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Archivo de junio de 2013

Miles de promociones de viviendas se encuentran bloqueadas en el ‘banco malo’

Domingo, 30 de junio de 2013

     La nueva sociedad no tiene competencias de financiación
     La Sareb no puede subrogar a nuevos compradores en el préstamo promotor
     Hasta 18.000 empresas y 200.000 viviendas podrían estar viéndose afectadas
     Luis M. de Ciria | Madrid 14/06/2013 El artículo en elmundo.es
     Las empresas inmobiliarias que tenían préstamos con las entidades nacionalizadas están viviendo una situación angustiosa desde que, a finales de 2012, éstas se vieran obligadas a traspasar a la Sareb todos los créditos relacionados con el sector inmobiliario. Y con ellas, muchos de los ciudadanos que tenían reservado uno de sus pisos.
     Y es que desde entonces, según se han ido finalizando promociones, los potenciales compradores no han podido subrogarse en el crédito del promotor para obtener una hipoteca más ventajosa que las que la banca ofrece habitualmente a particulares. La Sareb no puede subrogar el préstamo, ya que al no ser una entidad financiera no tiene tales competencias y el banco que lo otorgó inicialmente tampoco, porque el crédito ya no está en su balance.
     Una situación que está ocasionando que muchas de las ventas que ya estaban pactadas se hayan esfumado y que sea el promotor quien deba seguir soportando el peso del préstamo. Hasta 18.000 empresas y 200.000 viviendas, según fuentes de propio sector, podrían estar viéndose afectadas por esta parálisis.
     Ante la magnitud del problema, los promotores están en tratos con el banco malo para buscar una salida. Leonardo Sánchez-Heredero, presidente del Grupo Inmobiliario Delta, es uno de los más activos en esta lucha y ha reunido a un grupo de empresarios “con unos 1.500 millones de euros en créditos traspasados a la Sareb” para negociar con los responsables de la Sareb.
     Los promotores están convencidos de que los contratos de créditos transmitidos contienen derechos y obligaciones
     “Nos hemos sentado con ellos en tres ocasiones a lo largo de los últimos cuatro meses”, explica Sánchez-Heredero. Los promotores están convencidos de que los contratos de los préstamos transmitidos contienen derechos y obligaciones y así se lo han trasladado.  “La de la subrogación es una obligación clara e ineludible de nuestros préstamos que tiene que asumir la Sareb”, asegura el presidente de Delta. “Pero ellos nos han ratificado que esa parte del contrato no la van cumplir, argumentando que no son un banco por lo que se sienten liberados de esa obligación”.
     El único compromiso que han obtenido del ‘banco malo’ es el de buscar acuerdos con las entidades cedentes para que sean éstas las que estudien y, en su caso, concedan financiación a los compradores. “Pero esas hipotecas se darían en condiciones actuales de mercado y, por más que estén bonificadas, en ningún caso serán las que teníamos contratadas en nuestros préstamos”, lamenta Sánchez-Heredero.
     “Las hipotecas pasarán de Euribor más el 0,5% a Euribor más 2%, con una comisión de apertura a lo que habrá que sumar todos los gastos de cancelación del préstamo anterior y de la constitución del nuevo”, asegura. En este sentido, el mejor ejemplo de las actuales condiciones de mercado es la hipoteca que ha lanzado esta semana Banco Santander para comprar activos de la Sareb. Un producto, a priori ventajoso, que, para el caso de primeras residencias ofrece una financiación de hasta el 80%, hasta 30 años y con Euribor más 2,25%.
     Fuentes del sector financiero confirman a SU VIVIENDA que Bankia también habría empezado a conceder, “desde finales de marzo”, nuevos préstamos a los compradores de promociones que tuvieran financiadas y hoy estén en la Sareb por el mismo importe de la subrogación, “intentando acercarse a las condiciones inicialmente pactadas y eliminando, en la medida de lo posible, los gastos de constitución de una nueva hipoteca”.
     Con CatalunyaCaixa parece que la cosa va más despacio, toda vez que según las mismas fuentes, “esta entidad entiende que por el acuerdo firmado con Bruselas no puede financiar este tipo de operaciones”. “No obstante, parece que en los últimos días están reinterpretando el contenido de este acuerdo y lo van a someter a consulta”, aseguran.
     La Sareb se limita a contestar que sobre este tema ‘no hay comentarios’
     La Sareb, por su parte, a requerimiento de este suplemento se ha limitado a contestar que sobre este tema “no hay comentarios”. “La constitución de la Sareb se hizo de forma muy precipitada y todos los préstamos relacionados con el sector inmobiliario se traspasaron indiscriminadamente a esta sociedad sin que las entidades pudieran decidir qué activos traspasar”, denuncia Sánchez-Heredero. Ahora se están viendo las consecuencias.

 

La banca debe 34 millones de euros a las comunidades de vecinos

Sábado, 29 de junio de 2013

     La morosidad en Madrid bajó a 230 millones. Cada madrileño debe 35,24 euros de media
     La banca debe 250 millones a las comunidades de vecinos en España
     Propiedades Madrid 19 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     Más de 229 millones de euros es el monto de la morosidad que padecen las comunidades de propietarios madrileñas, según el III Informe de la Morosidad en las Comunidades de Propietarios de Madrid en 2012 presentado esta mañana.  Esta cifra supone 67,5 millones menos en un año; un descenso significativo, que ha hecho la Comunidad de Madrid haya pasado de aportar el 25% de la morosidad nacional, al 14,3% durante el pasado año, según Miguel Ángel Muñoz, presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid.
      De esta cantidad, 34 millones corresponden a impagos de las entidades financieras propietarias de fincas tras los procedimientos de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago. Manuel Gambín, consejero del Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios (PLCM), –que elabora el informe junto con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid-, destaca que “el banco adjudicatario del bien solo responde de la deuda del año en curso y el anterior, previsto en la ley, con lo que las cantidades adeudadas de años anteriores corresponden al ejecutado insolvente, que difícilmente será recuperada por la comunidad de propietarios”.
     Los municipios con mayor deuda por habitante, 50,4 euros, son Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro. En el otro extremo, los que menos deben, 7,4 euros de media por habitante, son Boadilla del Monte, Brunete, Collado Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, las Rozas, Torrelodones, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón.
     Según el Colegio de Administradores, para reducir el 15% de la morosidad correspondiente a entidades financieras, “el PLCM ha desarrollado un sistema de reclamación del 100% de las cantidades adeudadas a través de las tercerías de mejor derecho, que dan a la comunidad una protección extraordinaria conforme al cobro de la totalidad de la deuda del moroso y no se conforma únicamente con el cobro del año anterior y el año en curso al momento de la adjudicación tal como prevé la ley”.
     Y hay nubarrones en el panorama: todos los indicadores muestran un repunte en el primer trimestre de 2013, “en parte por la suspensión de las ejecuciones hipotecarias que hacen que el propietario insolvente mantenga la titularidad y siga sin poder hacer frente a los gastos de comunidad”, indicó  Ignacio de San Juan, director general del PLCM.
     Durante el primer año de actividad, el PLCM -que cuenta con la adhesión de 350 administradores de fincas que administran 5.000 comunidades en la región- ha iniciado más de 4.500 expedientes de reclamación de mora, que han permitido ahorrar dos millones y medio de euros.
     El programa busca prevenir la morosidad, que afecta a una de cada dos comunidades de propietarios madrileñas. Está integrado por Acción Legal, Arbitralia, Mapfre, Grupo El Derecho Francis Lefebvre, Logalty e Inmedia.

 

Cinco pasos para conseguir la certificación energética si vende o alquila

Sábado, 29 de junio de 2013

     El Colegio de Aparejadores explica cómo conseguir la etiqueta que analiza la eficiencia energética de las casas
     Propiedades Madrid 19 junio 2013 –  El artículo en elpais.com
     No puede haber ni venta ni alquiler de una vivienda o local sin certificado energético; es decir, una “etiqueta” que refleja el comportamiento energético del inmueble y conseguirlo es sencillo, si se sabe cómo, según el Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid que ha resumido el proceso en cinco pasos.
     Primero:  Identificar a un técnico competente.
     Las Comunidades Autónomas están obligadas a elaborar un registro de profesionales habilitados para hacer estas certificaciones y cada Comunidad tendrá que definir un órgano competente. En el caso de Madrid es la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Hay que consultar este registro para asegurarse de que la certificación la realiza un técnico acreditado.
     Los arquitectos técnicos o aparejadores son una de las profesiones habilitadas para efectuar estos certificados, así como los arquitectos y los ingenieros industriales. En los colegios profesionales facilitan información.
     Segundo:  Solicitar presupuesto y concertar una cita con el técnico.
     El precio del certificado es libre, lo que ha dado pie a ofertas de dudosa fiabilidad. Dado que e incluye recomendaciones para mejorar la eficiencia, algunos están ofreciendo el certificado gratis a cambio de ejecutar después las obras de reforma que se recomiendan. En otros casos, hay ofertas que garantizan de antemano una certificación positiva,
     Cada gobierno regional aplicará un sistema de control de los certificados, y si se identifican incoherencias, se comunicarán al propietario, que tendrá un plazo de subsanación o presentación de alegaciones antes de proceder, en su caso, a modificar la calificación.
     Por tanto, los aparejadores alertan de que hay que desconfiar de certificaciones que no sean exhaustivas y puedan estar condicionadas por la oferta de obras posteriores.
     Aconseja que se pidan varios presupuestos. Deben visitar la vivienda o al menos conocer sus características básicas. Como es obvio, el trabajo que conlleva analizar el rendimiento energético de una vivienda de 80 metros cuadrados no es el mismo que el de un unifamiliar de 200 metros.
     Tercero: Comunique el certificado a la Comunidad Autónoma.
     Una vez el técnico que ha contratado evalúa la vivienda y elabora el certificado, hay que comunicarlo al organismo competente en cada Comunidad Autónoma. El certificado no tiene validez hasta que no es revisado por la Administración, que comprueba que la evaluación se ha ejecutado de forma correcta y que la calificación de la vivienda es la adecuada. De ahí la importancia de haber efectuado una calificación exhaustiva.
     Esta comunicación implica a su vez unas tasas, definidas por cada Comunidad. La comunicación puede hacerla un tercero o el propio técnico si lo incluye dentro del paquete de servicios.
     Cuarto: Recibir el número de registro
     En el plazo de unos dos días hábiles (dependerá de cada Comunidad Autónoma), obtendrá la etiqueta energética con el número de registro asignado, lo que significa que la vivienda ya está certificada y registrada con la supervisión administrativa correspondiente.
     Desde que la norma entró en vigor, las Comunidades Autónomas están obligadas a crear un registro público con los inmuebles acreditados y su correspondiente calificación energética, a los que se les asigna un número de registro.
     El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años, siendo el propietario el responsable de su renovación. No obstante, el propietario puede actualizarlo voluntariamente si hace una reforma o considera que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan modificar su calificación energética.
     Quinto: Incluir el certificado en los anuncios de venta o alquiler
     El Real Decreto establece que la etiqueta energética debe incluirse en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o alquiler. La normativa aún no ha concretado cómo, pero cuando se venda o alquile, el vendedor debe entregar el certificado al comprador o arrendatario.
     El GabineteTécnico del Colegio de Aparejadores de Madrid recuerda que la calificación A es la más alta y va descendiendo hasta la G. Las letras responden a indicadores de kilos de emisión de CO2 por cada metro cuadrado de edificio, relacionados con las demandas o necesidades energéticas, y los rendimientos de los equipos e instalaciones.

 

El Banco de España obliga a la banca a retener el 75% de lo que gane en 2013

Viernes, 28 de junio de 2013

     La noticia en lainformacion.com, 27/06/13 
     El regulador restringe el porcentaje del beneficio bancario que se podrá destinar a retribuir a los accionistas al 25% para apuntalar el capital de las entidades
     Insta a las entidades a ser prudentes también en su política de retribución en forma de acciones
     El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una reciente comparecencia parlamentaria.
     El Banco de España ha decidido restringir al 25% el porcentaje de sus beneficios que la banca española podrá destinar a retribuir a sus accionistas en forma de reparto de dividendos en efectivo.
     El regulador pretende de esta forma que las entidades financieras destinen la mayor parte de sus ganancias a apuntalar su solvencia y reforzar sus posiciones de capital, en la línea de lo que ha venido sugiriendo la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones a España.
     “Esta exigencia es especialmente necesaria en un entorno como el actual, en el que persisten incertidumbres sobre la evolución económica, tanto en España como en el conjunto de la zona euro”, se ha justificado el Banco de España en una carta remitida a las asociaciones profesionales del sector financiero, la patronal bancaria AEB y la de las cajas de ahorros CECA.
     La recomendación del Banco de España es que durante el año 2013 se limite el reparto de beneficios entre los accionistas y, en concreto, que los dividendos que se abonen en forma de efectivo no excedan el 25% de los beneficios.
     Para que ninguna entidad tenga la tentación de saltarse esta restricción sobre el reparto de beneficios entre los accionistas mediante una política de retribución en acciones, el regulador ha exigido también a la banca que utilice con cautela esa fórmula.
     “Es conveniente que el dividendo total por acción se ajuste razonablemente para acomodarse al crecimiento de las acciones en circulación y a la evolución de los beneficios”, subraya el Banco de España.
     Al cabo, el objetivo de esta restricción es conseguir que las entidades financieras orienten la mayor parte de sus beneficios de este año a apuntalar sus recursos propios y reforzar su solvencia financiera ante las dudas que todavía siguen mostrando los inversores y los organismos internacionales.
      De hecho, en los últimos meses se han puesto de manifiesto circunstancias como la obligatoria reclasificación de las refinanciaciones de préstamos al sector privado como activos de riesgo (y por tanto objeto de provisión) y la potencial supresión de las cláusulas suelo que probablemente tensionarán los balances de la banca en el transcurso de este año.
     ¿Buenas o malas noticias?
     Según Nuria Álvarez, analista financiero de Renta 4, “el impacto de la medida sobre las políticas de dividendos es incierto, dado que no se específica si el pay-out (la parte del beneficio que las compañías destinan a dividendos) es sobre lo repartido en efectivo o también tiene en cuenta la parte del scrip (es decir, del pago en acciones).
     La firma asegura que es una buena noticia para el sector financiero, ya que “la limitación del pay-out y la recomendación de dar al accionista la oportunidad de cobrarlo en acciones nos parece positivo en tanto en cuanto supondrá una mayor generación de capital”.
     Siempre y cuando no se vayan a reducir los dividendos y que se trate solamente de posibles cambios en la forma de repartirlos, no esperamos una reacción negativa de la cotización del sector.
     Esta mañana, la patronal bancaria AEB, que no ve del todo mal restringir las políticas de reparto de dividendos de las entidades, sí criticaba que todas fueran tratadas por igual a la hora de limitar la retribución a sus accionistas.

La banca evaluará el impacto de eliminar las cláusulas suelo

Viernes, 28 de junio de 2013

     Linde solicita a las entidades “extremar la atención” a la hora de comercializar hipotecas con estas condiciones
     Lm/agencias 2013-06-26 El artículo en libremercado.com
      Antes del 31 de julio
     Las entidades financieras deberán comunicar antes del próximo 31 de julio al Banco de España las conclusiones de la evaluación y revisión de las conocidas como ‘cláusulas suelo’ en sus carteras de préstamos hipotecarios a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo que exigía una serie de requisitos de transparencia, así como el impacto que pudiera tener sobre sus resultados una eventual eliminación de estas condiciones.
     Según ha informado en un comunicado el organismo liderado por Luis María Linde, la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España ha remitido este martes una carta a las asociaciones profesionales del sector bancario (AEB, CECA y UNACC) en la que les solicita que trasladen a sus respectivos asociados la necesidad de revisar la adecuación de las cláusulas suelo.
     La sentencia del Alto Tribunal ha declarado la nulidad, por su falta de transparencia, de las ‘cláusulas suelo’ contenidas en determinadas escrituras de préstamos hipotecarios suscritos con consumidores correspondientes a BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar.
     En la misiva se señala además que las entidades deberán “extremar la atención” a la hora de comercializar los préstamos hipotecarios que incorporen este tipo de cláusulas, siguiendo los requerimientos de información en la normativa vigente sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, así como los criterios establecidos por la sentencia del Supremo.
     Esta petición coincide precisamente con el encargo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para que el Banco de España pusiera “especial” atención para que se cumpliera dicha sentencia en aras de facilitar la transparencia de las ‘cláusulas suelos’. De hecho, el ministro confió en que el supervisor pusiera “medios especiales” para que se aplique la sentencia del Supremo. Tras la sentencia, BBVA, Novagalicia y Cajamar han decidido dejar de aplicar estas condiciones de sus contratos hipotecarios.
     Por su parte, el presidente del BBVA, Francisco González, consideró “normal” que la decisión de la entidad de dejar de aplicar las cláusulas suelo sea una práctica extendida entre el resto del sector financiero español, después de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido, fundamentalmente, a su falta de transparencia.
     El ‘banco azul’ estima que con la actual cotización del Euríbor a un año, la aplicación de esta medida a la cartera hipotecaria afectada por la sentencia producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros. En meses sucesivos el impacto dependerá de la evolución del Euríbor a un año.

La mujer endeudada por el asesino de su hija asegura que el notario no la informó

Viernes, 28 de junio de 2013

     Juana Vacas aceptó la herencia de su hija sin saber que estaba endeudada
     Ahora se expone a ser desahuciada si no paga 18.000 euros
     Ginés Donaire Jaén 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     “Pido justicia, no sabía lo que firmaba ante el notario”. Juana Vacas, una anciana de 74 años, sacaba este miércoles fuerzas de flaqueza para clamar, a las puertas de un juzgado de Jaén, contra la que ella considera una herencia envenenada que ha tenido que asumir. La misma que le ha puesto en riesgo de perder su casa al no poder hacer frente a las deudas contraídas por el asesino de su hija Purificación hace dos años. Su exyerno, Fermín Jiménez Martos, fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Purificación, que tenía una discapacidad psíquica del 44%, “con alevosía y ensañamiento”, según la sentencia hecha pública en mayo.
     Finalmente, Juana Vacas no ha tenido que declarar durante la vista civil celebrada donde se pedía la anulación de la herencia que Vacas suscribió a beneficio de inventario. “La equivocación fue de los notarios, que no me asesoraron ni me alertaron de que estaba asumiendo las deudas del hombre que mató a mi hija”, indicó emocionada mientras escuchaba los gritos de “Sí se puede” que coreaban medio centenar de personas concentradas para apoyarle. La familia de Purificación entregó en el juzgado 172.000 firmas de apoyo recibidas de todo el país desde la plataforma Chage.org dentro de la campaña Todos con Juana.
     En la vista sí declaró la otra hija de Juana, Encarnación Armenteros, que reiteró que su madre no fue informada adecuadamente antes de firmar la herencia. Y se mostró optimista sobre la sentencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén, sobre todo tras la comparecencia de un forense que testificó que Juana “no tenía capacidad para entender los elementos abstractos” de la herencia. También criticó que el acto de otorgamiento de la herencia apenas duró un minuto y medio y “no se leyó nada”. El Colegio de Notarios de Andalucía defendió en un comunicado la actuación de los notarios que asesoraron a Juana Vacas, descartando que existiera mala praxis profesional como arguye la familia de Purificación.
     El asesino de Purificación pagó las letras de la hipoteca de la pareja un año, pero dejó cinco años a deber. Apenas seis meses después de enterrar a su hija, Juana Vacas recibió la notificación de un banco que había iniciado contra ella un procedimiento de ejecución hipotecaria por los impagos de las letras del piso. Juana Vacas ya ganó una primera batalla gracias a la presión ciudadana y de la plataforma Stop Desahucios. Banesto renunció a la ejecución hipotecaria donde le reclamaba el 50% de la deuda a Juana (en torno a 60.000 euros).
     Pero esta anciana tiene aún pendiente un pleito para hacer frente al garaje de la vivienda en la que residía su hija y su marido. La pareja lo vendió por 18.000 euros para tener liquidez económica, pero poco después el comprador tuvo conocimiento de que sobre la cochera pendía también la ejecución hipotecaria. Una entidad bancaria le reclama ahora a Juana su parte de la deuda, una demanda que podría llevar a la anciana a perder su humilde vivienda en la que habita en Torredelcampo (Jaén).
     “Si el juez dice que la aceptación de la herencia es legítima, exigirán a mi madre que pague las deudas del hombre que mató a su hija. Pero no podrá pagarlas y los acreedores e instituciones irán contra el único bien que le queda: su casa”, declaró su hija Encarnación, tras recordar que su madre cobra una pensión de 600 euros mensuales.

 

Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga

Viernes, 28 de junio de 2013

     La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
     Jesús Duva Madrid 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     La policía ha detenido a Joaquín de Arespacochaga Llopiz, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga, el que fuera alcalde de Madrid en la Transición, por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz, según han informado fuentes policiales. Junto con él han sido arrestadas otras siete personas y un notario de Madrid ha sido interrogado y posteriormente puesto en libertad, aunque está imputado en las actuaciones.
     Este escándalo financiero está protagonizado por empresarios que captaron 21 millones en subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Industria y gestionadas por la Junta de Andalucía. Después de recibir esa lluvia de millones y la compra de terrenos, la inversión se esfumó porque todo era humo. El dinero se había desviado supuestamente, a través de al menos 50 empresas fantasma, a paraísos fiscales
     Ahora, la Brigada central de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Blanqueo de Sevilla han culminado las pesquisas iniciadas en 2011, después de que la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía presentase una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla. A raíz de eso, los agentes iniciaron sus investigaciones sobre un entramado empresarial, que presuntamente se había creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria.
     Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010, según la Dirección General de la Policía. Además, los investigadores detectaron dos grupos de empresarios (el de los gallegos y el de los madrileños) , apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros. En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Pobra do Caramiñal (ambas en la provincia de A Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.
     En octubre de 2012, la policía detuvo a nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz.
     En la actualidad, la Brigada central de Blanqueo, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y la Agencia Tributaria han cerrado la tercera fase de esta investigación en Madrid, donde han sido detenidas ocho personas y donde la policía ha realizado cinco registros domiciliarios. Entre los detenidos hay empresarios cuya misión era ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de colocar el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
     Según las fuentes informantes, los arrestados disfrutaban de un elevado nivel económico, en especial Joaquín de Arespacochaga, hijo del fallecido exsenador y exalcalde de Madrid, que reside habitualmente en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.
     Además de las detenciones, el juez ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.

 

Los notarios asumen errores en cinco de las fincas atribuidas a la Infanta

Viernes, 28 de junio de 2013

     El enredo con las fincas de doña cristina
     El Consejo admite que en una ficha se metió el 00000014, sin letra, como NIF de un fallecido
     Hacienda entiende que reconocen los 11 errores que les atribuyeron
     María Fabra Madrid 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     El Consejo General del Notariado asumió ayer parte de responsabilidad en los errores que acabaron atribuyendo 13 fincas a la infanta Cristina, tal como reflejó la Agencia Tributaria en el informe que remitió al juez Castro, que investiga el caso Nóos. A través de un comunicado, los notarios admitieron un error con el DNI de la hija del Rey en una ficha electrónica que dio lugar a fallos en la atribución de cinco fincas. Hacienda les responsabilizó el martes de un total de 11, mientras que la Agencia Tributaria asumió su culpa en solo dos casos. Los notarios han reconocido, además, que las fichas electrónicas de otras dos operaciones (correspondientes a otras seis fincas) tienen también errores, aunque no en la casilla del DNI, con lo que indican que la atribución de la titularidad a la Infanta no fue responsabilidad suya.
     Los 13 bienes repartidos por Ciudad Real, Calella (Barcelona), y Pilar de la Horadada y San Juan (Alicante) cambiaron de manos, entre 2005 y 2006, en cuatro operaciones en las que, en ningún caso, tuvo que ver la hija del Rey.
     Una de ellas fue una compraventa en San Juan (apartamento y garaje) y toda la documentación remitida por los notarios fue correcta. El error se registró en la Agencia Tributaria y repercutió en los dos inmuebles debido a “un baile de casillas”, de manera que el número 14, que corresponde al DNI de doña Cristina, “cayó en la casilla del DNI”, según explicaron fuentes del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. El funcionario que picó mal los datos ya está jubilado, según cuentan fuentes del mismo ministerio. Este cometió el error de forma involuntaria porque había similitudes entre el DNI de la Infanta, el 0000014Z, con el de uno de los intervinientes en la venta de una de las propiedades cuyo carné de identidad comienza por 14.
     Otra de las operaciones fue en Pilar de la Horadada (cinco bienes inmuebles). El cambio de titularidad se debió a una herencia, operación para la que “la ley no impone al notario la obligación de solicitar e incluir el NIF del fallecido en la redacción de la escritura pública, dato que por el contrario sí se exige para la confección de la ficha electrónica”, tal como explicó en su comunicado el Consejo General del Notariado. En ese caso, la escritura en papel se elaboró con los datos correctos pero al rellenar la ficha electrónica, el notario tecleó en la casilla correspondiente al NIF del fallecido (que es distinta al del transmisor vivo) el número 14, sin letra. Diversas fuentes han indicado que el 14 es el número que se designaba a fincas que no tienen referencia catastral, lo que explicaría la elección de los dos dígitos. De esta manera, la Infanta pasó a figurar como titular, sin serlo, de esos cinco bienes.
     En los casos de Calella y Ciudad Real, como en los anteriores, la escritura pública de papel es correcta. Los notarios admiten, sin embargo, que las fichas electrónicas sobre los seis inmuebles que cambiaron de manos en esas dos operaciones sí tienen un error pero que “en ningún momento se indicó que dicho número (el 14) correspondiera a un NIF, puesto que se incluyó en un campo denominado otros”. En cualquier caso, ese fallo indujo a que, en la información que recopiló la Agencia Tributaria, se acabara atribuyendo al DNI de la Infanta esos otros seis bienes. Así, los notarios asumen los fallos pero no la responsabilidad de que estos dieran lugar a la atribución de las fincas a doña Cristina.

 

El PP insta al Gobierno a reformar la legislación hipotecaria reforzando las garantías de titulares registrales y terceros

Jueves, 27 de junio de 2013

     El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo-Calvín afirma que “debemos considerar como prioridad política y legislativa, la protección al tercero adquirente ajeno al procedimiento de disciplina urbanística, cuando no pueda acceder al conocimiento del expediente, o cuando no exista constatación registral del mismo”.

     26 de junio de 2013 – PP La noticia en pp.es

     El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo-Calvín, insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de modificación de la legislación Hipotecaria, a fin de reforzar las garantías de titulares registrales y terceros.
 
     Según el portavoz popular “se tiene que regular el procedimiento de remisión de los expedientes de disciplina urbanística al Registro de la Propiedad y se mejore la eficacia de los mecanismos previstos en el RD 1093/1997, tanto en relación con las anotaciones preventivas en procedimientos administrativos, como con las anotaciones preventivas de demanda”.
 
     En este sentido, el portavoz de Justicia señaló que “debemos considerar como prioridad política y legislativa, la protección al tercero adquirente de buena fe ajeno al procedimiento de disciplina urbanística, cuando no pueda acceder al conocimiento del expediente, o cuando no exista constatación registral del mismo”.
 
     “Esta tutela resulta esencial para lograr una mayor protección de la seguridad del tráfico jurídico y económico, también en el ámbito urbanístico”, aseguró Castillo-Calvín.
 
     En su opinión, “la aplicación de la legalidad urbanística y la consecuente preservación del entorno natural, que exigen el establecimiento de sistemas y criterios de control rigurosos, dirigidos al restablecimiento del orden urbanístico infringido, no debe resultar incompatible con el respeto a las situaciones de confianza legítima de buena fe, en la apariencia creada por la propia Administración urbanística”.
 
     En este sentido, el portavoz popular apuntó que “si bien es cierto que, en línea de principios, los daños al entorno, derivados de infracciones urbanísticas, han de repararse de modo íntegro, reponiendo las cosas al estado anterior de conservación natural, e impidiendo el desarrollo de la ciudad de forma no querida por la comunidad, a la que corresponde la decisión sobre el futuro de su asentamiento urbano, ello no puede realizarse a costa de sacrificar los intereses de los terceros, ajenos a la infracción urbanística”.
 
     Porque, añadió “ellos adquieren regularmente las edificaciones, confiando en la apariencia de legalidad que deriva de la licencia concedida − presunción legal de validez, establecida por el artículo 57 de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas −, o en la genérica licitud de los pronunciamientos registrales, consecuencia del principio hipotecario de legalidad”.
 
 
      Evitar posterior declaración ilicitud licencia terceros
 
     “Por lo expuesto anteriormente” –indicó- “y con la finalidad de evitar que la posterior declaración de ilicitud de la licencia o, en general, la resolución administrativa dirigida al restablecimiento de la legalidad infringida no alcance a dichos terceros, cuando los mismos no han podido racionalmente conocer la existencia del procedimiento sancionador, por falta de adecuado acceso del mismo al Registro de la Propiedad, es por lo que hemos elaborado y defendemos esta Proposición no de Ley”.
 
     A su juicio, “sólo de esta manera, impediremos que una sanción de demolición pueda perjudicar las expectativas racionalmente basadas en la apariencia surgida de la actividad o la pasividad de la Administración”.
 
     Además, afirmó Castillo-Calvín “daremos efectivo cumplimiento, sin contradicción, a aquellos dos valores propios del Estado de Derecho y dignos de protección: por un lado, la necesaria preservación del entorno, y su corolario de represión de la infracción urbanística y, por otro, la adecuada certidumbre en la titularidad de los derechos; favoreciendo así la seguridad del tráfico jurídico y económico, como ocurre en otros ámbitos de nuestro ordenamiento, pero que en materia urbanística, la regulación actual no termina de cumplir adecuadamente”.
 
     Para el dirigente popular esta es “una tarea, para la cual es especialmente necesaria la máxima implicación de los registradores de la propiedad, tal como se solicita en la presente propuesta: de una parte, mediante la colaboración proactiva de dichos funcionarios, realizando las comunicaciones y notificaciones que, dentro del procedimiento sancionador, deban ser practicadas a los titulares registrales de cualquier derecho sobre la finca afectada por el expediente”.
 
     Y, por otro lado, apuntó “estableciendo como trámite necesario para la continuación del procedimiento, la remisión a la Autoridad administrativa de un dictamen, por el cual, el registrador coopere a la remoción de los obstáculos que puedan impedir la debida constancia registral del expediente”.
 
     “Es necesario, junto a ello, garantizar la práctica de la anotación preventiva del expediente de disciplina, para asegurar el resultado del procedimiento”, aclaró el portavoz del PP, quien aseguró que “de esta manera se evita la aparición en escena de un tercero de buena fe, que haría muy difícil, cuando no imposible, la restauración del orden jurídico infringido, al impedir la continuación del procedimiento de disciplina”.
 
     Además, destacó que para dar efectivo cumplimiento a lo anterior, y dado que la ley no puede evitar materialmente un posible incumplimiento “será conveniente establecer una sanción especialmente rígida, para el caso en que se incumpla la obligación de anotar previamente la incoación del procedimiento, a fin de que la Administración indemnice los daños y perjuicios causados a quienes, habiendo intervenido en el expediente, acrediten una lesión actual, efectiva y directa en sus derechos, derivada de la imposibilidad de restauración del orden infringido”.
 

 

Montoro admite que en España “hay demasiada economía sumergida”

Jueves, 27 de junio de 2013

     Europa Press  26/06/2013 – La noticia en elconomista.es
     El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que en España “hay demasiada economía sumergida”, como muestra el hecho de que el PIB per cápita de España sea “claramente inferior” al registrado en otros países del entorno europeo.
     Preguntado sobre la cuantificación de la economía sumergida por el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado, sin embargo, que las leyes que está aprobando el Parlamento para poner coto al fraude fiscal están siendo “eficaces”.
     Así, ha recordado que el modelo 720 sobre bienes y derechos en el extranjero de 30 de enero de este año ha aflorado 87.000 millones de euros declarados pertenecientes a 140.000 contribuyentes residentes en España.
     Si bien, ha insistido en que es difícil atajar la economía sumergida porque “por su naturaleza pertenece al ámbito de los desconocido”. “Si fuera conocida estaría en las estadísticas y todas las actividades mercantiles estarían tributando”, ha añadido.
     En cualquier caso, ha asegurado que la Agencia Tributaria (AEAT) sigue realizando “permanentemente” visitas sobre “potenciales elementos de economía sumergida”.
     “Entendemos todos que es una actuación a veces incómoda para los contribuyentes, pero absolutamente necesaria para financiar el Estado, ensanchar las bases imponibles y no tener que subir impuestos”, ha apostillado.
     Por su parte, Sánchez Llibre ha alertado de que la economía sumergida es el principal foco de fraude, por lo que su reducción debería ser objetivo prioritario de la AEAT en lugar de centrar “única y exclusivamente en los contribuyentes que sí pagan sus impuestos”.
     “La AEAT debería ser la cara amable para los que pagan normalmente y un instrumento feroz contra los clandestinos”, ha zanjado.

 

Las hipotecas sobre viviendas encadenan tres años de caídas constantes

Jueves, 27 de junio de 2013

     Histórico desplome
     26/06/2013 –  La noticia en finanzas.com
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 17.508 en el mes de abril, cifra inferior en un 18,1% a la del mismo mes de 2012. Ya son tres años consecutivos de constantes caídas. Están en mínimos históricos.
     Las hipotecas sobre viviendas encadenan tres años de caídas constantes
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 17.508 en el mes de abril, cifra inferior en un 18,1% a la del mismo mes de 2012, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
     El retroceso interanual de abril, con el que las viviendas hipotecadas encadenan ya 36 meses de caídas consecutivas, es menos pronunciado que el de marzo, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron un 34,1%.
     Además, la cifra total de hipotecas sobre viviendas (17.508) es la segunda más baja en cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003.
     El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en el cuarto mes del año los 94.023 euros, un 5,8% menos que en igual mes de 2012, mientras que el capital prestado se redujo un 22,8% en tasa interanual, hasta los 1.646,1 millones de euros.
     En tasa mensual (abril sobre marzo), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 7,6%, el único crecimiento en este mes desde 2009. El capital prestado para las viviendas hipotecadas registró un repunte mensual del 4,7%, registrando también su único incremento desde 2009.
     Bajan un 17,5% las hipotecas sobre el total de fincas.
     De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el cuarto mes del año se constituyeron 29.510 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 17,5% respecto a abril de 2012.
     El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 21,6% respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 3.196 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 108.304 euros, un 5% menos que en abril de 2012

Los notarios admiten ahora un “error material” con el DNI de la Infanta

Jueves, 27 de junio de 2013

     En las fichas que envían a Hacienda
     En una de las fichas remitidas al catastro, se incluyó el DNI de la infanta, explican. En las escrituras, añaden, no había fallo.
     La noticia en libertaddigital.com 2013-06-26
     El Consejo General del Notariado ha rechazado la versión de Hacienda sobre las fincas atribuidas a la infanta Cristina según la cual once de los errores los cometieron los notarios y registradores.
     En un comunicado remitido a LD, admite que se ha producido un “error material” al incluir el DNI, sin letra, de la Infanta Cristina, el número 14, cuando se rellenaba una ficha para comunicar datos al Catastro y a las Comunidades Autónomas de la transmisión de fincas, que afectaría a tres escrituras en concreto.
     Los notarios explican que las cuatro escrituras públicas de 2005 y 2006 -que corresponden a una compraventa y tres aceptaciones y manifestaciones de herencias-, en las que figuran las 13 fincas que Hacienda atribuyó a la hija del Rey, “no contienen ningún error y cumplen con todo lo establecido por la legalidad vigente”.
    Sin embargo, admiten que al rellenar las fichas a través de las cuales se envían estos datos a las autonomías ya al catastro, se introdujo, en el campo del NIF el número de la Infanta, el 14, aunque sin la letra correspondiente.
     Según explican, en procesos de transmisión de herencia, la ley no obliga a que figure en las escrituras el NIF del fallecido, dato que en cambio sí se exige para hacer la ficha para el catastro.
     En una de las fichas se incluyó, “sin letra, el número 00000014 en un campo como NIF del fallecido”. En las otras dos, el número se incluyó en un campo denominado “otros” sin indicar que se tratara de un DNI. “Estos errores son atribuibles a causas humanas o informáticas en el proceso de volcado de los datos”, apuntan.
     “Habría bastado con consultar el contenido íntegro de las tres fichas o solicitar la copia de las escrituras para comprobar que se trataba de un error material”, indican en alusión a Hacienda.
     ¿Cómo es posible?
     Según fuentes de Notarías y Registro consultadas por Libertad Digital, el error como tal es posible, aunque lo matizan. Tal y como explican, cuando se trata de escrituras muy antiguas, en numerosas ocasiones el DNI no figura. “Se registraba una propiedad a nombre de Fulanito Pérez que vivía en tal o cual sitio, pero muchas veces no figura el DNI. Además, en los registros y notarías no tenemos modo de averiguar el DNI de esa persona”, dice estas fuentes.
     El problema es el sistema informático que en los registros y notarías se emplea para volcar los datos al Catastro –ente que sirve para cobrar impuestos municipales de las transacciones patrimoniales- Del catastro se envían los datos a la Agencia Tributaria.
     En ese sistema informático, el campo del DNI es obligatorio. Si no se rellena, el sistema no envía la información al catastro. Entonces, “en ocasiones, cuando se vuelca la información por transmisiones de herencia o fincas con escrituras tan antiguas, ese campo se rellena con DNI aleatorio. No debe hacerse, pero en ocasiones se ha hecho y entonces se pone 99999999, o 00000001, etc.” Claro que, esto en la Agencia Tributaria, “salta y te devuelven el expediente con los datos correctos para que lo corrijas en el sistema informático”.
     Lo que llama la atención de estas fuentes son algunas de las circunstancias que se dan en este caso:
     Que se produzcan errores con el DNI de la Infanta en 13 ocasiones concentradas en dos años. A esta inquietud Hacienda contesta pidiendo que no se especule y afirma que se trata de errores aleatorios.
     Que en todas ellas el DNI aleatorio haya sido el 00000014, que para colmo corresponde a un nombre que no es nada común –para los que también suelen darse errores, como por ejemplo, “Pedro López Pérez”-
     Que no se haya pedido la corrección de los datos por parte del Catastro o de la Agencia Tributaria.

 

La Agencia Tributaria atribuye once errores del DNI de la Infanta a los notarios y dos a Hacienda

Miércoles, 26 de junio de 2013

     Las explicaciones se quedan finalmente en un comunicado

     La noticia en elconfidencial.com

     La investigación interna encargada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para aclarar por qué la Agencia Tributaria atribuyó por error a la infanta Cristina la venta de 13 propiedades inmobiliarias que nunca le pertenecieron ha concluido en un comunicado que en 11 de esas transacciones el error se produjo porque las notarías informaron equivocadamente al fisco del DNI de los verdaderos autores de la venta y en los otros dos casos restantes el fallo se originó en el procesamiento de los datos dentro de la propia Agencia.

     Hasta ahora, Hacienda siempre había sostenido que todos los errores se habían producido fuera de sus instalaciones.

     El informe que finalmente ha difundido el Ministerio de Hacienda este martes con los resultados de su investigación interna para intentar explicar este oscuro episodio asegura que en 11 de las 13 operaciones los notarios introdujeron mal el DNI de los auténticos vendedores en la aplicación informática que utilizan para comunicar al fisco los detalles de todas las operaciones que pasan por sus despachos. Al teclear a mano la información sobre estas transacciones, los fedatarios públicos las habrían vinculado erróneamente con “el DNI número 14, sin letra de control”. “Esto provocó la imputación [de las operaciones] al único DNI 14 que figuraba en la base de datos”, es decir, el de la infanta Cristina, con numeración especial 00000014Z.

     “En cuanto a los otros dos registros, se produjo error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos”, afirma el comunicado distribuido por el Ministerio de Hacienda.

     El documento también intenta exculpar a la Agencia Tributaria de las críticas que ha recibido por no haber depurado previamente el documento con las 13 falsas operaciones de doña Cristina remitido al instructor del caso Nóos, José Castro. El propio magistrado ha expresado este martes en un auto su sorpresa por el hecho de la Agencia no haya corregido aún esos errores en un nuevo informe. De hecho, el propio juez ha abierto diligencias para realizar su propia investigación sobre este malentendido, requiriendo documentación adicional a los registradores.

     Según Hacienda, si los fallos no se detectaron antes de ser remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca fue porque “no era preceptivo un control específico de la información suministrada” al no tratarse de un Auxilio Judicial, donde los datos fiscales si deben sometidos a un examen de los técnicos de Hacienda antes de su envío a un tribunal.

     “La preparación de la respuesta a la solicitud del Juzgado se realizó por la Oficina de Comunicación con Juzgados y Tribunales de la Delegación Especial de Cataluña y se remitió por el Delegado Especial de Cataluña, conforme al procedimiento general de gestión de cesión de información”, detalla el comunicado de Hacienda, antes de insistir en que “el documento remitido al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca para satisfacer lo requerido estaba constituido por un conjunto de pantallas extraídas de las bases de datos de la Agencia en el que no se incorporó ningún comentario o aclaración”.

 

El precio de la luz subirá un 1,3% a partir del uno de julio

Miércoles, 26 de junio de 2013

     Será la segunda subida del año
     El Gobierno no modificará los peajes en julio
     EP Madrid 25-06-2013 La noticia en cincodias.com
     El recibo de la luz experimentará una subida entre el  1,2% y el 1,3% a partir del 1 de julio, después de que la subasta eléctrica entre comercializadores para el suministro de la Tarifa de Último Recurso (TUR) se haya cerrado con incrementos del 3%
     El resultado de esta subasta sirve para fijar el coste de la energía dentro de la factura de la luz y tiene un peso cercano al 50%, mientras que la otra mitad corresponde a los costes regulados, o peajes.
     El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha expresado su intención de mantener los peajes en julio, de modo que, si cumple su compromiso, la subida será fruto únicamente de la revisión al alza del término de la energía.
     De concretarse, la de julio será la segunda subida del año, tras el incremento del 3% en enero, pero no impedirá que las tarifas se hayan abaratado en lo que va de año, después de la bajada del 6% en marzo tras una fuerte caída de los precios de la electricidad en el mercado.
     El Gobierno ha mantenido en lo que va de año los peajes, que es la parte del recibo en la que se general el déficit de tarifa. Este desajuste, de 26.000 millones en términos acumulados, se debe a que los ingresos no cubren los costes reconocidos, y su eliminación se ha convertido en el objetivo de la reforma energética en la que trabaja el Gobierno

 

La vivienda se abaratará, al menos, un 30% más hasta 2017. | ‘Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2013’

Miércoles, 26 de junio de 2013

     Depreciación que será fruto de aumento de la oferta y desplome de la demanda
     El ‘stock’ de pisos vacíos no se podrá absorber en, como mínimo, seis años
     RR Acuña & Asociados calcula que el excedente real asciende a 2,2 millones
     La presencia de bancos en el mercado crecerá en detrimento del promotor
     ‘Los brotes verdes en el sector ni los hay ni los va a haber hasta tal vez 2018’
     Europa Press | Madrid 25/06/2013 La noticia en elmundo.es
     Nuevo jarro de agua fría -tirando a helada- al mercado de la vivienda. El precio de las casas en España caerá de media un 30% adicional durante los tres o cuatro próximos años (hasta 2016-2017) para poder casar una oferta que, aunque lentamente, no dejará de crecer por las nuevas construcciones y por el efecto de la emigración en busca de empleo. Además, la demanda seguirá menguante, especialmente por la menor creación de hogares. Ésta es alguna de las conclusiones que se pueden extraer del ‘Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2013’ de la consultora RR Acuña & Asociados a partir de datos oficiales y de proyecciones propias, que considera la situación del sector “bloqueada”.
     Este tránsito será lento, de forma que el ‘stock’ de pisos vacíos no se podrá absorber en al menos seis años y además provocará profundos cambios en el sector inmobiliario español: los promotores prácticamente desaparecerán dejando antes una carga de unas 600.000 viviendas sin vender a los bancos, que tendrán que soportar mayores cargas en provisiones.
     Según los cálculos de la consultora, el excedente real de vivienda asciende a 2,2 millones de viviendas, resultado de la suma de las viviendas nuevas en manos de los promotores (635.000) y entidades inmobiliarias (152.000), de los pisos usados de particulares (928.000) y banca (208.000), y de las viviendas potenciales en construcción (400.000) y pendientes de ejecución hipotecaria (150.000).
     Aún queda suelo disponible para cuatro millones de viviendas
     A este montante, el anuario suma una bolsa de unos cuatro millones de viviendas que podrían construirse a partir de la oferta de suelo disponible en el sector, que en palabras del presidente de la consultora, Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, “es para suicidarse”.
     Así, España, que ya cuenta con una ratio de 1,5 viviendas por habitante, la más alta del mundo, según el estudio, podría contar en unos años con al menos 6,2 millones de viviendas a ocupar, que incluso podrían ir a más, puesto que continuará la promoción de viviendas, se seguirán produciendo desahucios y seguirán emigrando españoles mientras no se recupere el empleo.
     Por el contrario, la demanda irá a menos por razones demográficas y por la mala coyuntura económica. Según el anuario, la caída de los matrimonios, la caída de la tasa de natalidad desde principios de los años 80, la salida de españoles al extranjero en busca de trabajo y las altas tasas de paro entre los jóvenes de 25 a 35 años ya se han dejado notar en una caída de 16.500 hogares en el primer trimestre del año respecto al cierre de 2012.
     Las compras por parte de extranjeros, lejos de ser la solución a la saturación de casas
     Cabría esperar que las compras de viviendas por parte de extranjeros pudieran ser la solución para la absorción del ‘stock’. Si bien, de las compras realizadas por este colectivo en 2012, el 91,8% fueron adquisiciones por parte de extranjeros residentes, lo que no supone por tanto una disminución real del ‘stock’.
     Con esta previsión, si se mantuviera un ritmo constante de compraventas de viviendas -259.000 en 2012, excluidas las adquisiciones de los bancos-, el ‘stock’ tardaría alrededor de seis años de media en absorberse. Al ser el mercado inmobiliario un parque heterogéneo, el estudio estima que este periodo será más o menos prolongado dependiendo de cada provincia. Si bien, un elemento fundamental para que oferta y demanda confluyan en todos los territorios será el precio de la vivienda.
     El ajuste, parecido al de Japón
     En este punto, el anuario prevé que una evolución similar a la experimentada en Japón, país con una pirámide poblacional invertida y una crisis económica similar al caso español y donde los precios, que comenzaron a caer en 1990, aún no han dejado de hacerlo y ya están en niveles de 1968.
     Según Acuña y Asociados, sólo la eliminación de la deducción por compra de vivienda libre y la subida del IVA del 4% al 10% en la vivienda nueva, equivalen a una subida del precio de los pisos del 27% que habrá de compensarse vía precios, al margen del efecto que tienen la sobreoferta y la debilidad económica de los hogares. Por ello, la previsión es que el precio de la vivienda descienda alrededor de un 30% en un horizonte de unos cinco años, para seguir cayendo otro lustro más, aunque con menor intensidad, al menos en términos reales.
     La banca se queda, los promotores se van
     Este descenso adicional del precio de la vivienda pondrá la puntilla al sector promotor y es que, si bien la banca saneada podrá bajar los precios de sus viviendas para comercializarlas al poder asumir pérdidas, los promotores no podrán vender por debajo del coste de producción mientras al mismo tiempo soportan el esfuerzo financiero de las deudas que tienen con los bancos.
     De las empresas analizadas desde 2007, el 36% ha echado ya el cerrado
     Según el informe, de las empresas analizadas desde 2007, el 36% han echado el cierre y de las que sobreviven, el 46% se encuentra en una situación de presunta quiebra. A futuro, “la estructura de los promotores está obligada a desaparecer, en tres o cuatro años el sector promotor potencialmente desaparecerá”, según Acuña & Asociados.
     En el caso de las entidades financieras, aunque tendrán ventaja a la hora de comercializar las viviendas, esta situación les obligará a incrementar en el medio plazo sus provisiones, ya que verán entrar en sus balances unos 600.000 inmuebles más, además de las vivienda adjudicados por impagos de las familias.
     Por su parte, la Sareb cuenta con un horizonte de 15 años para vender sus activos, por lo que puede esperar y, además, de vender en estos momentos con grandes descuentos se tendría que deshacer de “las joyas de la corona” y se descapitalizaría.
     En el caso de los hogares, aquellos que no pierdan su vivienda, también sufrirán la caída de los precios supondrán una disminución patrimonial y un efecto pobreza.
     Como principal conclusión, desde Acuña & Asociados se asegura que en el corto y medio plazo “es imposible que el sector pueda mejorar”. “Los brotes verdes en este sector ni los hay ni los va a haber hasta tal vez 2018”, sentencia.

Se vende ático de lujo con visado

Miércoles, 26 de junio de 2013

     Se vende ático de lujo con visado
     La concesión de permisos de residencia a compradores de casas alienta la venta de viviendas de lujo a ricos foráneos
     Lluís Pellicer Barcelona 22 jun 2013 – El artículo en elpais.com
     Se vende sobreático de 305 metros cuadrados en Barcelona, con cinco habitaciones, tres baños y una terraza con unas estupendas vistas a la plaza de Catalunya. El precio, de 2,5 millones de euros, está al alcance de unos pocos bolsillos. El del empresario indio Raj Airey es uno de ellos. “Un piso así en una buena zona de Delhi costaría el triple”, dice. Esta es la primera de las seis viviendas que visitará en Barcelona en un solo día. La ciudad le parece “bonita, limpia, bien organizada y con mucha vida”. Para su gusto, solo adolece de una escasa oferta de restaurantes vegetarianos. Pero comprará la casa con una condición: que el lote incluya un permiso de residencia que le permita viajar por Europa.
     Esa medida está dentro de la futura Ley de Emprendedores, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros. Los extranjeros que inviertan a partir de 500.000 euros en inmuebles podrán hacerse con un visado y un permiso de residencia bianual renovable. No es el primer país que recurre a esta medida —lo han hecho también Chipre o Portugal—, pero el sector inmobiliario está notando ya los efectos del anuncio. La inmobiliaria Lucas Fox, que se dedica a la compraventa de casas de lujo, recibe cada día una veintena de llamadas de clientes interesados en adquirir una casa y hacerse con un visado. “Son compradores de Rusia, China, India e Indonesia y países árabes, aunque nos ha sorprendido el volumen de norteamericanos que nos ha llamado”, explica Stijn Teeuwen, socio de Lucas Fox.
India, hasta ahora ajena al inmobiliario español, empieza a explorar el mercado
     El empresario Airey, propietario del grupo sanitario Wizzcare, asegura que viaja a menudo a Europa. Lo hace por negocios, pero tiene amigos en Reino Unido y su hijo mayor trabaja en Austria. Barcelona, dice, está de moda en India desde que más de 70 millones de espectadores vieron en 2011 la película de Bollywood Solo se vive una vez, en la que tres amigos se encontraban en la capital catalana para celebrar una despedida de soltero.
     “La compra me permitirá tener una casa aquí para cuando viaje por negocios, pero también una inversión segura fuera de India”, sostiene Airey, quien asegura que la adquisición le interesa porque quiere que sus hijos se formen en Europa. “El español es un idioma global que me interesa que aprendan”, señala. Gabriel Nadal, letrado de Écija Abogados, explica que para obtener la residencia hasta ahora los extranjeros “debían demostrar unos rendimientos de capital superiores a los 2.000 euros y residir 183 días al país”. “Los requisitos estaban muy ligados a la residencia fiscal”, añade.
     El inversor indio no ha sido hasta ahora uno de los más activos en el mercado inmobiliario español. Sin embargo, eso está cambiando. Surbhi Sharma, directora del Centro de Investigación Euroindia, explica que la concesión de permisos de residencia ha suscitado el interés de muchos inversores por España. “Muchos quieren aprovechar la crisis actual para invertir en el mercado español, que en unos años va a recuperarse”, señala. Sharma, instalada en Bangalore, conoce algunas empresas que ya venden inmuebles españoles en India. “Nosotros también estamos en ese proceso de entrar en el mercado español, al que le veo un gran potencial”, agrega Nadal, quien advierte de que la Administración deberá agilizar los trámites para obtener la residencia.
     Las ventas de viviendas a compradores extranjeros están siendo una válvula de escape para las inmobiliarias ante un mercado interno todavía muy débil. Fuentes del mercado explican que la mayoría de las transacciones se cierran con operaciones al contado o bien con financiación ajena pero que los compradores han logrado en su país de origen. Agua de mayo para un sector que busca zafarse de su stock de viviendas de obra nueva y que debe seguir purgando su excesivo endeudamiento del pasado.
     Según los datos del Colegio de Registradores, los extranjeros se hicieron el año pasado con 24.938 viviendas en España, el 8,12% del total. Eso supone un incremento de las ventas del 19,1% respecto a 2011 e igualar el nivel de actividad con clientes extranjeros que el sector mantenía en 2007, antes de que estallara la burbuja. Durante la crisis, los compradores foráneos se han hecho con 111.264 viviendas. Los principales clientes han sido sido los británicos (29.180 casas), seguidos de los franceses (8.396), alemanes (7.912) y rusos (7.671).
     “El aumento de las compras por parte de extranjeros ya se está produciendo. En algunos casos los permisos de residencia pueden ser un incentivo, pero no para la mayoría. Esa proporción pronto será de entre el 12% y el 15% de todas las compras. La demanda no necesita esa medida”, explica el profesor de la Universidad de Zaragoza y director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario, Luis Fabra.
     El empresario Airey, que tras el piso de plaza de Catalunya visita otro cerca de la playa en Diagonal Mar, aplaude los cambios. “Es bueno que el Gobierno anime a la gente que venga a España. En todos los países adonde ha ido la comunidad india ha abierto negocios. Basta ver cómo han contribuido a la economía de Canadá o Reino Unido”, recuerda mientras reconoce la calidad de los muebles de la vivienda con un gesto.

 

Hacienda culpa a 4 notarías de los errores con la Infanta Cristina

Martes, 25 de junio de 2013

     Según El Mundo.  La noticia en teinteresa.es
     Esta cabecera señala que ayer altos cargos del ministerio estaban ultimando las explicaciones que se ofrecerán este martes sobre la confusión del DNI de la infanta.
     El Mundo destaca que los errores se produjeron en el momento en que las notarías volcaron los datos de las escrituras en el programa informático a través del cuales se trasmiten a Hacienda.
     El diario El Mundo publica que los errores en la información fiscal de la Infanta Cristina que fue remitida al juez del caso Nóos fueron cometidos por las cuatro notarias que elaboraron las escrituritas de compraventa, según informaron ayer fuentes de Hacienda.
     Esta cabecera señala que ayer altos cargos del ministerio estaban ultimando las explicaciones que se ofrecerán este martes sobre la confusión del DNI de la infanta. El Mundo destaca que también se conocerán “errores compartidos” con los registradores y el Catastro.
     Según este diario, los errores se produjeron en el momento en que las notarías volcaron los datos de las escrituras en el programa informático a través del cuales se trasmiten a Hacienda, donde se habría tecleado erróneamente el DNI de la Infanta. El Mundo destaca que los expertos alegan que los datos se transcribieron mal y después no se verificaron porque afectaban a ejercicios que ya estaban prescritos.
     El Mundo señala que aunque el grueso de los 13 errores corresponderían a las notarías que elaboraron las escrituras de la compraventa de tierras y fincas por valor de 1,4 millones de euros y después trasmitieron erróneamente los datos mediante un programa llamando Índice Único, Hacienda señaló ayer que los fallos también afectan a los registradores de la propiedad y al Catastro, que es responsabilidad de ese ministerio

 

 

La investigación de Hacienda sobre las fincas de la Infanta apunta a ‘irregularidades’ notariales

Martes, 25 de junio de 2013

     La Agencia Tributaria descarta responsabilidades políticas y afirma que dos leyes le exigen la entrega de datos en bruto al juez. La orden de 1999, obliga entregar los datos “sin que hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.
     Javier Ruiz – El artículo en vozpópuli.com
     Hacienda ha concluido ya su investigación interna sobre la atribución de 13 operaciones de compra-venta de fincas a la Infanta Cristina. La Agencia Tributaria considera que irregularidades notariales y/o registrales explican la atribución de operaciones en los que la hija del Rey no participó. La reconstrucción de lo sucedido en esa investigación habla de “error” sin aclarar si esos fallos son o no intencionados.
     De hecho, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que si se detectan indicios de tramas –como algunos de sus peritos e inspectores han señalado—“el Sepblac (la comisión contra el blanqueo de capitales que integran el Banco de España y el ministerio de Economía) y la Fiscalía actuarán de oficio”. Pese a la posición oficial de Hacienda, el Fiscal General del Estado ha negado ya su intervención incluso antes de conocer las conclusiones con el argumento de que “no tienen relevancia penal”.
     Lo sucedido “no puede volver a pasar a día de hoy”, afirma Hacienda
     En su informe, Hacienda hace también evaluación de la situación actual y concluye que lo sucedido “no puede volver a ocurrir” porque a día de hoy los datos registrales y las actas notariales integradas en el Indice Unificado del Notariado (IUN) se cruzan mensualmente con los datos del catastro. Ese filtro no existía en los años 2005 y 2006, cuando se produjeron las supuestas compra-ventas atribuidas a la Infanta pero a día de hoy no podría volver a pasar, concluye Hacienda.
 
     Hacienda descarta responsabilidades políticas
    El Ejecutivo rechaza que haya responsabilidades políticas en los llamados “errores” con el argumento de que se han respetado todos los protocolos requeridos. Según fuentes de la Agencia Tributaria, dos normas amparan que el fisco remitiera al juez datos en bruto sobre la declaración de la Infanta sin someterlos a verificación previa:
     La orden 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas que prevé la entrega de datos en bruto y
     La Ley General Tributaria cuyo artículo 95 impide al Ejecutivo difundir los datos de la Infanta o de cualquier otro contribuyente cuando fueron requeridos por la oposición. 
     El artículo 7 de la orden ministerial referido a la “naturaleza de los datos” asegura que “los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.
     Esa norma es la que utilizará el Ejecutivo para asegurar que no ha incurrido en error del que se deriven responsabilidades políticas.

 

Cuarta sentencia a favor de devolver el dinero por cláusulas suelo abusivas

Martes, 25 de junio de 2013

     Lucía Sicre- 24/06/13 El artículo en eleconomista.es
     Ya son cuatro las resoluciones judiciales que dan la razón al cliente y devuelven el dinero cobrado indebidamente por la banca en caso de nulidad de sus cláusulas suelo. A pesar de que el Tribunal Supremo se opuso, en su sentencia de 9 de mayo, a la devolución de las sumas cobradas antes de declararse la nulidad, los jueces comienzan a esquivar este criterio apelando al Código Civil y a la primacía de la ley sobre la jurisprudencia del Supremo. En este caso, el juez va más allá y asegura que el fallo del Alto Tribunal sólo puede aplicarse al caso que resuelve, y no puede extrapolarse a ningún otro.
     El último pronunciamiento a favor del consumidor se encuentra en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, con fecha de 19 de junio de la que es ponente el magistrado Bermúdez Avila, que se basa en el artículo 1.303 del Código Civil para devolver el dinero al cliente. Dicho precepto obliga a restituir las cantidades en caso de nulidad.
     El fallo recuerda que, eliminada del contrato de préstamo la cláusula suelo, dicho pacto seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos sin la cláusula abusiva. Así, como regla general, la ineficacia de los contratos o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste “exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido”. De esa forma se evita que lo nulo produzca efecto alguno, tal y como dispone el artículo 1.303 del Código Civil.
     Ese criterio es el opuesto al mantenido por el Supremo en su sentencia. Ésta se basa en el “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico” que supondría la devolución del dinero, y niega la retroactividad.
     Una sentencia para un caso concreto
     La sentencia va más allá que los anteriores pronunciamientos y recuerda que la sentencia del Supremo se dictó para un caso concreto, por lo que no tendría efecto alguno en otras resoluciones, tanto pasadas como futuras. Así, asegura que el pronunciamiento del Alto Tribunal “no impide la posibilidad de decidir, en un juicio posterior y atendiendo a las circunstancias concretas, si debe aplicarse o no la excepción a la regla general prevista en el artículo 1.303 del Código Civil”.
     El Supremo, a juicio del ponente, declara “la irretroactividad únicamente de su sentencia”, de forma que el fallo no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada (ni, por tanto, a las que puedan decidirse con posteridad); ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia (lo que no supone que no puedan impugnarse en juicios posteriores).
     Atendiendo a este criterio, Bermúdez Avila asegura que el Supremo “no puede extender en su resolución los efectos de la cosa juzgada de la sentencia hasta el punto de impedir los posteriores juicios que puedan interponer aquellos a los que no se les extiende por ley tales efectos (básicamente, a los que no han sido parte en el procedimiento (artículo 223.3 LEC). Y no lo hace”.
     La reducida cuantía en juego en este proceso, que afecta a dos particulares, se convierte en la clave de la devolución. En este supuesto, que “es lo único que debe resolver este juzgador, no puede decirse que devolver al demandante el importe reclamado (11.973 euros) pueda generar ningún riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”. “Esta parece ser, a la vista del resto de circunstancias enumeradas, la razón fundamental que lleva al Supremo (y al Ministerio Fiscal) a pronunciarse en contra de aplicar la regla general de los efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo. Y no es aplicable a este caso”.
     Cuarto fallo a favor del cliente
     Hace dos semanas se dieron a conocer dos sentencias en las que se anularon estas cláusulas y se devolvió el dinero a los clientes -en ambos casos, ante demandas iniciadas por los perjudicados solicitando la nulidad-. El tercer fallo que da la razón al cliente fue un auto dictado en el ámbito de un procedimiento de ejecución hipotecaria, iniciado, por tanto, por la entidad bancaria.

 

El Gobierno favorece a los grandes propietarios y a la Sareb en la ley de alquiler

Martes, 25 de junio de 2013

     La ley de alquiler apuntala el ladrillazo
     Entra en vigor la Ley 4/2013 de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas, que beneficia a propietarios y empresas en detrimento de los inquilinos.
     Tamara Fariñas. Madrid 24/06/13 •El artículo en diagonalperiodico.net
     El mes de agosto de 2012, el Partido Popular (PP) puso en marcha la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, con el objetivo de minimizar el “miedo” de los propietarios a alquilar sus inmuebles. Diez meses después, el pasado 23 de mayo, esta norma fue aprobada en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo por parte de todos los grupos de la oposición.
     El 7 de junio entró en vigor esta nueva legislación que, según diferentes colectivos, beneficia a compañías con patrimonios inmobiliarios importantes Con la supuesta intención de “flexibilizar y agilizar” el mercado de alquiler, el pasado 7 de junio entró en vigor esta nueva legislación que, según diferentes colectivos, beneficia a compañías con patrimonios inmobiliarios importantes. Según la organización de consumidores Facua, la nueva ley supondrá beneficios para “los especuladores y las entidades financieras”, gran parte de quienes provocaron la burbuja inmobiliaria.
     Esta nueva ley no supone una reactivación del mercado de alquiler, sino que por el contrario, sólo es una “movilización temporal”, como explica la Plataforma por una Vivienda Digna. Los nuevos plazos “facilitan que la Sareb y muchas entidades intervenidas” puedan alquilar sus propiedades a corto plazo para, una vez reactivado el sector de compra, poder venderlos sin trabas gubernamentales. La norma se ha aprobado con algunas modificaciones al texto original, y en su mayor parte favorece única y exclusivamente al propietario dejando desprotegido al inquilino.
     Con el argumento de equilibrar la balanza, lo que se ha conseguido con la puesta en vigor de la Ley de Alquiler es descompensarla favoreciendo al propietario. La nueva normativa facilita el denominado desahucio exprés: en el caso de impago de la renta, el plazo para llevar a cabo el desahucio, si no existe respuesta por parte del inquilino, pasa a ser tan sólo de diez días, y el nombre del inquilino pasa a formar parte de una lista pública de morosos. A esto hay que añadirle la inestabilidad que supone el hecho de que, gracias a la Ley de Alquiler, el propietario pueda recuperar el piso, o bien para utilizarlo como vivienda propia, o bien para algún familiar, en un plazo de dos meses. Con la anterior legislación esto sólo era posible una vez finalizado lo que se conoce como prórroga forzosa, que tenía una duración de cinco años.
     La duración mínima del contrato pasa de cinco a tres años, y la prórroga tácita se reduce de tres a uno. Todo esto implica que la estabilidad para el inquilino se reduzca notablemente Las prórrogas de los alquileres también crean un ambiente de inestabilidad para los inquilinos de las viviendas. Hasta hace unos días, en caso de que un contrato de alquiler fuera inferior a cinco años, éste se podría prorrogar, a voluntad del inquilino y con obligatoriedad para el propietario, hasta un mínimo de cinco años. Una vez finalizado este plazo, si ninguna de las dos partes comunicara lo contrario, el alquiler se seguiría renovando anualmente durante tres años más. Esto último es lo que se conoce como prórroga tácita. Desde la puesta en vigor de la nueva ley, la duración mínima del contrato pasa de cinco a tres años, y la prórroga tácita se reduce de tres a uno. Todo esto implica que la estabilidad para el inquilino se reduzca notablemente, ya que se pasa de ocho años de proceso contractual a tan sólo cuatro. Facua afirma que, en este sentido, el Gobierno facilita “que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones”.
     Otra de las normas que incluye esta reforma es la supresión de la obligatoriedad de mantenimiento del contrato en caso de cambio de propietario: si el dueño de la vivienda decidiera vender su piso, el contrato de alquiler no se mantendría si éste no estuviera dado de alta en el Registro de la Propiedad, proceso que hasta la fecha ha resultado ser muy engorroso, bastante caro y, lo más importante, de carácter optativo. Si el propietario decide no darlo de alta, el arrendatario quedaría totalmente desprotegido ante una posible venta del inmueble.
     Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con esta ley “el Estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos” El Gobierno afirma que, tras aprobar la Ley de Alquiler, se facilita el pacto entre las partes para la revisión de la renta, sin intermediarios. Lo que obvia el Ejecutivo es que, en una negociación, pocas veces se pacta en igualdad de condiciones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recientemente recibió el Premio al Ciudadano Europeo 2013 por su defensa de los valores europeos, afirma que con la normativa “el Estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos”. Las Socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), introducidas en la legislación en 2009 y modificadas ahora para convertirlas en el equivalente español de las REIT (Real Estate Investment Funds), serán otro de los organismos que, junto a la banca y los grandes inversores, saldrán beneficiados de la nueva Ley de Alquiler. La normativa flexibiliza los requisitos para la creación de estas sociedades para incentivar el flujo de alquiler, lo que atraerá a posibles inversores que, llegada la recuperación del mercado, tendrán mayor facilidad para especular con la vivienda.
     Eliminación y limitación de ayudas al alquiler
     En la nueva Ley de Alquiler, que entra en vigor este verano, el Gobierno suprime también todas las ayudas para el alquiler: se eliminan los préstamos para la adquisición de vivienda protegida y se obliga al inquilino a confirmar, en un plazo de dos meses, el ser beneficiario de ayuda de subsidiación de préstamo siempre que el Ministerio de Fomento esté conforme. No obstante, el texto suprime la posibilidad de que haya nuevas peticiones. Asimismo, las ayudas de renta básica de emancipación (RBE) – que ya habían sido reducidas de 210 a 140 euros mensuales–, las de programas de inquilinos o las de áreas de rehabilitación integral, aislada, renovación urbana y Plan Renove desaparecerán una vez sean efectivas las nuevas líneas del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, donde se incluirán los requisitos para nuevas ayudas, “orientadas a las familias que viven en alquiler con menores ingresos”.

 

Cláusulas suelo en las hipotecas

Martes, 25 de junio de 2013

     Santiago Lago Peñas 20.06.2013 La noticia en el farodevigo.es
     La sentencia del Tribunal Supremo (TS) pone en una situación difícil a las entidades de crédito que incluyeron en sus contratos hipotecarios cláusulas suelo. Y mi opinión y consejo para los bancos que no están directamente afectados por la sentencia es que la asuman cuanto antes y de forma voluntaria. En cualquier caso, tengo la sensación de que ellos mismos se darán cuenta de ello. Por varios motivos.
     Primero, me parece que pocos créditos hipotecarios pasarían la prueba del algodón definida por el TS. Porque en la práctica esa cláusula iba en la letra pequeña del contrato. Ni el banco, ni el notario hablaban de ella y, desde luego, nada se negociaba a este respecto. Poca transparencia y menos información han sido la norma y no la excepción.
     Segundo, porque las entidades de crédito que no se sumen a esa liberación de cláusulas se van a ver desbordadas por reclamaciones y demandas, con una muy elevada probabilidad de perder, visto el panorama.
     Tercero, porque lo que sí van a conseguir, sin duda, es tener clientes cabreados a los que va a ser imposible colocarles ningún producto financiero adicional, y que van a hablar mal de su propio banco a amigos y conocidos. El coste reputacional puede ser muy elevado para unas entidades de crédito que luego gastan millones en publicidad.
     Y cuarto, porque las clausulas suelo tiene un efecto limitado en el tiempo: el euríbor volverá a subir por encima del 2% en un par de años. Pero los clientes y posibles contratos que se pierdan por el camino no volverán.

 

Un juez de Ibi anula dos ejecuciones hipotecarias de naves industriales

Lunes, 24 de junio de 2013

     Los bancos que las solicitaban no están legitimados porque los préstamos los concedieron entidades distintas
     M. Vilaplana 21.06.2013 La noticia en informacion.com
     El Juzgado número 2 de Ibi ha anulado dos desahucios de naves industriales en este municipio porque las hipotecas se firmaron con entidades distintas a las que solicitan esta medida. En un caso, el acuerdo se formalizó con la CAM y la que pedía la ejecución hipotecaria era el Banco CAM, mientras que en el otro se suscribió con Caja Murcia y la solicitud partía del Banco Mare Nostrum (BMN).
     Este diario informaba ayer de la decisión de una jueza de Elche de anular el desahucio de una vivienda porque la entidad que lo solicitaba, Banco CAM, no es la entidad que en su momento concedió el préstamo, que en este caso es la CAM.
     Ahora se ha conocido que el Juzgado número 2 de Ibi ha emitido dos sentencias que, si bien en este caso afectan a naves industriales, se basan en la misma argumentación.
     El primero de los autos fue emitido incluso con anterioridad al de Elche, dado que está fechado el 28 de mayo pasado.  El juez estima falta de legitimación por parte del Banco Mare Nostrum, dado que la hipoteca fue firmada en su momento con una entidad distinta, concretamente Caja Murcia, que posteriormente fue absorbida por la que reclama el desahucio.
     En el segundo auto, fechado el 4 de junio, se reproduce la misma situación, puesto que el que reclama la nave industrial por impago es el Banco CAM y la hipoteca se firmó con la CAM, siendo dos entidades con personalidad jurídica distinta. En este caso no se ha planteado recurso, por lo que la sentencia es firme.
     El magistrado se hace eco, como sucedió en Elche, de argumentos dictados por las audiencias provinciales de Castellón y Valencia.
     La abogada que presentó los incidentes de nulidad de los dos desahucios de Ibi, Felicidad Peñalver, destaca la importancia de estos fallos judiciales, toda vez que “abre la vía a numerosos recursos”, teniéndose en cuenta las recientes y numerosos fusiones, adquisiciones y extinciones de cajas de ahorros y bancos.
     Según sus palabras, “las entidades bancarias que solicitan la ejecución hipotecaria tendrían que haber notificado a los afectados la absorción de la entidad que les concedió originariamente el préstamo, y a partir de ahí escriturar y firmar de nuevo la hipoteca, inscribiéndola de nuevo en el Registro de la Propiedad”.
     Las peticiones de desahucios de las naves iban dirigidas a dos empresas de Ibi que se han visto asfixiadas por la crisis económica.

 

Así será el nuevo registro público de inquilinos morosos

Lunes, 24 de junio de 2013

     Incluido en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos
     El fichero incluirá las deudas ciertas reconocidas por jueces o árbitros
     Los arrendatarios deberán ser informados de que son incluidos en la lista
     Raquel Díaz Guijarro Madrid 21-06-2013 El artículo en cincodias.com
     Para evitar equívocos, lo primero que conviene aclarar es que se trata de un registro público porque no costará nada su consulta y estará gestionado por la Administración. Pero no quiere decir que a él pueda acceder cualquiera. ¿Cómo funcionará? ¿Cuál es el objetivo que persigue? ¿A qué se refiere la Administración con el término inquilino moroso?
     Fuentes de Fomento explican a CincoDías que se están diseñando todos los pasos a seguir, así como los equipamientos tecnológicos necesarios para poner en marcha el registro, aunque todavía no hay fecha para que comience a operar. “El objetivo es aumentar la seguridad del arrendador o propietario que decide alquilar su vivienda, local o cualquier otra clase de inmueble. Es crucial que pueda conocer si la persona con la que va a firmar un contrato tiene o no alguna sentencia firme en la que resulte condenado por impago de rentas”, aseguran dichas fuentes.
     Esa es una de las premisas fundamentales que cumplirá el nuevo registro. Los inquilinos serán incluidos en ese fichero siempre y cuando sean titulares de una “deuda cierta vencida exigible y su impago haya sido reconocido o bien por un juzgado o por un árbitro porque las partes hayan acudido a un arbitraje”, indican fuentes oficiales.
     Otro de los requisitos que deberán cumplir esas deudas es que no tengan una antigüedad de más de seis años. Es decir, que no haya transcurrido más de ese tiempo desde la fecha en la que tenía que haberse hecho efectivo el pago.
     Protección de datos
     Esos y no otros serán, por lo tanto, los inquilinos morosos que compondrán el nuevo registro público al que solo podrán acceder aquellas personas físicas o jurídicas que “tengan un interés legítimo en obtener esa información”. Dicho de otro modo, quienes comuniquen que quieren consultar el registro deberán acreditar que van a alquilar un inmueble y desean conocer si su potencial inquilino es solvente y fiable. Con toda esta sucesión de garantías, tanto para caseros como para inquilinos, se trata de respetar la Ley de Protección de Datos y de ofrecer al mercado información veraz.
     Ese acceso será en todos los casos gratuito, según confirman desde Fomento y los inquilinos que sean incluidos como morosos tendrán derecho a saber que forman parte de ese registro. ¿Conseguirá este mecanismo frenar la proliferación de los denominados morosos profesionales? Se trata de auténticos especialistas en apurar los plazos legales de manera que van enlazando un alquiler con otro hasta conseguir vivir en varias casas a lo largo de los años sin pagar apenas renta. Como además suelen burlar los pocos mecanismos que existen para ficharles, los caseros les alquilan una vivienda sin conocer su experiencia en dejar cuantiosas deudas pendientes.
     Desde Fomento insisten en que quienes se dedican a no pagar por sistema “lo tendrán cada vez más difícil”. Sin embargo, algunas empresas del sector discrepan de esta opinión. Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), único registro privado que existe a nivel nacional, asegura que el sistema que propugna Fomento solo podrá recoger como máximo un 10% de toda la morosidad que existe en el alquiler y no aquellos casos en los que antes de concluir el proceso judicial propietario e inquilino llegan a un acuerdo.
     “Por ello, nosotros no solo incluimos en nuestro fichero las sentencias firmes, sino que damos a los propietarios la oportunidad de inscribir a los inquilinos que no paguen, previa confirmación de la deuda”, asegura Cardona. Además, recomiendan a los caseros firmar un documento de seguridad por el que advierten al arrendatario que si deja de pagar de manera injustificada, pasará a formar parte del fichero. El FIM cobra a quienes quieran consultar su base de datos 9,90 euros más IVA y ofrece precios más bajos por consultas múltiples.
     Necesaria depuración de las estadísticas
     Mercado de alquiler continúa siendo sinónimo de oscurantismo por la falta de estadísticas oficiales sobre precios, número de viviendas en este régimen o grado de ocupación, entre otras variables. Además, el hecho de que no existan numerosas empresas que se dedican a intermediar en los arrendamientos de manera profesional dificulta esa deseada transparencia.
     Pasa un poco lo mismo con las cifras relativas a los desahucios. Hasta ahora el único organismo que disponía de cifras sobre cuántos procesos de lanzamiento o desahucio se dictaban al año era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los expertos dicen que hay que depurar mucho esos números. En 2012, el número total de lanzamientos alcanzó los 101.034. De ellos, 43.853 correspondieron al impago de hipotecas y otros 54.718 fueron lanzamientos de alquileres.

 

Certificación energética: una nueva puerta a la que llamar

Lunes, 24 de junio de 2013

     Creada la Plataforma de Certificación Energética de Edificios de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales
     Inmaculada de la Vega Madrid 21 junio 2013 El artículo en elpais.com
     Se abre una nueva puerta a la que llamar para informarse y encargar la obligatoria certificación energética si se quiere vender o poner en alquiler una vivienda o un local. Esta mañana el director general del IDAE y el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, han presentado en Madrid la Plataforma de Certificación Energética de Edificios de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
     José Antonio Galdón, presidente del Consejo explica que se está produciendo -y cuando lo detectan, los remiten al Ministerio de Industria-, casos de publicidad engañosa “que devalúan la certificación y llevan a que la gente la vea como una tasa más a pagar, que no sirve para nada”.
     Frente a ofertas comerciales de certificación gratis, a cambio de intervenciones futuras o, incluso, sin visitar el inmueble o a precios irrisorios, los técnicos que agrupa esta plataforma son ingenieros técnicos con formación específica. Cuentan con seguros de responsabilidad civil y el respaldo del colegio y cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
     “La certificación, que debe ir firmada por un técnico, incluye información sobre eficiencia, y permite al propietario conocer las posibilidades y que hacer para mejorar la de su vivienda. Cuantifica el ahorro a nivel económico y de confort y, cuando se mejora la vivienda, esta gana valor y él propietario colabora con el medioambiente”, recuerda Galdón.
     Cada técnico es libre de cobrar su trabajo como estime , pero el coste medio es de unos 200 euros por vivienda. Este podrá ser sancionado, conforme al reglamento que se aprobará en la futura ley de Rehabilitación y Renovación Urbanas. Una cuestión más pendiente en este Decreto aprobado al filo del plazo en que pasaba a ser obligatorio esta certificación. Con tanta urgencia que aún no ha dado tiempo a que todas las Comunidades Autónomas creen su correspondiente Registro.
     El presidente del Consejo que agrupa a los ingenieros técnicos colegiados –una de las cuatro profesiones acreditadas para emitir este tipo de certificados- anota que la mayoría de las autonomías no tienen el registro ni el sistema necesario para generar de forma automática las etiquetas homologadas que tienen que expedir de forma que cuando se anuncie o venda una vivienda tenga la citada etique con la calificación, de la A a la G y el número de registro y expediente que permita que el ciudadano consulte la información sobre la vivienda de que se trate.
     “La obligatoriedad viene en un momento muy delicado económicamente. Pedimos que se facilite el acceso al crédito e incentivos para que se puedan realizar las reformas necesarias, así como deducción en el IRPF de las inversiones acometidas”, indica el presidente del Consejo.
     Aceptado por el propietario del inmueble a vender o a alquiler que hay que pagar obligatoriamente, faltaría por saber exactamente cuánto ahorro y mayor grado de confort va a generar hacer las mejoras en la vivienda que le indique el técnico. Galdón explica que, junto con el IDAE, van a realizar un estudio comparativo que esperan contribuya a crear una cultura de la eficiencia ante el reto de 2020, año en que las nuevas edificaciones tienen que ser de consumo nulo.
Solo el Consejo está dando o ha dado formación a 6.000 de sus colegiados.
     Puede emitir el certificado energético (obligatorio desde el pasado día 1 de junio para quien venda o alquile una casa o local) un arquitecto, un arquitecto técnico, un ingeniero industrial o un ingeniero técnico industrial. El propietario del piso en venta o alquiler puede acudir a las empresas creadas al efecto o a los colegios profesionales. Por ejemplo, el Consejo de los Colegios de Ingenieros Industriales publica en su web el listado de los colegiados que han manifestado estar interesados en certificar. El IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, hizo un programa de formación de formadores para los profesionales citados. Estos, a su vez, imparten cursos de formación a sus compañeros colegiados. Los registros donde deben inscribirse los certificados para obtener el certificado se están creando estos días en Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cantabria o Baleares… El de Madrid, telemático, está ya en vigor y es gratuito. En el plazo de un mes desde que se expidan los certificados se deben comunicar al registro correspondiente. Los notarios están obligados a exigir estos certificados.

El Gobierno prevé ahorrar 37.700 millones con la reforma de las administraciones públicas

Domingo, 23 de junio de 2013

     Racionalización de las AAPP
     Además, da por terminados los ajustes en los salarios y días de permiso que han afectado a los empleados públicos, al señalar que esa fase “está hecha”
     La noticia en republica.com / Pilar Gassent | Madrid 21-06-2013
     La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha cuantificado hoy el ahorro global que supondrán todas las medidas de “adelgazamiento” de las administraciones, incluidas las de la reforma de las administraciones públicas en 37.700 millones de euros. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que la reforma supondrá un ahorro de 6.500 millones de euros para las administraciones públicas y de 16.300 millones para los ciudadanos hasta 2015, cuando termine de implantarse. La vicepresidenta ha explicado que el ahorro de 37.700 millones entre 2012 y 2015, procede de sumar el de la racionalización de estructuras, las medidas sobre el empleo público y la reforma local, aún por desarrollarse, además de las medidas que recoge el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Por lo que se refiere al ajuste en el empleo público tanto Santamaría como Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, han asegurado que no habrá mayor impacto que el que se ha producido a día de hoy: 375.000 trabajadores menos y tasa de reposición ‘cero’ salvo en un 10% de los servicios esenciales. La cuestión es que, además de los 57 organismos públicos que el Estado piensa suprimir, necesita que las comunidades autónomas hagan lo propio con 90 observatorios, los defensores del Pueblo autonómicos, todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión. El Gobierno no puede obligar a las autonomías a que apliquen su recomendación pero sí pude presionar y para ello dispone de un instrumento de primer orden: la negociación del límite de déficit y la posibilidad de que se establezca un objetivo diferenciado para las que, como Cataluña, atraviesan por una delicada situación financiera.
     Montoro ha anunciado este viernes que la próxima semana (miércoles y jueves) convocará a la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con las comunidades autónomas para informarles del contenido del informe sobre la reforma de las administraciones públicas que ha aprobado el Consejo de Ministros.
     En el orden del día de la cita con las autonomías se encuentra además el techo de gasto para el 2014 y el reparto del déficit entre Estado y administraciones territoriales, una vez que Europa ha dado más margen a España. Sin embargo, para conocer el tope de déficit individualizado, Catalunya y el resto de gobiernos autonómicos tendrán que esperar a un próximo CPFF, que Montoro no ha desvelado cuándo tendrá lugar. Eso sí, para tranquilizar a propios y ajenos, ha querido dejar claro que el calendario no se retrasará demasiado. Lo previsible es que se celebre a principios de julio porque, entonces, ya habrá habido tiempo de comprobar si las comunidades están dispuestas o no a aceptar la reforma de las administraciones. El ministro fue muy claro este jueves cuando dijo que en la negociación de los objetivos de déficit se “valorará” si han asumido las propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos.
     De momento, el ministro tiene dos ‘chinas’ en el zapato: Cataluña, que le ha respondido que si quiere ahorrar suprima ministerios como el de Educación y Cultura o el de Sanidad que tienen competencias transferidas, y Madrid, que no quiere desprenderse de su Tribunal de Cuentas. La reacción del ‘Govern’ era previsible como deducción lógica de su pulso soberanista al Estado español. La de Madrid es más complicada porque procede de un Gobierno del PP, el de Ignacio González, y se suma a otros desafíos como el del euro por receta o las críticas al déficit asimétrico que han conducido a Rajoy a una relación ‘delicada’ con sus propios barones.
     Pero el Gobierno, que lleva tres días presentando su reforma de las administraciones y que no quiere que nada ni nadie le fastidie la secuencia de momentos estelares, no se da por enterado. Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho este viernes una interminable presentación del informe de la CORA (la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) en la que han abundado las reflexiones didácticas sobre ‘lo buena’ que puede llegar a ser la Administración con el ciudadano si se eliminan todas las adiposidades que actualmente la hacen lenta, pesada y exasperante. Santamaría, que es la principal hacedora de la reforma, ha desechado sombras de incertidumbre sobre su futuro, ha asegurado que “las comunidades autónomas han demostrado una capacidad de cooperación y de ajuste muy importante” y ha confiado en que la apliquen sin mayores problemas. Montoro ha sido un poco más críptico que el jueves, pero ha venido a decir lo mismo: hay que ‘traducir’ el contenido de la reforma en los compromisos de evolución del gasto público de las administraciones territoriales y en su programa presupuestario, “insertándolo en los objetivos de déficit público”.
     Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría “salir” algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que “se libere” con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.
     Santamaría ha dado por terminados los ajustes en los salarios y días de permiso que han afectado a los empleados públicos, al señalar que esa fase “está hecha”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y al presentar el informe sobre la reforma de las administraciones públicas, Sáenz de Santamaría ha reconocido que los funcionarios y los empleados públicos han hecho un “esfuerzo tremendo” en esta situación de crisis. Ha recordado en este sentido que el capítulo primero de los presupuestos de todas las administraciones, el que se refiere al personal, “pesa lo que pesa”, y por eso hay que reconocer dicho esfuerzo en los empleados públicos, que además “han seguido trabajando y lo hacen muy bien”. Y ha añadido: “Esa fase de los ajustes, no sólo en los salarios, sino también en días de permiso, está hecha”.
     Pese a todas estas explicaciones, el sindicato de funcionarios CSI-F ha afirmado que los empleados públicos ya han cubierto “el cupo de despidos (más de 370.000 en el último año y medio)”, por lo que ha advertido al Gobierno de que “no aceptará una nueva vuelta de tuerca”. A CSI-F le pone nervioso la afirmación de que más de la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 provendrá de los menores gastos de personal. El sindicato ha reclamado al Gobierno que convoque de manera “urgente” la Mesa general de las administraciones públicas para conocer “de primera mano” el informe sobre la reforma que prepara el Gobierno y para garantizar los derechos los empleados públicos. Lo de “reubicar” al personal en otros destinos de la administración tampoco tranquiliza al sindicato que advierte sobre las complicaciones que se pueden derivar de una movilidad no deseada.
     El futuro, sin embargo, no pinta tan mal para todos los servidores del Estado. La vicepresidenta ha anunciado la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de las Administraciones que, “con coste cero”, se encargará de vigilar el cumplimiento de dicha reforma. Al frente de esa oficina estará Angelines Trigo, inspectora de Servicios de la Administración General del Estado y con rango de subsecretaria -lo que supone su asistencia a la Comisión de Subsecretarios-, que es, según ha explicado Sáenz de Santamaría, “una de las personas que más ha trabajado” en la reforma. La Oficina elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis exhaustivo y global sobre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.

 

Una conferencia sobre cláusulas abusivas clausura el curso 2012-2013 de la Cátedra Bienvenido Oliver

Domingo, 23 de junio de 2013

      21 junio 2013 • Valencia, 21 de junio de 2013.- La noticia en notasdeprensacv.es
      El próximo lunes 24 de junio tendrá lugar el acto académico de clausura del curso 2012-2013 de la Cátedra Bienvenido Oliver, puesta en marcha por los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles en 1998 para contribuir a la formación de los estudiantes de Derecho en las áreas de Civil y Mercantil. El acto tendrá lugar a las 19:30 horas en el Hotel Westin de Valencia (Amadeo de Saboya, 16) y estará presidido por el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo, y la decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en la Comunidad Valenciana, Mª Emilia Adán. Al acto está previsto que asistan las principales autoridades valencianas del mundo jurídico. Antonio Pau Pedrón, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y registrador de la propiedad de Madrid, impartirá la lección de clausura, que versará sobre “Las cláusulas abusivas en la nueva Ley 1/2013, de 14 de mayo”. Bienvenido Oliver Auspiciada por el decanato autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad de la Comunidad Valenciana, la cátedra Bienvenido Oliver está presente hoy en cinco universidades autonómicas; Universitat de València, UJI, Universidad de Alicante, Cardenal Herrera- CEU y Universidad Católica – San Vicente Mártir. Como parte de su actividad docente, la cátedra organiza periódicamente cursos, conferencias y jornadas, colabora con la universidad en créditos de libre configuración, imparte el Practicum para los alumnos de la Facultad de Derecho y ofrece becas para los alumnos que quieran participar de sus cursos.

La reforma de la Administración supondrá un ahorro de 37.700 millones hasta 2015

Sábado, 22 de junio de 2013

     Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha creado una oficina de seguimiento de este proyecto
     Elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis global
     La mitad de ahorro de la reforma administrativa será en gasto de personal
     La noticia en elmundo.es 21/06/2013
     El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
     Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días Mariano Rajoy.
     Según ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal. La vicepresidenta ha insistido en que se trata se ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.
     Esas medidas permitirán ahorrar este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales. Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría “salir” algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que “se libere” con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.
     La vicepresidenta ha insistido en que los funcionarios y empleados públicos han hecho “un esfuerzo extraordinario” y que, a partir de ahora, se va a buscar una mayor movilidad de los trabajadores y una mejor planificación de los recursos humanos para darles más carrera profesional, objetivo con el que se creará “un gran centro de formación pública”
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo.
     Angelines Trigo, al frente
     Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un “análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer”.
     La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra “global” del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el “adelgazamiento” de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la Cora, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros- y las medidas estructurales sobre empleo público -alrededor de 19.000 millones-.
     Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
     Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece “una guía” de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
     Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos.
     Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
     Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración “más racional, más eficaz y eficiente”, así como que “funcione mejor” y de una “manera más barata”.
     En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de “autenticidad” que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean “trampolines” para salir de la crisis económica.
     Cristóbal Montoro, se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y con las entidades locales para presentarles la parte de la reforma de las administraciones pública que les atañe, de manera que estudien cómo incorporar los ahorros prevuistos en sus presupuestos y en el cumplimiento del objetivo de déficit.
     En concreto, los días miércoles y jueves, Hacienda se reunirá con las entidades locales y con las comunidades en la Conferencia Nacional de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parte de las medidas de racionalización de la administración que persigue el Gobierno debe ser aplicada por las entidades territoriales y el ministerio les trasladará las propuestas.

Creada la oficina para la ejecución de la reforma de la Administración

Sábado, 22 de junio de 2013

     Hacienda y Administraciones Públicas 21 junio 2013 En la página web de La Moncloa
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por que se crea la Oficina para la Ejecución de la Reforma de Administración. Se trata de un órgano que asumirá la ejecución coordinada de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, se encargará de su seguimiento e impulso, y, en su caso, propondrá nuevas medidas.

     El director de la Oficina será nombrado a propuesta conjunta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y tendrá rango de subsecretario. La Oficina estará adscrita orgánicamente al Ministerio de la Presidencia, a través de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, tendrá dependencia funcional conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas.

     Entre sus competencias figurarán las siguientes:

     Elaborar el informe mensual de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
     Velar por el cumplimiento del calendario de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
     Recabar de los distintos departamentos ministeriales y de sus organismos y entidades dependientes o vinculadas cuanta información sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.
     Recibir las iniciativas relacionadas con el ejercicio de sus funciones que formulen los órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o privadas.
Informes trimestrales y anuales

     La Oficina elaborará trimestralmente un informe de resumen del nivel de ejecución por cada Ministerio de las medidas incluidas en el informe de la Comisión y especificará el calendario de ejecución, responsables, actuaciones realizadas y eficiencias obtenidas. Además, la Oficina elaborará anualmente otro informe sobre el ejecución de la reforma, sobre las medidas ejecutadas y pendientes de ejecución, y, en su caso, las nuevas que se hubieran aprobado. Ambos informes se elevarán al Consejo de Ministros.

     La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración estará asistida, para el desempeño de sus funciones, por el necesario apoyo administrativo y material de los distintos Departamentos ministeriales. Cada Ministerio, organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un responsable que será el interlocutor y colaborador del Director de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.

     A la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración se le asignarán los medios personales mediante redistribución de efectivos o mediante adscripción temporal de puestos de trabajo procedentes de cualquier Ministerio, entidad u organismo.

 

Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración

Sábado, 22 de junio de 2013

     Presidencia
     Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración.-

     Dª ANGELINA TRIGO PORTELA.

     Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Auditora de Cuentas y Master en Defensa Nacional por la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y tiene el Diploma de Inspectora de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda

     Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, representando al Departamento en diversos Comités de Finanzas de Organismos Internacionales. Ostentó el cargo de Inspectora General del Ministerio de Economía y Hacienda desde septiembre de 1998 hasta mayo de 2000 y el de Inspectora General del Ministerio de Hacienda desde mayo de 2000 hasta abril de 2004, ejerciendo idénticas funciones en el Ministerio de Economía. Fue Inspectora de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. En enero de 2012 fue nombrada Inspectora General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ha sido miembro de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

 

Aprobada la simplificación de 63 trámites con un ahorro de 478 millones para ciuddanos y empresas

Sábado, 22 de junio de 2013

     Hacienda y Administraciones Públicas – Consejo de Ministros 21 junio 2013
     APROBADA LA SIMPLIFICACIÓN DE 63 TRÁMITES CON UN AHORRO DE 478 MILLONES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS
     Se fomenta la presentación telemática de documentos al eliminar la obligación de presentarlos personalmente, lo que evitará desplazamientos y agilizará la tramitación.
     El 40 por 100 se aplicarán desde este mes de junio, y el 90 por 100 antes de que acabe 2013.
     El Acuerdo se adopta de acuerdo con los criterios de simplificación procedimental de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas.
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la reducción de las cargas administrativas y mejora de la regulación, que supondrá la simplificación de 63 trámites con la Administración y que permitirá un ahorro anual estimado de más de 478 millones de euros.

     En la elaboración de este nuevo Acuerdo, y en línea con la necesaria simplificación de la normativa encomendada por la vicepresidenta del Gobierno a los distintos Ministerios, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha jugado un papel destacado. En concreto, dentro de la misma la Subcomisión de Simplificación Administrativa, encargada de estudiar las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de trámites, ha coordinado las propuestas a incluir en este Acuerdo, formuladas por todos los Departamentos ministeriales.

     Presentación telemática de documentación

     En su mayor parte, se evita la obligación de que un ciudadano o una empresa tenga que acudir a una ventanilla de la Administración para presentar una documentación, al permitirse que se haga telemáticamente.

     Así, por ejemplo, a partir de ahora, se podrá presentar documentación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria únicamente con el Código Seguro de Verificación, y sin exigir certificado electrónico, al igual que la posibilidad de realizar telefónicamente ante el Servicio Público de Empleo la solicitud de reanudación de prestación contributiva o la solicitud de compatibilidad de la prestación contributiva con la realización de un trabajo a tiempo parcial.

     De esta forma, se responde a la filosofía de “menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas” anunciada por el presidente del Gobierno en la presentación de las conclusiones de reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

 
     Implantación desde junio

     De las 63 cargas a reducir, el 40 por 100 se implementan ya desde este mes de junio. La gran mayoría se pondrán en marcha a lo largo de 2013. En cuanto a sus beneficiarios, 7 afectan directamente a ciudadanos; 47, a empresas y 9, a empresas y ciudadanos.

     Otras medidas destacadas son: crear un Registro de Apoderamientos para la tramitación por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social; posibilitar la habilitación del libro de visitas en el momento del alta de la empresa en la Seguridad Social; suprimir la obligación, para corredores de seguros y corredores de reaseguros, de remitir información estadística semestral; revisar y simplificar los cuestionarios de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas; posibilitar la remisión de notificaciones sobre organismos modificados genéticamente, y el intercambio de información por vía electrónica, y posibilitar la solicitud electrónica de permisos y autorizaciones de trabajos aéreos.

     Este paquete de medidas continúa con el compromiso cumplido el pasado 1 de diciembre de 2012 de reducir en un 30 por 100 las cargas administrativas en el periodo 2007-2012, y supone un ahorro total de más de 478 millones de euros, según el Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su reducción, basado en la metodología de costes estándar (MCE) y compartido por las Administraciones Públicas españolas.