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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo de octubre de 2012

Rayo

Miércoles, 31 de octubre de 2012

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Quien resiste, gana

Miércoles, 31 de octubre de 2012

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Condenan a un registrador por inscribir dos veces una misma finca

Miércoles, 31 de octubre de 2012

El fedatario público deberá indemnizar con 300.000 euros a la víctima de una doble venta
Felipe Armendáriz. Palma. La noticia en diariodemallorca.es
La sección tercera de la Audiencia de Palma ha condenado a un registrador de la propiedad mallorquín por inscribir con dos números diferentes una misma finca de Cala Llamp (Andratx). La víctima de esa negligencia fue una empresa, que, a su vez, fue engañada al comprar una propiedad que no era del vendedor.
La condena de la Audiencia obliga al registrador a indemnizar con 307.572 euros a la compañía Orada Villas S.L., representada por David Vich. Esta empresa adquirió en enero del 2006 a la entidad Poisy S.L. un solar de Cala Llamp de casi mil metros cuadrados de superficie. La parcela había sido segregada de una finca mayor por parte de Desarrollo de Empresas Turísticas (Detursa), una promotora que está pendiente de juicio por una cadena de dobles ventas inmobiliarias.
La parcela fue inscrita en un registro de la propiedad de Palma con el número 24.832. Sin embargo, Detursa años atrás ya había vendido numerosos solares de la finca matriz, entre ellos el comprado por Orada Villas.
El legítimo propietario de ese terreno en Cala Llamp era un extranjero, representado por Margarita Galmés. Su solar estaba inscrito con el número 13.464 en el mismo registro de la propiedad.
Orada Villas también demandó a este particular para que la Audiencia reconociera su derecho a quedarse con la parcela, extremo rechazado por el tribunal.
Doble inmatriculación
El juzgado de primera instancia 17 de Palma ya estimó parcialmente la demanda de Orada Villas contra Poisy S.L. y el registrador. La Audiencia ha ratificado esa primera sentencia y ha condenado a la empresa vendedora y al fedatario público a indemnizar a la compañía compradora por la cantidad abonada por la parcela y los gastos de la operación, incluidos las escrituras, la inscripción registral y los impuestos.
Según el tribunal, los hechos son un claro ejemplo de doble inmatriculación (inscripción) de una misma finca, una irregularidad que podía haberse evitado de haber actuado con mayor diligencia en el registro de la propiedad.
Las dos fincas inscritas con distinto número procedían de una propiedad mayor y tenían casi la misma descripción, en cuanto a superficie y vecinos, lo que tenía que haber encendido las luces de alarma en el registro. Según el tribunal, el registrador tenía que haber hecho las comprobaciones y haber dejado en suspenso la inscripción.

Jueces y fiscales comienzan este viernes las movilizaciones contra Gallardón

Miércoles, 31 de octubre de 2012

Por los recortes en justicia
C. Guindal 30/10/2012 El artículo en El Confidencial
Las asociaciones de jueces y fiscales dieron un tiempo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que se replanteara el contenido de las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el recorte en el gasto de Justicia, que se traduce en el despido de 1.200 jueces sustitutos y la suspensión de oposiciones. Ese tiempo se ha agotado y acaban de anunciar el comienzo de movilizaciones.
El próximo viernes, todos los jueces de España van a reducir las horas para la celebración de juicios, reduciéndolas a cuatro diarias, entre las 10 de la mañana y las dos de la tarde. Así estarán de manera indefinida hasta que Ruiz-Gallardón se siente a negociar con ellos. Además, el día 23 van a convocar una concentración frente al Ministerio de Justicia, a la que acudirán miembros de la carrera judicial y fiscal de toda España. Y si siguen sin obtener resultados, no descartan una huelga indefinida.
“Queremos actuar desde la responsabilidad, por eso no vamos a convocar, todavía, una huelga indefinida. Pero si no conseguimos nuestros propósitos agotaremos todas las medidas”, ha explicado en una rueda de prensa conjunta de todas las asociaciones de jueces y fiscales el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch.
No se trata, aseguran, de corporativismo sino de mejorar la situación de dos carreras que están en crisis permanente. “La Justicia en España nunca ha ido bien. Va mal. Pero a partir de ahora va a ir peor”, ha recalcado la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez Martínez.
Las asociaciones ya habían alertado al ministro que estas movilizaciones podían llegar si no se sentaba a negociar. Ruiz Gallardón ya les explicó que el Gobierno no tiene dinero suficiente para pagar los gastos corrientes del Estado y que de la partida de Justicia había que recortar veinte millones de euros. La peor parte de la llevan los jueces sustitutos, que se quedan sin trabajo. Sus puestos los tienen que cubrir los jueces titulares, lo que implica un 30 por ciento más en la carga de trabajo. “No podemos asumir la carga de trabajo con la dignidad que se requiere”, ha añadido Sáez Martínez.
La reducción de horario de audiencia y la autorregulación que llevaron a acabo a partir de ahora los jueces va a provocar un “mayor cabreo y colapso” en los ciudadanos que van a ver como sus casos se retrasan todavía más. Los jueces y fiscales no quieren perjudicar a los ciudadanos pero su “voluntarismo y sacerdocio” se está acabando.
La responsabilidad es de Ruiz Gallardón, que lleva un año de legislatura “y no está tomando medidas para paliar esta grave situación, al contrario, va a empeorar”, ha subrayado Bosch.
Entre las medidas que van a adoptar está el control de los asuntos que cada juzgado va a tratar. Y lanzan una advertencia al Gobierno: no van a consentir que los asuntos de las entidades bancarias colapsen los juzgados, y menos con la carga de trabajo que supone. Los bancos están colapsando los órganos judiciales por las órdenes de desahucios y embargos, en un momento de fuerte insolvencia. La portavoz de APM ha aclarado que lo que hay en estos momentos no es morosidad sino insolvencia. “No es que la gente no pague, es que no puede pagar”.
La representante judicial ha acusado a los bancos de llevar a cabo “movimientos especulativos” en la bolsa de pisos embargados de los juzgados. “Usted pierde su casa y todavía debe la deuda. Y yo, juez civil, debo ordenar que le quiten el piso. El Gobierno debe controlar a las entidades bancarias. Nos estamos convirtiendo en la agencia recaudatoria de los bancos”, ha destacado Sáez Martínez.
Los bancos están colapsando los órganos judiciales por las órdenes de desahucios y embargos, en un momento de fuerte insolvencia. La portavoz de APM ha aclarado que lo que hay en estos momentos no es morosidad sino insolvencia. “No es que la gente no pague, es que no puede pagar”.
La representante judicial ha acusado a los bancos de llevar a cabo “movimientos especulativos” en la bolsa de pisos embargados de los juzgados. “Usted pierde su casa y todavía debe la deuda. Y yo, juez civil, debo ordenar que le quiten el piso. El Gobierno debe controlar a las entidades bancarias. Nos estamos convirtiendo en la agencia recaudatoria de los bancos”, ha destacado Sáez Martínez.

Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

Miércoles, 31 de octubre de 2012

Critican la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca
José M. Irujo / Joseba Elola Madrid 24 octubre 2012 – La noticia en El País
Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PA͍S. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
Piden moratorias por accidentes, paro, desgracias o enfermedad
El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)”.
Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.
Reclaman la entrega de la vivienda para cancelar el crédito
El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.
¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.
Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.
Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.
Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.
El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.
Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.
Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.
El fracaso del Código de Buenas Prácticas
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados ́ngel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).

¿Responsables?

Miércoles, 31 de octubre de 2012

Los bancos hubieran debido ser los primeros interesados en evitar esa vergͼenza moral para la Humanidad que son los desahucios de sus propios cliente
Andrés García Reche 29 octubre 2012 – La columna en El País
Todas las empresas del IBEX 35, incluidas los bancos, publican un informe anual Responsabilidad Social (RSE) en el que dan cuenta de las acciones que emprenden de manera voluntaria para contribuir a un desarrollo más sostenible del país en el que estas ejercen su actividad; aunque, en realidad, una mayoría de ellas se limiten más bien a informar de ello de manera indirecta, dificultando mucho la valoración de tales avances.
Lo que hay detrás de la estrategia de RSE propiciada por diversos organismos internacionales, y muy particularmente, por la Unión Europea, no es otra cosa que persuadir a las grandes empresas para que incorporen en el seno de su estrategia un compromiso real y efectivo con todas las partes interesadas en su actividad: accionistas, trabajadores, consumidores, clientes y proveedores, medio ambiente y poderes públicos; y no solo con la primera de ellas.
Según la doctrina elaborada por la Comisión Europea (CE), de acuerdo con el Comité Económico y Social Europeo (CEES), una empresa socialmente responsable es aquella que contribuye al empleo cuando tiene beneficios, se preocupa de la formación y la empleabilidad de sus trabajadores, persigue un alto grado de equidad salarial y de género, invierte en innovación y en tecnologías sostenibles, entabla lazos de lealtad y consideración con sus clientes, y exige a sus proveedores pulcritud en el cumplimiento de las normas y acuerdos internacionales en materia laboral y medioambiental. Lo que quiere decir que la identificación que se produce a menudo entre términos como ética o filantropía, y RSE, no solo es totalmente equivocada, sino que desvirtúa, desde la raíz, el concepto mismo de responsabilidad.
“Si las empresas solo deben perseguir el beneficio económico, las dificultades de encarar los riesgos futuros serán mucho mayores”
Pero quizá uno de los aspectos de la RSE que más ha subrayado la CE en estos últimos años ha sido la necesidad de cooperación de las grandes empresas con el sector público para la consecución de los objetivos de interés general definidos por los sucesivos gobiernos democráticos, únicos legitimados para ello. En un mundo tan globalizado, competitivo y complejo, los estados nacionales se encuentran cada vez más incapacitados por sí solos para lograr un alto nivel de empleo y un crecimiento compatible con la necesaria cohesión social. Si las empresas solo deben perseguir el beneficio económico y rendir cuentas ante sus accionistas (cuando las cosas van bien, claro está), las dificultades de encarar los riesgos futuros para la sociedad en su conjunto serán sin duda mucho mayores.
Naturalmente, todavía hay empresarios, y muchos economistas, que esbozan una media sonrisa cuando se habla de este asunto, por considerar se trata de una estúpida ingenuidad condenada al fracaso, pero si los bancos españoles que elaboran tan vistosas y exhaustivas memorias de RSE, se comportaran de manera realmente responsable en estos tiempos de crisis, no solo hubieran debido exigir austeridad a sus directivos, sino ser también los primeros interesados en evitar esa vergͼenza moral para la Humanidad que son los desahucios de sus propios clientes, cuyo único pecado fue el de confiar alguna vez en ellos. Y no haría falta esperar a que cambie la ley. Bastaría con que cambiaran su irresponsable comportamiento.

La CNC, a favor de que el notario no firme en bancos o inmobiliarias

Miércoles, 31 de octubre de 2012

Lucía Sicre 25/10/2012 – El Artículo en El Economista
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha reconocido, en una resolución de 24 de septiembre, el derecho de los colegios de notarios a prohibir la firma de documentos notariales fuera del despacho de los notarios, de forma que éstos no puedan desplazarse, por ejemplo, a entidades bancarias o inmobiliarias, como aún ocurre en algunas zonas del país.
La CNC se pronuncia así sobre la denuncia interpuesta por una inmobiliaria contra el acuerdo adoptado por la junta directiva del Ilustre Colegio de Notarios de Madrid (ICNM) el 14 de julio de 2009 -que dio lugar a la Circular nº 35/2009 de 28 de julio- en el que se disponía que todos los documentos notariales debían ser autorizados o intervenidos en el despacho del notario, salvo excepciones delimitadas en el mismo pacto. En todo caso, se excluían en dicho acuerdo lugares como las dependencias de entidades de crédito o de las promotoras inmobiliarias, espacios en los que no cabe excepción alguna.
En este sentido, desde el Colegio de Madrid se aseguró que eran “frecuentes” las salidas de un grupo de notarios, “pues ciertas entidades financieras y entidades de promoción inmobiliaria concentraban todas las firmas en sus propias dependencias”.
La empresa denunciante se basó en que el fedatario “es un profesional cuyas posibilidades de competir son muy limitadas”, por lo que “sólo el ofrecimiento de facilidades adicionales -como desplazarse a la sede de los consumidores- puede encontrar elementos diferenciadores”. Como consecuencia, impedir el desplazamiento “priva de un modo lícito de comercializar sus servicios” y “restringe el derecho de elección del notario por parte del cliente”, además de beneficiar a los notarios que poseen instalaciones más cómodas y espaciosas.
Deber de imparcialidad
Al contrario, la CNC aclara que el acuerdo sirve para salvaguardar el derecho a la libre elección del notario por el consumidor, lo que está relacionado con el deber de imparcialidad y asesoramiento al ciudadano en beneficio de la parte más débil del contrato. Ello puede verse comprometido si la prestación se hace en las sedes de las contrapartes en el negocio.
Se recuerda, además, que sobre ese acuerdo -que también existe en otros colegios notariales, como los de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia- se presentaron tres recursos de alzada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), a los que se respondió que es competencia de las juntas directivas de los colegios determinar los supuestos en que puede firmarse fuera de la oficina notarial y, además, que la actuación del notario dentro de su oficina “es la norma, mientras que la actuación fuera debe ser la excepción”.
En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que considera válido un acuerdo que limite el lugar de prestación de los servicios debido en gran parte a salvaguardar el deber de imparcialidad que caracteriza su profesión, aludiendo a la necesidad de separar las actividades que se realicen por el notario y la entidad financiera o la inmobiliaria.

La burbuja no ha acabado de desinflarse

Miércoles, 31 de octubre de 2012

El mercado lleva tres años atascado en más de 670.000 viviendas nuevas sin vender
Tasaciones dopadas y dinero no declarado
Amanda Mars Madrid 20 ocyubre 2012 – El artículo en El País
Una subasta de 1.100 pisos con descuentos de hasta el 60%. Esa es la oferta que lanzó la nacionalizada Bankia para acelerar el “drenaje” de los activos inmobiliarios que se quedó en prenda cuando los clientes dejaron de pagar las hipotecas. El Sabadell anunció la semana pasada otras rebajas de guerrilla. Los precios de la vivienda registraron en el tercer trimestre de 2012 la mayor bajada desde el pinchazo de la burbuja (un 9,3% interanual), según el Ministerio de Fomento. Y es que el mercado del ladrillo se revuelve: el sector financiero acelera la venta los restos del naufragio porque la reforma financiera les obliga a contabilizar más pérdidas de su cartera de créditos inmobiliarios, con lo que les deja manos libres para vender barato porque ya se han registrado esas caídas de valor en sus cuentas. Y Sareb, un juego de siglas que da nombre al banco malo impulsado por el Gobierno para tomar los activos tóxicos de la banca rescatada en un plazo máximo de 15 años, busca espolear las ventas.
Pero el mercado inmobiliario español no se reduce a esos más de 80.000 millones de euros en activos inmobiliarios que los bancos y cajas se han adjudicado de sus clientes morosos. El stock de vivienda nueva lleva tres años anclado en más de 670.000 unidades (último dato al cierre de 2011), pese a que los precios, según Fomento, han bajado un 25% desde su punto más alto (2008) para regresar al nivel de 2004.
¿Ya ha acabado de desinflarse la burbuja inmobiliaria en España? “Aún queda corrección por hacer [bajada de precios], estamos en recesión y con la renta de las familias bajando, la caída seguirá, y el banco malo seguramente lo acelerará, porque el descenso ha sido suave hasta ahora”, señala ́ngel Serrano, director de negocio de Aguirre Newman. Coincide el catedrático José García Montalvo, experto en el sector: “Descontando el efecto de la inflación, estamos a unos niveles de precios de 2003, pero la burbuja no está digerida porque los precios actuales no se justifican por la renta de las familias”.
El ‘banco malo’ acelerará las ventas de las entidades rescatadas
La destrucción de empleo, la bajada salarial y la recesión se han comido el efecto de esa rebaja de precios y el esfuerzo de los hogares para poder adquirir una vivienda sigue en un nivel poco saludable. Desde 1995 y hasta 2000, los precios de unas viviendas equivalían a unos cuatro años de renta total disponible media de los hogares, mientras que en junio de 2007 llegó a tocar las 7,6 veces. Hoy sigue en seis.
¿Cuánto pueden bajar aún las viviendas? Los expertos manejan otro indicador para fijar el precio razonable de la vivienda en un país, el número de veces que el precio del alquiler está incorporado en el precio de la vivienda (PER). “Actualmente el PER de la vivienda es 24,3 es decir, necesitamos las rentas de alquiler de 24 años para cubrir el precio de la vivienda”, apunta Serrano. No está claro cuál sería el PER óptimo, pero el periodo previo a la burbuja (1986-2000) arroja un valor de equilibrio del 19,4, explica este experto, así que “para llegar a este PER de 19-20 es necesario que el precio de la vivienda ajuste un 19% adicional”.
La cuestión es hasta qué punto Sareb presionará los precios. “No tiene por qué, si se usa como referencia de la depreciación las pérdidas calculadas por la consultora Oliver Wyman en un escenario económico adverso, el impacto ya estaría recogido por los saneamientos del último decreto del Gobierno”, apunta el responsable del área inmobiliaria de una entidad financiera, aunque “si los descuentos del banco malo son superiores, sí que tendría un efecto”, añade.
El esfuerzo familiar para la compra de casa sigue alto pese a la caída de precios
Fuentes del Ministerio de Economía han advertido de que el valor al que el banco malo asumirá los activos dañados conllevará “un ajuste adicional” sobre las pérdidas calculadas por Oliver Wyman. La cuantía la decidirá el Banco de España. Esta semana, en el marco del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, algunos responsables financieros advirtieron contra los efectos que tendrían de precios demasiado bajos, porque contaminarían la parte sana de la industria inmobiliaria. Aunque si fueran muy altos, no dinamizarían el sector.
El problema del sector inmobiliario es que nadie sabe muy bien lo que vale nada.
Tasaciones dopadas y dinero no declarado
A. M., Madrid
La autopsia del desastre inmobiliario en España revela otro pecado original en la formación de la burbuja: las sobretasaciones, un juego de incentivos perversos que favorecieron que el precio de tasación quedase muchas veces muy por encima del coste real de la compraventa (una media del 32% por encima), con lo que los créditos se inflaban y descontaban supuestos futuros incrementos de precios en las viviendas.
Esa es la conclusión de un trabajo de dos años elaborado por los profesores de la UPF José García Montalvo y Josep Maria Raya sobre más de 47.000 operaciones realizadas entre 2004 y 2011.
¿Por qué se sobretasaban las viviendas? Porque el Banco de España recomendaba que los créditos de los bancos no sobrepasasen el 80% del valor de tasación y el capital que las entidades necesitaban aumentaba a medida que el volumen de la hipoteca se acercaba o incluso pasaba el 100% de la tasación del inmueble adquirido. De modo que, si esta era más elevada (aunque el precio de transacción real fuera menor), la entidad cumplía con los mandamientos del supervisor y necesitaba menos capital para respaldar ese crédito. “Mientras el préstamo medio sobre las tasaciones era el 82%, cercano al máximo recomendado por el Banco de España, el ratio medio sobre el precio medio se situaba en alrededor del 110%”, señala el artículo ¿Cuál es precio corrector de la vivienda en España?, un extracto del trabajo de Montalvo y Raya.
El promedio de sobretasación respecto al precio de la compraventa alcanza el 32%, según sus cálculos. “Parte de esta diferencia la retiene el banco para cubrirse con capital supuestamente. La otra parte era usada para parar los costes de transacción, muebles, electrodomésticos, vacaciones o incluso el coche”, apunta el texto. Los expertos creen que limitar las hipotecas al 80% del precio de transacción (y no de valor de tasación) evitaría estas disfunciones.
La investigación elaborada para la fundación de cajas de ahorros (Funcas) también compara los datos registrales de compraventa con los valores de tasación y los de las operaciones (a partir de las comisiones de intermediarios) y permite hacerse una idea del volumen de dinero no declarado que se movió en esos años: un promedio del 8%.

Dimite el presidente de Metrovacesa

Miércoles, 31 de octubre de 2012

La compañía ha nombrado como sustituto de Vitalino Nafría Aznar a Ignacio Moreno Martinez
La noticia en El País – Madrid 30 octubre 2012
El presidente de Metrovacesa deja sus cargos. El consejo de administración de la compañía ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha aceptado la dimisión presentada por Vitalino Nafría Aznar como consejero y presidente de la sociedad. Nafría llegó al cargo en febrero de 2009. En el comunicado, Metrovacesa le ha agradecido “expresamente los servicios prestados durante el ejercicio su cargo”. El Consejo ha señalado además que “previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, ha nombrado como nuevo consejero de la sociedad a Ignacio Moreno Martinez mediante cooptación”. Asimismo, Moreno ha sido elegido presidente del consejo de administración y miembro de la comisión ejecutiva.
En 2009, seis bancos acreedores de la familia Sanahuja, accionista de Metrovacesa, tomaron el 65,52 % del capital de la inmobiliaria y nombraron presidente al ex directivo del BBVA, Vitalino Nafría. Cuando llegó al cargo, ya estaba previsto que su permanencia fuera solo temporal, mientras se reestructuraba la compañía. A pesar de eso, se ha mantenido al frente de la firma más de tres años.
En el primer semestre del año, la inmobiliaria perdió 151,26 millones de euros ””frente a las ganancias de 15,3 millones de un año antes””, después de que sus ingresos bajasen cerca de un 20%, su entrega de viviendas retrocediese un 30% y la valoración de sus activos también bajara. Su deuda financiera neta consolidada a 30 de junio se situó en 5.053,9 millones de euros, un 0,4% más que al cierre de 2011.

Una nación de ovejas engendra un gobierno de lobos. Edward R. Murrow

Martes, 30 de octubre de 2012

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Cómo va lo mío. Consulta telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia

Martes, 30 de octubre de 2012

Enlace a la página web del Ministerio de Justicia

Consulta telemática de expedientes de nacionalidad española por residencia
Quién puede solicitarlo/presentarlo
Estado de mi solicitud
Qué es
La consulta telemática de los expedientes de solicitud de nacionalidad permite a los ciudadanos conocer el estado de tramitación en que se encuentra su expediente ante la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (Dirección General de los Registros y del Notariado).
El Ministerio de Justicia pone a disposición de los solicitantes de nacionalidad española por residencia la consulta, a través de su página web, sobre el estado de sus expedientes tramitados en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil.
Los datos obtenidos a través de este sistema son de carácter meramente informativo, siendo un canal de información complementario al servicio de atención al público, presencial o telefónico, existente en la Unidad de nacionalidad.
Quién puede solicitarlo/presentarlo
Puede solicitar la consulta telemática del expediente de solicitud de nacionalidad española por residencia cualquier persona interesada siempre que disponga del Número de Identificación de Extranjero (NIE) y del número del expediente.
Estado de mi solicitud
Seguimiento de mi solicitud
Cómo va lo mío

El TC da la razón a la Generalidad sobre la potestad de los registradores

Martes, 30 de octubre de 2012

La norma autonómica, aprobada bajo la dirección de Montserrat Tura en la Consejería de Justicia, establece que la Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas de la Generalidad tiene potestad para dirimir conflictos entre notarios y registradores aunque sean sobre el derecho nacional.
Redacción de lavozdebarcelona.com – 26 de octubre de 2012
El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto a favor de la Generalidad y ha rechazado el recurso interpuesto por el Gobierno en 2009 contra cuatro artículos de la autonómica Ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña.
Los artículos fueron recurridos ante el TC tras la aprobación de la norma por parte del Parlamento autonómico al considerar el Gobierno que en una cuestión en litigio entre el notario que haya firmado una escritura y el registrador encargado de registrarla en el registro de la propiedad, la autonómica Dirección General de Derechos y Entidades Jurídicas de la Generalidad (DGDEJ) no debía tener potestad para resolverla en asuntos que no afectan al derecho catalán y sí de derecho nacional.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha resuelto que la DGDEJ sí podrá ser la autoridad que dirima en caso de litigio entre notario y registrador, aunque el asunto no corresponda con el derecho catalán. Para la Consejería de Justicia, que ha informado de la sentencia del TC en una nota de prensa, esta decisión ”˜corrige”™ el ”˜afán recentralizador que el Estado está aplicando, de hecho, sobre determinadas competencias autonómicas”™.
Resoluciones vinculantes previas a la vía judicial
De esta manera, las entidades o personas jurídicas o físicas que quieran interponer un recurso contra la decisión negativa de un registrador, para inscribir un título o una cláusula en un registro, ya sea de la propiedad, mercantil o de bienes inmuebles, lo tendrán que hacer ante la Consejería de Justicia, y no ante el Ministerio de Justicia, antes de acudir a la vía judicial.
Además, las decisiones que tome la DGDEJ serán vinculantes y, por tanto, de obligado cumplimiento para los registradores, una vez sean publicadas en el Dirario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC). La norma también evita que existan dos caminos para posibles recursos (vía Generalidad o vía Gobierno) que puedan concluir con resoluciones contradictorias

El Supremo ratifica el decreto contra el fraude en notarías

Martes, 30 de octubre de 2012

El artículo en El País. Manuel Altozano Madrid 29 octubre 2012

La OCU denunció a la fiscalía un engaño de 93 millones de euros en 2010
La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la normativa aprobada por el Gobierno socialista contra el fraude de notarios y registradores de la propiedad en la cancelación de hipotecas. El alto tribunal ha quitado la razón al Consejo General del Notariado, que lo recurrió, y ha bendecido el decreto del último ministro de Justicia del PSOE, Francisco Caamaño, por el que se limitaba el arancel al poner fin al préstamo a los 55 euros en el caso de los notarios y a los 24 en el de los registradores. Hasta su aprobación, algunos de estos funcionarios inflaban las minutas con conceptos que, según la nueva normativa, no se pueden incluir. En septiembre de 2011 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció en fiscalía que el fraude, solo en 2010, pudo alcanzar los 93 millones de euros.
Esas tarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó una rebaja del arancel por las cancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a varios perjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios, que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negaron a aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas.
La norma impide cobrar por otros conceptos que inflaban la factura
A pesar de que la exposición de motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación de hipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender la rebaja en el arancel “a las cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos hipotecarios”, es decir, a las que se realizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios y registradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casos de subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación de hipoteca, pero no a las cancelaciones finales.
El decreto ratificado ahora por el Supremo buscaba acabar también con determinados conceptos por los que estos funcionarios cobraban sin respaldo legal. Las minutas de los notarios, por ejemplo, no podrán incluir gastos como la información registral (24 euros), fax de comunicación al registro (30 euros), certificado de cargas (24 euros), diligencia de catastro (18 euros), obtención de certificaciones bancarias (60 euros) o búsqueda de antecedentes (60 euros). Y da igual que sean en papel o telemáticas.
La norma del Gobierno, “está en consonancia con lo pretendido por las sucesivas reformas legislativas relativas al mercado hipotecario, en las que se pretende principalmente una reducción de costes para los prestatarios”, responde el alto tribunal al Consejo General del Notariado al desestimar su recurso.

Las condiciones ”˜imposibles”™ que Bruselas pedirá a España para el rescate

Martes, 30 de octubre de 2012

26 de octubre del 2012 La noticia en elconfidencialdigital
Jubilación a los 67 años, congelación de las pensiones y reducir a la mitad el número de ayuntamientos. Las condiciones ”˜imposibles”™ que Bruselas pedirá a España para el rescate
Son condiciones muy difíciles de cumplir por parte de España: el Gobierno de Rajoy sabe ya que Bruselas ultima un pliego de medidas que el Ejecutivo tendrá que cumplir si acude al Fondo del Rescate Europeo, y está negociando para intentar retrasar, lo máximo posible, su aplicación.
Según ha sabido El Confidencial Digital, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), tiene ya preparado un borrador con las condiciones que España deberá cumplir si pide el rescate a Europa para financiar la compra de su deuda soberana.
El pliego, que se hará público si España acude al Fondo de Rescate Europeo, incluye “las recomendaciones que la Comisión Europea ya realizó a nuestro país el pasado mes de mayo”; aunque “en esta ocasión se nos va a reclamar su aplicación inmediata”.
Estas palabras pertenecen a un dirigente de la delegación española en la UE, muy bien situada en Bruselas, que añade: “El listado de condiciones será muy amplio, y contendrá algunas medidas puestas ya en marcha, como la fijación de un calendario presupuestario para los próximos dos años”.
No obstante, “se hará especial énfasis en las medidas que España se comprometió a cumplir en su día y aún no ha aplicado, dejando ver que serán imprescindibles para que todos los Estados miembros acepten el rescate”. Son las siguientes:
–Aplicar ya la edad de jubilación a los 67 años: Bruselas exigirá al Gobierno de Rajoy la aplicación inmediata de la ley aprobada en diciembre de 2010 por Zapatero, que establecía el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Para la Unión Europea, la medida deberá aplicarse “sin mayor retraso” para mejorar los efectos de las reformas laborales llevadas a cabo en el país.
–Congelar las pensiones: Es una vieja reivindicación de la Comisión Europea, que se le volverá a exigir a España para el próximo curso si acude al rescate. Tal y como se adelantó en estas páginas, el Gobierno tiene intención de revalorizar las pensiones mínimas en noviembre y subir todas un 1 por ciento en enero, por lo que esta exigencia daría al traste con los planes del Ejecutivo de Rajoy.
–Eliminación de las administraciones locales: Las fuentes consultadas por ECD explican que “esta medida se ampliará verbalmente, trasladando al Gobierno la necesidad de impulsar un plan, de aplicación en los próximos años para reducir a la mitad los 8.300 ayuntamientos que existen en España.
Otras medidas que Bruselas exigirá a España, “y que serán transmitidas a Rajoy y a De Guindos en las reuniones del Ecofín”, serán la creación de un programa de reducción de empleados públicos y la revisión del actual tejido autonómico, recuperando el Estado competencias que ahora están en poder de las comunidades autónomas.
El Gobierno intenta suavizar las condiciones
Estas condiciones son conocidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que negocia con Bruselas una rebaja de las exigencias para intentar paliar el gran impacto que supondrían.
Desde el Ministerio de Economía aseguran a este diario que todas las medidas citadas “están dentro de la lista de condiciones que estamos tratando con Bruselas, y que habrá que concretar antes de decidir si acudimos o no al Fondo de Rescate”.
Bruselas asegura a España una prima de riesgo de tan sólo 200 puntos
Las fuentes de la delegación española en la UE explican a El Confidencial Digital que las altas estancias europeas calculan que, una vez solicitado el rescate y presentado un plan de ajustes cumpliendo las condiciones marcadas por Bruselas, “España tiene la garantía de que su prima de riesgo descenderá hasta los 200 puntos”.
Ese descenso, unido a la capacidad de comprar deuda soberana, “eliminará la presión de los mercados y los bancos tendrán capacidad para volver a conceder recursos a empresas y particulares para, de forma paulatina, ir reactivando la economía del país”.

El coste de pasar la ITV varía hasta en un 146% de una comunidad autónoma a otra

Martes, 30 de octubre de 2012

SegúnFacua
23.10.2012 EP La noticia en Expansión
El coste de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) varía hasta en un 146% en función de en la comunidad autónoma en la que se realice para los turismos de motor diésel y hasta un 247% en el caso de motocicletas y ciclomotores, según ha advertido Facua-Consumidores en Acción a raíz de un estudio en el que ha comparado las distintas tarifas de la ITV.
El precio oscila desde los 25,67 euros que cobran en Extremadura por un turismo diesel o gasolina, hasta los 63,23 euros que cuesta pasar la revisión a un vehículo con motor diesel en la Comunidad Valenciana, que vuelve un año más a tener las tarifas más elevadas (48,54 euros para los de gasolina con catalizador y 41,56 euros para turismos de gasolina sin catalizador).
Detrás de la Comunidad Valenciana se sitúa Castilla y León (55,72 euros para motores diésel, 46,47 euros para gasolina con catalizador y 37,04 euros sin catalizador). Mientras, las tarifas más económicas de las diecisiete comunidades autónomas son las de Extremadura y Asturias (25,67 euros y 27,10 euros, respectivamente, en todos los turismos).
La subida media que se ha producido con respecto a 2011 es del 3,89%, incluyendo el incremento del IVA, del 18% al 21%, a partir del 1 de septiembre, en aquellas comunidades que lo aplican a la tarifa de la ITV. Esto ha motivado un ligero encarecimiento de las tarifas, ya que, si bien Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Melilla y Navarra habían mantenido el importe de otros años, éste se ha visto incrementado por la subida del IVA.
Teniendo en cuenta esta subida, la tarifa media de la ITV de los turismos y vehículos de hasta ocho plazas se sitúa en 37,91 euros, un 3,9% por encima de los 36,49 euros de 2011.
Las mayores subidas de precio de la ITV para turismos de hasta ocho plazas se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta, con una subida media del 9%, pues al incremento de las tarifas se une la subida del IPSI de seis puntos. A esta ciudad autónoma le sigue la isla de Menorca, de las Islas Baleares, y País Vasco con un incremento del 5,7%.
En las ITV de motocicletas, Aragón ha aplicado subidas del 26,9%, que justifican por la necesidad de adquirir nuevos equipamientos específicos para adaptarse a la nueva normativa y que en su momento no se actualizaron las tarifas y la ciudad autónoma de Ceuta del 9%.
A estas tarifas, que establecen las propias comunidades autónomas, hay que sumar la tasa de tráfico fijada por el Ministerio del Interior en 3,60 euros, que se mantiene igual que en 2011. Comparado con 2004, esta tasa ha subido un 63,6%, mientras que el IPC de enero de 2004 a enero de 2012 es de un 23%, advierte Facua.
Precio de la ITV en motos y ciclomotores
Las diferencias tarifarias en los vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores llegan a alcanzar el 247,5%. La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20,93 euros, con un incremento este año del 4,7% con respecto a los 19,99 euros que se cobraban en 2010.
Castilla y León se sitúa nuevamente como la comunidad más cara, donde la inspección tiene un coste de 37,04 euros (en este caso para las motocicletas, pues los ciclomotores en esta comunidad tienen un coste de 14,93 euros) con un incremento de 2,6% con respecto a 2011 por el aumento del IVA.
A esta comunidad le siguen Madrid, 31,93 euros, y Galicia, 30,20 euros (para los ciclomotores, esta comunidad establece una tarifa de 19,69 euros). Y ello frente a los 11,78 euros de Murcia (10,66 euros o 12,907 euros, según se trate de estaciones de la Administración o de empresas privadas, respectivamente).
Facua reclama gratuidad en las segundas inspecciones
Por otro lado, la asociación ha insistido en reclamar la gratuidad de las segundas inspecciones si se realizan dentro de “un plazo razonable” de tiempo por rechazo de la primera. Facua resalta la importancia de las ITV para la prevención de accidentes.
En Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Mallorca, Menorca y Navarra sí se cobra la segunda inspección, con precios que suponen distintos descuentos sobre las tarifas de la primera. En el resto de comunidades autónomas y ciudades autónomas la segunda inspección por rechazo de la primera es gratuita, dentro de determinados plazos.

Disculpen las promesas

Lunes, 29 de octubre de 2012

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Varapalo judicial: el Supremo declara “ilegales” 22 paus de Madrid y compromete el futuro de hasta 135.000 viviendas

Lunes, 29 de octubre de 2012

Miércoles, 24 Octubre, 2012 – publicado por idealista.com

El Tribunal Supremo ha puesto en jaque el futuro de 22 nuevos barrios de madrid llamados a albergar 135.000 nuevas viviendas. en una sentencia en firme -sobre la que no cabe ya recurso- ha declarado ilegales las recalificaciones de suelos protegidos en suelos urbanizables de los Planes de Actuación Urbanística (pau) de arroyo fresno y campamento. ecologistas en acción, impulsora de la denuncia, afirma que la sentencia también afectaría a los pau en desarrollo más importantes de la capital, como Valdebebas, Los Berrocales, los Cerros, los Ahijones y Valdecarros, entre otros
Hasta que se aclaren las consecuencias, el desconcierto reina entre las decenas de miles de familias afectadas por haber comprado una vivienda en estas zonas. la mayoría están construyéndose o aún en proyecto, pero sobre muchas de ellas ya hay importantes cantidades de dinero desembolsadas por la compra de suelo o la promoción de las mismas. de momento, nadie sabe medir las consecuencias de esta sentencia, debido además a que las primeras reacciones del ayuntamiento no transmiten tranquilidad ni acotan las consecuencias
La sentencia del TS deja clara la anulación de los acuerdos que permitieron la conversión de estas áreas protegidas en suelo urbanizable. por lo tanto, sólo queda esperar a que haya más reacciones y aclaraciones. Ecologistas en Acción, organización que está detrás de la denuncia, ha detallado las zonas afectadas por la sentencia, ya que en principio en la misma sólo se señala expresamente los ámbitos urbanísticos de Arroyofresno y las Instalaciones Militares de Campamento. sin embargo, ecologistas en accion afirma que están afectados en total 90 millones de m2, donde se planeaban construir o se habían iniciado 135.000 viviendas. entre las más conocidas, los Ahijones, los Cerros, los Berrocales, Valdecarros, ciudad aeroportuaria-parque de valdebebas, la solana de Valdebebas y Fuente Fría del Norte, además de las ya señaladas Arroyo del Fresno, Campamento
Ecologistas en acción, muy satisfechos
El comunicado de ecologistas en acción subraya que serían “nulos” los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) y que “la decisión judicial echa por tierra el intento de maquillar el problema como una cuestión formal”. Ecologistas en Acción valora “muy positivamente esta sentencia” y denuncia que “la administración municipal y la autonómica han tratado de eludir el cumplimiento de la sentencia de 2007, tratando de legalizar lo que no era legalizable, aprobando planes parciales e incluso concediendo licencias de edificación, a sabiendas de la inseguridad jurídica que podía provocar en los ciudadanos que han adquirido viviendas en los sectores afectados”
En la actualidad, Ecologistas en Acción, continúa el escrito, “estudia las medidas que podría solicitar a los tribunales con el objetivo de conseguir que la sentencia sea cumplida y se preserven los ámbitos afectados, algunos de ellos con gran valor ambiental”
el ayuntamiento, desconcertado
Según señala el diario 20 minutos, Paz González, concejal de Urbanismo y Vivienda en el consistorio que dirige Ana Botella, reconoció este miércoles en la comisión del ramo que no puede hacer nada. Solo le queda, confesó, estudiar a qué mecanismo acogerse la Administración para subsanar las consecuencias, difíciles de calcular aún ya que la mayoría de las viviendas ni siquiera están construidas
El Ayuntamiento de Madrid también ha señalado que además de estudiar el mecanismo de subsanación para hacer frente a la sentencia, actuará en el plazo más breve posible para acatar la decisión judicial, aunque pedirá aclaración de la sentencia
La sentencia, con fecha del pasado 28 de septiembre, pone fin a un largo proceso judicial por los paus de Madrid donde también ha presionado el partido socialista (psoe). en concreto arranca en 1997, cuando el entonces alcalde, José María ́lvarez del Manzano, declaró edificable gran parte del terreno municipal disponible en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). en 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en contra del mismo. El Supremo lo ratificó en 2007, pero el Consistorio, ya con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, siguió litigando y promoviendo que constructoras y cooperativas desarrollasen sus proyectos
La Comunidad de Madrid intervino en 2008 para tratar de subsanar el problema con una memoria justificativa que razonase el uso de suelo protegido para construir, pero el TSJM decidió en 2011 que no había lugar. Ante el recurso del Gobierno regional, el Supremo ha confirmado la decisión y la nulidad de los 22 planes
Paus malditos
Se trata de un nuevo capítulo de problemas en los pau alrededor de madrid. en 2009, idealista news alertó del drama que se estaba viviendo en los pau de berrocales, los ahijones, el cañaveral y los cerros de madrid, donde muchos cooperativistas perdieron su dinero. en el caso de arroyo del fresno, un desarrollo ubicado en una zona privilegiada al norte de madrid, no es el primer problema al que se enfrenta ya que estuvo parado 10 años por problemas judiciales
En algunos de estos desarrollos se están levantando ya viviendas, mientras que otros incluso tienen paradas de metro construidas. entre todos ellos se han invertido millones de euros por parte de la administración, empresas y particulares.

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Listado suministrado por Ecologistas en acción

Justicia acumula un atraso de 430.000 peticiones de nacionalidad

Lunes, 29 de octubre de 2012

Decenas de miles de personas esperan una respuesta desde hace cuatro años
José María Irujo Madrid 28 octubre 2012 – El artículo en El País
Los 430.000 expedientes de nacionalización atrasados se están digitalizando contra reloj en una planta de 1.800 metros en el Colegio de Registradores de España.

Reclaman la nacionalidad española, pero no reciben respuesta. Más de 430.000 personas residentes en España aguardan desde hace años una contestación del Ministerio de Justicia a su petición de nacionalidad. El atraso acumulado es de unos cuatro años y en el caso de las peticiones más complejas se alarga a siete. Cada mes 10.000 nuevos expedientes se acumulan en gigantescas torres de documentos. Ciudadanos residentes en España de Marruecos, Ecuador, Colombia y Perú encabezan la estadística de atrasos.
Detrás de cada expediente hay una persona y en muchos casos una familia pendiente de una respuesta que puede cambiar sus vidas: acceder a un puesto de trabajo, tener derecho al voto o viajar con un pasaporte español sin restricciones. Derechos fundamentales que no llegan porque la tramitación de las solicitudes ha quedado obsoleta. “Nos preocupa el atraso por lo trascendental que es para estas personas que les demos una respuesta a la que tienen derecho”, asegura Joaquín Rodríguez, director de los Registros y Notariado, el organismo del Ministerio de Justicia encargado de su tramitación.
Durante dos meses camiones custodiados por un dispositivo de seguridad del Cuerpo Nacional de Policía han trasladado 430.000 expedientes de nacionalización desde los sótanos de la Dirección General de Registros y Notariado, en el número 6 de la madrileña calle de Jacinto Benavente, hasta una planta de 1.800 metros cuadrados en el moderno complejo donde se aloja el Colegio de Registradores de España. Un edificio que costó 135 millones de euros. El traslado obedece a un plan de choque del Ministerio de Justicia, con la colaboración de mil registradores, para desbloquear el atasco.
Un plan de digitalización intenta resolverlos antes de Navidad
Frente a 300 palés donde descansan las 420.000 solicitudes de nacionalización (otras 10.000 continúan en los sótanos de la calle Jacinto Benavente) un equipo de 60 personas trabaja contra reloj en el centro de digitalización al que se accede mediante un sistema de reconocimiento de huella. “Son expedientes confidenciales, tienen unos 40 folios y muchos vienen en documentos lacrados, con cintas, escarapelas y sellos que hay que liberar. Se invierte en cada uno unas tres horas y envían al servidor del Colegio como documento electrónico firmado”, explica el registrador de la propiedad encargado del proyecto.
Esta semana se habían digitalizado 206.000 y la encomienda entre Justicia y los 1.000 registradores que participan en el convenio sin cobrar concluye el 31 de diciembre. “No estábamos preparados para el aluvión de peticiones de los últimos años y los expedientes guardados en estos archivos son trascendentales. En cada uno de ellos hay una historia personal o familiar”, explica el registrador. Alfonso Candau, decano del Colegio de Registradores de España resume así su tarea: “Nuestro trabajo es burocrático y masivo. Comprobamos que el expediente reúne los requisitos, que la documentación está completa y hacemos una propuesta. La decisión final es de Justicia. No hay margen de discrecionalidad”. Los registradores trabajan conectados con 17 centros (Policía, Guardia Civil, Registro Civil, consulados etc.). “No movemos un solo papel. Se trata de que no haya una actividad presencial”, dice Candau.
Aunque un portavoz de Interior afirma que existe un “patrón” sobre las preguntas que la policía hace a los solicitantes para elaborar un informe sobre su arraigo en España, varias personas consultadas aseguran haber tenido que contestar a preguntas como estas: “¿Quién gobierna mejor, el PP o el PSOE? ¿Da más trabajo la izquierda o la derecha?”. También se someten a una entrevista con el juez del Registro Civil donde presentan su solicitud.
Joaquín Rodríguez, director de los Registros y Notariado, reconoce la inconveniencia de algunas preguntas. “Queremos ir a un sistema objetivo y único de entrevistas. Evitar que las preguntas sean distintas en cada caso, que se pregunte sobre lo que se les ocurre en cada juzgado. En otros países hay catálogo o libros que el solicitante puede estudiar. Está bien claro lo que se debe saber para acceder a la nacionalidad. En Noruega te exigen saber noruego. En Alemania se sabe lo que te pueden preguntar. Todo tiene que ser más organizado”.
Justicia quiere responder a los 430.000 solicitantes antes de Navidad. “Los registradores nos enviarán su propuesta y nosotros resolveremos. Mover el papel como hacíamos antes era una locura”, dice el director. Mediante el nuevo sistema se notificará telemáticamente la resolución al Registro Civil y este comunicará al peticionario que dispone de 180 días para jurar o prometer acatar la Constitución y al Rey.
El Código Civil establece que los ciudadanos de países hispanoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial pueden conservar su nacionalidad. El resto está obligado a renunciar. “El esfuerzo es enorme, pero nos hemos comprometido a acabar con este monumental atasco”, asegura Rodríguez.

Dedicada una avenida al Notario Juan José Martinez Román asesinado hace 3 años

Lunes, 29 de octubre de 2012

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25 de Octubre de 2012 En Torreviejaip
El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, descubrió la placa en memoria del Notario Juan Jose Martinez Román, asesinado en su puesto de trabajo hace tres años. En este sencillo homenaje participó la viuda del notario, Mariola Casanova, quien agradeció al ayuntamiento las muestras de afecto hacia su esposo. La Avenida se encientra frente al hotel Cabo Cervera, en La Mata.

Windows 8, una oportunidad para Microsoft de recuperar el brillo de antaño

Lunes, 29 de octubre de 2012

El gigante de informático lanza la esperada última versión de su sistema operativo, que esta vez es táctil, ubicuo y enganchado a la nube
La noticia en Público / Agencias Madrid 25/10/2012
Táctil, ubicuo y muy visual, así es Windows 8, la nueva versión del sistema operativo de Microsoft que llega al mercado con la vista puesta en las tabletas y con el propósito de recuperar el brillo de antaño. La informática en la nube, el boom de las aplicaciones y la movilidad conforman el espíritu de la nueva apuesta de Microsoft para el mercado de consumo, donde ha perdido fuelle en los últimos años.
Lo que más llama la atención de Windows 8 es su interfaz: multitáctil, colorida y compuesta de aplicaciones, muy orientada a las tabletas. El sistema se ha concebido para que la experiencia del usuario sea la misma con independencia del dispositivo que utilice. Con una misma cuenta de correo electrónico, el usuario puede acceder a su configuración, sus contactos y sus datos desde distintos dispositivos. Windows 8 también recoge el fenómeno de la segunda pantalla: permite dividir el monitor en dos para realizar varias actividades a la vez: por ejemplo, escribir un documento y consultar el tiempo, tuitear y ver un vídeo.
Según la compañía han “reinventado Windows para esta nueva era”, que estará marcada por la conexión entre dispositivos y una variedad de equipos que hará que Windows vaya más allá del PC.
Lo que más llama la atención de Windows 8 es su interfaz: multitáctil, colorida y llena de ‘apps’
Casi todo ha cambiado
Esta nueva versión de Windows requerirá que el usuario se familiarice con su funcionamiento: menús deslizantes, nuevas formas de navegar y una nueva manera de cerrar los programas, por ejemplo. Pero desde la compañía de Redmond insisten en que éste es un Windows “reimaginado”, pero no reinventado, y en efecto, más allá de su carcasa, los cimientos del nuevo sistema operativo beben de la arquitectura clásica de Windows y el usuario puede elegir que aparezcan cuando lo desee.
El sistema llevará integradas las aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendario, mapas, contactos, Xbox Music, vídeo, el navegador Internet Explorer 10, Smartglass -que permite la interacción entre distintas pantallas- y el servicio de almacenamiento en la nube Skydrive.
Muchos fabricantes ya han anunciado equipos y dispositivos con este nuevo sistema operativo. En ese contexto las tabletas y los dispositivos convertibles -a medio camino entre la tableta y el ordenador portátil- serán los productos estrella. La propia Microsoft ha entrado en la producción de dispositivos -con la tableta Surface- y pretende hincar el diente a los servicios en la nube -con Xbox Music y más adelante con el cine-, como ya hacen con éxito considerable Apple o Amazon.
Un primer vistazo al sistema da una sensación diferente. El sistema ha sido adaptado al contexto actual del mundo de la informática “y sobre todo pensando en el futuro, reinventando el sistema operativo”, aseguran desde Microsoft. Lo cierto es que Microsoft parece haber tomado nota, ya ha desarrollado un sistema operativo totalmente nuevo.
Una de las virtudes del sistema que más se ha defendido es su versatilidad y adaptabilidad a los distintos tipos de equipos. En este sentido, Microsoft ha creado dos versiones Windows RT y Windows 8 Pro, pensadas para garantizar la misma experiencia en todo tipo de dispositivos.
Después de algunos años instalado en la comodidad, gracias al éxito en el mercado profesional y también a los buenos réditos cosechados en el ámbito del ocio interactivo con Xbox, Microsoft afronta un otoño movido. No sólo lanza Windows 8, también Windows Phone 8, el servicio de música en streaming Xbox Music, una nueva versión de Internet Explorer, la tableta de fabricación propia Surface -con la que espera competir con el iPad- y la aplicación Smartglass, que permitirá acceder a los contenidos de Xbox Live desde teléfonos y tabletas y pasarlos de la pantalla de un dispositivo a un televisor.
Windows 7 y ‘Apps’
Microsoft ha hecho especial énfasis en el trabajo de desarrollo de Windows 8 enfocado a su instalación en equipos Windows 7. La compañía quiere conquistar el mercado empezando por los equipos que ya tienen Windows 7 y por eso ha diseñado esta versión de forma que pueda ser instalada en el parque de equipos con la anterior versión. Microsoft ha vendido 670 millones de licencias de Windows 7 y ha confirmado que en su estreno, Windows 8 va a poder llegar a 420 millones de dispositivos.
Para conseguir fomentar su instalación, Microsoft ha explicado que su nuevo SO es capaz de mejorar el rendimiento de equipos Windows 7 en un 33 por ciento y mejorar el rendimiento de su batería.
Windows 8 y Windows Phone, el sistema operativo de Microsoft para móviles, comparten núcleo. En relación con este ecosistema, la compañía ha destacado la importancia del servicio Windows Store, el centro de aplicaciones de Windows que se lanza en 231 mercados y que llegará con más aplicaciones que ninguna otra tienda en su estreno. La compañía tiene la esperanza de que el sistema consiga prosperar también a nivel de contenidos.
Después de una larga espera, los fabricantes de ordenadores esperan que Windows 8 consiga impulsar el maltrecho mercado de los PC.

La tasa de morosidad se ha multiplicado por 12 desde el inicio de la crisis

Lunes, 29 de octubre de 2012

Uno de cada diez euros prestado por la banca tiene difícil recuperación
La morosidad de la banca española ha superado la barrera del 10%. En agosto, la proporción de créditos de dudoso cobro alcanzó el 10,5% del total, según los datos que acaba de publicar el Banco de España.
Miguel M. Mendieta – Madrid – 18/10/2012 – La noticia en Cinco Días
Hay noticias que, aunque esperadas, siguen produciendo un escalofrío en quien las lee. El sector financiero español sabía desde hace meses que superaría el máximo histórico de tasa de morosidad (que databa de febrero de 1994) y así ocurrió cuando se publicaron los datos del pasado mes de junio. Ayer, cayó una nueva barrera psicológica: la proporción de créditos impagado superó por primera vez la cota del 10%.
Esta fría estadística esconde una realidad abrumadora: uno de cada diez euros prestados por los bancos y caja españoles será difícilmente cobrable, y la proporción sigue subiendo sin parar. En términos absolutos, la morosidad asciende a 178.600 millones de euros (el 10,5% del volumen total de la cartera crediticia de la banca, y el 16,6% del PIB).
Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, en diciembre de 2007, el volumen total de créditos en mora era de 16.500 millones de euros (no llegaba al 1% del total). Desde que comenzó la crisis financiera internacional, en agosto de 2007, la tasa de morosidad en España se ha multiplicado por 12.
Con los dos decretos promovidos por Economía para elevar las provisiones exigidas a las entidades financieras y la inminente ayuda a Bruselas para las cajas nacionalizadas, el sector ha tenido que ajustar sus valoraciones de activos inmobiliarios y reconocer mucha morosidad no registrada en créditos a promotores. El agravamiento de la crisis y la pertinaz parálisis en la compraventa de viviendas ha agravado aún más los problemas de la banca.
En lo que va de ejercicio, el volumen total del crédito dudoso ha aumentado en 39.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 28%. Lo peor de esta espiral de morosidad es que ningún experto se atreve a vaticinar cuánto se acabará.
La morosidad de la banca española ha superado la barrera del 10%. En agosto, la proporción de créditos de dudoso cobro alcanzó el 10,5% del total, según los datos que acaba de publicar el Banco de España.

No a la quema de libros

Domingo, 28 de octubre de 2012

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Encuesta de Población Activa (EPA). Tercer trimestre de 2012

Domingo, 28 de octubre de 2012

26 octubre 2012

Principales resultados
La ocupación desciende en 96.900 personas en el tercer trimestre de 2012, hasta un total de 17.320.300. La tasa de variación trimestral del empleo se sitúa en el -0,56%. La ocupación disminuye en 49.400 personas en el empleo público y en 47.600 en el empleo
privado.
El número de trabajadores por cuenta propia se incrementa en 65.100 este trimestre. De ellos, 56.500 son trabajadores independientes o empresarios sin asalariados. El total de asalariados con contrato indefinido baja en 179.400, mientras que el de asalariados con
contrato temporal sube en 15.300.
La ocupación aumenta en 3.700 personas en la Industria, baja en 56.100 en la Construcción, en 32.700 en los Servicios y en 11.900 en la Agricultura.
Las comunidades autónomas en las que más aumenta la ocupación son Illes Balears (25.200 personas más), Extremadura (16.300) y Galicia (14.000). Los mayores descensos este trimestre se registran en Andalucía (58.400 ocupados menos), Cataluña
(36.300) y País Vasco (25.100).
El número de parados crece en 85.000 personas y alcanza la cifra de 5.778.100. La tasa de paro se incrementa 38 centésimas hasta el 25,02%.
Las mayores bajadas del número de parados se dan en Comunidad de Madrid (15.100 parados menos este trimestre), Galicia (11.900) y Castilla-La Mancha (9.600). Los mayores incrementos se observan en Andalucía (61.300), Comunitat Valenciana (26.500) y Región de Murcia (20.600).
La población activa disminuye en 12.000 personas. La tasa de actividad sube cuatro centésimas hasta el 60,12%.

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

Una de cada cuatro personas, en paro

Domingo, 28 de octubre de 2012

Ya hay 5.778.100 desempleados
El 25% supone la tasa más alta desde el año 1976
En el último trimestre el número de parados subió en 85.000 personas
Se destruyen 96.900 empleos en el trimestre, 50.000 en el sector público
La noticia en El Mundo | Agencias | Madrid 26/10/2012
Una de cada cuatro personas con edad y voluntad de trabajar en España no puede hacerlo. Se trata de la cifra más alta en toda la democracia.
La tasa de paro escaló al cierre de septiembre hasta el 25,02%, porcentaje casi cuatro décimas superior al del trimestre anterior (24,63%).
Así lo muestran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El paro subió en 85.000 personas en el tercer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 1,5% más, lo que deja el número total de desempleados en 5.778.100 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, los datos sólo abarcan hasta 1976. En ningún trimestre desde entonces se ha registrado una tasa de desempleo tan elevada como la actual.
En el tercer trimestre de 2010 y 2009 el paro logró reducirse, no así este año, donde ha vuelto a subir el desempleo, al igual que ocurrió en 2008 y 2011.
50.000 puestos públicos destruidos
Durante el tercer trimestre se destruyeron 96.900 puestos de trabajo (-0,56%), con lo que el número de ocupados alcanzó la cifra de 17.320.300 personas, su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2003.
De los casi 97.000 empleos destruidos entre julio y septiembre, 49.400 pertenecían al sector público y 47.600 al privado, reflejándose de este modo el recorte de personal que están haciendo las administraciones públicas para rebajar costes y reducir el déficit.
El comportamiento del empleo en este tercer trimestre de 2012 es ligeramente mejor al del año 2011, a pesar de la subida del paro y del volumen de empleo destruido. Entre julio y septiembre del año pasado se perdieron 146.800 empleos (ahora se han destruido 96.900) y el número de parados aumentó en 144.700 (ahora ha aumentado en 85.000).
El descenso de la ocupación ha afectado en mayor medida a los mujeres, con 68.700 empleos menos, mientras que entre los varones se destruyeron 28.200 puestos de trabajo. Por su parte, el paro impactó casi en exclusiva a las mujeres, con 75.500 desempleadas más, frente a un repunte de los hombres en paro de 9.500 personas. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el paro se incrementó en el tercer trimestre en 799.700 desempleados, un 16,06%, mientras que los empleos destruidos alcanzan los 835.900 (-4,6%).

Bankia sufre hasta septiembre unas pérdidas récord de 7.053 millones

Domingo, 28 de octubre de 2012

Los números rojos son los mayores de la historia financiera española
La entidad ha cubierto el 75% de los saneamientos inmobiliarios exigidos
͍ñigo de Barrón Madrid 26 octubre 2012 – El artículo en El País
Bankia ha roto todos los récords de pérdidas. La entidad nacionalizada que preside José Ignacio Goirigolzarri sufrió unos números rojos de 7.053 millones de euros, un récord en la historia del sistema financiero español. Solo en el tercer trimestre perdió 2.605 millones. Está previsto que pierda unos 10.000 millones en todo el ejercicio 2012 por la necesidad de cubrir todas los activos dañados antes de finalizar el ejercicio.
Las provisiones realizadas por Bankia para cubrir las pérdidas por deterioros de activos ascendieron a 11.485 millones, lo que le ha llevado a perder 7.053 millones. Estas provisiones incorporan aproximadamente el 75% de las provisiones requeridas por las nuevas normas de saneamiento del sector. La cobertura de los créditos dudosos es del 71,4%, frente al 60,2% de hace nueve meses. La morosidad de la entidad alcanza el récord de 13,3% frente al 7,6% que tenía en diciembre de 2011 y los dudosos ascienden a 25.314 millones.
Los activos de riesgo han caído en 10.000 millones y suman 190.059 millones. En cuanto a su participación inmobiliaria, la entidad admite contar con activos inmobiliarios adjudicados de construcción y promoción inmobiliaria por 2.847 millones de valor neto contable y 1.160 millones en activos procedentes de la financiación para adquisición de vivienda.
A la espera de la inyección
Bankia está a la espera de que llegue la inyección de 19.000 millones de capital procedente del rescate europeo. Mientras tanto, su ratio de core capital (el capital de máxima calidad) está situado en el 4,7% hasta septiembre, por debajo del mínimo exigido, que es del 8%. Las entidades intervenidas pueden permanecer con un ratio de capital inferior al mínimo, según la normativa europea. En lo que va de año ha cerrado 141 oficinas (ahora tiene 3.107) y ha reducido la plantilla en 707 personas (cuenta con 20.126 hasta septiembre).
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El crédito de Bankia al sector privado se ha recortado un 11,9%, hasta 139.584 millones. Los préstamos han caído en 22.360 millones y solo se incrementan los de la Administración, a la que le presta 2.473 millones más que en diciembre pasado. Este el mayor recorte de créditos de toda la banca, con los datos conocidos hasta ahora. La mayor caída del crédito se produjo en el hipotecario, donde ha prestado 10.823 millones y 5.047 millones en los créditos personales.
Por su parte, los recursos de clientes se han reducido en un 25,1%, en parte por la salida de depósitos que ha seguido a la crisis de la entidad. A 30 de septiembre de 2012 los depósitos estrictos de clientes totalizaban 98.793 millones de euros incluyendo los pagarés emitidos por el grupo, con un descenso de 14.257 millones sobre diciembre. Según la entidad, los depósitos de clientes cayeron un 15,8% sobre el cierre de 2011. “Esta evolución se explica por la menor financiación a través de cámaras de contrapartida europeas, la amortización de cédulas y el descenso de los depósitos de clientes”.
El mismo ratio de créditos sobre depósitos
Al cierre del tercer trimestre, la diferencia entre los créditos y los depósitos se mantuvo casi igual a lo que estaba. El ratio de créditos sobre depósitos es del 167%, igual que hace un año. En esta variable negativa, también Bankia está a la cabeza del sector. En cuanto a los vencimientos pendientes, Bankia comenta que tiene 16.713 millones por amortizar hasta 2015. A 30 de Septiembre, el grupo ha cubierto el 98% de los vencimientos mayoristas previstos para 2012, por un total de 17.438 millones.
La morosidad de la entidad alcanza el récord de 13,3% frente al 7,6% que tenía en diciembre de 2011
La cuota de mercado de Bankia sobre depósitos del sector privado residente ha variado del 10,4% de diciembre al 9,4% de agosto (último dato disponible). “La evolución de los depósitos de la entidad en el tercer trimestre ha seguido un comportamiento similar al experimentado por el conjunto del sector en el mismo periodo”, dice el banco.
En el tercer trimestre del año, el Grupo Bankia ha generado un beneficio operativo antes de provisiones de 306 millones de euros, soportado principalmente por un margen de intereses de 744 millones de euros y unas comisiones netas de 226 millones de euros. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el beneficio operativo, antes de las provisiones, asciende a 1.457 millones de euros.
En los primeros nueve meses del ejercicio los gastos de administración ascendieron a 1.537 millones de euros, lo que representa un descenso de 131 millones de euros (-7,9%) con respecto al mismo periodo del año anterior en términos recurrentes.

Los notarios tendrán que aplicar el IVA en sus facturas

Domingo, 28 de octubre de 2012

Ultimátum de la CE

La noticia en negocios.com
En la actualidad, España aplica una exención que según el análisis de Bruselas no permiten las normas de la UE sobre el IVA.

La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un ultimátum a España para que aplique el IVA a los servicios prestados por los notarios en relación con las transacciones financieras.

El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno español tiene ahora dos meses para ajustar la legislación nacional a las exigencias de Bruselas. En caso contrario, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En la actualidad, España aplica una exención a los servicios prestados por los notarios en relación con las transacciones financieras, una exención que según el análisis de Bruselas no permiten las normas de la UE sobre el IVA.

La directiva sobre el IVA prevé una exención en favor de los servicios financieros. Por ejemplo, la concesión de un crédito o la venta de acciones son transacciones exentas del IVA.

Por el contrario, la intervención de un notario consiste esencialmente en preparar documentos públicos que dan fe de actos civiles y mercantiles y contratos, garantizando su autenticidad y exactitud. Incluso en el caso de que estos servicios se presten en relación con una transacción financiera, son claramente distintos de la transacción y, por lo tanto, de naturaleza no financiera, según aduce el Ejecutivo comunitario.

Hatebook

Sábado, 27 de octubre de 2012

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El Gobierno pone en marcha una auditoría de todo el Estado para evitar gastos inútiles

Sábado, 27 de octubre de 2012

A través de una comisión dependiente de Sáenz de Santamaría y Montoro
A. C. 26/10/2012 El artículo en El Confidencial
El Gobierno ha puesto en marcha una comisión, en la que estarán integrados todos los Ministerios, para auditar todos los niveles de la administración (estatal, autonómica y local) para evitar duplicidades y gastos superflúos. Estará adscrita al Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro pero la presidencia efectiva recaerá en un hombre de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha anunciado en la rueda de prensa una gran auditoría “a todos los niveles de las administraciones públicas” cuyo objetivo primordial será “ser más eficientes y no malgastar. Un trabajo de bolillos, de tener un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca, pero que no puede retrasarse más. Tendremos que asumir muchas maneras de gestionar de las empresas privadas para hacer una administración mucho más simple y coordinada”, ha dicho Sáenz de Santamaría.
La fecha para que esté lista esta ingente tarea es la del 30 de junio del año próximo. La comisión, que estará adscrita al Ministerio de Montoro, concretamente a la Secretaría de Estado que encabeza Antonio Beteta, tendrá, sin embargo, una permanente vigilancia de la Vicepresidencia de Sáenz de Santamaría, que ha dejado claro que estará presidida por su subsecretario Jaime Pérez Renovales. Tendrá, ademas de un representante de la Oficina Económica de Moncloa y de la Presidencia, un representante de cada uno de los ministerios con rango mínimo de director general.
Sáenz de Santamaría ha explicado que la labor de inspección y evaluación de todos los gastos supérfluos se hará en cuatro subcomisiones con un plan de trabajo para cada una de ellas. La primera se ocupará de evitar duplicidades y solapamientos en una misma competencia.
La segunda tendrá como competencia la simplificación administrativa en los tres niveles, estatal, autonómico y local, para que los trámites que debe llevar a cabo un ciudadano sean lo más sencillos posibles.
La tercera se ocupará de la gestión de servicios y medios comunes. Este punto es el más peliagudo puesto que supondrá la eiminación de puestos públicos que están solapados en las distintas administraciones.
Por último, la cuarta subcomisión se encargará de repasar toda la estructura institucional y determinar los organismos, fundaciones, institutos, entes, etc que cumplen la misma función en los distintos niveles. Se evaluará cuál es el que mejor cumple la labor que tiene encomendada y se recomendará la eliminación de los que estén duplicados o triplicados.

Comunicado de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales

Sábado, 27 de octubre de 2012

Comunicado público por el cese del ministro de Justicia Sr. Alberto Ruiz Gallardón y anuncio de movilizaciones.

Fecha 25 octubre 2012 | Tema: Notas del Secretariado. Enlace a la página web de UPSJ
Tras diez meses de gestión del actual Ministerio de Justicia, y meses de negociación y contactos infructuosos con el mismo, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, junto con el Sindicato de Secretarios Judiciales, considera inevitable pedir al Gobierno de la Nación el relevo del Ministro de Justicia, Sr. Ruiz-Gallardón, y de los principales responsables de una línea política radicalmente equivocada.

Consideramos que existen sobrados motivos más que justificados para sustentar tal petición y ello siempre desde nuestra más profunda comprensión de la actual situación económica y social y nuestro compromiso con la prestación de un servicio público de calidad, pero consideramos que la situación de la administración de Justicia en España ha alcanzado en los últimos meses un importante grado de deterioro institucional, y advertimos a la ciudadanía del grave riesgo de involución en un sector que está llamado desde hace décadas a una de las más importantes reformas de nuestra historia reciente. Los motivos del cese solicitado son los siguientes:

1.- Paralización de la reforma de la administración de justicia

La Nueva Oficina Judicial es el proyecto de reforma institucional más ambicioso de nuestra historia democrática y uno de los más esperados por la ciudadanía. Las valoraciones ciudadanas sobre la justicia evidencian la lentitud e ineficiencia de la misma. Las diferentes fuerzas políticas, hace ya más de una década, alcanzaron el Pacto por la Justicia y consensuaron una reforma de largo recorrido, cuyo principal hito legislativo ha sido la aprobación por unanimidad de las fuerzas parlamentarias de la Ley 13/2009 de reforma procesal para la implantación de la oficina judicial. Uno de los pilares fundamentales de la misma es la figura del Secretario Judicial como máximo responsable.

El proceso de implantación y reforma se inició en pasadas legislaturas, con las dificultades propias de todo cambio de grandes dimensiones, pero con éxito en sus resultados en cuanto a la prestación del servicio, y en medio de una fuerte oposición corporativa desde diversos sectores y que ha querido negar los avances conseguidos en la Oficina Judicial pese a la inoperatividad del modelo decimonónico de Juzgados y Tribunales caracterizados por criterios subjetivos en la prestación del servicio público.

Sin embargo, tras el último cambio de titularidad en el Ministerio de Justicia, el proyecto de implantación de la Oficina Judicial permanece paralizado, habiéndose sólo impulsado y apostado por un maquillaje nominal de las viejas estructuras, prescindiendo del órgano que implementará un auténtico cambio de modelo: el Servicio Común de Ordenación Procesal, donde bajo la dirección del Secretario Judicial, se debe centralizar el grueso de la tramitación procesal de la Oficina, a diferencia de la situación actual, en que este peso burocrático se reparte en órganos encargados de enjuiciar y ejecutar, dificultando y retrasando enormemente su labor.

El actual equipo ministerial ha tratado de justificar esta parálisis en la modernización de la justicia y renuncia a un verdadero cambio de modelo alegando dificultades presupuestarias para ello o vinculándose a aplicaciones informáticas. No compartimos esa opinión, ya que lo que resulta necesario es una optimización de los recursos materiales y desarrollar los recursos personales, es decir implantar un nuevo modo de trabajar en justicia. Y eso no es sólo cuestión de dinero, sino también de interés político. .

El Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, llamado por Ley a la Dirección de la Nueva Oficina Judicial, ha esperado durante años que se desarrolle este proyecto, que dota de importantes funciones directivas a los Secretarios Judiciales, en beneficio de la homogeneización del servicio público y de la calidad del mismo, siempre -lógicamente- en beneficio de la ciudadanía.

En definitiva, creemos que existe una clara falta de voluntad política por parte del Ministerio de Justicia para afrontar la reforma mediante el cambio de modelo que conlleva la Oficina Judicial. Al Sr. Ministro corresponde explicar a la ciudadanía los motivos reales de este cambio de rumbo.

2- Falta de diálogo institucional

En la trayectoria histórica de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, cercana al cuarto de siglo, nunca se ha producido la insólita situación de no ser recibida por el Ministro de Justicia titular en cada momento, tal como ha ocurrido con el actual Ministro, Sr. Ruiz-Gallardón. Y ello a pesar de haber solicitado reiteradamente, tanto por separado como conjuntamente con el Sindicato de Secretarios Judiciales, una entrevista que reputamos ineludible. Situación inusitada, puesto que sí que recibió en los días siguientes a su toma de posesión a los representantes de todas las asociaciones profesionales judiciales y de fiscales, así como a una sola de las organizaciones de secretarios judiciales. Agravándose la situación, cuando más recientemente ha mantenido una reunión con la plataforma de jueces y fiscales, dada la situación crítica en la que nos encontramos y volviéndose a negar a reunirse con nosotros.

Sobre todo, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales se ha caracterizado siempre por su defensa de una Administración de Justicia de calidad, así como de la dignidad del Cuerpo de Secretarios Judiciales, colaborando lealmente con los gabinetes ministeriales en las actuaciones dirigidas a tales finalidades; denunciando, con la misma lealtad, contundencia y honestidad aquellas otras que a nuestro juicio han resultado lesivas o injustas. Y ello atendiendo exclusivamente a la cualidad de la actuación y nunca al color político del titular ministerial. Por lo que se considera inexplicable y totalmente intolerable este comportamiento. Que supone la total negación de la representatividad de los secretarios judiciales.

3- Devaluación sistemática del Cuerpo de Secretarios Judiciales

Tras negociaciones infructuosas con el Ministerio en las escasas ocasiones en que hemos sido convocados por el Ministerio, constatamos que los borradores propuestos para la inaplazable reforma del régimen disciplinario supone un empeoramiento notable respecto a lo que se había negociado con el anterior equipo ministerial, lo cual resulta sorprendente; y está por ver que se cumpla el compromiso de redacción definitiva antes de fin de año. A estas fechas, la promesa de convocar oposiciones a un determinado número de plazas de secretarios judiciales ha quedado olvidada por completo. Seguimos sin tener propuesta de modificación de las categorías profesionales, situación sangrante e insostenible que perjudica gravemente a los compañeros de promociones más recientes, habiendo sido citados para una reunión al efecto, que dados los antecedentes citados, no nos mueve a ser optimistas. Esta falta de interés contrasta con la diligencia que muestra el Ministerio de Justicia cuando se trata de solucionar los problemas de otros cuerpos superiores. Debemos denunciar igualmente que se está produciendo un vaciado de competencias a favor de otros colectivos, para servicios que hoy ofrece a la ciudadanía de modo gratuito la Administración.

Resulta inexplicable que el mayor capital humano con que cuenta el Ministerio de Justicia, que somos los secretarios judiciales, esté siendo devaluado y despreciado de este modo tan irresponsable.

4- Pérdida y deterioro de derechos estatutarios y profesionales

Los Secretarios Judiciales, asimismo integramos un Cuerpo Superior Jurídico, dotado legalmente de facultades directivas y que, en especial desde la Ley 13/2009 y su reforma procesal hemos asumido importantes responsabilidades que no han ido acompañadas de su reconocimiento económico; pero que a día de hoy, ni tan siquiera tiene un marco legal propio de representación laboral, y nos sentimos instalados desde hace años en el menosprecio institucional. Queriendo manifestar expresamente que aparcamos en este momento (que no abandonamos), cualquier reivindicación económica, para retomarla solo cuando la situación económica mejore y lo permita.

No constituimos, ni lo pretendemos, el único colectivo cuyos derechos están sufriendo un grave deterioro. Con toda probabilidad todos lo sufren en mayor o menor medida. La situación se ha visto agravada por los recortes salariales, laborales y sociales, que hemos sufrido, con el pretexto de la actual situación económica, recortes que en ningún caso suponen solución a los problemas que sufre el país. Poniendo de relieve en especial y en relación a los secretarios judiciales, la intolerable supresión de días de permiso por asuntos propios, la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, que se nos lleva detrayendo de la nómina de forma parcial desde el mes pasado, y con un cálculo incorrecto; poniendo asimismo de manifiesto el agravio sufrido recientemente en comparación con nuestros compañeros de fatigas, los jueces, a los cuales incluso sin negociación se les han ampliado en nueve días; supresión de medidas que hacen muy complicada la conciliación de la vida personal y laboral.

Acompañamos a la petición de cese con el acuerdo de adoptar las siguientes medidas de movilización por ambas organizaciones:

– Convocaremos en los próximos días una concentración de Secretarios Judiciales en todas las sedes judiciales del Estado Español, sin incidencia en el servicio público.

– Pondremos en marcha una campaña de recogida de firmas exponiendo al Ministerio de Justicia las principales reivindicaciones laborales de nuestro sector profesional, que arrastra el peor régimen de derechos de toda la administración de justicia.

– A la vista de todas las Asambleas de Secretarios que legalmente se van efectuando en toda España, queremos manifestar expresamente que compartimos la mayor parte de las reivindicaciones que se contienen en la mismas, como ya hemos manifestado más de una vez; y que por tanto apoyamos encarecidamente que los compañeros se sigan reuniendo, sirviéndonos de acicate su postura, y sirviendo asimismo para demostrar al Ministerio y a la opinión pública en general, que el Cuerpo de Secretarios Judiciales defiende sus intereses, los del servicio público y de la Admón Publica en general.

– Anunciamos así mismo que seguimos con el estudio de otras medidas legales de conflicto, sin descartar ninguna que prevea la ley, llegando incluso si es necesario, a efectuar paros parciales, o huelga, en caso de no ver atendidas nuestras reivindicaciones.

El Secretariado Ejecutivo de UPSJ

El Supremo deniega la indemnización de 5.000 euros que pedía un notario a otro por llamarle “bufón” en una revista

Sábado, 27 de octubre de 2012

La noticia en el digitaldemadrid.es
Las críticas se efectuaron en un contexto de “notables y evidentes diferencias profesionales” entre ambos notarios Madrid, 24 (Europa Press) La Sala Primera del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia que condenaba a un notario a pagar una indemnización de 5.000 euros al decano del Colegio Notarial de Valencia por referirse a él como “bufón” y dirigir contra él calificativos como “patético, censor u obsesivo patológico” en una revista. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, ha estimado el recurso del Colegio Notarial de Madrid y el autor del artículo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que confirmaba la condena a pagar a 5.000 euros al demandado por los daños morales que sufrió como consecuencia de una intromisión ilegítima en su honor. Los hechos objeto del litigio se referían a las declaraciones realizadas en la revista especializada ‘El notario del Siglo XXI’ bajo el título “obsesión patológica”, en el que criticaba la supuesta pasividad del Colegio Notarial de Valencia ante la tramitación de una disposición legal que podía resultar perjudicial para los notarios. “La obsesiva y patológica fijación de cierto decano del litoral por cuestiones de otro colegio, puesta de manifiesto en las habituales pastorales que dirige a sus colegiados, es patética. Más peligrosos resultan ciertos tufillos antidemocráticos, como cuando lamenta que la condición de notario honorario no sea compatible con la dirección de una revista”, escribía la publicación. “Hubiera sido mucho más provechoso que el decano liberticida y censor dedicara sus desvelos no a bufonadas -como la de la avioneta para celebrar plenos del Consejo-, ni a fútiles devaneos literarios, sino a los verdaderos problemas que tiene en su colegio y que al parecer no le preocupan o estima carecen de relevancia para distraerle de sus aficiones”, añadió el demandado. Finalizó el artículo animando “al decano a seguir cultivando sus aficiones en beneficio del notariado y le felicitamos por la reciedumbre psíquica que le permite compatibilizar la condición de bufón con la de valido”.

Comentarios en una sección de tono irónico. El Supremo avala el interés público de la noticia al referirse a la trascendencia de la aprobación de una normativa que afectaba al colectivo. Reconoce que las expresiones utilizadas son graves pero defiende que hay que ponerlas en relación con el contexto de crítica a actuaciones o comentarios efectuados anteriormente por el demandante en su condición de notario. “No revisten trascendencia suficiente para descartar la prevalencia de la libertad de expresión”, señala la resolución, que añade que tiene en cuenta que la noticia se insertó en una sección cuyo tono era fundamentalmente irónico. En este contexto, remarca las “notables y evidentes diferencias profesionales” que dieron lugar a un “clímax de crispación y rivalidad”. “Un contexto de discusión o contienda, a tenor del ámbito social o político en que se produce y los usos relacionados con él, cuando la discusión alcanza recíprocamente un nivel alto de tensión puede justificar la utilización de expresiones de similar dureza a las utilizadas por el adversario como vía adecuada para el ejercicio del derecho a la réplica”, concluye.