AIRE

Lalo Agustina | 07/05/12 la noticia en La Vanguardia

Rodrigo Rato, presidente de Bankia, ha anunciado su marcha de la entidad, que se encuentra a punto de recibir ayudas públicas para superar sus necesidades de fondos para sanearse y garantizar su viabilidad futura.
Rato formalizará su dimisión en el consejo de administración que se celebrará, previsiblemente, el próximo viernes y en el que también tomará posesión su sustituto en el cargo, José Ignacio Goirigolzarri, informaron a Europa Press en fuentes financieras. El presidente de Bankia considera que Goirigolzarri es “la persona más adecuada para liderar el proyecto en estos momentos”.
La salida de Rato se produce a penas tres semanas después de que el Banco de España aprobara el plan de saneamiento de la entidad y cuando faltan tres meses para que se cumpla el primer aniversario de la salida de Bankia en bolsa.
“He decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que es lo más conveniente para esta entidad”, ha anunciado.
Fuentes oficiales del Gobierno aseguran que antes del próximo viernes se anunciará un plan de saneamiento de Bankia, que incluirá cambios en alto nivel de la gestión que podría implicar ayudas publicas y una remodelación mayor de la cúpula directiva.
La inesperada salida de Rato, que hasta ahora había defendido la viabilidad en solitario de Bankia, se produce en un momento complicado para la entidad debido a las dudas que ha generado su alta exposición al sector inmobiliario, su morosidad y tamaño, uno de los más grandes en España.
Ante la avalancha de rumores que sitúan a Bankia en el foco de los inversores y los mercados, el Gobierno ha anunciado que en cuestión de días se conocerá el plan para sanear Bankia. El esquema prevé cambios en la gestión de la entidad que afectarán a altos miembros de la cúpula. Fuentes financieras apuestan por la salida del consejero delegado, Francisco Verdú.
Bankia cae casi un 4% a media mañana en la Bolsa de Madrid, mientras crecen las especulaciones sobre que la entidad que preside Rodrigo Rato podría necesitar ayudas públicas.
Los inversores huyen de las acciones de Bankia ante la posibilidad, cada vez más probable, de que el Gobierno acabe utilizando dinero público para salvar la entidad, como publica hoy Expansión en Orbyt.
La hipótesis más probable es que el Estado inyecte capital en Bankia mediante los bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos), una forma de deuda que se transforma automáticamente en acciones en algunos supuestos que afectan la solvencia del emisor.
Estos bonos estarían remunerados al 8%. Se contabilizaría el desembolso como deuda y no como déficit, ya que se supone que ganará dinero con ello. La cifra oscilaría entre 5.000 y 7.000 millones de euros, según fuentes del mercado. Otras fuentes elevan esta cuantía hasta los 10.000 millones.
Los cocos son el tipo de ayuda prevista en el FROB 3, el nuevo instrumento de ayuda a la banca que el Gobierno del Partido Popular creó con el Real Decreto sobre Saneamiento del Sector Financiero del pasado febrero.
En principio, estas ayudas tan sólo se podrían dar a entidades que inicien un nuevo proceso de fusión, pero no se descartan cambios legislativos para que Bankia pueda recibirlas sin iniciar ninguna operación corporativa. También se baraja la hipótesis de que la entidad cotizada se fusione con su propia matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA).
Tal y como sugirió el Fondo Monetario Internacional (FMI) la pasada semana, es probable que Bankia tenga que realizar cambios en el equipo directivo y mejoras en su Gobierno Corporativo para acceder a las ayudas.
Rajoy conocía de antemano la decisión de Rato
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía de antemano la decisión de Rodrigo Rato de abandonar la presidencia de Bankia.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado que Rajoy había sido informado de la decisión de su excompañero de gabinete y, aunque no han podido precisar si Rato se la comunicó esta misma mañana o con anterioridad, han asegurado que la dimisión no ha cogido por sorpresa al presidente del Gobierno.
Esta mañana, el presidente del Gobierno ha anunciado que el próximo viernes el Gobierno detallará un nuevo plan para la banca, en el que, como último recurso, no se descartan ayudas públicas.

José María Triper – Madrid- 30/04/2012 El artículo en El Economista
España sigue siendo uno de los “paraísos” de la economía sumergida dentro del mundo desarrollado. Y a pesar de que en los últimos diez años, las operaciones económicas no oficiales se redujeron en nuestro país en torno a un 14%, todavía se mantiene en torno al 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros.
Así se constata en el informe sobre La Economía Sumergida en España frente al resto de los países desarrollados, distribuido por la CEOE a los miembros de la cúpula de la patronal española, y en el que se estima que la economía sumergida en España alcanza el 19,2% del PIB, tasa ligeramente superior a la media de la Unión Europa que se sitúa en el 18,9% del PIB.
Además, las últimas subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno no van a ayudar a reducir la distancia, ya que la patronal reconoce que el incremento de la presión fiscal es uno de los factores que más pueden incentivar a la hora de decidir “trasladarse” a la economía sumergida.
Mucha diferencia
El informe apunta que se observa una disparidad entre los diferentes países de la UE. En un extremo se encuentran los países más pobres y recientemente incorporados a la Unión, entre los que destacan Bulgaria, Rumanía y los países bálticos, cuya economía sumergida supera el 25% del PIB.
En cambio, los países con una menor presencia de la economía sumergida son los estados centroeuropeos de rentas más elevadas -Austria, Luxemburgo y los Países Bajos- en los que la economía sumergida es inferior al 10%o del PIB.
El informe distribuido por CEOE recoge el trabajo realizado por el profesor Friedrich Schenider, jefe del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria) e investigador del Instituto de Estudios Laborales (IZA) de Alemania. Y sus conclusiones son similares a las del estudio recientemente encargado por el Grupo Socialista del Parlamento Europeo al Tax Research UK, aunque los datos de este último muestran un leve sesgo al alza.
En concreto, este último estudio que recoge también el informe de la patronal, estima que la economía sumergida en España se sitúa en el 22,5% del PIB, mientras que la media de la UE es del 22,1% del PIB. Sin embargo, la comparación de España frente a los principales países avanzados muestra una situación de nuestro país más negativa, dado que el nivel de conomía sumergida de España es sólo superado por Grecia, Italia y Portugal.
Además, esta comparativa muestra que las principales economías de la OCDE no europeas tienen un volumen de economía sumergida inferior a la mayoría de las economías europeas. Así, se estima una economía sumergida del 8,8 por ciento del PIB para Japón, mientras que en Estados Unidos este nivel desciende hasta el 7 por ciento del PIB, el menor de las economías desarrolladas.
Las subidas fiscales
Respecto a las causas que impulsan a los agentes económicos de una sociedad a operar en la economía sumergida, el informe de CEOE recoge tres principales: la imposición directa e indirecta, real o percibida, porque “un aumento de la carga impositiva ofrece un fuerte incentivo para trabajar en la economía sumergida”.
La carga de la regulación, puesto que “un aumento de la carga normativa ofrece un importante incentivo para entrar en la economía sumergida. Y la moral tributaria o actitud de los ciudadanos hacia el Estado, dado que una reducción de la moralidad tributaria tiende a elevar el tamaño de la economía sumergida. A la vista de estos datos, la CEOE concluye que la situación de España, con una economía sumergida del 20 por ciento del PIB, “demuestra la existencia de un gran margen de mejora, que redundaría además en el actual proceso de consolidación fiscal y aumento de la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
Además, el actual peso de la economía sumergida en España supone “un lastre para la recaudación final y para la actividad económica, que deberá soportar una mayor carga fiscal para compensar los ingresos no percibidos”.
Es por ello que para la organización empresarial española “una reducción de la carga fiscal puede favorecer no sólo la actividad económica, también el trasvase de parte de la actividad ejercida en la economía informal hacia el sistema oficial, por lo que podría compensar la recaudación final impositiva”.
En esta línea, propone al Gobierno que actúe en esta línea de la reducción de impuestos, que “sería de gran utilidad para mejorar el entorno normativo español para evitar que éste pueda dificultar la puesta en marcha de negocios y, además, suponga un incentivo para operar en la economía sumergida”.
Tras conocer los resultados del informe de Tax Research el portavoz de Unión Europea del PSOE, Juan Moscoso aseguró que la lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal aportaría más recursos a la economía española que la amnistía fiscal que plantea el Gobierno del PP, sobre todo teniendo en cuenta que el citado informe calcula que la dimensión de la economía sumergida en España se eleva e 240.000 millones de euros, que suponen 73.000 millones sin recaudar, lo que representa el 70% del gasto sanitario.