AIRE

A.S. El artículo en La Opinión de Zamora
El Registro de la Propiedad de Puebla de Sanabria suspendió la calificación y la anotación preventiva solicitada por el instructor del expediente de los Montes vecinales en Mano Común de Castrelos al no cumplir los requisitos de la Ley Hipotecaria y del Reglamento de Montes vecinales de Mano Común . El documento se ha incorporado al proceso entablado por el reconocimiento de los Montes vecinales en Mano Común. El Registro suspendió además el plazo para calificar e inscribir las fincas de Monte Moro Morto, Romadeira y Carballino inscritas a favor de los vecinos de Castrelos y las fincas Monte Alamadiera y Moromorto «inscritas a favor de distintas personas que no han sido parte en procedimiento», como recoge la notificación del Registro. La resolución se emitió en abril de 2011 pero hasta ahora no ha trascendido su existencia cuando se han interpuesto los recursos contenciosos tras rechazar el Jurado Provincial de Montes vecinales en Mano Común su reconocimiento.

Sobre los montes que figuran inscritos en este Registro de la Propiedad como Montes vecinales en Mano Común se advierte que «no procede la anotación de apertura de un expediente que tiene como finalidad declarar la naturaleza jurídica con la que figuran inscritos, pues nada añadiría al régimen jurídico que ya tienen atribuido».

Los hechos recogidos por el Registro de la Propiedad sanabrés precisa que por mandamiento expedido el 19 de abril de 2011 por orden del Instructor de los Expedientes, se acuerda la anotación preventiva de acuerdo al Reglamento de Montes vecinales en Mano Común. Los montes remitidos son Moro Morto en el término de Hermisende de 83 hectáreas, Romadeira de 141 hectáreas y en el municipio de Hermisende, Carballino de Hermisende de 38 hectáreas, otro monte denominado Moromorto de 232 hectáreas y Alamadeira de 436 hectáreas. Todas estas fincas del municipio de Hermisende aparecen inscritas a favor del Común de Vecinos de Castrelos.

Con el documento entregado en el Registro de la Propiedad «no figura nota alguna de haberse presentado justificante de la Oficina Liquidadora». El Registrador hace constar que tampoco se ha notificado a la Junta Vecinal correspondiente la instrucción del expediente. También hace constar «no resulta que, mediante edictos, se haya dado publicidad a la iniciación del expediente».

Radiografía del endeudamiento regional
25.07.2012 B. Amigot- El artículo en Expansión
La deuda presiona a las comunidades autónomas. Cataluña, la última en pedir el rescate, es la región con más deuda. Concretamente, toca a más de 5.500 euros por habitante.
Cataluña es la región más endeudada se mire por donde se mire. Tiene la mayor deuda en volumen total, 42.000 millones de euros en el primer trimestre de este año, el último dato publicado por el Banco de España. También tiene el dudoso honor de poseer la ratio deuda/PIB más elevada: 21%. Y, además, en esta región es donde la deuda pesa más por habitante: 5.571 euros por catalán.
¿Cuánto pesa la deuda por habitante?
A una distancia considerable, le siguen Navarra con 4.244 euros, la Comunidad Valenciana con 4.071, Baleares con 4.024 y País Vasco con 3.112.
En la horquilla entre 2.000 y 3.000 euros por habitante se encuentran la mayoría de las comunidades: La Rioja (2.973 euros), Castilla-La Mancha (2.972), Aragón (2.771), Galicia (2.640), Madrid (2.554), Cantabria (2.193), Castilla y León (2.172), Murcia (2.078) y Asturias (2.073).
Y las regiones donde la deuda es menos pesada en relación con la población es en Extremadura (1.843 euros), Andalucía (1.825) y Canarias (1.777).
Cataluña, también la más endeuda en relación al PIB
Si se analiza el endeudamiento autonómico en relación al PIB, el del varía en ciertos casos. Cataluña sigue a la cabeza con el 21%, le sigue la Comunidad Valenciana (20,2%), Baleares (16,7%), Catilla-La Mancha (16,6%) y Navarra (14,5%).
Y ya por debajo de la media (13,5%), se sitúan Galicia (12,8%), La Rioja (11,7%), Extremadura (11,7%), Aragón (10,9%), Murcia (10,8%), Andalucía (10,6%), País Vasco (10,2%), Cantabria (9,8%), Castilla y León (9,7%), Asturias (9,7%), Canarias (9,1%) y Madrid (8,7%).
En volumen Cataluña, Valencia y Madrid acumulan más de la mitad de deuda
Las comunidades autónomas españolas acumulan una deuda de 145.118 millones de euros, según los últimos datos publicados referentes al primer trimestre. Este volumen supone un aumento del 15,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra era de 125.382 millones.
La comunidad autónoma con mayor en este periodo fue, otra vez, Cataluña, con 42.000 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
Detrás van Madrid, con 16.572 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, cuya deuda ascendió a 15.373 millones de euros. Entre las tres acumulan el 50,9% del total del endeudamiento regional.
Todos estos datos reflejan una realidad: la deuda de las comunidades autónomas está en máximos históricos y no ha parado de crecer desde 1995. Y en esta carrera de endeudamiento, Cataluña es la ‘campeona’.

Se trata de un fedatario público que se instaló en Marbella a finales de 2007, justo cuando el negocio inició el declive ”¢ Los expedientes de regulación de empleo y los despidos llegan también al sector
Encarna Maldonado / Málaga | 26.07.2012 – El artículo en Málaga Hoy

El notario de Marbella Ricardo Rincón Salas se ha declarado en concurso voluntario de acreedores empujado por la profunda caída que ha registrado este segmento de actividad tras el derrumbe del negocio inmobiliario y la falta de crédito financiero. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga aceptó el concurso en un edicto firmado el pasado 28 de junio, en el que le daba a los acreedores un plazo de un mes para que informaran sobre la existencia y las circunstancias de los créditos que reclaman.

Esta ha sido la primera declaración de concurso que insta una notaría malagueña, aunque el sector sufre desde hace años una severa caída de la actividad que ha provocado expedientes de regulación de empleo y despidos.

Ricardo León se instaló en Marbella en 2007, justo el último año del auge inmobiliario. Previamente había ejercido como corredor de comercio en la capital y una vez que estos profesionales quedaron dentro del gremio notarial ejerció como fedatario público en Calviá y Palma de Mallorca. A su regreso a la provincia instaló sus oficinas en Nueva Andalucía y a comienzos de 2008 tenía contratadas diez personas.

A partir de ahí la actividad comenzó a decrecer. El sector inmobiliario entró en crisis, cayeron las ventas y las hipotecas que constituían hasta entonces el grueso del trabajo notarial y la principal fuente de ingresos porque las tarifas del fedatario dependen de la cantidad económica del contrato o del crédito hipotecario, mientras que en el resto de las actividades son tarifas impuestas.

Además, el Gobierno ha bonificado determinados aranceles notariales. Por ejemplo la constitución de sociedades ahora cuesta 150 euros más IVA, mientras que antes ascendía a 250, al tiempo que las novaciones de las hipotecas también han bajado el 50%.

El notario tiene la particularidad de operar en unas circunstancias parecidas a las del trabajador autónomo. Es decir, no existe división entre su patrimonio personal y profesional. Esto quiere decir que la salud económica de las notarías depende en gran medida también de la situación que tenga el propio notario. Además, los fedatarios públicos tienen que afrontar junto a los gastos de funcionamiento (luz, agua, hipotecas o alquiler) otros costes fijos como las cuotas colegiales, los seguros de responsabilidad civil o el papel timbrado (15 céntimos la hoja). Todas estas circunstancias, sumadas a la amortización de las inversiones para instalarse en Marbella son las que, según las fuentes consultadas, han provocado la petición de concurso de acreedores del notario Ricardo Rincón Salas. A estas alturas sólo quedan tres empleados en sus oficinas.

Los expedientes de regulación de empleo junto a los despidos individuales han sido la fórmula más utilizada por el momento en el sector. La notaría de Luis María Carreño y José Ramón Recatalá se precia de haber sido la más potente de Málaga “y posiblemente del país” hasta que la crisis tocó a su puerta. Entonces tenía 46 empleados, de los que quedan 20 sujetos a una reducción de empleo en virtud de un expediente y en agosto posiblemente serán despedidos alrededor de seis porque ni aún así es sostenible.

El oficial primero de esta notaría del centro de Málaga, Antonio Fuentes, recuerda que antes de la crisis gestionaban “20.000 números”, o sea documentos y la mayoría de ellos no estaban sujetos a tarifas preestablecidas, sino que se facturaban en función de las cantidades económicas que reflejaban. “Ahora son 4.000″ y o son actas y documentos de pequeña cuantía que representan alrededor de 50 euros o están vinculados un arancel predeterminado y muchas veces bonificadas.

Antonio Fuentes recuerda que en los años buenos las grandes promotoras e inmobiliarias que operaban en la provincia acudían a esta notaría y que acababa asumiendo la gestión de 40 ó 50 obras nuevas y divisiones horizontales “que ahora hace años que ni veo”. Es más, la escasa actividad inmobiliaria ha registrado una importante caída de precios, lo que también tiene reflejo inmediato en la facturación de los fedatarios. “Antes las hipotecas se hacían por importes de entre 100.000 y 120.000 euros. Ahora apenas si llegan a los 40.000″.

En la provincia operan 98 notarias, que en conjunto han podido emplear a cerca de 2.000 personas, tras la creación de nuevas plazas hace unos años precisamente para favorecer la competencia.

En el último año, además, se ha producido otro hecho notorio: una prejubilación. En julio del año pasado la Dirección General de Registros Notariales aceptó la jubilación anticipada (a los 65 años en lugar de los 70 como tienen reconocido) del notario Julián Madera Flores.