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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo de abril de 2013

Los Registros descontentos con el programa informático de nacionalidad

Martes, 30 de abril de 2013

La encuesta realizada desde esta página ha arrojado una insatisfacción del 95 por ciento de los usuarios respecto al programa informático elegido para desarrollar la encomienda de nacionalidad.

La urgencia en su contratación, sin concurso público alguno, no ha servido como se dijo para poder finalizar la encomienda en el plazo de seis meses previsto, a 31 de diciembre del año pasado. Ni tampoco en la prórroga de tres meses que se dio hasta marzo ya que también se incumplió. Ahora ya se habla de finalizar en junio.

La queja más común de los usuarios es la lentitud del programa en todo su conjunto al depender directamente de la red con anchos de banda insuficientes y asimétricos.

Sin ir más lejos, este viernes día 26, por la tarde, era imposible acceder a la aplicación. Se podía llegar hasta la pantalla azul, previa a la entrada, en la que se visualizaba Nacional P 17-36 Futureg. v.(none) y ahí el programa se quedaba colgado. Después de no menos de seis intentos desde el comienzo de las secuencias se llegaba a un mensaje que decía literalmente: “Para acceder a Futureg debe disponer de un certificado válido de funcionario de esta oficina del registro público”. No se pudo acceder a ningún expediente de nacionalidad.

El soporte del Colegio nada pudo resolver salvo alegar sobrecarga. Un viernes por la tarde.

Lo más curioso es que el pendrive que estaba instalado en el equipo era el del propio registrador que había estado firmando electrónicamente con el programa experior.

Con los programas anclados en la nube las respuestas no dependen sólo del equipo físico con que se trabaja sino tambien de la red y del servidor situado en el otro extremo. Ello hace disminuir de forma alarmante el rendimiento de la aplicación. E incluso como se ha visto puede darse el caso de no poder hacer absolutamente nada.

Esperemos que el experimento no se repita.

Sobre las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios

Martes, 30 de abril de 2013

Por José María Torras Coll
Profesor de Escuela de Práctica Jurídica Profesional para el acceso a la Abogacía. EPPA. Sabadell.
29.04.2013 El artículo en elderecho.com
La sentencia dictada por el Juzgado Mercantil de Sevilla que, posteriormente, y tras ser revocada, en segunda instancia, por la Audiencia Provincial, fue recurrida en casación por AUSBANC, viene referida a una acción colectiva de cesación de condiciones generales de contratación, y las peticiones de la recurrente quedan acotadas a declarar la nulidad, por abusivas, de las denominadas cláusulas suelo, en los préstamos hipotecarios a interés variable con consumidores, celebrados por las entidades demandadas, BBVA, LA CAIXA y CAJAMAR, condenando a dichas entidades a eliminarlas de las condiciones generales de contratación, a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo en sus contratos de préstamo hipotecarios con consumidores y usuarios, a ordenar su difusión y publicitación en el Registro Mercantil y a inscribir la sentencia en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.
Por consiguiente, no figura como pretensión, ni por consiguiente forma parte del debate casacional, la relativa al derecho de los afectados a reclamar la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por el banco, como consecuencia de la aplicación de esa cláusula suelo, conocida también, en otras latitudes como la “tasa piso”, declarada nula.
La escueta e insólita nota de prensa difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo el pasado día 20 de marzo, a modo de novedoso avance informativo, publicita que el Pleno del Tribunal ha estimado parcialmente el recurso de casación, declara la nulidad de las cláusulas suelo, con el matiz de la “falta de transparencia”, ciertamente llamativo y enigmático ,cual trasunto parámetro modulador consustancialmente inconciliable, conforme a los cánones del Derecho de la Unión, con la concepción de la abusividad, caracterizada intrínsecamente, precisamente, por esa ausencia de transparencia informativa al contratante adherente por parte del oferente-predisponente, cuando en el en el punto 3º de la nota divulgativa, se afirma textualmente que “este pronunciamiento no comporta la devolución de las cantidades ya satisfechas”, lo cual extraña sobremanera, y contribuye a propiciar una ceremonia de la confusión abanicada por tendenciosos titulares de prensa en orden a minimizar el impacto, la enorme y trascendental repercusión de esta sentencia, pues ello no formaba parte de la casación y, de efectuarse pronunciamiento categórico excluyente de la retroactividad, tal proceder podría entrañar un descomunal paradigmático supuesto de incongruencia “extra petita”, por exceso, e incurrir tal decisión en la denominada proscripción de la “reformatio in peius”, en cuanto a que no puede resultar el recurrente desfavorecido en aquello que le fue favorable en la primera instancia ,caso de revocarse la sentencia de apelación, a menos que las consideraciones se hiciesen a guisa de “obiter dicta”, amén de que, de derivarse la calificación definitiva de abusividad, particularizándola a cada supuesto individualizado, se estaría desnaturalizando el espíritu y la finalidad de la acción de cesación ejercitada.
Sería de desear que, ante ese escenario de desconcierto e incertidumbre y, en pos de la deseable claridad y seguridad jurídica, la propia Oficina de Comunicación emitiese, cuanto antes, un comunicado complementario y aclaratorio al respecto, lo más prístino posible, pues el propio presidente de AUSBANC, públicamente, ha declarado alto y claro, enfatizándolo, que la STS conlleva sustancialmente dos consecuencias para los usuarios afectados, la nulidad de la cláusula y, por tanto, su eliminación, el que deje de ser aplicada, y el derecho que les asiste, individualmente, a reclamar a la entidad correspondiente la devolución de las cantidades satisfechas, es decir, a recuperar tales cantidades, con más los intereses devengados.
Con la histórica sentencia se trata de restablecer el principio de equidad, roto por esa cláusula suelo que pretende cubrir el riesgo de la fluctuación del tipo de interés en los contratos de préstamo hipotecario insertada en el marco de un sistema financiero que, en palabras del propio presidente de AUSBANC puede motearse de holgazán y perezoso, que exprime el dinero.
Lo cierto es que la transparencia no se garantiza necesariamente por la doble intervención del Notario y del Registrador de la Propiedad, como pretende asegurar, a modo de dogma de fe irrefutable, la patronal bancaria, AEB.
Así, y, como muestra palpable de ello, de una parte, los propios Notarios, a buen seguro, para curarse en salud, han anunciado la suspensión de las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales de hipotecas que contengan cláusulas adjetivables como abusivas.
Ello implícitamente nos revela que si las condiciones contractuales fuesen transparentes, qué necesidad tendrían los Notarios de suspender las ejecuciones.
El Tribunal Supremo, en la STS de 16 de diciembre de 2009, a modo de decálogo de cláusulas abusivas, afirmaba que la cláusula contractual correspondiente ha de ser transparente, entendiendo por tal que fuese clara, concreta y sencilla, es decir, como señala la Sentencia de la propia Sala de 13 de marzo de 1.999, ha de ser legible, físicamente, y comprensible, intelectualmente.
Con tal proceder se viene a reconocer que los Notarios, o bien desconocían o relativizaban el significado y alcance de la abusividad que anidaba en dichas cláusulas ,y ,por ello ,no advertían expresamente de ello a los clientes-usuarios prestatarios, o ,si las conocían y les instruían e informaban de modo cabal y comprensible, cómo se explica que ahora se susciten dudas acerca de su nulidad; ello evidencia paradójicamente un contrasentido y un comportamiento ciertamente errático y contradictorio que pone al descubierto la ausencia de garantías en cuanto a la transparencia e información precisa y clara al consumidor, y en nada se compadece ni es conciliable con la presunción de transparencia que la patronal bancaria les arroga incondicionalmente a los fedatarios públicos.
Es más, el Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad ha denunciado públicamente a los notarios por falta de transparencia al haber aceptado cláusulas abusivas y no detectarlas, pues su actuación profesional, como fedatarios públicos, en tal sentido, resultaba más bien inane ,por ser consustancial y sistemáticamente anodina, al limitarse, a lo sumo y, no siempre, como en innumerables supuestos, lamentablemente, nos demuestra la praxis notarial, aun cuando duele reconocerlo, que se limitaban a una lectura rápida e ininteligible y la mayoría de las ocasiones resumida o sesgada, puntual, en diagonal, para el profano o no avezado en estas materias de economía financiera compleja que se escapan a cualquier persona por elevado grado de cultura o formación que atesore, a salvo que fuere un experto financiero, sin que se les advirtiera de las eventuales repercusiones o consecuencias económicas que las variaciones comportarían, dándose el caso, por cierto muy frecuente, que los propios empleados del sector de la banca, algunos de ellos, directores de oficinas, de perfil comercial, (con una nada despreciable ni desdeñable partida remunerativa por objetivos alcanzados) que proporcionaban a los clientes tales productos, a la par que lo acontecido con las vergonzantes y fraudulentas participaciones preferentes o subordinadas suscritas por personas que no responden al perfil inversionista ,sino a pensionistas ahorradores, que ni siquiera conocían su contenido ni su significado y alcance.
Repárese que la endémica anomia cultural financiera en España ha llegado a generar tal preocupación por el enorme desconocimiento de los productos financieros que se están implementando gradualmente programas educativos de alfabetización financiera que se han empezado a impartir en el curso académico de 4º de ESO.
La comunidad jurídica se mantiene, pues, expectante ante la redacción definitiva de tan relevante sentencia (por lo anunciado, trufada de detalles y matices, por lo de “la falta de transparencia”), para la seguridad jurídica, por su enorme trascendencia y repercusión para los consumidores afectados y por su indudable incidencia en el sector financiero español.
Es menester que el propio Tribunal Supremo, al informar, sea diáfano, transparente, contribuya a fortalecer la seguridad jurídica y no avente, al pairo de una sentencia que, por la dicha nota informativa quepa presagiar e intuir que lo sea de las denominadas “interpretativas”, y genere un sinfín de reclamaciones por parte de los justiciables que colapsen, con un aluvión de demandas o motivos de oposición, la ya maltrecha y depauperada Administración de Justicia.

Rajoy avisa que será la legislatura de las reformas permanentes

Martes, 30 de abril de 2013

Los recortes, claves para no condenar a los españoles a un largo periodo de decadencia económica
Redacción Siglo XXI – 29 de abril de 2013, La noticia en diariosigloxxi.com
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que hay “hechos” que certifican el cambio de rumbo del país y ha apostado por no bajar la intensidad en este cambio, ya que esta legislatura debe ser la del proceso permanente de reformas.

“Lo importante es no perder el rumbo”, ha señalado Rajoy en la clausura de la asamblea del Instituto de la Empresa Familiar, donde ha repasado las reformas que seguirá aplicando en el país en los próximos meses, todas ellas incluidas en el plan nacional que aprobó el Gobierno el viernes pasado.

Aunque ha reconocido que algunos datos económicos son peores que hace un año, Rajoy ha asegurado que España está “en el umbral” de invertir la situación económica con bases para conseguirlo “cada vez “más sólidas”.

“Sin alharacas, sin triunfalismos que a nada bueno conducen, manteniendo el rumbo y la intensidad en el esfuerzo, seguiremos trabajando por dejar atrás la recesión económica y darle a la sociedad española fundados motivos para recuperar la esperanza”, ha dicho.

Entre los datos que sí han empeorado, Rajoy ha destacado el empleo, que ha arrojado cifras no han sorprendido al Gobierno a pesar de ser “dramáticas”, y que, además, se convierten en “el mayor incentivo” para aplicar su política.

En este sentido, ha recordado que en periodos de recesión económica siempre se destruye empleo y ha asegurado que pensar lo contrario es creer en “varitas mágicas” o “dislocadas políticas arbitrarias”.

A su parecer, para crear empleo lo primero que hay que hacer es remover los obstáculos al desarrollo económico y sanear la economía. “Es una condición ‘sine qua non’, ineludible”, ha destacado, tras asegurar que “por duras y dolorosas” que sean las tareas de saneamiento, hay que hacerlas.

“Lo contrario sería condenar a los españoles a un larguísimo periodo de decadencia económica”, ha indicado el jefe del Ejecutivo, quien ha explicado que, por ese motivo, nunca ha hablado en sus 16 meses de gobierno de “prematuros brotes verdes” o de “periodos de bonanza”, sino que dejó claro que la vuelta a la situación económica no sería “ni fácil ni rápida”.

Hay datos buenos
Aunque los datos en crecimiento y empleo no son positivos, Rajoy ha resaltado otros como la corrección del déficit exterior, la moderación de los precios, que acabarán el año por debajo del 2%, la reducción del déficit público y el cambio que se ha producido en el sector financiero.

“No hace falta que les diga que, tras la profunda reestructuración efectuada, la situación ha cambiado por completo”, ha señalado el presidente, quien ha confiando en que “más pronto que tarde” el sector financiero vuelva a cumplir su principal función: dar crédito.

Rajoy ha resaltado el incremento de la credibilidad en las cuentas según se van notando los efectos de la reforma, tal y como se desprende de la moderación de la prima de riesgo, que puede provocar un ahorro de más de mil millones para las arcas públicas, según algunos analistas. “Esto no son hipótesis, son hechos”, ha señalado el presidente, quien también ha recordado que ya nadie habla del rescate porque el clima “ha cambiado”.

Seguir con las reformas
De la misma forma, ha resaltado la reducción del déficit en todas las administraciones, el aumento de las inversiones extranjeras en deuda, la mejora del mercado laboral por la reforma, la recuperación de competitividad perdida, la mejora de la actividad exportadora y el “radical” cambio del sector exterior.

Aún así, ha resaltado la importancia de no relajar el rumbo reformista y seguir avanzando en la consolidación fiscal con medidas como la autoridad fiscal independiente, en las reformas del sector público, en la sostenibilidad del sistema de pensiones y en la mejora del marco normativo del sistema financiero.

A su parecer, el reto que tiene España delante es “difícil”, aunque se ha mostrado convencido de que el país no parará hasta convertirlo en una “historia de éxito”. “Va a exigir de todos nosotros muchos esfuerzo y mucho acierto”, ha subrayado, para resaltar después que ofrecerá como premio un horizonte de recuperación económica que permitirá devolver a España las oportunidades que nunca debió perder.

“No estoy satisfecho con las cifras”
Preguntado por si está satisfecho con su política, Rajoy ha dicho que “de ninguna de las maneras” puede estar satisfecho con las cifras de crecimiento y empleo. “No estoy satisfecho, sería insensato que lo estuviera”, ha señalado, tras mostrarse, en cambio, “moderadamente satisfecho” con los avances en Europa y más satisfecho con la mejora en la reducción de desequilibrios nacionales, el primer paso para volver a crecer.

A si parecer, las reformas eran “absolutamente necesarias” , junto al mantenimiento de la consolidación fiscal y la puesta en marcha de estímulos económicos. De cara al futuro, ha considerado “capital” la vuelta del crédito” y ha asegurado que bajará los impuestos en cuanto la situación lo permita.

Los funcionarios de Justicia ofrecen un plan B para el Registro Civil

Martes, 30 de abril de 2013

En Diario de Noticias, 26 Abr. 2013, Editorial LA LEY

El sindicato ha remitido al Ministerio un proyecto alternativo ante el rechazo generalizado a la reforma.

Almudena Vigil.- Una semana después de que los registradores dijeran no a la llevanza del Registro Civil, los funcionarios de la Administración de Justicia mueven ficha.
Ofrecen un ”˜plan B”™ al Ministerio el mismo día en que estos funcionarios han protagonizado concentraciones en los registros civiles de toda España contra lo que denominan el proyecto de privatización del Registro Civil que prepara el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) advierte de que este proyecto cuenta con el rechazo unánime de todos los sectores de la Justicia, incluido el colectivo de registradores, supuestamente beneficiados por el cambio de competencias.

Ante esta situación, CSI-F ha remitido al Ministerio de Justicia un proyecto alternativo en el que los registros civiles quedan en manos de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. Se trataría de un registro civil informatizado, interconectado, de acceso telemático, centrado en las personas, descentralizado en su demarcación, financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado y dependiente del Ministerio de Justicia.

CSIF entiende que no se puede tirar por la borda, y menos en estos momentos, la experiencia, especialización y formación de los miles de funcionarios de Justicia que prestan sus servicios en los registros civiles.

A lo que añade que invertir no se puede identificar con gastar y menos cuando en este país se ha tirado el dinero a manos llenas en proyectos megalómanos de una utilidad pública más que discutible.

Siendo conscientes de las limitaciones del momento actual se debe articular un proyecto por fases que partiendo de la estructura actual culmine con el Registro civil moderno, eficaz y seguro que los ciudadanos demandan apuntan.

Para ello, CSIF invita al Ministerio de Justicia y al resto de organizaciones sindicales del sector a trabajar juntos sobre la necesaria reforma del Registro Civil en torno a estos tres aspectos.

Desafueros constitucionales de un artículo

Lunes, 29 de abril de 2013

El número 48 de la revista on line del Colegio Notarial de Madrid (“El Notariado del siglo XXI”), correspondiente a los meses de Marzo-Abril del año en curso, publica un desaforado artículo con el título: “Un anteproyecto poco respetuoso con el principio constitucional de jerarquía administrativa”. El texto está suscrito por Miguel Satrústegui, de quien no solo se incluye fotografía, sino también expresión formal de su condición de Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. En él se critica el Borrador de Anteproyecto de Ley de reforma integral de los Registros (en adelante BA), sobre la base de que su lectura evidencia que los Registradores, “constituidos en grupo de presión interno”, pretenden “conquistar privilegios diferenciales” respecto de otros cuerpos funcionariales.
Concretamente, refiere como exponente la pretensión de sacrificar el recurso gubernativo, al que identifica con una alzada, lo que supondrá “la creación de un ámbito material de la actividad administrativa, prácticamente exento de control jerárquico”, calificando el intento de “desplante al artículo 103 de la Constitución”.
Quien suscribe experimenta ante el BA tanta repulsa como el artículo, aunque por distintas razones. Pero lo que no entiende es que se puedan inferir tantos agravios a la norma constituyente en tan poco texto. No dudo que el autor tendrá motivos para zaherir la norma suprema con tan inusitada virulencia, lo que si cuestiono es que puedan tener la condición de “razones”. Pero, vayamos por partes.
Dice literalmente el artículo: “”¦la independencia de ese cuerpo y la de la función de calificación registral no deben llevarse hasta el extremo de que resulten incompatibles con la naturaleza de los registros, como órganos administrativos, y con la condición de funcionarios, integrados en la organización administrativa, que es propia de los registradores. Y es que la independencia no es una característica estructural de la actividad administrativa, porque esta debe atenerse al principio de legalidad y debe respetar también la dependencia de los órganos administrativos inferiores respecto de los superiores, según lo exige el principio de jerarquía interorgánica (que es distinto del de jerarquía normativa) proclamado en el art. 103 de la Constitución…”.
Dejando para el final lo que, para Registros y Registradores, puede resultar del art. 103/1 CE, radicalmente distinto a lo que el texto pretende, lo primero que me veo forzado a reconocer en lo trascrito es que expresa una verdad como un templo: la diversidad entre la jerarquía normativa y la administrativa. Tomen nota de ello cuantos lectores poco avezados no hubiesen caído en la cuenta. Y, lo segundo, es que, con tal salvedad, el resto es un puro desatino, propio de un sermón de Fray Gerundio de Campazas o de su maestro en retórica sacra, Fray Blas, tal y como paso a justificar.
a) Registros y órganos administrativos.- No duda el articulo en aseverar, con solemne gravedad, un notorio dislate:””¦la naturaleza de los registros, como órganos administrativos”¦” . He de reconocer que el aserto suena bien, aun mejor desde una página mecenada por el notariado, pero no todo lo que agrada los sentidos es necesariamente válido en términos jurídicos, que responden a otras exigencias de carácter técnico y corte bien diverso.
En efecto, no creo posible ignorar que “”¦Los órganos de la Administración del Estado son creados”¦ de acuerdo con la ley”¦” (art. 103/2 CE). Ni tampoco que lo dicho se confirma por el legislador ordinario: tanto con referencia a todo el ámbito administrativo (art. 11 Ley 30/1.992) como en el específico de la AGE (art. 5 LOFAGE), único en el que constitucionalmente puede plantearse la incardinación de Registros y Registradores (art. 149/1/8ª).
Lo anterior significa que decidir si una entidad, de las muchas que pululan en el ámbito de lo público, tiene o no carácter orgánico y administrativo no plantea un dilema insoluble, sino algo muy simple, tanto como juntar los dos trozos de un folio separados con la intención de constituir un rompecabezas. Y es que si en sede de órganos administrativos rige un estricto principio de tipicidad legal, porque así lo impone el legislador constituyente, bastará comprobar si la legislación relativa a la AGE contempla o no los Registros como entidades orgánicas integradas en su estructura. Y, en este orden, nada dice la LOFAGE, que guarda absoluto silencio sobre ellos, línea mantenida en todos los Reales Decretos que sucesivamente han regulado la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, incluido el ahora en vigor.
Podría pensarse que el artículo, haciendo gala de una liberal desenvoltura, emplea el término en un sentido amplísimo, designando como “órganos” los entes que constituyen la denominada “Administración institucional”, esto es: “”¦Los Organismos públicos previstos en el Título III -de la LOFAGE que- ”¦tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine”¦” (art. 2/2 LOFAGE). Pero, ni con tal precisión, decae el nivel de desacierto en el artículo: la tipología que comprende el concepto de “organismos públicos” tampoco permite muchas veleidades interpretativas, pues necesariamente ha de corresponderse con una rígida tipificación legal en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales (arts. 41 y 43 LOFAGE), entre que, obviamente, no caben los Registros.
Y a ello nada dice que, de alguna forma, los Registros “dependan” del Ministerio de Justicia a través de la DGRN (art. 259 LH), por la sencilla razón de que no toda dependencia de un órgano administrativo (en superioridad) es jerárquica, de manera que el ente en inferioridad tenga la condición de órgano por esa aislada circunstancia.
Sabido es que en España, como en cualquier democracia organizada como Estado de Derecho, lo único absoluto y, por ende, independiente en toda la extensión del término, es la soberanía popular, de la que emanan todos los poderes del Estado. Descendiendo al nivel que aquí interesa, es claro que los Registros no son titulares de la soberanía, porque la CE la reserva al pueblo español, razón por la cual han de estar sometidos a algo.
Dando por supuesto que la entidad de los Registros resulta ajena a los ámbitos funcionales de los poderes legislativo y judicial del Estado, por razones obvias, el articulo olvida que la titularidad genérica de la potestad ejecutiva se atribuye por la Carta Magna al Gobierno (art. 97 CE), lo que comporta para él una posición de supremacía respecto de todos los entes que se mueven en el ámbito de los poderes ejecutivos. Las potestades que implica tal superioridad no pueden ser absolutas (porque soberanía solo hay una), sino que se concretarán en las determinadas por la ley para cada caso (la supremacía no es algo natural, como la persona, que el derecho se limita a reconocer, sino una pura creación del legislador); y si se ejercen a través de la Administración es porque ésta constituye la única personificación interna del Estado.
En el fondo creo que la confusión radica en asumir una concepción vulgar (no técnica) de lo administrativo: identificar con Administración todo lo que se mueve en el ámbito funcional de lo ejecutivo, como si no pudiera haber vida ejecutiva al margen de ella.
b) Los Registradores: su integración orgánica y administrativa.- El artículo afirma que los Registradores, como funcionarios, están plenamente integrados en la organización administrativa. Y lo hace ayuno de cualquier soporte argumental que avale lo afirmado.
No voy a discutir que el Registrador es un funcionario público (art. 274 LH), como acertadamente afirma el texto comentado, pero lo que si cuestiono es que esté integrado en alguna organización administrativa, incluida la AGE. Evidencia lo contrario el que todas las leyes sobre el régimen del personal al servicio de las Administraciones Públicas hayan excluido y excluyan de su ámbito subjetivo a los Registradores.
Ello quiere decir que el Registrador no es “funcionario público” porque sea personal al servicio de Administración alguna, sino porque, como titular de un Registro, ejerce una función pública, ya que la ley le atribuye una serie de potestades y competencias, el resultado de cuyo ejercicio se impone frente a todos hasta que, por quien puede, no se diga lo contrario. Luego si alguna similitud guarda el Registrador con el ámbito de lo administrativo, es la de constituir un centro de imputación legal de potestades, como acontece con los “órganos” en sentido estricto (arts. 103/2 CE, 11/2/b Ley 30/1.992 y 2/5 LOFAGE), o consistir en una entidad unipersonal de carácter ejecutivo, pero siempre marginal a la Administración y sus estructuras típicas porque no se citan como integrados en ellas por la CE ni por ninguna de las normas de inferior rango que las regulan.
c) La jerarquía “interorgánica” y el principio de legalidad.- El artículo, en base a un extraño religadillo entre los dos principios citados, afirma “”¦que la independencia no es una característica estructural de la actividad administrativa”¦ En otras palabras, en la Administración, el superior ha de poder controlar la actividad del subordinado y eso se concreta, entre otras potestades, en la posibilidad de revisar su actuación, normalmente mediante el recurso de alzada. Así lo establece además actualmente nuestra legislación, en relación con la función registral. Tanto el artículo 327 de la Ley Hipotecaria”¦”.
1) La jerarquía administrativa y su significado.- Como algo que no es sino pura creación del legislador, la jerarquía administrativa llega hasta donde le permite el ordenamiento jurídico, mas allá de lo cual no hay mas que un absoluto vacío. En este orden se debe poner de relieve que la especie de dependencia que constituye la jerarquía administrativa únicamente puede darse entre órganos porque así resulta del derecho objetivo (arts. 11/2/a Ley 30/1.992, 2/2, 11 y 22 LOFAGE), argumento éste, que con no ser débil, encuentra el decisivo refuerzo del articulo al calificarla de “interorgánica”.
Precisamente por ello, porque no son “órganos” de la Administración según he justificado, resulta imposible reconducir a ella Registros y Registradores. Pero es que, aún en el hipotético caso de que la reconducción fuere factible, tampoco tendrían fundamento los asertos del texto sobre este particular, porque la jerarquía orgánica nunca interfiere el principio de legalidad a que se atiene toda actuación administrativa, con independencia de que fuere o no orgánica.
En efecto, la alzada no es una consecuencia directa de la jerarquía administrativa impuesta por un imperativo constitucional, como lo prueba que el legislador ordinario pueda sustituirla: “”¦Las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo”¦” (art. 107/2 Ley 30/1.992).
En el plano específicamente hipotecario constituye evidencia incontestable el régimen alternativo con que los interesados pueden interponer la pretendida “alzada” o el recurso judicial contra las calificaciones negativas. Luego la supresión en el BA del recurso gubernativo, que ni es ni fue nunca alzada, no vulnera mandato constituyente alguno.
Por otra parte, tampoco el art. 327/10 LH, en tanto establece el carácter vinculante para todos los Registradores de ciertas resoluciones de recurso gubernativo, tiene nada que ver con la jerarquía administrativa, o interorgánica como gusta llamarla el articulo, y así lo justificaré en el apartado siguiente.
Y es que el principio constitucional de jerarquía administrativa tiene una significación puramente interna o de “organización”, al menos así lo dice el mas autorizado intérprete de la carta magna: el legislador ordinario (art. 3/1/a LOFAGE). Por ello, la principal manifestación legal de la superioridad jerárquica, la potestad de dictar instrucciones y órdenes de servicio, tiene un alcance puramente interno pues su incumplimiento por el inferior, abstracta e insularmente considerado, únicamente determina la responsabilidad disciplinaria de la personas física titular del órgano, sin afectar la validez y eficacia del acto contraventor (art. 21 Ley 30/1.992).
2) La incidencia del principio de legalidad en la jerarquía administrativa.- En claro alarde por querer acaparar todos los desaciertos posibles, el articulo extrema su codicia implicando lo diverso: jerarquía y principio de legalidad. Pase que, hablando desde la constitución, pueda desconocerse el significado técnico de lo jerárquico, en tanto concepto técnico puramente administrativo, pero lo que no resulta de recibo es que, además, el artículo tenga carencias en el ámbito que toma como partida: acerca del constitucional principio legalidad.
En efecto, los principios de legalidad (art. 9/1 CE) y jerarquía administrativa (art. 103/1 CE) tienen en la CE, como en la de todo Estado de Derecho, unos campos de actuación perfectamente definidos y diferenciados. El primero, al constituir la columna vertebral de todo el sistema constituyente, es de alcance general e indiscriminado, por lo que se impone a ultranza a otros posibles principios sectoriales, como es la jerarquía administrativa, que habrá de entenderse siempre dejando a salvo elprincipio de legalidad, tal y como hace a las claras el mas autorizado intérprete de la CE: el legislador ordinario.
Ya he dicho que la jerarquía es legalmente un mero principio de “organización” administrativa y, por ende, de significado interno y sectorial. Contrariamente, el principio de legalidad es cosa diversa que afecta a la actividad funcional, con trascendencia externa o de ejercicio de potestades y competencias, de todos los poderes públicos (administrativos o no), determinando que el resultado de su actuación no pueda presentarse como algo distinto de una aplicación del Derecho.
Esta radical diferencia entre ambos principios se reconoce incluso en la esfera administrativa al diferenciarse legalmente entre principios de “organización”, entre los que se incluye la jerrquía, y “funcionamiento”, señalando la “cooperación” (art. 3/2/h LOFAGE) entre estos últimos. Y, por si cupiese alguna duda de que la cooperación abstrae cualquier idea de jerarquía, el propio legislador ordinario al enunciar los referidos principios ordena que se entiendan “”¦con pleno respeto al principio de legalidad”¦” (art. 3/1 LOFAGE); y describe lo que la “cooperación” funcional supone diciendo: “”¦Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración”¦” (art. 18/2 Ley 30/1.992), por lo que la observancia resulta incuestionable cuando pertenezcan a la misma y medie dependencia jerárquica.
Por ello no es cierto que el recurso gubernativo, aunque se conserve, sea un expediente vulnerador de la jerarquía interorgánica si el carácter vinculante para todos los Registradores de ciertas resoluciones (art. 327/10 LH) no se entiende a la manera limonera, tal y como sostiene el texto comentado. Y es que, cuando la DGRN resuelve gubernativamente, actúa como Administración, plenamente sometida al ordenamiento jurídico (art. 103/1 CE), por lo que el resultado de su actividad nunca puede innovarlo ni, por ende, alterar el sentido objetivo de las normas jurídicas (el que resulta de la CE y de art. 3/1 Cc), único en que puede aplicarlas cualquier poder público, incluidos la Administración (los órganos administrativos) cuando actúa y el Registrador cuando califica, porque así lo imponen las rígidas exigencias del principio de legalidad.
Luego, cuando la DGRN decide un recurso gubernativo lo hace confirmando o revocando una decisión de Registrador, lo que supone crear o constituir una situación jurídica (la que resulta de la revocación o confirmación) que ha de ser respetada por todos los Registradores, pues el vínculo de todo acto de poder de alcance meramente particular (de aplicación del derecho a un caso concreto) no puede trascender objetivamente del concreto supuesto factico decidido. Por ello, lo que pueda acordarse al aplicar el derecho a un caso singular o las razones expresadas para fundamentar la decisión agotan su significado en lo particularmente resuelto.
d) Registradores, Registros y artículo 103/1 CE.- Pero lo que mas ha llamado la atención de quien suscribe, y por eso lo he dejado para el final, es que el artículo haga caso omiso de lo mas básico y decisivo a los efectos que pretende: el concepto de Administración sancionado por la carta magna en el art. 103/1 CE.
En efecto, dice el precepto de referencia que “…La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”¦”. De ello, y con alguna aislada y muy puntual excepción, la doctrina y Jurisprudencia extraen que la norma suprema ha optado por una concepción “subjetiva” de la Administración, relegando así los entendimientos materiales y objetivos. En otras palabras: la Administración es para el legislador constituyente algo que “sirve” y “actúa”, lo que comporta tanto como decir que es un sujeto o una persona, aunque jurídica. Y así lo confirma el que sus actuaciones y servicios estén plenamente sometidos a la Ley y al Derecho, en tanto conjunto de normas dirigidas a hacer posible la vida en sociedad y, por ende, a regular la conducta de las personas. Y esta evidente conclusión nuevamente viene avalada por el legislador administrativo ordinario, tanto en su ámbito mas general (art. 3/4 Ley 30/1.992) como en el concreto de la AGE (art. 2/2 LOFAGE).
Es precisamente esa concepción subjetiva de lo administrativo lo que impide relacionar, y menos de manera integradora, Registros y Registradores, de un lado, y Administración, de otro. En el caso del Registro las cosas vienen por la negativa de la mayor: no actúa ni sirve porque no es un sujeto ni, por ende, tiene personalidad jurídica en tanto organización legal e instrumental que permite la prestación de un servicio público a quien tiene potestades y competencias legales para hacerlo. Por su parte, el Registrador, sirve y actúa a través del Registro, pero lo hace en nombre propio o como persona física (entidad unipersonal), pues compromete su responsabilidad personal, que es civil (arts. 296 y ss. LH) y no administrativa.
Lo que antecede se confirma por numerosos pronunciamientos del Consejo de Estado que, siguiendo el camino señalado por el Tribunal Supremo, únicamente deriva a la Administración la responsabilidad por los daños causados a los ciudadanos en el funcionamiento y actividad de Registros y Registradores (art. 106/2 CE) cuando media una relación de causalidad: si el daño es consecuencia del ejercicio de alguna de las potestades o competencias que integran la denominada tutela administrativa.

Fernando Martínez Martínez
(Algeciras, Abril de 2.013)

La presidenta de la Sareb cobra 33.000 euros al mes pese a las pérdidas de casi 5,5 millones

Lunes, 29 de abril de 2013

El director general ganó 32.083 euros – Dos consejeros renuncian al salario – Los otros 11 se embolsaron una media de 7.000 euros
J. Pérez – Vigo 28.04.2013 El artículo en farodevigo.es
La presidenta de la Sareb es mileurista. Pero al día. Durante el pasado mes de diciembre, el arranque del llamado banco malo después de que las nacionalizadas segregaran el lastre del ladrillo, Belén Romana cobró 32.916 euros, exactamente, según figura en la información económica que acompaña a la convocatoria de la primera junta de accionistas que se celebrará el día 29 del próximo mes de mayo. En esa misma cita, los socios tendrán que avalar también las primeras cuentas, que, según transcendió ayer, acumulan unas pérdidas de 5,49 millones de euros por los gastos del la puesta en marcha, las ampliaciones de capital con la que la mayoría de entidades financieras y aseguradoras accedieron a la sociedad y, precisamente, el traspaso de los activos de Novagalicia, CatalunyaCaixa y Bankia.
La extrapolación del salario mensual a todo un ejercicio deja entrever que el salario de Romana rondaría los 396.000 euros, frente al tope inicialmente previsto, de 498.000 euros. En línea con los límites impuestos a la remuneración de la cúpula de la Sareb. Ni ella ni el consejero delegado pueden superar los 500.000 euros por año, como ocurre en aquellos bancos con ayudas públicas que no estén bajo tutela estatal. Aunque desde la sociedad aseguraban ayer a las agencias Efe y Europa Press que las cantidades en su caso son más “restrictivas” que en los bancos porque incluye retribución fija y variable.
Walter de Luna, director general, ganó 32.083 euros. Ligeramente por debajo del salario de Romana, al igual que el techo fijado en su máximo, de 485.000 euros. En total, los quince miembros que integran el consejo de administración de la Sareb, se embolsaron 142.917 euros. El resto de los consejeros -Ana María Sánchez Trujillo, Antonio Massanell, Francisco Sancha, Miquel Montes, Antonio Trueba, José Ramón Montserrat, Javier Trillo, Luis Sánchez-Merlo, Celestino Pardo, José Ramón ́lvarez Rendueles y Emiliano López Achurra- se repartieron casi 78.000 euros. A una media de 7.000 euros. Dos de los altos cargos, Rodolfo Martín Villa y Remigio Iglesias, renunciaron, según fuentes de la Sareb, a la retribución fija que tienen marcada y que asciende a 75.000 euros en general, a 85.000 si están incluidos en algún comité y 95.000 euros si lo presiden.
La junta someterá a sus accionistas -en los que están prácticamente toda la banca sana española menos BBVA, los extranjeros Deutsche Bank y Barclays, diez aseguradoras y la eléctrica Iberdrola- la autorización para realizar una emisión de deuda de hasta 20.000 millones de euros para atender vencimientos de bonos. Otro de los puntos pasa por la modificación necesaria en los estatutos para, precisamente, reformar la remuneración de los consejeros, que será un nuevo fijo más pequeño, pero amortiguado por dietas. Si va adelante otra de las propuestas del orden del día, los miembros del máximo órgano de decisión de la Sareb podrán compatibilizar su puesto con una dedicación por cuenta ajena “a un género de actividad complementario” al que centra el banco malo.
El último plan de negocio de la Sareb actualizado en marzo por la consultora KPMG para adaptarlo al nuevo escenario económico, contempla pérdidas de 47 millones de euros en 2013. Teóricamente, la sociedad volvería luego a cifras positivas para caer de nuevo en números rojos de 60 millones en 2018 por la caída de ventas.

Los sindicatos cargan contra las tasas que se proyectan para el Registro Civil

Lunes, 29 de abril de 2013

Asturias
Temen que «trámites que tenemos que hacer todos» y que hasta ahora son gratuitos, como un certificado de defunción, pasen a ser de pago
27.04.13 Javier Fernández | Gijón. La noticia en elcomercio.es
Aún no ha pasado por el Consejo de Ministros y las partes implicadas desconocen cuando decidirá el Gobierno de Mariano Rajoy llevarlo al Parlamento. Y sin embargo, el borrador del anteproyecto que persigue una reforma de integral del sistema registral español ya ha movilizado a todas las partes implicadas en el proceso.
Previamente a estos cambios, ayer se inició el traslado del Registro Civil desde su sede de los juzgados de la calle Prendes Pando, al nuevo Palacio de Justicia de La Bohemia. Durante la próxima semana no se atenderá a los ciudadanos, pues esos días se dedicarán al traslado de los equipos informáticos, muebles y archivos a una nueva ubicación en la planta baja del Palacio de Justicia. La Administración prevé reiniciar la actividad del Registro Civil, ya en la nueva oficina, el martes 7 de mayo.
Los sindicatos han puesto un marcha un calendario de protestas que ayer comenzó con una concentración ante la gerencia del Ministerio de Justicia en Oviedo, en contra de lo que consideran una «privatización descarada» de las competencias de los registros civiles que, todo apunta, pasarían a los registradores de la propiedad, quienes, por su parte, argumentan que su calidad de trabajadores públicos impide hablar de privatización. La medida, en torno a la cual aún existe mucha incertidumbre, pondría en jaque 3.500 puestos de trabajo en toda España. Las centrales temen que muchos interinos puedan ser despedidos y se tenga que reubicarar en otras dependencias de la administración a los funcionarios con plaza. Según fuentes sindicales, 84 personas trabajan para el Registro Civil en Asturias, cuyas oficinas están ubicadas en todos los juzgados de la región, incluso en los de paz, que realizan las funciones más básicas.
Las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, trámites que por el momento son gratuitos y «que más tarde o más temprano tenemos que hacer todos», explica Juanjo Azcano, de CC OO, podrían pasar a ser de pago si las competencias del registro civil salen de la Administración de Justicia. Los precios que tendrían que afrontar los ciudadanos por realizar este tipo de gestiones aún no ha trascendido, pero Azcano está seguro de que no saldrá barato: «Los registradores de la propiedad son funcionarios que cobran por arancel -es decir, por cada gestión que realizan- y no lo van a hacer por 10 ó 20 euros».
Inscripciones voluntarias
Margarita de Carlos, decana del Colegio de Registradores de Asturias, sin embargo, defiende que «el anteproyecto no modifica el régimen de gratuidad y tendríamos que asumir sus costes sin ningún tipo de contraprestación económica ni dotación presupuestaria». Matiza, no obstante, que podría cobrarse por ciertas cosas. Entre el día 16 y el 18 de este mes acudió en Zaragoza a la Asamblea General de Registradores -donde el anteproyecto ocupó buena parte de las conversaciones- y admite que «de lo que sí se ha hablado es de la posibilidad de pago por algunas inscripciones voluntarias -como la de los cambios de nombre- pero tampoco está claro».
Los sindicatos consideran que con esta estrategia el Gobierno central pretende ir cobrando cada vez por más servicios hasta que finalmente todos los registros sean de pago y recuerdan que las modificaciones introducidas por Alberto Ruiz-Gallardón ya han elevado el coste de acceso de los ciudadanos a los servicios de Ministerio que dirige, el de Justicia.
«Quieren engañarnos con que determinadas cosas van a seguir siendo gratuitas, pero no nos lo creemos», resalta Elena Casas, de UGT. Asegura que la nueva medida supondría «un gasto brutal» y que los españoles ya pagan por este tipo de trámites con sus impuestos por lo que se produciría un «repago».
«¿Si el servicio funciona por qué sacarlo del ámbito público? En ningún país de nuestro entorno sucede esto», recalca Cristina Esteban del CSIF, quien alega que es precisamente el Registro Civil el departamento de la Administración de Justicia que mejor funciona. La reforma no supondrá, a su juicio, ningún tipo de ahorro para las arcas del Estado ya que, recalca, se tendrán que invertir los medios necesarios para formar a los registradores de la propiedad en su nueva labor.
Hipotecas
Los sindicatos creen además que el anteproyecto persigue reflotar el negocio de los registradores de la propiedad, muy afectado por el descenso de la firma de hipotecas. Margarita de Carlos replica que pese a que el sector no recibirá nuevos ingresos, el aumento de la carga de trabajo aseguraría el mantenimiento de la actividad: «Hemos hecho un enorme esfuerzo para conservar las plantilla, de modo que tenemos más personal de que es necesario y la asunción de nuevas tareas permitiría seguir manteniendo empleo en las oficinas».
Las centrales sindicales ya se han organizado a nivel estatal y regional y pretenden continuar saliendo a la calle para evitar lo que consideran un nuevo ataque al contribuyente. «No van a bajarnos los impuestos», coinciden, «y cada vez pagaremos por más servicios».

Carnota. Galicia

Domingo, 28 de abril de 2013

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Bruselas denuncia a España por discriminación en la legislación fiscal para vivienda

Domingo, 28 de abril de 2013

Vivienda
Ante el Tribunal de Justicia de la UE
25/04/2013 La noticia en diarioabierto.es
diarioabierto.es. La CE cree que la legislación para vivienda discrimina a los no residentes porque les impide disfrutar las mismas ventajas fiscales que tienen los residentes.
La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por considerar que su legislación fiscal para vivienda es discriminatoria ya que impide a los no residentes disfrutar de las mismas ventajas fiscales que los residentes.
“La Comisión considera que esto es un obstáculo al libre movimiento de personas, trabajadores y autónomos y que por tanto vulnera los Tratados de la UE”, ha anunciado en un comunicado.
Bruselas acude al Tribunal de Justicia porque el Gobierno español ha desatendido el dictamen motivado que le remitió en septiembre del año pasado exigiéndole que modificara esta normativa.
De acuerdo con la legislación española, las plusvalías por la venta de una residencia permanente están exentas de impuestos si el dinero se utiliza para comprar otra primera vivienda. No obstante, esta disposición sólo se aplica a los residentes españoles, lo que según el Ejecutivo comunitario “discrimina a los no residentes, que pueden acabar pagando impuestos mucho más altos”.
“En la práctica, si una persona que vive en España vende su residencia permanente, se muda a otro Estado miembro y compra allí una nueva casa, se le gravarán las plusvalías logradas con la venta. Pero si se queda en España y compra una nueva casa en España, se libra del impuesto”, denuncia la Comisión.

La Audiencia de Barcelona confirma que se eliminen las cláusulas suelo de una hipoteca de una pareja por abusivas

Domingo, 28 de abril de 2013

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la sentencia del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo por considerarlas abusivas y que condenaba a NCG Banco S.A. a eliminarlas de la hipoteca de una pareja.
Europa Press / Barcelona | 22.04.13 La noticia en elderecho.com
Según la sentencia a la que ha tenido acceso este viernes Europa Press, la cláusula suelo de dicho contrato beneficiaba “sin duda” al banco prestamista, porque impedía que la cuota a pagar fuera inferior al 4,25%.
Para el juez, no puede concluirse que en el proceso de formación se facilitara a la pareja la debida información sobre la cláusula y sus verdaderas condiciones, por lo que ha considerado que la entidad bancaria no cumplió con las “exigencias de buena fe”.
Por ello, pide la eliminación de la cláusula abusiva del contrato, condena al banco a devolver a los afectados las cantidades pagadas en aplicación de la cláusula hasta la fecha en la que interpusieron la demanda, y obliga a NCG Banco S.A. a pagar los intereses legales moratorios sobre las cantidades devueltas.
En el recurso, la entidad bancaria alegó que los afectados habían tenido hasta cuatro ocasiones para conocer la cláusula que se les iba a aplicar: al saber las condiciones del préstamo, al recibir la oferta vinculante, al revisarla en la notaría y al autorizarla por el mismo notario; aunque las víctimas lo negaron ante el juez e, incluso, afirmaron no haber tenido conocimiento de la imposición de cláusulas.

3.375 ecuatorianos desahuciados el año pasado en España

Sábado, 27 de abril de 2013

13 de abril del 2013 Patricia Villaruel | Madrid. La noticia en eluniverso.com
El año anterior, 3.375 connacionales fueron desalojados de sus casas al no poder abonar las cuotas mensuales de sus préstamos, 1.689 cancelaron el crédito con la devolución del inmueble y se iniciaron 3.775 procedimientos de ejecución hipotecaria por impago (no todos terminan necesariamente en desahucio).

Las estadísticas hasta ahora existentes sobre los desalojos no aportaban datos certeros referentes a esta problemática (incluían segundas viviendas, locales, oficinas y parqueos); tampoco hacían una distinción por nacionalidades. Ahora el Colegio de Registradores de la Propiedad ha recopilado la información de todas sus oficinas que ilustran el alcance de uno de los mayores dramas que afronta la sociedad española.

Las cifras son desoladoras. En el 2012 se produjeron cuatro desahucios cada hora. Es decir, 30.034 hogares se quedaron en la calle por no pagar su primera vivienda. El informe justifica la preeminencia de los ecuatorianos entre el grupo de extranjeros porque en el 2006 y el 2007 (periodo alcista del ciclo inmobiliario) fueron los que más casas adquirieron, precedidos de los británicos.

Seis años después los connacionales ni aparecen entre las 19 nacionalidades que más inmuebles compraron. Por comunidades autónomas, la mayor cifra de desahucios de ecuatorianos fue en Madrid, 1.477; Valencia, 462; Cataluña, 379; y Murcia, 123. Y, se lograron daciones en pago principalmente en Madrid, 769; Cataluña, 183; Valencia, 235; y Murcia, 131.

Pánico entre los grandes de la seguridad: Google prepara un antivirus demoledor

Sábado, 27 de abril de 2013

Promete acabar con el 99% de las amenazas
Alfredo Pascual 17/04/2013 El artículo en elconfidencial.com
En 1972 las máquinas conectadas a Arpanet, el germen de la red actual, comenzaron a escupir un enigmático mensaje: “Soy Creeper. ¡Atrápame si puedes!”. Acto seguido, las impresoras cobraron vida, provocando el desconcierto en decenas de empresas y universidades de la Costa Oeste de Estados Unidos. Nadie, ni uno solo de los operadores e ingenieros que presenciaron el evento, fue capaz de entender lo sucedido: el primer virus informático de la historia estaba en circulación.
Cuarenta años después los virus perviven, solo que el incentivo ha cambiado: donde antes había curiosidad y desafío al poder, hoy reina el ánimo de lucro. Se trata de un negocio boyante tanto para los hackers, que obtienen rédito económico de sus víctimas, como para los grandes del sector de la seguridad informática, un mercado que solo en 2012 ‘movió’ 90.000 millones de dólares.
Sin embargo, este panorama inalterable podría sufrir un vuelco en los próximos años con el desembarco de Google.
Y es que los de Mountain View trabajan en un ambicioso proyecto, de nombre CAMP (Content-Agnostic Malware Protection), que promete erradicar el 99% de los virus que circulan por la red, en un análisis ultrarrápido que apenas demora una media de 130 milisegundos. Teknautas ha tenido acceso al abstract (PDF) en el que los ingenieros de Google Moheeb Abu Rajab, Lucas Ballard, Noé Lutz, Panayotis Mavrommatis y Niels Provos detallan el funcionamiento de una herramienta que se postula como el primus inter pares del sector.
Tapando agujeros
CAMP nacerá para cubrir los huecos que dejan los antivirus clásicos. Éstos basan su detección en el contenido de los archivos, de modo que a los creadores de malware les basta con empaquetar la información de nuevo, mediante técnicas como el polymorphing, hasta conseguir una combinación que pase desapercibida a ojos del vigilante. Algo semejante sucede con la aplicación Google’s Safe Browsing, muy capaz en la identificación de amenazas estáticas, pero que hace agua ante la rotación de dominios y subdominios habitual en la distribución de malware.
El nuevo sistema propuesto por Google se basa en la reputación de los distribuidores de contenido. Se articula en forma de cliente-servidor, con una extensión del navegador Chrome que analiza el 70% de los contenidos y otro alojado en la nube de la compañía que se encarga de un examen más pormenorizado, así como de la gestión de las listas blanca y negra. Como es sabido, en las listas blancas de la compañía figura el contenido de los sites que ofrecen máxima seguridad para el usuario, y en las negras los que presentan máculas en su historial. En este último caso, CAMP realizará inspecciones exhaustivas de cada uno de sus archivos, procediendo a bloquear la web si lo considerase necesario.
Por tanto, Google emplearía su incomparable capacidad de monitorización de la web para refinar el filtro de los contenidos, analizando las amenazas en distintos grados según lo recomiende el historial del remitente. Como era de esperar, el usuario jugará un rol en el proceso de detección, teniendo a un solo ‘click’ la posibilidad de alertar a Google sobre un nuevo peligro. Y si hablamos feedback, que es una de las principales vías de detección rápida de los antivirus, nadie sacará tanto provecho como la página más visitada del mundo.
Con estos mimbres, y siempre según el informe de Google, CAMP arrasaría en la tasa de detección en comparación con otros programas antivirus, que se quedan en un umbral por debajo del 30% (ver gráfico inferior). Atención, que la muestra en la que se basan los investigadores de Mountain View no es baladí: abarca 200 millones de usuarios únicos y una decena de millones de ‘estudios reputacionales’.
Otra de las ventajas que promulga CAMP con respecto a su competencia es la privacidad. Al ser capaz de examinar un 70% de los archivos descargados desde el propio navegador, el usuario no necesita enviar la información para contrastar contra terceros, en este caso las bases de datos de Google. Esto es, siete de cada diez análisis se ‘resuelven en casa’, a diferencia de SmartScreen de Microsoft, que funciona íntegramente en la nube.
Una supernova en el sector
Teknautas se ha puesto en contacto con Google España para confirmar la fecha de liberación de CAMP, pero cuando se redactó esta noticia aún no se había obtenido respuesta. Lo que sí se pone de manifiesto es que el proyecto está en una fase avanzada de desarrollo, que es capaz de funcionar bajo Windows y que próximamente será adaptado a Android.
Surge entonces la gran pregunta: ¿qué será de los actuales actores del sector de la seguridad? Un breve repaso histórico revela que, allí donde ha desembarcado Google, la competencia se ha desvanecido. Primero fue Yahoo! la que vio derrumbarse su imperio de búsquedas en favor de una pantalla blanca con letras de colores; más tarde le tocaría el turno a Microsoft, incapaz de plantar cara con un maduro Hotmail a la pujanza imberbe de Gmail; después, la llegada de Chrome obligó a Explorer y Firefox a hacerse a un lado. Y no podemos olvidarnos de Android, un sistema operativo que ya ha fagocitado a Symbian y lleva camino de hacer lo propio con Windows Phone, Blackberry OS y iOS.
Más allá de las tasas de detección y heurística, la clave del éxito de CAMP radica en su integración con Chrome. El navegador de Google ya ha superado en usuarios a Firefox y se encuentra solo a 8 puntos porcentuales de Explorer, en caída libre desde 2009. Estos usuarios, que representan más del 30% del total, podrían olvidarse del tedioso proceso de instalación de un antivirus, con el consecuente pago de licencia y la ralentización del rendimiento global del equipo. Para ellos será tan sencillo como descargar el navegador y dejar que Google haga el resto.
La mirada del coloso de la red se ha fijado en la seguridad y nada volverá a ser lo mismo. En estos momentos Symantec, McAfee, Trend Micro y EMC acaparan el 45% de los beneficios generados por el sector, pero ya tienen un buen motivo para que cunda el pánico.

El paro alcanza los 6,2 millones en el primer trimestre

Viernes, 26 de abril de 2013

La tasa de desempleo llega al 27,16% y sólo baja en La Rioja
Redacción Siglo XXI

25 de abril de 2013 La noticia en diariosigloXXI.com

El paro subió en 237.400 personas en el primer trimestre respecto al trimestre anterior, un 4% más, situándose el número total de desempleados en 6.202.700 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.

La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 27,16%, porcentaje 1,1 puntos superior al del trimestre anterior (26,02%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, los datos sólo abarcan hasta 1976. En ningún trimestre desde entonces se ha registrado una tasa de desempleo tan elevada como la actual.

El repunte del desempleo en el primer trimestre del año es inferior al aumento registrado en igual periodo de 2012 (+365.900 desempleados), pero supera al del primer trimestre de 2011 (+213.500 personas). En los primeros trimestres de 2008, 2009 y 2010, el desempleo aumentó en mayor medida de lo que lo ha hecho entre enero y marzo de este año.

En el último año, que coincide prácticamente con el primer aniversario de la reforma laboral (entró en vigor en febrero de 2012), el paro se ha incrementado un 10%, con 563.200 desempleados más, mientras que se han perdido casi 800.000 ocupados, un 4,6%.

Sólo en el primer trimestre de este año se destruyeron 322.300 empleos (-1,9%), cifra inferior a la del primer trimestre de 2012 (-374.300 ocupados) pero superior a la de los años 2011 (-256.500) y 2010 (-251.800).

Marzo se cerró así con un total de 16.634.700 ocupados, nivel que no se alcanzaba desde el segundo trimestre de 2002, cuando la ocupación no llegaba a los 16,6 millones de personas.

71.400 empleos públicos menos
De los 322.300 empleos destruidos hasta marzo, 251.000 pertenecían al sector privado (-1,8% respecto al trimestre anterior) y 71.400 al sector público (-2,4%). Se trata de la mayor caída, en valores absolutos, registrada por el empleo público en un primer trimestre, al menos, desde 2008.

De hecho, la pérdida de empleo público de los tres primeros meses de 2013 multiplica por más de dos la experimentada en igual periodo de 2012 (-32.000) y contrasta con los avances de 2009, 2010 y 2011.

Tanto el empleo público como el privado presentaron variaciones anuales negativas en el primer trimestre del año, del -8,3% en el caso del empleo público, con 258.300 empleos destruidos, y del -3,7% en el caso del empleo privado, que ha perdido 540.200 ocupados entre el primer trimestre de 2012 y el mismo periodo de este año. En total, los asalariados públicos sumaban 2.845.800 al finalizar marzo, frente a los 13.788.900 trabajadores del sector privado.

Sube el paro y baja la ocupación en ambos sexos
El descenso de la ocupación y el aumento del paro en el primer trimestre afectaron en mayor medida a los varones, que sumaron 130.400 desempleados más (+4,1%), frente a un incremento del paro femenino de 107.000 desempleadas (+3,8%). Con estos datos, la tasa de paro masculina se situó en el 26,78% y la femenina en el 27,61%, con un incremento intertrimestral superior al punto porcentual en ambos casos.

En cuanto a la ocupación, en el primer trimestre se destruyeron 199.500 empleos ocupados por varones (-2,1%) y 122.800 empleos femeninos (-1,6%).

En términos cuantitativos, la destrucción de empleo afectó más a los españoles que a los extranjeros. De hecho, dos de cada tres empleos perdidos entre enero y marzo estaban ocupados por españoles. En concreto, los extranjeros redujeron su ocupación en 103.600 personas (-4,9%), frente a los 218.700 empleos que perdieron los trabajadores nacionales (-1,5%).

Por su parte, el número de activos se redujo en 85.000 personas hasta marzo (-0,37%), con lo que la población activa quedó constituida por 22.837.400 personas y la tasa de actividad bajó levemente respecto al trimestre anterior, hasta situarse en el 59,68%. En el último año, el volumen de activos se ha reducido en 235.300 personas, un 1%.

Los parados de larga duración suben un 21% en un año
Desagregando los datos de desempleo por nacionalidades, el paro de los españoles aumentó hasta marzo en 156.800 personas (+3,3%), en tanto que los extranjeros en situación de desempleo subieron en 80.500 personas (+6,6%). De esta forma, dos de cada tres personas que se quedaron en desempleo en el primer trimestre eran españoles, situándose su tasa de paro en el 25,11%, casi nueve décimas por encima de la del trimestre precedente, mientras que la de los extranjeros escaló 2,7 puntos, hasta el 39,21%.

Por sectores, el desempleo aumentó en el primer trimestre en cuatro de ellos, principalmente entre los parados de larga duración (más de un año en el desempleo), con 111.200 parados más (+4%), seguido de los servicios, con 86.500 parados más (+5%); la agricultura, que sumó 29.100 parados (+10,9%), y la agricultura, con 22.800 parados más (+7,7%). Por contra, el desempleo descendió en construcción (-11.000 parados, -2,8%) y en el colectivo de los que buscan su primer empleo (-1.200 desempleados, -0,25%).

En el último año, los sectores donde más se ha incrementado el desempleo en términos cuantitativos son el colectivo de parados de larga duración, con 515.700 parados más (+21,6%), y los servicios, con 73.800 nuevos desempleados (+4,2%).

Todos los sectores destruyen empleo
La destrucción de empleo en el primer trimestre afectó a todos los sectores, con los servicios a la cabeza, donde se perdieron 170.500 ocupados hasta marzo (-1,3%). La industria, por su parte, destruyó 66.800 puestos de trabajo (-2,8%), mientras que la agricultura perdió 60.900 ocupaciones (-7,7%) y la construcción vio desaparecer 24.200 empleos (-2,2%).

En el primer trimestre, el número de asalariados disminuyó en 312.800 personas (-2,2%), de los que 194.400 tenían contrato temporal (-6%) y 118.400 tenían contrato indefinido (-1,1%), situándose la tasa de temporalidad en el 22,1%, cifra nueve décimas por debajo de la del trimestre anterior.

Todo el empleo destruido en el primer trimestre fue a tiempo completo (-385.300), un 2,7% menos, frente al aumento de 63.000 empleos a tiempo parcial (+2,4%). Por su parte, los trabajadores por cuenta propia bajaron en el primer trimestre en 9.900 personas (-0,3%), lo que situó el número total de empleados por cuenta propia en 3.012.100 personas.

El paro sólo baja en La Rioja
El paro aumentó en el primer trimestre en todas las comunidades autónomas, a excepción de La Rioja, que lo redujo en 100 personas. El mayor incremento correspondió a Andalucía, con 31.100 parados más, seguida de Comunidad Valenciana (27.400 parados más) y Baleares (24.900 desempleados más).

En cuanto a la ocupación, ésta cayó en el primer trimestre en todas las comunidades autónomas. Las regiones donde más puestos de trabajo se destruyeron entre enero y marzo fueron Andalucía (-57.100), Cataluña (-35.700) y Aragón (-35.200).

Más de 1600 casos de corrupción abiertos en los juzgados españoles

Viernes, 26 de abril de 2013

Según un informe del CGPJ
A éstos se suman otros de prevaricación, cohecho o malversación hasta sumar un total de 2.173 causas de este tipo
República/EP | Madrid 25-04-2013 La noticia en republica.com
Un informe del órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha detectado que son 798 los juzgados y tribunales españoles que investigan los 1.661 casos de corrupción abiertos actualmente, y ha señalado que muchos de estos juzgados necesitan un refuerzo. A estas investigaciones relacionadas con la corrupción se suman otras, no directamente relacionadas con delitos como prevaricación, cohecho o malversación (los propios de la corrupción), pero sí de especial complejidad, hasta sumar un total de 2.173 causas de este tipo, todas ellas están en manos de los citados 798 juzgados. Para investigar todos estos asuntos, el servicio de inspección del CGPJ ha identificado provisionalmente la necesidad de 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios de otros tipos. Así lo ha explicado este jueves la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa sobre el citado informe provisional.
Bravo ha concretado que el CGPJ, en todo caso, “nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo”, sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.
Junto a estas necesidades de los tribunales, el servicio de inspección del CGPJ ha detectado que una parte importante en la responsabilidad de los retrasos en investigaciones de la corrupción podría corresponder a las unidades policiales especializadas (Unidad de Delitos Económicos y Financieros y Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) y a la Agencia Tributaria.
En este mismo sentido, entre las peticiones que propone la inspección están la creación de una unidad permanente de peritos en la Audiencia Nacional (que se ocupa de 91 causas complejas en sus seis juzgados centrales, 14 relacionadas con la corrupción), similar a la que ya trabaja en la Fiscalía Anticorrupción.
La portavoz ha explicado en rueda de prensa el informe que el órgano de gobierno de los jueces ha elaborado para determinar las necesidades de los juzgados y tribunales que investigan casos relacionadas la corrupción política o financiera.
El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha presentado dicho informe en la reunión que el pleno de este órgano ha celebrado esta mañana con este asunto en el orden del día.
“Se trata de un informe del Servicio de Inspección, realizado en colaboración y con información de audiencias, decanatos y tribunales superiores de justicia que ha detectado 798 órganos jurisdiccionales de distintas categorías que tramitan estos asuntos de especial complejidad, todos los cuales representan el 0,03% del total de asuntos penales actualmente en tramitación”, ha señalado Bravo.
Los casos vinculados con la corrupción son los relativos a delitos como prevaricación, blanqueo o receptación de capitales, malversación, cohecho o tráfico de influencias, entre otros. A estos se suman otros, de especial complejidad.
Así, hay un total de 302 macro-procesos relativos a la corrupción y otros 512 macro-procesos que no están directamente relacionados con ella pero son complejos (como serían casos de narcotráfico a gran escala o la investigación de casos como el Madrid Arena y otros similares).
Por Comunidades Autónomas, Andalucía encabeza la lista de las más afectadas por estos casos, con 656 sumarios de este tipo o vistos para juicio. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 280; Cataluña, con 215; y Madrid, con 110.
Se trata de asuntos que, en su mayoría, están siendo investigados judicialmente, es decir, están en trámite, aunque una minoría está ya pendiente de juicio. La estadística no incluye al Tribunal Supremo.
El informe, que deberá ser completado, persigue, según Bravo, que los ciudadanos vean que las causas contra la corrupción “no mueren en un limbo” sino que acaban en un porcentaje importante en sentencias condenatorias.

Conclusiones comisión registro electrónico. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza.

Jueves, 25 de abril de 2013

1-El sistema registral inmobiliario y mercantil es un sistema eficiente, de una calidad contrastada y reconocida nacional e internacionalmente. Ello se debe, entre otros factores, a la calidad de su ingeniería institucional, la cual induce un comportamiento eficiente de los registradores, incluido el uso de tecnologías electrónicas y físicas en general.
2.-Que una institución funcione satisfactoriamente depende de la calidad de ingeniería institucional y las tecnologías electrónicas deben contribuir a que el modelo funcione satisfactoriamente. Por ello, de las diferentes opciones que permitan las tecnologías físicas, deben acogerse aquellas que impliquen una mejora de la calidad institucional y rechazarse aquellas que la deterioren.
El uso de tecnologías electrónicas ha contribuido decisivamente a que nuestro sistema registral inmobiliario y mercantil sea un modelo de éxito. No obstante, es necesario ser consciente de que la raíz última reside en la calidad de su ingeniería institucional, como sucede con cualquier modelo.
3.-La reforma que prevé el Borrador de reforma integral de los registros no recurre a la tecnología electrónica para potenciar la eficiencia del modelo, sino que, por el contrario, dibuja un modelo distinto y recurre a las soluciones tecnológicas que le permiten implementarlo, presentando, sin embargo, el nuevo modelo institucional como un resultado ineludible de la incorporación de las mejores soluciones de tecnología electrónica.
4.- El modelo vigente es un modelo en red, flexible, adaptable, de gran homogeneidad cualitativa, propio de una moderna sociedad de servicios que, a su vez, se adapta a las características preferidas por la arquitectura informática más moderna.
Sin embargo, el que propone el Borrador es un sistema centralizado, integrado verticalmente, burocratizado, rígido, poco adaptable, que tanto en sus características organizativas como en sus soluciones tecnológicas responde a concepciones que han ido cayendo paulatinamente en desuso.
5.-El Borrador, en su lugar, debería optar por robustecer el modelo institucional vigente, de calidad contrastada, y por optimizar la realidad tecnológica de los registros españoles, aprovechando las inversiones realizadas, sin obligarles a incurrir en gastos innecesarios, suprimiendo las restricciones legales injustificadas para la prestación de servicios registrales electrónicos. Es en este punto donde deben encontrarse las trabas existentes para una mayor amplitud en la prestación de servicios registrales electrónicos y no en ninguna incapacidad o insuficiencia tecnológica u organizativa del sistema registral.
6- Por las razones expuestas debe modificarse el art. 238 de la Ley Hipotecaria para especificar que el valor legal de los asientos registrales deriva del soporte papel, siendo el soporte electrónico una copia de seguridad a la vez que un instrumento de trabajo y que, por lo tanto, en caso de discrepancia, debe prevalecer el contenido del asiento en soporte papel, al igual que sucede con las matrices de las escrituras públicas en relación con las copias notariales electrónicas, incluidas las auténticas.
En el momento en el que la técnica electrónica solucione satisfactoriamente los problemas existentes de conservación a largo plazo de los documentos electrónicos y, además, con un coste competitivo, será el momento en el que el legislador deberá decidir si opta por el soporte electrónico como exclusivo para la extensión de asientos registrales, no antes. Tal decisión debe ser simultánea e idéntica a la que se adopte en relación con las matrices de las escrituras públicas, a fin de preservar el necesario equilibrio entre los soportes en los que pueden constar los títulos formales y documentos complementarios, en el ámbito de la contratación privada, por un lado, y los soportes en los que deben extenderse los asientos registrales, por otro. En relación al Registro Mercantil, esta regla debe adaptarse a lo establecido por la Directiva 2003/58/CE, de 15 de julio de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 68/151/CEE del Consejo.
7.-En todas las oficinas registrales se halla generalizado, desde hace ya mucho tiempo el uso del ordenador, de modo que las inscripciones se redactan mediante el uso del mismo. Todos los registradores tienen, también, firma electrónica reconocida, ajustada a las características exigidas por la legislación vigente. Una forma de optimizar el uso de tecnologías electrónicas evitando sus inconvenientes consiste en que el registrador firme electrónicamente el asiento registral redactado en el ordenador y, una vez firmado, lo grabe en soporte electrónico y, además, lo imprima en el soporte papel actual. En éste, la huella de la firma digital equivaldría a la firma manuscrita del registrador. Por las razones expuestas, los efectos legales deben derivar del asiento impreso en soporte papel, lo que evitaría problemas de conservación. Este procedimiento sustituiría al actual, en el que los asientos redactados mediante ordenador, se imprimen en papel, en los folios de los libros de hojas móviles, se firman en este soporte y, posteriormente, se digitalizan.
8.-Con independencia del mayor o menor número de distritos hipotecarios, y del soporte o soportes en los que se extiendan los archivos registrales, debe mantenerse el principio de que debe haber un solo archivo registral en cada distrito hipotecario y cada distrito hipotecario debe estar a cargo del registrador titular. Ello establece una relación directa entre conducta profesional y consecuencias de la misma, lo que permite exigir al registrador que preste el servicio bajo su responsabilidad, lo que induce un comportamiento eficiente. Permite, a su vez, estructurar incentivos que induzca un comportamiento eficiente del sistema, como muestra la experiencia.
9- El Colegio de Registradores debe tener a disposición de los registradores las herramientas informáticas pertinentes a fin de que éstos puedan prestar adecuadamente el servicio registral.
10 – Debe corresponder a los registradores, a través de su Colegio Profesional, la decisión sobre todo lo referente a las herramientas informáticas para gestionar adecuadamente un registro que ya es electrónico, con independencia de que se suprima o no el formato papel para la extensión de los asientos regístrales.
11.- En consecuencia, debe corresponder a los registradores, a través de su Colegio Profesional, la competencia para decir si optan por uno o varios sistemas informáticos.
Dicha decisión no podrá ser adoptada antes de celebradas las próximas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio. Una vez haya tomado posesión la nueva Junta, la decisión podrá ser tomada por el órgano competente de conformidad con los estatutos, una vez hayan tomado posesión sus componentes, o por decisión del mismo, mediante la celebración de una consulta a todos los registradores
12,-Si optan por varios, los registradores, a través de su Colegio profesional, deben decidir los requisitos de homologación de los programas no colegiales, y solamente podrán servirse de aquellos programas que cumplan tales requisitos y hayan sido previamente homologados por el Colegio.
13 – Si optan por un solo programa informático, corresponde al Colegio de Registradores la elección de la opción concreta, bien mediante desarrollo a través del Servicio de Sistemas de Información, bien mediante la adquisición de un programa externo, en cuyo caso deberá convocar el correspondiente concurso, con tiempo suficiente, conforme a los estándares vigentes, para que pueda haber una competencia efectiva entre las empresas del sector. 14.-En materia de firma electrónica debe preservarse el régimen establecido por las leyes 24/2001 y 24/2005 El Borrador opta por un modelo distinto al que deriva de las leyes 24/2001 y 24/2005 y atribuye la facultad de elección del prestador del servicio de certificación electrónica al Ministerio de Justicia, el cual debe realizar dicha elección de acuerdo con los requisitos establecidos para el personal al servicio de las administraciones públicas, con lo que deja de haber requisitos específicos para el sistema registral inmobiliario y mercantil, quedando la exigencia de requisitos específicos tan sólo para la firma electrónica del notariado , privando al registrador de otra facultad más, introduciendo rigideces injustificadas en el servicio y debilitando la competencia entre prestadores de servicios de certificación. Por todo ello, la Asamblea considera que debe mantenerse, en lo relativo al régimen de firma electrónica de los registradores, el establecido por las leyes 24/2001 y 24/2005, el único consistente con el hecho de que es el registrador, y no su Colegio ni ningún órgano de la Administración General del Estado, el titular de la función registral.

Conclusiones comisión registro civil. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

Jueves, 25 de abril de 2013

Los registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil. Si a pesar de lo anterior, la decisión política del Gobierno y de Las Cortes nos atribuyera su llevanza, invitamos a que se haga con el mayor consenso social y político posible, sugiriendo, por razones de eficacia de funcionamiento tanto del Registro Civil como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles los siguientes presupuestos
Primero: que las oficinas del Registro Civil a cargo de los registradores se mantengan absolutamente separadas de las oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantiva todos los efectos sin perjuicio de la necesaria interconexión entre ellas.
Segundo: que se prevea un plazo razonable de Vacatio Legis que permita a los registradores hacerse cargo del Registro Civil con plenas garantías de éxito; dejando a su decisión organizativa todo lo concerniente a los sistemas y aplicaciones informáticas pertinentes.
Tercero: que se atribuya a los registradores, como encargados de la llevanza del Registro Civil, todas y cada una de las competencias que hoy corresponden a los actualmente denominados encargados del Registro Civil, sin más excepción que la recepción de las declaraciones de defunción y la expedición de la licencia de enterramiento o cremación.
Cuarto: que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones Y por último, que de modo simultaneo a la tramitación de La Ley, se vaya articulando el correspondiente desarrollo reglamento y que ambos textos entren en vigor simultáneamente, pues hay importantes cuestiones que la ley olvida pero que es imprescindible resolver para que la misma cobre vigencia efectiva.

Conclusiones comisión procedimiento registral y bases gráficas. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

Jueves, 25 de abril de 2013

Conclusiones de la comisión de procedimiento

Partiendo de que la finalidad de la Asamblea no puede ser el análisis pormenorizado de la redacción y contenido del texto articulado propuesto, sino analizar los aspectos que en materia de procedimiento parecen estar necesitados de reforma, y a la vista del texto propuesto, establecer los principios o requisitos esenciales que los participantes en esta Asamblea entienden deben presidir ésta o cualquier otra reforma que en el futuro se plantee sobre los mismos; por la Comisión se proponen para su votación las siguientes conclusiones:
1.- Llevanza electrónica del Registro de la Propiedad. Sin perjuicio de lo que resulte de la Comisión que analiza el proyecto de Registro electrónico propuesto y sus alternativas, esta Comisión entiende necesario hacer una declaración expresa y sin vacilación alguna a favor de la incorporación al procedimiento registral de todas aquellas nuevas tecnologías que en cada momento estén disponibles y que puedan suponer agilización de trámites, reducción de costes, nuevas utilidades de los datos de nuestros archivos, y por qué no, asumir nuevas funciones. Si esto es así (sin vacilación alguna) es lo cierto que esta incorporación de nuevas tecnologías al procedimiento registral tiene que estar en todo caso sometida a cuatro grandes principios o presupuestos de hechos:
1.1.- Las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de llevanza de los Registros, no son sino herramientas puestas al servicio de la función registral para facilitarla y mejorarla. Se trata de un mero instrumento, por lo que su incorporación no puede ser la excusa o la causa que justifique modificación esencial de los principios rectores de nuestra función. Principios esenciales como la independencia del Registrador o el de competencia territorial distribuida por distritos hipotecarios, no pueden verse quebrados por la simple implementación de una nueva herramienta de procedimiento.
1.2.- La asunción de nuevas funciones no debe suponer el traslado automático al procedimiento registral en materia de propiedad o mercantil, de las nuevas técnicas y procedimientos aplicables a la nueva función asumida, por simple efecto mimético sin atender a las necesidades y diferencias de cada uno de los servicios o funciones asumidas.
1.3.-La implementación de nuevos procedimientos de llevanza registral no puede dejar sin valor los asientos registrales practicados en un soporte previo. El valor, efectos y garantías predicables de los asientos registrales deben ser los mismos cualquiera que sea el soporte papel, electrónico, o cualquier otro que proceda en el futuro, en que estén extendidos. No cabe hacer diferencias de contenido y efectos entre asientos válidamente practicados, y los historiales registrales de una misma finca en distintos soportes. No debe exigirse el traslado de todo el historial registral al nuevo soporte, sino a través del correspondiente enlace de continuación.
1.4.- Partiendo de que el sistema registral español es un Registro de derechos y no de títulos o documentos, cualquier medida que se adopte en cuanto a la digitalización o archivo de los documentos presentados, deberá siempre garantizar que los efectos de la inscripción residen en el asiento, evitando cualquier riesgo de transformación en un sistema de registro de títulos o documentos. La digitalización y archivo debe ser requisito residual solo de aquellos documentos sin matriz o que por su naturaleza pudieran ser objeto de frecuente y útil consulta.
2.- Entrada de documentos. En el tema de acceso de los documentos al Registro se parte de la pretensión de facilitar dicho acceso intentando mantener las garantías exigidas por el principio de documentación auténtica, para la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.
2.1.- Se considera muy positiva la posibilidad de arbitrar un sistema de presentación de copias electrónicas fehacientes abierto y disponible para cualquier legitimado en solicitar la inscripción, sin discriminación alguna por razón de la identidad del presentante, así como de copias digitalizadas de cualquier documento susceptible de causar asiento, siempre que el mismo pueda ser convalidado con el cotejo de su original después aportado, y para las Administraciones Públicas por cotejo telemático directo y de oficio por el Registrador al Archivo accesible donde se encuentre depositado.
2.2.- En cuanto a la supresión del FAX, la misma es necesaria en el momento actual, aun reconociendo la gran función que este medio de presentación ha prestado durante los últimos años, hoy en día se encuentra superado ante las nuevas utilidades tecnológicas en materia de comunicaciones. Se insiste en la necesidad de trabajar simultáneamente para que esté disponible la previa conexión de nuestra Sede Electrónica con el Punto neutro judicial, así como los órganos representativos de los operadores jurídicos involucrados; procuradores y abogados, para establecer los conductos seguros de comunicación a efectos de remisión telemática de documentación, notificaciones y requerimientos.
2.3.- Uno de los tema de mayor trascendencia en materia de entrada de documentos, es fijar el momento en el que se tiene por presentado el título en el Registro. La propuesta del borrador de entender que el título está presentado cuando consta redactado y firmado electrónicamente su asiento de presentación por el Registrador competente, es una de las soluciones posibles. La extensión del asiento se realizará por el orden de ingreso de los respectivos títulos, y solo cuando conste extendido y firmado dicho asiento se incorporará el asiento de presentación causado a la publicidad de la finca. La solución propuesta elimina cualquier duda sobre el tratamiento profesional de la documentación recibida por parte del Registrador, que es quién decide qué documentos presenta en el Diario, en qué orden y con qué contenido. Esta solución tiene sin embargo el inconveniente de crear un lapso de tiempo de obscuridad para los títulos ingresados en el Registro, desde el momento de su ingreso, hasta el momento de redacción y firma de sus respectivos asientos de presentación, periodo de tiempo, en el que el título no estará jurídicamente en el Registro y no se reseñará en la publicidad que de la finca afectada se solicite. Esta consecuencia no está en consonancia con un Registro que pretende ser totalmente accesible y dar la mayor publicidad posible y de la manera más inmediata, como garantía de seguridad del tráfico inmobiliario. De ahí que deban arbitrarse soluciones para evitar estos periodos de obscuridad desde el momento mismo del ingreso del título, dándose desde ese momento al menos noticia de su existencia.
3.- Cierre Registral El cierre registral en tanto no se acredite el pago de los impuestos devengados por el acto o negocio jurídico cuya inscripción se solicita, pero también la afección fiscal de los bienes al pago de los impuestos devengados, están necesitados de una regulación definitiva que sancione no solo los efectos suspensivos de la calificación y despacho, sino también del contenido y efectos de la nota de afección fiscal. Aprovechando las nuevas funcionalidades que se derivan de un procedimiento electrónico deberían estudiarse soluciones alternativas al cierre, afección fiscal y archivo de cartas de pago que vinieran igualmente a garantizar el interés digno de protección de la Administración Tributaria de garantizarse el conocimiento y exacción de todo hecho imponible.
4.- Calificación de cláusulas abusivas o contrarias a la normativa de protección a los usuarios y consumidores. En la calificación de aquellas cláusulas declaradas nulas por el orden jurisdiccional o cuya nulidad se derive del contraste con la normativa de protección a los usuarios y consumidores, nuestra competencia debe ser reconocida y asumida. Posibilidad de calificación en una materia que parece venir demandada socialmente, en base a criterios lo más objetivos posibles, asumiendo el grado de discrecionalidad que puede existir en toda valoración individual, en tanto se vaya consolidando una doctrina razonada y soportada mayoritariamente con el acerbo de calificaciones registrales que vayan expidiéndose, aceptadas por las partes o confirmadas vía recurso.
5.- Consulta directa a otras sedes registrales La consulta directa y de oficio por el Registrador a otras sedes registrales tanto para solventar ausencia de documentos complementarios que debieran aportarse por el presentante, como para fundamentar su calificación de la documentación aportada; debe ser una herramienta reconocida en el procedimiento registral. Sin embargo esta consulta no debe imponerse de manera imperativa y universal, sino que de ella debe hacer uso el Registrador cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su función.
6.- Procedimiento de calificación y despacho de documentos. Sin perjuicio de nuestra condición de funcionarios públicos incardinados en el Ministerio de justicia, el procedimiento registral presenta una serie de especialidades que entendemos hace inaplicable en su totalidad la tramitación del procedimiento administrativo ordinario. Trámites como la solicitud de inscripción independiente, la puesta de manifiesto de calificación negativa provisional, la resolución de calificación positiva, las observaciones no solicitadas en cuanto a los posibles medios de subsanación de una previa calificación negativa, no son sino ejemplos de trámites traídos del procedimiento administrativo que no casan con la finalidad del procedimiento registral ni nada aportan en el régimen garantista que el mismo ha de respetar. Las exigencias de agilidad y la naturaleza privada de los intereses afectados, impone la necesidad de evitar trámites que solo pueden suponer una innecesaria burocratización o alteración del régimen de imparcialidad del Registrador, sin mejora alguna de las garantías o de las funcionalidades que el ciudadano requiere. En este sentido debe hacerse una reconsideración general de la regulación del procedimiento registral en el borrador, con atención especial a los puntos ya expuestos y junto a ello lo referente al asiento de presentación preventivo, a la implantación del órgano de decisión mayoritaria de la oficina, al sistema de transcripción de determinaciones convencionales, al régimen de notificación de la calificación negativa, y el establecimiento de un procedimiento general de impugnación de las decisiones del Registrador junto al específicamente regulado.
7.- Régimen de recurso contra la calificación. Cualquier sistema de recurso contra la calificación por el que definitivamente se opte, deberá necesariamente respetar los siguientes principios:
7.1.- El objetivo de la impugnación ha de ser obtener una resolución que declare si la calificación impugnada es o no conforme al ordenamiento jurídico. Toda resolución o sentencia que ponga fin al procedimiento de impugnación será firme tan solo respecto a los intervinientes, y deberá ser objeto de publicación.
7.2.- Deben eliminarse los recursos a efectos doctrinales una vez subsanados los defectos que impedían la inscripción y practicada la misma.
7.3.- La legitimación para la impugnación en cualquier instancia debe reconocerse a los legitimados para solicitar la inscripción, así como a la autoridad o funcionario que expide u otorga el título calificado, y al propio Registrador cuando vea estimado el recurso y revocada total o parcialmente su calificación. El Registrador debe poder optar por prescindir de la intervención con abogado y procurador en su representación procesal
7.4.- Por economía procedimental debe admitirse la presentación de nueva documentación en cualquier fase del procedimiento pero siempre dando nuevo trámite para su valoración por el Registrador impugnado.
7.5.- Debe propugnarse la existencia de una instancia administrativa previa a la judicial, bien sea ante un órgano colegiado creado ad hoc, bien ante la propia Dirección General de Registros y del Notariado, arbitrando un sistema que garantice la autonomía técnica en sus decisiones.
7.6.- Por razón del objeto de la impugnación, en aquellos supuestos de recurso contra la negativa a practicar un asiento de presentación, o a expedir publicidad, si bien sometidos al régimen general de recurso; deben arbitrarse unos plazos de interposición y resolución, más reducidos para adaptar tales impugnaciones a la necesidad de agilidad e inmediatez que exige la materia.
7.7.- Toda reforma de esta materia ha de tener en cuenta la regulación especial aplicable en aquellas Comunidades Autónomas que tengan por sus estatutos de autonomía una regulación especial.
8.- Publicidad Registral Se apuesta por un sistema de información disponible en tiempo real accesible a todos los ciudadanos con carácter universal sin discriminación por razón de la identidad del solicitante. Esta necesidad de información lo más inmediata posible, hace necesario establecer un modelo de nota simple estandarizada en su formato y contenido, reservando para la certificación cualquier otra información requerida en ampliación de aquella. El Registro de la Propiedad solo debe ser público para quien alegue interés legítimo en conocer la situación patrimonial de un determinado bien o persona a juicio del registrador, y solo en aquellos extremos en que resulte necesario para satisfacer dicho interés legítimo. El suministro de cualquier publicidad registral exige en todo caso el tratamiento profesional y bajo la responsabilidad del Registrador, sin que deban admitirse vías de suministro de información indiscriminada que impidan dicho control del interés y el tratamiento previo de los datos a suministrar. Debe garantizarse el interés de todo titular registral a conocer quien solicita información de sus propiedades, así como a solicitar ante la autoridad judicial la restricción de publicidad, cuando concurran circunstancias que lo hagan necesario. Debe distinguirse claramente entre el contenido y efectos de lo que es publicidad registral, que solo puede tener por objeto la situación de titularidad y cargas de las fincas que constituyen cada Distrito Hipotecario, y aquella otra información que puede suministrarse vía copia de los documentos complementarios que pudieran estar depositados o archivados en los diferentes legajos del Registro. A las 20h se reúne de nuevo la Comisión para votar las conclusiones consensuadas entre los dos ponentes. Se cierra la puerta y se procede al recuento de los asistentes siendo en total 56 personas, 50 asistentes a la Comisión y 6 componentes de la mesa, se va votando conclusión por conclusión con las papeletas preparadas para dicha votación y quedan aprobadas: Los propios ponentes leen cada una de las conclusiones alternativamente, y las 9 son aprobadas por unanimidad con la única excepción de una abstención en la conclusión cuarta.
Comisión bases gráficas.

Conclusiones consensuadas

1.- La finca registral, como objeto del derecho de propiedad, no es un concepto fáctico predefinido, sino un concepto jurídico a definir y delimitar por el registro de la propiedad. Para llevar a cabo esta tarea esencial e indelegable, necesita emplear a la vez, tanto técnicas idóneas de identificación (la descripción literaria complementada con la georreferenciación de los límites de la finca respecto de un sistema oficial de coordenadas geográficas) como procedimientos jurídicos adecuados, (a instancia del propietario, con posibilidad de intervención de colindantes, respeto a la normativa territorial pertinente), y debiendo velar la calificación registral por la protección del dominio público, incluso no inmatriculado.
2.- Como procedimiento jurídico que es, la identificación geográfica de la finca debe ser objeto de rogación, calificación registral, decisión motivada, constancia formal en el folio real y firma por el registrador, y posterior publicidad formal, produciendo los cualificados efectos jurídicos propios de los pronunciamientos registrales, y entre ellos, los derivados de los principios de prioridad, oponibilidad, salvaguardia judicial y legitimación registral. Por tanto, no podrá ser inscrita ninguna inmatriculación ni modificación descriptiva cuya base gráfica pueda coincidir en todo o en parte con la base gráfica registral previamente inscrita de otra finca. Aún sin rogación del propietario, el registrador deberá emplear los medios a su alcance para intentar de oficio localizar geográficamente las fincas de su distrito, a los efectos de fundamentar sus decisiones en materia de calificación y de publicidad, o emisión de dictámenes.
3.- La necesidad y utilidad de la delimitación geográfica es predicable respecto de todas las fincas registrales, tanto de nueva creación como ya inmatriculadas, y tanto si constituyen porciones de suelo como edificaciones. En cambio, respecto de los elementos privativos de una propiedad horizontal no tumbada, será suficiente, pero necesaria, su identificación gráfica precisa por referencia a los planos del proyecto integrado en el libro del edificio, que debería archivarse en el registro permitiendo así su consulta y publicidad formal.
4.- A fin de garantizar a ciudadanos y Administraciones el acceso, con plena seguridad jurídica, al conocimiento recíproco de los intereses públicos y privados que confluyen sobre el territorio y que han de ser considerados por la calificación registral que en cada caso fuere pertinente, se considera también necesaria la georreferenciación con las mismas garantías de precisión y actualidad que se han de exigir en la delimitación geográfica de las fincas registrales, de todas aquellas especiales determinaciones del territorio sancionadas oficialmente de las cuales resulten efectos expansivos, restrictivos o simplemente delimitadores del contenido del derecho de propiedad, paliando así la grave situación actual en que las limitaciones “públicas” del dominio operan de hecho como cargas ocultas.
5.- Las relaciones Registro-Catastro deben estar presididas por la colaboración e interoperabilidad más intensa y leal dentro del respeto a sus respectivas funciones. La cartografía catastral debe utilizarse de modo preferente, pero no único ni condicionante, para la delimitación geográfica de las fincas regístrales. Registralmente debe realizarse un análisis específico, seguimiento y publicidad acerca del estado de convergencia, divergencia o imposibilidad lógica de coordinación entre la finca registral y el inmueble catastral de la misma ubicación. Los registradores deben ser competentes para tramitar, ante el organismo catastral oportuno, procedimientos específicos de rectificación o alteración catastral. En todo caso, todos los pronunciamientos jurídicos regístrales susceptibles de causar una alteración catastral, tanto los alfanuméricos relativos a la descripción de las fincas e identificación de los titulares, como los geográficos relativos a la ubicación y delimitación geográfica de las fincas, deberían ser puestos a disposición del Catastro, mediante procedimientos electrónicos con interoperabilidad de sistemas geográficos, para su incorporación al mismo. Cualquier forma de publicidad registral deberá expresar si consta o no inscrita la base gráfica de la finca, y en caso afirmativo, acompañarla, y expresar su grado de coordinación con el inmueble catastral. 6.- Se constata la necesidad de regular con mayor claridad y garantías los procedimientos jurídicos para obtener la inmatriculación de nuevas fincas, para la identificación geográfica y deslinde de fincas regístrales inscritas, con las rectificaciones descriptivas pertinentes, para resolver los casos de doble inmatriculación y la determinación de la verdadera cabida de las fincas. En todos los casos, la intervención profesional del registrador resulta idónea, no sólo proporcionado información registral y dictámenes previos, sino calificando el resultado del procedimiento seguido ante otra autoridad pública independiente, o incluso tramitando y resolviendo, dentro de los límites de su función natural, tales procedimientos si legalmente se le faculta para ello.
7.- La información geográfica registral, tanto en lo que se refiere a la delimitación de los distritos como de las fincas regístrales, entra dentro del ámbito de la directiva INSPIRE, y por tanto, ha de integrarse en su geoportal y en el de la IDEE, ofreciendo además como metadato de libre acceso el identificador único de cada distrito y de cada finca que permita a cualquier usuario público o privado cursar peticiones de publicidad registral detallada al registro competente.
8.- Para la identificación geográfica de las fincas, y para facilitar la publicidad de las mismas y de la información territorial pública que les afecte, resulta imprescindible el empleo de aplicaciones informáticas uniformes para todos los registros de la propiedad para el tratamiento de bases gráficas, con las utilidades propias de las infraestructuras de datos espaciales, y con acceso público reglado a través de un geoportal registral, que debiera servir como medio de publicación oficial del hecho de que una finca registral ha quedado identificada geográficamente, así como de la existencia de cualesquiera actuaciones administrativas o judiciales potencialmente afectantes a su configuración o titularidad cuya iniciación se haya hecho constar registralmente.
9.- Se estima que la efectiva implantación de las medidas a que se refieren las presentes conclusiones resulta tarea urgente para potenciar la seguridad jurídica a través de la institución registral y atender así una apremiante demanda y necesidad de interés general, tanto a nivel nacional como internacional.

Conclusiones de la comisión sobre organización colegial y demarcación. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

Jueves, 25 de abril de 2013

1. La circunscripción territorial de cada registro de la propiedad y mercantil, medida de la competencia de cada registrador, constituye la garantía de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función, y debe ser respetada.
El sistema de registro electrónico de gestión única centralizada, convierte a las oficinas de registro a cargo de los registradores en meras terminales de carga de datos en el sistema informático único residenciado en un centro de proceso de datos, lo cual debilita el principio de competencia territorial de los registradores, sobre el que se asienta la independencia en el ejercicio de la función registral, en cuanto hace depender la posibilidad de acceso a los registros a su cargo, no de su localización geográfica, sino de la disponibilidad de claves de acceso a un sistema central, y de los criterios que legalmente se prevean sobre atribución de tales claves.
2. La implantación del modelo de registro electrónico de existencia y gestión centralizada en el Colegio de Registradores, supone el traslado de la competencia de gestión, administración, conservación y custodia de los datos que integran los registros de la propiedad y mercantiles, desde los registradores al Colegio, de lo cual resultan las siguientes consecuencias:
a. Los registradores pierden una parte esencial de su función, en cuanto son privados del acceso directo a los datos que integran el registro a su cargo y, con ello, de toda posibilidad de decisión o actuación sobre la construcción, mantenimiento y gestión del archivo registral, que sale de su oficina y al que sólo podrán acceder a través del sistema de comunicaciones que el Colegio establezca y mantenga y en los términos que permita la aplicación de gestión por el Colegio adquirida o desarrollada.
b. El Colegio puede ver alterada su naturaleza jurídica, en cuanto su función esencial deja de ser la ordenación de la profesión registral, para pasar a serlo la gestión, administración y renovación, en nombre propio, de los datos que integran los registros jurídicos, lo cual, en el ejercicio de tales competencias, lo equipara a una administración pública, en la que se integran los registradores, y que se configura como dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, a través del poder instructor de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
No obstante, el BALRR establece un principio de responsabilidad personal objetiva de los registradores por el deficiente funcionamiento de un sistema sobre el que carecen de toda posibilidad de actuación y decisión.
3. El nuevo modelo de oficinas integradas, complejas y pluripersonales impuesto por el BALRR, no se justifica ni con la asunción de nuevas competencias,-llevanza del registro civil-, ni con objetivos de mejora en el funcionamiento del servicio registral.
– En relación con el registro civil, en caso de que hubiera de asumirse, no se justifica acabar con el vigente modelo de organización de los registros de la propiedad y mercantiles, decantado a lo largo de más de 150 años, y de probado éxito.
– En relación con los objetivos de mejora de funcionamiento, tampoco se justifica por las razones siguientes:
a. carece de justificación económica y organizativa en el modelo de registro electrónico que se pretende, en el que las oficinas son meras terminales de carga al sistema central.
b. no genera avances suficientes en la resolución de problemas derivados de una falta de previsibilidad en la calificación, en aquellos supuestos, especialmente sensibles, de documentos sujetos a inscripción en una pluralidad de registros.
c. aleja a los registradores tanto del distrito hipotecario, esencial en la identificación de fincas, como de los usuarios del registro.
d. es previsible que provoque una drástica reducción de las plantillas de personal, con las tragedias personales que en un momento como el actual puede generar.
e. deja inútiles importantes inversiones inmobiliarias y de herramientas informáticas de gestión ya realizadas y
f. la organización de la oficina pluripersonal provocará un desvío esencial de tiempo de trabajo, desde la atención al usuario del sistema registral, hacia la resolución de los previsibles conflictos que puedan plantearse, pudiendo resentirse la calidad del servicio público prestado. Todo ello agravado por la insuficiente regulación recogida en el BALRR.
4. Los registros de la propiedad establecidos como únicos en sus términos municipales deben mantenerse en donde actualmente existen, incluso en los casos en que no generen ingresos suficientes para costear el servicio, por razones de interés general. La DGRN, y el CORPME adoptarán las medidas necesarias para conseguir la viabilidad económica de todos los registros.
Sobre la base de las conclusiones expuestas, se realizan las siguientes propuestas:
1. La Asamblea acuerda proponer la revisión del contenido de la reforma, de manera tal que permita avanzar en un sistema que, de forma real y no sólo formal, atribuya la llevanza de los registros jurídicos a los registradores, sin perjuicio de la profundización por el Colegio en el ejercicio de sus competencias, necesarias para garantizar la efectiva implantación y uso, con cargo a los colegiados, de los sistemas informáticos y de comunicaciones que garanticen la incorporación de la información registral, -en el contenido necesario y con plena identidad respecto del dato conservado en la oficina de registro-, a sistemas electrónicos seguros e interoperables.
2. La Asamblea acuerda proponer el mantenimiento del sistema de registro unipersonal en la actualidad vigente, sobre la base del principio de competencia territorial, adoptando las medidas que resuelvan las disfunciones que de dicha unipersonalidad resultan, a cuyo efecto se propone:
i. Desarrollar la legislación que impone la efectiva y general implantación y uso de las herramientas informáticas que permitan la relación de los usuarios con cada registro a través de medios electrónicos y desde emplazamientos remotos.
ii. La definición legal de un sistema que haga posible la efectiva y real armonización de criterios de calificación, en aquellos casos en que viene impuesta, ya por referirse a productos estandarizados, ya por afectar a negocios jurídicos inscribibles en una pluralidad de registros.
3. La Asamblea propone que las oficinas registrales situadas en una misma localidad, deban compartir un mismo local, objetivo a lograr en un plazo razonable. La instalación en un local común permitiría que determinados servicios registrales puedan ser prestados en régimen centralizado o de ventanilla única (en particular, la entrada de documentos, y la publicidad formal ).
4. La Asamblea acuerda proponer la sustitución del principio de unificación orgánica de los registros, previsto en BA, por otro que respete las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de cada registro jurídico, de tal forma que la llevanza, en su caso, del registro civil por los registradores, -para la que sería conveniente el máximo consenso político-, no provoque una alteración en el actual sistema de organización registral.
5. El sistema de llevanza por un solo registrador de dos registros independientes, en régimen de propiedad (agrupación personal) es una respuesta adecuada para resolver el problema de los registros en situación de interinidad prolongada, particularmente los de carácter incongruo.

Conclusiones comisión registro mercantil y bienes muebles. Aprobadas por acuerdo de la Asamblea General de Zaragoza

Jueves, 25 de abril de 2013

1) La comisión es contraria a que se produzca una integración de Registros mercantiles en una estructura superior. No obstante, si el Pleno aprobase dicha integración de Registros mercantiles en una estructura superior es necesario regular un sistema de gestión económica que permita una clara correlación entre ingresos arancelarios por las operaciones que en ellos se realicen con los gastos imputables a la actividad que desarrolle cada uno de ellos de conformidad con las exigencias de la normativa comunitaria.
2) La regulación del Registro Mercantil electrónico no deberá desplazar la información a una base de datos central correspondiendo a los Registros territoriales la producción, gestión y publicidad de la misma en exclusiva. Todo ello sin perjuicio de
la existencia de una plataforma central de comunicación de los registros mercantiles territoriales a través del nodo del Colegio de Registradores para su interconexión entre si y con el resto de plataformas transnacionales o internacionales.
3) Reconocimiento de la existencia de singularidades en el procedimiento registral mercantil para cuya regulación debe habilitar expresamente el Código de Comercio al Reglamento específico sin perjuicio de aplicación en lo no regulado expresamente de la normativa hipotecaria.
4) Necesidad de actualizar el Reglamento del Registro Mercantil previa modificación del Título correspondiente del Código de Comercio
5) Regulación del Registro Electrónico Mercantil dentro de la reforma integral de los registros públicos y con sujeción a la I Directiva modificada por la Directiva 58/2003 y de la Directiva 17/2012 de Interconexión de Registros Mercantiles Europeos.
6) La ampliación del perímetro subjetivo: Debe procurarse la implantación de un único sistema nacional de denominaciones.
El Registro Mercantil debe ser el competente en exclusiva para la llevanza del registro de entidades que operan en ámbito transnacional o de carácter internacional.
Conveniencia de atribuir al Registro Mercantil la llevanza de todos los registros de personas jurídicas, de Derecho estatal o autonómico en coordinación con los Registros Administrativos. “Ventanilla única registral”.
7) La ampliaciión del perímetro objetivo
a) Lograr un sistema adecuado de publicidad registral de grupos de sociedades.
b) Establecer mecanismos de publicidad de participaciones sociales equivalentes a los existentes en Derecho comparado.
8 ) Necesidad de la trasposición de la Directiva de Interconexión Directiva 17/2012. Debiéndose establecer a tal efecto una única fuente de información.
9) Necesidad de regulación unitaria de las garantías mobiliarias y de un Registro de Bienes Muebles que cumpla, según el tipo de bienes, las funciones de:
1ª) Un Registro de la propiedad mueble o
2ª) Un Registro de “cargas” o “gravámenes”.
3ª) Que actúe como “puerta de entrada” o registro de “enlace internacional” con los sistemas regístrales internacionales que establezcan los tratados internacionales por España.

Los jueces de Alicante paralizan los desahucios para que los afectados prueben si hay cláusulas abusivas

Jueves, 25 de abril de 2013

Los demandados tendrán un plazo de treinta días para acreditar ante el juzgado los supuestos casos de abusos
24.04.2013 José Antonio Martínez. El artículo en diarioinformación.com
Los jueces del partido judicial de Alicante acordaron ayer paralizar todos los procedimientos de desahucio que tienen en marcha para que los afectados acrediten si hay cláusulas abusivas en su hipoteca, según informaron ayer fuentes del Palacio de Justicia de Benalúa. El acuerdo se adoptó en una junta de jueces y con él se suman a las iniciativas de otras provincias tras la sentencia de la Unión Europea que faculta a los magistrados a paralizar un desalojo en esos casos. Los afectados van a tener un plazo de treinta días para intentar acreditar ante el juzgado la existencia de cláusulas abusivas, aunque el acuerdo no entra a valorar cuándo ocurren estos supuestos. La previsión de los jueces es que para finales de mayo ya habrá entrado en vigor la nueva legislación hipotecaria del Gobierno, por lo que en la práctica la medida supone paralizar los procedimientos que están en marcha hasta ese momento para evitar “hechos irreversibles”, ya que una vez practicado el desalojo no habrá vuelta atrás.
La primera consecuencia práctica es que desde hoy todos los lanzamientos por hipotecas previstos quedarán paralizados. Fuentes del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de los juzgados de Benalúa apuntaron que en estos momentos esta oficina, que es la que se encarga de la ejecución material de los desalojos, tenía toda la agenda de señalamientos llena durante los próximos dos meses. Tal como ya publicó este diario, en el primer trimestre del año se habían recibido un total de 422 procedimientos de desahucios, de los cuales se suspende una tercera parte a instancia de los propios bancos.
El juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló ayer que la medida afectará sólo a procedimientos hipotecarios y que los desahucios por el impago del alquiler seguirán ejecutándose como hasta ahora. A pesar de que la sentencia de la Unión Europea contra la legislación hipotecaria española se dictó a mediados del pasado mes de marzo, los jueces de Alicante todavía no habían adoptado ninguna medida sobre su aplicación. Todo había quedado condicionado a una junta de jueces en la que había que unificar criterios a fin de evitar que cada juzgado adoptara una postura diferente. La reunión señalada ayer tardó más de una hora en cerrar un acuerdo, ya que se pretendía que la resolución se adoptara por unanimidad.
Tras el acuerdo de ayer, los jueces paralizarán todos los procedimientos hipotecarios que tienen en marcha para emplazar a las partes a que en un plazo de treinta días acrediten ante el juzgado si han presentado algún tipo de procedimiento por cláusulas abusivas en una ejecución hipotecaria. Hasta ahora, la legislación planteaba la posibilidad de iniciar este procedimiento, que se denomina declarativo, aunque no suponía la paralización del desahucio. Los jueces no han entrado a valorar los supuestos en los que una cláusula podría ser considerada abusiva, ya que se entiende que estos aspectos van a quedar regulados en la nueva ley. De hecho, el acuerdo de la junta supone paralizar los desahucios hasta que entre en vigor la nueva legislación del Gobierno.

Los registradores no quieren el Registro Civil

Jueves, 25 de abril de 2013

22 de abril de 2013 Almudena Vigil. La Ley. Visto en vegamediapress.net
Los registradores no quieren el Registro Civil. Esa es la conclusión que, por mayoría absoluta, ha resultado tras tres días de ponencias, debate y votaciones en la capital aragonesa.
La asamblea, que fue planteada como un pulso de los registradores de base a la junta de gobierno del Colegio Nacional que los representa, ha culminado con la victoria por mayoría de los primeros que han hecho tangible en votos lo que hasta ahora era un movimiento disidente interno. De hecho, uno de los fines con los que se convocaba este encuentro de registradores era hacer visible la disconformidad de una parte importante del colectivo que ha mostrado su total rechazo a la reforma registral, al menos en los términos en que ésta se ha planteado en los sucesivos borradores que ha manejado el Ministerio de Justicia.
Tras un inicio de semana incierto, en el que no se sabía si la asamblea se llegaría a celebrar, ya que para ello era necesario que estuvieran presentes al menos 411 registradores (un tercio del total, incluyendo ejercientes y jubilados), el martes arrancó este evento que ha resultado ser todo un éxito para los organizadores.
No obstante, las fuentes consultadas por este diario señalan que en las cinco comisiones celebradas para analizar diferentes aspectos de la reforma registral, también ha habido puntos de acuerdo y consenso como, por ejemplo, en lo referente a la organización colegial y la demarcación de los registros. Se ha acordado que cada registrador responda de su propio registro, rechazando medidas como las de agrupar a diez registradores en uno solo. Se mantendría, por tanto, el diseño actual, eso sí, corrigiendo las disfunciones que hayan podido surgir en los últimos tiempos.
También se ha llegado a un acuerdo en apostar por las bases gráficas propias de los registradores, «con respeto al catastro», según informan las fuentes consultadas. Se trata de defender el sistema Geobase creado por el colectivo y que recientemente ha sido objeto de estudio en los tribunales con sentencias a favor y en contra. En uno de los últimos borradores se planteaba la sumisión del Geobase al catastro, aunque también ha habido algún momento ””durante las continuas modificaciones que ha sufrido el borrador”” en el que se le otorgaba al modelo registral un papel prioritario.
Puntos de fricción
Donde no ha habido acuerdo posible y la posición oficial del Colegio de Registradores ha sido rechazada por una amplia mayoría, ha sido en lo relativo al diseño del registro electrónico y en la decisión de otorgarles el Registro Civil. En este último terreno, la respuesta ha sido clara: los registradores no quieren el Registro Civil. Según apuntan, no es que lo rechacen, si el Ministerio decide que finalmente sean ellos quienes se encarguen de gestionarlo dicen que lo asumirán, pero insisten en que no es algo que ellos hayan pedido y reiteran que, de quedárselo, debería ser con condiciones: que se apruebe con consenso político y social, así como el acuerdo con los colectivos afectados; que sea un Registro independiente y que se haga con una memoria económica, tal y como adelantó Expansión el pasado martes.
Todo lo aprobado en esta asamblea tiene efectos a nivel del colectivo y del Colegio de Registradores, pero la decisión final sobre cómo quede el borrador de la reforma registral es cosa del Ministerio de Justicia, que tendrá la última palabra. No obstante, todas las fuentes consultadas apuntan a que el texto está actualmente parado y no está claro que finalmente salga adelante.

El Gobierno admite que podría retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años

Jueves, 25 de abril de 2013

También reconoce que puede afectar a la “indexación de las pensiones”, que ahora se hace de acuerdo con el IPC
Estrella Digital/EP, 24/04/2013 La noticia en estrelladigital.es
El Gobierno admite que el factor de sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento sobre dicho parámetro que entregó el secretario general de Seguridad Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo el martes.
El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027.
Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad legal de jubilación, “es posible seguir aumentando dicha edad legal”, al tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la “indexación de las pensiones”, que ahora se actualizan según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que en la última década se han producido “comportamientos perversos que el propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar en el tiempo”, como el hecho de que la pensión media del sistema haya crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de los precios, así como la “insuficiencia” de las cotizaciones en relación con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros países europeos.
Más años para cobrar el 100%
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora.
Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento, al que tuvo acceso Europa Press, algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las relaciones de índices demográficos y económicos.
Además, el documento detalla los procesos de reforma de los sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión.
El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.
Garantizar la sostenibilidad del Sistema
El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, garantizando a su vez pensiones adecuadas.
“Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores demográficos sino que considere la realidad social y económica española en su conjunto”, reza el documento.
Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año 2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando “altas” tasas de desempleo, así como “el no crecimiento o incluso bajada” de los salarios, circunstancias que están provocando una disminución en los ingresos por cotizaciones, “haciendo necesario incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo”.

El Gobierno catalán gravará con un impuesto las viviendas vacías de bancos y promotoras

Jueves, 25 de abril de 2013

Esta medida de la Generalitat no afectará en ningún caso a los particulares
Se aplicará en 70 municipios con una demanda de alquiler acreditada
La suma de pisos nuevos y usados no públicos vacíos asciende a 450.000
La Generalitat de Cataluña creará un impuesto para pisos vacíos
La noticia en rtve.es / agencias 22.04.2013
El Gobierno catalán gravará con un impuesto las viviendas vacías de bancos y promotores inmobiliarios en los municipios donde haya una demanda de alquiler social, medida que en ningún caso afectará a los particulares y que se integrará en la ley de acompañamiento de Presupuestos de este 2013 para penalizar la desocupación injustificada de los inmuebles.
En declaraciones a Rac1 este lunes recogidas por Europa Press, el conseller de Territorio y Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, ha remarcado que en Cataluña hay 80.000 pisos nuevos no públicos vacíos -muy pocos en Barcelona-, y que para estimular el alquiler los bancos e inmobiliarias deberán abonar una tasa proporcional al número de viviendas que tengan cerradas: “Cuando acrediten que se pone en circulación se les abonará el impuesto”.
El pacto de gobernabilidad entre CiU y ERC ya planteaba estudiar la aplicación de medidas impositivas para “incentivar la entrada al mercado de alquiler de las viviendas desocupadas propiedad de sociedades mercantiles”, lo que, según Vila, se concretará en una impuesto inspirado en el modelo francés, que logró reducir así un 40% el parque de viviendas vacías entre 1999 y 2010.
“Tenemos que hablar de cuánto dinero con la Dirección General de Tributos. Es una medida de estímulo, y no queremos cometer ninguna injusticia” hacia las personas jurídicas, ha subrayado el conseller sobre una iniciativa que también quiere contribuir a reducir el precio del mercado de alquiler.
Tenemos que hablar de cuánto dinero
Ha precisado que la suma de los pisos nuevos y los usados no públicos vacíos asciende a 450.000, y que un millar de las 14.000 viviendas que gestiona la Generalitat están desocupadas porque son promociones para jóvenes que ya no pueden afrontar el alquiler a causa de la crisis.
El impuesto llegará a 70 municipios
El impuesto con el que el Gobierno catalán pretende gravar las viviendas vacías de bancos y promotores inmobiliarios se aplicará en 70 municipios con una demanda de alquiler acreditada, la mayoría en el Area Metropolitana de Barcelona (AMB) y en capitales de provincia.
El consejero de Territorio y Sostenibilidad ha señalado que la Consejería y los registradores de la propiedad han identificado las zonas con demanda -incluyendo Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Girona-, aunque estas puedan variar con el tiempo.
“Puede ser que cada dos o tres años revisemos qué parque de vivienda es susceptible de recibir este impuesto”, ha afirmado sobre una medida destinada a promover el alquiler y ante las dificultades de muchos ciudadanos para acceder a una vivienda.
Para Vila, la iniciativa debe permitir “avanzar hacia un cambio cultural en el que los ciudadanos se sientan seguros viviendo en régimen de alquiler” en Cataluña y acabar con las 80.000 viviendas nuevas vacías en manos de bancos y promotores.
Estas personas jurídicas “se verán abocadas a tirarlo adelante”, ha dicho sobre la puesta de las viviendas vacías en alquiler, aunque ha añadido que podrán decidir libremente y estudiar si les compensa pagar el impuesto -algo que el diseño de la imposición buscará desincentivar-.

La banca acusa a Andalucía de vulnerar el derecho a la propiedad privada

Jueves, 25 de abril de 2013

16.04.2013 Madrid M.Romani. La noticia en expansión.com
La patronal bancaria AEB cree que el Decreto de la Junta de Andalucía que pretende multar a las entidades que tengan viviendas vacías y prevé expropiaciones temporales supone “restricciones no justificadas” al derecho a la propiedad.
La Asociación Española de Banca (AEB) ya se ha expresado públicamente sobre el Decreto Ley 6/2013 de la Junta de Andalucía, que tantas polémicas ha provocado en los últimos días. Los bancos han manifestado su “disconformidad” con este decreto, que prevé multas de hasta 9.000 euros por cada piso vacío durante más de seis meses y expropiaciones temporales de las viviendas.
La patronal que preside Miguel Martín, en la que no están los bancos de las excajas de ahorros, recuerda en una nota enviada a los medios que las entidades han demostrado “sensibilidad y preocupación por el problema de la vivienda y en particular el de aquellos colectivos socialmente más vulnerables afectados por procedimientos de ejecución hipotecaria”. Y asegura que, para contribuir a paliar la gravedad de la situación, los bancos han adoptado un amplio número de medidas.
Entre ellas, la AEB destaca las refinanciaciones concedidas a familias con dificultades para pagar la hipoteca, que se cifran en unas 400.000 desde que empezara la crisis. Además, la patronal recuerda que todas las entidades socias se han adherido al Código de Buenas Prácticas; han paralizado los desahucios de los colectivos en riesgo de exclusión durante dos años y han contribuido a la creación de un Fondo Social de Viviendas, “al que han aportado 2.500 pisos para su alquiler a precios módicos”.
La asociación también asegura que está dispuesta a seguir colaborando con las autoridades. Pero deja claro que lo que está haciendo la Junta andaluza no le gusta y subraya que algunas de las iniciativas incluidas en el Real Decreto “ya están siendo abordados a través de otros cauces legales”.

Huelga de secretarios judiciales en San Vicente, Alicante y Benidorm. El colectivo se moviliza hoy contra la privatización del Registro Civil y para exigir una mesa negociadora propia

Miércoles, 24 de abril de 2013

24.04.2013 La noticia en diarioinformacion.com
J. A. M. Primero fueron los jueces, luego los fiscales y ahora son los secretarios judiciales los que convocan una huelga como medida de protesta contra algunas de las reformas en materia de Justicia que tiene en marcha el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. El colectivo de secretarios judiciales ha convocado para hoy una jornada de huelga en las provincias de Alicante, Madrid y Toledo. Concretamente, en la provincia la huelga afectará a los partidos judiciales de Alicante, San Vicente y Benidorm. A las doce del mediodía hay convocada una concentración frente al Palacio de Justicia de Benalúa.
El portavoz del comité de huelga, Isaac Bernabeu, explicó ayer a este diario que la huelga se convoca en protesta por el proyecto para privatizar los Registros Civiles y por la falta de una mesa negociadora propia para tratar con el Ministerio de Justicia todas las reformas que les afectan a ellos. “Está todavía por aplicar la nueva oficina judicial y todavía no nos han consultado nada, a pesar de que buena parte de esta reforma descansa sobre los secretarios”, señaló. En esta línea, apuntó que mientras los jueces y los fiscales cuentan con sus propios mecanismos de negociación, los secretarios judiciales no cuentan con ninguna capacidad de diálogo. “Todo se está aplicando a nuestras espaldas”, dijo.
En cuanto a la reforma del Registro Civil, Bernabeu abogó por dejarlos tal y como están y no entregárselos a los registradores de la propiedad.

La degradación en curso

Miércoles, 24 de abril de 2013

Joaquín Trigo Portela 23/04/2013 El artículo en eleconomista.es
Desde mediados de la pasada década, con la plena asunción del euro, las Administraciones Públicas, las empresas y las familias han recibido y gastado recursos monetarios ingentes. Antes de la existencia del euro las empresas españolas estaban mucho menos apalancadas que las alemanas, francesas y otras, pero con la posibilidad de contar con una financiación barata y abundante se endeudaron rápidamente. Las AAPP y las familias actuaron de manera similar y así, fue el país el que encontró dificultades para cubrir con sus obligaciones de pago y, peor aún, tuvo que soportar tipos de interés más altos.
Otros países se encontraron con problemas aún mayores y a pesar de las ayudas externas el descrédito trajo nuevas dificultades de las que no se ha salido. En España las familias y empresas ya están reduciendo su deuda a costa de esfuerzos y privaciones pero la del conjunto de las AAPP aumenta.
En esta situación es sorprendente que haya entidades y empresas públicas que incrementen sus efectivos, precisamente cuando hay menos recursos y mayor posibilidad de malbaratarlos. También se mantienen actividades de las que se podría prescindir sin pérdidas relevantes y que ahora siguen llenando el BOE y vaciando las menguadas arcas públicas. El problema principal es la financiación, porque los impuestos han llegado al tope, con alegría de la economía irregular, y los remedios son nuevas tasas e incursiones en ámbitos que se deberían haber evitado, porque crean más problemas y costes al tiempo que aportan muy poco. Veamos dos casos.
El viernes 13 de abril entró en vigor en Andalucía una norma que aspira a expropiar los inmuebles embargados y multar los inmuebles no ocupados. Trata de mantener en su vivienda a las familias incursas en procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Resulta que las entidades afectadas lo son porque absorbieron a las promotoras y la última, el Sareb, no puede ser responsable de nada de lo hecho allí porque no estaba.
También se aprovecha para que la Junta se lleve unas perras (de multas a los bancos y de los ingresos de las familias, que poco tienen porque no pueden pagar la hipoteca, pero no se les quitará por encima del 25% de sus muy menguados ingresos). La idea parece muy social y sensible, pero no tiene lo que no tiene en cuenta son las implicaciones del presunto buenísimo subyacente. En España hay más familias que son dueñas de su vivienda que en cualquier otro país de la UE. Es así porque la hipoteca es un préstamo muy sólido, se sustenta en la garantía de la vivienda más la del beneficiario del préstamo y, a veces, también con otro valedor. Gracias a esa seguridad y a su larga dilación es más barata y atractiva para los que prestan el dinero a los compradores y para estos, al punto que extranjeros que vienen a vivir o veranear en España lo prefieren al crédito de su banco en otros países, porque es barata.
La mortage solo se apoya en la vivienda y eso la hace más cara. Si la hipoteca pierde sus cualidades el acceso a la propiedad de la vivienda está en entredicho pero alguien consigue dos cosas: parece que se preocupa de los débiles, aunque no se sabe nada de lo que pasará una vez transcurridos los 3 años que se dan, ni como estarán las viviendas en ese momento. También consigue ingresos. A cambio, ¿qué quedará de la hipoteca si eso se generaliza?.
Por otra parte, el ayuntamiento de Barcelona, como otras ciudades de España, tiene una tasa a los cajeros de las entidades bancarias. La Real Academia Española define la tasa como el tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades. Efectivamente, el cajero da un servicio, pero no es del ayuntamiento sino de la entidad que lo ha puesto en el interior de sus paredes, en su antesala o dentro de su oficina. El ayuntamiento no limpia, ni siquiera el espacio intermedio en la noche que sirve de dormitorio de algunos itinerantes. ¿Qué se hace con el dinero recaudado de la banca y sus clientes? ¿Está segura la persona que tuvo la idea de que se hará un mejor uso de lo recaudado que el que hubieran hecho las entidades financieras y sus clientes?.
Hay una evidencia abrumadora que relaciona el aumento de los recursos fiscales con la reducción del ritmo de crecimiento económico de los países. A finales de los años noventa se hicieron estudios rigurosos sobre veinticuatro países en diferentes estados, entre ellos España. En todos se ve que lo que se puede obtener aumentando la tributación es inferior, a lo que se consigue rebajando los impuestos. Lo mismo reza para las administraciones subcentrales: para conseguir y dar más no hace falta ser mayor, basta con ser mejor, pensar en los resultados inmediatos y los diferidos, respetar los ciudadanos y su capacidad de saber lo que le conviene.
Joaquín Trigo Portela, director general de IEE Madrid.

Secretarios judiciales piden gestionar el Registro Civil para garantizar su gratuidad y protección de datos personales

Miércoles, 24 de abril de 2013

22/04/2013
El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Carlos Artal, ha pedido encomendar el Registro Civil a los fedatarios públicos para garantizar su gratuidad y que información “tan delicada” como los datos personales de los ciudadanos sigan en manos del personal funcionario.
Madrid, 19 (Europa Press) La noticia en iustel.com
Carlos Artal se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press después de que registradores de toda España hayan aprobado mayoritariamente una ponencia contraria a asumir, a día de hoy, el Registro Civil que ha sido debatida en una asamblea celebrada en Zaragoza.
Este rechazo hace reflexionar, según Artal, sobre la conveniencia de que los secretarios judiciales, “altamente cualificados” y con experiencia suficiente, asuman la gestión de los registros, tal y como prevé la ley de 2011.
Supresión del papel
Además, ha advertido sobre el peligro de que una información “tan delicada” como los datos de carácter personal albergados en el Registro Civil queden en manos de “personal no funcional” y sin experiencia en este ámbito, lo cual podría vulnerar la propia Ley de Protección de Datos.
“La atribución forzosa a los registradores supondría la privatización del Registro, que pasaría de la gratuidad total a un encarecimiento tremendo para los ciudadanos”, ha señalado Artal, para añadir que el ahorro previsto por el Gobierno tendría que ser asumido por el ciudadano, quien pasaría de pagar “un servicio gratuito a un coste multiplicado por diez”.
Dicho esto, el portavoz de la UPSJ ha apostado por la interconexión y la supresión del papel para lograr un Registro Civil “efectivo al cien por cien” y ha desmentido que los registradores hayan resuelto el atasco de 400.000 expedientes de nacionalidad, puesto que “solo han informado, verificado los requisitos”. “Lo están tramitando los registros civiles, solo han informado”, ha concluido.

Cuatro claves de la futura directiva europea sobre hipotecas

Miércoles, 24 de abril de 2013

El texto, aprobado por Bruselas
El acuerdo llega en plena reforma de la legislación hipotecaria en España
Una vez aprobada, los Estados tendrán aún otros dos años para implementarla
¿Qué cambia la reforma hipotecaria?
David M. Pérez 23-04-2013 La noticia en cincodias.com
Bruselas ha superado etapa más en la carrera hacia la primera directiva europea sobre hipotecas. Después de dos años de negociaciones, los Veintisiete, la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo (PE) han dado luz verde al texto legislativo, el primero que regulará a escala comunitaria la concesión de préstamos para la compra de bienes inmuebles.
El acuerdo alcanzado fija unos estándares mínimos para mejorar la información al consumidor antes de firmar los contratos hipotecarios y para reforzar los derechos de los deudores durante el desarrollo de los contratos. El texto todavía que ser aprobado por el pleno del Parlamento europeo y por los Estados Miembros. Una vez se apruebe formalmente la nueva regulación, los Estados tendrán otros dos años para implementarlo.
Este nuevo paso de Bruselas llega en plena tramitación de la reforma de la legislación hipotecaria en España, motivada a su vez por la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que impugnaba el procedimiento seguido en España para la ejecución de hipotecas. La semana pasada el Gobierno aprobó en solitario la nueva normativa que podría entrar en vigor a finales de abril o principios de mayo.
Información previa: El consumidor deberá disponer de un periodo obligatorio de reflexión de 7 días antes de firmar un contrato hipotecario, o bien del mismo periodo de 7 días para retractarse tras la firma, a definir por cada Estado Miembro. La reforma de la normativa española prevé, por imposición de un sentencia del Supremo, que el firmante de una hipoteca sea debidamente informado. Así, las cláusulas que puedan elevar el riesgo para el hipotecado (como las de suelo, techo o las que ligan los intereses a divisas extranjeras) deberán contar con su firma y un texto manuscrito manifestando su comprensión.
Flexibilidad para amortizar deuda: La normativa prohibirá las penalizaciones al deudor por el pago anticipado del precio total del préstamo, aunque sí permitirá a las entidades pedir “compensaciones justas” para los casos en que los deudores decidan liquidar la hipoteca dentro de determinados límites temporales.
Prohibición de los productos vinculados: Las entidades crediticias no podrán obligar a los consumidores a contratar “paquetes cerrados” vinculados a la hipoteca y que incluyan otros préstamos o servicios, como los seguros. La prohibición de estos “productos vinculados” haría más fácil para los consumidores cambiar de proveedor, según los legisladores comunitarios. Productos como una póliza de seguro, si se compra en otro lugar, tendrían que tener el mismo nivel de garantía exigido por el prestamista.
Demoras y desahucios: La futura directiva exigirá una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones, limitará los cargos por impago, impedirá a los Estados miembros oponerse a la dación en pago acordada entre las partes. A raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, la nueva normativa española otorga a los tribunales la capacidad para suspender cautelarmente un desahucio si el afectado denuncia cláusulas abusivas. Asimismo, España acotará la recarga que el banco puede imponer al deudor a un máximo de tres veces el precio del dinero, lo que hoy en día situaría el tope en un 12%. Los intereses de demora están ahora desregularizados y alcanzan cotas del 30%.

Samsung Galaxy S4, mejor en todo

Miércoles, 24 de abril de 2013

A la venta el 27 de abril
22/04/2013 El artículo en diarioabierto.es
Marta Villalba. Comienza la cuenta atrás para la llegada a las tiendas españolas de uno de los mejores smartphones del año.
Casi un año después del lanzamiento del Galaxy SIII, Samsung apuesta por las pantallas grandes y la innovación en el software con el nuevo Galaxy S4. El nuevo modelo es mejor en todo que su antecesor. En hardware, destaca su pantalla táctil AMOLED, con 5 pulgadas (el anterior 4,8 pulgadas). Y no solo por su mayor tamaño y sensibilidad (funciona con guantes) sino también por su mejor resolución (Full HD) y densidad de píxeles (441 ppp). Está reforzada con la versión 3 de Corning Gorilla Glass, tres veces más resistente a los arañazos. Y como sucedió con el iPhone 5, el Samsung Galaxy S4 a pesar de ser más grande es más fino (7,9 milímetros) y más ligero (130 gramos) que el modelo anterior.
A España (ni a Europa) no llegará la versión del Galaxy S4 con procesador de ocho núcleos pero sí LTE. Serán cuatro núcleos a 1,9 GHz. Galaxy S 4 dobla su memoria RAM (2 Gb) y añade una versión con 64 Gb de capacidad de almacenamiento, además de la de 16 Gb y 32 Gb. Todos cuentan con ranura para tarjetas de memoria microSD, que se insertan sin necesidad de quitar la batería.
Acabado en policarbonato, un material muy ligero pero menos elegante que el aluminio anodizado del iPhone 5 y el HTC One, Samsung Galaxy S4 ofrece una cámara de fotos de 13 megapíxeles, muy por encima de los 8 megapíxeles del iPhone 5 y a la misma altura que smartphones recién lanzados, como el Xperia Sony Z, HTC One, Huawei Ascend D2 y ZTE Grand S (los dos últimos no están a la venta en España).
Galaxy S4 integra Android 4.2.2 (Jelly Bean), “camuflado” por la interfaz propia desarrollada por Samsung. Las nuevas características de software introducidas en el Galaxy S4 son únicas. Por ejemplo, su traductor de voz a texto y al revés (de texto a voz), una función muy útil en viajes al extranjero. Se escribe o se dice una frase en un idioma, y se lee o se escucha una traducción en los otros idiomas disponibles (S Translator).
La función Smart Pause detecta cuándo el usuario deja de mirar un vídeo y pausa la reproducción. Cuando vuelves a mirar, se reanuda. No funciona con vídeos de Youtube o de terceros, solo con los reproducidos desde el propio teléfono. El seguimiento de la mirada facilita, también, la navegación o desplazamiento por páginas web con Smart Scroll (y, de paso, se ejercitan los músculos del ojo).
Con Air View se coloca el dedo a medio centímetro de la pantalla y permite previsualizar los contenidos. Por ejemplo, detienes el dedo en una carpeta y, al instante, se abre una ventana que te muestra todo lo que está guardado en ella. O si lo haces sobre un día del calendario, muestra las anotaciones para ese día. Air Gesture detecta el movimiento de la mano y, sin tocar la pantalla, puedes ir pasando fotografías, desplazarte por los menús o cambiar de canción. En definitiva, se interactúa con el teléfono sin tocar la pantalla. El usuario parece un mago sin varita mágica.
Por primera vez, con la función Group Play, se comparten contenidos (música, fotos, documentos y juegos) con los amigos aunque no te encuentres en una zona wifi o estés sin cobertura de móvil. La opción Music Share permite que suene la misma canción en múltiples teléfonos de forma simultánea.
La cámara frontal de 13 megapíxeles y la trasera de 2 megapíxeles disparan a la vez (Cámara Dual). De nuevo una posibilidad nunca antes vista en un smartphone. Y se puede elegir entre varios efectos para mezclar las imágenes (hasta ocho modos para combinarlas). La aplicación Drama Shot capta una secuencia de imágenes (más de cien disparos en cuatro segundos), además de borrar objetos o personas de las fotografías, y luego se puede ver la acción en time-lapse.
El diseño del smartphone Samsung Galaxy S4 es un poco más cuadrado y ligeramente más grande pero continúa la línea de su antecesor. Se comercializará en blanco o en negro. Es un gran teléfono con características innovadoras de software que muestran que el fabricante de teléfonos coreano está tratando de hacer algo diferente. Se venderá con todas las operadoras.

Conclusiones de la tercera Asamblea General de registradores de Zaragoza

Martes, 23 de abril de 2013

De notariosyregistradores.com

Ante la tardanza, por motivos técnicos, en hacerse pública la versión oficial y definitiva de las conclusiones, se publican las de Registro Civil, obtenidas por trascripción de un audio de la lectura hecha por la Presidenta de la Comisión durante la Sesión Plenaria. Hay dos palabras dudosas que aparecen en cursiva.
Se publicarán las de las otras cuatro comisiones cuando se reciban.

REGISTRO CIVIL:
1.- Los Registradores no queremos asumir la llevanza del Registro Civil.

2.- Si, a pesar de lo anterior, la decisión política del Gobierno y de las Cortes nos atribuyera su llevanza, invitamos a que sea con el mayor consenso social y político posible, sugiriendo, por razones de eficacia y funcionamiento, tanto de los registros de la propiedad como de los registros mercantiles, los siguientes presupuestos:
1º.- Que las Oficinas del Registro Civil a cargo de los Registradores se mantengan absolutamente separadas de las Oficinas del Registro de la Propiedad y Mercantil a todos los efectos, sin perjuicio de la necesaria interconexión entre ellas.
2º.- Que se prevea un plazo razonable de vacatio legis que permita a los registradores hacerse cargo del Registro Civil con plenas garantías de éxito, dejando a su decisión organizativa todo pronunciamiento acerca de las aplicaciones informáticas pertinentes.
3º.- Que se atribuya a los Registradores como Encargados de la llevanza del Registro Civil todas y cada una de las competencias que hoy corresponden a los actualmente denominados Encargados del Registro Civil, sin más excepciones que la recepción de la declaración de defunción y la expedición de la licencia de enterramiento o cremación.
4º.- Que se establezca una fuente de financiación suficiente y vinculada a la prestación de los propios servicios del Registro Civil, sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones.
Y, por último, que de modo simultáneo a la tramitación de la Ley se vaya articulando el correspondiente desarrollo reglamentario y que ambos textos entren en vigor simultáneamente, pues hay importantes cuestiones que la Ley olvida y que es imprescindible resolver para que la misma cobre vigencia efectiva.”
BASES GŔFICAS:
Hoy sábado 20 de abril, Óscar Vázquez, Ponente alternativo sobre la materia, nos ha remitido las conclusiones que consensuó con el Ponente oficial, Joaquín Delgado (dentro de la Comisión de Procedimiento). Fueron aprobadas por asentimiento (unanimidad) en el Pleno lo que supone un pleno apoyo al Sistema de Bases Gráficas Registrales:
1.- La finca registral, como objeto del derecho de propiedad, no es un concepto fáctico predefinido, sino un concepto jurídico a definir y delimitar por el registro de la propiedad. Para llevar a cabo esta tarea esencial e indelegable, necesita emplear a la vez, tanto técnicas idóneas de identificación (la descripción literaria complementada con la georreferenciación de los límites de la finca respecto de un sistema oficial de coordenadas geográficas) como procedimientos jurídicos adecuados, (a instancia del propietario, con posibilidad de intervención de colindantes, respeto a la normativa territorial pertinente), y debiendo velar la calificación registral por la protección del dominio público, incluso no inmatriculado.

2.- Como procedimiento jurídico que es, la identificación geográfica de la finca debe ser objeto de rogación, calificación registral, decisión motivada, constancia formal en el folio real y firma por el registrador, y posterior publicidad formal, produciendo los cualificados efectos jurídicos propios de los pronunciamientos registrales, y entre ellos, los derivados de los principios de prioridad, oponibilidad, salvaguardia judicial y legitimación registral. Por tanto, no podrá ser inscrita ninguna inmatriculación ni modificación descriptiva cuya base gráfica pueda coincidir en todo o en parte con la base gráfica registral previamente inscrita de otra finca.

Aún sin rogación del propietario, el registrador deberá emplear los medios a su alcance para intentar de oficio localizar geográficamente las fincas de su distrito, a los efectos de fundamentar sus decisiones en materia de calificación y de publicidad, o emisión de dictámenes.

3.- La necesidad y utilidad de la delimitación geográfica es predicable respecto de todas las fincas registrales, tanto de nueva creación como ya inmatriculadas, y tanto si constituyen porciones de suelo como edificaciones. En cambio, respecto de los elementos privativos de una propiedad horizontal no tumbada, será suficiente, pero necesaria, su identificación gráfica precisa por referencia a los planos del proyecto integrado en el libro del edificio, que debería archivarse en el registro permitiendo así su consulta y publicidad formal.

4.- A fin de garantizar a ciudadanos y Administraciones el acceso, con plena seguridad jurídica, al conocimiento recíproco de los intereses públicos y privados que confluyen sobre el territorio y que han de ser considerados por la calificación registral que en cada caso fuere pertinente, se considera también necesaria la georreferenciación con las mismas garantías de precisión y actualidad que se han de exigir en la delimitación geográfica de las fincas registrales, de todas aquellas especiales determinaciones del territorio sancionadas oficialmente de las cuales resulten efectos expansivos, restrictivos o simplemente delimitadores del contenido del derecho de propiedad, paliando así la grave situación actual en que las limitaciones “públicas” del dominio operan de hecho como cargas ocultas.

5.- Las relaciones Registro-Catastro deben estar presididas por la colaboración e interoperabilidad más intensa y leal dentro del respeto a sus respectivas funciones. La cartografía catastral debe utilizarse de modo preferente, pero no único ni condicionante, para la delimitación geográfica de las fincas registrales. Registralmente debe realizarse un análisis específico, seguimiento y publicidad acerca del estado de convergencia, divergencia o imposibilidad lógica de coordinación entre la finca registral y el inmueble catastral de la misma ubicación. Los registradores deben ser competentes para tramitar, ante el organismo catastral oportuno, procedimientos específicos de rectificación o alteración catastral. En todo caso, todos los pronunciamientos jurídicos registrales susceptibles de causar una alteración catastral, tanto los alfanuméricos relativos a la descripción de las fincas e identificación de los titulares, como los geográficos relativos a la ubicación y delimitación geográfica de las fincas, deberían ser puestos a disposición del Catastro, mediante procedimientos electrónicos con interoperabilidad de sistemas geográficos, para su incorporación al mismo.
Cualquier forma de publicidad registral deberá expresar si consta o no inscrita la base gráfica de la finca, y en caso afirmativo, acompañarla, y expresar su grado de coordinación con el inmueble catastral.

6.- Se constata la necesidad de regular con mayor claridad y garantías los procedimientos jurídicos para obtener la inmatriculación de nuevas fincas, para la identificación geográfica y deslinde de fincas registrales inscritas, con las rectificaciones descriptivas pertinentes, para resolver los casos de doble inmatriculación y la determinación de la verdadera cabida de las fincas. En todos los casos, la intervención profesional del registrador resulta idónea, no sólo proporcionado información registral y dictámenes previos, sino calificando el resultado del procedimiento seguido ante otra autoridad pública independiente, o incluso tramitando y resolviendo, dentro de los límites de su función natural, tales procedimientos si legalmente se le faculta para ello.

7.- La información geográfica registral, tanto en lo que se refiere a la delimitación geográfica de los distritos como de las fincas registrales, entra dentro del ámbito de la directiva INSPIRE, y por tanto, ha de integrarse en su geoportal y en el de la IDEE, ofreciendo además como metadato de libre acceso el identificador único de cada distrito y de cada finca que permita a cualquier usuario público o privado cursar peticiones de publicidad registral detallada al registro competente.

8.- Para la identificación geográfica de las fincas, y para facilitar la publicidad de las mismas y de la información territorial pública que les afecte, resulta imprescindible el empleo de aplicaciones informáticas uniformes para todos los registros de la propiedad para el tratamiento de bases gráficas, con las utilidades propias de las infraestructuras de datos espaciales, y con acceso público reglado a través de un geoportal registral, que debiera servir como medio de publicación oficial del hecho de que una finca registral ha quedado identificada geográficamente, así como de la existencia de cualesquiera actuaciones administrativas o judiciales potencialmente afectantes a su configuración o titularidad cuya iniciación se haya hecho constar registralmente.
9.- Se estima que la efectiva implantación de las medidas a que se refieren las presentes conclusiones resulta tarea urgente para potenciar la seguridad jurídica a través de la institución registral y atender así una apremiante demanda y necesidad de interés general, tanto a nivel nacional como internacional.
ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y DEMARCACIÓN.

Hoy sábado, Rafael Arnáiz Ramos, Ponente alternativo nos ha remitido las conclusiones que él consensuó con el Ponente Oficial, José Ernesto García Trevijano. Estas conclusiones, muy críticas con el modelo diseñado en el Anteproyecto, fueron aprobadas por asentimiento (unanimidad) en el Pleno. Avisa el remitente que puede haber mínimas diferencias con el texto oficial, pues los Ponentes encargaron al Secretario su corrección de erratas o de relación con otras Comisiones.
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y DEMARCACIÓN.

1.La circunscripción territorial de cada registro de la propiedad y mercantil, medida de la competencia de cada registrador, constituye la garantía de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función, y debe ser respetada.

El sistema de registro electrónico de gestión única centralizada, convierte a las oficinas de registro a cargo de los registradores en meras terminales de carga de datos en el sistema informático único residenciado en un centro de proceso de datos, lo cual debilita el principio de competencia territorial de los registradores, sobre el que se asienta la independencia en el ejercicio de la función registral, en cuanto hace depender la posibilidad de acceso a los registros a su cargo, no de su localización geográfica, sino de la disponibilidad de claves de acceso a un sistema central, y de los criterios que legalmente se prevean sobre atribución de tales claves.

2. La implantación del modelo de registro electrónico de existencia y gestión centralizada en el Colegio de Registradores, supone el traslado de la competencia de gestión, administración, conservación y custodia de los datos que integran los registros de la propiedad y mercantiles, desde los registradores al Colegio, de lo cual resultan las siguientes consecuencias:

a. Los registradores pierden una parte esencial de su función, en cuanto son privados del acceso directo a los datos que integran el registro a su cargo y, con ello, de toda posibilidad de decisión o actuación sobre la construcción, mantenimiento y gestión del archivo registral, que sale de su oficina y al que sólo podrán acceder a través del sistema de comunicaciones que el Colegio establezca y mantenga y en los términos que permita la aplicación de gestión por el Colegio adquirida o desarrollada.

b. El Colegio puede ver alterada su naturaleza jurídica, en cuanto su función esencial deja de ser la ordenación de la profesión registral, para pasar a serlo la gestión, administración y renovación, en nombre propio, de los datos que integran los registros jurídicos, lo cual, en el ejercicio de tales competencias, lo equipara a una administración pública, en la que se integran los registradores, y que se configura como dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia, a través del poder instructor de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

No obstante, el BALRR establece un principio de responsabilidad personal objetiva de los registradores por el deficiente funcionamiento de un sistema sobre el que carecen de toda posibilidad de actuación y decisión.

3. El nuevo modelo de oficinas integradas, complejas y pluripersonales impuesto por el BALRR, no se justifica ni con la asunción de nuevas competencias, -llevanza del registro civil-, ni con objetivos de mejora en el funcionamiento del servicio registral.

– En relación con el registro civil, en caso de que hubiera de asumirse, no se justifica acabar con el vigente modelo de organización de los registros de la propiedad y mercantiles, decantado a lo largo de más de 150 años, y de probado éxito.

– En relación con los objetivos de mejora de funcionamiento, tampoco se justifica por las razones siguientes:

a. carece de justificación económica y organizativa en el modelo de registro electrónico que se pretende, en el que las oficinas son meras terminales de carga al sistema central.
b. no genera avances suficientes en la resolución de problemas derivados de una falta de previsibilidad en la calificación, en aquellos supuestos, especialmente sensibles, de documentos sujetos a inscripción en una pluralidad de registros.
c. aleja a los registradores tanto del distrito hipotecario, esencial en la identificación de fincas, como de los usuarios del registro.
d. es previsible que provoque una drástica reducción de las plantillas de personal, con las tragedias personales que en un momento como el actual puede generar.
e. deja inútiles importantes inversiones inmobiliarias y de herramientas informáticas de gestión ya realizadas y
f. la organización de la oficina pluripersonal provocará un desvío esencial de tiempo de trabajo, desde la atención al usuario del sistema registral, hacia la resolución de los previsibles conflictos que puedan plantearse, pudiendo resentirse la calidad del servicio público prestado. Todo ello agravado por la insuficiente regulación recogida en el BALRR.

4. Los registros de la propiedad establecidos como únicos en sus términos municipales deben mantenerse en donde actualmente existen, incluso en los casos en que no generen ingresos suficientes para costear el servicio, por razones de interés general. La DGRN, y el CORPME adoptarán las medidas necesarias para conseguir la viabilidad económica de todos los registros.

Sobre la base de las conclusiones expuestas, se realizan las siguientes propuestas:

1. La Asamblea acuerda proponer la revisión del contenido de la reforma, de manera tal que permita avanzar en un sistema que, de forma real y no sólo formal, atribuya la llevanza de los registros jurídicos a los registradores, sin perjuicio de la profundización por el Colegio en el ejercicio de sus competencias, necesarias para garantizar la efectiva implantación y uso, con cargo a los colegiados, de los sistemas informáticos y de comunicaciones que garanticen la incorporación de la información registral, -en el contenido necesario y con plena identidad respecto del dato conservado en la oficina de registro-, a sistemas electrónicos seguros e interoperables.

2. La Asamblea acuerda proponer el mantenimiento del sistema de registro unipersonal en la actualidad vigente, sobre la base del principio de competencia territorial, adoptando las medidas que resuelvan las disfunciones que de dicha unipersonalidad resultan, a cuyo efecto se propone:

i. Desarrollar la legislación que impone la efectiva y general implantación y uso de las herramientas informáticas que permitan la relación de los usuarios con cada registro a través de medios electrónicos y desde emplazamientos remotos.

ii. La definición legal de un sistema que haga posible la efectiva y real armonización de criterios de calificación, en aquellos casos en que viene impuesta, ya por referirse a productos estandarizados, ya por afectar a negocios jurídicos inscribibles en una pluralidad de registros.

3. La Asamblea propone que las oficinas registrales situadas en una misma localidad, deban compartir un mismo local, objetivo a lograr en un plazo razonable. La instalación en un local común permitiría que determinados servicios registrales puedan ser prestados en régimen centralizado o de ventanilla única (en particular, la entrada de documentos, y la publicidad formal).

4. La Asamblea acuerda proponer la sustitución del principio de unificación orgánica de los registros, previsto en BA, por otro que respete las peculiaridades organizativas y de funcionamiento de cada registro jurídico, de tal forma que la llevanza, en su caso, del registro civil por los registradores, -para la que sería conveniente el máximo consenso político-, no provoque una alteración en el actual sistema de organización registral.

5. El sistema de llevanza por un solo registrador de dos registros independientes, en régimen de propiedad (agrupación personal) es una respuesta adecuada para resolver el problema de los registros en situación de interinidad prolongada, particularmente los de carácter incongruo.
REGISTRO MERCANTIL.

Estas conclusiones son fruto del consenso entre los autores de dos de las tres Ponencias: Guillermo Herrero Moro, Ponente Oficial y Mariano ́lvarez, que presentó una Ponencia alternativa. Las conclusiones han sido facilitadas por José ́ngel García Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada, quien advierte que la frase en cursiva del primer párrafo pudiera no ser exacta, pero sí su sentido. Estas conclusiones fueron aprobadas por asentimiento (unanimidad) en el Pleno.

CONCLUSIONES PARA UNA PONENCIA DE CONSENSO

1) La ponencia es contraria a la integración del Registro Mercantil en una organización superior”. No obstante si el Pleno aprobase alguna conclusión que produzca una integración de Registros mercantiles en una estructura superior es necesario regular un sistema de gestión económica que permita una clara correlación entre ingresos arancelarios por las operaciones que en ellos se realicen con los gastos imputables a la actividad que desarrolle cada uno de ellos de conformidad con las exigencias de la normativa comunitaria.
2) La regulación del Registro Mercantil electrónico no deberá desplazar la información a una base de datos central, correspondiendo a los Registros territoriales la producción, gestión y publicidad de la misma EN EXCLUSIVA. Todo ello sin perjuicio de la existencia de una plataforma central de comunicación de los registros mercantiles territoriales a través del nodo del Colegio de Registradores para su interconexión entre sí y con el resto de plataformas transnacionales o internacionales.
3) Reconocimiento de la existencia de singularidades en el procedimiento registral mercantil para cuya regulación debe habilitar expresamente el Código de Comercio al Reglamento especifico sin perjuicio de aplicación en lo no regulado expresamente de la normativa hipotecaria.
4) Necesidad de actualizar EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL previa modificación del Título correspondiente del Código de Comercio
5) REGULACION DEL REGISTRO ELECTRONICO MERCANTIL dentro de la reforma integral de los registros públicos y con sujeción a la I Directiva modificada por la Directiva 58/2003 y de la Directiva 17/2012 de Interconexión de Registros Mercantiles Europeos.
6) LA AMPLIACION DEL PERIMETRO SUBJETIVO:
> Debe procurarse la implantación de un único sistema nacional de denominaciones.
> El Registro Mercantil debe ser el competente en exclusiva para la llevanza del registro de entidades que operan en ámbito transnacional o de carácter internacional.
> Conveniencia de atribuir al Registro Mercantil LA LLEVANZA DE TODOS LOS REGISTROS DE PERSONAS JUR͍DICAS, de Derecho estatal o autonómico en COORDINACION CON LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS. “VENTANILLA ÍšNICA REGISTRAL”.
7) LA AMPLIACION DEL PERIMETRO OBJETIVO
a) Lograr un sistema adecuado de publicidad registral de GRUPOS DE SOCIEDADES
b) Establecer mecanismos de publicidad de PARTICIPACIONES SOCIALES equivalentes a los existentes en Derecho comparado.
8 ) NECESIDAD DE LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE INTERCONEXIÓN, Directiva 17/2012, debiéndose establecer a tal efecto una única fuente de información.
9) Necesidad de regulación unitaria de las garantías mobiliarias y de un Registro de Bienes Muebles que cumpla, según el tipo de bienes, las funciones de:
1ª) Un REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUEBLE o
2ª) Un REGISTRO DE “CARGAS O “GRAV́MENES”
3ª) Que actúe como “puerta de entrada” o registro de “enlace internacional” con los sistemas regístrales internacionales que establezcan los tratados internacionales suscritos por España.