuando no inspirado, buena parte de la regulación hoy vigente sobre la coordinación entre la ejecución del planeamiento urbanístico y el reflejo registral de las operaciones de equidistribución y reorganización de la propiedad. Desde el texto refundido de 1992, toda la legislación sobre ordenación del territorio ha contenido disposiciones específicas para que las operaciones urbanísticas y las edificaciones tuvieran su exacto reflejo en el Registro de la Propiedad; y así ha sido también en la normativa estatal más reciente, tal como el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 o el RDL 8/2011.
Así, la ley permite, y en algunos casos impone, la constancia registral de determinadas situaciones urbanísticas para dar a conocer la existencia de circunstancias que afectan a la realidad jurídica y física de las fincas afectadas, contribuyendo de forma decisiva al cumplimiento de los principios consagrados en los artículos 9.3 (la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos) y 47 de la Constitución (los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación).
El Registro de la Propiedad es una institución al servicio del Estado, de la sociedad, que desde hace más de 150 años contribuye a la protección de los derechos sociales y económicos de personas, empresas y Administraciones públicas. Y contribuye también a garantizar la integridad patrimonial de la propiedad y a hacer realidad los principios de transparencia y participación ciudadana y de desarrollo territorial y urbano sostenible, recogidos la exposición de motivos del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008. Esta es la responsabilidad que asumimos los registradores y que de forma tan brillante ha cumplido Rafael Arnaiz a lo largo de toda su trayectoria profesional.
Beatriz Corredor. Registradora de la propiedad y exministra de Vivienda

Tamadaba. En Gran Canaria

Lunes, 28 de mayo de 2012

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Rajoy pretende un blindaje financiero de España ante el riesgo de salida de Grecia

Lunes, 28 de mayo de 2012

Mientras se dispara la cuenta a pagar en la crisis de Bankia y el saneamiento del sistema
Carlos Schwartz.- El artículo en Capital News
Convenientemente aderezada por las invocaciones a la austeridad, lo esencial de la posición del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a la salida de la reunión informal del Consejo Europeo en Bruselas esta semana fue su aspiración de que el Banco Central Europeo (BCE) sostenga la liquidez de los mercados de deuda soberana. Hasta ese momento había reiterado públicamente la necesidad de que el BCE haga circular ingentes recursos monetarios en diversas oportunidades, pero había dejado en un cono de sombra a qué se refería concretamente. Tanto que una fuente financiera en Francfort a la pregunta de qué pensaba de la posición ventilada por Rajoy antes de la cumbre afirmó: “No puede ser que el presidente del Gobierno de España ignore que la banca de su país ha recibido una parte sustancial del billón largo de euros concedido al sistema bancario por el BCE en los últimos meses, y por más distanciado que esté del Banco de España sabrá por sus estadísticas que la financiación a la economía de su país es en este momento del orden de los 250.000 millones de euros. Sería bueno saber a qué se refiere”. Ahora queda claro, se refería a dar liquidez a la deuda soberana. Pero por añadidura matizó su posición afirmando que de momento esa deuda es sostenible y su liquidez está garantizada… pero que “si llega el momento en que no lo está, las decisiones se podrán tomar en 24 horas”.
Es decir, en caso de que las crecientes tensiones sobre la deuda soberana de España se vean acrecentadas haya una intervención de apoyo por parte del BCE en “24 horas”. Desde luego el escenario más temido por el gobierno es la tormenta que puede desatar una salida de Grecia de la unión monetaria. Situación que es harto curiosa, porque el primer espada de la coalición Syriza cuyo triunfo electoral se dice que pondría en jaque al sistema, ha afirmado por activa y pasiva que no se piensa marchar del euro. El mensaje de Alexis Tsipras a su electorado es reformular el plan de austeridad y recortes del gasto público sustituyéndolo por un plan de reactivación de la economía. El problema que se presenta es que el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BCE y la UE suspenderán los pagos del programa de ayudas si el plan comprometido no se mantiene. Lo cual dejará al país a expensas de sus propios ingresos para financiarse, puesto que no puede emitir moneda dentro del euro. Es decir a sus ingresos por balanza de pagos, que es deficitaria. Y a la recaudación fiscal, que cae por la recesión. Este modelo contradictorio que comienza a configurarse es el preámbulo de una violenta sacudida monetaria que tendrá inevitables consecuencias sobre los mercados de deuda soberana en los países de la periferia del euro. España entre otros.
Pero hay más. En el camino a las elecciones generales griegas que están a la vuelta de la esquina, el 17 de junio, el fantasma de Bankia comienza a levantar vuelo y desplegar sus alas que por lo que se comienza a saber tienen una envergadura bastante mayor de lo estimado por el Gobierno. La cifra que comienza a manejarse como coste de la operación es de 20.000 millones de euros. Habrá que sumar a este número el resto de la operación de saneamiento de la banca en proceso de recuperación, además de lo que cueste poner en orden el conglomerado resultante. Incluidas las misteriosas sociedades tenedoras de activos inmobiliarios de la banca española.
Lo que el presidente Rajoy ha venido a expresar con la puesta en escena de la necesaria liquidez en los mercados de deuda soberana es su temor a que los sobresaltos que pueda generar la crisis bancaria española con el telón de fondo de las incertidumbres griegas acabe acelerando el deterioro político del Gobierno. Para limitar el efecto del proceso, que puede ser fulminante, Rajoy pide a sus socios de la UE garantías sobre la sostenibilidad de la deuda soberana española. Es decir que los tipos de interés que tenga que pagar no superen el umbral que la hace inviable y detona una intervención. A escasos cinco meses de su triunfo electoral por mayoría absoluta el Gobierno pone de manifiesto el temor por su futuro. Es en parte por esto que el ejecutivo desvía los tiros para escapar a las consecuencias de la crisis del sistema bancario y su efecto colateral entre los accionistas de las cajas de ahorros reconvertidas en bancos, fallidos en muchos casos, contra las instituciones supuestamente encargadas de velar por los intereses de clientes e inversores.
Lo que nadie puede velar es que el pecado del Gobernador del Banco de España fue dejar operar al gobierno socialista a sus anchas en una política de paños calientes para la banca. Pero los decretos fueron del Gobierno, no del regulador. Incluido el primer Real Decreto Ley del Gobierno del PP para la banca, el 2/2012 que siguió por la misma vía ya establecida por el ejecutivo anterior. El verdadero corte ha sido Bankia por el efecto del sinceramiento. Y ese corte ha sido forzado y no voluntario. Pero al mismo tiempo ha obligado a dejar fuera del proceso al regulador. Se trata de sustraer a la opinión pública las interioridades del proceso que ha desembocado en la crisis de Bankia, y que no son sólo el resultado de una fusión mal avenida. El modelo de fusión de cajas que dio nacimiento a Bankia no fue “forzado” por el Banco de España o el Gobierno socialista, como señala la presidenta de la Comunidad de Madrid. Fue un proceso gestado por las propias fuerzas vivas del Partido Popular al frente de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia y consensuado con el gobierno socialista que respetó ese territorio como propio del PP.
Motivo por el cual jamás se dará al proceso de saneamiento la transparencia requerida. Como tampoco interesa a socialistas y populares dar transparencia a la aplicación de los recursos del FROB. Entre otras cosas porque el dinero del Fondo fue destinado a las reducciones de plantillas y cierre de sucursales que ha sido la esencia misma de la dichosa reestructuración dominada por las cifras colosales de las indemnizaciones percibidas. Aunque esos números desde luego palidecen frente a la adjudicación de inmuebles por parte de las cajas en compensación por deuda, proceso que estuvo políticamente condicionado por las proximidades de intereses de cada una de las inmobiliarias y promotores implicados en cada zona de influencia. La crisis bancaria se ha convertido en el verdadero talón de Aquiles del Gobierno.

El Gobierno activará la máquina de fabricar deuda pública para tapar el agujero de Bankia

Lunes, 28 de mayo de 2012

La noticia en elEconomista.es 27/05/2012
La inyección directa de deuda pública en Bankia parece ser la solución elegida por el Ejecutivo para cubrir los 19.000 millones de capital que necesita la entidad presidida por Goirigolzarri. Con esta heterodoxa solución, el Gobierno endosaría al BCE la financiación del rescate.
Los 5.400 millones de liquidez con los que cuenta el FROB son claramente insuficientes para cubrir las necesidades de capital del sector bancario español. Sólo Bankia ha solicitado al Gobierno 19.000 millones adicionales. Para lograr los 50.000 o 60.000 millones de euros que, según diversos analistas, necesitaría la banca española, sin recurrir ni a los mercados ni a los fondos europeos, el Ejecutivo habría optado por activar la máquina de crear deuda pública.
Según publica el diario El País, la intención de De Guindos no sería la de pagar el rescate de Bankia con efectivo sino inyectando en el activo del Grupo BFA miles de millones de nuevos títulos de deuda pública que la entidad podrá convertir en liquidez usándolos como garantía en operaciones interbancarias, vendiéndolos en el mercado o acudiendo con ellos a las puertas del Banco Central Europeo que, mediante esta operación, podría encontrarse financiando el rescate de la entidad.
La jugada del Gobierno, que a primera vista puede parecer redonda -evita acudir a los mercados en busca de dinero cuando la prima de riesgo está por las nubes, elude el rescate de la banca española con fondos europeos y ni tan sólo tiene que preocuparse de que inversores quieran adquirir la nueva deuda pública- no está exenta de posibles consecuencias negativas para España. Según el diario de Prisa, este “aumento de la deuda por la puerta de atrás” provocaría recelos en los inversores, penalizaría la deuda en circulación y dificultaría la financiación del Tesoro, además de que podría provocar desconfianza en España.

El Gobierno ingresará hasta 30.000 millones con privatizaciones

Lunes, 28 de mayo de 2012

27.05.2012 Europa Press La noticia en Expansión
El Gobierno espera ingresar entre 20.000 y 30.000 millones de euros con un “ambicioso” plan de privatizaciones que aprobará antes del verano, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.
El nuevo plan del Ejecutivo, que complementa a las reformas ya aprobadas y a otras en perspectiva (unidad de mercado, o ley de emprendedores, entre otras), afectará a todos los ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos.
En concreto, el plan afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado, Paradores y Loterías y Apuestas del Estado (LAE), e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabell II, de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, contempla diversas desinversiones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).
El anterior Gobierno quiso vender las participaciones de SEPI en estas sociedades (2,71% de IAG, 10% de REE y 10,2% de Ebro), pero canceló la operación cuando ya había recibido el visto bueno del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas.
El plan se aprobará antes de verano y permitirá al Gobierno de Mariano Rajoy ingresar hasta 30.000 millones que se destinarán a amortizar deuda y reducir las emisiones del Tesoro Público.
En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.
Intento frustrado El Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ya mostró su intención de privatizar parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para reducir las emisiones hasta en 15.000 millones.
En el caso de Aena, el Gobierno aprobó un nuevo marco legal que le habilitaba a crear antes del 28 de febrero de 2012 una nueva sociedad mercantil en la que se diera entrada hasta un 49% al capital privado y quiso abrir la puerta a la gestión privada en régimen concesional de algunos aeropuertos, como el de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
Sin embargo, en el mes de enero, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que paralizó los concursos de licitación de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat ante las desfavorables condiciones de los mercados, que podrían deteriorar el valor de los activos del gestor aeroportuario.
El caso de Loterías fue distinto, ya que el Gobierno de Zapatero llegó a autorizar la salida a Bolsa del 30%, lo que habría convertido la operación, que contaba con la oposición frontal del PP, en la mayor privatización de la historia de España.
Oposición del PP
La salida estaba prevista para el 19 de octubre de 2011, pero antes de que acabara el mes de septiembre el Ejecutivo decidió paralizar la operación porque no se daban las condiciones adecuadas de mercado para garantizar unos ingresos que reflejaran su valor.
Ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido retomar estas dos operaciones, a pesar de que se opuso firmemente a la privatización del 30% de Loterías argumentando que suponía una malversación de fondos públicos porque provocaría que el Estado dejara de recaudar una cantidad anual fija a cambio de determinados ingresos.
También rechazó la privatización parcial de Aena, aunque avisó de que si ganaba las elecciones generales revisaría las operaciones planteadas por el PSOE para estudiarlas y cambiar parte de sus contenidos y condiciones.

La Guardia Civil ficha a miles de ciudadanos ‘inocentes’ en un registro sin su conocimiento

Lunes, 28 de mayo de 2012

Los agentes denuncian presiones para grabar datos “ilegalmente”
Josefa Paredes 27/05/2012 El artículo en El Confidencial
Si durante los últimos tres años la Guardia Civil le ha parado en un control rutinario, pese a que usted no haya cometido ninguna infracción ni sea sospechoso de actividad delictiva alguna, con toda probabilidad sus datos personales están registrados en SIGO, la base de datos sobre seguridad ciudadana con que funciona el cuerpo. Nombres, direcciones, teléfonos y actividades que “han alimentado esta base sin conocimiento de los ciudadanos que, a partir de ese momento, pasan a tener antecedentes policiales”, denuncian los propios agentes.
La Unión de Guardias Civiles, sindicato que agrupa a unos 7.500 agentes del cuerpo, denunciaba esta semana la situación en Navarra donde, dicen, se les está pidiendo “que identifiquen al mayor número de personas posible” no sólo con su nombre, sino con datos como el número de móvil o los lugares de donde procedían y a donde se dirigían en el momento de su identificación. Estos datos se archivan. “Y si la información se ha recabado en un control antiterrorista o antidrogas, la persona identificada pasa a tener antecedentes policiales vinculados a drogas o terrorismo”, asegura Manuel Mato, presidente del sindicato.
“Y eso es ilegal”, asegura Mato. Se basa en la Ley de Protección de Datos, muy clara al respecto: “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto”, señala. “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”, añade el artículo 22.
Para la Unión de Guardias Civiles, no son pertinentes nunca. “Son datos completamente innecesarios sin relevancia policial alguna que engordan la base de datos artificialmente”. ¿A qué responde entonces este procedimiento? Antonio Benítez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Navarra, es durísimo en su explicación: “Mediante este sistema los mandos incrementan sus cifras de productividad sin trabajar. En Beriáin (municipio de 3.800 habitantes en el área metropolitana de Pamplona) ponen trabas a los agentes a la hora de investigar delitos. No se van a comer cinco detenidos cuando con unas identificaciones gano un par de puntos en la estadística y no tengo más trabajo”, acusa. La productividad lleva aparejados además complementos salariales que pueden llegar a los 600 euros para un teniente o un capitán, explica. De los 38 agentes de Beriáin, 15 están de baja piscológica, entre otras cosas, dice Benítez, “por la insoportable situación creada cuando se han negado a fichar a estos ciudadanos”.
Práctica generalizada
Pero esta práctica no sólo se lleva a cabo en Navarra, o cuando se para un coche en un control. “Esto ocurre en toda España. Se meten en SIGO los datos de todo aquel que entre en un cuartel con cualquier motivo, o en dependencias de Tráfico para hacer una gestión, o aparque un coche cerca de un cuartel o un edificio público”, aseguran.
El Confidencial se ha puesto en contacto con varios guardias civiles de diversos servicios de Castilla y León, Castilla La Mancha, Asturias y Galicia. Todos ellos piden que se oculte su identidad, por miedo a represalias. Y todos coinciden: los agentes del cuerpo en sus comunidades autónomas fichan a ciudadanos perfectamente limpios y sin sombra de sospecha, sin informarles de ello. No tienen órdenes escritas de sus mandos, pero sí una fuerte presión.
No hay mandato escrito en ninguna comandancia. La orden siempre es verbal: “Se nos exige que al menos identifiquemos entre 8 y 10 vehículos por cada servicio. Tenemos que preguntarles hasta el número de teléfono. Llevamos unos tres años así pero, si te niegas, te van a asignar peores servicios y no vas a volver a ver un complemento de productividad en la vida”, denuncia Benítez. Y eso, para un agente servicio de seguridad ciudadana supone perder 120 euros; si es de Tráfico, 190.
Los agentes confirman que las identificaciones no sólo se hacen en controles de carretera. “Cualquier ciudadano que entra en la comandancia de Gijón es identificado”, señala un guardia civil asturiano. Hasta ahí, normal. Ocurre con la seguridad privada en cualquier edificio de oficinas. “Pero también se les pide el móvil y el teléfono particular. Todos esos datos van al SIGO. Hay personas que se extrañan y preguntan por qué pero acaban proporcionando sus datos ante la tesitura de que no los dejen pasar”. En Galicia, explica un agente de Lugo, “también existe la orden de que se metan los máximos datos posibles aunque ya no nos exigen un número mínimo de identificaciones diarias”.
“Creemos que estamos vulnerando la ley”
En Castilla La Mancha, explican, también se incluye a cualquiera que haga una gestión en dependencias de la Guardia Civil. Y “los oficiales están presionando a las patrullas para que hagan identificaciones aleatorias. Se han llegado a exigir entre 5 y 15 identificaciones a cada una”, denuncian. Y hay agentes angustiados: “Creemos que estamos vulnerando la ley y eso es una situación dramática. Porque se nos presiona para hacerlo pero no hay orden escrita. Si se demuestra la ilegalidad de lo que hacemos no va a pagar el pato ningún mando, ni el Ministerio del Interior”.
Las dudas de los propios miembros de la Benemérita sobre si están infringiendo la ley alimenta los foros de la Guardia Civil donde escriben sus experiencias: “Fría noche de invierno en un recóndito pueblo de la España más profunda. Pareja de la guardia civil que no ve pasar un alma. Oficial y suboficial que el día anterior dan la charla sobre la necesidad de grabar más hechos en SIGO alegando que la estadística va fatal, y que como la cosa no cambie se va a mirar todo con lupa. Llevan desde las 3 de la noche en la carretera principal, la única de importancia en la demarcación y por la única por la que puede pasar alguien. Puede que estén robando en cualquier otra parte, pero qué importa eso, lo fundamental es el identificado. Una luz aparece a lo lejos. En la cara de los guardias se puede observar una amplia sonrisa… ¡Ahí tienen a su identificado! Lo paran. Es el del reparto de periódicos y no tiene ningún tipo de interés policial, pero da igual, ellos tienen a su identificado y por lo pronto no van a ser mirados con lupa. Le piden el DNI. Como ya saben, no tiene ningún antecedente. En el coche y sin que él lo vea (no vaya a ser que pregunte para qué le toman los datos) anotan toda la filiación. Cuando llegan al Cuartel lo introducen en SIGO y respiran tranquilos. ¡Hemos cumplido!”.
Los agentes denuncian prácticas similares en Valencia, Baleares y otras comunidades. “Yo también he visto pisotear los derechos fundamentales, por grabar a una persona, por el simple hecho de ser extranjero, o al derecho a la intimidad cuando a un ciudadano se graba en una base de datos mientras ejerce su libertad de circulación en compañía de sus amistades”. Sus compañeros le responden: “Está claro que mientras se siga premiando la cantidad en los identificados se seguirán pisoteando indirectamente los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Explicaciones y denuncias ante Protección de Datos
La Guardia Civil reconoce que se incluyen en el SIGO los datos de cualquier ciudadano identificado en un control “a criterio del agente” y “siempre el ciudadano tiene que firmar un papel en el que se le informa sobre sus derechos y la Ley de Protección de Datos”, aseguran. Sin embargo, sólo uno de los agentes consultados por El Confidencial indica que, en ciertos puntos de control de Ourense, se informa al ciudadano entregándole el documento. El resto ni lo utilizan ni lo han visto. La Guardia Civil admite también que se registra a quienes acuden a sus dependencias: “Se graban las identificaciones, pero SIGO es una base con propósitos múltiples”, afirma la Guardia Civil. “Ninguna persona va a tener ningún problema por eso”.
Pese a ser consultada por escrito, la Guardia Civil de momento no ha explicado cuál es la utilidad de este registro de ciudadanos no infractores ni sospechosos ni cuántos ciudadanos pueden estar registrados sin ser sospechosos de ningún delito ni haber cometido ninguna infracción. La Unión de Guardias Civiles calcula cientos de miles de fichados. “Sólo podríamos averiguarlo mediante pregunta parlamentaria”, afirman.
La Agencia Española de Protección de Datos recibió diez reclamaciones en 2011 contra la inclusión de sus datos en este registro: 2 fueron inadmitidas, 2 más desestimadas y las otras 6 tramitadas. De ellas, en cuatro casos la Guardia Civil canceló los datos y en 2 la AEPD tuvo que instar al cuerpo a hacerlo en el plazo de diez días. En una de ellas, el denunciante escuchó en un coche patrulla como se hablaba de él como “atracador de domicilios privados”. En lo que va de año, la agencia ya ha recibido cinco reclamaciones contra SIGO. De momento sólo una ha sido estimada. La agencia recuerda que para conocer si sus datos personales están en la base, el ciudadano debe acudir a la Guardia Civil y, si considera que no se le atiende o no recibe respuesta, es cuando puede dirigirse a la AEPD.

Arbol paraíso. Jardín Viera y Clavijo. Tafira Alta. Gran Canaria

Domingo, 27 de mayo de 2012

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Goirigolzarri: ‘No son ayudas a Bankia sino capital y no hay que devolver nada’

Domingo, 27 de mayo de 2012

Califica el análisis hecho de ‘riguroso, serio y profesional’
Marisa Recuero | Madrid 26/05/2012 El artículo en El Mundo
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que Bankia no requerirá más dinero público del solicitado (ayer fueron 19.000 millones de euros) para poder acometer el plan de saneamiento y de recapitalización del grupo financiero que ya ha sido presentado al Banco de España y al Ministerio de Economía. Con este plan, el presidente de la entidad ha asegurado que “podemos enfrentarnos al futuro son solidez”.
Los 19.000 millones solicitados al Ejecutivo servirán para cubrir la ampliación de capital prevista en los próximos meses para la matriz BFA y la prevista de 12.000 millones para su filial Bankia, que quedará materializada en el último trimestre del año tras someterla a la aprobación de la junta de accionistas que se celebrará el próximo 29 de junio.
En una conferencia con analistas para presentar la recapitalización, se ha mostrado “seguro” de que del Estado conseguirá el montante solicitado ya que se trata de una “solución compartida” y tomada “en equipo” con el Gobierno.
Tras la nueva solicitud de ayudas públicas, el coste para el erario público por el saneamiento y capitalización del grupo BFA-Bankia será de 23.465 millones de euros. Además, como el dinero público es para la capitalización no tendrá que ser devuelto. Tras este refuerzo el ‘core capital’ de la entidad será del 9,5%.
El presidente de la entidad quiso además dejar claro que no es correcto hablar de ayudas, si no de capital, “puesto que no es a fondo perdido” sino para el Estado. “Estamos hablando de capital y tenemos la convicción de crear valor para el accionista, ya sea el Estado o el resto de inversores, pero aquí no hay que devolver nada, lo que hay que hacer es crear valor de esos 19.000 millones”, sentenció Goirigolzarri.
En una detallada exposición de las medidas planteadas, ha calificado el trabajo hecho desde que accediera a la presidencia el pasado 9 de mayo de “riguroso, serio y muy profesional”. Un trabajo que se ha hecho junto al Banco de España y el Ministerio de Economía.
Reclasificación de créditos
El nuevo equipo gestor de Bankia detectó que el grupo tiene un volumen de créditos -entre inmobiliarios y no inmobiliarios- valorados en 13.000 millones de euros al corriente de pago pero con riesgo de convertirse en créditos impagados como consecuencia de la “nueva situación macroeconómica”, en palabras del propio Goirigolzarri.
Por este motivo, los nuevos gestores decidieron reclasificar estos créditos como créditos subestándar y destinarles una parte de las provisiones que fijaron para el total de la cartera crediticia.
Las necesidades totales de capital de esta cartera ascienden a 15.600 millones de euros, de los cuales casi la mitad corresponden a provisiones realizadas para la cartera no inmobiliaria. En concreto, 7.700 millones de euros se destinarán a sanear el resto de préstamos no relacionados con el mercado inmobiliario.
El equipo de Goirigolzarri tuvo que incrementar las dotaciones para hacer frente a riesgos de impago de la cartera no inmobiliara en 5.500 millones de euros. Con estas provisiones, el grupo se anotará una tasa de cobertura sobre el total de su cartera del 12,6%, siendo el 5,1% la cobertura del crédito no promotor.
Desinversión de participadas
Tras el plan de capitalización y de saneamiento vendrá la elaboración de un plan estratégico para la entidad, en el que se recogerá la venta de participadas. Para llevar a cabo esta desinversión, Goirigolzarri ha dicho que será preciso valorar estos activos “a precio de mercado”, básicamente los que no cotizan en Bolsa.
El hecho de corregir este desfase les obligará, según anunció Goirigolzarri, a realizar unas provisiones de 3.900 millones de euros, de los que 1.900 millones pertenecen a participaciones de Bankia. Esas provisiones le permitirán no apuntar pérdidas por las desinversiones y “no generarán más necesidades de capital”, dijo.
Además de la pérdida de valor de sus empresas participadas, Bankia tiene por resolver los cerca de 4.700 millones que tienen los inversores en participaciones preferentes y que están pendientes de un canje. Aún no se tiene decidida una solución, pero el presidente adelantó que “será en el plazo más corto posible y antes de la celebración de la junta de accionistas”.
A los 19.000 millones que se pedirán al Estado hay que sumar los 4.465 millones que suscribió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), lo que supondrá un total de 23.465 millones de euros de dinero público y cerca de 8.500 millones más que la cifra prevista por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para ayudar a todo el sistema financiero español.
Es hoy cuando su nuevo presidente y máximo ejecutivo de la entidad financiera se encargue de iniciar “una nueva etapa” con la presentación de las cuentas de Bankia a los inversores, que también han sabido que los discretos beneficios que se anunciaron bajo la presidencia de Rodrigo Rato son realmente pérdidas de de 2.979 millones de euros en 2011.
‘Mi objetivo es generar valor’
El consejo de administración de la entidad presentó su dimisión en bloque y fue renovado prácticamente en su totalidad, con las excepciones del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado Francisco Verdú.
Un consejo de administración “magnífico”, del que su presidente ha querido destacar la “experiencia profesional” de cada uno de sus miembros que están avalados por “unos curriculum impecables”.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reiterado durante su exposición que la entidad tiene un “futuro sólido” y ha destacado que tiene una ventaja competitiva por la amplia base de clientes de la entidad financiera.
Ha descartado iniciar ningún tipo de investigación sobre la gestión llevada a cabo por el anterior consejo de administración, presidido por Rodrigo Rato, porque, en su opinión, tuvo que enfrentarse a una situación de “deterioro del valor de los activos y a los cambios regulatorios habidos” que han precisado este plan de capitalización y saneamiento. “Yo soy el presidente de Bankia y mi objetivo es generar valor”, ha dicho.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó ayer al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de la situación de Bankia, de la que el Estado es su principal accionista.
Otro de los puntos del orden del día de la junta será, además de someter a votación el Plan de Capitalización y Saneamiento, someter a votación “el Informe sobre la política de retribuciones del consejo”.
También se someterán a la junta las cuentas de 2011, ejercicio en el que Bankia perdió 2.979 millones de euros, de acuerdo con los nuevos datos ofrecidos por la entidad, y la ratificación del consejo de administración recientemente elegido.

Artur Mas admite que Cataluña no tiene dinero ni para las nóminas

Domingo, 27 de mayo de 2012

Pide ayuda urgente de Rajoy
25 mayo 2012 – La noticia en Gaceta.es
No se pueden pagar las nóminas y pide ayuda urgente al Gobierno de Mariano Rajoy. “No nos importa cómo lo hagan, pero tenemos que hacer los pagos a final de mes”, afirmó el presidente de la Generalidad a periodistas extranjeros.
La Generalidad no tiene un euro para hacer frente al pago de sus compromisos. La necesidad de liquidez ha llegado a tal nivel que sólo la ayuda del Gobierno de Mariano Rajoy podría aliviarla y sacarla de esta situación. Un portavoz del Gobierno catalán ha detallado, poco después, que Mas “se refiere a los pagos corrientes mensuales y no a que este mes sea el límite de pago”.
La CCAA se está quedando sin opciones para cubrir sus elevados vencimientos de deuda correspondientes a este ejercicio, según admitió este viernes el presidente de la Generalidad, Artur Mas, ante un grupo de periodistas extranjeros, informa Reuters.
“No nos importa cómo lo hagan, pero tenemos que hacer los pagos a final de mes. Tu economía no puede recuperarse si no se pueden pagar las cuentas”, apuntó el presidente catalán.
Cabe destacar que la CCAA tiene un rating de bono basura por la elevadísima deuda, la más alta de todas las comunidades de España. Así, para refinanciar su deuda debe pagar unos elevados intereses debido a que el grifo está cortado.
Por otro lado, según un comunicado de la Generalidad, Mas se ha mostrado partidario de los llamados hispabonos, es decir, deuda conjunta de las Comunidades Autonómas u otro tipo de mecanismo similar.
“El mecanismo nos da igual mientras nos proporcione la tesorería suficiente para pagar, y pagar a tiempo, porque todos tenemos facturas por pagar a final de mes, y que sea a un coste homogéneo: si no es al promedio europeo, que como mínimo sea al promedio español “, señala.
El presidente ha explicado que es difícil de sostener una postura favorable a la mutualización de la deuda pública europea, y oponerse a una mutualización de la deuda pública del Estado español.
Una de sus afirmaciones ha sido utilizada sin el contexto adecuado por parte de una agencia de noticias. Otras agencias, sin embargo, lo han recogido correctamente. La Generalidad de Cataluña está cumpliendo estrictamente su programa financiero, y hará honor a sus compromisos, tal y como está previsto. El presidente Mas ha recordado que el Estado mantiene deudas con Cataluña, y que por tanto es lógico que ayude financieramente Cataluña, que además mantiene un déficit fiscal con el Estado de unos 8.000 millones de euros anuales.
El presidente ha explicado que es difícil de sostener una postura favorable a la mutualización de la deuda pública europea, y oponerse a una mutualización de la deuda pública del Estado español.

Manual de emergencia para regularizar la situación de los empleados del hogar

Domingo, 27 de mayo de 2012

El plazo termina el 30 de junio
La noticia en diarioabierto.es
El 1 de enero de 2012 entró en vigor la ley que obliga a regularizar la situación de los empleados del hogar, que pasarán a integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. Antes del 30 de junio los empleadores deberán normalizar la situación de los trabajadores de este sector. He aquí algunas pautas para hacerlo.
Empleados del hogar
Se llama empleado del hogar a todo trabajador que preste servicios pagados en el ámbito de una vivienda particular. Los jardineros, chóferes, canguros, encargados de la limpieza y de las tareas domésticas, profesores particulares, etcétera, forman parte de este colectivo. La condición para cogerse a la ley que regula la situación de estos empleados es que se trabaje un mínimo de una hora a la semana durante al menos cuatro semanas.
Nueva ley
Según la legislación en vigor desde el 1 de enero de 2012 (y que será obligatoria a partir del 30 de junio), los empleados del hogar pasarán a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social. Esto significa que cotizarán, que tendrán derecho a ser indemnizados por despido, que recibirán dos pagas extra anuales, que disfrutarán de 30 días de vacaciones y que librarán los días festivos. La única salvedad es que no cobrarán prestación por desempleo en caso de que pierdan el trabajo.
Los empleadores deberán presentar el DNI o el pasaporte del trabajador, el contrato de trabajo (el Ministerio de Empleo ofrece un modelo), el impreso de alta en la Seguridad Social (que se consigue en la Tesorería de la Seguridad Social), y el número de la cuenta bancaria del empleado para ingresarle los pagos.
Cuánto y cómo cotizan
Los empleados del hogar cotizan a la Seguridad Social el 22% del sueldo, que se descontará del salario del trabajador. Ese 22% se descompone en un 18,3% a cargo del empleador y un 3,7% por parte del empleado; aunque a efectos prácticos será el trabajador el que reste toda la cotización (el 22%) de sus ingresos.
La cantidad, aunque se quite del sueldo del trabajador, deberá ingresarla el contratante. Es decir que el empleado recibirá su salario sin ese 22%, que pasará a llenar la caja de la Seguridad Social.
A partir de 2013 a ese 22% se le sumará un 0,9% anual hasta 2019, año en que la cotización de los empleados del hogar será igual que la del resto de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social.
En ningún caso el contratante podrá desgravarse las cotizaciones.
Por último, a la cuota se le aplicará un descuento del 20% en 2012, 2013 y 2014 siempre y cuando los trabajadores hayan sido dados de alta en la Seguridad Social el 1 de enero de 2012 (fecha en que entró en vigor la ley actual) o después. La rebaja será del 45% si se dan las circunstancias de que la familia sea numerosa y el empleado trabaje exclusivamente para ella.
Trabajo por horas. Varias casas
Se considera que un empleado del hogar trabaja por horas cuando presta sus servicios 120 días al año o menos en la misma casa. En tal caso el contratante pagará por horas, y en la cantidad irán incluidas las pagas extraordinarias y las vacaciones. Es decir que un porcentaje de la retribución por cada hora corresponderá a esos derechos.
En caso de que el trabajador desempeñe su tarea en varias casas, cada empleador deberá pagar a la Seguridad Social la parte que le corresponda en función de las horas que hayan trabajado para él, que es el 18,3% del sueldo. El 3,7% restante (para alcanzar el 22% de cotización) lo ingresará el propio empleado.
Sueldo mínimo y pago en especie
Los empleados cobrarán al menos el Salario Mínimo Interprofesional (641,40 euros al mes) siempre y cuando trabajen más de 120 días al año para el mismo empleador a razón de 40 horas a la semana. Si la jornada o el número de días de trabajo son menores, cobrarán la parte que les corresponda de al menos el Salario Mínimo Interprofesional en función del tiempo que hayan desempeñado sus tareas. Esta cifra (641,40 euros al mes) es inamovible aun en el caso de que se pague una parte del sueldo en especie. Esto significa que el empleador no podrá descontar nada al empleado por pago en especie si éste cobra el salario mínimo.
Si se trabaja por horas, el precio mínimo de la hora es 5,02 euros.
Vacaciones, festivos y descansos
Los empleados del hogar, como el resto de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, tendrán 30 días de vacaciones por año. Éstos podrán dividirse del modo que mejor convenga a las dos partes teniendo en cuenta que el trabajador tiene derecho a tomarse al menos 15 de días de vacaciones seguidos y a elegir la fecha en que comienza este periodo.
Los empleados del hogar tienen igualmente derecho a librar los días festivos.
En una jornada laboral de 40 horas semanales los empleados del hogar podrán tomarse dos horas al día de descanso que no entrarán en el cómputo del tiempo trabajado.
Contratos e indemnizaciones
Podrá fijarse un período de prueba de no más de dos meses durante el cual las dos partes cumplirán lo fijado por el contrato o darán por terminada la relación laboral sin ninguna consecuencia legal.
Los contratos podrán ser indefinidos o limitados a un periodo de tiempo.
En caso de despido improcedente, se indemnizará al trabajador con una cantidad en metálico correspondiente a veinte días por cada año que haya estado contratado. No se computarán más de 12 años aunque la antigͼedad del empleado sea mayor.
Si hay desistimiento del contratante (que deberá comunicarse por escrito con 20 días de antelación en caso de que la relación laboral supere el año de antigͼedad y con 7 días si no lo supera) la indemnización será de 12 días anuales. En esta circunstancia no se computarán más de seis años.
Cuestiones poco claras en la ley
Los inspectores lo tendrán difícil para verificar si se cumple la ley con los empleados del hogar puesto que no pueden entrar en ninguna casa sin una orden judicial.
En el caso de que el empleado del hogar trabaje para un solo contratante, éste tendrá que pagar los períodos de baja. Lo que no se especifica en la ley es quién pagará las bajas cuándo el trabajador esté contratado en varias casas

VázquezSounds. Rolling in the deep

Domingo, 27 de mayo de 2012

Dunas de Maspalomas. San Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria

Sábado, 26 de mayo de 2012

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Seguridad jurídica y lucha por la inversión extranjera

Sábado, 26 de mayo de 2012

25.05.2012 Ignacio Gómez-Sancha El artículo en Expansión
Hace años, en mi primera conference call con un inversor americano, me preguntó si teníamos en España un Registro de la Propiedad que garantizase la seguridad jurídica y si había riesgo de que sus normas cambiasen a posteriori.
Me dolió que creyera que éramos un país del tercer mundo, pero comprendí hasta qué punto el capital extranjero valora la predecibilidad y estabilidad de las normas; es decir, la seguridad jurídica. Por esta razón, y en un entorno mundial incierto, donde los Estados y las empresas luchan ferozmente por captar el capital extranjero, me sorprendió que en abril el Gobierno argentino presentara el proyecto de ley en cuya virtud expropia la participación de Repsol en YPF y recientemente el boliviano expropiara la filial de Red Eléctrica de España. De un lado, es preocupante la forma en que han obviado uno de los pilares sobre los que se construye toda sociedad moderna, la seguridad jurídica; de otro, no deja de sorprender cómo desprecian el perjuicio auto-infligido a su ya maltrecha reputación internacional.
En la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos una expropiación debe ir respaldada por una ley que contemple la utilidad pública de la expropiación y regule ex ante el modo de valorar y pagar lo expropiado. A falta de esa ley, Argentina ha aprobado una sobre la marcha, que faculta al Gobierno a “adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A., a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos”. Es una ley singular, que no expropia todos los hidrocarburos, sino sólo la inversión de Repsol. Un cambio normativo tan arbitrario, por mucho que sea bendecido por el parlamento argentino, atenta contra el principio incuestionable en un país abierto al capital extranjero: el de seguridad jurídica. Desaparecida ésta, los inversores extranjeros que se atrevan a arriesgar su capital en Argentina exigirán elevadísimos retornos.
Derechos de las empresas

En un Estado de Derecho son varios los principios que protegen los derechos de los ciudadanos y de las empresas frente a los posibles abusos del Estado. El llamado principio de protección de la confianza legítima (reconocido internacionalmente y, en España, amparado con carácter fundamental por el art. 9.3 de la Constitución) salvaguarda los derechos adquiridos, y en ocasiones aun las simples expectativas, en caso de verse truncados por modificaciones legislativas o administrativas. La protección de la confianza legítima radica, a su vez, en la exigencia de la más elemental seguridad jurídica. En virtud de ésta, los administrados tienen el derecho a que la ley garantice un mínimo de estabilidad sobre la cual construir un proyecto sin trastornos en las relaciones jurídicas ya entabladas ni cambios súbitos en las expectativas jurídicas. Por todo ello, resulta loable que el Gobierno español afirmara que “cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerado como una agresión al Gobierno español”.
Pero cuando al día siguiente leía que la expropiación reducirá un 20% del beneficio neto de Repsol me acordé de que muchos inversores han perdido, o temen perder, incluso más de resultas de un cambio reciente de rumbo en la regulación española: la modificación de la regulación sobre instalaciones de producción eléctrica en régimen especial, esto es, los recortes a las primas de las energías renovables. Se trata, sin duda, de dos casos distintos: en éste no hay ahí un expolio singular arbitrario, como en los casos de Repsol y Red Eléctrica, pero también está en juego la seguridad jurídica.
Bajada de la rentabilidad

Quienes en su día nos sentimos llamados por el Gobierno a una nueva era en la que se iba a primar al pequeño productor de energía fotovoltaica (¿recuerdan los 100 KW?) bajo el reclamo de una “rentabilidad razonable”, e invertimos y obtuvimos avales, hemos visto cómo mientras esperábamos la asignación definitiva se nos bajaba la rentabilidad esperada hasta hundirnos en pérdidas, que hemos tenido que cortar de golpe, sin expropiación ni justiprecio.
Muchos fondos extranjeros han presentado demandas de arbitraje por los cambios ya aprobados. Ahora el sector y los millones de euros ya comprometidos para obtener la inscripción en el Registro de preasignación de retribución creado por el Real Decreto-Ley 6/2009 están a la espera de conocer su futuro. Es una industria en la que España es líder y a la que ha atraído numerosísimas inversiones extranjeras de países tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Japón o Emiratos ́rabes. Sin embargo, el regulador parece ir en otra dirección: un reciente informe de la CNE sugiere reducir las primas para su armonización con las tarifas reguladas, modificar su senda temporal, e incluso suprimir directamente el régimen primado para inversiones actualmente operativas o en fase de ejecución (y sin justiprecio en el horizonte).
Los estudiosos siguen debatiendo la distinción entre ”˜expropiación”™ y “re-delimitación legal, no indemnizable, de la propiedad”, pero las inversiones en energías renovables eólicas, fotovoltaicas o termosolares se han hecho a partir de posiciones jurídicas consolidadas, proyectadas a 30 años en virtud de títulos jurídicos habilitantes. La inscripción de una instalación proyectada en el registro de preasignación y el consiguiente aseguramiento de una retribución constituye el contrato que cada inversor firma con el Estado.
Las condiciones pueden modificarse para proyectos ulteriores, pero ¿se pueden variar para proyectos ya inscritos, con la inversión realizada o en curso, sin al mismo tiempo destruir la seguridad jurídica y, por ende, la reputación de España? Comparto que se puede discutir si España está en condiciones de apoyar nuevos proyectos en este sector. Pero lo que no se puede permitir, porque será mucho más caro (lo pagaremos en la famosa prima de riesgo y en ausencia de inversión exterior en empresas) es cambiar las reglas del partido cuando ya ha empezado, especialmente si no media justiprecio, algo inadmisible tanto en Argentina y Bolivia como en España. Está en juego no sólo una industria en la que España es puntera, sino nuestra reputación internacional y, por tanto, el coste de capital para España y sus empresas.