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La noticia en elEconomista / Nueva York 16/07/2012

El columnista del Wall Street Journal, Simon Nixon, considera en su último artículo de opinión que, en los círculos financieros internacionales, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “tiene gran parte de la responsabilidad” de la posición peligrosa en la que se encuentra en estos momentos España. Al fin y al cabo, indica Nixon, antes de haber sido elegido con una abrumadora mayoría, Rajoy y su equipo han contado con mucho tiempo en la oposición para trabajar en su agenda económica, que en sus primeros seis meses ha sido considerada por algunos como “chapucera”, señala.
Sus soluciones a la crisis “han sido muy tímidas”, lo que ha socavado la credibilidad de su gobierno. Su estrategia política también parece falta de juicio tras retrasar su presupuesto hasta después de las elecciones regionales, “que su partido perdió”, indica el WSJ.
Además el rotativo pone de manifiesto la frustración de Berlín y Bruselas tras la decisión unilateral del Gobierno de romper las normas de la zona euro sobre los objetivos de déficit y posicionarse del lado de Francia e Italia contra Alemania sobre las medidas de lucha contra la crisis.
Tras la petición de ayuda para recapitalizar a la banca, Moncloa opera bajo un completo programa impuesto por la zona euro, aunque éste tiene como objetivo garantizar que España conserve su acceso a los mercados de bonos, en lugar de ser forzados a aceptar un rescate completo.
El riesgo del crédito basura
Esta es una distinción importante – y no sólo “por razones del orgullo español” sino porque un rescate completo degradaría la calificación de España de crédito hasta la categoría de basura. Esto tendría importantes efectos en cadena: los bancos españoles permanecerían excluidos de los mercados, independientemente de cualquier plan de recapitalización, el gran mercado de bonos corporativos español sufriría rebajas, lo que elevaría los costes de endeudamiento para las empresas españolas.
Simon Nixon se pregunta si las últimas reformas y ajustes del Gobierno van lo suficientemente lejos y se lamenta de que la respuesta es negativa. “Es cierto que las medidas fiscales parecen creíbles”, reconoce pero plantean “nuevas preocupaciones sobre el crecimiento a corto plazo”, apunta. Aún así, desde su punto de vista “el gran problema de España siguen siendo sus bancos”.
¿Qué omisiones hay?
Según Nixon, la omisión más importante del préstamo a la banca española y sus condiciones es imponer un objetivo que reduzca la relación entre los préstamos y los depósitos, “una característica importante de los acuerdos de rescate de Irlanda y Portugal”.
Madrid argumenta que esto obligaría a los bancos a desapalancarse aún más rápido, algo que tendría un mayor impacto sobre la economía, aún así, para el WSJ esta idea “no es necesariamente cierta” ya que el plan de rescate a la banca española ya contiene la idea de crear un “banco malo”: una nueva propiedad del gobierno para gestionar los activos inmobiliarios de los bancos que no puedan cumplir con los nuevos requisitos de capital.
Fundamentalmente, el banco malo será capaz de emitir bonos que pueden ser utilizados como garantía para acceder a las ayudas del Banco Central Europeo, una forma implícita de financiación al soberano. Según Nixon, “Madrid debería ampliar el mandato de este banco malo para que también pueda compra activos buenos de los bancos que no puedan cumplir los objetivos del ratio préstamo-depósito algo que reduciría rápidamente “la brecha de financiación del sistema bancario”.
Pero “¿por qué ha resistido a Madrid este enfoque?”, se pregunta el columnista. Una teoría es que Rajoy se ha sometido a las presiones de los bancos cotizados españoles, que durante mucho tiempo han justificado que el problema se debe únicamente a la falta de capital por parte de las cajas de ahorros.
Sin embargo, el WSJ cita al BBVA como ejemplo de banco que tiene una relación préstamo-depósito desorbitada, al alcanzar el 204 por ciento, con exclusión de los acuerdos de recompra y los depósitos del sector público.
“Irónicamente, algunos de los más duros críticos de Rajoy se encuentran entre la élite financiera de España”, asegura Nixon pero, sin embargo, “la voluntad Rajoy de querer proteger a estas instituciones de las reformas ha socavado en gran parte su credibilidad”. Es por ello que determina que “si Rajoy quiere salvar su orgullo y salvar a España de un rescate completo, tiene que hacer frente a estos bancos”.

Comunicado conjunto de sus asociaciones
Consideran que las reformas persiguen el ‘desmantelamiento’ del Poder Judicial
Exigen a Gallardón que paralice cualquier reforma que afecta a la profesión
María Peral | Madrid 16/07/2012 El artículo en El Mundo
Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales han suscrito un inusual comunicado conjunto contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que “exigen” que las paralice.
El comunicado se refiere, en concreto, al cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para redimensionar el órgano de gobierno de los jueces, limitar sus competencias a las que señala la Constitución y suprimir la dedicación exclusiva de los veinte vocales. Éstos pasarían a cobrar sólo dietas de asistencia en lugar de los 112.000 euros anuales que percibe cada uno de ellos en la actualidad.
La Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostienen que el Gobierno “nos aboca a una situación de conflicto” porque al socaire de la “crisis económica e institucional” está impulsando medidas legislativas y económicas “cuyo verdadero objeto es el desmantelamiento del Poder Judicial, atacando a la independencia de los jueces y a la imparcialidad de los fiscales”.
“Exigimos del Ministerio de Justicia que de forma inmediata paralice cualquier reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Estatuto Fiscal o cualquier otra relativa a nuestro estatuto profesional” y que esas modificaciones cuenten con la participación de las asociaciones, señalan.
Las asociaciones acuerdan crear una comisión conjunta y permanente para canalizar sus protestas, entre las que citan paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos y la huelga.

Desaparece la obligación de invertir las plusvalías en viviendas protegidas
Cristina Vázquez – Castellón 13 julio 2012 – La noticia en El País
La futura legislación urbanística valenciana no será tan farragosa como la vigente. El Consell dio ayer el visto nuevo al anteproyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que simplifica el marasmo legislativo de la última década, clarifica las competencias autonómicas y las municipales, e impulsa la rehabilitación urbana.
La simplificación del texto ””se pasa de más de 1.100 artículos legales a menos de 300”” es uno de sus aspectos más positivos. Se refunden cinco leyes y dos reglamentos en una sola regulación, lo que elimina contradicciones y otorga más seguridad jurídica a los actores del urbanismo valenciano.
Los límites al crecimiento territorial no están tanto en la ley como en la Estrategia Territorial ya aprobada por el Consell.
Otro de los aspectos positivos del texto es que agiliza y clarifica las competencias en torno a los planes generales. El esqueleto o plan estructural es competencia de la Generalitat y para su aprobación será necesario un proyecto más simple que el actual.
La tramitación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU), que vendrán marcados en sus directrices generales por el Consell, fijará “unos límites que no se podrán traspasar” y que serán asumidos por los Ayuntamientos, explicó el viernes la consejera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
El nuevo procedimiento concede al municipio la aprobación definitiva del PGOU, pero siempre bajo el supervisión de la Generalitat, que asume “el control de legalidad”. La consejería elaborará a tal efecto una memoria ambiental y territorial “que será preceptiva y de obligado cumplimiento”. El objetivo, dijo Bonig, es “evitar la duplicidad de competencias y que la tramitación sea ardua” ya que hay casos en que un plan general ha llegado a tardar entre 10 y 15 años.
El anteproyecto mantiene la figura del Programa de Actuación Integrada (PAI) y la del agente urbanizador, que la consejera consideró avalada por la UE tras “los ataques de determinados grupos políticos y de presión”. La regulación refuerza, sin embargo, las garantías de los propietarios frente al empresario urbanizador.
La consejera añadió que se trata de reactivar el sector inmobiliario “apostando por los procesos de rehabilitación y renovación dentro de las ciudades ya consolidadas frente a los nuevos desarrollos de suelo” y garantizando “el consenso social entre los promotores y los propietarios de las fincas a rehabilitar”.
Se favorecerán “los pequeños desarrollos urbanísticos, tanto residenciales como industriales, en los municipios del mundo rural”, prosiguió.
Los municipios del interior no tendrán que modificar su plan general cuando se trate de ampliaciones urbanísticas que afecten a superficies pequeñas. “Con la normativa actual ese municipio tenía que ir a la revisión del PGOU, y tirarse cinco o seis años de tramitación, ahora harán una simple consulta a la consejería y si esa reclasificación no afecta al medio ambiente quedarán exentos de esa revisión y podrán hacer esa ampliación”, precisó.
Bonig modifica en el anteproyecto la obligación de los Ayuntamientos de destinar los beneficios obtenidos por la venta de suelo público a la construcción de vivienda de protección pública (VPP), y establece que ahora también lo podrá utilizar para sufragar “cualquier infraestructura u obra de titularidad pública”.
La nueva ley también permite enajenar el derecho de superficie de los terrenos públicos para adjudicarlo por subasta a un promotor, que, a cambio de un canon, podrá gozar de él por un “periodo muy largo de tiempo” y construir viviendas “a precios más asequibles”, ya que no se repercutirá el coste del terreno.
La consejera, que insistió en que esta ley simplifica trámites e incluye la incorporación de nuevos criterios ambientales, expresó su deseo de lograr el máximo consenso en torno a este texto, para lo que se va a elaborar un plan de participación y consulta pública. La nueva normativa se llevará a Bruselas en septiembre “por lo pionero y por la importancia que los criterios medioambientales y paisajísticos tienen en la ordenación”.
El texto amplía además el plazo de prescripción de las irregularidades urbanísticas, otra de las medidas que pueden ayudar al Consell a disponer de tiempo suficiente para perseguir las actuaciones urbanísticas fuera de la ley.
Los nuevos instrumentos recogidos en la ley para fomentar la rehabilitación y regeneración urbanas en ciudades ya consolidadas se abren como uno de los apartados con más posibilidades, dado que el parón de la construcción no hace prever grandes proyectos como los de la anterior década.
La futura normativa urbanística fue aprobada por el Consell en un pleno que celebró de forma extraordinaria en Peñíscola, localidad en la que también se celebró un acto conmemorativo de las tres décadas pasadas desde la aprobación del Estatut d”™Autonomia.

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