AIRE

Deja a Cataluña al borde del bono basura
04.05.2012 La noticia en Expansión.com
Días después de recortar en dos escalones la nota de la deuda soberana española, la agencia ha rebajado la calificación que concede a nueve comunidades autónomas, incluidas Madrid, Cataluña y Andalucía. Además, mantiene su perspectiva negativa con lo que deja abierta la posibilidad de nuevas bajadas.
Las comunidades afectadas por la rebaja de nota de Standard & Poor’s están encabezadas por Madrid, que ve su nota rebajada en dos escalones de ‘A’ a ‘BBB+’ y Cataluña, cuya nota ha sido degradada de manera agresiva en cuatro escalones hasta dejarla al borde de bono basura. De ‘A’ hasta ‘BBB-’.
Además de estas dos Autonomías, S&P también ha rebajado en dos escalones la nota de Galicia e Islas Canarias (hasta ‘BBB+’ desde ‘A’) y País Vasco y Navarra (hasta ‘A’ desde ‘AA-’). Andalucía, Aragón y Baleares (hasta ‘BBB’ desde ‘A’) han sufrido un recorte mayor de tres escalones.
Las nueve CCAA mantienen la perspectiva negativa, lo que otorga un 50% de probabilidades de sufrir nuevas rebajas en los próximos meses ya que observa riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.
Respecto a la Comunidad Valenciana, la firma no ha tocado su calificación, que se mantiene en ‘BB’ (nivel de bono basura), pero al igual que las otras nueve CCAA su perspectiva continúa en ‘negativa’.
En un comunicado, Standard & Poor’s explica que la rebaja masiva de la nota llega después de que degradara hace una semana la nota soberana del Estado a ‘BBB+’. Agrega que “las regiones han incrementado a lo largo de 2011 sus desequilibrios fiscales” y espera que sus bases fiscales, afectadas ya por la recesión de 2009, “crezcan solo ligeramente entre 2012 y 2014″.
Al mismo tiempo, S&P afirma en el informe destinado a las Comunidades Autónomas con la excepción de País Vasco y Navarra, que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha “debilitado”. La agencia espera que la economía española sufra suave recesión este año y que hasta 2015 tenga una “lenta actividad económica”.
En cuanto al País Vasco y Navarra, S&P explica que ambas regiones tienen un perfil crediticio fuerte gracias a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderada baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, la firma concede una nota dos escalones superior a la de España.
Por otro lado, la agencia agrega sus dudas sobre si todas las comunidades podrán cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno y cree que algunas CCAA se desviarán debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.
Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde ‘AA-’ a ‘A’, así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde ‘A’ a ‘BBB+’. La perspectiva de todas estas notas también es ‘negativa’

Los planes de ajuste de 2.700 municipios para los próximos diez años suponen 44.000 millones
El Gobierno prohibirá que ejerzan competencias impropias
J. Sérvulo Gonzalez Madrid 1 mayo 2012 – La noticia en El País
Dos municipios gallegos, Cesuras, con 2.225 habitantes, y Oza dos Ríos, con 3.229 vecinos, quieren ser los pioneros en cumplir con la nueva reforma gubernamental que busca reducir el número de Ayuntamientos. Ambas localidades preparan su fusión para prestar sus servicios de forma más eficientes.
El Ministerio de Hacienda pretende reducir los 8.116 Ayuntamientos que hay en España, porque considera que los más pequeños son inviables económicamente. El Plan Nacional de Reformas, que el Gobierno ha incluido en el programa de estabilidad 2012-2015 remitido a Bruselas, recoge el proyecto para “racionalizar el número de entidades locales y sus competencias” que supondrá un ahorro global de 10.500 millones.
El programa estatal de reformas también recoge el impacto que los planes de viabilidad que han tenido que presentar los Ayuntamientos que se han acogido al plan de pago a proveedores. Los planes de ajuste de 2.700 municipios prevén un ahorro global de 43.959 millones de euros hasta 2022. En los próximos 10 años, los municipios esperan aumentar sus ingresos en 26.608 millones y reducir sus gastos en 17.351 millones. En ese periodo está previsto que los Ayuntamientos aumenten las cuotas tributarias, y supriman beneficios fiscales por 12.809 millones y que suban tasas municipales por 8.520 millones. Entre las 16 medidas para reducir el gasto, los planes municipales incluyen reducir el coste de personal, revisar los procedimientos de contratación, congelar inversiones, privatizar servicios o dejar de prestar otros.
Hacienda definirá y delimitará las competencias de los municipios impidiendo que puedan ejercer otras que no les correspondan
Para que puedan hacer todo esto de forma más fácil, Hacienda pretende favorecer la unión de los Ayuntamientos con menos población. “Las competencias se estratificarán por tramos de población, lo que facilitará la agrupación de municipios, de modo que solo tengan esta consideración los que alcancen un umbral determinado”, señala el plan estatal sin precisar cuál es el nivel mínimo de población para fusionarse ni cuántos municipios se verán afectados por este plan.
Hacienda también prevé potenciar el papel de las diputaciones. Y definirá y delimitará las competencias de los municipios impidiendo que puedan ejercer otras que no les correspondan. Con esta medida el Gobierno pretende acabar con las competencias impropias y ahorrar 3.500 millones.
El plan gubernamental también afecta a las comunidades autónomas. Los Gobiernos regionales han creado organismos paralelos a otros del Estado como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado, Institutos de Estadística, Consejos Audiovisuales… “generando costes innecesarios”. Por eso, el Gobierno pretende “eliminar las duplicidades” entre estos organismos y los dependientes de las comunidades. Esta medida supondría un ahorro de unos 250 millones, a partir de 2013.
Además, las comunidades autónomas tienen 134 oficinas comerciales o centros de negocios autónomos en otros países para la promoción exterior, lo que supone un coste de 150 millones. El plan de reformas estatal prevé la integración de estas oficinas en el Icex, para reducir los gastos.
Otra de las reformas previstas por el Gobierno para las comunidades pasa por reducir los cerca de 2.000 entes, fundaciones y empresas públicas regionales. Para ello, los Ejecutivos regionales se comprometieron a suprimir 514 entes públicos durante el presente ejercicio. El Gobierno también prevé reducir su sector público y ya ha puesto en marcha la eliminación de 80 entidades.