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12.08.2012 Juanma Lamet Madrid – El artículo en Expansión
La sombra del ladrillo es tan alargada en el sector financiero que no parece que se vaya a disipar ni con un rescate europeo. Porque a los problemas ya existentes se ha sumado uno nuevo: la valoración de los suelos sin construir.
El Gobierno no ha prorrogado la disposición transitoria tercera de la Ley del Suelo de 2008, por la cual seguía vigente el régimen de valoraciones de la Ley de Suelo de 1998. Y esto hace que los terrenos que acumula la banca pasen a valer, a efectos expropiatorios, apenas un 10% de su valor inicial, según los expertos.
¿Por qué? Porque la Ley de Suelo vigente, la de 2008, estipula que las expropiaciones de suelos no edificados se hagan a precio de rústico. Es decir, que un solar en el que se iba a construir un edificio de 20 plantas, por ejemplo, se pague a precio de huerto.
Para evitar eso se prorrogó tres veces el régimen de valoración anterior, que tenía en cuenta las expectativas del suelo. Pero ahora no se ha hecho, aunque el Gobierno no lo veía con malos ojos.

Artículo de Joaquín Trigo, Director General del IEE, publicado el 3 de agosto de 2012 en Expansión
Los excesos en el endeudamiento han llevado a España a pensar, vivir y trabajar para la deuda, cuando lo lógico y esperado era lo contrario, esto es, aumentar el empleo, consolidar empresas y crearlas. En el último año completo (2011) el número de empresas que optaron por un proceso concursal fue de 5.821, la mayor parte de las cuales desaparecerán y con ellas se va la inversión, el empleo y la financiación recabada. Es obvio que el uso dado a la financiación recibida fue inapropiado, y el resultado se está pagando en forma de impuestos, paro, deterioro de la calidad de vida y todos los anexos adicionales.

La Unión Europea (U.E.) aportó recursos financieros a países que no pudieron hacer frente a sus obligaciones de pago, de lo que se derivó un rescate oneroso del que no se ha salido. La situación española no es la misma, no sólo porque el peso relativo de la deuda es inferior, sino porque sus recursos son mucho mayores. Sin embargo, se recela de su buen uso y se exigen medidas que, de entrada, perjudican a las familias, a la actividad productiva y a las Administraciones Públicas (AA. PP.), que han gastado más de lo recaudaban y, en algún caso, con poco criterio. En la medida en que estas AA. PP. mantienen sus prácticas de gasto por encima de sus ingresos, los países que han aportado más recursos les exigen un cambio drástico e inmediato. Esto es lógico porque la demora incrementa la cuantía de la deuda y el riesgo de impago que, a su vez eleva el coste de la financiación y genera un proceso espiral difícil de cortar, pero no imposible.

La U. E. creó en 2010 dos programas de apoyo a los países de la U. E. con dificultades, el European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), operativo desde el 10 de mayo de ese año, y el European Financial Stabilit Facility (EFSF), que inició su andadura el 4 de agosto de 2010 y que fue autorizado a emitir bonos en el mercado con la garantía de países del área del euro. En los dos casos los préstamos de esos organismos deben ir acompañados de un conjunto de condiciones tendentes a eliminar las causas -en general los excesos- que han llevado al endeudamiento excesivo del sector público. El tipo de interés de estos préstamos es interesante si se compara con el coste que exigiría el mercado, pero, en buena lógica, tiene contrapartidas tendientes a garantizar la recuperación de la aportación realizada y a evitar nuevas situaciones que requieran intervención. De no aplicarse esta facilidad se corre el riesgo de que gobiernos de países que están haciendo las cosas debidamente se vean penalizados por incumplimientos, por gobiernos que alardeen de dureza o simplemente por prejuicios infundados.

La situación de la deuda española es sostenible en lo concerniente a la deuda pública, pero con el añadido de la deuda de las familias y las empresas -ambas en reducción-, el conjunto es delicado. Los aumentos fiscales persiguen frenar y reducir el coste de la deuda pública. Si esto se logra, en poco tiempo, habrá un acceso al crédito más fácil y barato, lo que calmaría la inquietud de los prestamistas y bajarían los tipos interés. Tras eso, las familias y empresas estarían en una situación menos tensa y cercana a la normalidad, que favorecería una recuperación menos lastrada por el coste de la tributación. Esta posibilidad está supeditada a que no aparezcan varias circunstancias simultáneas que, en parte, están al alcance de la mano de las AA. PP., entre las que hay que mencionar la ausencia de nuevas deudas aún no detectadas, la contumacia de alguna AA. PP. empecinada en entrar en gastos idiosincrásicos que considera vitales o que, simplemente, son proclives a dar votos futuros.