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Galicia… que no te lo cuenten

Sábado, 30 de noviembre de 2013

El notario Javier Trillo y el registrador Celestino Pardo dejan la Sareb

Sábado, 30 de noviembre de 2013

     El «banco malo» sufre las dos primeras dimisiones en su consejo
     El notario Javier Trillo y el registrador Celestino Pardo dejan la Sareb
     Borja Carrascosa . El artículo en larazon.es
     El notario Javier Trillo y el registrador de la propiedad Celestino Pardo dimitieron hace dos semanas de sus cargos en el consejo de administración de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como «banco malo», según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes cercanas al organismo. No obstante, no fue hasta el pasado miércoles cuando el consejo admitió la renuncia, por «razones personales», según la Sareb. Ambos figuraban como consejeros independientes desde la fundación de la sociedad pública (en diciembre de 2012), y serán sustituidos por Isidoro Lora-Tamayo y José Poveda Díaz, según los acuerdos alcanzados por la junta general hace dos días. Se trata de las dos primeras dimisiones que se producen en el máximo órgano gestor del organismo que preside Belén Romana.
     El consejo del «banco malo» cuestionaba desde hace meses la compatibilidad de ambos consejeros por su condición de funcionarios públicos en activo, sin que existiera un criterio uniforme. No obstante, ambos actuaron con indudable independencia como consejeros del órgano de gestión de la sociedad. Trabajaban en las labores de control notarial y registral de las operaciones de venta de activos de la Sareb, funciones que serán asumidas por sus respectivos relevos. Tanto Trillo, que dirige una notaría en Leganés, como Pardo, renunciaron a su retribución en la Sareb ya en abril, cuando el organismo comenzó a cuestionar su compatibilidad. Pardo es también doctor en Derecho, así como un profesional muy reconocido en su sector.
     Respecto a los relevos, José Poveda Díaz es un registrador de la propiedad jubilado, fue decano del Colegio de Registradores, y será quien asuma las funciones que ejercía Pardo en la sociedad, mientras que Isidoro Lora-Tamayo es notario, ex decano del Colegio Notarial de Granada, también retirado, y relevará a Trillo en la Sareb.
     Poveda y Lora-Tamayo se unen a José Ramón Álvarez Rendueles, Emiliano López Achurra y Luis Sánchez Merlo para completar el grupo de consejeros independientes, mientras que el resto del consejo no sufre cambios en su composición

 

Vilafranca del Penedés .

Viernes, 29 de noviembre de 2013

art Penedés

Sareb cumple un año con 6.400 viviendas vendidas e ingresos de 2.000 millones

Viernes, 29 de noviembre de 2013

     28/11/2013 La noticia en elconfidencial.com
     Sareb, la sociedad creada hace un año para gestionar los activos procedentes de la reestructuración bancaria, ha cerrado hasta mediados de noviembre la venta de 6.400 inmuebles. Al cumplir su primer año de vida, la compañía ha superado unos ingresos brutos de 2.000 millones de euros.
     En este periodo, la sociedad “ha pasado de ser un proyecto a convertirse en una entidad plenamente operativa -con 190 empleados-, un plan de negocio sólido y unos canales comerciales muy activos”. Así lo ha afirmado hoy su presidente, Belén Romana, en unas jornadas celebradas en Valencia y organizadas por PWC y el diario Las Provincias, en las que ha repasado los principales hitos de la sociedad desde su creación el 28 de noviembre de 2012.
     “Sareb ha demostrado ser un instrumento válido para completar la reforma financiera, impulsar la recuperación del mercado inmobiliario y desinvertir los activos de la forma más eficiente posible”, ha señalado Romana. “A veces nos olvidamos de que hemos sido capaces de poner en marcha la sociedad en un tiempo récord. Estamos satisfechos de lo conseguido hasta ahora y confiamos en que vamos a acometer con éxito la exigente tarea que hemos asumido”.
     Meses de intensa actividad
     Desde la creación de Sareb, ha recordado su presidente, la sociedad ha sido capaz de levantar su estructura y crear los procesos necesarios para vender sus activos en los canales minorista, mayorista y el destinado a activos singulares. En este sentido, para conocer en profundidad la cartera adquirida – 50.000 millones de euros en préstamos al promotor e inmuebles adjudicados- Sareb lanzó en el primer trimestre la mayor due diligence de España, que está completada en un 80%.
     Sareb inició en marzo la venta a particulares a través de las entidades cedentes, y poco después comenzó a operar en los mercados mayoristas, en lo que supuso un catalizador de la inversión extranjera en España. Ya desde su primera operación mayorista, en agosto, Sareb se ha convertido en “parte activa del cambio de percepción de la inversión extranjera sobre el mercado inmobiliario español”, ha señalado Romana.
     Casi 900 millones de euros vendidos dentro del proceso Bermudas
     En los últimos días, Sareb ha cerrado dos importantes operaciones dentro del proceso “Bermudas”, que incluye los préstamos que mantenía con empresas cotizadas. Así, ha acordado la venta de su participación en el crédito sindicado que Realia Business tiene con varias entidades, por un importe nominal de 437 millones de euros. Esta operación, bautizada como Elora, es la mayor desinversión que la sociedad ha realizado hasta la fecha.
     La segunda operación de desinversión realizada en los últimos días, y bautizada como Fado, ha sido la venta de dos préstamos que mantenía con Metrovacesa, ambos con un valor nominal de 80,5 millones de euros. En conjunto, Sareb se ha desprendido de préstamos por un valor nominal de casi 900 millones de euros dentro del proceso Bermudas.

     En la actualidad, la sociedad mantiene en el mercado operaciones de diferentes tipos de activos -vivienda residencial, edificios de oficinas, fincas rústicas, suelos finalistas, viviendas singulares y viviendas protegidas-, algunas de las cuales se cerrarán antes de final de año. Para dinamizar el sector y apoyar a las pymes, Sareb ha abierto también una vía directa de negociación con estas empresas, que le ha permitido recibir hasta la fecha peticiones de cancelación de préstamos por importe global de más de 100 millones de euros.
     Acuerdos con CCAA para alquileres asequibles
     Sareb está trabajando en paralelo con varias Comunidades Autónomas para ayudarles en sus políticas de vivienda social. Así, la compañía se ha comprometido a ceder temporalmente hasta 2.000 viviendas para que las administraciones autonómicas puedan destinarlas a alquileres asequibles. Desde el anuncio de esta iniciativa, seis gobiernos autonómicos han mostrado su interés en participar en ella.
     Nuevos consejeros independientes
     En materia de gobierno corporativo, Sareb ha incorporado a su Consejo de Administración dos nuevos consejeros independientes, José Poveda Díaz e Isidoro Lora-Tamayo Rodríguez, en sustitución de Javier Trillo y Celestino Pardo, que han presentado su renuncia por razones personales. 
     José Poveda es Doctor en Derecho y miembro del Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles desde 1966. Autor de diversas publicaciones jurídicas, fue decano del Colegio de Registradores entre 1989 y 1997. Isidoro Lora-Tamayo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y miembro del Cuerpo de Notarios desde 1971, ha sido decano del Colegio Notarial de Granada, y durante dos décadas Delegado para Iberoamérica del Consejo General del Notariado.
     El Consejo de Administración de Sareb está integrado por 15 consejeros, cinco de los cuales son independientes, ocho dominicales (en representación de los principales accionistas de la sociedad) y dos ejecutivos.

 

Las viviendas desocupadas

Viernes, 29 de noviembre de 2013

     Fernando Acedo-Rico Henning 28/11/2013 – En eleconomista.es
     Un registro permitiría un control más fiable de las viviendas
     La Administración debe mejorar la actuación contra el fraude
     Muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentra vacías y disponibles para su uso. Se incluyen como viviendas protegidas vacías las vacantes que estén disponibles y las abandonadas que no estén en estado ruinoso. No pueden ser consideradas vacías las ocupadas ilegalmente por no estar disponibles mientras las personas que las ocupan no sean desalojadas.
     Estudios realizados con datos de diversas consejerías y organismos de viviendas de las distintas comunidades autónomas, han dado a conocer que hoy en día existe en torno a 10.000 viviendas de protección desocupadas y disponibles, todas ellas en manos de las comunidades autónomas.
     En un momento como el actual, en el que hay más de 300.000 personas inscritas como solicitantes de vivienda protegida, es necesario acometer reformas en las Administraciones de manera que se pueda corregir este desajuste en el más breve plazo posible.  Una de las muchas modificaciones o mejoras que debería plantearse la Administración es la implantación de registros o bases de datos de vivienda protegida, a la vez de mejorar los ya existentes. En estos registros deben constar inscritos todas las promociones de vivienda protegida, ya hablemos de promoción privada como de promoción pública.
     La existencia de un registro como el mencionado anteriormente, permitiría un control más fiable del número y situación de las viviendas protegidas de las comunidades autónomas.
     En este registro sería imprescindible contar con los datos de ubicación de la vivienda, modalidad de la promoción, superficie, datos del Registro de la Propiedad y referencia catastral, modo de acceso, etc.
     Además de contener todos los datos sobre la vivienda, sería imprescindible que contara igualmente con los datos de los solicitantes de vivienda de protección oficial, sus preferencias, ingresos, etc., con la finalidad de conocer de una forma fiable las necesidades de vivienda y las posibilidades reales de acceder a ella.
     De este modo, la Administración en general, sería capaz de cruzar los datos reales y actualizados de necesidad de vivienda protegida, procedentes de su gestión administrativa, con la oferta pública de vivienda protegida y con la oferta pública de suelo, promoción y edificación, y sus recursos presupuestarios y financieros.
     La colaboración entre las Administraciones es algo fundamental, si existe un cruce de datos entre las comunidades autónomas, Ayuntamientos y Servicios Sociales, la calidad de la gestión crecería exponencialmente, debido a que estos últimos conocen infinitamente mejor la situación real de las personas que demandan una vivienda de protección pública.
     En el caso de que las comunidades autónomas o los Ayuntamientos no contaran con los medios necesarios para la gestión de la adjudicación de las viviendas protegidas, sería recomendable utilizar la fórmula de encomienda de gestión, de modo que, sin cesión de titularidad de la competencia ni de la propiedad de los inmuebles, las funciones materiales y técnicas puedan ser realizadas por otros órganos o entidades más eficaces.
     Otro punto capital a la hora de mejorar la gestión general de las viviendas protegidas, es el tema de la inspección. La Administración autonómica debe implantar o mejorar la actuación contra el fraude mediante la inspección. Se debe implantar un servicio de inspección y control de la vivienda protegida dotado de suficientes medios técnicos y personales. Las inspecciones deben realizarse de oficio y no sólo tras la denuncia de un particular. El sistema de sanción de la infracción debe contar con respuestas eficaces y proporcionadas, en unos casos con la imposición de multas y en otros llegando incluso a la expropiación de la vivienda.
     Las inspecciones no deben tan sólo alcanzar a las viviendas protegidas de promoción pública, sino también a las de promoción privada.
     Un ejemplo claro de inspección y de buena gestión entre Administraciones se daría en los casos del desconocimiento por parte de la entidad gestora del fallecimiento de un titular de una vivienda protegida, este problema se subsanaría mediante el cruce de datos con el Registro Civil.
     Por último hacer hincapié, en algo tan capital, como es facilitar la ocupación de viviendas vacías, mediante la recalificación de las calificadas para venta, al régimen de alquiler y reconocer las subvenciones por tal régimen; fomentar el arrendamiento con opción a compra mediante el ejercicio gratuito de la opción; y facilitar a los solicitantes la tramitación necesaria de los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida. De este modo además de ganar en calidad de gestión y conseguir un reparto equitativo de la vivienda protegida, alcanzaríamos la finalidad para la cual se promueven este tipo de viviendas que no es otro que dotar de un derecho fundamental a las capas de la población más necesitadas.
     Por Fernando Acedo Rico-Henning. Registrador de la Propiedades. Decano de Castilla-La Mancha del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Civil y consejero de la Revista Derecho Urbanístico.

La nueva ley sobre pensiones propone bajar la comisión máxima de gestión del 2 al 1,5%

Viernes, 29 de noviembre de 2013

     La de depósito se reduciría del 0,5 al 0,25%
     27/11/2013  La noticia en elconfidencial.com
     El borrador del proyecto de real decreto que actualizará la normativa sobre los planes de pensiones -y otros productos como los seguros privados- contempla una sustancial rebaja en las comisiones que las gestoras cobran a sus partícipes. En concreto, la comisión máxima de gestión se rebajaría del 2 al 1,5% y la de depósito, del 0,5 al 0,25%.
     De este modo, el documento confirma las declaraciones que el ministro de Economía, Luis de Guindos, formuló el miércoles, en las que anticipó un tijeretazo medio del 30% en las comisiones que soportan las pensiones privadas. En caso de que la redacción final -este viernes su contenido será analizado por la Junta Consultiva de Seguros- respete dicho recorte, el Ministerio de Economía saldrá al paso de uno de los principales focos de polémica en torno a las pensiones privadas, puesto que se considera que los actuales baremos son demasiado elevados en comparación con el resultado cosechado por los productos. De hecho, esa reducción perseguiría incrementar el atractivo de estos productos destinados al ahorro para la jubilación, que en España no terminan de despegar.
     Ahora bien, fuentes del sector matizan que la clave para impulsar las pensiones privadas no son las comisiones. “Lo que necesitan las pensiones privadas para su verdadero desarrollo es una mejoría intregal en sus incentivos, en su liquidez y en su fiscalidad”, aseguran.
     Más en detalle, el borrador del real decreto explicita que “en ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 1,5% anual del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse”. Y añade: “El límite equivalente resultará aplicable diariamente, tanto a cada plan de pensiones integrado como al fondo de pensiones en su conjunto, e individualmente a cada partícipe y beneficiario”. Aunque también contempla una alternativa: “El límite anterior podrá sustituirse por el 1% anual del valor de la cuenta de posición más el 10 por ciento de la cuenta de resultados”.
     Con respecto a las de depósito, establece que “en ningún caso las comisiones devengadas por la entidad depositaria, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 0,25% del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse”.

 

Los altos diferenciales que exige la banca resucitan las hipotecas a interés fijo

Jueves, 28 de noviembre de 2013

     En el último trimestre supusieron el 11,86% de los créditos concedidos para la compra de una vivienda en la Comunidad
     David Navarro 26.11.2013 El artículo en diarioinformacion.com
     Se había convertido en una práctica casi residual, reservada a clientes ultraconservadores que no querían ningún tipo de sorpresas en el futuro, pero en el último año la concesión de hipotecas con tipo de interés fijo ha vuelto cobrar fuerza ante los elevados diferenciales que exigen las entidades y el temor a las consecuencias de una futura subida del euribor. Así lo reflejan las últimas estadísticas del Colegio de Registradores, que señalan que esta modalidad de préstamos supuso el 11,86% de todos los créditos concedidos para la adquisición de una vivienda en la Comunidad Valenciana durante el tercer trimestre del año, un porcentaje que triplica al del mismo periodo del ejercicio anterior (3,67%).
     Igualmente, en el conjunto del país las hipotecas sin posibilidad de variación pasaron en el mismo plazo del 3,85% al 6,78% del total, en lo que supone su cifra más elevada desde que los registradores elaboran esta estadística, hace ya 11 años.
     «Si no compras una de las viviendas que tiene el banco en cartera o no cumples con todos los requisitos de vinculación o de extrema solvencia que reclaman ahora las entidades, los diferenciales que te piden son brutales, así que es normal que haya gente que prefiera coger un crédito a interés fijo al 6% o el 7% si el banco le ofrece esta opción», asegura el delegado en Alicante de Ausbanc, Pedro Pérez, quien sostiene que en la asociación han llegado a revisar casos extremos de contratos en que exigían hasta un 8% en refinanciaciones de hipotecas a interés variable.
     Con la fórmula fija los clientes se evitan que la cuota mensual se convierta en una carga insoportable cuando, dentro de unos años, el euribor retome su senda alcista y abandone la zona de mínimos del entorno del 0,50% en que se encuentra ahora. Por su parte, las entidades financieras obtienen una mayor rentabilidad al menos inicial, que les viene muy bien ante su acuciante necesidad de generar mayores ingresos. De hecho, algunas están potenciando soluciones mixtas como mantener invariable el interés los primeros cinco años y luego dar la opción de cambiar a variable. Eso sí, en todos estos casos el plazo de devolución y el importe suelen ser menores.
     No obstante, en este auge de las hipotecas a interés fijo también influye el hecho de que sea la modalidad que están utilizando algunos establecimientos de créditos rápidos para conceder su financiación con mayores garantías.
     Diferencias por autonomías
     En cualquier caso, con independencia de la modalidad elegida lo que también recoge el informe de del Colegio de Registradores son las diferencias entre el interés que cobran los bancos por las nuevas hipotecas en función de la autonomía. En el caso de la Comunidad el tipo medio es del 4,24%, lo que supone que los valencianos pagan más que la media por los créditos para la adquisición de una vivienda, ya que en el conjunto del país el interés medio fue del 4,09% en el tercer trimestre del año. En este sentido, los créditos hipotecarios más baratos del país se consiguen en Madrid, con un interés del 3,75%, y los más caros en Baleares, con un 4,40%.
     «Excepto algunas entidades tipo ING que ofrecen un producto estándar para todo España, los bancos adaptan sus productos en función del riesgo que perciben en cada región o de cómo ven el sector inmobiliario», explica el experto en el sector financiero y director editorial de iAhorro.com, Pau Montserrat.
     El estudio también señala que el importe del préstamo medio para comprar una casa en la Comunidad ha descendido desde los 135.523 euros del año 2007 hasta los 72.193 euros del último trimestre, una cifra que está un 28% por debajo de la media nacional, de 100.877 euros. Según los registradores, el precio de la vivienda en España ha caído un 5,35% durante el último año, aunque entre julio y septiembre se habría revalorizado un 0,91%.

 

Jaque mate a las comprobaciones de valores en Valencia

Jueves, 28 de noviembre de 2013

     José María Salcedo 26/11/2013 – En el economista.com
     Las comprobaciones de valores, y las liquidaciones tributarias resultantes de las mismas siempre han sido objeto de un intenso debate judicial. En el punto de mira, el recurrente asunto de la falta de motivación de dichas liquidaciones, concretado en la determinación de si el contribuyente estuvo en condiciones de conocer cuáles fueron las razones de la liquidación tributaria cuyo pago se le exige.
     La principal objeción que suele hacerse a la Administración es la estandarización de sus valoraciones, la automaticidad con las que la genera y la sensación, en definitiva, de que no se tienen en cuenta las peculiaridades de cada inmueble. Por ello, ya en marzo de 2012 el Tribunal Supremo consideraba en una interesante sentencia que era precisa la visita del técnico de la Administración al inmueble valorado, sobre todo si se tenían en cuenta en la valoración circunstancias como el estado de conservación, calidades, etc.
     El último hito en este interesante tira y afloja entre la Administración tributaria y los Tribunales lo ha protagonizado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, con su interesante y novedosa sentencia de 1 de octubre de 2013. La intención de la Sala ha sido la de crear una sentencia tipo aplicable a todas las liquidaciones derivadas de comprobaciones de valores, en la que se analizase y se diera una nueva solución a la problemática suscitada, sobre todo teniendo en cuenta el enorme esfuerzo realizado en los últimos años por la Generalitat Valenciana, para adecuar sus liquidaciones y valoraciones a las exigencias derivadas de las resoluciones judiciales de la Sala Valenciana.
     La Sala reconoce dicho esfuerzo, alabándolo incluso, y considerando que las nuevas liquidaciones y valoraciones ya no adolecen del defecto de motivación que hasta ahora se les achacaba. Así, afirma que “no puede negársele a la Generalitat Valenciana su esfuerzo para explicar los criterios en los que apoyó su valoración de la base imponible y superar con ello los defectos que nuestra sentencia 1/2008 detectó en su anterior método de comprobación de valores. Estos esfuerzos -en este punto de la motivación de la decisión- no han sido baldíos”.
     Como puede verse, la Sala elogia el esfuerzo de la Administración, pero lo acota únicamente al aspecto de la motivación. Con ello se anticipa ya la crítica al método de comprobación de valores utilizado por la Generalitat, que fundamentalmente estriba en que el mismo no es ni específico ni individualizado.
     Según la Administración valenciana, el método de comprobación utilizado es el de dictamen de peritos (artículo 57.1.e Ley General Tributaria). Sin embargo, lo que en realidad hace la Administración es partir de la ficha catastral de cada inmueble, fiando a la descripción catastral los datos relativos a superficie, estado, antigüedad, etc. pero sin que los mismos sean contrastados por un perito. Sin embargo la crítica no se centra solo ahí, ya que en ese caso poco o nada se diferenciaría esta sentencia de la del Tribunal Supremo antes referida.
     Lo que la Sala de Valencia realmente critica es el método de valoración híbrido utilizado, y no previsto en normativa tributaria. Más que el de dictamen de peritos, la Administración parece utilizar el método de comprobación previsto en el artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria -estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal-. Y es que sobre la ficha catastral, la Administración aplica todos los demás parámetros de cálculo para su comprobación -valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc.-.
     Sin embargo, ni en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ni en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la base tributaria se determina mediante una gestión administrativa colectiva, algo que sí ocurre sin embargo, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La valoración catastral por tanto, vincula al contribuyente de estos dos últimos impuestos, pero no tiene por qué coincidir con el valor real, que constituye la base imponible del Impuesto de Transmisiones y del de Sucesiones y Donaciones. De hecho, las leyes de estos impuestos no imponen que el punto de partida preceptivo para el cálculo de la base imponible sea la valoración catastral.
     Apoyándose en dicha valoración colectiva como punto de partida del presunto dictamen de peritos, la Administración convierte lo que debiera ser una valoración individualizada, en una versión retocada de la ponencia de valores catastral.
     En definitiva el método de valoración utilizado por la Administración aplica parámetros de valoración colectivos, no constatados por el perito, y ajenos a cualquier individualización, que consecuentemente poco o nada tienen que ver con el valor real que constituye la base imponible de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones, y que no están amparados por la normativa de dichos tributos, por lo que procede la anulación de las liquidaciones dictadas.
     La doctrina contenida en la sentencia supondrá la estimación de cerca de 3.000 recursos pendientes de resolución, y supone una oportunidad única para los contribuyentes que hayan recibido una liquidación derivada de una comprobación de valores, y duden sobre la conveniencia o no de recurrir.
     Queda por ver la reacción de la Administración y si recurrirá la resolución por considerarla errónea y gravemente dañosa para el interés general. Sin embargo, quizá sería mejor plantearse si no debiera dotarse a la Administración de más medios materiales, para cumplir con las exigencias que, en materia de comprobación de valores, le impone la normativa tributaria.
     José María Salcedo. Abogado ‘www.aticojuridico.com’

 

Más de 600.000 pisos nuevos sin vender

Jueves, 28 de noviembre de 2013

     La crisis y los excesos urbanísticos han dejado decenas de miles de viviendas de nueva construcción vacías o sin terminar
     La demolición amenaza algunas promociones
     Lluís Pellicer / Cristina Galindo Barcelona / Madrid 24 noviembre  2013 – El artículo en elpais.com 

     El estallido de la burbuja inmobiliaria y los excesos urbanísticos que la acompañaron han dejado huellas difíciles de borrar. Promociones de viviendas sin terminar, porque no había dinero para ello ni expectativas de venderlas. Bloques de pisos casi vacíos, que no se venden ni con rebajas de precios impensables hace años. Y, a su alrededor, la desolación que produce pasear por esas calles solitarias en las que la mala yerba crece entre farolas, papeleras y parques infantiles nuevos, sin estrenar, que nadie disfruta, porque nadie (o apenas nadie) vive allí.
     Los expertos creen que se derribarán obras sin acabar y mal situadas
     Las urbanizaciones fantasma se extienden en todo el mapa, a la espera de que alguien decida si regresan las grúas, esta vez para derribarlas. Los analistas señalan, no obstante, que antes el mercado deberá absorber un mayor volumen de stock. Los últimos informes indicaban que la cantidad de pisos sin vender ascendía a entre 676.038 viviendas (Ministerio de Fomento con cálculos de diciembre de 2011) y 811.000 (CatalunyaCaixa en junio de 2012). Si se cruzan los datos de obras terminadas de Fomento y de compraventas de viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), resulta que hoy el stock se encontraría entre las 600.000 y 750.000 casas. Todas ellas de nueva construcción. Si además se suman las 800.000 viviendas de segunda mano que se calcula están en el mercado, en total habría entre 1,3 y 1,4 millones de casas a la venta.
     Además de las viviendas terminadas y listas para ser habitadas, hay miles de edificios con las obras paradas. Pero esas casas no están cuantificadas. La última estimación que existe es del comienzo de la crisis, de 2008, cuando el extinto Ministerio de Vivienda detectó 384.000 viviendas en obras sin vender. “Las obras paradas serán lo último a resolver en esta crisis, sobre todo para las que tienen más difícil salida. Antes incluso veremos cómo se ponen en valor suelos cuyo precios ya se han corregido de forma notable en zonas donde hay una demanda sólida”, explica el director general de Negocio de Aguirre Newman, Ángel Serrano.
     El precio ha caído un 30% desde 2008 y el mercado sigue paralizado
     La firma de tasación Tinsa calcula que el stock de casas sin vender, que opina que en realidad es “inferior” a los cálculos teóricos, podría drenarse en 2017. El director de Desarollo de Negocio y Marketing de la tasadora, Raúl García, explica que las necesidades de vivienda han ido cayendo hasta los últimos años, pero “se estabilizarán en torno a las 97.000 viviendas” en 2015. De estas, 10.000 son de uso vacacional. A su vez, la construcción de obra nueva seguirá bajando hasta levantar unas 50.000 unidades anuales ese año. “En 2017 podríamos asistir a una situación de mercado en la que el excedente de vivienda se haya drenado, hasta convertirse en un stock técnico que permita un repunte en la actividad”, afirma García, quien recuerda que una parte de las ventas corresponden a las que realizan los inversores.
      La recuperación irá por barrios. Los informes del Ministerio de Vivienda y CatalunyaCaixa coincidían en señalar el Mediterráneo como la zona con mayor volumen de pisos por vender. La Comunidad Valenciana es la región que más pisos vacíos nuevos acumula en relación con el parque de vivienda total: el 6,59%. Sobresale, no obstante, la provincia de Castellón, que en junio de 2012 arrastraba 117.900 viviendas recién construidas sin comprador. Es decir, el 15% de todas las casas por vender de España están en esa provincia, una cuarta parte de cuyo parque de viviendas busca comprador. A Castellón le siguen Toledo (8,7%), Murcia (6,31%), Almería (6,16%), Tarragona (4,6%), La Rioja (4,6%) y Alicante (4,23%). Raúl García sostiene que “el mercado está compuesto por una enorme diversidad de micromercados con diferentes características y situaciones particulares”. “La actividad repuntará antes en unos lugares que en otros”, sostiene.
     En 2008, al inicio de la crisis, se contaron 384.000 casas sin acabar
     Los expertos miran a provincias como Castellón o Toledo cuando se les pregunta dónde podría producirse la primera demolición. En Irlanda y EE UU se han llegado a derribar edificios para reducir la oferta y porque conservarlos era más caro que echarlos abajo. En España, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, aprobó en marzo un plan de negocio que reserva 103 millones de euros para demoliciones, cantidad inferior a la que se destina a mantenimiento de edificios (130 millones) y obras en curso (133 millones).
     “Mantener esas viviendas tiene un coste”, explica José García-Montalvo, catedrático de Economía de la Universitad Pompeu Fabra. “Si son propiedad el banco, el coste puede equivaler al 12%-14% del valor de la promoción, porque hay que pagar los gastos administrativos, afrontar cambios urbanísticos si los hay, etcétera”, afirma el economista. Si la promoción está acabada, lo lógico sería intentar venderla. Si la obra no ha terminado, el catedrático opina que debería acabarse si existe demanda potencial para comprar esos pisos. ¿Y si no hay demanda? “Desde el punto de vista económico, esos pisos se tendrían que derruir, como en EE UU”, concluye.
     Gran parte de las urbanizaciones con problemas están en el Mediterráneo
     Como siempre en el sector inmobiliario, la localización es la clave. “En Madrid no creo que veamos demoliciones, pero en medio de la nada puede que sí”, opina Fernando Encinar, del portal Idealista.com. “Falta por resolver el problema legal que supone una demolición, porque tenemos muy claro cómo convertir un terreno rústico en urbanizable, pero no hay casos de solares que vuelven a ser rústicos”, advierte Encinar, que añade que otro tema pendiente sería ver quién asume el coste final de estas demoliciones. José García-Montalvo propone que Ayuntamientos y comunidades autónomas puedan ayudar a subvencionar estas actuaciones si hay “un beneficio colectivo”, por ejemplo en el caso de la zonas con valor ecológico.
     A pesar de que el precio de la vivienda ha caído de media un 30% desde el estallido de la burbuja, en 2008, el mercado sigue paralizado. La falta de financiación hipotecaria, la caída de la renta y el desempleo han hundido el sector. En la época del boom, se levantaban 300.000 pisos cada semestre y se vendían sin problemas, en muchos casos incluso antes de ser construidos. El panorama ahora es desolador: entre enero y junio pasado salieron al mercado 23.118 pisos, según los datos de Fomento; se vendieron 20.770.
     Ángel Serrano, de Aguirre Newman, afirma que el stock se reducirá mediante “la apertura de los canales de crédito” y la “recuperación económica”. “Una de cada seis transacciones corresponde a la demanda internacional. Esa cifra no ha sido proactiva, por lo que con un proyecto de comercialización internacional fuerte esa proporción podría seguir creciendo”, sostiene. “Es necesario que la demanda interna se reactive para que podamos hablar de un repunte de la actividad”, afirma Serrano.
     Serrano dice que también hace falta ver qué hará la Sareb y la banca, que concentran buena parte de la oferta. “Hasta ahora solo ha habido la venta de una gran cartera, que fue la Operación Camelia de BBVA [vendió 1.000 viviendas a Baupost Group]. La banca está esperando a ver el comportamiento de la Sareb para seguir con ese tipo de operaciones”, afirma.

PP y PSOE pactan un Poder Judicial paritario

Miércoles, 27 de noviembre de 2013

     Diez hombres y diez mujeres en un Consejo del Poder Judicial que vuelve a dar entrada a un candidato independiente, Fernando Grande Marlaska
     Pedro Jiménez 25-11-2013 – La noticia en cadenaser.com
     El Gobierno y el principal partido de la oposición ya han pactado los doce vocales procedentes de la carrera judicial que se sentarán en el próximo órgano de gobierno de los jueces. Siete a propuesta del PP y cinco, a propuesta del PSOE. Un Consejo General del Poder Judicial paritario que contará con diez hombres y diez mujeres y en el que, a diferencia del que cesa, se da cabida a un candidato independiente a propuesta del Gobierno, Fernando Grande Marlaska. El nombre polémico es el de Gerardo Martínez Tristán, propuesto por el PP y que es el magistrado que en una decisión sin precedentes ha avocado a pleno el recurso contra la privatización sanitaria en Madrid. Además, el acuerdo entre el PP y el PSOE rompe con la tradición de incluir a algún miembro de la carrera fiscal. El trabajo de Gabriela Bravo y Almudena Lastra no tendrá continuidad.
     PP y PSOE han configurado un Consejo General del Poder Judicial paritario, que contará con diez hombres y diez mujeres y en el que gracias al Gobierno se vuelve a sentar, a diferencia del órgano de gobierno de los jueces saliente, un candidato independiente, Fernando Grande Marlaska. Un fijo en todas las quinielas a pesar de la oposición mostrada por un sector minoritario del PP debido a la aplicación por parte de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de la sentencia de Estrasburgo que anuló los efectos retroactivos de la doctrina Parot.
     El órgano de gobierno de los jueces tendrá tres magistrados del Tribunal Supremo. Wenceslao Olea, Rafael Fernández Valverde, que repite porque ya fue vocal, y Clara Martínez, primera mujer magistrada de la sala de lo militar del alto tribunal. Dos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia. Los de Murcia, Juan Martínez Moya, y Navarra, Juan Manuel Fernández. El nombre polémico es el de Gerardo Martínez Tristán, presidente de la sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid. El magistrado que ha avocado a pleno el recurso contra la privatización sanitaria en Madrid. La que fuera presidenta de la Audiencia de Guipúzcoa, María Victoria Cinto, la presidenta de la Audiencia de Valencia, Carmen Llombart, los jueces de Madrid, Rafael Mozo y María del Mar Cabrejas, y Roser Bach completan la lista de vocales de procedencia judicial que se suman a los ya conocidos y que fueron designados la semana pasada por los partidos políticos.
     El Consejo General del Poder Judicial que llega lo hace sin ningún miembro de la carrera fiscal. El trabajo de la portavoz, Gabriela Bravo, y el de la vocal Almudena Lastra, se queda sin continuidad.

 

Datos de la Estadística Registral Inmobiliaria

Miércoles, 27 de noviembre de 2013

     Indicios claros de estabilización en el mercado de la vivienda
     El precio de las casas sólo se ajusta un 5,3% interanual y sube un 0,9% intertrimestral
     El número de compraventas (76.818) se incrementa un 2% con respecto a 2012
     ‘Los resultados de los próximos trimestres permitirán constatar si el incipiente cambio de tendencia es un hecho o una situación meramente coyuntural’, apuntan los registradores
     La noticia en elmundo.es – Madrid  25/11/2013 El mercado de la vivienda está cada día más cerca de completar su aterrizaje forzoso. Buena señal de ello sería el ajuste de precios, ya en un dígito negativo, y el número de compraventas, estabilizado o incluso al alza, como refleja la Estadística Inmobiliaria del tercer trimestre de 2013 de los registradores. Según estos datos, la vivienda sólo se abarató un 5,3% interanual en este periodo y la cifra de transacciones se incrementó un 2%.
     “Los resultados de los próximos trimestres permitirán constatar si el incipiente cambio de tendencia es un hecho o una situación meramente coyuntural”, apuntan los registradores. Por el momento, la comedida caída interanual de los precios del 5,3%, calculada según el índice de precios de viviendas por ventas repetidas de la misma finca, se torna en incremento del 0,9% en tasa intertrimestral.
     Los precios actuales, en los niveles del año 2003
     Con el aterrizaje de los precios apuntando a su final, los registradores recuerdan que desde los máximos alcanzados en el ciclo alcista, el ajuste acumulado es del 31%. “Los precios actuales se encuentran en niveles similares a los alcanzados a mediados de 2003”, indican.
     Compraventas estables
     Respecto a las compraventas, el mercado “se mantuvo relativamente estable” entre los meses de julio y septiembre. En este periodo, según la Estadística Registral, se cerraron 76.818 operaciones, un 2% más que en el mismo periodo de 2012. Un porcentaje positivo que tiene mayor valor aún si cabe si se tiene en cuenta que hace un año muchos estaban adelantando sus compras animados por el fin de los incentivos fiscales a comienzos de 2013. En total, en los últimos 12 meses se han registrado 334.867 transacciones de viviendas.
     Más compras de viviendas usadas de que de nuevas
     De esta actividad, el 55,3% correspondió a vivienda usada y el 44,64% restante a vivienda nueva, que experimentó un incremento del 4,35% con respecto al trimestre anterior, “manteniendo un aceptable porcentaje de operaciones, fundamentalmente aquellas que, directa o indirectamente, están en manos de entidades financieras”, puntualizan los registradores.
     Las comunidades autónomas con un mayor número de compraventas en el tercer trimestre de 2013 fueron Andalucía (15.782), Cataluña (12.411), Comunidad Valenciana (12.205) y Comunidad de Madrid (9.532).
     Los extranjeros como motor
     Este mayor movimiento en el mercado se debe en parte a los ciudadanos extranjeros como “uno de los factores dinamizadores más relevantes del mercado inmobiliario español”. En el tercer trimestre, esta demanda representó el 12% del total de las compras. En este sentido, los británicos mantienen la primera posición con un 14,7%, seguidos de franceses (11,4%), rusos (9,3%), belgas (7,2%), alemanes (6,9%), suecos (5,8%), noruegos (5,1%) e italianos (3,6%).
     Hipotecas más altas
     Por otro lado, el endeudamiento medio por vivienda se situó en el tercer trimestre en 100.877 euros, con un incremento del 5,7% con respecto al trimestre anterior. La cuota hipotecaria mensual media se situó en 581,4 euros, con un crecimiento en relación al segundo trimestre del 3,05%. El porcentaje de dicha cuota con respecto al salario bruto percibido alcanzó el 31%, aumentando 0,9 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre.
     El tipo medio de interés de los nuevos créditos hipotecarios en el tercer trimestre fue del 4% y en los últimos 12 meses del 4%. Los plazos de contratación se alargaron a una media de 21 años y 11 meses, con un incremento intertrimestral del 3,5%. A pesar de ello se trata de plazos próximos a los mínimos históricos. Los créditos a tipo de interés fijo ganan peso relativo, alcanzando en el tercer trimestre el 6,78% del total de nuevos créditos hipotecarios

 

Alerta en las eléctricas. Cada vez más españoles están dejando de pagar la factura de la luz

Miércoles, 27 de noviembre de 2013

     21/11/2013
     La noticia en elconfidencialdigital.com
     La morosidad roza ya el 7%. Iberdrola y Endesa negociarán con los clientes planes para saldar la deuda poco a poco
     Máxima preocupación en las sedes de las grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural). Están detectando que los impagos de la factura de la luz han crecido considerablemente en los últimos meses, por culpa de la crisis económica y también de las continuas subidas de la luz. La morosidad alcanza cifras récord.
     Factura de la luz.
     Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del sector, la morosidad de los clientes con las eléctricas se acerca ya al entorno del 7%.
     La cifra ha hecho saltar las alarmas en las cúpulas de las principales compañías, más aún si se tiene en cuenta que se acercan a la morosidad bancaria, uno de los sectores con mayor volumen de impagos en España, con un 12% a cierre de octubre.
     Grave situación
     Fuentes del sector energético a las que ha tenido acceso ECD admiten que las eléctricas son conscientes de esta grave situación.
     Además, les preocupa la previsión de que el problema amenaza con ir a más, porque la debilidad de la economía de muchas familias y empresas también va en aumento conforme pasa el tiempo y los efectos de la crisis se dejan notar más.
     Por ejemplo, no pasan por alto en las compañías que casi el 50% de los parados en España (es decir, alrededor de dos millones y medio de personas) se han quedado ya sin derecho a ningún tipo de prestación. Y no se espera que la tendencia se revierta a corto plazo.
     Planes urgentes de contingencia
     Según las fuentes consultadas, ante la situación de alta morosidad Iberdrola y Endesa se están viendo obligadas a diseñar planes de contingencia para ir saldando las deudas con los  consumidores. Vienen trabajando en cómo aplicar, en los próximos meses, fórmulas de pagos flexibles a sus clientes más vulnerables.
     Una de las medidas que están estudiando consiste en pactar con el consumidor la cantidad mensual que sus ingresos le permiten abonar, y aplazar el resto de la cuantía del recibo para los meses siguientes.
     Deudas de las administraciones
     Las eléctricas tienen más frentes abiertos, además de los impagos de particulares y empresas. Otro de sus grandes deudores son las administraciones públicas, sobre todo autonomías, diputaciones y ayuntamientos.
     En las compañías del sector destacan que la deuda de las corporaciones locales y de las autonomías resulta también “insostenible”. Algunos cálculos de expertos elevan esa cifra hasta los 500 millones de euros.
     Por ello, en algunos casos han empezado a cortar el suministro de luza algunas dependencias públicas ante la imposibilidad de cobrar las facturas.

     Cuatro subidas de la luz en un año
     El recibo de la luz subió un 3,1% el pasado 1 de octubre, lo que supone el tercer aumento en cuatro meses y el cuarto del año.
     En las revisiones de este año, el Gobierno no ha modificado la parte regulada, por lo que fueron las subastas, que afectan a cerca de 20 millones de hogares españoles y pymes, las que determinaron el precio.
     La media anual significa un encarecimiento por encima del 3,5%: en enero subió un 3%; en abril, descendió un 6,62%, y en julio, subió un 1,2%. En agosto, como consecuencia de la reforma eléctrica, se encareció un 3,2%.

 

 

Obertura mexicana. Luis Cobos

Martes, 26 de noviembre de 2013

Banco Popular también se deshace de la gestión de casi todo su ‘ladrillo’

Martes, 26 de noviembre de 2013

     Principio de acuerdo con Värde Partners y Kennedy Wilson
     Operación que la entidad financiera ha tasado en aproximadamente 800 millones de euros
     Traspasa gestión de créditos destinados a promoción y construcción y activos adjudicados
     El valor de la cartera vendida asciende a de 9.350 millones (6.500 millones de adjudicados)
     Europa Press Madrid : 25/11/2013 La noticia en elmundo.es
     Los bancos españoles continúan soltando su lastre inmobiliario y también sus filiales especializadas en el ladrillo. El último, Banco Popular, que ha alcanzado un principio de acuerdo con Värde Partners y Kennedy Wilson para la venta de la gestión de su negocio inmobiliario, aglutinado en su filial Aliseda, por aproximadamente 800 millones de euros.
     Dicha gestión incluirá la de determinados créditos destinados a promoción y construcción así como la de los activos inmobiliarios adjudicados, según ha anunciado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De este modo, sigue los pasos de Banco Santander y La Caixa, cuyas filiales inmobiliarias, Altamira Santander Real Estate y Servihabitat han sido adquiridas, en parte, por fondos internacionales.
     El valor neto contable de los créditos que gestionará la nueva sociedad será aproximadamente de 9.350 millones y el de los activos adjudicados alrededor de los 6.500 millones de euros. Como puntualizan desde el Popular a ELMUNDO.es, se vende parte del perímetro de los activos que gestiona Aliseda, en torno a tres cuartas partes, pero estos siguen perteneciendo al banco.
     El banco seguirá participando en la nueva sociedad
     La gestión del negocio inmobiliario se realizará a través de una sociedad en la que participará Banco Popular, con control por parte de Värde Partners y Kennedy Wilson, quienes aportarán su experiencia en la gestión de este tipo de activos.
     El cierre de esta operación está previsto para las próximas semanas, y permitirá a Banco Popular rentabilizar al máximo la gestión de su negocio inmobiliario y, a la vez, concentrar aún más el eje de su actividad en la banca minorista de las empresas, las pymes y las familias, sobre el que se asienta su modelo de negocio.
     Värde Partners y Kennedy Wilson se han impuesto a otras prestigiosas firmas
     El Popular ha contado con el asesoramiento de KPMG, asesor financiero principal y legal y con Lazard. PwC y Clifford Chance han sido los asesores de Värde Partners y Kennedy Wilson. Una vez cerrados completamente todos los extremos de la operación, en el que Värde Partners y Kennedy Wilson se han impuesto en un proceso competitivo a otras entidades de reconocido prestigio y solvencia profesional internacional, se darán a conocer los demás detalles relevantes de la misma.
     Värde Partners es un consultor de inversiones registrado, centrado en mercados alternativos con más de 7.000 millones de activos en gestión. La firma emplea a más de 160 personas con oficinas en Minneapolis, Londres y Singapur.
     Por su parte, fundado en 1977, Kennedy Wilson es una firma internacional de servicios e inversiones del sector inmobiliario, que cotiza en Nueva York. Con sede en Beverly Hills (California), Kennedy Wilson emplea 400 personas y cuenta con 24 oficinas, distribuidas entre los Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, España y Japón. Kennedy Wilson cuenta con aproximadamente 14.000 millones de activos bajo gestión y, con sus socios, adquirió más de 10.000 millones de activos inmobiliarios o relacionados con el inmobiliario desde principios de 2010.
     La entidad prevé que “en las próximas semanas” se perfeccione dicho principio de acuerdo en todos sus extremos, cuando dará a conocer los detalles de la operación, incluyendo el importe de la venta. Según comunicó el Banco Popular a la CNMV el pasado 30 de octubre, el incremento de la morosidad inmobiliaria a cierre del tercer trimestre ya está cubierto con las provisiones de los reales decretos, de modo que la entidad mantiene 1.800 millones de euros de provisiones genéricas pendientes de uso. La mora inmobiliaria del Popular se situó en 991 millones de euros.

Una docena de entidades pasa la tijera a sus depósitos tras la rebaja de los tipos del BCE

Martes, 26 de noviembre de 2013

     Recortes de hasta medio punto porcentual
     La noticia en elconfidencial.com 23/11/2013
     El escenario no puede ser más distinto de un año a esta parte. En la recta final de 2012 se escribían los capítulos más agresivos de la llamada guerra del pasivo con ofertas por captar dinero que, semana sí y semana también, pasaban por chapa y pintura para ganar atractivo. Rentabilidades que llegaron a alcanzar el 4,75% a 12 meses. Era la tónica habitual y una antítesis de lo que es hoy el mercado, dominado por rendimientos a la baja en las imposiciones a precio fijo. El entorno invita a ello, con el Banco Central Europeo (BCE) recortando el precio del dinero hasta el mínimo histórico del 0,25%. Tras anunciarse esta medida, en las dos últimas semanas la tijera ha estado muy afilada en estos productos bancarios y una docena de entidades ha rebajado las condiciones de sus ofertas.
     Constituye el epílogo de un año que ya comenzó a la baja para estos productos tras la sugerencia del Banco de España (BdE) para que las entidades caparan las rentabilidades de los depósitos. La repercusión esta recomendación es evidente. Según las últimas perspectivas de Analistas Financieros (AFI), las entidades podrán ahorrarse este año cerca de 2.400 millones de euros a la hora de remunerar los depósitos a sus clientes. Bueno para los bancos y sus maltrechos balances, malo para los ahorradores, que han asistido a lo largo de los últimos doce meses a una caída constante de la rentabilidad. Y ahora, tras el abaratamiento del precio final del dinero, llega el remate final.
     Banco Sabadell, Bankinter, Bankia, Espirito Santo, Novagalicia Banco… la lista de entidades que han decidido trasquilar sus imposiciones en las últimas semanas se alarga por momentos. “Las nuevas medidas adicionales de estímulo monetario fuera de la ortodoxia tradicional del BCE no invitan a pensar en una subida de la rentabilidades de los depósitos en el medio y largo plazo. A ello hay que añadir que las entidades están haciendo por aumentar sus ratios de capital, han suprimido dividendos y creemos que siguen escondiendo algunos agujeros en sus balances”, apunta Félix González, director de la eafi -empresa de asesoramiento financiero- Capitalia Familiar.
     En este contexto, encontrar un depósito remunerado al 3% en el mercado actual se ha convertido en una utopía reservada para los bolsillos más pudientes y siempre con negociación extraoficial a pie de ventanilla. El pasado 15 de octubre Espirito Santo volvió a resucitar a su mejor fetiche, Cristiano Ronaldo, para comercializar su depósito al 3% TAE. La campaña no durado ni un mes, ya que la entidad portuguesa, no afectada por las sugerencias del BdE, ha acabado rebajando la rentabilidad de su depósito a un año, contratable desde 50.000 euros, al 2,8%.
     No era la única entidad que ofrecía un 3%. Bankinter también presentaba una de las ofertas más atractivas del mercado… hace un mes. Este es el tiempo que ha tardado en rebajar la rentabilidad de su depósito a 13 meses, contratable desde 10.000 euros, primero al 2,75% y en las últimas semanas al 2,5% TAE. “Tratamos de adaptarnos a las condiciones del mercado y revisamos cada quince días las rentabilidades de nuestros productos. Si no hay nada extraño, lo normal es que de aquí a final de año la remuneración por nuestro depósito no vaya a más”, apuntan fuentes comerciales de la propia entidad.
     El tercer jugador en discordia que se había agarrado al 3% para captar clientes era Banco Popular a través de su Depósito Gasol. En este caso, la oferta apelaba a aquellos clientes que aumentaran su inversión en los productos de la entidad. Hoy las cosas son bien distintas. Popular ofrece un 2,25% a 25 meses, un 1,75% a 14 meses y un 1,5% a un año.
     Rebajas de hasta 0,5 puntos porcentuales
     El recorte es generalizado y no entiende de entidades o plazos. En el caso de Bankia es donde resulta más significativo. Los depósitos Bankia Link, contratables por Internet desde mil euros, han aplicado recortes en toda su gama comercial. 0,25 puntos porcentuales menos a los plazos de uno, tres, seis y doce meses que se quedan en el 1,25%; en los de 13 y 24 meses que quedan en el 1,75%. Por su parte, en los de 25 y 36 meses se rebajan 0,5 puntos porcentuales hasta el 2%.
     Banco Sabadell también se suma a esta tendencia, al pasar la rentabilidad de su depósito online a doce meses del 1,5% al 1,25% TAE y a 30 meses del 1,90% al 1,75%. Por su parte, Novagalicia Banco ha recortado sus depósitos a plazo fijo, pasándolos del 1,45% al 1,25% (a doce meses); del 1,25% al 1% (a seis meses) y del 1,05% al 0,75% (a tres meses).
     Otras entidades que no han dudado a la hora de pasar la tijera a sus productos son Finantia Sofinloc (del 2,8% al 2,6% a 14 meses desde 50.000 euros), Banco Pichincha (del 3% al 2,8% a 12 meses desde 50.000 euros), Triodos Bank (del 1,5% al 1,25% a 12 meses desde 1.000 euros), Cajasiete (del 2% al 1,75% a 15 meses), Caja 3 (del 1,5% al 1,25% a 3 meses desde 1.000 euros) y Caja de Ingenieros (del 1,25% al 1,10% a 15 meses).

 

Huapango de José Pablo Moncayo. Alondra de la Parra dirigiendo la Orquesta Filarmónica de las Américas

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Nueva Junta Directiva

Lunes, 25 de noviembre de 2013

     En la Asamblea de la Asociación Independiente de Registradores de España celebrada en Madrid el 8 de noviembre de dos mil trece, se adoptó por unanimidad el acuerdo de elegir la siguiente Junta Directiva de la Asociación:

Presidente y tesorero: D. Fernando Trigo Portela
Vicepresidente y secretario: D. Alberto Montes O’Connor
Vocal: D. Luis Alfredo Suárez Arias
Vocal: D. José María Gómez Valledor
Vocal: D. Miguel Soria López
Vocal: D. Germán Gómez Gacto

     Doña Nieves Ozamiz Fortis y Don Francisco Javier Gómez Jené han cesado en sus cargos al haberse incorporado a la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores como Censor Interventor y Secretario respectivamente.

El dinero exterior mueve el 4% del sector inmobiliario

Lunes, 25 de noviembre de 2013

     La provincia aún espera que se extienda la fiebre de la inversión extranjera
     P.I. Cádiz |  23.11.2013 – La noticia en diariodejerez.es
     El segundo trimestre de 2007 marcó el punto más alto de las transacciones inmobiliarias en la provincia con clientes extranjeros. Aquella primavera se vendieron 335 viviendas a 235.526 euros de media el metro cuadrado. Fue un gran año para Sotogrande y también lo fue para Vejer, las dos zonas donde se concentra una mayor población extranjera. Pero además los bancos rifaron hipotecas entre inmigrantes, las primeras víctimas del desplome del empleo. La situación actual es muy distinta. En el segundo trimestre de este año los extranjeros compraron en la provincia 101 viviendas, casi ninguna de ellas con hipoteca, y el importe medio fue de 180.000 euros. Para el sector es un dato alentador porque en estos tres últimos años casi ningún trimestre ha superado el centenar de operaciones. Quizá sea el indicador que estaba esperando lo que queda del mercado inmobiliario, tras ser arrasado por la crisis: que venga el dinero de fuera que ya está llegando al Levante, Baleares y Málaga…

     La estadística registral inmobiliaria, que realiza el Colegio de Registradores, pone datos a esta tendencia. En el último año los extranjeros realizaron el 11% de las operaciones inmobiliarias en nuestro país. En provincias como Alicante los extranjeros compraron una de cada tres viviendas el último año y en Málaga, Tenerife o Baleares suponen un 25% del mercado. En la provincia, con un 3,89% de la tarta del sector, aún se está muy lejos de ese peso del dinero de fuera. Ahora mismo, el Ministerio de Fomento, que en el año 2011 inició lo que se llamó un road show (arrancó en Londres y siguió en Moscú) para vender stock inmobiliario del banco malo en el extranjero, afirma en sus estadísticas que en el segundo trimestre de 2012 los extranjeros invirtieron en propiedades inmobiliarias 17 millones y medio en la provincia. Está a años luz de los 356 millones de Málaga y por debajo de Almería y Granada, que rozaron los 20 millones de euros. Por nacionalidades, los que más compran son los británicos, seguidos por franceses, rusos y alemanes. La irrupción rusa al tercer puesto del ranking tiene una segunda lectura porque sin ser los que más compran, sí que compran a lo grande y compran nuevo. Tienen el 36% del mercado de viviendas de más de cien metros cuadrados y suben al segundo puesto en montante de inversión.

     Sin embargo, los rusos no han llegado a la provincia, que se sigue nutriendo del mercado británico y el alemán.

     Los hermanos Ruiz Amo, Carolina y Pablo, ambos con gran experiencia en el extranjero dentro del sector, han puesto en marcha en Jerez Urban Oasis, una inmobiliaria orientada a la captación de inversión exterior. Carolina explica que “contamos con un equipo que domina varios idiomas porque nuestra tarea no está sólo en el proceso puro de compra-venta, sino en el asesoramiento y supervisión de la operación”. De momento, esta firma ya ha detectado el interés: “Se nos demandan propiedades en el centro de Jerez que sirvan como segunda vivienda paras venir a vivir aquí la mitad del año”. El negocio funciona con conexiones internacionales que nutren la cartera de clientes extranjeros, que tienen noticias de que en España se puede comprar barato. De hecho, si hace cinco años las viviendas orientadas a este mercado rondaban los 1.500 euros al año, en la actualidad -en precios de venta, no de oferta- estamos hablando de 500 euros. Una vez más, son los ingleses los que mayor interés muestran en este tipo de oferta que vende “sol, historia, patrimonio y cultura”.

     En la tarta de reparto, curiosamente, no aparecen los alemanes, más centrados en sol y playa y que son los principales clientes de los hoteles del Novo Sancti Petri, en Chiclana. Óscar Eimil es registrador de la propiedad en Medina y, por tanto, un adecuado observador de la situación. Para él, todavía no se han producido los cambios que muevan el mercado inmobiliario en la zona de manera significativa. “Siempre existe un goteo, pero lo cierto es que seguimos esperándolos”.

 

Afectados por las cláusulas suelo se concentran hoy en Málaga, Marbella y Torre del Mar para pedir su eliminación

Lunes, 25 de noviembre de 2013

     Reclaman que los bancos que aún no lo han hecho acaten la sentencia sobre su nulidad, ratificada por el Tribunal Supremo
     24.11.13 – Amanda Salazar | Málaga El artículo en diariosur.es
     Una veintena de personas se ha concentrado hoy en la entrada del Puerto de Málaga para denunciar los abusos de las entidades financieras y exigir la eliminación de las cláusulas suelo. La Plataforma de Afectados por las Cláusulas Suelo a nivel nacional ha convocado otras 18 protestas en todo el país. En la provincia, los afectados se han dado cita en la capital, Marbella y Torre del Mar.
     «Pedimos a los bancos que todavía no lo han hecho que acaten la sentencia que anula estas fórmulas financieras abusivas, un fallo que ha sido ratificado por el Tribunal Supremo», explica Miguel Bueno, uno de los participantes. «Se está dando una situación de desigualdad porque tres entidades bancarias ya han eliminado las cláusulas suelo, pero todavía hay otras que se resisten», explica Mari Carmen Jiménez. Jiménez acude a la concentración para denunciar el caso de su hermano y su cuñada, que cuentan con una hipoteca de 836 euros mensuales cuando podría estar pagando 650 si no tuviese esta cláusula. Ahora mismo, explica, él está en el paro y con el sueldo de ella no llegan a fin de mes. «No les hablaron de estas condiciones cuando firmaron ante el notario su hipoteca, como a tantas otras familias», dice.
     La Plataforma de Afectados por las Cláusulas Suelo cifra en 4 millones los afectados por estas condiciones.

 

Las deudas de España y el papel del sector público

Domingo, 24 de noviembre de 2013

     Artículo de opinión de Joaquín Trigo, Director General del IEE, en El Economista el 23 de octubre de 2013
     El esfuerzo de todas las instancias del país para reducir su deuda es encomiable pero, hasta ahora, insuficiente, a pesar de los recortes y sacrificios de toda índole. Para considerar lo que se está haciendo a este respecto, quizá fuera mejor hablar de deudas en lugar de una deuda genérica y, así, se tendrían seis deudas agregadas: la de las sociedades no financieras, la de las instituciones financieras, la que corresponde a las Administraciones públicas, la de los hogares, la de la vivienda y el resto. Cada una de estas deudas es muy elevada, hasta el punto que tres de ellas superan el PIB y siguen aumentado, sólo una, la de las familias, la menor, la reduce. 
     Las administraciones públicas tienen una parte clara, la Administración Central, y otra menos conocida a medida que son más pequeñas. En algunos ayuntamientos, se recurrió a crear empresas, algunas claras y otras opacas. Las segundas, con la presencia de varias entidades ninguna de las cuales llegaba al umbral que obliga a declararlo. Otros ayuntamientos  pidieron a su Diputación que les hiciera la limpieza de las aceras y la recogida de las basuras, así el coste no es imputable al ayuntamiento ni tampoco otras tareas que en la misma provincia suelen hacer empresas privadas. El resultado fue que había Ayuntamientos con dificultades de pago por exceso de obras, de la contratación excesiva o de ambas cosas. El exceso de personal se ha reducido en cifras de seis dígitos. Este hecho explica que no se haya reducido el número de parados, a pesar de las nuevas incorporaciones, del retorno de algunos inmigrantes, y de la emigración de otros. Por otra parte se explica que el esfuerzo de reducción de la deuda pública no lograse lo esperado pero, al menos, ha servido para ponerse en situación de conseguirlo en breve. 
     Hasta hace poco las empresas creadas por los ayuntamientos, y otras entidades públicas, tenían un tratamiento preferente por parte de la banca, ya que esta no estaba obligada a hacer provisiones para cubrir los fallidos derivados de estas. Tras esas experiencias cabe esperar que esas actuaciones se limiten a lo urgente. La exigencia de rigor financiero no sólo deriva de los malos usos sino que se ha extendido a la puesta en cuestión el total de ayuntamientos, que se consideran excesivos en número, gravosos e ineficientes. Las razones que justificaron sus desdobles van desde la dificultad de actuación desde una población a otra hasta la alegación de que desde el consistorio no se tenía la debida consideración con otras poblaciones. Esas causas, reales o presuntas no tienen lugar en una sociedad sana que debería regirse según criterios de igualdad y de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
     Países tan diferentes como Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica y otros,  tienen en común frente a España un menor número de Landers y Ayuntamientos. En los cuatro casos la comparación con España es parecida en cuanto a que tratan de evitar el “minifundismo municipal” y buscan reducir el número de municipios facilitando su fusión y potenciando a sus mancomunidades. Así, en Alemania, la media del número promedio de habitantes en los Ayuntamientos es de 7.014 y el número de municipios 11.481; en Bélgica de 18.837 para 589 municipios; en El Reino Unido 146.645 con 433 municipios; en Portugal 34.228 de media en sus 308 municipios. En España 5.768 es la media de personas en sus 8117 municipios. Hay un país que tiene aún menos que España, Francia que con 36.700 municipios tiene una media de 1780 personas  por municipio. En realidad hay países en los que los residentes en sus ciudades son mayores o menores, pero en el nuestro, la figura de la Diputación debería de ser suficiente para colmar las necesidades a las que no llegan los Ayuntamientos y el número de estos reducirse en lo posible, al tiempo que, los entes interpuestos entre ellos y las Diputaciones, donde los hay, se podrían eliminar.
     Cuando hay una proliferación de Administraciones sin que sus competencias estén prefijadas puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en unas se aumenten en exceso los servicios ofrecidos y que en otras falten, al que tiempo que los ciudadanos y las instancias superiores desconozcan los costes en que se ha incurrido. Un nivel mayor lleva a una crisis generada directamente por algunas las Administraciones Públicas, aunque sean subcentrales, lo que  es algo impropio del momento de crisis actual. De hecho, estas circunstancias parecen más propias de las necesidades de los reinos de taifas que de un país moderno, porque llevan a aumentos fiscales generalizados, de modo que se buscan y se encuentran tasas por verificación de bares y restaurantes y se imponen verificaciones que parecen saltar de una a otra comunidad autónoma. Por suerte, pero al ritmo que obliga la normativa vigente, se está trabajando en remediar dislates como los expuestos. Es obvio que los excesos son caros, su efecto era previsible y sus efectos evitables. Lenin solía decir que “es preferible menos pero mejor”. Qui prodes.
     El Consejo de ministros aprobó el 26 de julio de 2013 el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Trata de acabar con competencias impropias de los Ayuntamientos. Incentiva las fusiones voluntarias y se aumentan las trabas a las escisiones y las creaciones de nuevos municipios. Se potencia a las Diputaciones provinciales para mejorar la prestación de servicios mínimos obligatorios en municipios de menos de veinte mil habitantes. Se exige publicar el coste efectivo de sus servicios … y se espera un ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2113-2019. “Que así sea” … las trabas están en un lado y la preferencia de algunos ediles en otro.

 

Los juristas, con el juez que duda de la constitucionalidad de la ley hipotecaria

Sábado, 23 de noviembre de 2013

     “El legislador puede obviar el derecho a recurso, pero de concederlo ha de ser para todas las partes por igual”, sostiene el catedrático Miguel Presno
     22.11.2013 | Francisco L. Jiménez. El artículo en lne.es
     La decisión del juez avilesino Joaquín Colubi Mier de plantear una causa de constitucionalidad referida a la ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios generó ayer vivos debates en foros especializados de Internet y más de un corrillo en medios judiciales, especialmente los avilesinos, donde el magistrado Colubi ejerce desde hace casi un lustro y es conocido por su forma metódica de trabajar y su carácter reflexivo. El asunto también mereció comentarios en el ámbito universitario, donde dos de los mayores expertos asturianos en la Carta Magna, el catedrático de Derecho Constitucional Francisco José Bastida y el profesor de esa misma disciplina Miguel Ángel Presno, expresaron una concordancia de criterio con el juez Colubi en tanto que ellos también aprecian una aparente discriminación en el diferente tratamiento que da la nueva ley hipotecaria a la parte ejecutante de un desahucio (habitualmente las entidades financieras) y la parte ejecutada (normalmente una familia). “El derecho a recurrir en segunda instancia no siempre tiene por qué ser concedido por el legislador, pero en caso de existir tiene que ser accesible para todas las partes, debe haber igualdad de armas procesales”, manifestó Presno.
     “Desde luego rechina y suena raro que la una ley, en este caso la nueva sobre regulación hipotecaria, dé más garantías procesales a los bancos que a los ciudadanos de a pie. En caso de que esa apreciación del juez que ha promovido el auto de constitucionalidad se confirme en más altas instancias estaríamos hablando de una desigualdad no justificada -esto último de la justificación también es importante- y por tanto de discriminación pura y dura, algo que no tiene cabida desde un punto de vista constitucional pues, como bien razona el juez, atentaría contra los artículos 14 y 24 de la Carta Magna”, razonó el catedrático Bastida.
     El también experto en Derecho Constitucional Miguel Ángel Presno pone un ejemplo para la mejor comprensión de la supuesta inconstitucionalidad que plantea el juez Joaquín Colubi y para ello se traslada al ámbito penal: “¿Qué sentido tendría que un condenado pudiera recurrir su condena pero la acusación no pudiera hacer lo mismo en caso de absolución? En este caso viene a ser lo mismo: una parte (las entidades financieras) parecen gozar de un derecho procesal (el recurso en instancias superiores) del que está privada la otra parte (el deudor hipotecario). Esto, de ser así, es claramente contrario al sentido común, a los principios básicos del Derecho y a la Constitución”.
     Ambos expertos en leyes reseñan que no siendo habitual que un juez de primera instancia promueva un auto de constitucionalidad, tampoco es una absoluta rareza. Y en ese sentido hacen ver que esta herramienta jurídica ha sido usada profundamente en los últimos años a raíz de leyes controvertidas como la de violencia de género o la que fijó las nuevas tasas judiciales. En el caso de la ley reguladora de la violencia de género, las dudas sobre su constitucionalidad también tenían que ver con una supuesta discriminación: la de los hombres en relación a las mujeres, pues la ley prevé penas más graves para éstos cuando lesionan a una fémina que a la inversa. Aquella iniciativa, finalmente, no prosperó en el Constitucional.
     Francisco José Bastida opina que el juez Colubi “hizo lo correcto” al plantear su duda sobre la constitucionalidad de un artículo de una ley que debe aplicar para juzgar un caso llegado a su sala: “Un juez no puede inaplicar una ley por interpretar que es anticonstitucional; lo que procede hacer en esos casos es exactamente lo que hizo Colubi Mier: trasladar la cuestión al Constitucional y esperar a que se pronuncie”.
     Miguel Ángel Presno indica que el procedimiento ahora abierto por el juez Colubi plantea un escenario interesante de seguir: “Por lo pronto, los casos que estaban siendo juzgados quedan en suspenso; y así seguirán probablemente varios años porque el ritmo de trabajo del Tribunal Constitucional es lento. Si el pronunciamiento final es favorable a la tesis de la anticonstitucionalidad, esto afectaría de lleno a los casos que motivaron el auto del juez y también a todos los que estén en proceso de juicio en ese momento; lo que sería poco probable es un efecto retroactivo que afectase a lo ya juzgado. Y si el fallo del Constitucional es desestimatorio, pues todo seguiría igual”.
     Ambos juristas consultados por este diario eludieron pronunciarse sobre las razones que pueden haber llevado al legislador a introducir en la nueva ley hipotecaria una cláusula aparentemente injusta que perjudica a la parte más débil de una ejecución hipotecaria. “Se tiende a sobreestimar la mala fe del legislador cuando lo habitual es, sencillamente, la comisión de un error o que hubo un despiste; sea como sea, eso no es excusa: si algo es anticonstitucional debe ser cambiado”, apuntó Presno.

 

Huapango de Moncayo

Viernes, 22 de noviembre de 2013

Santander vende su inmobiliaria Altamira al fondo Apollo por casi 700 millones de euros

Viernes, 22 de noviembre de 2013

     La primera entidad en soltar su ‘ladrillo’
     21/11/2013 La noticia en elconfidencial.com
     Faltan los flecos de la financiación, pero si nada se tuerce a última hora el fondo de inversión Apollo habrá cerrado su adquisición más importante en España. La firma con sede en Nueva York se ha impuesto en la subasta por Altamira Real Estate, la división inmobiliaria del Banco Santander, por la que se ha comprometido a pagar algo menos de 700 millones de euros. Fuentes oficiales han declinado ofrecer detalles, ya que el precio definitivo está todavía sujeto a cuestiones de financiación.
     Tras un proceso de menos de tres meses, Santander ha vuelto a ser la primera gran entidad en soltar su negocio inmobiliario (promoción, desarrollo y gestión de activos). El interés existente en el mercado animó al banco presidido por Emilio Botín a encargar un proceso a PwC para que gestionara la venta a la vuelta del verano. Como en otro tipo de subastas de activos financieros o inmobiliarios, los interesados en esta operación volvieron a ser los mismos grandes inversores de casi siempre.
     Al final, Apollo firmó el viernes pasado una carta de intenciones que le concede exclusividad sobre el otro finalista, Centerbridge (propietario de Aktua, el antiguo gestor de recobro de Banesto) para resolver la inversión a su favor. Al corte final no llegaron los fondos Cerberus (Bankia Habitat) ni Starwood, que fueron peores que las ofertas principales, después de que se decidiera incluir activos inmobiliarios, además del contrato de gestión de los inmuebles, incluida estructura operativa y plantilla.

Cemex se enfrenta a una sanción tributaria de unos 450 millones de euros

Viernes, 22 de noviembre de 2013

     La sociedad puede recurrir la multa ante el Tribunal Económico Administrativo
     La cementera registró pérdidas fiscales incluso en los años del auge inmobiliario
     La inspección en Cemex provoca un revuelo en la Agencia Tributaria
     Jesús Sérvulo González Madrid 22 Noviembre 2013 – La noticia en elpais.com
     La multinacional cementera Cemex, cuya inspección ha provocado una crisis en la Agencia Tributaria, se enfrenta a una multa tributaria de unos 450 millones de euros. El fisco le abrió un expediente de sanción por simular supuestamente pérdidas contables para rebajar su factura tributaria, según relatan varias fuentes no oficiales de la Agencia Tributaria (AEAT). Como consecuencia de ello, la institución pública estatal habría dictaminado que la empresa, de capital mexicano y domiciliada en España, tiene que minorar sus créditos fiscales en unos 3.000 millones de euros, lo que habría provocado la sanción tributaria, según explican más de tres fuentes internas de la Agencia Tributaria, que admiten que la multa podría ser incluso mayor.
     La empresa declinó este jueves ofrecer su versión sobre su situación tributaria. Pero aún puede recurrir al Tribunal Económico Administrativo Central para eludir el pago de la multimillonaria sanción. Incluso podría acudir a los tribunales contenciosos administrativos para tratar de esquivar la decisión de la Agencia Tributaria.
El fisco investigó la situación fiscal de la empresa entre 2006 y 2009
     Las últimas cuentas anuales depositadas por la multinacional en el Registro Mercantil, correspondientes a 2012, revelan que la sociedad acumula unos créditos fiscales de 7.410 millones de euros derivados de operaciones entre empresas del grupo. Los altos gastos financieros, de 656 millones, originados en su mayoría entre filiales, apuntan a una planificación fiscal para reducir al mínimo la factura fiscal al menos hasta 2030. Muchas multinacionales utilizan una estructura societaria parecida para trasladar las pérdidas a la matriz y rebajar el pago al fisco.Tanto la Agencia Tributaria como el Ministerio de Hacienda rechazan comentar la situación concreta de un contribuyente alegando que lo impide la Ley.
     Una inspectora de Hacienda de la oficina técnica de la dependencia de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria desestimó hace unas semanas un recurso de reposición presentado por la empresa contra la sanción. La inspectora adoptó la decisión en contra del criterio de la dirección, lo que provocó su destitución “fulminante”, según la versión de varios inspectores de Hacienda consultados por este diario. La inspectora rechazó el recurso porque la empresa había presentado las mismas alegaciones que ya fueron denegadas por otros inspectores de Hacienda cuando propusieron la sanción. Este cese ha provocado una grave crisis en la institución.
     La cementera, con filiales por todo el mundo, acumula unos créditos fiscales por bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades de 7.410 millones de euros, lo que le permite reducir su base imponible sujeta al impuesto al mínimo y escapar al pago de impuestos. El Gobierno limitó esta deducción el año pasado.
Hacienda evita hacer comentarios sobre casos concretos de contribuyentes
     Solo en el año 2009, la cementera se anotó créditos fiscales por 3.729 millones de euros por las pérdidas de las participaciones en sociedades del grupo y por plusvalías exentas por la venta de sociedades del grupo, según se refleja en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Precisamente el año 2009 es uno de los investigados por la Agencia Tributaria. Incluso en 2007, punto álgido del boom inmobiliario que impulsó al sector del cemento, la empresa facturó 12.560 millones de euros y también se anotó unos créditos fiscales por bases imponibles negativas de 1.103 millones de euros por lo que no tuvo que pagar a Hacienda.
     Después de tres años de investigación, los inspectores consideran que unos 3.000 millones de los 7.400 millones de bases imponibles negativas son supuestamente simuladas y corresponden a operaciones entre empresas del grupo, según detallan varios inspectores. Esta planificación fiscal origina una sanción del 15% de la base imponible acreditada. Según este baremo, la multa impuesta a la empresa ascendería a unos 450 millones de euros.
     El gigante cementero tiene abierta un acta de inspección desde el 7 de julio de 2011 en todos los impuestos que le son aplicables entre 2006 y 2009, según explica la propia empresa en sus cuentas anuales de 2012. La sociedad contabilizó una provisión de siete millones de euros al cierre del ejercicio pasado por la inspección en el IRPF y el IVA, en el que se incluyen los intereses de demora y las posibles sanciones.

 

El Congreso aprueba recomendaciones para evitar abusos como el de las preferentes

Jueves, 21 de noviembre de 2013

     El informe habla de la información de productos financieros e hipotecarios
     Se sugiere un plazo de reflexión de entre 24 y 48 horas antes de firmar
     Habría que reforzar las materias relacionadas con la formación financiera
     La noticia en rtve.es / europa press – Madrid 20.11.2013
     La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este miércoles el informe propuesto por la subcomisión de Transparencia sobre la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, que propone algunas ideas y cambios normativos con el objetivo de proteger a los consumidores y evitar que se repitan abusos como el de las participaciones preferentes y la deuda subordinada.
     El documento recoge entre otras propuestas que los bancos estén obligados a informar a sus clientes del valor estimado teórico de los productos complejos antes de tramitar la orden de compra o venta, o cuando dicho valor “se desvíe significativamente a juicio de la entidad del último valor de referencia en el mercado”.
     Además, cuando la entidad ofrezca liquidez del producto directamente se debería aportar el precio de compra estimado que tendría al día siguiente de la contratación, así como aportar escenarios de la posible evolución del valor de este tipo de productos.
     Para garantizar la máxima protección del consumidor, se sugiere asimismo darle un plazo de reflexión mínimo obligatorio de entre 24 y 48 horas desde que recibe la documentación hasta que tiene que firmar la contratación.
     Vigilar la función de informar de los notarios
     Con respecto a los préstamos hipotecarios, se debe “vigilar el estricto cumplimiento” de la función básica de los notarios de informar a las partes sobre lo que están firmando, y se debe garantizar que los ciudadanos sepan que tienen derecho a elegir el notario y que no deben aceptar el que proponga la entidad bancaria.
     Asimismo, se insta a adoptar reformas legales para “fortalecer la independencia” de las sociedades de tasación, abrir “cuanto antes” un portal de subastas judiciales y extrajudiciales online para que haya más postores y se maximice el valor del bien subastado, e informar a los clientes de que no están obligados a suscribir un seguro del préstamo con la misma entidad y de las condiciones del crédito si lo hace y si no.
     El otro tipo de producto utilizado por la mayoría de ciudadanos medios es el depósito bancario y, en este sentido, la subcomisión insta al Gobierno a continuar trabajando tanto a nivel nacional como comunitario para garantizar que gozan del “máximo nivel de protección”. No se hace mención ninguna, no obstante, a las comisiones bancarias, que también fueron recogidas por algunas formaciones como el PSOE en su propuesta de conclusiones.
     Señalar el riesgo de las diferentes inversiones
     Con respecto a los instrumentos de inversión, el informe pide que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emita un informe sobre la implantación de los criterios de asesoramiento en los servicios de inversión recogidos en el MIFID -Directiva sobre mercados de instrumentos financieros- y sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
     Además, antes de vender este tipo de productos deberían ser catalogados en función de riesgo y complejidad, valorando incluso un código de colores para que el sistema sea más gráfico. Y también se recoge la previsión de que al compra de este tipo de productos se tenga que acreditar con una acopia firmada de toda la documentación informativa entregada al cliente.
     La subcomisión considera necesario aumentar la periodicidad con la que las entidades financieras informan a sus clientes inversores sobre la situación de sus valores en el mercado y sus estados de posición periódica. Para cualquier conflicto que pueda surgir, se aboga por implantar algún sistema de resolución alternativo a la vía judicial, poniendo como ejemplo el buen funcionamiento del arbitraje en el caso de las participaciones preferentes.
     Fomentar la educación financiera
     En un plano más general, el informe que debatirá la subcomisión recoge algunas otras propuestas como reforzar en los programas educativos las materias relacionados con la formación financiera, particularmente en lo relativo al alcance de los contratos y a que “al pago de las deudas se responde con todo el patrimonio presente y futuro”.
     En la misma línea, se defiende la necesidad de implantar ciclos formativos para los empleados encargados de comercializar los productos financieros para que sean capaces de explicarlos a sus clientes y responder cualquier tipo de duda.
     En cualquier caso, la subcomisión parlamentaria cree que hay que “evitar políticas de incentivos de los empleados que puedan alentar prácticas de comercialización excesivamente agresivas y que entren en conflicto con la obligación de informar al cliente”, para lo que sugiere códigos de conducta internos que deban hacerse “públicos y accesibles” a la ciudadanía.
     “Las entidades bancarias deberán reflexionar sobre los excesos cometidos que han llevado a la comercialización de productos claramente inadecuados para ciertos clientes. Esa reflexión debe ser constructiva y conducir a la puesta en marcha de las acciones necesarias para evitar que se vuelva a repetir”, señala el informe.

No es un 13%, sino un 17%: así se esconde la morosidad en España

Jueves, 21 de noviembre de 2013

     S. McCoy 20.11.2013 El artículo en elconfidencial.com
     El Banco de España publicó el martes los datos de morosidad de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito que operan en nuestro país correspondientes al mes de septiembre de 2013. La cifra agregada ascendió al 12,68% sobre el total de financiación crediticia concedida, esto es, 187.830 millones de euros, el volumen más alto desde que el supervisor compila estos datos. Un número, en cualquier caso, sabido toda vez que llega con posterioridad a que la gran mayoría de las instituciones financieras españolas hayan hecho públicas sus cuentas anuales a cierre del tercer trimestre. Para los que hicieron en su momento los deberes, no deberían suponer sorpresa alguna. Al contrario.
     Porque, si se estudian con detenimiento los balances depositados en la CNMV, no es difícil concluir que este porcentaje oficial cercano al 13% que hace que muchos se lleven las manos a la cabeza es, en realidad, sustancialmente superior. Basta, simplemente, con llamar a las cosas por su nombre y desentrañar los –burdos, en ocasiones– intentos de algunas entidades de enmascarar la realidad. Así, por ejemplo: el Popular ha decidido extender el tamaño del denominador para incluir en él no sólo los créditos, sino todos los activos con riesgo. Si se hiciera el ajuste contrario, la mora reconocida del 11,84% (por encima del BBVA -10,68%-, en línea con CaixaBank -11,40%- o la parte doméstica del Santander -11,34%- y por debajo de Bankia -13,56%-) saltaría al 15,37%, décima arriba, décima abajo. Un cambio, sin duda, sustancial. El Sabadell, por su parte, hace uso legítimo de la EPA como instrumento para conjurar, a los ojos de los mercados, la pésima herencia que, en esta materia, le dejó la adquisición mediante correspondiente subasta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo o CAM. Así, admite, en función o no de su inclusión, una morosidad que salta del 12,61% ‘sin’ al 19,21% ‘con’. Es evidente con qué dato a efectos reales, y más allá de la ayuda del Gobierno, habría que quedarse.

     De hecho, falta, como señalábamos antes, referirse en puridad a las cosas. ¿Qué son si no los adjudicados incobrables que sustituyen una financiación a priori rentable por una fuente de gastos en mantenimiento, seguros e impuestos como las casas, oficinas, naves o solares? Pues bien, en el gráfico anterior se puede observar qué ocurre cuando nos vamos a lo que algún Servicio de Estudios ha dado en llamar ‘morosidad ampliada’, que incluye esta partida. Las alteraciones en los datos son significativas hasta el punto de que sólo uno de los 5 grandes (excluido el Sabadell, en el que las cifras pueden llevar a error por lo anteriormente comentado) se sitúa por debajo del umbral del 16%, siendo especialmente relevante la modificación en el caso del Popular. ¿Una referencia válida para el resto del sector?
     Los más optimistas dirán que hay razones para la esperanza en la medida en que parece que la situación económica en España se estabiliza y que parte de este desaguisado ha sido causado tanto por las reclasificaciones crediticias exigidas por el Banco de España como por el llamado ‘efecto denominador’ por mor del cual para un mismo nivel de morosidad absoluta, si el crédito total del sistema cae, como ha sido el caso, la relativa o porcentual aumenta (no es lo mismo 10 sobre 100 que sobre 9,5 y es el crédito solvente el que se repaga y desaparece).
     Nada que objetar a la burbuja de confianza macro no respaldada estadísticamente reciente. Por si acaso, desde aquí venimos aconsejando desde hace tiempo no bajar la guardia. Sí que son susceptibles de objeción los otros dos argumentos en la medida en que aún queda mucho por hacer en el tránsito de refinanciados a dudosos, por una parte, y, por otra, las variaciones a la baja en el total prestado por muchas firmas apenas influyen, salvo en el caso de Santander y Bankia, en su porcentaje de potenciales incobrables. Así se acredita en este otro chart.

     El impacto de este crecimiento de los activos dudosos es una caída significativa de los niveles de cobertura tanto general como inmobiliaria (más aún cuando en entidades como Bankia o Santander el peso de la financiación problemática al ladrillo, incluidos adjudicados, roza el 90% del total) en un entorno de presión sobre la rentabilidad del stock de crédito, ausencia de nueva producción, discusiones sobre el cómputo en capital de la deuda pública y un coste del pasivo aún no normalizado en nuestra banca en comparación con los competidores internacionales que limitan las posibilidades de provisionamiento y recapitalización. Si se añadiera, además, a la ecuación la porción de refinanciaciones ‘buenas’ que no lo son… nos iríamos fácilmente a umbrales del 17-18% de morosidad y a umbrales preocupantemente bajos de protección..
     Pero, ya saben, para ministerio y supervisor, el Brian de los Monty Phyton sigue siendo el modelo a seguir: Always look on the bright side of life. El problema está resuelto, el rescate concluido y aquí paz y después gloria. La verdad verdadera es que la mora del sistema está más cerca del 17% que del 13% y que, cuanto antes se reconozca pública y privadamente, menos sobresaltos nos llevaremos con cada dato trimestral, con cada revisión anual, con cada stress test ocasional. Y evitaremos así el bíblico llanto y rechinar de dientes en la única reforma que, aun incompleta, se da oficialmente por concluida.
     Amén.

 

Enhorabuena!

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

Renovación del CGPJ: ¿Quién es quién?

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

     Los perfiles de los ocho vocales no judiciales elegidos por los grupos
     Javier Álvarez / Alberto Pozas   19-11-2013 – En cadenaser.com
     El acuerdo para renovar al Consejo General del Poder Judicial fraguado por los dos grandes partidos solo ha sumado los apoyos de CIU, PNV e Izquierda Unida y se ha anotado el rechazo del resto de los grupos de la oposición que una vez se han quedado al margen del pacto. El Partido Popular se reserva tres de los ocho asientos de los vocales no judiciales; el PSOE, dos y CIU, PNV e Izquierda Unida se reparten uno cada uno.
     Pacto para renovar el Poder Judicial
     Propuestos por el PP:
     Nuria Díaz Abad: Abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Subdirectora General de Asuntos de la Unión Europea e Internacional. Ha escrito y participado en varias ponencias sobre la liberalización de servicios y condicionamientos comunitarios o las reformas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue quien reunió a las diputaciones vascas en 2010 para analizar la posible multa multimillonaria propuesta por Europa por no haber recuperado las ayudas fiscales que se concedieron a unas 300 empresas vascas a lo largo de la década de los noventa, unas ayudas que posteriormente fueron declaradas ilegales y contrarias a la libre competencia por el Tribunal de Justicia de la UE.
     Vicente Guilarte Gutiérrez: Es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid desde el año 1991, donde ha desarrollado toda su carrera universitaria que ha compatibilizado con el ejercicio de la Abogacía. Es miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de dicha ciudad y Director Editorial de Lex Nova. A partir de la monografía sobre Gestión y responsabilidad de la sociedad de gananciales publicada en el año 1991 es autor de numerosos libros y artículos relacionados con la sociedad conyugal. En los últimos años ha defendido en el ámbito jurisdiccional los intereses del colectivo registral siendo autor de recientes monografías vinculadas con dicha función.
     María Ángeles Carmona Vergara: Secretaria Judicial desde hace diecinueve años, los últimos seis en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Sevilla. Jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Ha intervenido en numerosas charlas, conferencias, y mesas redondas en universidades, en el propio Poder Judicial y varios Ministerios sobre violencia de género. Es miembro del Observatorio Andaluz de Violencia de género.
     Propuestos por el PSOE:
     María del Pilar Sepúlveda García de la Torre: abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde 1 de Diciembre de 1.988, hasta la actualidad con numerosas actuaciones profesionales en órganos jurisdiccionales de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, y ante el Tribunal Supremo (Madrid). Experta en víctimas de delitos sexuales y ponente en múltiples cursos de formación impartidos a profesionales (Consejo General del Poder Judicial, Consejo de la Abogacía, Madrid, Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla…etc.) en materia relacionada con la victimología, y la Violencia contra mujeres, menores y ancianos.
     Alvaro Cuesta: Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, cursó estudios de especialización en Derecho Comunitario en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Es abogado en ejercicio. En 1985 y en 1996 le fueron concedidas la Cruz de Honor y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, respectivamente, y es miembro del Patronato de la Fundación Jaime Vera y de la Fundación Emilio Barbón. Es Diputado al Congreso por Asturias, desde 1982 y Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, ocupando la Secretaría de Política Municipal y Libertades Públicas. Ha sido Presidente de distintas Comisiones Parlamentarias; Secretario General Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, Portavoz del mismo en las Comisiones de Justicia e Interior y de Reglamento del Congreso.
     En su actividad legislativa intervino como Ponente en numerosos Proyectos de Ley, entre los que se destacan los siguientes: Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Estatuto de Autonomía de Asturias, Código Penal, Ley del Jurado, Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Financiación Local y Ley de Modernización del Gobierno Local. En la anterior Legislatura ha sido ponente de tres leyes: la Ley de Financiación Local, la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y la Ley conocida como “Protección de los Concejales en el País Vasco y en Navarra”. Asimismo ha pertenecido a la Comisión Técnica del Pacto por las libertades y contra el terrorismo, siendo coautor de la Proposición de Ley Orgánica para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. En 1978/79 es nombrado Secretario de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes en la Preautonomía de Asturias. En 1982, fue elegido Diputado. En 1995 fue candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo, desempeñando hasta 1999 la función de Concejal del Ayuntamiento de Oviedo, en donde fue Portavoz de su Grupo y miembro de la Comisión de Urbanismo.
     Propuestos por IU:
     Concha Sáez: miembro de la plataforma “Otro Derecho es Posible” ysecretaria judicial en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid durante más de dos décadas, además de responsable de la oficina judicial y también Asesora del Director General del Centro de Estudios Jurídicos. Coordinadora de diversos trabajos que analizan la Mediación Familiar, la Mediación Penal y Penitenciaria y el Estatuto del Mediador con el concurso del Servicio de Planificación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Asociación de Mediación y Pacificación de los Conflictos.
     Propuestos por CiU:
     Merce Pigem: nacida en Lleida en 1954, es diputada por Convergencia i Unió desde la VII legislatura. Abogada rotal licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cursado Licenciatura en Derecho Canónico y cuenta con un Máster en Psiquiatría Forense por el Hospital Clínic de Barcelona. Empezó a ejercer de abogada en 1977 especializándose en Derecho de Familia. En 1977 empecé a ejercer de abogada, me especialicé en Derecho de Familia. Se declara militante de CDC y miembro del comité ejecutivo nacional y del consejo nacional del partido.
     En la presente legislatura es portavoz de CiU en la Comisión de Interior, así como en la Comisión de Educación y Deporte; también representante de CiU en el ámbito de Igualdad. Además, portavoz adscrita en la Comisión de Justicia, cargo que también ocupa en el órgano parlamentario del ámbito de Ciencia e Innovación, además de ser secretaria de la Comisión del Estatuto de Diputados.
     Propuestos por PNV:
     Enrique Lucas: con experiencia profesional y docente, es director de la oficina de Bilbao, que fue inaugurada en el año 1983. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Lucas es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Prestó servicios en el Ministerio de Educación y Ciencia y desempeñó los cargos de director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento en el Gobierno vasco donde, también, ha sido secretario general de Régimen Jurídico y presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid, en la Universidad de Deusto y en la Universidad del País Vasco, de la que es profesor titular desde 1994.

 

JP Morgan acuerda pagar 13.000 millones de dólares por las hipotecas basura

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

     Comunicado oficial del gobierno de EEUU
     19/11/2013 La noticia en elconfidencial.com
     El banco estadounidense JP Morgan ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que se compromete a pagar 13.000 millones de dólares (9.606 millones de euros) para concluir las investigaciones por el fraude de las hipotecas ‘subprime’, según informó el Departamento de Justicia en comunicado.
     El acuerdo entre el banco y el Gobierno estadounidense es el mayor alcanzado con una única entidad en la historia del país, y no exime ni a JP Morgan ni a sus empleados de cualquier cargo criminal al que puedan enfrentarse por esta causa. En concreto, el acuerdo resuelve todas las reclamaciones civiles presentadas tanto a nivel federal como estatal por la comercialización, la venta y la emisión de valores respaldados por hipotecas (RMBS) por parte de JPMorgan, Bear Stearns y Washington Mutual antes del 1 de enero de 2009.
     Como parte de este acuerdo, el mayor banco de Estados Unidos reconoce que ha realizado “graves declaraciones falsas al público”, incluyendo a inversores, sobre numerosas operaciones con RMBS. Además, exige a JP Morgan que ofrezca el alivio que necesitan propietarios de viviendas con problemas, así como potenciales compradores, incluidos aquellos que viven en la zonas más deprimidas del país.
     “Sin duda, la conducta descubierta en esta investigación ayudó a sembrar las bases de la crisis hipotecaria”, afirmó el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, quien subrayó que el tamaño y el alcance de esta resolución envía “una señal clara de que las investigaciones por fraude financiero del Departamento de Justicia están lejos de haber acabado”.
     “Ninguna entidad, no importa lo rentable que sea, está por encima de la ley, y el paso del tiempo no es excusa para no rendir cuentas”, añadió Holder, quien recalcó que JPMorgan no fue la única institución financiera que en este periodo vendió activos tóxicos a inversores.
     En concreto, de la cantidad acordada, 9.000 millones de dólares (6.650 millones de euros) se destinarán a cerrar las reclamaciones civiles presentadas por varias instituciones en relación a los RMBS. Los otros 4.000 millones de dólares (2.956 millones de euros) servirán para ayudar a los consumidores afectados por la conducta ilegal de JP Morgan, Bear Stearns y Washington Mutual.

 

El Gobierno quiere fomentar los planes de pensiones

Miércoles, 20 de noviembre de 2013

     El Ejecutivo está planeando incentivos para promover este producto de financiación privada
     EP / Madrid 18.11.2013 | La noticia en diarioinformacion.com
     La directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez de Ponga, ha afirmado este lunes que el Gobierno estudia fomentar el uso de planes de pensiones reduciendo comisiones o flexibilizando el rescate.
     Durante la clausura del XX Encuentro del sector asegurador, organizado por Deloitte, ABC y Mapfre, Rodríguez de Ponga ha sido preguntada por en qué medida se puede incentivar el uso de planes de pensiones, a lo que ha respondido que el Ejecutivo está trabajando en ciertas medidas, entre las que se podrían encontrar la reducción de las comisiones o permitir el rescate más allá de los casos que ahora están estipulados.
     “Hemos venido analizándolo y creamos grupo de trabajo en la Dirección. Todos los participantes creemos que hay margen para trabajar en esas dos líneas indicadas y en ello seguimos trabajando, tanto en los aspectos relativos a las comisiones como a la liquidez o no liquidez para quitar, suavizar o matizar aquellos aspectos de todos los estudios que tenemos que son de mejora en los planes de pensiones”, ha dicho