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Los empresarios responderán durante tres años de los impagos a la Seguridad Social de sus subcontratas
02.06.12 – La noticia en LaRioja.com
El borrador del anteproyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que está sometido a consulta con los agentes sociales y otros organismos, endurece las obligaciones y sanciones a los empresarios que incumplan las obligaciones de información e ingreso de cuotas a la Seguridad Social, y amplía el plazo para que actúe la inspección y para reclamar la responsabilidad solidaria del empresario respecto a sus subcontratas. Además, acerca el suministro de información y colaboración externa a la que tiene la Inspección de Hacienda.
El anteproyecto da una vuelta de tuerca respecto de quién está obligado a colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y no deja fuera a nadie que ejerza funciones públicas. Exige a todas las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, a los titulares de órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales; a los organismos autónomos y entidades públicas empresariales; a las cámaras de comercio, a los colegios y asociaciones profesionales; a las mutualidades de previsión social y «quienes, en general, ejerzan funciones públicas» a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social todos los datos, informes y antecedentes, así como a prestar la colaboración que le sea solicitada.
Aún más expresamente se cita en el anteproyecto a los notarios. En concreto, obliga a que el Consejo General del Notariado «suministre la información contenida en el Indice único informatizado que tenga trascendencia en el ejercicio de la función inspectora». Este índice incluye la información de todos los documentos que se firman en los despachos de los notarios. Actualmente, los notarios ya facilitan esa información a la Agencia Tributaria, a las fiscalías y al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Asimismo, en el borrador se elimina que el «protocolo notarial» pueda actuar de límite a la hora de facilitar información a la inspección.
Responsabilidad solidario
La Seguridad Social podrá exigir al empresario que responda solidariamente de las obligaciones contraídas por sus contratistas y subcontratistas durante el periodo de la contrata hasta tres años después. Sin embargo, de las obligaciones salariales de los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores, el empresario principal sólo responderá durante un año. Por otro lado, el Ministerio de Empleo quiere dar más tiempo a la inspección para investigar el fraude, de manera que las actividades de comprobación que, en circunstancias normales, no deben durar más de nueve meses podrán ampliarse por otros nueve meses si el caso reviste «especial dificultad y complejidad».

Por el “corralito al dólar”, los argentinos se bajan de proyectos inmobiliarios en Uruguay pero piden más cajas de seguridad
30/05/2012 Las restricciones a la compra de divisas generan grandes olas en el vecino país. Desarrolladores hacen referencia a dificultades que encuentran inversores para afrontar cuotas dolarizadas. En tanto, desde entidades bancarias señalan que se incrementaron las solicitudes por cofres
Por Rubén Ramallo El artículo en iprofesional.com

Cruzando “el charco”, las aguas están más que agitadas y las olas van tomando cada vez más altura, como consecuencia de los acontecimientos que se vienen suscitando en la Argentina.

La marejada comenzó a tomar altura a fines de octubre del año pasado, cuando la AFIP, junto con el Banco Central, implementaron los primeros controles para frenar la venta de dólares en bancos y casas de cambio.

Desde el punto de vista de los depósitos bancarios en Uruguay, su evolución es más que elocuente: desde octubre de 2011 hasta fines de abril de este año, las colocaciones de no residentes, en particular de argentinos, comenzaron a incrementar su ritmo de crecimiento anual y pasaron de un módico 4 a 5% a casi un 10 por ciento.

Pero el dato clave es que a lo largo de los primeros meses de 2012 los saldos se incrementaron en u$s150 millones. Un monto que, comparado con los u$s110 millones que se depositaron a lo largo todo el 2011, venía mostrando a las claras que las entidades uruguayas seguían captando el interés de los argentinos.

No obstante, ese rally se habría frenado abruptamente en abril pasado, cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria.

Según expertos del vecino país, de ser aprobado por el Congreso oriental, la medida bajo análisis impactará de lleno en las inversiones que los argentinos suelen hacer en esas tierras.

Sobre este acuerdo, el ex ministro Ignacio de Posadas sorprendió a los empresarios -en el marco de un evento en el que se trató el tema- al afirmar que “el tratado permite a la AFIP investigar con retroactividad los activos de los argentinos”.

Con esa resolución, aquellos ahorristas que mantienen tenencias en el vecino país, bajo diferentes formas, comenzaron a sentir que aquél lugar que alguna vez fue seguro para sus inversiones podría perder parte de su atractivo. Y actuaron en consecuencia.

Si la situación, a partir de abril, comenzaba a evidenciar cambios, con el transcurrir de las semanas ha ido empeorando, ya que se sumaron nuevos factores que convirtieron ese oleaje en algo así como un pequeño “maremoto financiero”, cuyas primeras consecuencias se observan a simple vista.

Los pasos que dio el Gobierno local en los últimos meses -tales como la expropiación a YPF, el freno al giro de dividendos de las empresas y el aumento de las restricciones cambiarias- exacerbaron el temor doméstico y dieron lugar a que muchos argentinos vayan en busca de otras alternativas para resguardar sus dólares.

De todas ellas, la de mayor efecto ha sido, sin duda, la decisión de cerrar aún más el “cepo cambiario”, reduciendo la posibilidad de compra de divisas a prácticamente cero.

Ante semejante restricción, muchos particulares decidieron cruzar el charco con el fin de comprar billetes verdes a un precio sustancialmente mayor al valor oficial argentino.

Así, optaron por hacerse de divisas en ese país a una cotización que se mueve en una banda que va desde los $5,85 a los $6,10, según el día.

Pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, el destino final de esos billetes dejó de ser una cuenta bancaria o un departamento en Punta del Este.

En efecto, la plaza financiera montevideana se convirtió en un “lugar de paso”, ya que muchos inversores comenzaron a utilizarla como trampolín para transferir sus fondos a lugares más calmos.

Para aquellos que eligieron los “cofres fort” -tal como se denomina a las cajas de seguridad en ese país- la suerte resulta variada pues -en el caso de quienes intentaron hacerse de una de ellas en los grandes bancos, como el Nuevo Banco Comercial- se encontraron con requisitos tales como acreditar una antigͼedad no menor a seis meses como clientes de la entidad, al margen de otros datos personales.

Noelia Peña, responsable del área de Cofres Fort de Gales Servicios Financieros, afirma que “en este último tiempo tuvimos más consultas y pedidos de cofres por parte de argentinos”.
“Si bien desde el verano recibíamos solicitudes, en las últimas semanas se notó claramente un incremento en la cantidad de interesados”, agrega Peña, al tiempo que especifica que “la mayoría de las operaciones se pacta por un año”.
En cuanto a los costos, para un lapso de 12 meses los valores van desde los u$s150 anuales -para la caja más pequeña- hasta los u$s500, para las más grandes.

Julio Rodríguez, de Punta Carretas Cofres Fort, coincide con su colega: “Hemos recibido en esos últimos días una mayor cantidad de consultas de argentinos ”
“Los requisitos para adquirirlos, además de los datos personales, es que se presente a través de un estudio o un agente radicado en Uruguay”, apunta.
“Este es un pedido implementado recientemente, debido a los controles de lavado de dinero. Una vez que se obtienen los datos -que incluyen la huella dactilar digitalizada- el procedimiento es rápido”, agrega la fuente consultada.
“En cuanto a los precios, se ofrecen cuatro tamaños diferentes de cajas, cuyos valores anuales van desde los u$s180 hasta los 475 dólares”.

El otro sector que demostró una elevada sensibilidad ante las medidas implementadas en la Argentina ha sido el inmobiliario. En particular, en proyectos de construcción de propiedades premium como pueden ser, por ejemplo, aquellas emplazadas en Punta del Este o en La Barra.

A esta altura, nadie desconoce la enorme importancia que tienen los inversores locales para el mercado inmobiliario uruguayo.

Según dan cuenta fuentes del sector, la mitad de las propiedades de Punta del Este pertenecen a connacionales. Además estos participan, con la tenencia de una unidad, en el 80% de los nuevos desarrollos inmobiliarios en esas zonas, en tanto que forman parte del 25% de las tierras vinculadas con actividades agropecuarias.

Un broker que prefiere el “off the record”, señala a iProfesional.com, que el sector vive momentos muy difíciles, ya que está en riesgo la continuidad de varios emprendimientos que están en gestación.

En tal sentido, los operadores de obras de “alta gama” dan cuenta de que muchos inversores argentinos han comenzado a encontrarse en dificultades para pagar las cuotas dolarizadas, al tiempo que, en algunos casos, iniciaron gestiones tendientes a la devolución de las señas.
Es obvio que esta interrupción en el flujo de caja traerá inconvenientes para la prosecución de los desarrollos inmobiliarios, lo cual ya puso en estado de alerta a los operadores del sector.

En cuanto a otra actividad clave, como lo es el turismo receptivo, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), que analiza el impacto que han tenido las medidas del gobierno de Cristina Kirchner en Uruguay, establece que si no fuera por la trabas, durante la temporada estival 2012 hubieran arribado a ese país 25% más de turistas con respecto a 2011.

El informe añade que es probable que el efecto sobre el gasto haya sido “más significativo aún”, aunque la repercusión final en la generación de divisas aún no pudo determinarse.

Ante el tono que van tomando los acontecimientos, desde el propio gobierno uruguayo se escucharon las primeras voces de alerta.

“El gobierno sigue con preocupación las fuertes restricciones que ha impuesto la Argentina para la compra de dólares y para sacar billetes verdes del país”, señaló el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano.
“Lo seguimos con atención y con preocupación, sin tremendismo”, agregó el ministro.
“Los argentinos constituyen tradicionalmente la mayor parte de los turistas que llegan al país. En 2011 ascendieron a un total de tres millones, casi uno por habitante de Uruguay”, consideró Lescano.

Y completó: “En la temporada pasada (enero-febrero 2012) vinieron más pero gastaron menos, por lo que es muy probable que las medidas de control implementadas vayan afectando de manera cada vez más profunda a la actividad”.

El Gobierno y el Banco de España han seleccionado a Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC
Determinarán el volumen de activos inmobiliarios problemáticos en los balances
Las auditoras darán sus resultados después de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger
Madrid 1 Junio 2012 – La noticia en El País
El Gobierno y el Banco de España, que ya habían seleccionado a dos consultoras para examinar la banca, han seleccionado además a las auditoras Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC para que analicen si la banca ha realizado correctamente la detección y las provisiones sobre los activos inmobiliarios problemáticos. Es decir, se centrarán en aflorar la morosidad oculta. El objetivo por parte de Economía es que el examen a la banca gane credibilidad internacional al hacerlo auditores externos al Banco de España, tal y como se hacía hasta ahora. Es decisión ha provocado las quejas de los inspectores del Banco de España, aunque han asegurado que colaborarán con los auditores. Las auditoras realizarán un examen entidad por entidad.
Antes de que se conozcan los resultados de los auditores, ya se habrá realizado una evaluación rápida general por parte de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, lo que será una especie de prueba de resistencia o test de estrés, con los datos que facilite el Banco de España y sin trabajo de campo entidad por entidad. El resultado se conocerá antes de que termine junio.
Para darle un marchamo de mayor seriedad, además de los auditores, en el comité estarán organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y dos bancos centrales de la eurozona.El BCE “mostró su interés” en tomar parte en el proceso, según dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hasta ahora, las pruebas de resistencia europeas, los trabajos del informe de estabilidad financiera del FMI y la propia supervisión del banco de España no han sido capaces de despejar las dudas sobre el sector financiero español.
En el sector existe incertidumbre por el resultado de las dos pruebas, que pueden coincidir o no. Si los consultores ofrecen una cifra muy baja, no sería muy creíble y si es demasiado alta, podría obligar a que las entidades recurran al fondo europeo de financiación bancaria. En algunos bancos también tienen dudas de que vayan a cuadrar las cifras resultantes de los dos enfoques del examen porque la metodología es muy diferentes.
El comité de supervisión y asesoramiento del que formarán parte representantes de organismos internacionales y de bancos centrales europeos estará presidido por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre. El vicepresidente será el subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, y la secretaría corresponderá también al Banco de España.

27.05.2012 C. Sekulits/A. Antón – El artículo en Expansión
Los bancos españoles gozan de liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos con sus clientes. Además, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 100.000 euros por entidad y titular.
La nacionalización de Bankia ha puesto sobre la mesa una de las cuestiones que más preocupan al ahorrador español: la seguridad de sus cuentas y depósitos bancarios. De hecho, en la primera semana tras la intervención estatal del banco (el pasado 9 de mayo) se dispararon los rumores sobre una hipotética salida de depósitos, que se llegó a cifrar en los mil millones de euros, aunque finalmente la entidad confirmó en un comunicado que no había tal fuga. “La operativa ha transcurrido dentro de los parámetros habituales en la red de oficinas”, señaló.
Los expertos recomiendan no dejarse llevar por el pánico y analizar racionalmente la situación, tanto en Bankia como en el resto de entidades, ya que aunque la banca española atraviesa una situación delicada, los productos de ahorro siguen gozando de una gran seguridad.
Para entender las dificultades que puede atravesar el sector financiero a la hora de hacer frente a los compromisos con los ahorradores es importante distinguir entre la liquidez y la solvencia de una entidad.
Como explica Jacobo Zarco, director de atlCapital, ninguna entidad bancaria del mundo goza de liquidez suficiente para hacer frente a una retirada masiva de sus fondos en un corto periodo de tiempo. Pero mientras el escenario entre dentro de lo razonable, los bancos españoles no deberían tener ningún problema. El programa de barra libre de liquidez que implementó el Banco Central Europeo ha dejado a las entidades con sus necesidades de financiación cubiertas de aquí a los próximos tres años.
Pero para que el escenario sea efectivamente “razonable” y que no cunda el pánico, es imprescindible que el sector proyecte una imagen de fortaleza. En palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, se trata de una cuestión de “percepción”. Y es aquí donde entra en juego la segunda variable, la solvencia de las entidades.
La solvencia supone que haya un equilibrio entre activos y pasivos. “Durante estos últimos tiempos las entidades están viendo cómo se pone en duda la valoración de sus activos, tanto inmobiliarios como crediticios, y a su vez tienen dificultades para captar pasivo a niveles que compense estas menores valoraciones de sus activos”, explica Zarco.
De ahí la voluntad del Gobierno de incrementar la transparencia del sector solicitando auditorías independientes para valorar los activos de la banca. “La posibilidad de sacarlos de sus balances para evitar incertidumbres sobre futuras depreciaciones posteriores también debe servir para aportar tranquilidad”, comenta Zarco.
En cuanto a los depósitos de Bankia, los expertos sostienen que la seguridad que ofrecen es la misma que la del resto de la banca española. “Quizá incluso estaría más tranquilo en Bankia que en otras entidades que no tienen el aval del Estado”, señala Miguel ́ngel Bernal, profesor del IEB.
El Fondo de Garantía
La inversión en depósitos y cuentas cuenta con un plus de seguridad adicional, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre los primeros 100.000 euros invertidos por titular y cuenta. Se trata de un plus de seguridad que no tienen otros productos de inversión, como los pagarés. “En el caso de que un banco presentase un concurso de acreedores y previa intervención del Banco de España, las cantidades por compensación se desembolsarían en un periodo máximo de tres meses”, explica Bernal. Sin embargo, la propia solvencia de este Fondo, que se nutre de las aportaciones de todas las entidades financieras, también se ha llegado a poner en entredicho. El Real Decreto 16/2011 de octubre de 2011 amplió las funciones del FGD incluyendo el reforzamiento de la solvencia de las entidades adheridas. Una función que le obligó a financiar la intervención de varias entidades, desde Caja Castilla La-Mancha hasta Banco de Valencia, que esquilmaron las arcas del Fondo, que actualmente cuenta con cerca de 2.000 millones de euros.
Sin embargo, en el hipotético caso de que un banco quebrase y el FGD no contase con fondos suficientes para respaldar a los ahorradores, las cantidades cubiertas estarían garantizadas por el Estado. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de aplicar una derrama extraordinaria a los bancos que alimentan el Fondo.
Algunos inconvenientes
Por otro lado, es importante tener presente cuál es la rentabilidad que ofrecen cuentas y depósitos y qué ofertas son las más jugosas del mercado (ver información adjunta). “El mayor riesgo es que el interés no permita ni siquiera preservar el capital. Para ello el interés neto (tras impuestos) debería al menos ser igual a la inflación, lo que no es evidente en la mayor parte de los casos”, explica Josep Soler, vicepresidente de EFPA Europa.
Otro de los riesgos más evidentes es el de liquidez, ya que el cliente no puede recuperar su capital antes del vencimiento del depósito, so pena de perder una parte (o el total) de los intereses generados hasta ese momento. Una restricción que no afecta a las cuentas, en las que el cliente goza de plena liquidez.
Finalmente, desde el punto de vista fiscal, ambos obligan a tributar en cuanto se obtienen las plusvalías, lo cual supone un hándicap en comparación con otros productos como los fondos de inversión, que permiten el diferimiento fiscal.