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Reuters publica hoy que España solicitará ayuda para sus entidades financieras, según varios funcionarios de Bruselas
La noticia en ABC -T. S. V. 08/06/2012
A primera hora de la mañana un teletipo daba por hecho la solicitud de rescate parcial por parte de España el próximo sábado. Reuters anunciaba bajo el rótulo de «exclusiva» que España iba a solicitar este fin de semana un paquete financiero para apuntalar a sus bancos en problemas. La agencia británica citaba a una fuente alemana y dos altos funcionarios de la Unión Europea. Minutos más tarde, la propia Reuters mencionaba a un portavoz gubernamental que desmontaba la noticia y negaba la petición de ningún rescate. Por su parte, fuentes del Ejecutivo aseguraban a ABC lo siguiente: «El Gobierno español no comenta especulaciones y se remite a las declaraciones que ayer realizó sobre este asunto el presidente».
Santamaría: «Una vez que se conozca la cifra, el Gobierno tomará una decisión»
Dos horas más tardes llegaba la negación total en palabras de la secretaria de Estado de Presupuestos. Preguntada por los medios, Marta Fernández Currás negaba «rotundamente» que España vaya a pedir el rescate a la Unión Europea este sábado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha optado por la prudencia y ha emplazado a esperar a que se celebren las auditorías externas encargadas por el Gobierno. «El FMI y los evaluadores independientes están trabajando en la cifra que precisa nuestro sistema bancario. Una vez que se conozca la aproximación de la cifra, el Gobierno tomará una decisión», ha asegurado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Hay que respetar el procedimiento», ha sentenciado.
Desde Europa también negaban la mayor. La Comisión Europea descartaba que el Gobierno español hubiera enviado «ninguna petición». «No tenemos noticia de ninguna petición» por parte de España, indicaban fuentes comunitarias. Al mismo tiempo, recordaban que existen mecanismos listos para ponerlo en marcha si es necesario. De hecho, algunos analistas consultados consideran que la información publicada corresponde a una maniobra de Bruselas y Alemania para aumentar la presión a España para que pida cuanto antes la ayuda, a ser posible antes de la celebración de las elecciones griegas el próximo 17 de junio.
Puede tratarse de maniobra para aumentar la presión a España
Por su parte, el gobierno alemán ha insistido este viernes en que la decisión de pedir un rescate para el sector bancario español se debe tomar en España. «Lo único que puedo decir es lo que he venido diciendo durante toda la semana. La decisión sobre el rescate es cosa del gobierno español. Si decide solicitarlo, ahí están las herramientas europeas con sus reglas», ha afirmado el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert.
Rajoy ya descartó ayer dar una cifra sobre a cuánto ascenderá la recapitalización de la banca hasta que los auditores independientes contratados por el Ejecutivo terminen su informe. «Debo de ser hombre prudente», atajó el presidente.
¿Pedirá España el rescate?
Reuters informaba por la mañana que la solicitud se realizaría durante una reunión de ministros de Finanzas de la zona euro que tendrá lugar el sábado, según señalan los funcionarios europeos «El anuncio se espera para el sábado por la tarde», según la declaración de uno de los funcionarios de la UE a Reuters.
Tanto la agencia británica como Bloomberg señalan que este sábado tendrá una lugar una conferencia telefónica sobre la posibilidad de que España pida un rescate bancario.
Según avanzó este jueves ABC, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará que los bancos españoles necesitan al menos 40.0000 millones de euros en su último informe sobre recomendaciones de política económica y financiera.
El rescate parcial de España podría llevarse a cabo a través de la inyección de ayuda en el FROB, tal y como ha planteado el gobierno de Angela Merkel. Si se llevar a acabo esta fórmula de recapitalización directa de los bancos, el Gobierno español no tendría que adoptar nuevas reformas económicas impuestas desde el exterior, según informaron hace dos días fuentes oficiales germanas. Eso sí, de llevarse a cabo el rescate bancario, el sector financiero se vería obligado a pasar por una nueva reforma impuesta desde Bruselas.

Soluciones ante impagos
Las entidades financieras ofrecen soluciones diferentes si los clientes pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas
La noticia en El Mundo – Madrid – 1/06/2012
Desde la crisis, los bancos están mucho más abiertos a renegociar la hipoteca de las personas con problemas de pago, pero no todos se ajustan a la fórmula para aliviar los apuros de los ciudadanos que dicta el Código de Buenas Prácticas lanzado por el gobierno en invierno en cuanto a la ampliación de plazos y los periodos de carencia.
Al contrario. “La gente con problemas que ha ido a pedir una reestructuración, se encuentra con otras cosas”, explican en la firma helpmycash.com. Concretamente, con “bancos que aplazan infinitamente la respuesta, cuando los clientes ya están al límite del impago y dejar de pagar les va a hacer perder todos sus derechos”.
El Código de Buenas Prácticas (CBP) es claro: en cuestiones hipotecarias, los bancos deberán aplicar un periodo de carencia -pagar solo intereses sin amortizar capital- de cuatro años, ampliar los plazos de amortización a 40 años y reducir el tipo de interés a Euribor más 0,25% durante los años de carencia.
Los hipotecados con problemas que no pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas obtienen condiciones mucho peores
Cuando el banco aplaza la contestación al hipoteado, “la única opción es seguir insistiendo y enviar una carta certificada al director de la oficina haciendo constar la fecha de tu petición, que has explicado tu situación y que llevas tiempo esperando. Así, en caso de llegar a tribunales, habrá un documento al que poder recurrir”, explica los expertos de helpmycash.com
Carencia más corta y subida de intereses
Otra de las ofertas de la banca diferente a las que obliga el CBP es que la carencia que suelen ofrecer es de 6 a 24 meses, más un préstamo obligado alrededor del 10% de la deuda pendiente. “Algunos bancos, para eliminar el riesgo de morosidad a corto plazo de un cliente insolvente, le conceden unos pocos meses de carencia y les instan a aceptar un préstamo adicional y, en caso de impago, van cogiendo la cuota de ese préstamo cuyos intereses, evidentemente, paga el cliente”. En este caso, las asociaciones de afectados como la PAH recomiendan no aceptar e intentar negociar otra cosa.
Más aún, en ocasiones, los bancos proponen algunos meses de cuota reducida al cliente (carencia) “pero en cuanto acaban, no solo vuelve a pagar lo que pagaba antes de la carencia sino que pagará algo más, dado que ese tiempo de carencia ‘se ha perdido’ y ahora el cliente tiene la misma deuda pendiente (dado que no ha amortizado capital) pero a pagar en menos tiempo”.
En estos casos, la entidad financiera recalcula una nueva cuota que tiene en cuenta este factor tiempo y el resultado es que, “al final de la carencia, muchos clientes no pueden hacer frente a una cuota de más del doble de la anterior”.
“En este caso, lo que hay que solicitar al banco es que no recalcule la cuota sino que lo añada al final de la hipoteca. Por ejemplo: una hipoteca de 30 años que terminaba en 2020 pero ha pedido una carencia de 1 año, en vez de aumentar la cuota para acabar igualmente de pagar en 2020, “solicitar acabar de pagar en 2021″.
Otra de las prácticas habituales de las entidades es ofrecer un periodo de carencia a cambio de una subida de interés, es decir, ofrecen ‘ayuda’ pero cubriéndose las espaldas.
Pedirlo expresamente
Las opciones que está ofreciendo la banca nada tienen que ver con el plan del Gobierno para aliviar las finanzas de los hogares españoles, ya que una cosa es acudir al banco en busca de soluciones y de un plan negociación, “y otra cosa es decir explícitamente que quieres optar al Real decreto Ley y presentar toda la información y papeleo necesario”, explican en el portal de recursos financieros. [Lea la lista de bancos adheridos]
Así, quienes opten por solicitar expresamente a las entidades una refinanciación de acuerdo al Decreto Ley, deberán presentar los siguientes documentos:
a) Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo competente acreditativos de la situación de desempleo de los miembros de la unidad familiar residentes en la vivienda. En caso de trabajador por cuenta propia sin rentas, se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación al último ejercicio tributario.
c) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.
d) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
e) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
f) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.
g) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.
No todos pueden
Eso sí, no todos los hipotecados pueden acogerse al CBP. Sólo los hogares en los que todos los miembros de la familia estén en paro y no tengan otros bienes o derechos patrimoniales. Además, tiene que tratarse de la vivienda habitual y esta, generalmente, no puede superar los 200.000 euros.
Además, la hipoteca no puede de tener avalista ni estar en proceso de ejecución hipotecaria.

El Gobierno aprueba la ley de Vivienda sin garantías de apoyo en la Cámara
Euskadi consagra el derecho a exigir una vivienda ante la justicia
Isabel C. Martínez Vitoria 6 Junio 2012 – La noticia en El País
Los beneficiarios de una vivienda protegida no podrán adquirir otra en el mercado libre, en ninguna parte de España, so pena de verse obligados a devolver la primera. La reglamentación posterior puede ampliar el ámbito de la prohibición también al extranjero, en previsión de que haya quienes vean una escapatoria, por ejemplo, en el sur de Francia. También podrá la Administración intervenir cuando los adjudicatarios de un piso protegido doblen durante tres años seguidos los ingresos máximos para aspirar a ellas.
Esta es una de las novedades del proyecto de ley de Vivienda que ayer aprobó el Gobierno para su envío al Parlamento. Buena parte de su contenido se ha ido ya conociendo durante el tiempo de gestación, lo mismo que las críticas y desacuerdos del PNV y el PP con la nueva norma. El texto no tiene pues, garantizada su luz verde en la Cámara, tanto por razón de mayorías como de plazos, ya que depende también de los meses que dure finalmente la actual legislatura.
El Ejecutivo necesita a uno de esos dos partidos para aprobarla, cuyas críticas hacia el anteproyecto conocido hace más de un año rememoró ayer el consejero, Iñaki Arriola. El mismo apuntó entonces que el consenso parecía “complicado”. Ayer sostuvo que el Gobierno cumple con el envío del proyecto a la Cámara y que los partidos de la oposición tendrán que “retratarse” si desean oponerse a su contenido. Euskadi, como con la Ley Municipal, lleva toda la vida del autogobierno sin una ley de Vivienda que recoja la dispersa normativa en la materia.
La primera discrepancia nace ya en el que para el Gobierno es el objetivo primordial de la ley: convertir el derecho a la vivienda contenido en la Constitución en un derecho subjetivo, tal y como se hizo, por ejemplo, con la Renta de Garantía de Ingresos. Eso incorpora la obligación de las administraciones de garantizar un techo a todo ciudadano que no pueda costearlo por sí mismo y provee a este del derecho a exigírselo incluso ante los tribunales. La ley prevé que se haga de modo gradual: el primer año de vigencia de la ley llegaría a las familias de tres, cuatro o más miembros que ingresen menos de 15.000 euros anuales; el segundo, a las de dos que estén por debajo de 12.000 y, a partir del tercero, también a las personas solas y que no superen los 9.000 euros.
La vivienda pasa a ser un derecho subjetivo y exigible ante los tribunales
El PP discrepa de esta concepción de ese derecho, que su parlamentaria Nerea Llanos ve imposible de materializar y considera que se incorpora “de cara a la galería”. “Queremos una ley, pero no cualquier ley”, señaló en declaraciones a El País.
El PNV , en cambio, lo vio “positivo” en su momento, pero criticó que no alcanzara a los mileuristas y pidió extenderlo “a todos los ciudadanos”, según dijo al conocer el anteproyecto el también parlamentario Ricardo Gatzagaetxebarria. Ese derecho subjetivo se cubriría facilitando una vivienda protegida de alquiler, o, en su defecto, con ayudas para un alquiler libre.
Tras su aprobación ayer en el Consejo de Gobierno, fuentes del grupo próximas a su portavoz en la materia, Juan Antonio Arieta-Araunabeña, criticaron “el modo de proceder del consejero” al no haberles dado a conocer el proyecto antes de aprobarlo el Ejecutivo. “Los antecedentes no son buenos”, indicaron, aunque no entraron al detalle de las propuestas del proyecto, Para el PP sí parece claro que las cuestiones que ya comunicó al gobierno que no le gustaban “siguen en el proyecto”, según Nerea Llanos.
Los populares se oponen al canon ””10 euros por metro cuadrado, o incluso la obligación de alquilar”” que los ayuntamientos podrían imponer a las viviendas vacías durante más de dos años sin motivo justificado. El proyecto no considera así las que estén ofertadas en el mercado o permanezcan desocupadas por razones laborales, de estudios o enfermedad y dependencia. Llanos indicó que su partido “quiere que salga la ley, pero tampoco cualquier ley”. El proyecto prevé diferentes precios para los adjudicatarios de pisos protegidos, según los ingresos, así como preferencia para las familias más numerosas y los más antiguos en las listas.
La ley persigue también impulsar la rehabilitación, que se podrá forzar con el acuerdo de la administración y el 50% de los propietarios. Permitirá también dividir o unir viviendas y dar uso de tales a lonjas o plantas bajas sin que la comunidad de vecinos pueda vetarlo.
El Gobierno registrará los contratos y será depositario de las fianzas. El proyecto prevé también un aumento de las sanciones por infracciones, tanto a las promotoras como a los adjudicatarios.