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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo de diciembre de 2013

Los cuatro elementos

Martes, 31 de diciembre de 2013

Los cuatro elementos
“Yo amo los cantos que llevan dentro aire, agua, tierra y fuego, los cantos que son claros, ligeros y diáfanos, vivientes como mundos lanzados al azul, con algo de magia y de prodigio, cual pompas de jabón que no se rompen.”
Rafael Lasso de la Vega

La gran cuesta de 2014

Martes, 31 de diciembre de 2013

     Productos imprescindibles como el agua corriente y la luz o tan necesarios como las gafas graduadas serán más caros este año
     30.12.13 – Daniel Guindo – El artículo en lasprovincias.es
     El año de los recortes da paso al de los ajustes. La política impositiva desarrollada por las administraciones locales, autonómicas y estatal durante el presente ejercicio tampoco dará tregua a lo largo de 2014, aunque se suavizarán las drásticas restricciones económicas aplicadas durante el ejercicio que está a punto de terminar.
     El precio de los suministros de electricidad y agua corriente y hasta el IVA de algunos artículos tan necesarios como las gafas graduadas o los audífonos volverá a subir en 2014, mientras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) queda congelado en 645,30 euros al mes. Al menos, el Gobierno ha anunciado que a lo largo del año pretende reducir, progresivamente, el IRPF; empezando por las rentas más bajas. El Ejecutivo también se ha fijado como uno de sus objetivos prioritarios la reducción del desempleo.
     Sin embargo, un año más, los valencianos tendrán que volver a rascarse el bolsillo para llegar a final de mes, puesto que deberán enfrentarse a nuevos sobrecostes, ligeros en la mayoría de los casos, pero suficientes para alterar la maltrecha economía de buena parte de los residentes en los municipios de la Comunitat.
     Las organizaciones de consumidores y los sindicatos ya han comenzado a mostrar su malestar por estas nuevas subidas, sobre todo las relacionadas con los servicios más básicos como el agua o la luz, y las enfocadas a los colectivos más desfavorecidos, como los copagos a los que deberán hacer frente los discapacitados valencianos que acudan a los centros ocupacionales o de día.
     Los estudiantes recibirán menos ayuda y será más caro que los niños vayan al colegio. Nuevos sobrecostes atacarán también al bolsillo de los viajeros del transporte público, sobre todo los de Renfe y aquellos que sean fieles al Abono Transporte Mensual común para las redes de los autobuses urbanos de la EMT, los metros y tranvías de FGV y el servicio de metrorbital.
     Los combustibles, tasas municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los aparcamientos de pago, y hasta el precio de las tiritas y las vendas, subirá también a lo largo de 2014, un año que pretende convertirse en el punto de inflexión para salir de la crisis económica que ha sufrido el país durante todos estos años.
     La factura eléctrica se encarece un 2,3%
     En mayor o menor medida, todos los suministros básicos de los hogares valencianos subirán de precio este año. El caso más polémico ha sido el de la tarifa eléctrica aprobada el viernes pasado, y que experimentará un encarecimiento del 2,3 por ciento de media. Desde el Ministerio de Industria aclararon que el aumento para una familia tipo con dos hijos será de entre el 0,1 y el 0,2 por ciento, mientras que para una segunda residencia la subida llegará al 5 por ciento.
     El agua corriente también subirá, ya que la Generalitat ha decidido aumentar otro 10 por ciento el canon de saneamiento, lo que supondrá, de media, un sobrecoste de unos 15 euros más al año por vivienda. Además, en el recibo de 1,5 millones de vecinos de 44 municipios valencianos se mantendrá la denominada tasa de basuras (Tamer), avalada este mes por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y que viene a triplicar el precio de la antigua tasa.
     La universidad será un poco más inaccesible
     Muchas serán las familias que notarán un incremento en la ‘factura educativa’ de su casa, tanto a nivel universitario como en las enseñanzas obligatorias. En el caso de los que estudian una carrera, no será tanto por una nueva subida de la tasas, cuya cuantía no se conocerá hasta el verano, sino por el endurecimiento de los requisitos académicos para acceder a una de las becas que da el ministerio, la ayuda más extendida en todo el país y en la que también interviene la renta del interesado.
     Hay que tener en cuenta que los estudiantes que inicien un grado a partir de septiembre, si quieren conseguir la subvención, deberán acreditar una nota media de acceso a la universidad superior al 6,5, mientras que aquellos que opten a renovarla (a partir de 2º) tendrán que aprobar hasta el 100% de los créditos en todos los títulos excepto en las enseñanzas técnicas (85%), un porcentaje que se podrá reducir si la calificación media del curso anterior supera el 6 o el 6,5, dependiendo del grado estudiado.
     La intención del ministerio fue aplicar estos cambios en el curso vigente. Sin embargo, la presión de las comunidades llevó a posponerlos un ejercicio de forma parcial, pues en el actual se mantienen los requisitos del 2012-2013 (un 5,5 de nota de acceso y porcentajes inferiores y variables) para la exención de las tasas. Eso sí, el que viene se aplicarán sin excepciones, ya sea para librarse de la matrícula o para conseguir además un complemento por movilidad, residencia, transporte o material.
     También será más caro irse de Erasmus en 2014-2015, pues la ayuda estatal -hasta 800 euros- dejará de ser para todos y sólo la percibirán los becarios del ministerio.
     En cuanto a los colegios, la aprobación de la Lomce implica cambiar todos los libros de texto, por lo que ya no servirán los sistemas de préstamo. Los primeros en renovar los manuales, en septiembre, serán los alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria, que además tendrán dos asignaturas más.
     Metro, buses y trenes, entre un 1,9 y un 3% más
     Desplazarse de un lugar a otro también será más caro en 2014 en muchos casos. De entrada, a partir del 1 de enero, los billetes de Cercanías y de Media Distancia de Renfe subirán un 1,9 por ciento. Sin embargo, este incremento supone el menor encarecimiento del servicio desde que se inició la crisis en 2007. Por ejemplo, el precio de los billetes aumentó un 3 por ciento durante este año. Los precios de los AVE y de los trenes de larga distancia se mantendrán estables.
     Los títulos propios de los autobuses urbanos de Valencia (EMT) y de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) no presentan ninguna variación para el próximo año, pero en los billetes combinados la situación cambia. Por ejemplo, el Abono Transporte Mensual, con el que se puede acceder a la red de EMT, metro y metrorbital se encarecerá un 3 por ciento (pasará de 43,70 a 45 euros en zona única). En esta línea, también sube un 3,4 por ciento el precio del bono de 10 viajes del servicio de autobús de metrorbital que da servicio al nuevo Hospital La Fe de Valencia, que se encarece de los 7,30 euros actuales a 7,55 euros.
     En el caso de Valencia, por ejemplo, el abono de larga duración del servicio de alquiler de bicicletas, denominado Valenbisi, sube un euro; mientras que la única variación de precios en las tarifas de los taxis tiene que ver con el aeropuerto de Manises. Así, se fija una tarifa fija de 20 euros para el desplazamiento entre el aeropuerto y la capital del Turia (hasta la calle Serrería) y de 23 si el destino está más allá del citado vial.
     Y, al menos en Valencia, utilizar el vehículo propio, sobre todo si es un turismo, tampoco se presenta mucho más barato. Las zonas de estacionamiento de pago (ORA y naranja) se encarecen un 2,1 por ciento en general y se disparan hasta un 83 por ciento más en los distritos de l’Eixample y Extramurs, con el objetivo de homogeneizar este tipo de estacionamientos con los ubicados en Ciutat Vella.
     Tabaco, alcohol y gasolina, más caros
     Para el consumidor ya es una triste tradición que productos como el combustible, el alcohol o el tabaco experimentes subidas de precio constantes a lo largo del año, y 2014 no será una excepción.
     A mediados de 2009, por ejemplo, llenar de gasolina el depósito de un turismo medio venía a costar unos 60 euros, mientras que en la actualidad es difícil encontrar una estación de servicio donde cueste menos de 80, y eso que España cuenta con uno de los impuestos sobre hidrocarburos más bajos de Europa, incluso inferior a la media de los países de la Unión Europea.
     Por ello, Bruselas está haciendo especial hincapié al Gobierno español para que, progresivamente, vaya incrementando los gravámenes del combustible con el fin de armonizarlos con el resto de naciones. Además de los impuestos, el Ejecutivo debe hacer frente a un compromiso que ya ha adquirido, y que consiste en desarrollar una nueva fiscalidad ambiental. Así, a lo largo del primer semestre del año, el Gobierno deberá poner en marcha una reforma fiscal que incluya nuevos impuestos que graven, entre otros aspectos, el consumo de combustibles derivados del petróleo.
     Precisamente la materia prima también tendrá mucho que ver en los incrementos de precio que experimentará la gasolina en 2014. De momento, según pronostican desde Arabia Saudí, uno de los principales países exportadores, los precios a lo largo del año permanecerán estables. Sin embargo, los expertos admiten que esta estabilidad dependerá de que no se agraven las tensiones geopolíticas de los países exportadores.
     Por otra parte, los popularmente conocidos ‘impuestos sobre el vicio’, como son las tasas especiales que gravan el tabaco y las bebidas alcohólicas, seguirán siendo la herramienta más utilizada por el Gobierno para tapar insuficiencias puntuales en los ingresos que espera recibir. De hecho, desde que se inició la crisis, el Ejecutivo ha subido estos gravámenes hasta en cuatro ocasiones, y no descarta seguir haciéndolo, sobre todo para seguir la línea que rige en Europa.
     En esta línea, la Eurocámara acaba de aprobar una nueva directiva de productos derivados o relacionados con el tabaco y que abre la posibilidad a un nuevo mercado que podría estar gravado también con estos impuestos especiales, como son los cigarrillos electrónicos. Europa deja la puerta abierta para que cada Gobierno los califique como artículo médico o derivado del tabaco.
     Los extranjeros pagarán entre 60 y 157 euros
     El conocido como turismo sanitario se va a acabar. La Generalitat, para el año que comienza, ha decidido que los extranjeros que «no tienen la condición de asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud» tengan que hacer frente a pagos mensuales de entre 60 y 157 euros si quieren disfrutar de las atenciones médicas públicas que ofrece la Comunitat.
     Este nuevo abono, de 60 euros para menores de 65 años y de 157 para los mayores de esta edad, incluirá las prestaciones básicas, desde actividades asistenciales de prevención, diagnóstico y tratamiento hasta el transporte en ambulancia. La medida, sobre todo, afectará a los países con los que España no tenga acuerdos de reciprocidad, como pueden ser Rusia, China y los Estados Unidos, entre otras naciones.
     En resumen, el objetivo es que los extranjeros que nunca han cotizado en el país afronten una contraprestación económica para beneficiarse de los servicios de atención básica. De entrada, está previsto que a esta nueva medida se acoja más de un millar de personas en la Comunitat.
     Por otra parte, a partir del 1 de enero, más de la mitad de los discapacitados valencianos tendrá que pagar por acudir a los centros ocupacionales y de día de la autonomía. De esta forma, toda aquella persona con una discapacidad y que cuente con unos ingresos mensuales superiores a 532 euros, deberá afrontar parte del coste del servicio si quiere seguir recibiendo asistencia en estos centros específicos. En función de las rentas, cada discapacitado tendrá que abonar 14 mensualidades de entre 53 y 729 euros. Las reacciones de los colectivos afectados no se han hecho esperar y ya se han presentado recursos para tratar de frenar la decisión de la Conselleria de Bienestar Social pero, de momento, la medida sigue en marcha y se aplicará a partir del próximo 1 de enero.
     Éste no es el principal varapalo que sufren los dependientes. A nivel nacional, el gasto público en Servicios Sociales se desplomará en 2014 más de un 36 por ciento, una reducción que tendrá su punto álgido en el drástico recorte que sufrirán las ayudas a la dependencia, que caerán prácticamente a la mitad: de los actuales 2.202 millones de euros a un presupuesto de unos 1.172 millones.
     El IVA de gafas y lentillas pasa del 10 al 21%
     Productos tan cotidianos como las gafas, las lentillas, las vendas, las tiritas o los audífonos serán más caros, ya que el IVA de estos artículos pasará del 10 al 21 por ciento a partir del 1 de enero. Los escáneres, equipos de quirófano, algunas sustancias para elaborar fármacos y hasta los complementos ortopédicos para animales también incorporarán el IVA del 21 por ciento, mientras que en la actualidad oscilan entre el 4 y el 10. Los trámites notariales y los que desarrollen los registradores de la propiedad también se verán encarecidos. Mientras que ahora están exentos de abonar el IVA a partir de enero incorporarán este impuesto al 21 por ciento.
     Por otra parte, el Gobierno ha eliminado la deducción por la compra de una vivienda en el IRPF que, hasta ahora, permitía deducirse entre el 10 y el 15 por ciento del importe pagado por el inmueble. Las grandes empresas tampoco podrán deducirse las pérdidas que sufran sus filiales u otras compañías en las que tengan alguna participación.
     La reforma de las administraciones locales obligará a la mayoría de los ayuntamientos a subir las tasas que cobran a sus vecinos por la prestación de servicios como la limpieza viaria o la recogida de basuras, ya que la nueva normativa obliga a los consistorio a únicamente asumir los servicios que sean capaces de pagar. En el caso de Valencia, el ayuntamiento incrementará un 2,1 por ciento el precio de las tasas municipales (bodas, la grúa, polideportivos, cementerios, etc.) y del impuesto de vehículos. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mantiene la subida prevista por el Gobierno del 10 por ciento.

 

El PP de Ávila anuncia que alegará contra las demarcaciones de registros y notarios

Martes, 31 de diciembre de 2013

     La noticia en lainformacion.com 29/12/13
     El PP de Ávila alegará contra el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros por, en su opinión, los perjuicios que provocará su desaparición a las localidades de la provincia. Por ello, anuncia la presentación de iniciativas parlamentarias para “defender el mantenimiento” de estos servicios.
     Ávila, 29 (Europa Press)
     El PP de Ávila alegará contra el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros por, en su opinión, los perjuicios que provocará su desaparición a las localidades de la provincia. Por ello, anuncia la presentación de iniciativas parlamentarias para “defender el mantenimiento” de estos servicios.
     Los ‘populares’ abulenses, a través de un comunicado, apuntan que la revisión de demarcaciones está hecha “sólo conforme a criterios estadísticos que, además de perjudicar “los intereses de la población de las localidades afectadas, demuestra una falta total y absoluta de sensibilidad”.
     El PP destaca que los ciudadanos necesitan estos servicios en los pueblos, “caracterizados por su pequeño tamaño y por tener una población envejecida y dispersa”, para “mantener la cercanía de estos servicios a los ciudadanos del ámbito rural”.
     “Es fundamental mantener los registros de la propiedad y notarías como un servicio más, circunstancia además que sirve para fijar población”, y porque “es necesario tener en cuenta no solamente los criterios estadísticos de cada notaría y registro de la propiedad, sino también las características de nuestros territorios, su población y la dispersión, entre otros parámetros”.

El Ministerio de Justicia resuelve más de 400.000 expedientes de nacionalidad en seis meses con Microsoft SQL Server 2012

Lunes, 30 de diciembre de 2013

     En el centro de noticias de Microsoft 

     El Ministerio de Justicia resuelve más de 400.000 expedientes de nacionalidad en seis meses con Microsoft SQL Server 2012
     19. Junio 2013, Gracias al software de Microsoft, el Ministerio de Justicia ha conseguido digitalizar todos los datos y las tramitaciones de expedientes de nacionalidad por residencia
     El Ministerio de Justicia ha elegido Microsoft SQL Server 2012 para optimizar la gestión de expedientes de nacionalidad por residencia, procesando la conversión de los mismos en expedientes electrónicos, mediante su digitalización y su posterior tramitación electrónica, en colaboración con los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
     Una de las principales preocupaciones del Ministerio de Justicia desde el comienzo de esta legislatura ha sido poner fin al retraso acumulado de expedientes de nacionalidad por residencia, que alcanzaba una cifra superior a 400.000 a principios del año 2012. Para dicho propósito, desde la Dirección General de los Registros y del Notariado se puso en marcha en enero de 2012 un grupo de trabajo con el objeto de analizar la situación y proponer medidas de choque que permitieran recuperar el atraso y poner al día la tramitación de esta clase de expedientes. El grupo de trabajo, en unión con la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, propuso las medidas necesarias para acometer un Plan Intensivo de Nacionalidad por Residencia.
     Sistema de gestión integral electrónico
     Tal era la envergadura de los datos circulantes, que se tomó la decisión de denominar el plano estrictamente tecnológico del Plan Intensivo de Nacionalidad como Proyecto G.E.N., Gestión de Expedientes de Nacionalidad.
     Entre otros muchos aspectos, el Ministerio de Justicia demandaba un sistema de gestión integral electrónico, que aunara y conectara todos los agentes implicados, tanto a nivel público como privado. Por otro lado, se necesitó un proceso de migración de los datos de la aplicación anterior al nuevo sistema, que no supusiera una pérdida de información ni funcionalidad.
     FUTUVER ha sido el partner encargado del desarrollo e implantación de la aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes, adaptando y personalizando a medida el Framework de procesos registrales FUTUREG, con proceso electrónico integral, materializando los documentos con firma electrónica reconocida, así como el diseño del flujo de tramitación de los expedientes. FUTUVER ha dedicado para ello un equipo multidisciplinar de consultores e ingenieros especialistas en reingeniería de procesos con más de 10 años de experiencia así como su herramienta FUTUREG, desarrollada completamente sobra la plataforma Microsoft .Net (Visual Studio 2010)
     El motor de base de datos adquirido e implantado es SQL Server 2012, al que se han migrado todos los datos que estaban en las anteriores aplicaciones, incluidas las imágenes de los expedientes escaneados en formato PDF y almacenadas en campos Filestream base de datos.
     Gracias a esta tecnología, el Ministerio de Justicia ha logrado:
     La resolución de los más de 400.000 expedientes atrasados en los últimos tres años en un plazo de tan sólo seis meses. Además, al mismo tiempo se ha podido atender las nuevas solicitudes en los plazos previstos.
     La tramitación electrónica de todos los procesos generados a lo largo del procedimiento cuyos resultados se materializan en documentos con firma electrónica, permitiendo la completa trazabilidad del historial de todos los expedientes existentes.
     La digitalización de 450.000 expedientes de los 475.000 existentes, entre ellos el 100% de los que estaban presentados en el momento de iniciarse el plan y que ascendían a 425.000.
     La interconexión de 5.000 usuarios, a través de 1.450 oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional, de ellas más de 1.000 oficinas de Registros de la Propiedad y Mercantiles. Además, se ha integrado información de más de 20 organismos públicos pertenecientes a ocho ministerios diferentes.
     Una media de 4.000 resoluciones diarias de concesión o denegación de nacionalidad por residencia.
     Los sistemas de listas de responsabilidad de los expedientes para permitir el recorrido por todos los ciclos de su tramitación, desde la creación de la copia electrónica del expediente hasta la resolución de los mismos.
     “Necesitábamos dar respuesta, de forma rápida y eficaz, a un gran volumen de expedientes, para lo que era necesario digitalizar tanto los datos como los procesos. Elegimos Microsoft SQL Server 2012 porque nos ofrecía las máximas garantías tanto en disponibilidad como en seguridad y se adaptaba por completo a los niveles de exigencia esenciales para la Administración Pública”, explica Joaquín Rodríguez, Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.
     Según explica Luis Miguel García, Director de la Unidad de Negocio de Servidores y Plataformas de Microsoft Ibérica, “Esta experiencia pionera es un ejemplo de cómo la aplicación innovadora de tecnologías asentadas y contrastadas en otros ámbitos de la actividad social y económica pueden ser aplicados en cortos periodos de tiempo a muchos de los problemas a los que se enfrentan las Administraciones Públicas, sentando las bases de una verdadera Administración Electrónica”.
     La implantación se está llevando a cabo en dos fases, -septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013, por lo que el Ministerio de Justicia quiere implantar más mecanismos para conseguir:
     Información estadística directamente desde el sistema de información y accesible a directivos y responsables de gobierno.
     Control del flujo del procedimiento de tramitación adaptable fácilmente a los cambios jurídicos y procedimientos que se produzcan en el futuro.
     Servicio a través de internet para los solicitantes de la nacionalidad, con el fin de reducir la saturación de las oficinas de los registros civiles.
     Continuidad del proyecto dotándole de aplicaciones escalables y documentadas.
     Acerca de Microsoft Ibérica
     Microsoft Ibérica es subsidiaria española de Microsoft Corporation. Fundada en 1975, Microsoft es el líder mundial de software para informática personal y de empresas. La compañía ofrece un amplio abanico de productos y servicios diseñados para contribuir tanto al desarrollo del talento de las personas como al potencial de las empresas aumentando así su eficacia, productividad y capacidad competitiva.

 

FUTUREG® para gestión de Concesión de Nacionalidad Española

Lunes, 30 de diciembre de 2013

     Experiencia de cliente Visión integral de las organizaciones
     FUTUREG® para gestión de Concesión de Nacionalidad Española. En futuver.com
     Proyecto G.E.N. Gestión de Expedientes de Nacionalidad (Plan Intensivo de Nacionalidad) – Ministerio de Justicia de España
Desarrollo e Implantación de la aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes, adaptando y personalizando a medida el Framework FUTUREG®, con proceso electrónico integral, materializando los documentos con firma electrónica reconocida, así como el diseño del flujo de tramitación de los expedientes.
     Proyecto pionero y de referencia nacional en materia de administración electrónica
     Más de 3,500 usuarios trabajan en el sistema de manera concurrente
     2.500.000 transacciones suscritas en 4 meses de trabajo con firma electrónica
     Interconexión de 1450 oficinas distribuidas a lo largo del territorio nacional, integrando información de más de 20 organismos públicos pertenecientes a 6 Ministerios del Gobierno de España.
     FUTUVER ha dedicado al diseño del flujo de tramitación de los expedientes y a la adaptación de su Framework FUTUREG® un equipo multidisciplinar de consultores e ingenieros especialistas en reingeniería de procesos con más de 10 años de experiencia en este tipo de proyectos.
     El resultado se materializa en un flujo de procesos y una aplicación informática diseñada a medida de las necesidades, que permite la tramitación de los expedientes entre la Dirección General de los Registros y del Notariado, el Colegio de Registradores y todos los Registros de la Propiedad.
     Entre los aspectos más relevantes del proyecto está la llevanza de un proceso de tramitación verdaderamente electrónico, es decir, todos los procesos generados a lo largo del procedimiento y los resultados del mismo se materializan en documentos con firma electrónica reconocida permitiendo la completa trazabilidad del historial de todos y cada uno de los expedientes. Generados teniendo en cuenta las directrices del Esquema Nacional de Interoperabilidad y en base a estándares internacionales, los documentos electrónicos producidos por esta adaptación de FUTUREG® están autorizados con firma electrónica, que según la naturaleza del procedimiento que los genera utilizan certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la CA del DNI electrónico o la entidad de Certificación de los Registradores.
     Esta experiencia pionera es un ejemplo de cómo la aplicación innovadora de tecnologías asentadas y contrastadas en otros ámbitos de la actividad social y económica pueden ser aplicados en cortos periodos de tiempo a muchos de los problemas a los que se enfrentan las administraciones públicas, sentando las bases de una verdadera Administración Electrónica.

 

Tramitación de expedientes de nacionalidad. El proyecto y su desarrollo – Javier Angulo. Ignacio de la Fuente. Juan José Morán. José María de Pablos

Lunes, 30 de diciembre de 2013

     En la página web del Colegio de Registradores 

     Tramitación de expedientes de nacionalidad. El proyecto y su desarrollo – Javier Angulo. Ignacio de la Fuente. Juan José Morán. José María de Pablos
     El 9 de enero de 2012 el Director General de los Registros y del Notariado nos convocó para formar parte de un grupo de trabajo, en colaboración con la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, con el objeto de realizar un diagnóstico de la situación de los expedientes de solicitud de nacionalidad española por residencia.
     El objetivo era trazar un plan que permitiera la tramitación urgente de los cientos de miles de expedientes que desbordaban los sótanos de la DG y que acumulaban años de retraso. El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que se había producido en los últimos años había superado la capacidad de tramitación del órgano administrativo y era inaplazable dar solución a este problema.
     Se comenzó con un análisis sobre el terreno de la situación existente realizando entrevistas personales con los funcionarios que habían ejecutado estas tareas, analizando los trámites inherentes a cada expediente, clasificando toda la tipología posible, ordenando la intervención de todos los actores implicados…, todo ello se plasmó finalmente en un diagrama del flujo de procesos y un esquema descriptivo de la organización real e informal. Finalmente se propusieron un conjunto de medidas para poner en marcha una actuación especial con la denominación “Plan Intensivo de Tramitación”, basado en la conversión de los expedientes en expedientes electrónicos, mediante su digitalización y su posterior tramitación electrónica con la colaboración con los registradores de la propiedad y mercantiles.
     Se trataba de resolver un problema de enorme complejidad, no sólo por el volumen de los expedientes a lo que había que dar curso, sino por los numerosos informes y consultas, los operadores implicados, conexiones entre organismos…
     Toda la tramitación estaba sujeta a las limitaciones que imponía el soporte papel. De cada expediente se reclamaban multitud de informes y consultas mediante oficios en papel, que se ensobraban y remitían al órgano respectivo, donde a su vez se recibían, se abrían y se localizaban en la base de datos de cada aplicación tecleando los datos necesarios. Una vez localizado se imprimían los informes solicitados, se ensobraban y se remitían a la DGRN. El volumen de informes exigía el traslado en vehículos propios de cada departamento hasta el centro directivo, donde se recibían, se abrían los sobres, se daban de alta en la aplicación y se casaba cada informe con su expediente, con uno de los 480.000. Los mismos datos se tecleaban una y otra vez, las impresoras trabajaban sin descanso, las tareas puramente materiales se iban encadenando, el tiempo iba transcurriendo y los expedientes se acumulaban sin resolverse, desbordando los límites físicos del archivo.
     El análisis del Plan Intensivo de Nacionalidad constaba de las siguientes actuaciones:
     1.    Logística y traslado de los expedientes, más de  480.000, en papel a nuevas dependencias habilitadas al efecto.
     2.    Digitalización masiva de todos los expedientes para convertirlos en documentos electrónicos, más de 25.000.000 de páginas.
     3.    Creación de un sistema de gestión y archivo electrónico para permitir la interconexión de la nueva aplicación con las unidades de la administración y organismos públicos necesarios.
     4.    Desarrollo urgente de la infraestructura tecnológica necesaria para la tramitación electrónica de los expedientes y creación de la red de comunicación para permitir completar los expedientes con los informes preceptivos.
     5.    Trazabilidad completa de todos las operaciones y procesos, suscritos con firma electrónica emitida por diversos prestadores de servicios de certificación (más de 1.500.000 transacciones ya suscritas con firma electrónica y 3.500 certificados expedidos de firma electrónica).
     6.    Formación a usuarios de la nueva aplicación (más de 2.500 diplomas expedidos en cursos on line).
     7.    Guías de tramitación, guías de calificación, modelos y plantillas de documentos y prontuarios de consulta.
     8.    Creación de un grupo de apoyo para resolución de consultas jurídicas (más de 6.000 consultas evacuadas).
     9.    Creación de un departamento de soporte a usuarios y un centro de soporte de segundo nivel.
     10.    Adscripción de recursos humanos suficientes para proceder a la tramitación de los expedientes por los registradores de la propiedad y mercantiles en el plazo de un año (más de 5.000 usuarios y más de 200.000 expedientes tramitados).
     Este impresionante conjunto de tareas fue implantado básicamente durante el tercer y cuarto trimestre del año 2012,  lo que hace aún más significativas las cifras y los objetivos alcanzados por el momento.
     LA PLATAFORMA
     El procedimiento y medidas indicados implicaban la puesta en marcha de una plataforma compuesta por una compleja gama de componentes, como, por ejemplo, la disposición de los sistemas de almacenamiento, el acondicionamiento y habilitación de espacio físico para la custodia y llevanza de los expedientes, los sistemas de seguridad y controles de acceso pertinentes, los servidores y conexiones para el almacenamiento en base de datos SQL de los expedientes digitalizados y la migración de todos los datos disponibles en la antigua aplicación de gestión GESNAC, la creación de grupos de perfiles para asignar a los más de 5.000 usuarios los permisos y roles adecuados, la conexión con organismos y administraciones para el suministro de los informes preceptivos a remitir mediante conexiones web services, etc.
     La aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes ha sido realizada por encargo de la Junta del Colegio de Registradores mediante una adaptación y personalización del Framework de procesos registrales FUTUREG por la empresa FUTUVER, incluyendo en una nueva base de datos SQL Server 2012, la migración de todos los datos existentes en la antigua aplicación GESNAC, el diseño de algoritmos de reparto aleatorios para la asignación de los expedientes a los registradores responsables de su tramitación, las funcionalidades para el requerimiento de documentación complementaria o la elaboración del informe previo a la propuesta de resolución positiva o negativa con todas sus incidencias, incluyendo la clasificación de motivos y todas los modelos y plantillas necesarios, los grupos de usuarios con sus perfiles y permisos, sistemas de listas de responsabilidad de los expedientes para permitir el recorrido de los mismos por todos los ciclos de su tramitación desde la creación de la copia electrónica del expediente hasta la resolución de los mismos, así como los web services de conexión con los organismos y administraciones implicados en el procedimiento.
     Adicionalmente, por el Ministerio de Justicia – a través de su División de Tecnologías de Ia Información y Comunicaciones y la Secretaría General de Nuevas Tecnologías para la Justicia – y el Departamento de Sistemas de Información del Colegio de Registradores se realizaron las conexiones que implica todo el desarrollo de la infraestructura con todos esos organismos y dependencias de la Administración, conectando los servidores del Centro de Procesos de Datos con la Red SARA, así como resolviendo cuantos problemas suponían las conexiones con el Ministerio del Interior y el de Presidencia.
     Conforme a los requerimientos del Ministerio de Justicia, el Colegio de Registradores ha desplegado toda la arquitectura y sistemas necesarios, implementando el hardware y software más adecuado para la plataforma tecnológica, en la que se ha contado con los suministros, licencias y servicios de empresas punteras como HEWLETT PACKARD, MICROSOFT O VMWARE, consiguiendo desplegar un entorno de virtualización de escritorios de un tamaño nunca abordado en España, para dar acceso a cerca de 5.000 usuarios del sistema e interconectar los datos radicados en el mismo a dependencias dispersas como el Colegio de Registradores, las más de 1.000 oficinas de Registros de la Propiedad y Mercantiles y los aproximadamente 450 Registros Civiles existentes en España, los funcionarios de la DGRN, el Ministerio de la Presidencia, la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia (secciones “¿Cómo va lo mío?” y consulta de documentos electrónicos mediante Código Seguro de Verificación, etc.
     ACTORES IMPLICADOS
     Todos los componentes y actuaciones anteriores implican directamente a un buen número tanto de organismos públicos como de empresas privadas y fundaciones.
     En el proceso de digitalización masiva de los expedientes, desde la solicitud en papel hasta su conversión en documento electrónico y respuesta al solicitante mediante resolución electrónica, trabajan no sólo todos los funcionarios de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, los más de 1.000 registradores españoles y el personal de los Registros, sino todos los funcionarios, personal contratado, Secretarios Judiciales y Encargados de los Registros Civiles, así como funcionarios de distintos Ministerios.
     A destacar igualmente el grupo de apoyo jurídico constituido en la DGRN seleccionado y formado especialmente para este proyecto, que da soporte, contesta y atiende, coordinado por la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, el gran número de preguntas, consultas y dudas que surgen diariamente, a razón de unas 200 diarias aproximadamente.
     De igual forma, hay multitud de empresas privadas, líderes en sus respectivas áreas de especialización, que han aportado su tecnología, know how y expertise:
     • IECISA, a cargo del traslado de expedientes físicos desde los archivos de la DGRN, previa clasificación y encajado en formato normalizado de la Administración, al Centro de Digitalización cedido por el Colegio de Registradores, normalización de formatos, digitalización de los expedientes, control de calidad de los mismos, firma digital de las copias digitalizadas obtenidas y envío por servicios web de éstas a los servidores de base de datos.
    • Futuver, que ha desarrollado una adaptación del Framework de procesos registrales FUTUREG a medida de este proyecto.
     • Hewlett Packard, que ha instalado todos los servidores y componentes necesarios y liderado la arquitectura y sistemas de la plataforma tecnológica.
     • WMWare, cuya plataforma de virtualización de escritorios permite el acceso a la plataforma tecnológica de todos sus usuarios.
     • Microsoft, que proporciona las licencias de Windows 7 a los escritorios virtualizados de los usuarios y que apoyó desde su inmensa experiencia la plataforma con servicios de consultoría de alto nivel.
     • Cap Gemini, que desarrolló la conexión de la plataforma con INFOREG, la aplicación de los Registros Civiles en la que desemboca todo el procedimiento mediante la inscripción en dichos Registros Civiles del nacimiento y la nacionalidad adquirida por el promotor del expediente.
     Finalmente, y en perfecta coordinación con la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, otros seis Ministerios del Gobierno de España (Interior, Industria, Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Presidencia y Justicia) participan en el Plan a través de sus diferentes organismos e infraestructuras: Dirección General de la Policía, Registros Civiles, B.O.E., I.N.E., Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Secretaría General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, así como la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en especial la Subdirección de Nacionalidad y Estado Civil, los Registradores y personal de los Registros y el Colegio de Registradores.
     La importancia del proyecto y su trascendencia tecnológica han recibido un especial reconocimiento público recibiendo el Premio @asLAN (Asociación de Proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones),  al mejor proyecto de administración electrónica en 2013, categoría Justicia e Interior, en su V Convocatoria para Administraciones y Organismos Públicos, valorándose el ahorro de costes y mejora de la eficiencia y alineación con la Agenda Digital para Europa.
     Todas las magnitudes, cifras, datos y volúmenes del Plan Intensivo de Nacionalidad han llevado considerarlo como uno de los mayores proyectos tecnológicos acometidos en materia de Administración Electrónica en la historia de nuestro país, por su carácter pionero y por servir de referencia en lo que a modernización de la administración española se refiere.
     LAS CONSECUENCIAS
     Llegados a un avanzado estado de consecución de objetivos en el Plan Intensivo de Tramitación, nos encontramos con centenares de miles de personas a las que se ha concedido la nacionalidad española.
     Es realmente un orgullo para nosotros haber tenido la oportunidad de poder contribuir a una mejor prestación del servicio público, haberlo hecho con la colaboración de los registradores y de su personal, usando las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para vencer una inercia de años y demostrando es posible, si se quiere, mejorar la sociedad en la que vivimos e impulsar a nuevos escenarios la función que prestamos y el servicio público que la justifica.
     Pero por encima de todo ello, es una satisfacción haber dado respuesta a las personas que pacientemente esperaban obtener la nacionalidad española, presupuesto necesario para un pleno reconocimiento de sus derechos y para alcanzar objetivos personales y familiares inaplazables.
     El Ministerio de Justicia, consciente del complicado panorama que supone la existencia de centenares de miles de ciudadanos a los que se ha concedido la nacionalidad y que aún deben jurar o prometer obediencia al Rey y a la Constitución y Leyes de España, gestionar la inscripción en los Registros Civiles y obtener el DNI y Pasaporte españoles, quiso culminar este proyecto mediante nuevos desarrollos tecnológicos encaminados a:
     1.    Hacer viable el otorgamiento de Actas de Juramento o Promesa, mediante la conexión de la plataforma de nacionalidad con los sistemas notariales para remitir telemáticamente desde el Colegio de registradores al notario autorizante los datos y documentos precisos para el otorgamiento de tales Actas y permitir al mismo notario devolver al Colegio, de forma igualmente telemática los datos necesarios  y las actas en formato electrónico, lo que se plasmó en una nueva Encomienda, esta vez al Consejo General del Notariado, firmada el 2 de abril de este año.
     2.    Remitir telemáticamente desde el Colegio a los Registros Civiles las indicadas actas junto con los documentos necesarios del expediente electrónico y la preinscripción en el Registro Civil.
     3.    Remitir desde los Registros Civiles al Colegio de Registradores las certificaciones electrónicas de nacimiento y nacionalidad, una vez practicada la inscripción, para poder publicarlas en la Sede Electrónica de Justicia a disposición del prmotor del expediente, con vistas a su presentación y comprobación por la Dirección General de la Policía en el momento de gestionar la expedición de DNI y Pasaporte.
     4.    Extender las funcionalidades de la aplicación de nacionalidad al resto de tipos de expedientes gestionados por la Dirección General, así como a todos las clases de recursos que se tramitan en la misma.
     5.    Conectar la plataforma con otras Administraciones, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico, para recabar y obtener de forma telemática, nuevos informes preceptivos para la tramitación de estos y otros expedientes.
     En todo ello trabajamos, conforme a las directrices recibidas, profundizando en las ventajas que un entorno de interoperabilidad y colaboración entre administraciones permite, para conseguir una tramitación de expedientes mejor gestionada en beneficio de los ciudadanos.

BBVA afirma que la actividad hipotecaria sigue siendo mínima

Lunes, 30 de diciembre de 2013

     Tras estudiar los datos del INE
     ‘La fragilidad de la actividad hipotecaria responde a la debilidad de la demanda doméstica’
     Europa Press Madrid 23/12/2013 La noticia en elmundo.es
     BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, afirma que la actividad en el mercado hipotecario español “sigue siendo mínima”. Así se pronuncia en un análisis sobre los últimos datos de firma de hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan una caída del 23,2% en octubre en tasa interanual.
     Desde el banco explicaron que “la fragilidad de la actividad hipotecaria responde a la debilidad de la demanda doméstica de vivienda”. “Dado que buena parte de las compras de vivienda por parte de extranjeros e inversores no se realizan con préstamo hipotecario, el mejor comportamiento de estos segmentos de la demanda sigue sin reflejarse en el mercado hipotecario”, agregaron.
     Por otra parte, destacaron que el importe medio de las hipotecas registró un “crecimiento significativo” en octubre, al superar los 100.000 euros

Una treintena de pueblos rechaza que Justicia suprima el registro de la propiedad

Domingo, 29 de diciembre de 2013

     Tordesillas y comarca quieren mantener el servicio y alegarán contra la reforma ministerial
     26.12.13 -Patricia González | Tordesillas – El artículo en elnortedecastilla.es
     Que cualquier residente en Tordesillas y de su comarca, como pueden ser vecinos de los municipios de Villalán, Barruelo, Adalia o San Cebrián de Mazote, acudan al registro de la propiedad para tramitar los derechos sobre los bienes inmuebles como son la hipoteca, los derechos de usufructo, los censos o legalizar un contrato de arrendamiento financiero y modificar la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes podría dejar de ser una realidad si el Ministerio de Justicia decide en pocas fechas suprimir este servicio junto al de la notaría.
      Este nuevo «varapalo a los servicios», como lo denominan algunos alcaldes afectados por esta posible supresión, está motivado por la revisión total de la demarcación notarial que    Justicia quiere llevar a cabo el próximo año y por la cual el distrito hipotecario de la villa del Tratado desaparecería, ya que la reforma planteada establece una plaza de registrador por cada 2.500 documentos presentados al año.
     En el caso de Tordesillas, el registro no llegaría a esa cifra. Según datos de 2012, el volumen de documentos fue de 2.132, pero la evolución de trabajo desde 2010 es creciente, puesto que ese año la oficina tramitó 1.655 documentos, que aumentaron al año siguiente hasta alcanzar los 1.691. De ahí que los alcaldes de la zona no entiendan la nueva disposición. Ante lo que consideran un «grave» problema, «todos los alcaldes de la comarca nos hemos reunido y presentaremos de manera conjunta un total de 9 alegaciones», comenta el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, quien criticó que el plazo de alegaciones sea solo de dos semanas en unas fechas tan difíciles en la que la mayoría de secretarios de ayuntamientos están de vacaciones.
     Alegaciones conjuntas
     En un gesto de unión, los alcaldes de la comarca de Tordesillas, la mayoría del PP, consensuaron un acuerdo con los regidores socialistas de la zona para «luchar por los pueblos, ya que no es razonable que nos quiten el registro de la propiedad», explica indignado el alcalde popular de Castrodeza, José González Gerbolés.
     El mismo sentimiento comparte su compañero de filas, el regidor de San Román de Hornija, Ernesto del Palacio Gallego, quien además de subrayar la desaparición de los servicios, apuntó que «como nos quiten el registro de la propiedad nos obligarán a trasladarnos a Valladolid para hacer cualquier trámite, lo que causará gran perjuicio a los vecinos de la zona, que son muy mayores».
     Además de acentuar el aumento proporcional del volumen de trabajo desde 2010 hasta 2012, las alegaciones comunes de todos los alcaldes (14) que acudieron a la reunión de ayer destacan los problemas de movilidad de una población envejecida. Si finalmente desaparece este servicio de Tordesillas, los ciudadanos deberán desplazarse, en el mejor de los casos 30 kilómetros y, en el peor, unos 50 hasta Valladolid, para hacer los trámites pertinentes. El distrito Hipotecario de Tordesillas también actúa como oficina liquidadora de la administración de la comunidad de Castilla y León.
     «A este paso nos dejan sin servicios que ofrecer a nuestros ciudadanos», opina el alcalde independiente de Peñaflor de Hornija, Anastasio Vaquero Pajares. Tesis que también suscribe el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna (PSOE) quien califica de «absurda» la reforma, ya que «no comporta gasto alguno para la Administración del Estado. Así nos van quitando poco a poco los servicios que ofrecemos a los pueblos», matiza.
     Y es que, sin servicios, «los pueblos perderán población a pasos agigantados, por lo que nos dejaran sin nada y no seremos nada», destaca Alonso Laguna, quien, junto a los alcaldes del resto de municipios asistentes a la reunión, firmó la misiva que remitirán al subdirector general del Notariado y de los Registros.
     En la carta, los alcaldes alegan las razones por las que quieren mantener el registro de la propiedad y la notaría en Tordesillas, que afecta a más de 12.000 vecinos censados en los treinta pueblos de la comarca. Entre ellas, el hecho de que no comporta gastos a las arcas públicas pero sí genera, según los alcaldes, economías de escala para la Administración Autonómica.

 

«La eliminación de Registros sería un tremendo golpe a la provincia»

Domingo, 29 de diciembre de 2013

      El PSOE teme que la «revisión» de demarcaciones se lleve los pueblos por delante l Piden el rechazo del Consejo de Alcaldes
     28.12.2013 El artículo en laopiniondezamora.es – I. Gómez
     La revisión de la demarcación registral en la provincia establece, entre los «criterios básicos», la amortización de los Registros de la Propiedad con menos de 1.800 documentos de media anual. Una escala que, a juicio del PSOE de Zamora, propiciaría la eliminación de la práctica totalidad de los Registros en la provincia. Solo un dato: el de Fuentesaúco tiene una media de 900 documentos, la mitad de lo establecido por el Ministerio de Justicia. Los socialistas dieron ayer públicamente la voz de alarma sobre lo que consideran «un tremendo golpe, si se ejecuta, contra las expectativas de la provincia como tal».

     Así lo apuntaba el secretario general del PSOE en Zamora, Antonio Plaza, quien ayer compareció en rueda da prensa con representantes de todas las comarcas, para escenificar la dimensión de una medida, avanzada por el Ministerio de Justicia, que supone «un hachazo más a las cabeceras de comarca», en palabras del alcalde de Puebla y senador, José Fernández. También, como miembro de la Asociación de Municipios de Montaña, Fernández ha apoyado iniciativas contra la temida supresión de Registros de la Propiedad en el mundo rural. La fundamental es un escrito dirigido al Ministerio de Justicia solicitando la suspensión del plazo de quince días que se da a los ayuntamientos desde la recepción de la carta en la que se informa sobre al revisión de la demarcación registral con el fin de que emitan un informe sobre la «conveniencia, necesidad y oportunidad de dicha demarcación».

     El problema es que se hace referencia a un anexo de 278 folios, que no ha sido remitido a ningún Ayuntamiento y «puede tener relevancia para emitir el informe requerido». A mayores parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora han solicitado al Gobierno datos sobre la actividad de los Registros de la provincia.

     Los representantes socialistas en las comarcas zamoranas expresaron su rechazo a la desaparición de los Registros y así lo expresaran en los distintos organismos, ya sean ayuntamientos, Diputación o mancomunidades. El diputado y alcalde de Fariza, Manuel Ramos, confirmó que en su pueblo el Pleno ya ha aprobado una moción en este sentido. Y la misma postura expresó el portavoz en Fuentesaúco, José Antonio Prada, quien afirmó que con estas medidas «se intenta acabar con los pueblos». Livino Iglesias, también portavoz socialista en el Ayuntamiento de Villalpando, apeló a la «cordura» para no convertir «estas zonas en auténticos geriátricos». Y todos pidieron que ese asunto se trate en el Consejo de Alcaldes; «el señor Maíllo debe dar la cara» requirió Plaza.

     Adeiza se ha sumado al rechazo. «Alcañices, Benavente, Bermillo, Fuentesaúco, Puebla, Toro y Villalpando no pueden quedar por enésima vez desasistidos, ni sus comarcas abandonadas a la dependencia respecto a la capital de la provincia».

 

El regulador propone una subida de la luz en enero de hasta el 2,9%

Domingo, 29 de diciembre de 2013

     Esta cifra no incluye la subida del 0,8% en la parte regulada
     Víctor Martínez Madrid 26/12/2013 El artículo en elmundo.es
     La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno un encarecimiento del recibo en enero de entre el 1,4% y el 2,9%, según un informe publicado por el regulador. Esta cifra no incluye el aumento de la parte regulada de la factura, que tendrá un impacto final sobre el precio que paga el consumidor próximo al 0,8% según anunció el Ministerio de Industria.
     El documento aprobado hoy mismo por el consejo de la CNMC propone trasladar al consumidor el precio medio del mercado de futuros eléctrico para el primer trimestre de 2014 recogido en el último trimestre del año presente o, en una segunda opción, en el segundo semestre.
     De esta forma, el nuevo mecanismo ‘suavizaría’ el brusco incremento de precios en este mercado durante diciembre y que, en última instancia, tuvo un fuerte impacto sobre la subasta eléctrica celebrada el pasado 19 de diciembre. Esta puja, invalidada por la propia CNMC, se resolvió con un incremento del 26,5% en el término energético que conllevaría una subida del 10,5% de la factura.
     En el caso de incluir el total del semestre, el recibo doméstico aumentaría un 1,4% en su parte energética. En el caso de incluir sólo el último trimestre, el aumento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) -a la que están abonados 16,5 millones de pequeños consumidores- sería del 2,9%. A ambos porcentajes habría que añadir luego el aumento en la parte regulada del recibo, que podría rondar el 0,8% según ha anunciado el Ministerio de Industria.
     En el informe, elaborado a petición del Gobierno, el organismo presidido por José María Marín Quemada señala que estas dos opciones forman parte de un “mecanismo transitorio” que permitirá “soslayar” el efecto de no haber considerado válida la última subasta Cesur.

 

Caen un 13% los desahucios hasta octubre

Domingo, 29 de diciembre de 2013

     Las hipotecas se reducen un 23%
     La noticia en elpais.com Madrid 20 diciembre 2013 –

      Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en los nueve primeros meses del año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671)
     La caída se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8 % en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (-29,9 %) y Baleares (-25,8 %), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4 %, en Galicia un 3,5 % y en Castilla y León un 2,7 %.
     No obstante, un tercio de los desahuciados queda excluido de la dación en pago. El Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica que consiste en saldar la deuda con la entidad bancaria a cambio de la entrega del piso, ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre.
     El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. En las dos principales ciudades españolas el número de afectados aumenta: el 51,09% de encuestados de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.
     Las hipotecas siguen bajando
     El número de hipotecas nuevas constituidas para la adquisición de viviendas continuó bajando en octubre, el 23,2% en términos interanuales, una caída importante aunque algo menos fuerte que el 30,9 % el mes anterior. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta nueva bajada sitúa la cifra de nuevos préstamos hipotecarios constituidos en 14.704 operaciones y representa ya 42 meses a la baja.
     El importe medio de un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda subió en octubre hasta 103.246 euros, un repunte mensual del 6,1% que se suavizó en términos interanuales hasta el 2,5%. Pese a que la firma de hipotecas no para de caer, cada vez lo hace con menos fuerza, ya que en septiembre la bajada fue del 30,9%; por debajo del 41,7% de agosto; del 43% de julio y del 42,2% de junio.
     Los españoles siguen optando de forma mayoritaria por los intereses variables para sus créditos hipotecarios, opción elegida en el 92,5% de los casos, y el euríbor se mantuvo como la referencia más utilizada, ya que se empleó en el 85,1% de los nuevos contratos, el mismo porcentaje que el mes anterior.
     El número de hipotecas con cambios en sus condiciones que se inscribieron en octubre en los registros de la propiedad fue de 23.319, lo que supuso un descenso interanual del 2,1%, muy inferior al 25,2 % que bajó en septiembre.
     En las hipotecas sobre viviendas, este recorte fue del 5,2%, frente al 26% del mes anterior, añade el INE. Las comunidades autónomas donde se constituyeron más hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Andalucía (2.709); Madrid (2.342) y Cataluña (2.263).
     Las comunidades autónomas vieron caer en octubre la cifra de hipotecas firmadas en un 23,2% en tasa interanual conjunta y, de ellas, las únicas que crecieron ese mes fueron Navarra, el 45%, y la ciudad autónoma de Ceuta, donde se firmaron el 223,8% préstamos más que en el mismo mes de 2012. Del resto, Extremadura fue la comunidad donde más cayó la firma de hipotecas en octubre, el 36,8%, seguida del País Vasco, donde se redujo el 36,6%.

 

Báñez aprueba una subida encubierta de cotizaciones a las empresas

Sábado, 28 de diciembre de 2013

     La Seguridad Social incluye nuevos conceptos en el cómputo de las cotizaciones que pueden encarecerlas hasta 1 ó 2 puntos, según los expertos consultados.
     Economía | 26-12-2013 La noticia en vozpopuli.com
     La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en una sesión de control al Gobierno.
     El Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez ha aprobado una nueva subida encubierta de cotizaciones para las empresas, recogida en el BOE del pasado sábado.
     Tan sólo unos días antes de la Navidad y sin que mediase una explicación meridianamente clara, el Gobierno aprovechó para eliminar y endurecer otra vez algunas exenciones de las que se beneficiaban los empresarios a la hora de pagar la Seguridad Social de sus trabajadores.
     Es decir, la enésima vuelta de tuerca para elevar todavía más las cuotas empresariales y añadir ingresos al anémico sistema de pensiones, tal y como reconoce en el preámbulo el propio legislador al afirmar que tal decisión “obedece a la necesidad de adoptar medidas urgentes con el objetivo de conseguir la sostenibilidad en el sistema de la Seguridad Social”.
     Según los expertos consultados, dichos cambios legislativos pueden representar un alza de las cotizaciones sufragadas por los empresarios de hasta 1 ó 2 puntos, dependiendo de los casos.
     En el Real Decreto-ley de ‘Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores’, se igualan los conceptos que computan o no en la base de cotización a los incluidos y excluidos en el IRPF, lo que en la práctica supone que el empresario tendrá que abonar cotización por casi todo lo que valga para retribuir a un trabajador, como por ejemplo las dietas, el plus de transporte o el cheque restaurante.
     De hecho, en la nueva redacción de la norma se mantienen las exenciones a través de un “únicamente no se computarán”, lo cual significa que por todo lo demás se deberá cotizar. Y a continuación le sigue una escueta lista en la que se detallan ciertos gastos de locomoción del trabajador, que por ejemplo ahora precisarán de factura para estar exentos; la indemnización por fallecimiento, traslado o suspensión hasta la cuantía máxima prevista en convenio, y la indemnización por despido solamente hasta la cuantía obligatoria establecida en la Ley de Estatuto del Trabajador y no la marcada por convenio, pacto o contrato.
     Es más, el nuevo articulado recoge la obligación del empresario de comunicar a la Seguridad Social cualquier concepto por el que se remunere a un trabajador. De lo que ‘ipso facto’ se infiere que el empresario tendrá que pagar por ello.
     Quejas empresariales
     Y la cosa no se queda ahí. El Gobierno también ha subido las bases mínimas de dos tipos de autónomos, los societarios y aquellos con más de de 10 empleados; aunque semejante iniciativa tiene bastante lógica si se tiene en cuenta que en algunos casos se daba a veces la paradoja de que el empleador cotizaba incluso menos que los empleados.
     Fuentes empresariales manifestaron a este medio su indignación porque “en lugar de facilitar y abaratar la contratación, el Ministerio de Empleo la dificulta y la encarece”. “El Gobierno nos prometió una bajada de cotizaciones al comienzo de la legislatura y ya encadena tantas subidas que han encarecido los costes laborales un promedio del 2 por ciento”, comenta una fuente de la patronal.
     Para los empresarios, la lista de agravios es larga: el Ejecutivo ha elevado el IVA, un repunte que supuso un duro golpe para muchos sectores, sobre todo de la distribución; ha suprimido bonificaciones a la contratación, medida que restó a las empresas unos 1.000 millones de euros según cálculos de la CEOE; ha subido dos años consecutivos las bases de cotización más altas un 5 por ciento, lo que de acuerdo con los cálculos del Gobierno reporta unos 1.300 millones más de recaudación a la Seguridad Social, y ha ampliado dos veces las bases de cotización al cobrar por conceptos antes exentos como por ejemplo el plus de transporte.

 

La ciclogénesis revoluciona los parques eólicos y tumba el precio del mercado eléctrico

Sábado, 28 de diciembre de 2013

     Javier González Navarro / Madrid Día 26/12/2013 – El artículo en abc.es
     Un megavatio hora (MWh) costaba 71,64 euros de media el domingo pasado, frente a los 9,18 euros del día de Nochebuena y los 5,42 de Navidad
     La ciclogénesis explosiva que ha pasado por nuestro país y que ha ocasionado importantes daños materiales en el norte, especialmente en Galicia, así como en Gran Bretaña y Francia, ha revolucionado los numerosos parques eólicos que tenemos en España, lo que ha provocado una mayor generación eléctrica con esta energía y, consecuentemente, un desplome de los precios del mercado mayorista.
     Un mercado que ha estado muy de actualidad desde el jueves pasado cuando la subasta Cesur -que se celebra cada tres meses para fijar el precio de la tarifa TUR para el siguiente trimestre- se cerró en 61,83 euros MWh., lo que conllevaría un aumento de la tarifa eléctrica del 11% a partir del 1 de enero próximo.
     Como se sabe, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo anuló inmediatamente esa subasta, a instancias de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), y tiene previsto fijar mañana viernes un nuevo mecanismo para determinar la tarifa eléctrica que tendrán casi 20 millones de consumidores domésticos.
     Como la generación eólica entra casi a 0 euros en ese mercado mayorista, sus precios medios se han desplomado en los dos últimos días, cayendo de los 71,64 euros MWh del pasado domingo a los 60,77 euros del lunes, los 9,18 euros del martes y los 5,42 euros de ayer. Para hoy, el precio medio era de 12,84 euros. En estos últimos casos, suponen un descenso del 50% frente a los registrados en los mismos días de 2012.
     La generación de electricidad con energía eólica ha superado el 50% del total en los dos últimos días, alcanzando incluso el 55%. La segunda fuente de generación ha sido la nuclear, con el 24%. De los 22.622 MW eólicos instalados en España al acabar 2012, 3.339 MW están en Galicia, que es la tercera región con más potencia eólica tras Castilla y León (5.475 MW) y Castilla-La Mancha (3.795 MW).

 

Cláusula suelo: anulación

Viernes, 27 de diciembre de 2013

     Varias entidades financieras han sido condenadas por diversos tribunales a suprimir esta condición de sus hipotecas
     26.12.2013 José López Antuña Licenciado en Ciencias del Trabajo. El artículo en lne.es La Nueva España
      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) consideró que la legislación española, en el marco de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, vulneraba la legislación comunitaria por ser incompatible con ésta sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con personas que han suscrito un préstamo hipotecario.
     En mayo de 2013, la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo, sentando jurisprudencia, anuló las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de NGC Banco, BBVA y Cajamar al entender que las cláusulas suelo que en ellos se incluían no eran transparentes. Tras la publicación de esta sentencia, han sido varias las entidades financieras que han sido condenadas por diversos tribunales a anular estas cláusulas de sus hipotecas
     Ahora el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga ha anulado la cláusula suelo de unos contratos hipotecarios de Unicaja y ha condenado a la entidad a devolver a los afectados lo cobrado por este concepto, que asciende a 18.844,39 euros, a lo que hay que sumar las cantidades mensuales que se vayan devengando y los intereses. La cifra total ascendería a 225.000 euros.
     La sentencia estudia la cláusula suelo insertada en los distintos contratos de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable otorgados por las partes en escritura pública en distintas fechas comprendidas entre 2005 y 2011.
     La Sala recuerda que para que una cláusula tenga condición de abusiva debe cumplir varios requisitos: que no se haya negociado, que sea contraria a la buena fe y que cause un desequilibrio en los derechos y obligaciones derivados del contrato.
     Así, destaca que en este caso concreto no se puede concluir que la cláusula haya sido negociada individualmente por la entidad bancaria con cada uno de sus clientes. También señala que no se ha contado con ningún folleto inicial en el que se especificara con claridad las condiciones financieras del préstamo.
     Tampoco consta que la entidad prestamista demandada facilitara a los actores una perfecta comprensión de las implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario que finalmente contrataron, ni una adecuada comprensión del contenido íntegro del contrato.
     Igualmente, señala que no consta que el notario informara a los demandantes de la existencia de esta cláusula en sus contratos ni les advirtiera “expresamente” del significado de aquellas cláusulas que, por su propia naturaleza, pudieran pasarle inadvertidas.
     Por ello, concluye que como consecuencia del desequilibrio que el demandado produce al incluir esta cláusula en el contrato de préstamo, se evidencia que su actuación es contraria a la buena fe, puesto que el desequilibrio causado en perjuicio del consumidor no queda justificado.
     La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.
     La cláusula suelo o interés mínimo es el responsable de que muchos hipotecados no puedan ver reducida su cuota a pesar de que el euribor cotice más bajo que nunca. Según el Supremo, lo intolerable no es la cláusula en sí sino la falta de transparencia en la información precontractual ofrecida al cliente. Algunas entidades (BBVA, Cajamar y NCG Banco) ya las han retirado definitivamente de sus contratos actuales y ulteriores. Los afectados de los demás bancos tendrán que presentar quejas al Servicio de Atención al Cliente de su entidad o acudir a un juzgado para conseguir retirar el suelo. La reducción de la cuota llega a alcanzar hasta un 50%. Por ello, las cláusulas suelo siguen siendo legales en nuestro país, su nulidad se limita exclusivamente a los casos en los que se haya producido uno de los seis supuestos de falta de transparencia en su mercantilización.

Los mercados anticipan una subida del recibo de la luz en enero del 7%

Viernes, 27 de diciembre de 2013

     La puja del jueves, sin embargo, arrojó un resultado de 61 euros/mWh
     El Consejo de Ministros aprobará el viernes el nuevo sistema de precios
     Las eléctricas recuerdan por escrito a la CNMC su ‘plena independencia del Gobierno’
     Víctor Martínez. Madrid 24/12/2013 El artículo en elmundo.es
     El mercado eléctrico ha vuelto a sus cauces cuatro días después de la subasta del tarifazo. El precio de la energía en el mercado a futuros para el primer trimestre de 2014 se desplomó el martes de nuevo por debajo de los 57 euros por megavatio/hora (mWh), una cifra registrada en los días anteriores a la subasta Cesur y que había llevado al Ministerio de Industria a calcular un incremento del recibo de entre el 6% y el 7% en el mes de enero.
     La puja del jueves, sin embargo, arrojó un resultado de 61 euros/mWh, con un diferencial extraordinario del 7% sobre la referencia que suele ser el precio a futuros y con un impacto en la factura del 10,5%. Esto obligó al Gobierno a intervenir el mercado con la anulación de la subasta -que desde 2007 fija la tarifa de 18 millones de pequeños consumidores- y a abrir una investigación por posible manipulación de este mecanismo.
     Ahora, el mercado vuelve a apuntar a un incremento próximo al 7% a partir del mes de enero, que sería resultado de sumar el aumento del coste de la energía según la previsión de futuros y el incremento final del 0,8% en la parte regulada de la factura. No obstante, se desconoce el sistema que finalmente aplicará el departamento dirigido por José Manuel Soria para establecer el encarecimiento de la electricidad.
     ‘Señales reales del mercado’
     El ministro canario se limitó al martes a decir que este nuevo procedimiento recogerá las «señales reales del mercado», sin especificar cuáles son. Otras fuentes consultadas señalan que Industria podría realizar una previsión semestral del precio de la luz según las indicaciones del mercado de futuros y, a posteriori, cargar al recibo las correcciones que se registren con el pool o mercado diario en ese periodo. De esta forma, y teniendo en cuenta que el precio baja mucho en el segundo trimestre del año, el Gobierno podría permitirse un aumento menor del recibo del 3% en enero.
     Por otro lado, la orden ministerial 1659/2009 que regula el funcionamiento de las subastas Cesur propone que, en caso de anularse una puja, se tenga en cuenta un precio medio del mercado eléctrico en los diez días anteriores. Esta opción, a priori descartada, implicaría un incremento del recibo próximo al 6,4% en la parte de la energía, según calculan en fuentes del sector eléctrico.
     A falta de que Soria concrete el incremento final el próximo viernes en el Consejo de Ministros, la guerra abierta con las eléctricas vivió el martes un nuevo episodio de tensión. Las compañías han decidido a modo propio personarse en la investigación que está realizando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En un escrito remitido por la patronal Unesa, el colectivo eléctrico pide «transparencia» en la resolución del procedimiento y recuerda al regulador su «plena independencia del Gobierno».
     Además, en una de sus argumentaciones Unesa aplaude que la CNMC lleve a cabo la investigación porque es un organismo que está sometido «al control parlamentario y judicial» y advierte que puede «ejercitar todo tipo de acciones legales y judiciales» para defender los intereses de sus asociados.
     Revisión del modelo
     El regulador, por su parte, trabaja a destajo en el informe solicitado por Industria para establecer el nuevo mecanismo de fijación de precios que sustituya a las subastas Cesur a partir del próximo mes de enero. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), ahora integrada en la CNMC, ha pedido en numerosas ocasiones una revisión de este modelo por falta de presión competitiva y el riesgo de que confluyan una serie de factores de mercado que disparen el precio de la puja.
     Algunos de los inversores que participaron en la subasta explican que el precio del mercado de futuros también está influido por un volumen de negociación «muy poco líquido» tras la intervención del Gobierno y el escaso nivel de operaciones habitual en estas fechas. En referencia al primero de estos puntos, las operaciones cerradas este martes no estuvieron relacionadas con los grandes bancos de inversión que habitualmente trabajan en este mercado.
     El abaratamiento del mercado de futuros también está influido por la brusca caída del precio de la energía en el mercado diario tras la celebración de la subasta Cesur. Hoy, sin ir más lejos, el precio medio del pool establecido por el operador Omel tras casar la oferta y la previsible demanda es de 9,18 euros/mWh. Lo increíble de la situación es que durante seis horas de la madrugada el coste de la energía en el mercado será de cero euros, tras haber registrado picos superiores a los 100 euros/mWh hace tres días.
     Esta situación se produce porque la demanda -que es menor al tratarse de un día semifestivo- puede cubrirse con la oferta renovable, nuclear e hidráulica, tres fuentes que entran a precio cero en el mercado. Esto supone a juicio de las eléctricas una «clara distorsión» del mercado, que debería ser «corregida» en la nueva reforma en la que ya trabaja Industria.

 

Pasaporte a España por 500.000 euros

Viernes, 27 de diciembre de 2013

     Pasaporte a España por 500.000 euros
     El Gobierno confía en que la ley que ofrece la residencia a inversores estimule las ventas de lujo
     Potenciales colectivos de interesados, como rusos y chinos, no concretan solicitudes
     María Fernández Madrid 21 diciembre 2013 –  El artículo en elpais.com
     Son ricos y están despistados. Tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores, que abrió la puerta a los extranjeros para conseguir visado y autorización de residencia a cambio de la adquisición de viviendas de más de 500.000 euros, apenas se constatan movimientos. “Todavía es pronto para valorarlo”, argumenta el Ministerio de Empleo, desde donde se centralizan los datos sobre solicitudes de visados de residencia. En Colegio de Registradores, otro tanto: “Entró en vigor a finales de septiembre, no hay datos y lo más probable es que hasta dentro de unos meses no los tengamos”, explica un portavoz.
     Aunque las grandes fortunas rusas forman un colectivo susceptible de querer beneficiarse de esta medida, insertada en la Ley de Emprendedores, ni en la oficina económica de la Embajada española en Moscú ni en el consulado ofrecen detalles sobre cómo pueden los inversores acogerse a las ventajas para ricos que facilita el Gobierno. “Todo está en la página web”, contesta al otro lado del teléfono una administrativa. Quien más se está moviendo para promocionar la ley es Invest in Spain, organismo dependiente del ICEX que difunde la marca España. Aún así, sus responsables eluden ofrecer un primer balance.
     La ley 14/2013, de 28 de septiembre, facilita los permisos de residencia como una nueva fórmula para “atraer inversión y talento” a través de un procedimiento que se promete “ágil y rápido”. Los no europeos que se propongan entrar en España para realizar una “inversión significativa de capital”, podrán solicitar el visado de residencia de un año (como mínimo) si realizan una compra igual o superior a medio millón de euros (por solicitante) en inmuebles, que deben estar libres de cargas. España también se lo concederá a quienes hayan comprado deuda pública por valor de dos millones de euros o adquieran acciones de empresas españolas por más de un millón. Ese visado permite viajar libremente dentro de los 26 países del área Schenguen.
     Con él en la mano, los inversores pueden dar un segundo paso para conseguir la “autorización de residencia” por dos años y renovable. Es suficiente con visitar España al menos una vez cada doce meses; demostrar que el solicitante continúa siendo propietario y que está al corriente en el pago de impuestos. Según los expertos, el titular de ese permiso puede mantener su residencia fiscal fuera de España a menos que permanezca más de 183 días al año en este país.
     Adicionalmente, la Administración solicita el papeleo común a los visados: certificado de antecedentes penales, seguro médico, contar con medios económicos suficientes para atender los gastos de estancia y pago de tasas. El comprador debe presentar un certificado del Registro de la Propiedad español y documentación que demuestre que efectivamente ha pagado el inmueble. Los consulados, como receptores de las solicitudes, tendrán que comprobar ante la Dirección General de la Policía si “el solicitante representa un riesgo en materia de seguridad”, un trámite que según la ley se solventa en un máximo de una semana.
     Las personas acaudaladas no tienen de qué preocuparse: siempre hay empresas que se ocupan de la burocracia. Roca Junyent, un despacho jurídico con oficinas en Madrid y Shanghai, se ofrece para tramitar las gestiones y, aunque constata que las medidas todavía no han calado entre los principales interesados, apunta que con el tiempo lo harán. Jaime Espejo, socio del bufete, relata que en el caso de los chinos, el procedimiento empieza con una preselección de viviendas de lujo que se muestra a los interesados en el país de origen. El inversor concierta un viaje a España con visa de turista para escoger casa de entre sus preferidas. Si se decide a dar el paso, abrirá una cuenta bancaria y firmará poderes para que sus asesores concluyan la compra y tramiten el permiso. Portugal, Grecia y Chipre son otros países que han implantado facilidades similares, alterando la histórica concepción de la legislación de extranjería como un simple control de la política migratoria para convertirla en un instrumento de captación de fondos.
     En la página web de HQ Realty, una inmobiliaria con oficinas en Miami, Huston, Buenos Aires y Madrid, las casas de lujo no bajan del millón de euros. En sus oficinas españolas las consultas sobre la compra de casa con visado incluido caen con cuentagotas, aunque al menos tres personas de Irán, Colombia y Venezuela han concretado entrevistas para las próximas semanas, atraídas por las nuevas facilidades. Otro tanto ocurre en Engel & Völkers, una marca internacional que vende palacios, villas de lujo y yates y que apunta al interés de clientes indios y chinos.
     “Por sentido común, si esta puerta se abre, la aprovecharán personas que quieran huir de países con conflictos sociales, políticos o con presiones económicas”, destaca el director de inversiones de BNP Paribas, Francisco Manchón.

 

Incendio en el Santuario de la Virxe da Barca. Muxía. A Coruña

Jueves, 26 de diciembre de 2013

Santuario Virxe da Barca 25 diciembre 2013

Spanish Ministry of Justice Completes Citizenship Backlog with Microsoft SQL Server

Jueves, 26 de diciembre de 2013

     27 August 2013 | Dr. Andrew Hawkins, Managing Director, Public Safety and Justice, Worldwide Public Sector, Microsoft Corporation- La noticia en microsoft
     The path to citizenship can often be complicated and laborious. Saddled with thousands of applications, governments frequently find it difficult to keep track of all the requests. The result is that applications for citizenship can get backlogged.
     Recognizing the problem, the Spanish Ministry of Justice decided to take action. With a backlog of more than 400,000 applications, the ministry needed to process citizenship requests more efficiently. After researching the issue, it chose global technology services firm FUTUVER to develop an electronic management system that digitally manages the workflow of all citizenship requests. And it selected Microsoft SQL Server 2012 as its database for digitally storing and retrieving all citizenship records.
     “We needed to respond quickly and effectively to a large volume of records, so it was necessary to digitize both data and processes,” says Joaquín Rodríguez, Director General of Registries and Notaries for the Ministry of Justice. “We chose Microsoft SQL Server 2012 because it offered us the maximum availability and security guarantees and adapted completely to the level of requirements essential for public administration.”
     Thanks to its new technology, the Spanish Ministry of Justice has dramatically improved the way it handles citizenship requests. Within six months, the Ministry of Justice resolved more than 400,000 applications that had been backlogged in the last three years. In addition, it now handles an average 4,000 applications per day, either granting or denying citizenship to applicants. More than 5,000 users are connected to the system, including eight government ministries and 1,450 public and private offices throughout Spain.
     The Ministry of Justice plans to further hone its electronic management system by the end of 2013 so that it can quickly adapt to legal changes and new procedures that may occur in the future. It also plans to allow applicants to apply for citizenship over the Internet.
     “This pioneering experience is an example of how the innovative application of technology can be applied in short periods of time to many of the problems facing government,” says Luis Miguel Garcia, Director of the Business Unit of Servers and Platforms for Microsoft Ibérica. “By digitizing its data and processes, the Ministry of Justice is laying the groundwork for a true e-Government.”
Dr. Andrew Hawkins
     Managing Director, Public Safety and Justice, Worldwide Public Sector, Microsoft Corporation

S&P critica la venta de NovaGalicia al venezolano Banesco

Jueves, 26 de diciembre de 2013

     Se declara a la espera de contar ‘con información suficiente’
     Carlos Segovia Madrid 23/12/2013 El artículo en elmundo.es
     La agencia de calificación de solvencia Standard&Poor,s critica la venta que ha realizado el Gobierno español de NovaGalicia al banco venezolano Banesco y augura “implicaciones negativas para la solvencia del banco gallego”. No solo mantiene en bono basura la calificación de la entidad nacionalizada, sino que la coloca “en perspectiva negativa” tras la transacción.
     “Creemos que una parte significativa de los activos consolidados de Banesco se encuentran en Venezuela, un país con peor solvencia que España y en el vemos más riesgos operativos para una entidad bancaria”, añade la agencia.
S&P señala que, por el momento, no solo mantiene su actual baja nota de BB- a NovaGalicia, sino que la sitúa “en perspectiva negativa” tras la adjudicación a Banesco.
     El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) vendió el pasado día 16 NovaGalicia a Banesco por 1.003 millones de euros tras haber inyectado ayudas cercanas a los 9.000 millones de euros.
     La agencia estadounidense se declara a la espera de contar “con información suficiente” sobre “el apoyo que puede prestar Banesco a la entidad gallega, que es de una talla significativamente superior que la del banco venezolano”.

 

La Cámara de Alicante recorta los sueldos un 30% y prepara un ERE tras superar el millón en pérdidas

Jueves, 26 de diciembre de 2013

     El pleno aprueba el ERTE inicial tras dar el visto bueno a un presupuesto para 2014 con un déficit de 1.088.000 euros
     J. Collado 24.12.2013 – El artículo en información.com
     La Cámara de Comercio de Alicante afronta 2014 con una reducción de sueldos y de jornada de un 30% respecto a 2013 para la plantilla en general y de un 23,5% en los salarios de los directivos, que no tendrán recorte de jornada. Este ERTE, cuyas líneas generales ya adelantó este periódico el pasado día 6, fue aprobado ayer por el pleno cameral, que dio su visto bueno a un presupuesto para el ejercicio 2014 con un resultado negativo de 1.088.000 euros , un 10,94% menos que en 2013. Además, la organización presidida por José Enrique Garrigós aprobó también ayer un ERE de extinción para cuando «entre en vigor la nueva ley de Cámaras», según informó ayer en una nota al término de la reunión.
     El ERTE pactado entre la dirección de la Cámara y el comité de empresa –que debe ser aprobado por la asamblea de trabajadores después de Reyes– afectará de distinto modo en función de la segmentación de la plantilla. Así, para los denominados estatutarios, que conforman casi la mitad de los 58 empleados actuales de la entidad y tienen un estatus equiparado al de funcionarios, la reducción de jornada/salario será menor que para los no estatutarios, mientras que para los directivos la reducción salarial no lleva aparejada reducción de jornada.
     Los términos de la conversión del ERTE en ERE cuando se apruebe la ley de Cámaras, previsiblemente en el primer tercio del próximo año, dependerán de que se confirme la equiparación de estatutarios al resto de la plantilla que anunció el Gobierno, con lo que entonces el total de ésta entraría en pie de igualdad en los despidos, mientras que si no es así sería la mitad no estatutaria la que padecería, salvo pacto en contrario, la mayor parte del Expediente de Regulación de Empleo. Con este conjunto de medidas la Cámara confía en reducir los gastos de personal en torno a los 600.000 euros el próximo año.
     Fuentes oficiales explicaron ayer que el presupuesto 2014 se ha elaborado «en base a los principios de prudencia y austeridad, financiando con aplicación de parte del remanente de la entidad el presupuesto ordinario de ingresos y gastos y el presupuesto de inversiones».
     Respecto a los ingresos, la previsión es alcanzar los 3.126.884,30 euros para 2014, lo que supone una reducción del 21,12%% sobre 2013, que ascendió a 3.964.000 euros. En este sentido, el organismo presidido por Garrigós atribuye el descenso a «la minoración de las subvenciones públicas».
     La Cámara tiene previsto poner en marcha en 2014 nuevos servicios propios como los cursos de expertos universitarios en Dieta Mediterránea, Gestores Comerciales, Nuevas Tecnologías y Redes Sociales y en Mediación.
     Además, según explicó la entidad ayer, se consolidan los programas públicos puestos en marcha en el 2013 como Ecoinnocámaras y el Plan para la Competitividad del Pequeño Comercio, estos dos derivados de programas del Gobierno central y los planes de Turismo Industrial y Comercio Rural, derivados de subvenciones de la Diputación.
     Sobre los gastos, éstos se reducen en 970.849,36 euros, un 18,72% respecto a 2013, especialmente en el capítulo de sueldos y salarios.
     La Cámara ha trasladado su sede central del edificio del antiguo Hotel Palas al edificio ubicado en la Plaza Ruperto Chapí 3, donde ya se celebró ayer tarde el comité ejecutivo. El pleno se desarrolló en el salón de actos de la antigua sede, cuyo uso es compartido con el Ayuntamiento de Alicante.

 

El regulador advirtió en 14 informes de tres ‘agujeros’ que distorsionaban las subastas

Jueves, 26 de diciembre de 2013

     Gobiernos de PSOE y PP los desoyeron
     24/12/2013 La noticia en elconfidencial.com
     Algunos pasos a nivel no existirían si no hubiera accidentes. El Gobierno ha dado un paso al frente y modificará el sistema para fijar el precio de la luz. Eso sí, lo hará tras la subasta número 25, que avalaba una inasumible subida del recibo del 11% y provocaba un incendio en el sector de consecuencias imprevisibles. Pero antes tuvo advertencias. Y no movió ficha alguna. No en vano la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE) –actual CNMC– incluyó un anexo en su validación a cada una de las 14 subastas anteriores en las que avisaba de que la fórmula utilizada no alentaba la competencia, no tenía suficientes referencias de precios y estaba vinculada al llamado efecto evento, esto es, que cualquier movimiento coyuntural podía condicionar los precios de todo un trimestre.
     Según explican fuentes próximas al Ministerio de Industria, las primeras subastas celebradas después de la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) en julio de 2009 no contaron con el citado anexo. Sin embargo, a medida que se fueron percibiendo los problemas, el entonces regulador empezó a alertar de que el sistema no funcionaba y de que era fundamental corregirlo. Eso ocurrió en el segundo trimestre de 2010 y la idea nunca se abandonó. De este modo, desde entonces el supervisor se curó en salud e incluyó esa letra pequeña en la que se ponía de relieve que las subastas trimestrales debían modificarse con objeto de garantizar determinados requisitos.
     En primer lugar, era básico certificar que existía “una suficiente presión competitiva por el menor volumen subastado en cada una de las subastas”. Pero no solo. En segundo término y según consta el documento, se advertía al Ministerio de Industria de que era imprescindible disponer “de más referencias de precios de cada periodo trimestral que se incluya en el cálculo del coste de la energía en la TUR, con objeto de diversificar el resultado de una única subasta”. Durante la etapa del Gobierno Zapatero, esta posibilidad ya estuvo sobre la mesa y fue objeto de debate público. Para la extinta CNE, era clave llevar a cabo más tomas de precios.
     Una premisa que se reforzaba en el tercer agujero denunciado. No en vano el regulador abogaba por poner en marcha mecanismos que “reduzcan las variaciones trimestrales del coste de la energía de la TUR, al disponer de varias referencias de precios obtenidos en distintas fechas para cada periodo trimestral, minimizando la probabilidad de que un acontecimiento determinado que afecte significativamente al precio de referencia en el momento de celebración de la subasta Cesur (efecto evento) se traslade directamente al coste de la energía de la TUR por tener una única referencia procedente de una sola subasta”. La cuestión no es baladí, en tanto esa tarifa de último recurso acoge a 20 millones de clientes.
     Veredicto acordado
     Todo a la espera de que la CNMC haga público a principios de año el informe en que desglosa las “circunstancias atípicas” que percibió en la subasta. Un documento que elabora bajo una presión inusitada. Por lo pronto, el Gobierno parece haber decidido ya que las eléctricas manipularon los precios de la subasta. Al menos eso se desprende de los mensajes públicos -Soria aseguraba el sábado en una entrevista con el diario ABC no saber en base a qué criterios las eléctricas podían decir “de entrada que la subasta había sido transparente”- y, sobre todo, de los privados. Sotto voce, fuentes del Gobierno atribuyen el descontrol en las ofertas al desencanto de las compañías con la reforma energética, que les habría llevado a “ejercer su poder oligopolista para incrementar los precios del mercado”. Todo un aviso a navegantes de cómo respira el gabinete popular.
     El propio Soria mantenía ayer la línea del discurso insistiendo en que hay “sospechas de manipulación”. Asimismo, puntualizó que el próximo viernes el Consejo de Ministros abordará una propuesta de Industria sobre la subida de la luz. Para mantener las espadas en alto, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, pidió que se pongan sobre la mesa lo antes posible los informes de la CNMC, y solicitó encarecidamente que el nuevo coste de la electricidad no sea un estropicio para el mercado. Todo tras recordar que la situación “no tiene precedentes” y que se está “demonizando” a las compañías. A la vista de los hechos y antes de que continúe la rodada, no falta quien en el sector ya apunta que no vendría mal una suerte de arbitraje -incluso desde el propio Ejecutivo por un ministro no contaminado o por la propia vicepresidenta- para pacificar un sector en llamas.
     Toma de posesión del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. (EFE)No ayudan nada las cifras, en tanto sigue generándose déficit de tarifa, esto es, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados que perciben las eléctricas. Hasta octubre y según los datos hechos públicos ayer por la CNMC, ese agujero alcanzó los 4.481 millones de euros, si bien la cifra es solo provisional en tanto no incluye el impacto a la baja que provocará en las cifras la reforma eléctrica aprobada en julio por el tándem Soria-Nadal. Esta recortará, entre otras partidas, las primas a las renovables, que se situaron en los diez primeros meses del año en 8.188 millones de euros, un 3,8% inferior a lo previsto. No en vano “una parte sustancial de las instalaciones fotovoltaicas han alcanzado el número máximo de horas de producción con derecho a prima”. Sin el impacto de la reforma, la previsión de déficit para final de año supera los 4.800 millones.

Feliz Navidad 2013.

Miércoles, 25 de diciembre de 2013

velas de navidad

Silent Night. Jackie Evancho

Miércoles, 25 de diciembre de 2013

All I want for Christmas is you. Tiffany Alvord

Martes, 24 de diciembre de 2013

El precio de una hipoteca

Martes, 24 de diciembre de 2013

     Mi pequeño Salottino
     Juan. J. Gutiérrez Alonso (22-12-2013) El artículo en vozpopuli.com
     En la obra El vendedor de ecos (Editorial Eneida, 2010), Mark Twain nos recuerda que es algo excelente escribir para el divertimento del lector, pero también exclama ¡cuánto más bello y noble es hacerlo para su instrucción y beneficio inmediato y tangible! Acto seguido nos regala algunos consejos que permiten aliviar las dolencias derivadas de un constipado para ayudar, según apunta, a los semiextintos. El texto no tiene desperdicio, y en su honor, hoy vamos a hacernos «eco» de su ingenio para referirnos a una cuestión que puede resultar también de interés e incluso útil.
     Hace unos meses, a pesar de mi rechazo, una persona cercana decidió embarcarse en la compra de un inmueble. El propietario era – y es todavía – una entidad de esas que han sido absorbidas por otra e intervenidas por el conocido Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB). El adquirente, por su parte, un profesional con conocimientos nulos en estos menesteres, pero como tantos otros, entusiasta de un inmueble al que vincularse por el resto de sus días.
     Por medio de un intermediario a quien se había encargado el mercadeo de la propiedad, nuestro potencial adquirente comunicó a quien había sido previamente ejecutor de desgracia ajena, su intención de comprar el inmueble; a lo cual éste accedió, haciéndole firmar inmediatamente un «documento reserva» y exigiéndole el desembolso de 3.000 euros con cargo al precio de venta. En el documento precontractual o contractual, como quiera considerarlo el jurisconsulto de turno, se trasladaba al comprador el pago de absolutamente todos los costes de la compraventa, incluidas las cantidades que debe obligatoriamente asumir la parte vendedora, como por ejemplo el conocido Impuesto de Plusvalía, que según la ley corresponde en todo caso al vendedor. Téngase en cuenta a este respecto que el propio Tribunal Supremo tiene declarado (STS 842/2011 de 25 noviembre) que las cláusulas que trasladen al comprador el pago de ese impuesto son nulas y se entienden por no puestas en cualquier documento contractual, además de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha apuntado recientemente en su Sentencia de 18 de julio de 2013 (Recurso 515/2011), algo muy interesante: no cabe exigir plusvalía municipal cuando ha disminuido el valor real del bien que se transmite.
     Sea como fuere, lo cierto es que al poco tiempo de la firma de aquel documento reserva, que de por sí ya era un tanto tenebroso, la entidad comunicó a nuestro ingenuo comprador la concesión de la financiación hipotecaria, debiendo estar doblemente agradecido porque se aprobó por el Departamento de Riesgos el 100% del valor del inmueble. A continuación, claro está, le trasladaban las condiciones de aquella concesión. Entre otras, el traspaso de nómina, pago de una nueva tasación (aunque el inmueble es de la entidad financiera y ya disponía de tasación), suscripción de un seguro de hogar y abono por adelantado de cinco años de primas, suscripción de un seguro de vida y abono adelantado de otros cinco años de primas, además de aceptar el pago de una «Provisión de Fondos» con carácter previo a la firma de la escritura pública de compraventa y en la que se introducían partidas y cuantías por todos los conceptos y también la obligación de aceptar el pago de unos honorarios de gestoría, que ascendían a casi 600 euros. En total, incluyendo las cuantías estimadas de liquidación de impuestos y los honorarios de notario y registrador de la propiedad, unos 20.000 euros adicionales al precio inicialmente considerado.
     Saqueando, que es gerundio, dicen.
     Me puse en contacto entonces con los comerciantes de endeudamiento y dinero ajeno para indicarles que tenía mis dudas sobre la forma de proceder y muy especialmente en relación a los honorarios de gestoría, que me parecían un completo abuso, ya que en realidad se trata de pasear la escritura pública por la consejería de hacienda correspondiente y el registro de la propiedad, es decir, algo que puede hacer cualquiera mínimamente documentado. Además, no terminaba de entender tampoco que ellos impusieran incluso su gestoría para realizar actuaciones que corresponden de modo personal al comprador, como por ejemplo la liquidación de impuestos. Pero ante la bienintencionada exposición, la entidad se negaba en rotundo a aceptar modificación alguna de los términos previamente establecidos, indicándonos que las condiciones eran inalterables. La explicación era, más o menos, que «la entidad no puede dejar en manos del adquirente la liquidación de impuestos porque sería responsable subsidiario en caso de que no se liquiden los mismos». Precisamente por esto, parece, tienen que imponer su gestoría, para además de asignar cobros y comisiones, asegurarse de que la liquidación de impuestos e inscripción se practica cuanto antes y «liberar» así a la entidad financiera. Se nos indicaba también que las condiciones ya se habían explicado con anterioridad y que habían sido aceptadas por la parte compradora. Parte compradora que, como suele suceder, de este «incidente procesal» y cualquier otro extremo relacionado con la operación, normalmente nada sabe y por supuesto siempre menos que la parte vendedora, cuya misión no es otra que imponer el protocolo de actuación previamente fijado y dejar que la parte compradora vaya descubriendo progresivamente los detalles.
     De hecho, no es casualidad tampoco que la parte vendedora imponga también en la operación «su notario». Una imposición que es ilegal y que cualquier cláusula contractual que se haya suscrito en tal sentido hay que tener claro que no obliga al comprador, ya que éste está en su derecho de elegir el fedatario público que considere oportuno para realizar la compraventa. Pero claro, alguien se preguntará, si imponen el pago del Impuesto de Plusvalía y también sus propios gestores, por qué no iban a imponer también su notario. Así sigue el tema inmobiliario en nuestro país.
     Una cuestión importante
     En el esquema de actuación descrito, con independencia de las dudas que puedan tener algunos y el debate respecto de las posibles responsabilidades subsidiarias y eventuales procedimientos de recaudatorios en sede de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que la operación lleva aparejada, hay que preguntarse por algunas consecuencias respecto de esta imposición. Por ejemplo, si usted tenía pensado solicitar aplazamiento del pago de impuestos al momento de presentar la escritura pública de compraventa para su autoliquidación y fraccionar así el pago en los términos que la normativa vigente le reconoce, sepa que no le será posible porque la entidad que le financia la compraventa no parece estar dispuesta a dejarle ejercer ese derecho al que usted podría acogerse, sino que será su gestoría, la del Banco o Caja, la que se encargue de recogerle por adelantado el dinero y liquidar, en su nombre, previa autorización también impuesta, los impuestos que tenga a bien, le correspondan o no, en la forma y en los términos que ellos estimen oportuno. No hay que ser un genio para advertir que interesa mucho que sean sus propios gestores quienes cierren cuanto antes el pago de impuestos, incluso, como se ha apuntado, de aquellos que debe asumir legalmente la entidad financiera, pero como se puede ver, a costa del comprador.
     Esto último, además del cobro de la correspondiente comisión que siempre sobrevuela en estas operaciones, parece la razón última de este singular modo de proceder, porque de la lectura del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de su Reglamento de desarrollo, difícilmente podría extraerse que es conforme a derecho ese modus operandi, entre otras cosas, porque para una eventual responsabilidad subsidiaria sería necesario que el deudor principal haya sido declarado fallido tras el procedimiento de recaudación correspondiente, por lo que, desde nuestro punto de vista, la intención del comprador de solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria aparejada a la compraventa no debería ser un problema insalvable para el buen fin de la operación. Otra cosa es que se lo permitan.
     Debe tenerse en cuenta en este sentido, que ya en algunas sentencias se deja constancia de que los registros de la propiedad hacen constar que un bien inmueble transmitido queda afecto al pago de la liquidación de impuestos y también la complementaria que, en su caso, proceda practicar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es decir, si es posible que en la nota del Registro se haga constar el total importe de la liquidación que hubiere debido girarse de no mediar, por ejemplo, una exención o reducción concedida, absolutamente razonable parece que, en esa misma nota de inscripción, se haga constar que el bien queda afecto al pago del impuesto o incluso el total del importe de la liquidación que hubiere procedido en caso de no mediar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por parte del obligado tributario.
     En definitiva, esta praxis bancaria, tendente a evitar que el comprador liquide por sí mismo sus tributos como sujeto pasivo que es, creo que causa un desequilibrio evidente en la relación jurídica, perjudicando de manera notoria e importante al comprador, por lo que debería prohibirse expresamente y sancionarse a aquellas entidades que la practiquen. El Banco de España es perfectamente consciente de esto y, sin embargo, no parece hacer mucho para evitar que suceda, que se impongan condiciones leoninas en la financiación de adquisición de vivienda. Y es que con independencia de cualquier consideración jurídica desde el punto de vista de la necesidad apremiante de desvincular a los bancos de todo tipo de cargas o dudas respecto de las mismas, resulta de una infamia difícilmente soportable que se dificulte a los compradores del recurso al ejercicio de los derechos que eventualmente puedan asistirle. Sobre todo en lo que a carga impositiva se refiere, porque puede ayudar mucho a aliviar el esfuerzo inicial en la adquisición.

 

Winter Wonderland. Celtic Woman

Lunes, 23 de diciembre de 2013

Las hipotecas encarecen su interés medio punto en un año hasta el 4,36%

Lunes, 23 de diciembre de 2013

     Según el INE, el importe medio de un préstamo hipotecario subió en octubre hasta los 103.246 euros, un repunte mensual del 6,1%.
     La noticia en vozpopuli.com
     El tipo de interés medio que las entidades financieras aplicaron a los préstamos hipotecarios sobre viviendas fue del 4,36% en octubre, un 0,5 % superior al registrado en el mismo mes de 2012.
     Los españoles siguen optando de forma mayoritaria por los intereses variables para sus créditos hipotecarios, opción elegida en el 92,5% de los casos, y el euríbor se mantuvo como la referencia más utilizada, ya que se empleó en el 85,1% de los nuevos contratos, el mismo porcentaje que el mes anterior.
     Estos son algunos de los datos de hipotecas publicados este viernes por el INE, que indica que los préstamos firmados para adquisición de viviendas bajaron un 23,2% en octubre en términos interanuales. Una caída importante aunque algo menos fuerte que el 30,9% el mes anterior. Esta nueva bajada sitúa la cifra de nuevos préstamos hipotecarios constituidos en 14.704 operaciones y representa ya 42 meses a la baja.

     El importe medio de un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda subió en octubre hasta 103.246 euros, un repunte mensual del 6,1% que se suavizó en términos interanuales hasta el 2,5%.
Capital prestado cae otro 21,3% en un año

     El capital total prestado para la compra de vivienda se redujo en octubre el 21,3% en tasa interanual, hasta 1.518 millones de euros, aunque subió el 5% en comparación con septiembre. Pese a que la firma de hipotecas no para de caer, cada vez lo hace con menos fuerza, ya que en septiembre la bajada fue del 30,9 %; por debajo del 41,7 % de agosto; del 43 % de julio y del 42,2 % de junio, y se acerca más a los niveles de mayo, cuando cayó el 29%; y abril, cuando lo hizo el 19%.
     El número de hipotecas con cambios en sus condiciones que se inscribieron en octubre en los registros de la propiedad fue de 23.319, lo que supuso un descenso interanual del 2,1%, muy inferior al 25,2% que bajó en septiembre.

     En las hipotecas sobre viviendas, este recorte fue del 5,2%, frente al 26 % del mes anterior, añade el INE. Las comunidades autónomas donde se constituyeron más hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Andalucía (2.709); Madrid (2.342) y Cataluña (2.263). Las comunidades autónomas vieron caer en octubre la cifra de hipotecas firmadas en un 23,2% en tasa interanual conjunta y, de ellas, las únicas que crecieron ese mes fueron Navarra, el 45%, y la ciudad autónoma de Ceuta, donde se firmaron el 223,8% préstamos más que en el mismo mes de 2012.

     Del resto, Extremadura fue la comunidad donde más cayó la firma de hipotecas en octubre, el 36,8%, seguida del País Vasco, donde se redujo el 36,6%.

Soria critica la “burda manipulación” de la subasta

Lunes, 23 de diciembre de 2013

     Asegura que hay “preocupación” en las eléctricas
     21/12/2013 – Europa Press – La noticia en finanzas.com
     El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha criticado la “burda manipulación” que, a su entender, se produjo en la subasta eléctrica del pasado viernes, al tiempo que ha asegurado que existe “preocupación” en las eléctricas porque “no saben” cómo justificar que fue “transparente”.
     En una entrevista a ABC recogida por Europa Press, Soria ha recordado que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) considerando inválida la subasta “no pudo ser más contundente”, si bien ha matizado que todavía se desconoce quién ha manipulado y dónde se produjo la manipulación.
     No obstante, recuerda que hay “pocos fundamentos” para asegurar que no ha habido manipulación, tal y como ha afirmado el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes. “Lógicamente, qué va a decir, se han visto sorprendidos”, ha explicado el ministro.
     “Sé que existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas. No saben en base a qué argumentos podían decir de entrada que la subasta había sido transparente, competitiva y no manipulada”, ha señalado.
     Además, ha reiterado que Industria ya trabaja en una modificación del mercado mayorista, aunque es “muy prematuro” todavía para adelantar algo. “En los próximos días, con un mecanismo provisional fijaremos una tarifa para el primer semestre de 2014 que refleje exactamente los precios del mercado sin que haya manipulación de los mismos”, ha apuntado.
     Soria ha aseverado que existe “cuanto menos una relación temporal”, entre la retirada del Gobierno de la financiación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros y el incremento de los precios en el mercado mayorista, aunque ha advertido que “si esa era la finalidad” de las eléctricas, “lo han hecho muy mal”.
     “Entiendo que las medidas no les gusten, se han visto sorprendidos y no se acaban de creer que este Gobierno haya planteado esas medidas”, ha destacado, antes de recordar que, “de momento”, la posibilidad de un aval del Estado para la titulización de esos 3.600 millones de euros “está muy complicada”. Asimismo, ha afirmado que los precios de la electricidad no subirán en enero un 10,5% “bajo ningún concepto”.

 

La mora hipotecaria alcanza otro máximo histórico y supera el 5%

Domingo, 22 de diciembre de 2013

     Datos del Banco de España.
     De los 574.919 millones en préstamos para compra de casa, 29.180 son dudosos
     El ratio de morosidad se mantuvo por debajo del 1% hasta el mes de marzo de 2008
     El volumen de créditos morosos a promotores y constructores llega a los 85.000 millones
     Europa Press Madrid 19/12/2013 La noticia en elmundo.es
     El saldo de créditos hipotecarios dudosos alcanzó a cierre del tercer trimestre un nuevo máximo histórico, con 29.180 millones de euros, que equivalen al 5,07% de los 574.919 millones de euros en préstamos destinados a la compra de vivienda en este periodo, según datos del Banco de España.
     De esta forma, la mora en el caso de estos créditos en los que la vivienda es la garantía del pago y que, por tanto, son susceptibles de desembocar en embargos o desahucios, ha crecido ligeramente en los últimos tres meses, ya que en el segundo trimestre se situó en el 4,9%.
     El saldo moroso ha crecido algo más de un 2% en tres meses
     En términos absolutos, el saldo de hipotecas morosas ha crecido algo más de un 2% en tres meses respecto a los 28.596 millones con los que cerró el segundo trimestre, mientras que el saldo hipotecario total ha disminuido sólo un 1,4%.
     Si se tiene en cuenta además otro tipo de préstamos para la adquisición de vivienda, en los que ésta no se fija como garantía de pago, y que incluyen préstamos personales o aquellos de menor cuantía para pagar una parte de la compra, la mora asciende 30.735 millones de euros, hasta una tasa del 5,24%.
     El ratio de morosidad hipotecaria se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008, antes del comienzo de la crisis. A partir de junio de ese año, comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis económica, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.
     La mora de los promotores escala ya al 33,7%
     Por otro lado, los créditos morosos de las entidades financieras concedidos para actividades inmobiliarias volvieron a repuntar en el tercer trimestre, con un aumento del 6,99% respecto al segundo, hasta los 65.670 millones de euros, tras el descenso experimentado en los primeros meses de 2013, en paralelo al traspaso de muchos activos tóxicos a la Sareb.
     Además, el volumen de crédito concedido a los promotores ha descendido en el tercer trimestre hasta los 195.083 millones de euros. En consecuencia, la morosidad en el crédito promotor ha aumentado desde el 31,1% del cierre de junio hasta el 33,7%.
     Los impagos de los profesionales se han multiplicado por más de tres en cinco años
     Si a estas magnitudes se suma el crédito moroso de los constructores, que asciende a 19.573 millones de euros, con una tasa de morosidad del 31,1%, el resultado es un montante de 85.243 millones de euros. De esta forma, la mora conjunta de promotores y constructores alcanzaría el 33%.
     Mientras persiste la sequía del crédito para la compra de viviendas, la mora de los promotores se ha multiplicado por más de tres desde 2008, año en el que alcanzó los 19.416 millones de euros, iniciando una progresión ascendente que se ha visto interrumpida sólo en el último trimestre de 2012 y el primero de 2013.

A mi manera

Sábado, 21 de diciembre de 2013

 

el fin muy cerca esta
lo afrontaré serenamente
ya ves yo he sido así
te lo diré sinceramente
viví la intensidad
y no encontré jamás fronteras
si bien todo ello fue
a mi manera

jamás tuve un amor
que para mí fuera importante
logré sólo la flor
y lo mejor de cada instante
viajé y disfruté
no se si más que otro cualquiera
y así logré seguir
a mi manera

tal vez lloré, tal vez reí
tal vez gané o tal vez perdí
y ahora sé que fui feliz
que si lloré también amé
y todo fue puedo decir
a mi manera

quizás yo desprecié
aquello que no comprendía
quizás también dudé
cuando mejor me divertía
y hoy se que firme fui
y que afronté ser cómo era
y así logré seguir
a mi manera

porque sabrás que un hombre al fin
conocerás por su vivir
no hay porque hablar, ni que decir
ni hay que llorar, ni hay que fingir
puedo llegar hasta el final
a mi manera