De bodas, divorcios y otras componendas
Martes, 1 de mayo de 2012 26 de Abril de 2012 – El artículo en Hoja de ruta
Nadie, ni dentro ni fuera del notariado, pone en cuestión la actual crisis por la que atravesamos los notarios, reflejo de la gravísima crisis que asola a este país desde el día y hora en que se acabó la juerga de ladrillos, hipotecas y demás alegrías. La caída de trabajo en las notarías se sitúa entre el sesenta y el setenta por ciento, lo que amenaza con hacer imposible la subsistencia de este servicio público y dejarnos en la calle a los tres mil notarios y quince mil empleados que, a base de esfuerzos, duelos y quebrantos, lo seguimos prestando.
En estas circunstancias es lógico que sean muchos los que clamen por una revisión arancelaria que garantice, como mínimo, los niveles de mera subsistencia y evite un colapso del sistema que algunos vemos como probable e inminente.
Hoy, salvo en muy contadas excepciones, resulta imposible atender a los requerimientos económicos de los despachos teniendo como soporte un sistema retributivo del año 1989 que, para más inri, ha recibido desde entonces más de cincuenta zarpazos en forma de rebajas (muchas veces demagógicas y sin justificación social alguna).
El tema está en la prensa y, por supuesto, en la mente de nuestros dirigentes y del mismo Ministro de Justicia, pero lo único que se está haciendo es buscar “paños calientes” o mecanismos que, por bienintencionados que sean, ni siquiera servirán como paliativos de la grave situación en la que nos encontramos.
– La “genialidad” de las bodas ante notario ni aliviará la carga de juzgados y alcaldías ni remediará en nada nuestra caótica situación económica. Sin embargo, su simple anuncio, como el de los divorcios notariales no contenciosos y sin hijos menores, sólo ha servido para excitar los ánimos y procurarnos recelos y reticencias de secretarios judiciales y de algunos colegios de abogados. Nadie ha entendido que se trata de un “ofrecimiento” y no de una “petición” del notariado, puesto que serían actuaciones (opcionales para el ciudadano) de nulo o muy escaso interés económico para el notario, a quien, incluso, podrían resultar onerosas por no llegar a cubrir el coste real del servicio realizado.
– La actual ley reguladora del arbitraje y la reciente de mediación tampoco serán remedio de nuestros males. Se trata de campos compartidos con los demás profesionales del Derecho y cuya fecundidad exige una cultura de la solución extrajudicial de conflictos que hoy por hoy es muy escasa por estas latitudes. Nuestra presencia en estos ámbitos es cuestión de principios, no de euros.
– Muchos son los que tienen puestas ciertas esperanzas en la futura ley de jurisdicción voluntaria, pero otros nos malpensamos que tampoco por este lado hallaremos remedio a nuestras carencias, puesto que ya se ocuparán los politicos de incluir en el texto legal la consabida disposición adicional que recoja, ¡como siempre!, la sustancial rebaja de nuestros honorarios.
El asunto es grave y su solución urgente, pero”¦ ¿están el país y sus politicos como para afrontar una reforma de calado en nuestro sistema retributivo, por más que sea justa y necesaria?; ¿sería suficiente, por el momento, con extraer todas las posibilidades del actual artículo 63 del Reglamento Notarial, recuperando por vía de resolución de la Dirección General el “coste medio ponderado del documento” ?
¿Quién le pone el cascabel al gato?
