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El Gobierno limitará por ley el plazo máximo de las hipotecas a 30 años

Jueves, 31 de enero de 2013

Los jueces podrán reducir la deuda de los deshauciados
Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios contempla que los jueces tengan potestad para reducir las deudas de los deshauciados si el banco obtiene beneficio al vender la vivienda o que el plazo máximo para conceder hipotecas para vivienda habitual se fije por ley en 30 años, entre otras medidas.
Europa Press. 30-01-2013 La noticia en El Imparcial
Los jueces tendrán potestad para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda, y además se limitarán los intereses de demora y se fijará en 30 años el plazo máximo para conceder hipotecas para vivienda habitual.
Así lo ha afirmado el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto de ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
De Guindos ha avanzado así algunos de los cambios que el PP propondrá durante el plazo de enmiendas parciales para este proyecto de ley, con el objetivo de “mejorar la normativa porque la dramática situación que atraviesan muchas familias españolas merece el mayor esfuerzo y entendimiento de todos”.
Reforma de la ley hipotecaria
En este sentido, se reformará la Ley Hipotecaria y la regulación del mercado para “equilibrar la posición de las partes” respecto de asuntos como las exigencias de cláusulas, tasaciones e intereses de demora. En concreto, se limitarán los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero para “evitar el crecimiento desorbitado de la deuda y facilitar que los deudores puedan afrontar el pago”.
Además, se “reforzará la independencia” de las sociedades de tasación, limitando la presencia los bancos en su accionariado del 25 al 10%, y se “endurecerán los supuestos de infracción”. Las entidades de crédito tendrán asimismo que “aceptar cualquier tasación homologada de un bien que aporte el cliente” y el incumplimiento de este precepto será sancionable, lo que “incrementará la competencia y objetividad del mercado de las tasaciones”.
El Consejo de Consumidores y Usuarios y otras autoridades administrativas estarán facultadas además para “requerir al Banco de España que inicie un procedimiento sancionador contra una tasadora”.
Subastas y ventas extrajudiciales
Por otra parte, la Ley Hipotecaria incluirá una reglamentación para la venta extrajudicial de las viviendas, que hasta ahora “suscitaban problemas de legalidad”, incluyendo la posibilidad de realizar “subastas extrajudiciales online” con un procedimiento “mucho más garantista que agilizará la resolución de las ejecuciones y aliviará la carga de los juzgados”.
“Queremos reducir la demora habitual de las ejecuciones judiciales que, además, provocan una acumulación de intereses en perjuicio del deudor” ha precisado el ministro, subrayando asimismo que se modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para mejorar los procesos y conseguir una “ejecución más ágil” que “evite que las viviendas se vendan o adjudiquen por valores inferiores al de tasación”.
En este sentido, se permitirá que si tras la ejecución de la hipoteca al deudor de buena fe le restara deuda por pagar, el juez tendrá la potestad de decidir si se amortiza hasta el 65% máximo del total hasta el quinto año desde la ejecución o del 80% en diez años. “Y si la entidad financiera obtiene una plusvalía con la venta del bien en esos diez años el juez podrá exigir que el 50% de esa plusvalía se reduzca de la deuda”, ha añadido De Guindos.
Con el mismo fin, también se propondrá facilitar el acceso de los postores a las subastas “por ejemplo, rebajando los requisitos” como el aval necesario para pujar, que caerá del 20 al 5% del valor de tasación; ampliar de 20 a 40 días el plazo para que el adjudicatario encuentre financiación o impedir que el precio de subasta sea inferior al 75% del precio de tasación en escritura. “Si la subasta concluye sin postor, el porcentaje de adjudicación para el banco subirá del 60 al 70% de la tasación”, ha añadido el ministro.
Prudencia financiera
Por otra parte, se cambiará la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se hayan producido tres impagos, y se adoptarán medidas adicionales de “prudencia financiera” como limitar a 30 años el plazo máximo para conceder hipotecas de vivienda habitual.
También se sugerirá cambiar la redacción sobre algunas cláusulas “especialmente complejas” como las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o los ‘swaps’ de intereses. En este sentido, además de hacer constar en la escritura que el notario ha informado expresamente al deudor de la existencia de esos componentes, también se exigirá una aceptación manuscrita de su aceptación.
Según De Guindos también se avanzará en un “mayor equilibrio” para que las cláusulas puedan actuar proporcionalmente en perjuicio o en beneficio de ambas partes, “y no de forma desequilibrada como actualmente”, si bien no ha precisado cómo se garantizará este objetivo.
Código de buenas prácticas
Finalmente, la intención del Gobierno durante la tramitación parlamentaria de este proyecto también se buscará perfeccionar el Código de Buenas Prácticas aprobado hace un año ya que, aunque “ha tenido buenos resultados” tiene capacidad de mejora.
En este sentido, De Guindos ha afirmado que entre marzo y diciembre se presentaron 1.500 solicitudes de aplicación de las medidas incluidas en el Código -reestructuración de la deuda, quita o dación en pago-, de las cuales casi 800 fueron aceptadas. De ellas, en 317 casos se optó por la reestructuración viable de la deuda y en 78 casos se llegó a la dación en pago.
Según el ministro, el recurso a estas opciones se ha ido incrementando con los meses, por lo que si durante el primer trimestre de vigencia del Código se reclamaron 44 reestructuraciones y ocho daciones en pago, en el último trimestre de 2012 se llegó a las 140 reestructuraciones y 36 daciones.
No obstante, el Gobierno cree que es conveniente ampliar los umbrales de exclusión que en su momento se fijaron para poder acceder a estas opciones, por lo que se elevarán los límites de los préstamos que se pueden acoger y se podrán modificar “en función de las cargas y circunstancias familiares”.
Además, si el banco rechaza el plan de refinanciación propuesto por un deudor deberá justificar por qué, y se moderarán los intereses de demora del 20 al 10% en los casos de impago del alquiler tras la dación en pago. Con respecto a la comisión de seguimiento de este Código de Buenas Prácticas, se ampliará el número de miembros “para que sea más plural y representativo”.
Fondo de alquiler social
De Guindos también se ha referido al Fondo Social de Alquiler para los desahuciados que el Gobierno ha constituido con la participación de los ministerios de Fomento, Economía y Sanidad, del Banco de España, de la FEMP, de la Plataforma del Tercer Sector, de las patronales bancarias y de 33 entidades que aportan de momento unas 6.000 viviendas.
Estos pisos “están a disposición de las familias desalojadas por impago de préstamos hipotecarios”, que podrán acceder a viviendas propiedad del banco con el que tienen la deuda. “Así tienen a su disposición una alternativa real hasta que sus circunstancias económicas mejoren”, ha dicho De Guindos, recordando que el coste será “muy razonable”: de entre 150 y 400 euros mensuales, siempre que no se supere el 30% de los ingresos netos totales de la familia.
Para hacer viable esta opción, se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de ampliar a dos años -prorrogables por un tercero- los contratos derivados del Fondo, y se obligará a los servicios de atención al cliente de las entidades que atiendan las reclamaciones relacionadas con este servicio.
“Este primer año de Gobierno hemos dado respuesta al drama de los desahucios, perfeccionando y reforzando el marco de protección a los deudores. Y estoy convencido de que dentro, de las enmiendas que presenten los grupos, podremos encontrar importantes puntos de encuentro. Es la voluntad del Gobierno y seguro que también la de todos los grupos, porque una situación como ésta no requiere menos”, ha concluido el ministro.

España, a la cola de los países con leyes que favorecen la competitividad

Jueves, 31 de enero de 2013

La noticia en ABC / Madrid
Nuestro país ocupó el año pasado el puesto 43 en un ranking de 59, según el IEE
Las facilidades legislativas para fomentar la competitividad no parecen estar precisamente entre las fortalezas de España. Nuestro país ocupó el año pasado el puesto 43 en un ránking de 59 países con marcos regulatorios más favorables a la competitividad de las empresas, según datos del Management Development (IMD) de Lausana, recogidos por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Por detrás de España sólo se encuentran Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Italia, Hungría, Eslovenia y Grecia. Por el contrario, el país con el marco legal que menos restringe la competitividad es Hong Kong, seguido de Singapur, Suiza, Chile, Suecia, Malasia, Canadá, Irlanda, Emiratos ́rabes, Australia, Finlandia, Noruega y Qatar. Completan la lista por delante de España, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, EE.UU., Israel, Alemania, Luxemburgo, Austria, Polonia, Lituania, República Checa, Bélgica y Eslovaquia.
Recuperar competitividad económica es uno de los objetivos fundamentales del Gobiernoy una de las exigencias recurrentes de Bruselas. En su reciente visita a Madrid, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, insistía en que debe ponerse fin a la «alarmante curva creciente de pérdida de empleo» en numerosos países europeos y apuntó que para ello debe combatirse la «grave pérdida de competitividad».
Hacia ese objetivo se dirige la reciente ley de Unidad de Mercado que presentó el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, una nueva normativa que aspira a solucionar la fragmentación del mercado interior, fruto de la existencia de diecisiete normativas autonómicas distintas.
La licencia única permitirá que las empresas y los profesionales que la soliciten en una comunidad autónoma puedan comercializar sus productos o prestar sus servicios en toda España sin requisitos adicionales. Según los cálculos del Ministerio de Economía, la norma permitirá reducir en un 35% las cargas administrativas para la creación de empresas y aumentar la productividad un 1,23%, lo que tendría un impacto en el PIB de 1.500 millones de euros al año durante una década. De momento, y mientras la nueva normativa surge efecto, España sigue en el pelotón de cola de la competitividad mundial.

Murcia es la sexta Comunidad que concentra menos hipotecas sobre viviendas en noviembre

Jueves, 31 de enero de 2013

Murcia, 28 enero 2013. (La noticia en Europa Press)
Murcia fue la comunidad autónoma que registró el sexto menor número de hipotecas constituidas sobre viviendas durante el pasado mes de noviembre, con 490, superior a la registrada por Extremadura (424), Aturias (313) Navarra (238), y Cantabria (200) y La Rioja (162), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una tasa de variación mensual de 2,5 por ciento y del -30,1 por ciento, respecto al mismo mes de 2011.
El importe medio hipotecado en la Región alcanzó los 37,1 millones de euros, frente a los 2.011 millones de la media nacional, lo que supone un descenso interanual del -35,2 por ciento y del -1 por ciento mensual.
Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas fue de 949 mientras que el capital ascendió a 100,2 millones de euros. Del total, 812 fueron urbanas, cuyo importe ascendió a 77,8 millones de euros, mientras que 137 fueron rústicas, con un importe de 22,4 millones.
En relación con estas fincas urbanas, de las 812, un total de 490 fueron viviendas, con un capital invertido de 37,1 millones de euros; mientras que 91 fueron solares y 231 corresponden a construcciones urbanas.
Respecto a las fincas canceladas registralmente por la naturaleza, el número ascendió a 1.222, de las que 104 fueron rústicas, 760 viviendas, 30 solares y 328 corresponden a otras urbanas.
En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 19.115 en noviembre de 2012, con una caída del 31,6% respecto al mismo mes de 2011, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El retroceso interanual de noviembre, con el que las viviendas hipotecadas encadenan ya 31 meses de caídas consecutivas, es más pronunciado que el de octubre, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron un 14,4%.
Además, la cifra total de hipotecas sobre viviendas es la segunda más baja en cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003. El ‘suelo’ de viviendas hipotecadas se registró el pasado mes de octubre, cuando se constituyeron 19.105 hipotecas, diez menos que el pasado mes de noviembre.
En los once primeros meses del año 2012, las hipotecas constituidas sobre viviendas se redujeron un 33,1% en relación al mismo periodo de 2011, con una disminución del 38,5% en el capital prestado y del 8,1% en el valor promedio de las hipotecas.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó el pasado mes de noviembre los 105.216 euros, un 4% menos que en igual mes de 2011, mientras que el capital prestado se redujo un 34,3%, hasta los 2.011 millones de euros.
En tasa intermensual (noviembre sobre octubre), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 0,1%, frente al descenso del 9,9% que experimentaron en octubre en valores mensuales, mientras que el capital prestado se incrementó un 4,6% respecto al mes anterior. El repunte mensual en la firma de hipotecas sobre viviendas y el alza en el capital prestado representan las tasas más bajas en un mes de noviembre de los últimos años.
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el undécimo mes del año pasado se constituyeron 31.697 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 30,5% respecto a noviembre de 2011.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 34,4%, hasta los 3.614,9 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 114.047 euros, un 5,7% menos que en noviembre de 2011.
Aumenta el interés medio.
El tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 4,42%, un 1,8% menos que en noviembre de 2011. En el caso de las viviendas, el interés medio fue el 4,39%, un 0,2% superior al del mismo mes de 2011.
Por entidades, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro fue del 4,54% y el plazo medio de 22 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio fue del 4,41% y el plazo medio de 22 años.
El 92,4% de las hipotecas constituidas en noviembre utilizó un tipo de interés variable, frente al 7,6% de tipo fijo. El Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas a interés variable, en concreto en el 86,5% de los nuevos contratos.
Menos hipotecas que modifican condiciones.
En cuanto a las hipotecas con cambios registrales, en noviembre sumaron 22.030, lo que supone un descenso del 20,6%. En viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones bajó un 15,7%.
Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en noviembre se produjeron 18.280 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con una disminución anual del 20%.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 2.590, un 15,6% menos que en noviembre de 2011. Por su parte, en 1.160 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 35,6% menos.
De las 22.030 hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad durante el pasado mes de noviembre, el 34,4% se debieron a modificaciones en los tipos de interés. Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo disminuye del 4,1% al 2,2% y de hipotecas a interés variable aumenta del 95,4% al 97,4%.
El Euríbor concentra el mayor porcentaje de las hipotecas a tipo variable, tanto antes del cambio como después. Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos se redujo 0,26 puntos en las hipotecas a tipo fijo y 0,69 puntos en las de tipo variable.
Andalucía, la región con más viviendas hipotecadas.
Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Andalucía (3.522) y Madrid (3.050). Todas las regiones presentaron tasas interanuales negativas, siendo las más acusadas las de Navarra (-55,5%) y Cantabria (-50,1%) y la menos pronunciada la de Aragón (-4,2%).
Las comunidades en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron Madrid (414,1 millones de euros), Andalucía (338,7 millones) y Cataluña (280,7 millones de euros).

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

BlackBerry quiere resucitar: presenta un nuevo sistema operativo y dos terminales

Jueves, 31 de enero de 2013

BlackBerry quiere resucitar: presenta un nuevo sistema operativo y dos terminales
RIM ha presentado su nuevo sistema operativo para la marca.
Con estos lanzamientos esperan revertir dos años de grandes caídas.
Los nuevos terminales presentan un cambio de rumbo en la compañía.
RIM muere para reinventar BlackBerry con la Z10 y la Q10.
Carolina Denia/ Clipset(enviada especial). 30.01.2013 – La noticia en 20minutos.es
Hace apenas unas horas, RIM (Research in Motion) ha presentado la propuesta tecnológica en la que se juega buena parte de su supervivencia futura, el nuevo sistema operativo BlackBerry 10 y los dos primeros terminales de la saga, el Z10 y el Q10.
Tras varios años de lenta caída, los dos últimos han sido una auténtica sangría para RIM que ha visto cómo su cuota de mercado caía frente al empuje del iPhone de Apple y los smartphones Android. La valoración de sus acciones se había hundido y sus terminales no eran competitivos ni en funcionalidad, ni en prestaciones. Pero ahora estos terminales representan un cambio de rumbo, una nueva y prometedora generación, tanto que RIM ha dejado de existir como tal y a partir de hoy se llamará sólo BlackBerry. En un primer contacto realizado en la presentación de Nueva York todo parece indicar que han acertado con el nuevo camino.
El Z10 cuenta con un procesador de dos núcleos, una pantalla táctil HD de 4,2 pulgadas y una cámara de 8 MPx El Z10 cuenta con un procesador de dos núcleos, una pantalla táctil HD de 4,2 pulgadas y una cámara de 8 MPx. La capacidad de almacenamiento se sitúa en 16 GB y una de las dudas es saber hasta dónde aguantará su batería de 1800mAh, una de las características que más valoran profesionales y usuarios, y donde RIM siempre había destacado. Por su parte el Q10 será la opción con teclado físico y pantalla de 3,1″.
Pese a no ofrecer el hardware más potente del mercado, RIM ha sabido crear un sistema muy atractivo que mantiene la versatilidad de uso gracias al Peek, cierto grado de compatibilidad con las aplicaciones Android y una doble funcionalidad personal/profesional. Existen otras muchas novedades importantes analizadas en Clipset, pero estas son las tres que decidirán el futuro de RIM.
El Peek es una pantalla donde de forma rápida y visual se puede acceder a las aplicaciones más usadas del smartphone y cuenta con un centro de notificaciones que aglutina acertadamente los servicios de mensajería, email y redes sociales. Su uso es notablemente más efectivo que en otros sistemas.
Las app, claves
Otra gran clave son las apps. Todo el mundo sabe lo importante que es contar con un amplio catálogo de aplicaciones para cubrir cualquier necesidad y ahí las BlackBerry tenían mucho trabajo pendiente. Hará falta tiempo para comprobar hasta qué punto la nueva BlackBerry World ofrece suficientes apps ””a día de hoy 70.000””, pero hábilmente RIM ha desarrollado un sistema compatible que permite a los desarrolladores adaptar sus aplicaciones Android al nuevo BB10 de forma sencilla.
Por último BlackBerry ha sabido implementar con éxito una idea interesante. Combinar en el mismo móvil un modo personal y un modo profesional en una función llamada Balance. Ambos funcionan de forma independiente y sólo comparten la información que el usuario desee -algo de gran importancia para los datos más sensibles-. Esto resulta tremendamente atractivo para recuperar su más preciado mercado, el empresarial, donde además ofrece su mítico sistema de seguridad y cifrado en las comunicaciones.
RIM parece haber hecho bien sus deberes. Pero aún con un buen terminal, un gran sistema operativo y el apoyo de las operadoras, ahora comienza lo más difícil, el momento de recuperar el terreno perdido. Muchos como Palm, Nokia o Windows lo han intentado y algunos han muerto por el camino. Pero no es menos cierto que otros como la propia Apple ya han vivido momentos tan críticos como este y han salido con éxito. Ahora es el turno de BlackBerry

Hemos perdido dos puestos. Del 42 al 44

Miércoles, 30 de enero de 2013

Enlace al Doing Business de España 2013

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El equilibrio inestable: subir impuestos y más empleo

Miércoles, 30 de enero de 2013

El artículo en la página de Instituto de estudios Económicos. Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, en 23 de enero de 2013 en El Periódico de Catalunya
Las familias se encuentran con menos dinero para atender a las necesidades diarias porque sus ingresos se han reducido y los impuestos han subido. Esto incluye a quienes trabajan para las Administraciones públicas, que también han tenido reducciones en ingresos y más días laborables. Con menos recursos disponibles es obvio que la capacidad de compra baja y eso fuerza a que las empresas deban de reducir sus plantillas para mantenerse. La salida inmediata pasa por buscar y encontrar nuevos mercados, lo que se dice con facilidad pero es difícil de conseguir, por un lado, porque la situación también es delicada en nuestro entorno y, especialmente, porque la inmensa mayor parte de nuestras empresas son pymes, con pocos recursos y sin conocimiento profundo del exterior, a pesar de lo cual algunas han logrado el logro y el mérito de conseguirlo.

El sector público ha reducido una parte de las actividades que gestiona, desde la sanidad a la información y el entretenimiento en emisoras de radio y televisión. Sin embargo ha hecho mucho menos en la adaptación a la capacidad de pago actual de las propias administraciones subcentrales (Ayuntamientos, Diputaciones y CC. AA.). En algunos ayuntamientos el número de empleados es excesivo en número y corto en eficiencia, las facturas por pagar llenan los cajones y las prestaciones son desiguales. En países como Alemania, que cuenta con más población que España, hay menos Landers (equivalentes a las CC. AA) y Ayuntamientos que en España, no que no obsta para que la calidad de sus servicios sea mayor y el coste de las prestaciones menor que las de España.

El peso de los impuestos en España solo es superado por dos países de la UE y otros dos en el resto del mundo. En cambio, la generación de normas de obligado cumplimiento es más elevada, la nueva normativa genera, cada año, más de un millón de páginas de BOE y normas de estamentos subcentrales. Eso no aporta mayor seguridad y aumenta los costes de cumplimiento.

Las Administraciones Públicas deberían proceder a la misma adaptación de las empresas y familias. Eso conlleva reducción de costes, mejora de prestaciones y concentración en su propia actividad, así como la eliminación de las empresas que han creado y tratan de explotar. Caso de hacerlo, bajarían los impuestos y tasas, habría más financiación para empresas y familias, personas inactivas volverían a la actividad y se iniciaría el proceso de recuperación del empleo y la producción. En cambio, la continuidad del derroche financiado con endeudamiento externo, que ahora genera facturas sin pagar, solo posterga la salida de la crisis.

Un Juzgado de lo Mercantil de Málaga insiste en la nulidad de la cláusula suelo

Miércoles, 30 de enero de 2013

Los clientes afectados recuperan más de 8.000 euros abonados de forma indebida en las cuotas del mes
26.01.2013 La noticia en Laopiniondemalaga.es
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga vuelve a insistir en la nulidad de la cláusula suelo incluida en los contratos de préstamo hipotecario de Credifimo -establecimiento financiero de crédito del grupo Banca Cívica- y confirma que esta condición general es abusiva.
De esta forma, según informó ayer Ausbanc, «el banco ha faltado a la buena fe en su incorporación y utilización», dado que en la oferta vinculante de fecha anterior a la firma de la escritura no se hace referencia al notario ante el que se otorgaría la operación, y «posteriormente el fedatario no advirtió expresamente sobre la desproporción de la limitación al alza o a la baja», por lo que tampoco hubo información a los clientes sobre estas cláusulas.
No hay proporción
Además, añadió la asociación, «no existe proporción alguna, dado que el suelo es excesivamente alto (4,10%) y el techo es inalcanzable (20%), de manera que los clientes renunciaron a las bajadas sin ninguna compensación efectiva.
En esta nueva sentencia, recalca la organización que agrupa a usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros, el Juzgado de lo Mercantil condena a la entidad a devolver a los asociados 7.847 euros más las cantidades que se han ido pagando durante el procedimiento judicial, los intereses y las costas del juicio

Oposición a la supresión de las oficinas liquidadoras de los registros en municipios

Miércoles, 30 de enero de 2013

Baixo Miño
La diputada del BNG Teresa Paz pregunta al gobierno gallego por las razones de esta medida que afecta también al Registro de la Propiedad de Tui
29.01.2013 – La noticia en el Faro de Vigo
E.G. La diputada del Bloque Nacionalista Galego, Tereixa Paz, ha registrado una iniciativa parlamentaria para preguntar al gobierno gallego por las razones que sustentan su decisión de suprimir la Oficina de Registro de la propiedad de más de cuarenta municipios gallegos de las provincias de Ourense, Lugo, A Coruña y Pontevedra, como es el caso de la ubicada en el Registro de la Propiedad de Tui.
La portavoz de Xustiza del BNG asegura que la nueva medida, bajo la excusa de austeridad y de ahorro, provocará la pérdida de más de 150 puestos de trabajo cualificados y asentados en entornos tan sensibles como el del medio rural gallego.
La parlamentaria también pregunta por los medios que se utilizarán a partir de ahora y que prestaban estas oficinas en villas y aldeas del rural.
En su opinión “se trata de una medida que va claramente en contra del proceso de comarcalización de los servicios y del equilibrio territorial”.
La diputada considera que la pérdida de un archivo de escrituras y documentos no deja de ser relevante, por lo que insta al gobierno a paralizar esta medida sin tener analizado previamente factores como son las dispersión de la población, su envejecimiento y las condiciones socioeconómicas y de movilidad.
Es de señalar que la corporación del Concello de Tui y las del resto de la demarcación que abarca el registro de la Propiedad de Tui, aprobaron mociones solicitando a la Xunta el mantenimiento de la oficina liquidadora en dicho Registro.

Trabajadores del Registro de la Propiedad de Reus convocan tres días de huelga

Miércoles, 30 de enero de 2013

Los trabajadores protestan por los despidos y la bajada de sueldos en la entidad
Mercͨ Pérez Pons Tarragona 28 enero 2013 – La noticia en El País
Los trabajadores del Registro de la Propiedad de Reus, número 1, han convocado una huelga de tres días el próximo mes de febrero para protestar por los despidos sucedidos en la entidad y por la bajada de sueldo aplicada a los empleados restantes. La huelga se ha programado los días 4, 5 y 6 de febrero y se convertirá en la primera programada en un Registro de la Propiedad.
Los empleados se manifestarán porque en los últimos meses se han precipitado seis despidos en el Registro de la Propiedad de Reus, informa el sindicato UGT. Pero, además, la medida también viene motivada porque los trabajadores restantes que aún continúan en plantilla han sufrido una bajada de su salario. Las nóminas han descendido hasta el mínimo interprofesional y los empleados están asumiendo el trabajo de los compañeros despedidos, expone UGT. El registro es una empresa privada de carácter público y en el caso del de la capital del Baix Camp cuenta con unos 27 trabajadores.
La crisis inmobiliaria ha hecho disminuir el trabajo de este sector
El registrador es el único funcionario con poderes para tener asalariados a su cargo y puede decidir a qué personas dependientes de él despedir, expone el sindicato. En la ciudad, narra UGT, el personal lleva desde enero “sufriendo las modificaciones en sus contratos” basados en el convenio de los registros de la propiedad. Entre otros conflictos sucedidos, el sindicato denuncia que en Reus el nuevo propietario de la entidad ha eliminado la antigͼedad a alguno de los trabajadores. Otras personas, en cambio, consiguen recibir gratificaciones (dinero que se percibe por parte de la Oficina Liquidadora) “según la actitud que tienen con el registrador”.
Los empleados convocaron durante las últimas semanas una reunión para atajar los problemas en el seno de la empresa. Sin embargo, los encuentros no fructificaron y no llegaron a ningún acuerdo. “Lo único que se consiguió fueron explicaciones sobre la situación endeudada en la que se encuentra el propietario y su necesidad de ganar dinero”, agrega el sindicato. La tensión fue aumentando y ante los despidos y los recortes aplicados a la plantilla los trabajadores finalmente han decidido convocar la huelga como medida de presión. La delegada sindical de UGT en el Registro de la Propiedad de Reus, SͲnia BlÍ zquez, explica que hoy está prevista otra reunión para mediar entre todas las partes afectadas por la huelga. Si no se llega a ningún pacto, finalmente seguirán con la convocatoria y llevarán adelante la protesta durante los tres días anunciados. La huelga podría extenderse a otros registros de la propiedad, quienes han visto en los últimos años disminuir drásticamente su actividad ante la llegada de la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El valor de las palabras

Martes, 29 de enero de 2013

Universidad de Alicante

Martes, 29 de enero de 2013

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La reforma del Registro Civil divide a los registradores

Martes, 29 de enero de 2013

25.01.2013 Almudena Vigil – La noticia en Expansión
El nuevo diseño del Registro Civil que está impulsando el Ministerio de Justicia y que entrega la gestión de este organismo a los registradores no para de encontrar obstáculos y cada vez son más las voces que pronostican que no saldrá adelante.
Las críticas al proyecto llegan desde diversos ámbitos, pero ahora son los propios registradores quienes protestan contra un modelo que, según han asegurado algunos miembros de este colectivo a Expansión, “va a ser un auténtico desastre tanto para ellos como para los ciudadanos”.

La reforma consiste en asignar a este colectivo de fedatarios públicos la gestión del Registro Civil, una medida que es consecuencia de una ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que se estableció la desjudicialización del Registro Civil, fijando 2014 como fecha para poner en marcha un nuevo modelo, sin especificar en ese momento quién se haría cargo del mismo. El Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de Registros y del Notariado, ha decidido que sean los registradores quienes asuman el mando, pero dentro del cuerpo se han generado fuertes discrepancias.
La preocupación es tal entre las bases del colectivo que incluso han logrado reunir firmas para forzar a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores a convocar una Asamblea, que previsiblemente tendrá lugar a principios de abril, en la que debatir la cuestión y extraer unas conclusiones que, aunque no sean vinculantes, “representarán la verdadera opinión” de estos fedatarios públicos sobre el proyecto, según aseguran las fuentes consultadas.
El pasado lunes se presentaron cerca de 300 firmas con este fin, y hoy se añadirán algunas más para dar mayor peso a la iniciativa. El número de registradores en activo es 1.050 en toda España, por lo que rebasa sobradamente el 20 por ciento que exigen sus estatutos para convocar la Asamblea, que no se celebra desde el año 1988.
“Con la excusa del Registro Civil se cargan el sistema registral español”, dicen los disidentes, y añaden que “la gran mentira es que se diga que esto es lo que queremos los registradores cuando no es así”. Insisten en que el nuevo modelo hará que la seguridad jurídica se vea muy perjudicada a largo plazo y denuncian la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo esperan sostener el sistema, ya que aseguran que desde el Ministerio les han informado de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito para los ciudadanos.
Voces en contra

En esta guerra contra la reforma del Registro Civil, los registradores disidentes no están solos. Los funcionarios de Justicia también se han manifestado radicalmente en contra afirmando que “el Gobierno opta por entregar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores a intereses privados de grupos afines”.
Además, la reforma, que dejaría sin Registro Civil no sólo a los municipios pequeños sino también a las grandes poblaciones que no sean capitales de provincia, no parece que vaya a tener tampoco buena acogida entre los ayuntamientos afectados, cuyos ciudadanos deberán desplazarse a la capital para cualquier gestión.
A esto hay que sumar que el borrador del texto que contiene esta nueva organización también ha despertado recelos por parte de los notarios, cuyo presidente, José Manuel García Collantes ha asegurado que algunas de las medidas que en él se incluyen dañarán seriamente el tráfico jurídico.

Intersindical Justicia denuncia el caos en el funcionamiento de los registros civiles

Martes, 29 de enero de 2013

Redacció ”¢ 28 gener 2013 ”¢la noticia en Safor informatiu
Tras la privatización de la tramitación de los expedientes de nacionalidades a través de los registradores de la propiedad, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y su homólogo en la Conselleria de Justicia, no han previsto las consecuencias de la remisión a los registros civiles de los expedientes de nacionalidades.
Debido a la escasa dotación de personal en los registros civiles de nuestra comunidad, se ven abocados al colapso, con el volumen de expedientes que se están remitiendo desde el Colegio de Registradores, ya que no cuentan con el personal necesario para poder tramitarlos en los plazos necesarios.
La imposibilidad de la tramitación por los registros civiles debido a un problema de compatibilidad de los programas informáticos utilizados por los registradores de la propiedad y el sistema utilizado por los registros civiles, hace que se acumulen los expedientes sin que sea posible la visualización desde los terminales en las oficinas judiciales y su tramitación
Intersindical Justicia ha requerido a la Dirección General para que tome las medidas oportunas para evitar de nuevo un colapso en los registros civiles y los dote del personal, evitando un perjuicio para los ciudadanos que pueden ver retrasar la resolución y reconocimiento de sus derechos.
Los Funcionarios de los registros tampoco han recibido instrucciones de cómo deben llevar a cabo la tramitación de estos expedientes remitidos.
Intersindical denuncia el abandono de los registros civiles por parte de la Administración con el solo fin de privatizar el servicio y poder ver a los futuros encargados de los Registros como los únicos capaces de hacer que el servicio público funcione, gravando y generando un servicio que debe ser público y gratuito.
Nota de la redacción
En el caso específico de Gandia, el Registro Civil sólo atiende a cincuenta personas los miércoles en el horario de la mañana y dispone para ello de tres funcionarios que apenas pueden cubrir las demandas.

La justicia cuestiona los intereses de demora y pone en jaque el sistema financiero

Martes, 29 de enero de 2013

La audiencia provincial de madrid se reúne para unificar criterio
Carlos Sánchez 28/01/2013 El artículo en El Confidencial
La fecha elegida es el próximo 13 de febrero. Ese día, el pleno de las distintas secciones de lo civil de la Audiencia Provincial de Madrid se reúne para unificar criterios sobre un asunto que trae en jaque a la banca: los intereses de demora que hay que pagar por retrasos en el pago de cuotas.
La reunión tiene su origen en distintas demandas que se han presentado en los tribunales por el hecho de que las entidades financieras -la gran mayoría- cobran a sus clientes intereses de demora que, en algunos casos, pueden llegar hasta cerca del 30%. La importancia de la sentencia viene dada porque previamente el Tribunal de Justicia de la UE ha establecido los límites para el cobro de comisiones a la luz de la legislación comunitaria. Y ahora lo que se va a hacer es adaptar esa interpretación a los tribunales españoles.
Como aseguran fuentes jurídicas, una sentencia de la Audiencia de Madrid contra los intereses de demora abusivos, facultando al juez a reducirlos cuando considere que son desproporcionados, podría poner en jaque a todo el sistema financiero. Entre otras cosas porque ahora existen en los tribunales numerosas demandas por esta cuestión. De ahí que el Gobierno ya esté buscando fórmulas para acercar los intereses de demora al precio legal del dinero, en estos momentos un 4%. El parlamento está tramitando cambios en la ley hipotecaria.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo, hecha pública el pasado 14 de junio, tuvo como objeto interpretar una directiva del año 1993 tras una decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, formulada a raíz de un litigio entre Banesto y el ciudadano español Joaquín Calderón Camino, a quien la entidad llegó a reclamar por retrasos en los pagos de un crédito de 30.000 euros nada menos que el 29%.
La Directiva de la UE deja meridianamente claro que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente “se considerarán abusivas” si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor “un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. Y parece evidente que tipos de interés del 29% -o incluso menores- son desorbitados cuando el precio oficial del dinero (marcado por el BCE) está fijado en el 0,75%, mientras que el interés de demora oficial a efectos fiscales se sitúa en el 5%.
La Unión Europea considera que una cláusula no se ha negociado individualmente “cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.
Medios adecuados y eficaces
La UE, igualmente, obliga a los Estados miembros a velar por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan “medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. No es, desde luego, el caso de España, donde los tribunales se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta cuestión, casi siempre en la misma dirección.
De hecho, el origen de la cuestión planteada al Tribunal de Luxemburgo tiene su razón en un auto de un juzgado de primera instancia de Sabadell en el que declaró la nulidad de la cláusula de intereses de demora del contrato de préstamo. El juez lo fijó en el 19% (10 puntos menos de lo que exigía el banco). El órgano jurisdiccional motivó el auto aduciendo que la cláusula de intereses de demora era abusiva y que, dado el carácter “imperativo” de las disposiciones analizadas, estaba facultado para declarar de oficio la nulidad, incluso en un proceso monitorio (cuando se solucionan conflictos por la vía rápida al no existir contradicción entre las partes).
Recientemente, la Audiencia Provincial de Tarragona confirmó una sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de El Vendrell, en la que declara de oficio abusiva una cláusula de un contrato de préstamo firmado entre un particular y una entidad financiera. La póliza de préstamo entre Finanzia de Crédito, S.A. y el consumidor se suscribió en 2007 por importe de 40.826 euros, a devolver mediante el pago de 60 cuotas con un interés anual del 7% y un interés anual de demora del 20% de interés nominal.
La sentencia confirmada consideró que la cláusula por la que se fija en un 20% los intereses de demora constituye una sanción desproporcionada. Otra sentencia de los tribunales de Córdoba declaró en 2003 nula la cláusula de interés de demora en un contrato de préstamo personal, por desproporcionada. El contrato fue celebrado cuando el interés legal era del 5%, siendo el interés nominal pactado entre las partes del 7,5% y el interés moratorio del 24%, muy superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, y por tanto, abusivo por exorbitado, debiendo reducirse al 12,5%.

Las familias dedican 5,9 años de su renta a pagar la casa, lo mismo que en 2003

Martes, 29 de enero de 2013

Algunos expertos sitúan en cuatro años el nivel de esfuerzo asumible para un hogar
La variable que mejor mide el esfuerzo que realizan las familias para pagar su casa es la ratio de cuántos años de renta deben destinar a financiarla. El último dato, de septiembre, constata que por primera vez desde 2003 son necesarios menos de seis ejercicios de ingresos.
Raquel Díaz Guijarro – Madrid – 21/01/2013 – El artículo en Cinco Días
La depreciación que sufren los pisos por culpa de la crisis y el estallido de la burbuja y la caída de la renta disponible de los hogares han posibilitado que el esfuerzo que deben realizar ahora las familias para adquirir su casa sea sensiblemente inferior al que soportaban antes de la recesión.
Los últimos datos publicados por el Banco de España sostienen que en el tercer trimestre de 2012 un hogar debía destinar 5,9 años completos de su renta a la compra de su vivienda; un nivel desconocido desde 2003, ya que a comienzos de 2008 esta ratio se situaba en sus valores máximos. Entonces, para poder comprar una casa las familias tenían que destinar más de siete años y medio de sus rentas. Así, de 2008 hasta ahora el esfuerzo necesario para comprar una vivienda ha disminuido un 23,3%, si bien numerosos expertos del sector consideran que este indicador debería seguir cayendo.
En lo que, sin duda, coinciden todos los analistas consultados es que la corrección de precios de la vivienda en España se ha producido de forma más lenta que en el resto de países donde también hubo boom urbanísticos. Prueba de ello es que después de casi cinco años completos de dura crisis económica, la ratio se ha reducido en poco más de 1,6 años. Si el consenso es que un nivel óptimo o asumible de esfuerzo para adquirir una vivienda es el equivalente a unos cuatro años de renta familiar, al mismo ritmo que el actual, aún se tardarán otros cinco años en retroceder a esos valores, que en España no se registran desde el año 2000, justo cuando muchos sitúan el inicio de la burbuja.
Ventas bajo mínimos
De hecho, prueba irrefutable de que todavía tendrá que moderarse más esa ratio es que las ventas de casas no terminan de despegar, ni siquiera ante la expectativa de la eliminación de la deducción fiscal por compra o el incremento del IVA. Es decir, que ese nivel de esfuerzo aún deja fuera del mercado a muchos hogares que no pueden asumir adquirir su vivienda con ese coste.
Un reciente estudio elaborado por el portal www.pisos.com estima que la brecha que existe entre el precio medio de la casa que oferta el mercado y aquél que está dispuesto a pagar el comprador es de 42.367 euros, unos 4.500 euros menos que en 2011.
En porcentaje, esa diferencia también se ha reducido y ha pasado de representar un 55% en 2009 a un 33% el pasado año. El director general de pisos.com, Miguel ́ngel Alemany, explica que en la actualidad “este porcentaje podría ser incluso más bajo, ya que los precios de oferta que publica el portal no son definitivos y están sujetos a la negociación entre ambas partes”.
Alemany también incide en que los datos arrojados por el informe dan idea del “gran esfuerzo que están realizando algunos vendedores a la hora de ajustar sus precios”, ya que la estadística que maneja pisos.com demuestra que se ha pasado de un promedio de casas en venta por 220.500 euros en 2009 a pisos por 169.867 euros el pasado año.
Los datos del Banco de España demuestran que en el último año se ha acelerado suavemente esa corrección del número de años de renta que son necesarios para pagar la casa. “La crisis ha afectado de forma más directa al poder adquisitivo de las familias y esa merma de ingresos, unida al hecho de que la cantidad que financian las entidades es menor, obliga a los vendedores a reducir sus pretensiones”, aclara Alemany.
En cualquier caso, los números que obtienen esta clase de portales, que es donde se concentra buena parte de la intermediación inmobiliaria actual, demuestran que el mercado sigue siendo muy heterogéneo. Mientras hay provincias con brechas todavía superiores al 60% entre el precio de oferta y el de la demanda, hay zonas con gaps negativos, lo que evidencia que la vivienda que se quiere comprar es más cara que la que se oferta, luego no responde a las características deseadas.

El caso islandés o cómo la justicia española debe abordar el drama de las hipotecas en yenes

Lunes, 28 de enero de 2013

La primera sentencia de nulidad en España
Elena Sanz 27/01/2013 El artículo en El Confidencial
La batalla judicial de los afectados por las hipotecas multidivisa ya ha comenzado. Y el primer asalto ha sido a favor de uno de los demandantes.
Hace quince días, el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Barcelona declaraba nula una hipoteca multidivisa concedida por Catalunya Banc. En su sentencia, considera que se trata de un producto de gran complejidad, que obligaba al demandante a tener unos conocimientos financieros específicos, además de tener un “carácter especulativo”.
Tal y como explican los expertos, las hipotecas multidivisa son híbridos. Son hipotecas que se transforman automáticamente en un derivado financiero referenciado a un índice que fluctúa en un mercado de divisas. “Por lo tanto, estamos ante un producto complejo y de riesgo”, explica Óscar Serrano, abogado y socio de Colectiu Ronda.
La sentencia es sólo el primer paso y todavía no sienta jurisprudencia. Además, ha sido recurrida por la entidad financiera en cuestión. Pero, ¿puede marcar el camino a seguir por la justicia?
A simple vista parece una buena noticia para los más de 60.000 afectados por este tipo de producto, según cálculos de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (ASUAPEDEFIM), que se encarga de la defensa de muchos de ellos. Sin embargo, los abogados piden cautela.

“La sentencia declara nula toda la hipoteca pero no la deuda. Y esto supone un problema porque el demandante debe saldar dicha deuda con la entidad. Y para que pueda hacerlo sólo tiene dos opciones. Vender la casa, y es muy probable que no consiga el dinero suficiente para cubrir la deuda, o pedir una hipoteca. Algo muy difícil en un momento tan complicado como el actual”, explica a El Confidencial Patricia Suárez, presidenta de la asociación que el próximo 12 de febrero abordará en Sevilla los problemas de este tipo de hipotecas y otros derivados financieros.

En su opinión, la justicia española debería inspirarse en la solución adoptada por el Tribunal Supremo de Islandia que tomó cartas en el asunto cuando el sistema financiero quebró y saltaron a la luz los abusos cometidos por las entidades hacia cientos de familias a quienes vendieron hipotecas multidivisa. En ese país no sólo eran ilegales sino que la banca jugó a dos bandas con estos productos. Al mismo tiempo que comercializaba estas hipotecas, apostaban, y especulaban, en contra de la corona para mejorar su cuenta de resultados.

“Fueron declaradas nulas y obligaron a los bancos a que las transformaran en hipotecas tradicionales”, recuerda Óscar Serrano. “En Islandia, el Tribunal Supremo obligó a la banca a transformar en coronas el préstamo inicial. Y es por este camino por donde deberían ir las sentencias en España si queremos que se resuelva la situación de la mejor manera posible para los afectados”, añade Patricia Suárez.

En Islandia eran ilegales, en España no

El caso español y el islandés guardan muchas similitudes respecto a las hipotecas multidivisa pero también algunas diferencias que conviene tener en cuenta.

En primer lugar, y tal y como se ha avanzado, la ley islandesa prohibía expresamente las hipotecas indexadas en divisas. En España no. El Código Civil, en su artículo 1.740 regula lo que es un préstamo y cómo éste se devuelve al prestamista. Pero como matiza Patricia Suárez, “si tomas prestado 10, debes devolver esos 10 más intereses. Hasta aquí normal. Pero lo que no tiene ninguna lógica es que tengas que devolver 10 más 20 veces”.

En Islandia, a pesar de la prohibición, la banca comercializó de manera masiva este tipo de hipotecas, indexadas en divisas extranjeras como el yen, el dólar o el euro. “En España, entre 2004-2005 se vendieron a personas con un nivel cultural y económico muy alto. Muchos pilotos de avión las contrataron”, explica Óscar Serrano. “Entre 2007 y 2008 se comercializaron masivamente entre clientes con un perfil mucho más bajo. A personas capaces de entender que la cuota de la hipoteca podía variar pero no que el capital pendiente de amortizar también podía aumentar, incluso duplicarse”.

En España, al igual que en Islandia, antes de que el yen y el franco suizo iniciaran su imparable revalorización frente al euro -a partir de 2009-, estas hipotecas eran mucho más atractivas que los préstamos tradicionales. En ambos países, la banca que comercializó estas hipotecas no advirtió a sus clientes de los riesgos reales a los que se enfrentaban si la divisa nacional -el euro y la corona- se devaluaban.

“¿Por qué se vendieron estas hipotecas cuando la coyuntura económica tanto de Japón como de España hacía presagiar un punto de inflexión en las divisas?”, se pregunta Óscar Serrano. “Se veía venir que estábamos a las puertas de la crisis económica en Europa y de la recuperación económica en Japón tal y como ponen los informes elaborados por nuestros economistas”.

En España, tal y como denuncian los abogados, a pesar de que los departamentos de riesgo de las entidades tenían a su disposición informaciones que ya avisaban de un cambio en este sentido, no alertaron a sus clientes.

Cuotas que se duplican y deudas que engordan un 40%

Unos clientes que, en ninguno de los dos países, sabían realmente a lo que se enfrentaban. Conocían el impacto negativo sobre la cuota si se producía un cambio de tendencia pero desconocían que, a pesar de las amortizaciones mensuales, la deuda podía multiplicarse en cuestión de días.

Patricia Suárez contaba recientemente el ejemplo de una pareja que pidió una hipoteca multidivisa en yenes de 516.800 euros. En seis meses, el yen pasó de 169 a 116 euros y la cuota de su hipoteca, de 1.745 a 2.500 euros. El importe del préstamo pasó de 516.800 a 733.000 euros, casi 200.000 euros más.

Además del fuerte impacto sobre la deuda total, estas hipotecas también cuentan con cláusulas abusivas como sucede en los préstamos tradicionales. La más dañina, según explican los abogados, es aquella que establece que si la deuda contraída o capital pendiente aumenta en un 5% o un 10%, el cliente debe amortizar ese exceso o aportar garantías adicionales porque de no hacerlo, el banco puede ejecutar toda la hipoteca. “Es draconiano. Pongamos que ese exceso es del 10.000 ó 20.000 euros, ¿cómo lo amortizo?”, asegura Óscar Serrano quien, no obstante, no conoce ningún caso en el que se haya llegado a activar dicha cláusula.

Entre los afectados, hay quienes han decidido acudir a los tribunales. A otros todavía les salen las cuentas con la hipoteca en yenes y tienen colchón para aguantar a los niveles actuales del yen. Otros se han salido. “Hay quienes han pasado de yenes a francos suizos y de francos suizos a euros. O directamente de yenes a euros. Depende del poder adquisitivo de cada uno ya que hay gente que puede asumir la pérdida y prefiere hacerlo y poner punto y final a esta pesadilla. Pero hay muchos que no pueden hacerlo”, añade Óscar Serrano.

Estos últimos, en la mayoría de los casos viven obsesionados con el cambio del yen. Se acuestan y se levantan con la cotización de la divisa nipona, con la evolución de la economía japonesa o con las reuniones del Banco Central Europeo (BCE). Y sueñan con que, algún día, termine esta pesadilla.

La troika vuelve el lunes a Madrid para examinar si se cumplen las condiciones de rescate bancario

Lunes, 28 de enero de 2013

El MEDE aprobará el pago del segundo tramo de 1.865 millones
Los inspectores de la troika -la Comisión, el BCE y el FMI- viajan el lunes a Madrid para verificar por segunda vez sobre el terreno si España está cumpliendo las condiciones exigidas por la UE a cambio del rescate bancario de 40.000 millones de euros. Además, el MEDE dará su visto bueno al desembolso de 1.865 millones de euros, que serán inyectados en los cuatro bancos no nacionalizados, Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS).
La noticia en Cinco Días / Agencias – 27/01/2013
Los inspectores de la troika vuelven a España. Los conocidos como hombres de negro, visitarán Madrid para comprobar si el país va en la buena dirección en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario. A los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y Fondo Montario Internacional (troika) se sumarán expertos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).
La llegada de los inspectores se produce dos meses después de su primera visita, que se produjo durante la segunda quincena de octubre del año pasado y la conclusión fue que España sí estaba cumpliendo lo acordado.
Ello permitió el desembolso del primer tramo de la ayuda, por valor de 39.500 millones de euros, destinada a las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) y al banco malo (Sareb).
Además, también mañana, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) dará su visto bueno formal al desembolso de 1.865 millones de euros de la ayuda financiera concedida a España, que serán inyectados en los cuatro bancos no nacionalizados, Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS).
El consejo de administración del fondo de rescate permanente europeo mantendrá una teleconferencia en la que aprobará el pago del segundo tramo del programa de asistencia al país, la última formalidad necesaria para que España reciba el dinero.
La ayuda se destinará a recapitalizar Banco Mare Nostrum (que recibirá 730 millones), Banco Ceiss (604 millones), Liberbank (124 millones) y Caja3 (407 millones). A cambio, las entidades reducirán su tamaño de media un 30% y deberán centrarse en el negocio minorista y la concesión de préstamos a pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente, reduciendo sus créditos a proyectos inmobiliarios.

Rajoy cuenta con 51 asesores menos de los que tenía Zapatero

Lunes, 28 de enero de 2013

Europa Press 27/01/2013 – La noticia en El Economista
El Gobierno cifra en 578 el número de asesores eventuales que trabajan para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apenas medio centenar menos que en la anterior etapa, lo que supone poco más un 8,1% menos de los que había al final del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Sesenta y ocho de ellos no poseerían el graduado escolar.
Así consta en la información que Moncloa ha remitido a la líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se había interesado por cómo se había concretado la promesa de Rajoy de reducir drásticamente el número de asesores.
En su respuesta a Díez, el Ejecutivo destaca que el número de personas que ostentan la condición de eventual “ha experimentado una reducción significativa en los últimos meses”. En concreto, señala que, de acuerdo con los datos del Registro Central de Personal, el 1 de diciembre de 2011, había un total de 629 efectivos en la Administración General del Estado con tal condición, mientras que a 1 de noviembre de 2012, este número ha descendido a 578. Es decir, en el primer año de Gobierno de Rajoy los asesores de han reducido en 51.
El Ejecutivo comienza aclarando a Díez que “lo que comúnmente se identifica como asesor y personal de confianza” es “personal eventual” y que son las leyes de la función pública las que determinan los órganos de gobierno de las administraciones públicas que pueden contratar a personal de esa categoría.
En el caso de la Administración General del Estado, explica Moncloa, el personal eventual, con carácter general, “sólo” presta funciones en el Gabinete del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y Secretarios de Estado, así como “algunos puestos” correspondientes a oficinas de prensa o relaciones sociales. Añade que, tanto su número como sus retribuciones tienen “carácter público”.
Respecto a los criterios utilizados para su selección, el Gobierno detalla que, tanto su nombramiento como su cese “son libres”, y que, en todo caso éste último coincide con el cese de la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento. “Por eso, la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna”, puntualiza.
No se exige titulación alguna
A la pregunta de Díez de si es cierto, como se ha publicado, que 68 asesores del Presidente del Gobierno no poseen graduado escolar, el Ejecutivo recuerda que para el nombramiento de este tipo de personal “no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna”, si bien agrega que ahora la mayoría de ellos son funcionarios de carrera.
La diputada también quería saber qué necesidades justificaron la publicación de 129 plazas de libre designación repartidas por casi todos los ministerios. “Mientras que las convocatorias de plazas para funcionarios se han paralizado, las convocatorias de personal de libre designación siguen estando a la orden del día, siendo muchas de las veces miembros de los partidos en el poder, quienes ocupan las plazas provisionadas”, se quejaba la líder de UPyD.
El Gobierno le ha contestado negando que la elección de los elegidos para puestos de libre designación no es arbitraria, puesto que deben cumplirse varios requisitos, incluida la idoneidad de los candidatos. Además, añade que los días 1 y 15 de cada mes se publican todas las convocatorias de provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación de todos los departamentos ministeriales.

Los trabajadores de la Justicia, contra el cierre vespertino de los registros

Lunes, 28 de enero de 2013

La razón de acabar con un servicio presentado en su día a bombo y platillo es económica, aunque la consejería de Justicia asegura que quiere potenciar las gestiones telemáticas
26.01.13 – M. P. | La noticia en elideal.es Granada
La Junta de Andalucía ha anunciado el cierre del horario de tarde en los registros civiles. La medida, además de eliminar un servicio pionero en España y destinado a evitar colas y facilitar trámites a los ciudadanos, conlleva también un mordisco en las retribuciones de los funcionarios destinados en esta área que, en el caso de la provincia de Granada, rondan el centenar.
La razón de acabar con un servicio presentado en su día a bombo y platillo es económica, aunque la consejería de Justicia asegura que quiere potenciar las gestiones telemáticas después de constatar la «escasa demanda» que presenta el horario de tarde.
La Junta argumenta, por otra parte, que la ausencia del juez titular y del secretario judicial del registro en horario de tarde «limita en gran medida la atención efectiva» y las gestiones reales que podía realizar la ciudadanía por las tardes.
La consejería ha negociado durante los últimos meses con los sindicatos la reorganización de este servicio para adaptarlo a la «demanda real» de la ciudadanía y a la necesidad de «racionalizar» los gastos.
Sin embargo, la negociación no ha obtenido ningún resultado por lo que se ha acordado que los registros civiles prestarán próximamente su servicio sólo en horario de mañana.
El complemento que recibían los funcionarios que trabajaban en horario vespertino, alrededor del 10% del total de la plantilla, «no supone una bajada de sueldo porque no afecta a las retribuciones básicas esenciales, sino que eran retribuciones con carácter extraordinario», según la consejería de Justicia.
Los trabajadores discrepan de los argumentos ofrecidos por la Junta y recuerdan que los presupuestos aprobados por el Parlamento para 2013 contemplan una partido específica de 2,3 millones de euros para este concepto. El coordinador andaluz del sindicato de trabajadores de la administración de Justicia (STAJ), Nicolás Núñez, recordó en declaraciones a IDEAL que la apertura de los registros por la tarde «era la punta de lanza de una plan de la Junta para abrir otros servicios judiciales en horario de tarde. Ahora lo eliminan de un plumazo con los argumentos contrarios a los que emplearon para ponerlo en marcha».
240 euros al mes
Aunque se trababa de un trabajo voluntario, la práctica totalidad de los funcionarios adscritos a los registros civiles se «apuntaron» a este servicio vespertino, por el que reciben 240 euros brutos mensuales, una cantidad que desaparecerá pronto de sus nóminas.
Solo en Granada capital hay 23 funcionarios en el registro civil, a los que deben sumarse los de los partidos judiciales de Huéscar, Baza, Guadix, Santa Fe, Loja, Órgiva, Motril y Almuñécar. En total, la supresión de la jornada de tarde afectará en la provincia a casi un centenar de trabajadores.
La Junta y los sindicatos se han reunido varias veces en una mesa sectorial y se han buscado fórmulas para mantener el horario de tarde al menos en las grandes ciudades. «Ahí está más que demostrada su conveniencia y eficacia. Por ese motivo, sugerimos que se llevara a cabo un estudio para detectar los lugares donde si valía la pena seguir con la apertura vespertina. Sin embargo, la Junta no ha cedido en su postura inicial», concluyó

Ciutat de les arts. Valͨncia

Domingo, 27 de enero de 2013

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Informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos. 19 de diciembre de 2012

Domingo, 27 de enero de 2013

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El precio de la vivienda en España descendió un 12% en el último trimestre de 2012

Domingo, 27 de enero de 2013

Según Tinsa
22/01/2013 – EuropaPress – La noticia en Finanzas.com
De esta forma, el descenso acumulado por el precio de la vivienda desde los máximos durante el ‘boom’ inmobiliario se sitúa en el 33,3%
El precio de la vivienda en España descendió un 12% en el último trimestre de 2012
El precio de la vivienda en España descendió un 12% interanual en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone la mayor caída del año, según el indicador de Mercados Locales que elabora Tinsa. Sólo en diciembre, el precio retrocedió un 11,3%.
De esta forma, el descenso acumulado por el precio de la vivienda desde los máximos durante el ‘boom’ inmobiliario se sitúa en el 33,3%.
Por comunidades autónomas, el descenso más acusado en el cuarto trimestre del año se registró en Cataluña (-17,1%), seguida de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, donde se produjeron caídas del 14,7% y del 14,6%, respectivamente. Asimismo, fueron significativos los descensos en la Comunidad Valenciana (-14%) y la Región de Murcia (-13,9%).
En línea con la media nacional se situaron Baleares (-12,8%), Castilla y León (-12,5%), Andalucía (-12,5%), Galicia (-11,6%) y Cantabria (-11,6%), por delante de Aragón (-13,1%).
Culminan la lista Canarias (-10,2%), La Rioja (-8,8%), Navarra (-8,4%), Extremadura (-7,8%), Melilla (-4,8%) y Asturias (-2%). El único incremento se localizó en Ceuta, con una subida del 1,4%.
A nivel provincial, los mayores descensos interanuales del precio de la vivienda se localizaron en el cuarto trimestre en Tarragona (-18,7%), Barcelona (-18,5%) y Málaga (-17,3%), frente a los experimentados en Lugo (-1,8%), Soria (-1,9%) y Asturias (-2%).
Analizando los descensos acumulados desde que se alcanzaron los valores máximos, ya son 10 las provincias que presentan caídas superiores al 40%, entre las que se encuentran Toledo (-45,5%), Barcelona (-44,4%), Zaragoza (-44,2%), Guadalajara (-44,2%), Tarragona (-43,1%) y Málaga (-42,6%).

El Gobierno rebajará el interés de demora de las hipotecas del 20% al 6%

Sábado, 26 de enero de 2013

Reforma hipotecaria

Además, dichos intereses sólo se podrán pagar durante un período máximo de tres años, frente a los cinco que marca ahora la ley.
La noticia en Libre mercado 25 enero 2013

El Ejecutivo ultima una reforma del mercado hipotecario con el objetivo de reforzar la protección de los deudores. Así, el Gobierno introducirá enmiendas en el proyecto de ley de medidas hipotecarias que se debate el miércoles en el Congreso de los Diputados. Entre las propuestas destaca la imposición a la banca de una rebaja de los intereses de demora de las hipotecas que pasarán del 20% actual a un máximo del 6%, según informa este viernes Expansión.
Además, los intereses de demora sólo se podrán pagar durante un período máximo de tres años, en lugar de los cinco que marca ahora la ley. Otra de las medidas planteadas es que el plazo de la hipoteca no pueda superar la edad de jubilación del deudor. En la actualidad, el reglamento hipotecario no establece un tope para la duración de este tipo de préstamos. Por ejemplo, en los años del boom inmobiliario la tendencia general fue que los plazos de las hipotecas concedidas se moviesen entre los 40 y 50 años. Ahora, en tiempos de crisis, estos plazos tan amplios dificultan que las familias que no pueden afrontar el pago de su hipoteca puedan renegociarla con la entidad.
Asimismo, se regulará un procedimiento extrajudicial para evitar la subasta del inmueble hipotecario. En la actualidad, los bancos pueden presentar una nueva tasación de la vivienda para valorarla antes de subastarla. Por lo general, ésta es más baja que la valoración por la cual se concedió el préstamo hipotecario. Además, el banco no está obligado a aceptar la tasación independiente que puede presentar el deudor
En este sentido, el Gobierno propone que la tasación independiente y homologada que presente el deudor antes de la subasta prevalezca sobre la que pudiera ofrecer el banco. También se permitirá resolver el proceso de forma extrajudicial siempre que haya un comprador que ofrezca al menos el 70% del importe de esa nueva valoración.

Informe sobre el Anteproyecto de ley de garantía de la unidad de mercado

Sábado, 26 de enero de 2013

Moncloa. Consejo de Ministros. Viernes, 25 de enero de 2013
La ley supondrá un aumento del PIB del 0,15 por 100 anual los primeros diez años, 1.500 millones de euros al año.
Los operadores necesitarán la licencia de una sola Comunidad Autónoma y podrán operar por todo el territorio nacional.
El Consejo para la Unidad de Mercado acogerá a Administración General y Comunidades Autónomas para velar por el cumplimiento de la norma
Todas las Administraciones Públicas compartirán una única base de datos electrónica para ejercer labores de control y supervisión
Se establece un procedimiento ágil de resolución de conflictos con la participación de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, dirigido a asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. La ley está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Íšnico Europeo. De esta forma, cualquier producto a servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.
Una vez se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.
El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.
Impacto económico
El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad estima que la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.
La sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.
La Ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Son numerosos los organismos que han destacado la necesidad de introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre Europeo, establecía la necesidad de “eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”.
La medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España mejorar en los rankings internacionales de competitividad.
Cooperación administrativa
Esta Ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las Administraciones. Se basa en la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión.
En concreto, se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos. Las memorias de impacto normativo de leyes nuevas de todas las administraciones tendrán en consideración su impacto en la unidad de mercado.
Se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre Administraciones y entre autoridades de origen y destino para el ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de Administraciones Públicas.
Las Conferencias Sectoriales van a servir de instrumentos para impulsar la buena regulación y solucionar problemas de unidad de mercado que afecten a ciudadanos, empresarios y profesionales.
Consejo para la Unidad de Mercado
Además, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley. El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte del Consejo la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que ocupará la Secretaría, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia.

El Consejo tendrá las funciones de racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo, entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.
Solución ágil y económica a conflictos
Este Anteproyecto habilita, por primera vez, a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.
Dicha Comisión Nacional deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido. De esta forma, se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas.
Por otro lado, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, esta Ley incluye el principio de no discriminación. Esto evita, por ejemplo, que sea requisito necesario para dar una autorización a una empresa que los empleados de ésta hayan recibido cursos de formación en esa Comunidad Autónoma.

El tope a los depósitos daña el crédito y el consumo de las clases medias

Sábado, 26 de enero de 2013

F. Tadeo 19/01/2013 – El artículo en El Economista
Las entidades tendrán menos liquidez para prestar dinero a familias y empresas
El poder adquisitivo caerá, porque la inflación es muy superior al límite del 1,75%
Se duda de la legalidad de la medida por la falta de competencias del BdE
El tope a los superdepósitos ha abaratado sustancialmente la financiación de los bancos. Pero esta rebaja no se ha trasladado, de momento, a los tipos que cobran en la concesión de los créditos. Según fuentes del sector, este efecto se verá a medio plazo y siempre que se produzca una recuperación económica, que es la base para que los préstamos vuelvan a fluir.
Los expertos consultados por elEconomista son más pesimistas y sostienen que el límite impuesto daña aún más la concesión del crédito a corto y medio plazo, además de perjudicar el consumo, dos de las palancas fundamentales para la reactivación de la actividad en nuestro país.
La medida perjudica claramente a las clases medias. Los ricos, las grandes empresas y las administraciones públicas no se ven afectadas, porque el supervisor ha dejado margen de actuación a las entidades. Éstas podrán remunerar sin castigo a los clientes que lleven cantidades superiores a los 10 millones.
Varios son los motivos que esgrimen los expertos para vaticinar que la decisión del supervisor va en contra de lo que necesita la economía para recobrar el pulso. Por un lado, parte del ahorro irá a productos fuera de balance, como los fondos de inversión, con lo que la liquidez de las entidades se verá mermada y, por tanto, tendrá menos capacidad para incrementar el volumen de préstamos que concede a pymes y familias.
Además hay otro factor a tener en cuenta. El tope a los depósitos dificulta aún más la concesión de las entidades nacionalizadas. Éstas tienen restringida su capacidad para ofrecer créditos, ya que por cada euro que prestan tienen que disponer, al menos, de un euro en la cartera de depósitos. La menor maniobra para obtener dinero de los clientes en estos grupos (que son cuatro) recorta las expectativas de que los préstamos vayan a aumentar en el corto plazo.
Por otro lado, argumentan que el poder adquisitivo de las familias se verá afectado, porque el límite del 1,75% es muy inferior a la subida de la inflación – el IPC de diciembre se situó 2,9%-, por lo que los ciudadanos que contraten depósitos perderán dinero y capacidad para consumir.
Un castigo a la banca
El límite a los depósitos no es de obligado cumplimiento, pero las entidades que ofrezcan mayores intereses a los prefijados serán castigadas con un colchón superior de capital. En este sentido, los expertos sostienen que la banca española en general no cuenta con margen suficiente en su solvencia como para poder saltarse la recomendación del Banco de España. Nouriel Roubini destaca en uno de sus últimos informes, publicado esta semana, que las entidades españolas no podrán contribuir a la recuperación de la economía por sus ratios de capital actuales, que se ven dañados por el largo proceso de reestructuración financiera.
En este contexto, las entidades han decidido no mover ficha y mantienen, por ahora, las mismas condiciones en los créditos otorgados a las familias y a las empresas. El endurecimiento de los criterios sigue vigente. En el caso de las hipotecas, los diferenciales se sitúan muy por encima de los 2 puntos sobre el euribor. En el caso de las pymes es muy superior. Se encuentra casi en el 4%.
Mientras que el euribor se ha desplomado en el último año a mínimos históricos de hasta un 0,5%, los diferenciales aplicados por el sector bancario no han dejado de subir.
Este aumento de las tasas impide a muchas familias y empresas entrar en el colectivo de clientes solventes para las entidades, lo que se ha traducido en un cerrojazo del crédito a la economía. El saldo crediticio de la banca ha elevado su ritmo de caída hasta un 5,66% en noviembre, último dato publicado por el organismo supervisor, que supone otro descalabro histórico.
Críticas y peticiones
Los analistas sostienen que, a pesar de que el volumen de créditos que puedan conceder baja, las entidades sí cuentan ahora con más margen para poder rebajar los niveles de exigencia en la concesión de esos préstamos y reclaman un recorte de los diferenciales, una vez que el Banco de España ha acotado la remuneración en la captación de depósitos.

¿Qué pasa con el programa de nacionalidad?

Viernes, 25 de enero de 2013

Nos están llegando continuas quejas del mal funcionamiento del programa de nacionalidad, así como de su lentitud.

Hoy se nos indica que los usuarios, sin haber recibido ninguna comunicación previa de alguna anomalía, se encuentran con el siguiente mensaje:

El usuario no tiene concedido el permiso para acceder a Futureg.

La pregunta inmediata es por qué el Colegio no advierte, al menos por correo electrónico, de la suspensión de la operatividad del programa.

¿O es que no dependemos del SSI sino de una compañía privada externa?

¿Por qué los bancos no utilizan el IRS para nuevas hipotecas?

Viernes, 25 de enero de 2013

18.01.2013 La noticia en Expansión
Si alguien viniera de fuera, no supiera de la situación hipotecaria española y echara un vistazo a los tipos de referencia del mercado hipotecario a cierre de año sería optimista: Euribor al 0,549%, Interest Rate Swap (IRS) a 5 años, 0,806%.
Pero la realidad es completamente distinta, nos encontramos con un mercado casi completamente parado en el que se dan pocas hipotecas y muy caras. Tan sólo las “prisas” por cerrar algunas operaciones antes de que acabara la desgravación fiscal de 2012 ha hecho incrementar la concesión de hipotecas en los últimos meses, pero acabadas estas ¿Qué va a pasar en los próximos meses?
Las perspectivas hipotecarias no son buenas e incluso el nuevo tipo de referencia, el IRS que muchas entidades solicitaron para sustituir por el Euribor, y que tenía la ventaja de ser más estables (al medir permutas financieras a 5 años) y que prácticamente no se está utilizando, y eso que se está moviendo entre un 0,3%-0,4% por encima del Euribor y es en teoría también más rentable para los bancos. ¿Por qué no lo están aplicando? Principalmente por una parálisis del sector, con una bajada de los tipos que lejos de favorecer la concesión de préstamos lo que está realizando es ralentizarlo aún más por culpa de aplicar los bancos estrategias erróneas que suponen ponerse la soga al cuello.
Errores del pasado, errores del presente
Los bancos han ido limitando o poniendo barreras a la concesión de hipotecas en los últimos años disparando los diferenciales. Si antes del estallido de la crisis era muy sencillo encontrarnos Euribor + 0,35%, ahora lo más corriente es verlas alrededor de Euribor + 3%. Con ello se aseguraban pocas operaciones y precios altos, a la vez que los referenciales (Euribor) bajaban hasta niveles mínimos históricos, un nivel que se va a mantener durante bastantes meses, debido a la debilidad económica de la zona euro que obligará a que continúe el BCE con política monetaria expansiva. En esta situación es bueno mirar atrás.
Una fecha importante es junio de 2008, en esos meses ya se empezaba a hablar abiertamente de crisis, aunque también se seguía utilizando eufemismos como “desaceleración prolongada” pero mientras esto sucedía el Euribor había escalado hasta el 5,398%. ¿Qué significaba? Que familias que habían pagado un 2% por su hipoteca apenas 2-3 años antes en ese momento tenían que abonar casi el 6%, si esto le añadimos que muchas de ellas eran hipotecas a plazos muy largos (40 o incluso hasta 50 años) y que apenas amortizaban capital, el resultado es que multiplicaban por 3 o incluso hasta 4 las cuotas a pagar. El resultado, junto al desempleo lo vemos ahora, miles de desahucios y dramas familiares.
Paradojas y malas decisiones
Con un entorno de tipos mucho más bajos que los mínimos anteriores, el problema de una subida de tipos a medio y largo plazo es mayor, y han hecho crecer los riesgos los propios bancos. Si pongo un diferencial del 3% a un IRS al 0,80%, obtengo un préstamo al 3,80%, un tipo alto si consideramos el precio del dinero pero que puede asumirse, pero si el IRS se dispara en unos años por encima del 5%, algo plausible si hay una recuperación y hay que hacer una política monetaria restrictiva nos encontraremos hipotecas al 8%-9% que causarían un grave problema al sistema. De hecho Fitch considera como un escenario probable que se dispare por esas razones la morosidad de los préstamos hipotecarios hasta más de 3, en un entorno como el actual en el que estos tipos de préstamos ya superan el 3,6% se alcanzaría el 11,4%, y la morosidad global superaría con creces el 15%.
En definitiva, los bancos no utilizan el IRS porque han multiplicado su riesgo al elevar los diferenciales. Soluciones, la más práctica es volver a ofrecer diferenciales inferiores y así conseguir cuotas que puedan ser sostenibles con cualquier entorno de tipos de intereses. Eso sería lo ideal, pero lo más probable es que lo que se haga es exigir que las cuotas actuales respecto a la renta sean muchos menores, por debajo del 25% de lo que gane y hasta un 15%, es decir hipotecas menos accesibles. El único “salvavidas” es que los precios de la vivienda continúen la corrección y hagan que la carga total a hipotecar baje de forma general.
El IRS o permuta de tipos de interés es un ejemplo más de que la banca no sabe lo que quiere o, quiere salir ganando siempre. Cuando el Euribor estaba demasiado bajo reclamaron el IRS, para ahora no utilizarlo por miedo a conceder hipotecas cuya revisión sea cada 5 años.
Por mucho que se diga, la banca siempre gana, o lo pretende al menos.

Montijo

Viernes, 25 de enero de 2013

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Abogacía, ética y corrupción

Viernes, 25 de enero de 2013

Isidro Echániz Maciá. En Información de Alicante

En estos tiempos en los que, mires por donde mires, algo huele a podrido, no podía faltar el hecho de que algo turbio -falto de claridad y de licitud dudosa-atentara contra las mismas entrañas de la función de la Abogacía. Y hago esta reflexión al hilo de la noticia que recogía este diario el pasado sábado, 19 de enero: Una investigación implica a abogados y notarios alicantinos en un fraude millonario a Hacienda.
Al margen del principio constitucional de la “presunción de inocencia”, y desconociendo del fondo del asunto y la presunta participación en el entramado base del presunto fraude, no tengo más remedio que recordar el estatuto y el Código Deontológico de la Abogacía, así como la lucha que, tras siglos, mantenemos para eliminar esa fama que los abogados hemos tenido cara a la sociedad y que, con tanta dificultad, tenemos que ir superando.
Desde los fueros, donde aparecíamos como culpables de casi todos los males: “Buen abogado, mal cristiano” (Fuero de Segovia), “El que llama a un abogado es que ha matado o mucho ha robado” (Fuero de Palencia) o “El error de un médico la tierra lo tapa, el del abogado el dinero lo sana” (Fuero de Burgos), hasta las diversas denominaciones que el devenir de los tiempos y la propia sociedad nos ha venido dando, casi siempre despectivamente: “abogadete”, “catarribera”, “leguleyo”, “picapleitos”, “rábula”, “tinterillo” ¡qué barbaridad!
Pero ante todo, contamos con un estatuto y un código deontológico del que podemos, incluso, presumir frente a otros colectivos de cuyo nombre no quiero acordarme (quizá la patria de Don Quijote fuese Argamasilla de Alba y no quería recordar aunque quisiera). Y así, taxativamente y con rotundidad, nuestro estatuto preceptúa: “En ningún caso la tutela de los intereses que le sean confiados puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla vinculada”.
Mi reflexión de hoy tiende exclusivamente a ponderar la función de nuestro colegio profesional, sin corporativismos al uso y como aviso a navegantes, garantizar la independencia y libertad de la Abogacía y creo que se me entiende.
Como nota final entresaco un párrafo de una novela que acabo de leer, en la que el protagonista hablando sobre los abogados, dice: “Todavía tengo que encontrar un abogado que no sea capaz de robarle los ahorros a su madre, los ahorros y el colchón donde los esconde” (Philip Kerr). Menos mal que es una novela, ¡y de la serie negra!, pero como he dicho, esa fama tenemos que desmontarla en el día a día, con el compromiso de nuestra vinculación a la Justicia y creo que mi amigo el pescadero también lo entiende.

Fischer, blancas; Miagmarsuren, negras.

Viernes, 25 de enero de 2013

Enlace a la partida: fischer-robert-james-blancas-miagmarsuren-lhamsuren-negras.pdf

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